T-116-94<\/p>\n
Sentencia No. T-116\/94 <\/p>\n
DERECHO DE PETICION-Pronta Resoluci\u00f3n <\/p>\n
La pronta resoluci\u00f3n de las peticiones respetuosas presentadas ante las autoridades “por motivos de inter\u00e9s general o particular” , aspecto que hace parte del n\u00facleo esencial del derecho fundamental de petici\u00f3n, ya que “sin la posibilidad de exigir una respuesta r\u00e1pida y oportuna carecer\u00eda de efectividad este derecho” y puede “incluso llegar a afirmarse que el derecho fundamental ser\u00eda inocuo si solo se formulara en t\u00e9rminos de poder presentar la respectiva petici\u00f3n. Lo que hace efectivo el derecho es que la petici\u00f3n elevada sea resuelta r\u00e1pidamente”. Es en la resoluci\u00f3n y no en la formulaci\u00f3n donde este derecho fundamental adquiere toda su dimensi\u00f3n. <\/p>\n
REF.: Expediente No. 23525 <\/p>\n
PETICIONARIO: AMERICA ISABEL MERCADO CORONADO. <\/p>\n
PROCEDENCIA: Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Barranquilla. <\/p>\n
MAGISTRADO PONENTE: Dr. HERNANDO HERRERA VERGARA. <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., once (11) de marzo de mil novecientos noventa y cuatro (1994). <\/p>\n
La Sala Sexta de Revisi\u00f3n, integrada por los Honorables Magistrados ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO, FABIO MORON DIAZ y HERNANDO HERRERA VERGARA, previo estudio del Magistrado Ponente, procede a revisar la sentencia que para decidir la acci\u00f3n de la referencia, fue proferida por el Juzgado octavo Laboral del Circuito de Baranquilla, el d\u00eda primero (1) de septiembre de mil novecientos noventa y tres (1993). <\/p>\n
I. INFORMACION PRELIMINAR <\/p>\n
La se\u00f1ora AMERICA ISABEL MERCADO CORONADO, mediante apoderado, impetr\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, prevista en el Art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a fin de que se “reconcozca y pague la PENSI\u00d3N DE VEJEZ….” <\/p>\n
A. HECHOS <\/p>\n
Sirven de fundamento para el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, los siguientes hechos: <\/p>\n
1. AMERICA ISBEL MERCADO CORONADO “entr\u00f3 a laborar con la empresa EMPOTLAN, desde enero de 1979, fecha en que comenz\u00f3 a cotizar al I.S.S…. hasta julio de 1989. ” <\/p>\n
2. Quiere decir lo anterior que “la peticionaria cotiz\u00f3 por espacio de 10 a\u00f1os 4 meses, lo que suma en total 532 semanas..” <\/p>\n
3. “En el mes de mayo de 1989, la afiliada present\u00f3 solicitud ante el I.S.S. para que le fuera reconocida y pagado la pensi\u00f3n de vejez, ya que para esa fecha contaba con 57 a\u00f1os y reun\u00eda 532 semanas cotizadas, adjuntando los documentos que para tal efecto se exigen”. <\/p>\n
4. “Mediante resoluci\u00f3n de fecha 01655 de mayo 8 de 1990, la prestaci\u00f3n solicitada fu\u00e9 negada.” <\/p>\n
5. El 28 de junio de 1990 interpuso los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, el primero fue resuelto el 8 de febrero de 1991, “concediendo el de apelaci\u00f3n para ante el superior el cual, 18 meses desp\u00faes de haber sido concedido no ha sido resuelto…” <\/p>\n
II. LA SENTENCIA OBJETO DE REVISION <\/p>\n
El Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Barranquilla, mediante Sentencia de septiembre primero (1) de mil novecientos noventa y tres (1993), resolvi\u00f3 “no tutelar el derecho invocado por el accionante…”, de conformidad con las siguientes consideraciones: <\/p>\n
1. “La pensi\u00f3n de vejez es una prestaci\u00f3n derivada directamente de la prestaci\u00f3n personal de servicios de una persona natural a un determinado empleador y como tal es de origen legal”. La jurisdicci\u00f3n laboral est\u00e1 instituida para decidir los conflictos originados en el contrato de trabajo. <\/p>\n
2. “El afectado debe acudir a un proceso ordinario laboral, en procura del reconocimiento judicial de esa pensi\u00f3n de vejez”. Seg\u00fan el art\u00edculo 6o. del decreto 2591 de 1991, no procede la acci\u00f3n de tutela “cuando existe un procedimiento legal para el caso…”. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA <\/p>\n
A. LA COMPETENCIA <\/p>\n
De conformidad con lo dispuesto por los Art\u00edculos 86, Inciso tercero y 241, Numeral noveno de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con los Art\u00edculos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala es competente para revisar la sentencia que resolvi\u00f3 acerca de la acci\u00f3n de tutela de la referencia. <\/p>\n
Se procede a la revisi\u00f3n en virtud de la selecci\u00f3n practicada por la Sala correspondiente y del reparto efectuado seg\u00fan lo establecido por el reglamento de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
B. LA MATERIA <\/p>\n
En reiteradas oportunidades esta Corporaci\u00f3n se ha pronunciado sobre hechos similares a los de la tutela aqu\u00ed referenciada, y ha ordenado la contestaci\u00f3n de las solicitudes elevadas ante las distintas Entidades renuentes, por violaci\u00f3n del derecho Fundamental de Petici\u00f3n. As\u00ed podr\u00eda citarse entre otras, las sentencias 244\/93, 284\/93, 286\/93, 287\/93, 315\/93, 353\/93, 357\/93, 386\/93, 408\/93, 475\/93, 461\/93, 514\/93, 518\/93, 581\/93, 583\/93, 584\/93,585\/93, 590\/93. <\/p>\n
En s\u00edntesis, expresan la anteriores providencias que el derecho de petici\u00f3n es “uno de los derechos fundamentales cuya efectividad resulta indispensable para el logro de los fines esenciales del Estado…” ( Sent. No. 12 de 1992, M.P. Jos\u00e9 Gregorio Hern\u00e1ndez Galindo) <\/p>\n
La nueva Constituci\u00f3n contempla el derecho a obtener “la pronta resoluci\u00f3n” de las peticiones respetuosas presentadas ante las autoridades “por motivos de inter\u00e9s general o particular” , aspecto que hace parte del n\u00facleo esencial del derecho fundamental de petici\u00f3n, ya que “sin la posibilidad de exigir una respuesta r\u00e1pida y oportuna carecer\u00eda de efectividad este derecho” y puede “incluso llegar a afirmarse que el derecho fundamental ser\u00eda inocuo si solo se formulara en t\u00e9rminos de poder presentar la respectiva petici\u00f3n. Lo que hace efectivo el derecho es que la petici\u00f3n elevada sea resuelta r\u00e1pidamente”. “Es en la resoluci\u00f3n y no en la formulaci\u00f3n donde este derecho fundamental adquiere toda su dimensi\u00f3n…”. (Sentencia T-426\/92, M.P. Dr. Jos\u00e9 Gregorio Hern\u00e1ndez Galindo, y T-495\/92, M.P. Dr.Ciro Angarita Bar\u00f3n). <\/p>\n
La antecitada sentencia 495\/92 se\u00f1al\u00f3 las caracter\u00edsticas de la “pronta resoluci\u00f3n”, como que hace efectivo el derecho de petici\u00f3n; \u00fanicamente la ley puede fijar los t\u00e9rminos para que las autoridades resuelvan prontamente las peticiones; significa que el Estado est\u00e1 obligado a resolver la petici\u00f3n, no simplemente a expedir constancias de recibo. La obligaci\u00f3n del Estado no es acceder a la petici\u00f3n, sino resolverla. <\/p>\n
De otra parte, la sentencia 426\/92 se refiri\u00f3 a la figura del “Silencio administrativo” en el sentido de que “no constestar reclamaciones o solicitudes que conlleva a la configuraci\u00f3n del fen\u00f3meno del silencio administrativo (arts 40 a 42 c\u00f3digo contencioso administrativo) no debe entenderse como v\u00eda expedita para el desconocimiento del n\u00facleo esencial del derecho fundamental de petici\u00f3n”. <\/p>\n
Asimismo, en sentencia No. 481\/92 M.P. Dr. Jaime San\u00edn Greiffenstein se dijo: “…el derecho de petici\u00f3n que la Constituci\u00f3n consagra no queda satisfecho con el silencio administrativo que algunas normas disponen, pues esto es apenas un mecanismo que la ley se ingenia para que el adelantamiento de la actuaci\u00f3n sea posible y no sea bloqueada por la administraci\u00f3n…” <\/p>\n
Por esta raz\u00f3n se dispondr\u00e1 en la parte resolutiva de esta providencia que, en ejercicio del Derecho Fundamental de Petici\u00f3n, el INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES, deber\u00e1 resolver el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto, dentro del t\u00e9rmino de CUARENTA Y OCHO (48) horas, contado a partir de la notificaci\u00f3n de esta sentencia, si para la fecha de \u00e9sta \u00faltima no ha sido resuelto, amparando el Derecho de Petici\u00f3n. <\/p>\n
Tambi\u00e9n observa la Sala que en el caso sometido a estudio no existe otro medio de defensa judicial; en tal circunstancia, la v\u00eda expedita para la protecci\u00f3n del derecho fundamental en cuesti\u00f3n es la acci\u00f3n de tutela, mecanismo preferente que hace efectivo el derecho conculcado. <\/p>\n
IV. DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisi\u00f3n de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n <\/p>\n
Primero. REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Barranquilla, el d\u00eda primero (1) de septiembre de mil novecientos noventa y tres (1993). <\/p>\n
Segundo. CONCEDER la tutela impetrada por violaci\u00f3n del derecho fundamental de petici\u00f3n. En tal virtud, se ordena al INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES resolver el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la se\u00f1ora AMERICA ISABEL MERCADO CORONADO, en el improrrogable t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la notificaci\u00f3n de esta sentencia, si para la fecha de esta \u00faltima no ha sido resuelto. <\/p>\n
Tercero. LIBRENSE por Secretar\u00eda las comunicaciones de que trata el art\u00edculo 36 del Decreto 2591 de 1991 para los efectos all\u00ed contemplados. <\/p>\n
C\u00f3piese, comun\u00edquese, c\u00famplase e ins\u00e9rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional. <\/p>\n
HERNANDO HERRERA VERGARA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
FABIO MORON DIAZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
MARTHA SACHICA DE MONCALEANO <\/p>\n
Secretaria General <\/p>\n
<\/p>\n
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