C-448-92<\/p>\n
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Sentencia C-448\/92 <\/p>\n
ESTADOS DE EXCEPCION\/DECRETO LEGISLATIVO-Conexidad <\/p>\n
Declarada la perturbaci\u00f3n en el orden econ\u00f3mico, social o ecol\u00f3gico del pa\u00eds, las atribuciones que asume el Ejecutivo est\u00e1n delimitadas por la propia Constituci\u00f3n, luego mal se pueden extender indefinidamente a materias distintas de las relacionadas con el trance que mediante tal declaraci\u00f3n se busca superar. Desde el punto de vista de la validez constitucional de esta clase de decretos, de lo dicho se desprende con toda claridad que no la tienen aquellos cuyo contenido est\u00e9 destinado a fines ajenos al control de la crisis y sus efectos, o que se refieran a materias carentes de la relaci\u00f3n directa y espec\u00edfica con ella. Estos l\u00edmites configuran el marco de referencia al que habr\u00e1 de concretarse el estudio de la Corte sobre el decreto revisado, en cuanto concierne a conexidad. Considera la Corte que todas las medidas guardan relaci\u00f3n directa y espec\u00edfica con los motivos que llevaron al Gobierno a declarar el Estado de Emergencia Econ\u00f3mica. <\/p>\n
DECRETO LEGISLATIVO-Alcances\/CONTRATACION ADMINISTRATIVA <\/p>\n
No es extra\u00f1o ni ajeno a la normativa constitucional que uno de los medios encaminados a sortear la crisis, consista precisamente en ejercer funciones legislativas mediante las cuales modifique, de manera temporal o definitiva, aquellas disposiciones que habida cuenta de las exigencias que consagran sobre el supuesto de la normalidad, obstruyen las soluciones que el Ejecutivo estima adecuadas al fin propuesto. No ignora la Corte que las disposiciones relativas a contrataci\u00f3n administrativa para las entidades del sector el\u00e9ctrico resultan permanentes, al tenor del Decreto 700 de 1992, lo cual, sin embargo, no ri\u00f1e con el texto constitucional, toda vez que las normas expedidas en virtud del estado de excepci\u00f3n referido en el art\u00edculo 215 de la Carta, no est\u00e1n limitadas en el tiempo, a diferencia de lo que acontece con los decretos que puede dictar el Presidente de la Rep\u00fablica en los casos de guerra exterior y conmoci\u00f3n interior. Hay una derogatoria parcial de las disposiciones que le sean contrarias y no una simple suspensi\u00f3n de las respectivas normas legales, lo cual, por las razones que se dejan expuestas, tampoco se opone a las prescripciones constitucionales. Las normas expedidas al amparo del Estado de Emergencia, ingresan al ordenamiento jur\u00eddico colombiano con car\u00e1cter permanente, teniendo vigencia hacia el futuro hasta el momento en que el legislador, ordinario o extraordinario, decida derogar, modificar o adicionar su contenido. <\/p>\n
SISTEMA ELECTRICO-Medidas especiales\/PRESIDENTE DE LA REPUBLICA-Facultades <\/p>\n
Por cuanto concierne a las medidas especiales que se adoptan en el decreto revisado para las entidades del sector el\u00e9ctrico, ellas se ubican dentro de la perspectiva de un urgente y necesario salvamento, que exige una visi\u00f3n de conjunto, a la luz del art\u00edculo 215 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. Esas medidas no pueden analizarse, entonces, de manera aislada sino como plan de emergencia para la recuperaci\u00f3n del sector el\u00e9ctrico. Es propio de la funci\u00f3n gubernamental en el terreno socio-econ\u00f3mico, que la Naci\u00f3n contraiga directamente obligaciones, bien por la v\u00eda de la celebraci\u00f3n de contratos, ya por la negociaci\u00f3n de empr\u00e9stitos, o que asuma o avale las que se hallan en cabeza de entidades estatales que atraviesan por coyunturas cr\u00edticas, con el objeto de preservar la eficaz prestaci\u00f3n de los servicios p\u00fablicos o la defensa de los intereses colectivos. Para que esa funci\u00f3n logre alcanzar sus fines sin transgredir las normas constitucionales, es indispensable que, en circunstancias normales, medie la autorizaci\u00f3n especial del Congreso, pero en periodos extraordinarios como son precisamente los reconocidos en el Decreto 680 de 1992, tal exigencia queda exclu\u00edda desde el momento en que el Presidente de la Rep\u00fablica asume, adem\u00e1s de su funci\u00f3n administrativa, el papel de legislador extraordinario y, por tanto, dado el alcance legislativo de los decretos que puede proferir, mal podr\u00eda requer\u00edrsele permiso expreso de la ley para cada operaci\u00f3n de endeudamiento, pues ello implicar\u00eda la creaci\u00f3n de obst\u00e1culos adicionales a la crisis en s\u00ed misma, esto es, se tendr\u00eda una interpretaci\u00f3n extra\u00f1a a los dictados de la Carta. No resultan inconstitucionales los art\u00edculos que, sin definir cantidades, permiten que la Naci\u00f3n y otras entidades p\u00fablicas tomen a su cargo obligaciones que se radicaban en cabeza de las empresas pertenecientes al sector el\u00e9ctrico. <\/p>\n
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PRESIDENTE DE LA REPUBLICA\/FACULTADES LEGISLATIVAS-L\u00edmites <\/p>\n
Las facultades de orden administrativo y financiero no se pueden extender indefinidamente a situaciones posteriores ajenas a la crisis. No son admisibles aquellas disposiciones que implican el ejercicio indefinido de atribuciones ya no administrativas sino legislativas en cabeza del Gobierno, ya que, por mandato perentorio del art\u00edculo 215 citado, en concordancia con la cl\u00e1usula general de competencia consagrada por la Constituci\u00f3n a favor del Congreso, las posibilidades de que el Ejecutivo legisle por la v\u00eda del estado de emergencia, adem\u00e1s del l\u00edmite material aludido, se hallan supeditadas de manera estricta al lapso de tiempo que el propio Gobierno se\u00f1ala al expedir el decreto que reconoce la perturbaci\u00f3n del orden econ\u00f3mico. De all\u00ed que no pueda el Presidente dictar decretos legislativos despu\u00e9s de vencido ese t\u00e9rmino ni usar los que expida en tiempo para retener intemporalmente la funci\u00f3n que mediante ellos se agota. Interpretar con largueza las atribuciones legislativas excepcionales, a tal punto que se reputaran ajustadas a la Constituci\u00f3n las normas por medio de las cuales el legislador extraordinario prorroga, m\u00e1s all\u00e1 del t\u00e9rmino prefijado, dichas posibilidades, significar\u00eda aceptar que por este mecanismo es factible trasladar definitivamente la competencia del Congreso a manos del Ejecutivo. Con arreglo al criterio seg\u00fan el cual las normas jur\u00eddicas deben ser interpretadas de modo en que se acomoden a la preceptiva constitucional, se deduzca la exequibilidad de los transcritos apartes, s\u00f3lo si su entendimiento y posterior aplicaci\u00f3n consultan lo estatuido en el art\u00edculo 189, numeral 16 de la Carta y, por tanto, si se considera que las reformas estatutarias y las reestructuraciones que ellos prev\u00e9n habr\u00e1n de ser ejecutadas “con sujeci\u00f3n a los principios y reglas que defina la ley”. De lo contrario, esos mismos apartes son inconstitucionales. <\/p>\n
ESTADOS DE EXCEPCION\/EMERGENCIA ECONOMICA Y SOCIAL\/PRESIDENTE DE LA REPUBLICA-Facultades\/PRESUPUESTO NACIONAL\/RECURSOS FISCALES-Obtenci\u00f3n <\/p>\n
Nada obsta, a la luz de los preceptos constitucionales, para que en tiempos de perturbaci\u00f3n del orden econ\u00f3mico y social, con el objeto de hacer frente a las necesidades propias de \u00e9sta, sea el Presidente de la Rep\u00fablica con la firma de todos sus ministros, quien, revestido de poderes extraordinarios, modifique o incremente tanto el presupuesto de rentas como el de gastos, siempre y cuando ello se haga con el \u00fanico objeto de conjurar la crisis.As\u00ed se deduce no solamente del sentido y los fines de una instituci\u00f3n como la del estado de emergencia econ\u00f3mica, sino de la interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica de las normas constitucionales que hoy estructuran los estados de excepci\u00f3n en su conjunto en armon\u00eda con los art\u00edculos 345 y siguientes, que est\u00e1n concebidos sobre el supuesto de que la distribuci\u00f3n de competencias en materia presupuestal debe tener desarrollo “en tiempo de paz”, por cuanto los apremios de una situaci\u00f3n tan urgente que ha hecho necesaria la apelaci\u00f3n a facultades extraordinarias como las que invoca el decreto examinado, a partir de una declaratoria ya hallada exequible por esta Corte, no son compatibles con la aplicaci\u00f3n de aquellas previsiones si de lo que se trata es de arbitrar recursos en forma inmediata y de aplicarlos efectivamente a los fines de contrarrestar los hechos perturbatorios y la extensi\u00f3n de sus efectos, como ocurre en el presente caso. No existiendo la instituci\u00f3n de los cr\u00e9ditos suplementales o extraordinarios que preve\u00eda el antiguo art\u00edculo 212 de la Carta, las emergencias como la que ahora se afronta no tienen para el Gobierno, en materia presupuestal, salida distinta a la del art\u00edculo 215 de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA-Facultades\/DECRETO LEGISLATIVO\/IMPUESTO-Exenciones\/IMPUESTO-Modificaciones <\/p>\n
Ning\u00fan reparo encuentra la Corte al ejercicio de la funci\u00f3n legislativa por el Presidente de la Rep\u00fablica para conceder exenciones temporales e introducir modificaciones a algunos impuestos, pues de manera expresa el art\u00edculo 215 de la Constituci\u00f3n autoriza al Ejecutivo para proceder a ello siempre que lo haga en forma transitoria. <\/p>\n
SALA PLENA <\/p>\n
Ref.: Expediente R.E.-005 <\/p>\n
Revisi\u00f3n oficiosa del Decreto No.700 del 24 de abril de 1992, “Por el cual se adoptan medidas en materia de contrataci\u00f3n, endeudamiento, presupuesto y reestructuraci\u00f3n de las entidades del sector el\u00e9ctrico y se adoptan otras disposiciones con el fin de conjurar la crisis en el servicio p\u00fablico de energ\u00eda el\u00e9ctrica e impedir la extensi\u00f3n de sus efectos”. <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO <\/p>\n
Sentencia aprobada mediante acta de Sala Plena correspondiente a la sesi\u00f3n celebrada en Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., a los nueve (9) d\u00edas del mes de julio de mil novecientos noventa y dos (1992). <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
Una vez cumplidos todos los tr\u00e1mites y requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 1991, procede la Corte Constitucional a proferir decisi\u00f3n de fondo. <\/p>\n
II. TEXTO <\/p>\n
El Decreto materia de revisi\u00f3n dice textualmente: <\/p>\n
DECRETO NUMERO 700 DE <\/p>\n
24 DE ABRIL DE 1992 <\/p>\n
Por el cual se adoptan medidas en materia de contrataci\u00f3n, endeudamiento, presupuesto y reestructuraci\u00f3n <\/p>\n
de las entidades del sector el\u00e9ctrico y se adoptan otras disposiciones con el fin de conjurar la crisis en el servicio p\u00fablico de energ\u00eda el\u00e9ctrica e impedir la extensi\u00f3n de sus efectos <\/p>\n
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA <\/p>\n
en ejercicio de las facultades que le confiere el art\u00edculo 215 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y en desarrollo de lo dispuesto por el Decreto 680 de 1992, y <\/p>\n
C O N S I D E R A N D O : <\/p>\n
Que por Decreto No. 680 del 23 de abril del presente a\u00f1o se decret\u00f3 el Estado de Emergencia Econ\u00f3mica y Social con el fin de conjurar la situaci\u00f3n de crisis en el servicio p\u00fablico de energ\u00eda el\u00e9ctrica en el pa\u00eds e impedir la extensi\u00f3n de sus efectos. <\/p>\n
Que con el prop\u00f3sito de poder adoptar y poner en ejecuci\u00f3n con la prontitud que las circunstancias requieren los proyectos de inversi\u00f3n necesarios para subsanar el actual d\u00e9ficit de generaci\u00f3n de energ\u00eda, es menester adoptar las medidas que contribuyan al saneamiento de la situaci\u00f3n financiera de las entidades del sector el\u00e9ctrico, incluidas las modificaciones que para dichos efectos sea pertinente introducir al presupuesto, al r\u00e9gimen presupuestal y de endeudamiento a que est\u00e1n sujetas tanto dichas entidades como la Naci\u00f3n y la Financiera Energ\u00e9tica Nacional S.A. – FEN- <\/p>\n
Que de la misma manera, es necesario adoptar las dem\u00e1s disposiciones que permitan a la Naci\u00f3n y a las entidades del sector el\u00e9ctrico contar de manera \u00e1gil y oportuna con los recursos necesarios y con los instrumentos legales adecuados para recuperar y fortalecer a la mayor brevedad posible, la capacidad de prestaci\u00f3n del servicio de energ\u00eda el\u00e9ctrica. <\/p>\n
Que igualmente, y para efectos de que las entidades del sector el\u00e9ctrico puedan celebrar, con la agilidad que requiere la actual situaci\u00f3n de crisis, los contratos necesarios para aumentar su capacidad de generaci\u00f3n y transmisi\u00f3n de energ\u00eda, es preciso adoptar procedimientos especiales de contrataci\u00f3n, no siendo suficiente, tal como lo demuestra la experiencia, acudir a la figura prevista en el art\u00edculo 43, numeral 22, del Decreto 222 de 1983, en virtud de la cual, previa calificaci\u00f3n del Consejo de Ministros, puede prescindirse de la licitaci\u00f3n cuando se trate de la inminente paralizaci\u00f3n, suspensi\u00f3n o da\u00f1o de un servicio p\u00fablico. <\/p>\n
Que de la misma manera, es preciso establecer un tratamiento tributario especial y transitorio para efectos de la importaci\u00f3n y adquisici\u00f3n de los elementos indispensables para hacer frente a la crisis en el suministro de energ\u00eda el\u00e9ctrica. <\/p>\n
Que a fin de aprovechar todos los recursos disponibles para aumentar el suministro de energ\u00eda el\u00e9ctrica, resulta necesario adoptar los instrumentos legales que faciliten y hagan viable en el corto plazo la participaci\u00f3n del sector privado en la generaci\u00f3n del mencionado recurso. <\/p>\n
Que, finalmente, es necesario adoptar disposiciones con el fin de subsanar el agudo d\u00e9ficit que se ha presentado en el suministro de energ\u00eda el\u00e9ctrica en el Departamento Archipi\u00e9lago de San Andr\u00e9s, Providencia y Santa Catalina, como consecuencia de la destrucci\u00f3n de una de sus plantas de generaci\u00f3n de energ\u00eda. <\/p>\n
D E C R E T A : <\/p>\n
CAPITULO I <\/p>\n
DEL CAMPO DE APLICACION Y DE LAS MEDIDAS SOBRE CONTRATACION, ENDEUDAMIENTO Y TRIBUTACION <\/p>\n
ARTICULO PRIMERO.- Las normas del presente Decreto, cuyo prop\u00f3sito es conjurar la crisis en el servicio p\u00fablico de energ\u00eda el\u00e9ctrica e impedir la extensi\u00f3n de sus efectos, se aplican a la Naci\u00f3n, a los establecimientos p\u00fablicos, a las empresas industriales y comerciales del Estado, a las sociedades de econom\u00eda mixta, de todos los \u00f3rdenes y niveles, y a las Corporaciones Aut\u00f3nomas Regionales, que deban atender la generaci\u00f3n, transmisi\u00f3n y distribuci\u00f3n de electricidad. Tambi\u00e9n se aplicar\u00e1 a la Empresa Colombiana de Petr\u00f3leos ECOPETROL en lo que se refiere a las actividades que \u00e9sta adelante en materia de generaci\u00f3n y transmisi\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica, y a los particulares para los efectos de lo previsto en los art\u00edculos 7o. y 23o. <\/p>\n
ARTICULO SEGUNDO.- Los contratos que tengan por finalidad subsanar el d\u00e9ficit en la generaci\u00f3n, transmisi\u00f3n y distribuci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica que celebren exclusivamente las entidades a que se refiere el art\u00edculo anterior para el desarrollo de los proyectos a que hace referencia el presente Decreto, as\u00ed como aquellos otros que el Ministro de Minas y Energ\u00eda considere urgente celebrar con la misma finalidad, solamente se sujetar\u00e1n a las siguientes reglas: <\/p>\n
A. Cuando su cuant\u00eda sea inferior a cincuenta (50) salarios m\u00ednimos mensuales no requerir\u00e1n contrato escrito y sus obligaciones se reconocer\u00e1n mediante resoluci\u00f3n motivada. <\/p>\n
B. Cuando su cuant\u00eda sea igual o superior a cincuenta (50) e inferior a mil (1.000) salarios m\u00ednimos legales mensuales se podr\u00e1n celebrar directamente por escrito, y se perfeccionar\u00e1n con el respectivo registro presupuestal. A la misma regla se sujetar\u00e1n los contratos que tengan por objeto la prestaci\u00f3n de servicios o la adquisici\u00f3n de bienes muebles que s\u00f3lo determinadas personas puedan suministrar, cuando su cuant\u00eda sea superior a cincuenta (50) salarios m\u00ednimos legales mensuales. <\/p>\n
C. Cuando su cuant\u00eda sea igual o superior a mil salarios m\u00ednimos legales mensuales y no tengan por objeto la prestaci\u00f3n de servicios o la adquisici\u00f3n de bienes muebles que s\u00f3lo determinadas personas pueden suministrar, se sujetar\u00e1n a las siguientes disposiciones: <\/p>\n
1. La entidad elaborar\u00e1 los t\u00e9rminos de referencia que se\u00f1alen las condiciones t\u00e9cnicas y econ\u00f3micas del contrato que permitan la selecci\u00f3n objetiva del contratista. <\/p>\n
2. Se publicar\u00e1 un aviso en un peri\u00f3dico de amplia circulaci\u00f3n nacional que, adem\u00e1s de la invitaci\u00f3n a proponer, contendr\u00e1 informaci\u00f3n sobre el objeto y caracter\u00edsticas esenciales del contrato que se pretende celebrar. <\/p>\n
3. Una vez seleccionada la oferta m\u00e1s favorable el contrato se adjudicar\u00e1 y celebrar\u00e1, previa expedici\u00f3n del correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal. Si se comprometen vigencias fiscales futuras tendr\u00e1 que contar con la autorizaci\u00f3n del CONFIS. <\/p>\n
La oferta m\u00e1s favorable ser\u00e1 aquella que resulte ser la m\u00e1s ventajosa para la entidad, teniendo en cuenta los factores de escogencia previamente establecidos en los t\u00e9rminos de referencia, tales como cumplimiento, experiencia, organizaci\u00f3n, equipos, plazo y precio, y su ponderaci\u00f3n precisa, detallada y concreta. <\/p>\n
4. El acto de adjudicaci\u00f3n o de escogencia se notificar\u00e1 al proponente favorecido, en los t\u00e9rminos del C\u00f3digo Contencioso Administrativo. <\/p>\n
5. El contrato se celebrar\u00e1 por escrito y sus estipulaciones ser\u00e1n las que, de acuerdo con las reglas del derecho privado, correspondan a su esencia y naturaleza, adem\u00e1s de las que las partes estimen convenientes. Igualmente se incluir\u00e1n las cl\u00e1usulas obligatorias contempladas por el Decreto 222 de 1983. <\/p>\n
6. El contrato se perfeccionar\u00e1 con la constituci\u00f3n y aprobaci\u00f3n de las garant\u00edas y si \u00e9stas no se requieren, con el correspondiente registro presupuestal. Perfeccionado el contrato se publicar\u00e1 en el Diario Oficial o en las gacetas, si las hubiere, de las correspondientes entidades territoriales. La publicaci\u00f3n se entender\u00e1 surtida con el pago de los derechos correspondientes. <\/p>\n
7. El contratista deber\u00e1 pagar los impuestos de timbre en la cuant\u00eda que se\u00f1ale la ley. <\/p>\n
8. El incumplimiento de los requisitos previstos en los ordinales 6 y 7 impedir\u00e1 la ejecuci\u00f3n del contrato. <\/p>\n
9. El control fiscal sobre los contratos a que se refiere el presente Decreto se ejercer\u00e1 en forma posterior y selectiva. <\/p>\n
PARAGRAFO.- Lo dispuesto en este art\u00edculo no se aplicar\u00e1 a los contratos que celebren las entidades a que se refiere el art\u00edculo 1o. del presente Decreto, cuando de acuerdo con el r\u00e9gimen legal vigente, la celebraci\u00f3n de los mismos est\u00e9 sujeta al derecho privado. <\/p>\n
ARTICULO TERCERO.- Para la celebraci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de los contratos de empr\u00e9stito que, con cargo a los recursos de que trata el presente Cap\u00edtulo y el Cap\u00edtulo III de este Decreto, suscriban las entidades a que se refiere el art\u00edculo 1o., con excepci\u00f3n de la Naci\u00f3n, as\u00ed como para el otorgamiento de las garant\u00edas a que haya lugar, se requerir\u00e1 \u00fanicamente la aprobaci\u00f3n de las respectivas Juntas o Consejos Directivos y el concepto previo favorable de la Direcci\u00f3n General de Cr\u00e9dito P\u00fablico, sin que sea necesaria la intervenci\u00f3n de autoridad distinta, ni la realizaci\u00f3n de tr\u00e1mites adicionales. <\/p>\n
Las modificaciones y traslados presupuestales necesarios para la ejecuci\u00f3n de los recursos provenientes de los empr\u00e9stitos a que se refiere el inciso anterior, s\u00f3lo requerir\u00e1n de la aprobaci\u00f3n de las respectivas Juntas o Consejos Directivos. Cuando se trate de operaciones que afecten recursos de la Naci\u00f3n o de entidades del orden nacional, se requerir\u00e1, adem\u00e1s, el concepto previo favorable de la Direcci\u00f3n General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, sin que sea necesaria la intervenci\u00f3n de autoridad distinta, ni la realizaci\u00f3n de tr\u00e1mites adicionales. <\/p>\n
ARTICULO CUARTO.- La Financiera Energ\u00e9tica Nacional S.A. FEN podr\u00e1 otorgar cr\u00e9ditos hasta por treinta y cinco mil millones de pesos con destino a la recuperaci\u00f3n del parque t\u00e9rmico e hidr\u00e1ulico instalado en el pa\u00eds. La selecci\u00f3n de los proyectos se har\u00e1 dando prioridad a las plantas de m\u00e1s r\u00e1pida recuperaci\u00f3n, de mayor capacidad de generaci\u00f3n y de mejor rentabilidad econ\u00f3mica, con el visto bueno del Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n. <\/p>\n
ARTICULO QUINTO.- El otorgamiento e incorporaci\u00f3n de los cr\u00e9ditos que se enumeran a continuaci\u00f3n y que se concedan con cargo al Presupuesto General de la Naci\u00f3n, s\u00f3lo requerir\u00e1n el cumplimiento de las condiciones previstas por el presente Decreto: <\/p>\n
a. Cr\u00e9dito hasta por setenta mil millones de pesos a la Empresa de Energ\u00eda de Bogot\u00e1, para el proyecto Guavio y el pago de servicio de deuda, y <\/p>\n
ARTICULO SEXTO.- Las obligaciones dinerarias a cargo de entidades del sector el\u00e9ctrico, as\u00ed como aquellas que tengan por objeto el suministro de determinada cantidad de energ\u00eda el\u00e9ctrica, podr\u00e1n incorporarse en t\u00edtulos valores negociables en el mercado de valores. <\/p>\n
La emisi\u00f3n y colocaci\u00f3n de los respectivos t\u00edtulos se regir\u00e1n por las normas que regulan los bonos emitidos por entidades de derecho privado, salvo en lo que se refiere a la capacidad jur\u00eddica y patrimonial de la entidad emisora. <\/p>\n
ARTICULO SEPTIMO.- Las importaciones o enajenaciones, seg\u00fan el caso, que se realicen en los t\u00e9rminos que se establecen en este art\u00edculo, gozar\u00e1n de los beneficios impositivos que se disponen a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
a) Las importaciones y enajenaciones de bienes que clasifiquen por las siguientes partidas y subpartidas arancelarias, estar\u00e1n exclu\u00eddas del impuesto a las ventas siempre que la declaraci\u00f3n de despacho para consumo o la declaraci\u00f3n de importaci\u00f3n temporal, seg\u00fan el caso, se presente con anterioridad al 31 de diciembre de 1992: <\/p>\n
85.02.10.10.00 <\/p>\n
85.02.10.20.00 <\/p>\n
85.02.10.30.00 <\/p>\n
85.02.10.90.00 <\/p>\n
85.02.20.10.00 <\/p>\n
85.02.20.20.00 <\/p>\n
85.02.20.30.00 <\/p>\n
85.02.20.90.00 <\/p>\n
85.02.30.10.00 <\/p>\n
85.02.30.20.00 <\/p>\n
85.02.30.30.00 <\/p>\n
85.02.30.90.00 <\/p>\n
b) Las importaciones de los bienes se\u00f1alados en el literal anterior que se efect\u00faen al Departamento Archipi\u00e9lago de San Andr\u00e9s, Providencia y Santa Catalina no causar\u00e1n el impuesto al consumo, siempre que la declaraci\u00f3n correspondiente se presente con anterioridad al 31 de diciembre de 1992. <\/p>\n
c) Las importaciones previstas en el Decreto 606 de 1992 no causar\u00e1n el gravamen o derecho \u00fanico de aduanas del 15% contemplado en el Decreto-ley 1742 de 1991, siempre que la declaraci\u00f3n correspondiente se presente con anterioridad al 31 de diciembre de 1992. <\/p>\n
d) Las importaciones de generadores, cables de alta tensi\u00f3n, perfiles, turbinas hidr\u00e1ulicas, de gas y de vapor y sus \u00f3rganos reguladores, calderas de vapor y sus aparatos auxiliares, transformadores y aisladores el\u00e9ctricos, as\u00ed como sus repuestos, que realicen las entidades dedicadas a la prestaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos de generaci\u00f3n, transmisi\u00f3n o distribuci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica o aquellas personas que en desarrollo de lo dispuesto por el art\u00edculo 23 del presente Decreto vendan energ\u00eda el\u00e9ctrica en firme a dichas entidades, estar\u00e1n exclu\u00eddas del impuesto a las ventas, siempre que la declaraci\u00f3n de despacho para consumo o la declaraci\u00f3n de importaci\u00f3n temporal, seg\u00fan el caso, se presente con anterioridad al 30 de junio de 1993. <\/p>\n
Las enajenaciones de los productos mencionados en el inciso anterior que se efect\u00faen en el territorio nacional a las entidades all\u00ed se\u00f1aladas, estar\u00e1n igualmente exclu\u00eddas del impuesto sobre las ventas. <\/p>\n
PARAGRAFO 1o. Los beneficios se\u00f1alados en los literales a) y d) del presente art\u00edculo amparan las enajenaciones que se efect\u00faen hasta el 31 de diciembre de 1992, en el primer caso, y hasta el 30 de junio de 1993, en el segundo. <\/p>\n
PARAGRAFO 2o. Las modificaciones del gravamen arancelario que decrete el Gobierno en relaci\u00f3n con los bienes de que tratan los literales a) y d) de este art\u00edculo no requerir\u00e1n de concepto o requisito previo alguno. <\/p>\n
ARTICULO OCTAVO.- Con sujeci\u00f3n a lo previsto en el presente Decreto, autor\u00edzase a la Corporaci\u00f3n El\u00e9ctrica de la Costa Atl\u00e1ntica -CORELCA- para contratar empr\u00e9stitos internos hasta por las siguientes cuant\u00edas: <\/p>\n
a. Siete mil millones de pesos con la Financiera Energ\u00e9tica Nacional S.A. FEN, para ser utilizados en la recuperaci\u00f3n de plantas t\u00e9rmicas, y, <\/p>\n
b. Diez mil setecientos ochenta millones de pesos con la Financiera Energ\u00e9tica Nacional FEN para la l\u00ednea Valledupar Cuestecita. <\/p>\n
ARTICULO NOVENO.- Las Juntas o Consejos Directivos y los Gerentes, Directores o Presidentes de las entidades a que se refiere el presente Decreto, ser\u00e1n responsables de la aplicaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de sus disposiciones. <\/p>\n
De conformidad con las normas vigentes podr\u00e1n ser sancionados en caso de inobservancia o uso indebido de las atribuciones conferidas. <\/p>\n
CAPITULO II <\/p>\n
DE LA REESTRUCTURACION FINANCIERA DEL SECTOR ELECTRICO <\/p>\n
ARTICULO DECIMO.- Con el fin de permitir la r\u00e1pida ejecuci\u00f3n del plan de emergencia para la recuperaci\u00f3n del sector el\u00e9ctrico y con el objeto de que las entidades que lo conforman sean viables financieramente, y por tanto posibles sujetos de cr\u00e9dito, adicionalmente a lo establecido en el Cap\u00edtulo III de la Ley 51 de 1990, autor\u00edzase a la Naci\u00f3n para novar y asumir obligaciones a cargo de las entidades del sector el\u00e9ctrico, a cambio de activos productivos, de acciones o de aportes sociales de propiedad de dichas entidades, as\u00ed como para adquirir activos de ellas a cualquier t\u00edtulo. Las entidades p\u00fablicas podr\u00e1n novar y transigir obligaciones a su favor y a cargo de las entidades del sector el\u00e9ctrico, previo concepto favorable del Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico-Direcci\u00f3n General de Cr\u00e9dito P\u00fablico. <\/p>\n
As\u00ed mismo, el Gobierno Nacional podr\u00e1 adoptar las reformas estatutarias y reestructuraciones administrativas de las entidades del orden nacional del sector el\u00e9ctrico que sean necesarias para los fines del presente decreto. <\/p>\n
ARTICULO DECIMO PRIMERO.- En desarrollo de lo dispuesto en el art\u00edculo anterior, la Corporaci\u00f3n El\u00e9ctrica de la Costa Atl\u00e1ntica CORELCA, entregar\u00e1 a la Naci\u00f3n las acciones que tiene en Interconexi\u00f3n El\u00e9ctrica S.A. ISA y activos de su propiedad, a satisfacci\u00f3n de la Naci\u00f3n, como pago de las sumas que le adeuda y como contraprestaci\u00f3n por las obligaciones de deuda externa garantizada que esta \u00faltima asuma y de las sumas que se apropian en el Cap\u00edtulo III para efectos del pago parcial de activos. Dicha entrega deber\u00e1 ser previa a la asunci\u00f3n por parte de la Naci\u00f3n de las obligaciones a que hace referencia el presente art\u00edculo. <\/p>\n
ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- Para efectos de la reestructuraci\u00f3n financiera de la Central Hidroel\u00e9ctrica de Betania S.A. y como paso previo a su capitalizaci\u00f3n por parte de la Naci\u00f3n, se proceder\u00e1 a la reducci\u00f3n a un centavo del valor nominal de las acciones en que se encuentra dividido su capital social. <\/p>\n
ARTICULO DECIMO TERCERO.- El Instituto Colombiano de Energ\u00eda El\u00e9ctrica -ICEL- tendr\u00e1 por objeto procurar la satisfacci\u00f3n de las necesidades de energ\u00eda el\u00e9ctrica en las zonas no interconectadas, ubicadas fuera del \u00e1rea de cubrimiento de las entidades electrificadoras. Se elimina la intermediaci\u00f3n comercial que ejerce el Instituto a partir del 1o. de mayo de 1992. Con base en lo anterior, el Gobierno Nacional adoptar\u00e1 las reformas estatutarias a que haya lugar. <\/p>\n
El Instituto Colombiano de Energ\u00eda El\u00e9ctrica -ICEL- entregar\u00e1 a la Naci\u00f3n activos de su propiedad a satisfacci\u00f3n de la Naci\u00f3n, como pago de las sumas que le adeuda y como contraprestaci\u00f3n por las obligaciones a cargo de aqu\u00e9l que \u00e9sta \u00faltima asuma. <\/p>\n
ARTICULO DECIMO QUINTO.- Con destino a la financiaci\u00f3n y a la reestructuraci\u00f3n del sector el\u00e9ctrico, autor\u00edzase al Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico para que en nombre de la Naci\u00f3n, emita Bonos de Deuda P\u00fablica Externa hasta por US$250 millones, o su equivalente en otras monedas, para ser colocados en el mercado internacional de capitales y en el local. Igualmente y con el mismo prop\u00f3sito, autor\u00edzase al Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico para que en nombre de la Naci\u00f3n, celebre un contrato de empr\u00e9stito interno con la Empresa Colombiana de Petr\u00f3leos ECOPETROL con el fin de que esta \u00faltima le entregue a t\u00edtulo de mutuo una suma equivalente a setenta mil millones de pesos. <\/p>\n
ARTICULO DECIMO SEXTO.- Autor\u00edzase al Gobierno Nacional, para que a nombre de la Naci\u00f3n, celebre contratos de administraci\u00f3n sobre los activos que \u00e9sta reciba a cualquier t\u00edtulo de las entidades del sector el\u00e9ctrico, entre los cuales se incluyen los contratos de fiducia. Dichos contratos de administraci\u00f3n podr\u00e1n celebrarse con las entidades mencionadas o con otras personas legalmente autorizadas para este efecto. <\/p>\n
Los contratos de administraci\u00f3n se podr\u00e1n celebrar con sujeci\u00f3n a las reglas de derecho privado. <\/p>\n
ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- Todos los contratos de empr\u00e9stitos que celebre la Naci\u00f3n en desarrollo de las autorizaciones contenidas en el presente Decreto s\u00f3lo requerir\u00e1n para su perfeccionamiento y ejecuci\u00f3n de las firmas de las partes y de su publicaci\u00f3n en el Diario Oficial, la cual se entender\u00e1 cumplida con la orden impartida por el Director General de Cr\u00e9dito P\u00fablico. <\/p>\n
La emisi\u00f3n de bonos de deuda p\u00fablica autorizada por el presente decreto s\u00f3lo requerir\u00e1 la publicaci\u00f3n de la orden de emisi\u00f3n impartida por el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, en la cual se se\u00f1alar\u00e1n su valor, caracter\u00edsticas, t\u00e9rminos y condiciones. <\/p>\n
ARTICULO DECIMO OCTAVO.- Las autorizaciones de endeudamiento conferidas en el presente Decreto ampl\u00edan el cupo de endeudamiento general de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
ARTICULO DECIMO NOVENO.- Los actos y contratos que se celebren en desarrollo del presente Decreto para la reestructuraci\u00f3n financiera del sector el\u00e9ctrico estar\u00e1n exentos de impuesto de timbre, tasas, contribuciones y derechos notariales que puedan causar seg\u00fan su naturaleza. <\/p>\n
CAPITULO III <\/p>\n
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES <\/p>\n
ARTICULO VIGESIMO.- Para llevar a cabo el proceso de reestructuraci\u00f3n financiera del sector el\u00e9ctrico, modif\u00edcase el Presupuesto General de la Naci\u00f3n para la vigencia fiscal de 1992 de la siguiente manera: <\/p>\n
1. Adicionar el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital de la vigencia fiscal de 1992 en la cantidad de $1.605.352.773.600 as\u00ed: <\/p>\n
INGRESOS DE LA NACION <\/p>\n
2. RECURSOS DE CAPITAL DE LA NACION $1.021.860.000.000 <\/p>\n
2.5 RECURSOS DE CREDITO EXTERNO $ 286.860.000.000 <\/p>\n
2.5.1 BANCOS COMERCIALES E <\/p>\n
INVERSIONISTAS $ 70.000.000.000 <\/p>\n
2.5.1.1. BANCOS COMERCIALES $ 70.000.000.000 <\/p>\n
<\/p>\n
$ 70.000.000.000 <\/p>\n
2.5.4 ORGANISMOS MULTILATERALES $ 41.860.000.000 <\/p>\n
2.5.4.1 BID $ 41.860.000.000 <\/p>\n
NUMERAL 1035 VALOR EN PESOS DEL CREDITO CONTRATADO POR LA NACION CON EL BID 640 OC-CO POR US $59.8 MILLONES UTILIZABLES EN 1992 (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 92-13) <\/p>\n
$ 41.860.000.000 <\/p>\n
2.5.7 EN TRAMITE $ 175.000.000.000 <\/p>\n
NUMERAL 1099 VALOR EN PESOS DE LOS BONOS QUE SE EMITIRAN EN VIRTUD DEL PRESENTE DECRETO POR VALOR DE US $250 MILLONES UTILIZABLES EN 1992 <\/p>\n
$ 175.000.000.000 <\/p>\n
2.6. RECURSOS DE CREDITO INTERNO $ 70.000.000.000 <\/p>\n
2.6.2. ENTIDADES FINANCIERAS Y OTROS $ 70.000.000.000 <\/p>\n
2.6.2.1 OPERACIONES FINANCIERAS <\/p>\n
ORDINARIAS $ 70.000.000.000 <\/p>\n
NUMERAL 1041 VALOR EN PESOS DE LOS RECURSOS DE CREDITO QUE ECOPETROL OTORGARA A LA NACION POR VALOR DE US $100 MILLONES UTILIZABLES EN 1992 EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE DECRETO <\/p>\n
$ 70.000.000.000 <\/p>\n
2.7 OTROS RECURSOS DE CAPITAL $ 665.000.000.000 <\/p>\n
NUMERAL 0025 RECUPERACION DE CARTERA DE LOS PRESTAMOS OTORGADOS POR LA NACION A CHB, ICEL, CORELCA y ELECTRIFICADORA DE BOLIVAR <\/p>\n
$ 265.000.000.000 <\/p>\n
NUMERAL 0026 RECURSOS DE CREDITO EXTERNO DE CHB, ICEL Y CORELCA A SUBROGAR A LA NACION EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY 51 DE 1990 <\/p>\n
$ 265.000.000.000 <\/p>\n
NUMERAL 0027 RECURSOS DEL CREDITO INTERNO DEL ICEL SUBROGADOS A LA NACION EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY 51 DE 1990 <\/p>\n
$ 135.000.000.000 <\/p>\n
TOTAL INGRESOS NACION $1.021.860.000.000 <\/p>\n
INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS <\/p>\n
030400 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA (CVC) <\/p>\n
I- RECURSOS ADMINISTRADOS POR LA $ 5.945.973.600 <\/p>\n
ENTIDAD <\/p>\n
B- RECURSOS DE CAPITAL $ 5.945.973.600 <\/p>\n
II- APORTES DE LA NACION $ 255.000.000 <\/p>\n
210200 INSTITUTO COLOMBIANO DE ENERGIA ELECTRICA (ICEL) <\/p>\n
I- RECURSOS ADMINISTRADOS POR LA $ 393.226.800.000 <\/p>\n
ENTIDAD <\/p>\n
A- INGRESOS CORRIENTES $ 50.000.000.000 <\/p>\n
B- RECURSOS DE CAPITAL $ 343.226.800.000 <\/p>\n
210500 CORPORACION ELECTRICA DE LA COSTA ATLANTICA (CORELCA) <\/p>\n
I- RECURSOS ADMINISTRADOS POR LA $ 184.320.000.000 <\/p>\n
ENTIDAD <\/p>\n
B- RECURSOS DE CAPITAL $ 184.320.000.000 <\/p>\n
II- APORTES DE LA NACION $ 1.000.000.000 <\/p>\n
2 Adicionar las apropiaciones del Presupuesto General de la Naci\u00f3n para la vigencia fiscal de 1992 en la suma de $1.605.352.773.600, as\u00ed: <\/p>\n
PRESUPUESTO DE GASTOS O DECRETO DE APROPIACIONES <\/p>\n
NUM ART. ORD SUB REC <\/p>\n
PROG SUB PRO <\/p>\n
SECCION 1301 <\/p>\n
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO <\/p>\n
TOTAL PRESUPUESTO $ 846.260.000.000 <\/p>\n
A- PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO $ 689.800.000.000 <\/p>\n
UNIDAD 1301 01 <\/p>\n
DIRECCION SUPERIOR $ 689.800.000.000 <\/p>\n
3 TRANSFERENCIAS $ 689.800.000.000 <\/p>\n
022 OTRAS TRANSFERENCIAS $ 689.800.000.000 <\/p>\n
012 <\/p>\n
ACTIVOS PRODUCTIVOS EN GENERACION Y TRANSMISION DE ICEL Y CORELCA A TRAVES DE DACION DE PAGO PARA VENDERSE O ENTREGARSE EN FIDEICOMISO Y DE ACCIONES DE CHB. LEY 51 DE 1990. <\/p>\n
$ 689.800.000.000 <\/p>\n
53 OTROS RECURSOS DE CAPITAL <\/p>\n
SIN SITUACION DE FONDOS $ 400.000.000.000 <\/p>\n
68 RECUPERACION DE CARTERA <\/p>\n
SIN SITUACION DE FONDOS $ 265.000.000.000 <\/p>\n
17 CREDITO INTERNO NACIONAL $ 16.800.000.000 <\/p>\n
30 VALOR EN PESOS DE LOS BONOS <\/p>\n
DE DEUDA PUBLICA EMITIDOS POR <\/p>\n
LA NACION $ 8.000.000.000 <\/p>\n
UNIDAD 1301 05 <\/p>\n
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO <\/p>\n
B- PRESUPUESTO DE INVERSION $ 156.460.000.000 <\/p>\n
4101 SERVICIO DE LA DEUDA, APORTES E <\/p>\n
INVERSIONES FINANCIERAS $ 156.460.000.000 <\/p>\n
004 APORTES A ORGANISMOS NACIONALES 156.460.000.000 <\/p>\n
<\/p>\n
008 CREDITO PRESUPUESTAL A LA <\/p>\n
EMPRESA DE ENERGIA DE <\/p>\n
BOGOTA PARA PAGO DE <\/p>\n
SERVICIO DE DEUDA Y <\/p>\n
TERMINACION PROYECTO GUAVIO 70.000.000.000 <\/p>\n
29 VALOR EN PESOS DE LOS <\/p>\n
INSTRUMENTOS COLOMBIA- <\/p>\n
NOS AL PORTADOR EN EL <\/p>\n
EXTERIOR $ 49.000.000.000 <\/p>\n
30 VALOR EN PESOS DE LOS <\/p>\n
BONOS DE DEUDA PUBLICA <\/p>\n
EMITIDOS POR LA NACION 21.000.000.000 <\/p>\n
009 CREDITO PRESUPUESTAL A LA <\/p>\n
EMPRESA DE INTERCONEXION <\/p>\n
ELECTRICA S.A. ISA PARA <\/p>\n
LAS LINEAS DE INTERCONEXION <\/p>\n
CON VENEZUELA, LA MESA- <\/p>\n
MIROLINDO, LAS SUBESTACIO- <\/p>\n
NES ASOCIADAS Y OTRAS LINEAS <\/p>\n
DEL SEGUNDO PLAN DE REFUERZOS <\/p>\n
DE TRANSMISION $ 35.000.000.000 <\/p>\n
29 VALOR EN PESOS DE LOS <\/p>\n
INSTRUMENTOS COLOMBIA- <\/p>\n
NOS AL PORTADOR EN EL <\/p>\n
EXTERIOR $ 20.000.000.000 <\/p>\n
30 VALOR EN PESOS DE LOS <\/p>\n
CA EMITIDOS POR LA <\/p>\n
NACION $ 15.000.000.000 <\/p>\n
011 SANEAMIENTO FINANCIERO <\/p>\n
SECTOR ELECTRICO. LEY <\/p>\n
51 DE 1990 $ 41.860.000.000 <\/p>\n
07 B.I.D. $ 41.860.000.000 <\/p>\n
012 PAGOS POR MENORES TARIFAS <\/p>\n
SECTOR ELECTRICO. DISTRI- <\/p>\n
BUCION PREVIO CONCEPTO <\/p>\n
DNP $ 9.600.000.000 <\/p>\n
30 VALOR EN PESOS DE <\/p>\n
LOS BONOS DE DEUDA <\/p>\n
PUBLICA EMITIDOS <\/p>\n
POR LA NACION $ 9.600.000.000 <\/p>\n
TOTAL CREDITO ADICIONAL MINISTERIO <\/p>\n
DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO $ 846.260.000.000 <\/p>\n
SECCION 1401 <\/p>\n
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL <\/p>\n
A- ADICIONES DE FUNCIONAMIENTO $ 174.345.000.000 <\/p>\n
5 SERVICIO DE DEUDA EXTERNA $ 104.345.000.000 <\/p>\n
010 PREPAGO SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA <\/p>\n
SECTOR ELECTRICO $ 51.145.000.000 <\/p>\n
30 VALOR EN PESOS DE <\/p>\n
LOS BONOS DE DEUDA <\/p>\n
PUBLICA EMITIDOS <\/p>\n
POR LA NACION $ 51.145.000.000 <\/p>\n
011 PAGO DEL SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA <\/p>\n
DEL SECTOR ELECTRICO $ 53.200.000.000 <\/p>\n
NACIONAL $ 53.200.000.000 <\/p>\n
6 SERVICIO DE DEUDA INTERNA $ 70.000.000.000 <\/p>\n
010 PAGO DE LA DEUDA VENCIDA DEL ICEL <\/p>\n
CON ISA PARA QUE ESTA A SU VEZ <\/p>\n
EFECTUE PAGOS DE SERVICIO DE DEUDA $ 70.000.000.000 <\/p>\n
030 VALOR EN PESOS DE <\/p>\n
LOS BONOS DE DEUDA <\/p>\n
PUBLICA EMITIDOS <\/p>\n
POR LA NACION $ 70.000.000.000 <\/p>\n
TOTAL CREDITO ADICIONAL SERVICIO DE LA <\/p>\n
DEUDA PUBLICA NACIONAL $ 174.345.000.000 <\/p>\n
PRESUPUESTO ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS <\/p>\n
SECCION 0304 <\/p>\n
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA (CVC) <\/p>\n
3000 I- RECURSOS ADMINISTRADOS POR <\/p>\n
LA ENTIDAD $ 5.945.973.600 <\/p>\n
3200 B- RECURSOS DE CAPITAL $ 5.945.973.600 <\/p>\n
3220 CREDITO INTERNO $ 5.945.973.600 <\/p>\n
3221 PERFECCIONADO $ 2.321.169.300 <\/p>\n
3222 NO PERFECCIONADO $ 3.624.804.300 <\/p>\n
<\/p>\n
4000 II- APORTES DE LA NACION $ 255.000.000 <\/p>\n
4300 INVERSION $ 255.000.000 <\/p>\n
TOTAL DE LA SECCION $ 6.200.973.600 <\/p>\n
SECCION 0304 <\/p>\n
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA (CVC) <\/p>\n
TOTAL ADICIONES $ 6.200.973.600 <\/p>\n
B- PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION $ 6.200.973.600 <\/p>\n
3602 TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA 6.200.973.600 <\/p>\n
002 LINEAS Y SUBESTACIONES DE <\/p>\n
TRANSMISION $ 6.200.973.600 <\/p>\n
001 AMPLIACION SISTEMAS DE <\/p>\n
TRANSMISION $ 5.945.973.600 <\/p>\n
DIRECTO CONTRATADO $ 2.321.169.300 <\/p>\n
93 CREDITO INTERNO <\/p>\n
DIRECTO AUTORIZADO $ 3.624.804.300 <\/p>\n
010 LINEA DE TRANSMISION PASTO- <\/p>\n
TUMACO $ 255.000.000 <\/p>\n
30 VALOR EN PESOS DE LOS <\/p>\n
BONOS DE DEUDA PUBLICA <\/p>\n
EMITIDOS POR LA NACION 255.000.000 <\/p>\n
SECCION 2102 <\/p>\n
INSTITUTO COLOMBIANO DE ENERGIA ELECTRICA (ICEL) <\/p>\n
3000 I- RECURSOS ADMINISTRADOS POR LA <\/p>\n
ENTIDAD $ 393.226.800.000 <\/p>\n
3100 A- INGRESOS CORRIENTES $ 50.000.000.000 <\/p>\n
3121 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS $ 50.000.000.000 <\/p>\n
3200 B- RECURSOS DE CAPITAL $ 343.226.800.000 <\/p>\n
3220 CREDITO INTERNO $ 10.256.800.000 <\/p>\n
3222 NO PERFECCIONADO $ 10.256.800.000 <\/p>\n
3250 RECURSOS DEL BALANCE $ 332.970.000.000 <\/p>\n
3255 VENTA Y CESION DE ACTIVOS <\/p>\n
PRODUCTIVOS EN GENERACION <\/p>\n
Y TRANSMISION $ 332.970.000.000 <\/p>\n
TOTAL SECCION $ 393.226.800.000 <\/p>\n
SECCION 2102 <\/p>\n
INSTITUTO COLOMBIANO DE ENERGIA ELECTRICA (ICEL) <\/p>\n
TOTAL ADICION $ 393.226.800.000 <\/p>\n
A- PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO $ 379.170.000.000 <\/p>\n
1 SERVICIOS PERSONALES $ 197.600.000 <\/p>\n
002 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA $ 93.200.000 <\/p>\n
90 INGRESOS CORRIENTES $ 93.200.000 <\/p>\n
006 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 2.100.000 <\/p>\n
90 INGRESOS CORRIENTES $ 2.100.000 <\/p>\n
007 PRIMA DE SERVICIO $ 50.600.000 <\/p>\n
90 INGRESOS CORRIENTES $ 50.600.000 <\/p>\n
008 PRIMA DE VACACIONES $ 1.000.000 <\/p>\n
90 INGRESOS CORRIENTES $ 1.000.000 <\/p>\n
009 PRIMA DE NAVIDAD $ 10.200.000 <\/p>\n
90 INGRESOS CORRIENTES $ 10.200.000 <\/p>\n
010 PRIMAS EXTRAORDINARIAS $ 22.000.000 <\/p>\n
90 INGRESOS CORRIENTES $ 22.000.000 <\/p>\n
013 INDEMNIZACION POR VACACIONES $ 900.000 <\/p>\n
90 INGRESOS CORRIENTES $ 900.000 <\/p>\n
015 PERSONAL SUPERNUMERARIO $ 10.000.000 <\/p>\n
90 INGRESOS CORRIENTES $ 10.000.000 <\/p>\n
016 HONORARIOS $ 1.000.000 <\/p>\n
90 INGRESOS CORRIENTES $ 1.000.000 <\/p>\n
021 PRIMA TECNICA $ 6.600.000 <\/p>\n
90 INGRESOS CORRIENTES $ 6.600.000 <\/p>\n
2 GASTOS GENERALES $ 5.289.000.000 <\/p>\n
<\/p>\n
001 COMPRA DE EQUIPO $ 15.000.000 <\/p>\n
90 INGRESOS CORRIENTES $ 15.000.000 <\/p>\n
002 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 30.000.000 <\/p>\n
90 INGRESOS CORRIENTES $ 30.000.000 <\/p>\n
003 MANTENIMIENTO $ 80.000.000 <\/p>\n
90 INGRESOS CORRIENTES $ 80.000.000 <\/p>\n
004 SERVICIOS PUBLICOS $ 40.000.000 <\/p>\n
90 INGRESOS CORRIENTES $ 40.000.000 <\/p>\n
005 ARRENDAMIENTOS $ 33.000.000 <\/p>\n
90 INGRESOS CORRIENTES $ 33.000.000 <\/p>\n
006 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE $ 10.000.000 <\/p>\n
001 AL INTERIOR $ 10.000.000 <\/p>\n
90 INGRESOS CORRIENTES $ 10.000.000 <\/p>\n
007 IMPRESOS Y PUBLICACIONES $ 5.000.000 <\/p>\n
90 INGRESOS CORRIENTES $ 5.000.000 <\/p>\n
008 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE $ 10.000.000 <\/p>\n
90 INGRESOS CORRIENTES $ 10.000.000 <\/p>\n
012 OTROS GASTOS GENERALES <\/p>\n
001 GASTOS DE OPERACION, ADMINISTRA- <\/p>\n
CION Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS $ 5.066.000.000 <\/p>\n
90 INGRESOS CORRIENTES $ 5.066.000.000 <\/p>\n
3 TRANSFERENCIAS $ 228.129.000.000 <\/p>\n
003 CAJANAL – SERVICIOS MEDICOS $ 23.700.000 <\/p>\n
90 INGRESOS CORRIENTES $ 23.700.000 <\/p>\n
004 CAJANAL – PENSIONES $ 11.300.000 <\/p>\n
90 INGRESOS CORRIENTES $ 11.300.000 <\/p>\n
007 PENSIONES $ 14.000.000 <\/p>\n
90 INGRESOS CORRIENTES $ 14.000.000 <\/p>\n
022 OTRAS TRANSFERENCIAS $ 228.080.000.000 <\/p>\n
<\/p>\n
002 SUBROGACION POR LA NACION DE <\/p>\n
LA DEUDA INTERNA Y EXTERNA $ 228.080.000.000 <\/p>\n
98 OTROS RECURSOS DEL <\/p>\n
BALANCE $ 228.080.000.000 <\/p>\n
4 GASTOS DE OPERACION COMERCIAL $ 40.664.400.000 <\/p>\n
001 CON CARACTER PURAMENTE COMERCIAL $ 40.664.400.000 <\/p>\n
90 INGRESOS CORRIENTES $ 40.664.400.000 <\/p>\n
6 SERVICIO DE DEUDA INTERNA $ 104.890.000.000 <\/p>\n
011 PAGO DEL SERVICIO DE LA DEUDA A <\/p>\n
ISA SIN SITUACION DE FONDOS $ 70.000.000.000 <\/p>\n
98 OTROS RECURSOS DEL <\/p>\n
BALANCE $ 70.000.000.000 <\/p>\n
012 GOBIERNO NACIONAL $ 34.890.000.000 <\/p>\n
98 OTROS RECURSOS DEL <\/p>\n
BALANCE $ 34.890.000.000 <\/p>\n
B- PRESUPUESTO DE INVERSION $ 14.056.800.000 <\/p>\n
3601 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA <\/p>\n
004 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE <\/p>\n
DE SISTEMAS ELECTRICOS <\/p>\n
001 RECUPERACION DE PLANTAS <\/p>\n
DE LAS ELECTRIFICADORAS. <\/p>\n
DISTRIBUCION PREVIO <\/p>\n
CONCEPTO DNP $ 1.800.000.000 <\/p>\n
90 INGRESOS CORRIENTES $ 1.800.000.000 <\/p>\n
3602 TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA $ 12.256.800.000 <\/p>\n
002 LINEAS Y SUBESTACIONES DE <\/p>\n
TRANSMISION $ 12.256.800.000 <\/p>\n
005 CONSTRUCCION LINEA DE <\/p>\n
TRANSMISION DE ENERGIA <\/p>\n
ELECTRICA BUCARAMANGA- <\/p>\n
OCA\u00d1A-CUCUTA A 230 KV-PNR 10.256.800.000 <\/p>\n
93 CREDITO INTERNO <\/p>\n
DIRECTO AUTORIZADO $ 10.256.800.000 <\/p>\n
015 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA <\/p>\n
EN TRANSMISION Y TRANSFOR- <\/p>\n
MACION ELECTRICA EN EL <\/p>\n
META $ 2.000.000.000 <\/p>\n
90 INGRESOS <\/p>\n
CORRIENTES $ 2.000.000.000 <\/p>\n
SECCION 2105 <\/p>\n
CORPORACION ELECTRICA DE LA COSTA ATLANTICA (CORELCA) <\/p>\n
3000 I- RECURSOS ADMINISTRADOS POR LA <\/p>\n
ENTIDAD $ 184.320.000.000 <\/p>\n
3200 B- RECURSOS DE CAPITAL $ 184.320.000.000 <\/p>\n
3220 CREDITO INTERNO $ 17.780.000.000 <\/p>\n
3222 NO PERFECCIONADO $ 17.780.000.000 <\/p>\n
3250 RECURSOS DEL BALANCE $ 166.540.000.000 <\/p>\n
3255 VENTA Y CESION DE ACTIVOS <\/p>\n
PRODUCTIVOS EN GENERACION Y <\/p>\n
TRANSMISION $ 166.540.000.000 <\/p>\n
4300 INVERSION $ 1.000.000.000 <\/p>\n
TOTAL SECCION $ 185.320.000.000 <\/p>\n
SECCION 2105 <\/p>\n
CORPORACION ELECTRICA DE LA COSTA ATLANTICA (CORELCA) <\/p>\n
TOTAL ADICION $ 185.320.000.000 <\/p>\n
A- PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO $ 158.540.000.000 <\/p>\n
3 TRANSFERENCIAS $ 79.480.000.000 <\/p>\n
022 OTRAS TRANSFERENCIAS $ 79.480.000.000 <\/p>\n
002 SUBROGACION POR LA NACION <\/p>\n
DE LOS CREDITOS EXTERNOS <\/p>\n
GARANTIZADOS $ 79.480.000.000 <\/p>\n
98 OTROS RECURSOS <\/p>\n
DEL BALANCE $ 79.480.000.000 <\/p>\n
6 SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA $ 79.060.000.000 <\/p>\n
002 SECTOR FINANCIERO Y OTROS $ 16.800.000.000 <\/p>\n
98 OTROS RECURSOS <\/p>\n
DEL BALANCE $ 16.800.000.000 <\/p>\n
004 GOBIERNO NACIONAL $ 62.260.000.000 <\/p>\n
98 OTROS RECURSOS DEL <\/p>\n
B- PRESUPUESTO DE INVERSION $ 26.780.000.000 <\/p>\n
3601 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA $ 16.000.000.000 <\/p>\n
004 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE <\/p>\n
SISTEMAS ELECTRICOS $ 16.000.000.000 <\/p>\n
001 RECUPERACION DE UNIDA- <\/p>\n
DES TERMICAS $ 7.000.000.000 <\/p>\n
93 CREDITO INTERNO <\/p>\n
DIRECTO AUTORIZADO $ 7.000.000.000 <\/p>\n
002 SUMINISTRO DE ENERGIA <\/p>\n
PARA EL DEPARTAMENTO <\/p>\n
ARCHIPIELAGO DE SAN <\/p>\n
ANDRES, PROVIDENCIA Y <\/p>\n
SANTA CATALINA. <\/p>\n
DISTRIBUCION PREVIO <\/p>\n
CONCEPTO DNP $ 9.000.000.000 <\/p>\n
29 VALOR EN PESOS DE <\/p>\n
LOS INSTRUMENTOS <\/p>\n
COLOMBIANOS AL <\/p>\n
PORTADOR EN EL <\/p>\n
EXTERIOR $ 1.000.000.000 <\/p>\n
98 OTROS RECURSOS DEL <\/p>\n
BALANCE $ 8.000.000.000 <\/p>\n
3602 TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA $ 10.780.000.000 <\/p>\n
002 LINEAS Y SUBESTACIONES <\/p>\n
DE TRANSMISION $ 10.780.000.000 <\/p>\n
005 CONSTRUCCION LINEA <\/p>\n
VALLEDUPAR-CUESTECITA <\/p>\n
A 230 KV. $ 10.780.000.000 <\/p>\n
93 CREDITO INTERNO <\/p>\n
DIRECTO AUTORIZADO $ 10.780.000.000 <\/p>\n
3. Efectuar el siguiente contracr\u00e9dito en el Presupuesto General de la Naci\u00f3n de 1992 por valor de $3.500.000.000, as\u00ed: <\/p>\n
SECCION 2101 <\/p>\n
UNIDAD 2101 01 <\/p>\n
DIRECCION SUPERIOR <\/p>\n
TOTAL CONTRACREDITOS $ 3.500.000.000 <\/p>\n
B- CONTRACREDITOS DE INVERSION $ 3.500.000.000 <\/p>\n
2103 SERVICIOS PUBLICOS URBANOS Y <\/p>\n
RURALES $ 3.500.000.000 <\/p>\n
003 PLAZAS DE MERCADO $ 3.500.000.000 <\/p>\n
001 SUBSIDIO EN EL SERVICIO <\/p>\n
DE ENERGIA ELECTRICA. <\/p>\n
DISTRIBUCION PREVIO <\/p>\n
CONCEPTO DNP $ 3.500.000.000 <\/p>\n
27 INTEGRADO CHEMICAL <\/p>\n
BANK 91-94 $ 3.500.000.000 <\/p>\n
4. Con base en el contracr\u00e9dito anterior abrir el siguiente cr\u00e9dito en Presupuesto General de la Naci\u00f3n de 1992 por $3.500.000.000, as\u00ed: <\/p>\n
SECCION 1301 <\/p>\n
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO <\/p>\n
UNIDAD 1301 05 <\/p>\n
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO <\/p>\n
TOTAL CREDITOS $ 3.500.000.000 <\/p>\n
B- CREDITO INVERSION $ 3.500.000.000 <\/p>\n
4101 SERVICIO DE LA DEUDA, APORTES E <\/p>\n
INVERSIONES FINANCIERAS $ 3.500.000.000 <\/p>\n
004 APORTES A ORGANISMOS NACIONALES $ 3.500.000.000 <\/p>\n
012 PAGOS POR MENORES TARIFAS <\/p>\n
SECTOR ELECTRICO DISTRIBU- <\/p>\n
CION PREVIO CONCEPTO DNP 3.500.000.000 <\/p>\n
27 INTEGRADO CHEMICAL <\/p>\n
BANK 91-94 $ 3.500.000.000 <\/p>\n
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- Para la ejecuci\u00f3n de los recursos adicionales en el Presupuesto General de la Naci\u00f3n de que trata el art\u00edculo anterior, se requerir\u00e1 exclusivamente el env\u00edo de la documentaci\u00f3n que soporta la operaci\u00f3n a la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica. <\/p>\n
CAPITULO IV <\/p>\n
OTRAS DISPOSICIONES <\/p>\n
En desarrollo de lo dispuesto en el inciso anterior, y siempre que se cumplan las condiciones previstas en el mismo, estar\u00e1n igualmente exceptuados de los l\u00edmites o cupos individuales de cr\u00e9dito aquellos pr\u00e9stamos que otorgue la Financiera Energ\u00e9tica Nacional S.A. -FEN-, con cargo a los recursos del empr\u00e9stito externo otorgado por el EXIMBANK del Jap\u00f3n, con destino a los siguientes proyectos: Riogrande II, Segundo Plan de Transmisi\u00f3n, Interconexi\u00f3n con Venezuela, Recuperaci\u00f3n Plantas T\u00e9rmicas, Mantenimiento Planta Mesitas, l\u00ednea Valledupar-Cuestecita, l\u00ednea Bucaramanga-Oca\u00f1a-C\u00facuta y Guavio. <\/p>\n
ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- Con el exclusivo prop\u00f3sito de dotar del complemento indispensable a las acciones que emprendan las entidades del sector para superar el d\u00e9ficit en la generaci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica, los particulares que cuenten con energ\u00eda y potencia disponibles podr\u00e1n venderlas. <\/p>\n
Para tal efecto, las entidades propietarias de redes de transmisi\u00f3n y de distribuci\u00f3n deber\u00e1n permitir la conexi\u00f3n de tales particulares, previo el cumplimiento de las normas t\u00e9cnicas y legales que rijan el servicio y la operaci\u00f3n de la red, as\u00ed como el pago de las retribuciones que le corresponda. <\/p>\n
Los cargos y precios ser\u00e1n acordados entre la empresa generadora, los propietarios de las redes y los usuarios de las mismas. En caso de no existir acuerdo y con el fin de garantizar el acceso y uso de la red, los cargos ser\u00e1n fijados por la Junta Nacional de Tarifas, que definir\u00e1 la metodolog\u00eda para el c\u00e1lculo de los mismos. <\/p>\n
ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- Con el fin de asegurar la aplicaci\u00f3n de las medidas contempladas por este Decreto relativas al suministro de energ\u00eda el\u00e9ctrica, ISA podr\u00e1 comprar y vender libremente energ\u00eda y potencia. <\/p>\n
ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- Para el logro de los prop\u00f3sitos previstos en el presente Decreto la Empresa de Energ\u00eda de Bogot\u00e1 tomar\u00e1 todas las medidas necesarias para la pronta recuperaci\u00f3n de su parque t\u00e9rmico y para acelerar la puesta en operaci\u00f3n del proyecto hidroel\u00e9ctrico del Guavio, con el fin de que la primera unidad entre en operaci\u00f3n a m\u00e1s tardar en diciembre de 1992. <\/p>\n
Para tal efecto la Empresa de Energ\u00eda de Bogot\u00e1, previa aprobaci\u00f3n de su Junta Directiva, podr\u00e1 pactar con los actuales contratistas de obra p\u00fablica, suministro, interventor\u00eda, consultor\u00eda y asesor\u00eda, modificaciones, adiciones y reformas a los contratos en ejecuci\u00f3n, autorizados o en perfeccionamiento. No se aplicar\u00e1 lo dispuesto en este inciso a las reclamaciones que hayan presentado o lleguen a presentar a la Empresa los contratistas. <\/p>\n
ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- Con el fin de subsanar el d\u00e9ficit de generaci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica en el Departamento Archipi\u00e9lago de San Andr\u00e9s, Providencia y Santa Catalina, la Corporaci\u00f3n El\u00e9ctrica de la Costa Atl\u00e1ntica CORELCA celebrar\u00e1 los contratos que sean necesarios. Para tal prop\u00f3sito la Corporaci\u00f3n podr\u00e1 asociarse con entidades p\u00fablicas o privadas. <\/p>\n
La celebraci\u00f3n de los contratos a que hace referencia el inciso anterior requerir\u00e1 la expedici\u00f3n previa del respectivo certificado de disponibilidad presupuestal. Dichos contratos se perfeccionar\u00e1n con el registro presupuestal y requerir\u00e1n la publicaci\u00f3n en el Diario Oficial, la cual se entender\u00e1 cumplida por el pago de los derechos correspondientes. <\/p>\n
ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.- Con el fin de subsanar el d\u00e9ficit de suministro de energ\u00eda el\u00e9ctrica a la poblaci\u00f3n de Tumaco, la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional del Cauca -CVC- podr\u00e1 contratar, con la aprobaci\u00f3n de su Consejo Directivo, directamente las siguientes obras complementarias de la l\u00ednea de transmisi\u00f3n Pasto-Tumaco: <\/p>\n
1. Construcci\u00f3n y montaje de las subestaciones Buchelli y Tumaco. <\/p>\n
2. Construcci\u00f3n de la l\u00ednea de subtransmisi\u00f3n entre las subestaciones Buchelli y Tumaco. <\/p>\n
3. Construcci\u00f3n y montaje del tramo com\u00fan de l\u00ednea a doscientos treinta kilovatios (230 kv) en doble circuito en Pasto. <\/p>\n
ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.- Sin perjuicio de las situaciones jur\u00eddicas debidamente constitu\u00eddas, lo dispuesto en el presente Decreto se aplicar\u00e1 a los contratos de empr\u00e9stito que se encuentren previstos en el mismo y que est\u00e9n en tr\u00e1mite. <\/p>\n
ARTICULO VIGESIMO NOVENO.- El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicaci\u00f3n y deroga las disposiciones que le sean contrarias. <\/p>\n
PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE <\/p>\n
Dado en Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C. a 24 de abril de 1992 <\/p>\n
siguen firmas… <\/p>\n
III. EL TERMINO DE FIJACION EN LISTA <\/p>\n
En cumplimiento de lo que establecen los art\u00edculos 242 de la Constituci\u00f3n pol\u00edtica y 37 del Decreto 2067 de 1991, orientados a hacer efectiva la intervenci\u00f3n ciudadana dentro del proceso de revisi\u00f3n oficiosa de constitucionalidad, el Magistrado Sustanciador orden\u00f3 la fijaci\u00f3n en lista por el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas. <\/p>\n
Seg\u00fan informe secretarial de fecha 14 de mayo, dicho t\u00e9rmino transcurri\u00f3 y venci\u00f3 en silencio. <\/p>\n
El Procurador General de la Naci\u00f3n hizo llegar a la Corte en la oportunidad debida el oficio 030 de mayo 28, por medio del cual emiti\u00f3 concepto sobre la constitucionalidad del Decreto sometido a revisi\u00f3n. <\/p>\n
Seg\u00fan el criterio del Ministerio P\u00fablico, las disposiciones que integran el Decreto 700 de 1992 est\u00e1n todas dirigidas a superar el d\u00e9ficit de energ\u00eda que vive el pa\u00eds, “a trav\u00e9s de la agilizaci\u00f3n en la adopci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de proyectos de inversi\u00f3n y del saneamiento de la situaci\u00f3n negativa financiera y operativa del sector el\u00e9ctrico”, raz\u00f3n por la cual se ajusta al presupuesto constitucional que exige la observancia de este v\u00ednculo de conexidad para la validez de los decretos legislativos expedidos en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 215 de la Carta. <\/p>\n
El Procurador solicita a la Corte que declare la exequibilidad del Decreto que se examina, sin hacer excepci\u00f3n sobre ninguna de sus normas. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL <\/p>\n
1. Competencia <\/p>\n
Esta Corte es competente para resolver de manera definitiva sobre la exequibilidad del Decreto en revisi\u00f3n, seg\u00fan lo disponen los art\u00edculos 215, Par\u00e1grafo, y 241, numeral 7, de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, ya que fue expedido por el Presidente de la Rep\u00fablica invocando las atribuciones excepcionales propias del Estado de Emergencia. <\/p>\n
2. Aspectos formales <\/p>\n
El inciso 2\u00ba del art\u00edculo 215 de la Carta exige, para la expedici\u00f3n de esta clase de decretos, las firmas del Presidente y de todos los ministros del Despacho. <\/p>\n
Examinado el Decreto 700 de 1992, se encuentra que tal requisito fue cumplido a cabalidad en este caso. Los viceministros de Desarrollo Econ\u00f3mico y Educaci\u00f3n Nacional, quienes aparecen suscribiendo el Decreto, lo hicieron, como all\u00ed mismo se expresa, en su calidad de encargados de los correspondientes despachos, es decir que ostentaban el rango de ministros y ten\u00edan las facultades propias de los titulares. <\/p>\n
El Decreto 680, por medio del cual se declar\u00f3 el Estado de Emergencia Econ\u00f3mica y Social, hallado exequible por esta Corporaci\u00f3n seg\u00fan sentencia de esta misma fecha, previ\u00f3 como t\u00e9rmino para el ejercicio de las facultades excepcionales el comprendido entre el d\u00eda de su entrada en vigencia (23 de abril de 1992) y las veinticuatro horas del d\u00eda lunes 27 de abril. <\/p>\n
Asimismo, en su art\u00edculo vig\u00e9simo noveno, est\u00e1 indicado a partir de cu\u00e1ndo comenz\u00f3 su vigencia, es decir, desde la fecha de su publicaci\u00f3n, la cual tuvo lugar el 24 de abril de 1992 (Diario Oficial n\u00famero 40431). <\/p>\n
As\u00ed, pues, no hay en este aspecto tacha alguna de inconstitucionalidad. <\/p>\n
3. La conexidad <\/p>\n
Como instituci\u00f3n excepcional, cuyos alcances son de interpretaci\u00f3n estricta, el Estado de Emergencia no representa una investidura legislativa plena para el Presidente de la Rep\u00fablica. Es decir, declarada la perturbaci\u00f3n en el orden econ\u00f3mico, social o ecol\u00f3gico del pa\u00eds, las atribuciones que asume el Ejecutivo est\u00e1n delimitadas por la propia Constituci\u00f3n, luego mal se pueden extender indefinidamente a materias distintas de las relacionadas con el trance que mediante tal declaraci\u00f3n se busca superar. <\/p>\n
Es natural, entonces, que el art\u00edculo 215 de la Carta se ocupe en precisar, usando expresiones concluyentes, que los respectivos decretos con fuerza de ley estar\u00e1n “destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensi\u00f3n de sus efectos” y que “estos decretos deber\u00e1n referirse a materias que tengan relaci\u00f3n directa y espec\u00edfica con el Estado de Emergencia”. <\/p>\n
En concordancia con los rigurosos t\u00e9rminos transcritos, que circunscriben el campo de acci\u00f3n legislativa del Gobierno durante el periodo excepcional, el inciso 8\u00ba del art\u00edculo 215 de la Constituci\u00f3n previene: “El Presidente de la Rep\u00fablica y los ministros ser\u00e1n responsables (…) por cualquier abuso cometido en el ejercicio de las facultades que la Constituci\u00f3n otorga al Gobierno durante la emergencia”. <\/p>\n
Desde el punto de vista de la validez constitucional de esta clase de decretos, de lo dicho se desprende con toda claridad que no la tienen aquellos cuyo contenido est\u00e9 destinado a fines ajenos al control de la crisis y sus efectos, o que se refieran a materias carentes de la relaci\u00f3n directa y espec\u00edfica con ella. <\/p>\n
Estos l\u00edmites configuran el marco de referencia al que habr\u00e1 de concretarse el estudio de la Corte sobre el decreto revisado, en cuanto concierne a conexidad. <\/p>\n
El Decreto n\u00famero 680 de 1992 identifica como causas para la declaraci\u00f3n del Estado de Emergencia las siguientes: <\/p>\n
– El agudo verano que ha sufrido el pa\u00eds en los \u00faltimos meses; <\/p>\n
– La consiguiente grave escasez del recurso el\u00e9ctrico en todo el territorio nacional; <\/p>\n
– La destrucci\u00f3n de una de las plantas de generaci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica en el Departamento Archipi\u00e9lago de San Andr\u00e9s, Providencia y Santa Catalina; <\/p>\n
– El forzado racionamiento que, como resultado de las circunstancias anteriores, han decretado las autoridades; <\/p>\n
– La posibilidad de que el racionamiento se intensifique o prolongue si no se toman oportuna y \u00e1gilmente medidas adecuadas. <\/p>\n
Los temas a que se refieren las medidas adoptadas por el Decreto 700 de 1992 para contrarrestar las aludidas causas de perturbaci\u00f3n, pueden agruparse as\u00ed: <\/p>\n
a) Disposiciones enderezadas a agilizar y simplificar los procedimientos previos a la contrataci\u00f3n administrativa en las entidades p\u00fablicas que deban atender la generaci\u00f3n, transmisi\u00f3n y distribuci\u00f3n de electricidad as\u00ed como en Ecopetrol, en lo que se refiere a las actividades que esta empresa adelante en la misma materia. Con igual sentido, normas relativas a la celebraci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de los contratos de empr\u00e9stito que, con cargo a los recursos previstos en el decreto, suscriban dichas entidades; al otorgamiento de las correspondientes garant\u00edas y a las modificaciones y traslados presupuestales necesarios para la ejecuci\u00f3n de los mencionados recursos. <\/p>\n
El art\u00edculo 5o. extiende las ya mencionadas disposiciones sobre supresi\u00f3n de tr\u00e1mites, para el otorgamiento e incorporaci\u00f3n de los cr\u00e9ditos que, con cargo al Presupuesto General de la Naci\u00f3n, se concedan a la Empresa de Energ\u00eda de Bogot\u00e1 para el proyecto Guavio y a Interconexi\u00f3n El\u00e9ctrica S. A., para las l\u00edneas de interconexi\u00f3n con Venezuela y otras. <\/p>\n
b) Beneficios tributarios, de car\u00e1cter temporal, reconocidos, en cuanto al impuesto a las ventas, para las importaciones y enajenaciones de bienes necesarios al suministro y distribuci\u00f3n de energ\u00eda (seg\u00fan las posiciones arancelarias que el decreto enuncia, se trata de bienes clasificados como “grupos electr\u00f3genos”), as\u00ed como para las importaciones de generadores, cables de alta tensi\u00f3n, turbinas, calderas y otros bienes requeridos por las entidades dedicadas a la prestaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos de generaci\u00f3n, transmisi\u00f3n o distribuci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica; ventajas tributarias en relaci\u00f3n con el impuesto al consumo, para las importaciones de dichos bienes cuando se efect\u00faen al Departamento Archipi\u00e9lago de San Andr\u00e9s, Providencia y Santa Catalina; exclusi\u00f3n del gravamen o derecho \u00fanico de aduanas (Decreto Ley 1742 de 1991) para las importaciones previstas en el Decreto 606 de 1992 (bienes o equipos correspondientes a los grupos electr\u00f3genos, acumuladores y otros aparatos de alumbrado). <\/p>\n
c) Medidas orientadas a la reestructuraci\u00f3n financiera de las entidades pertenecientes al sector el\u00e9ctrico. As\u00ed, por ejemplo, se autoriza a la Naci\u00f3n para novar y asumir obligaciones a cargo de las entidades del sector; se faculta a las entidades p\u00fablicas para novar y transigir obligaciones a cargo de entidades del mismo sector; se permite al Gobierno Nacional la adopci\u00f3n de reformas estatutarias y reestructuraciones administrativas de las entidades del orden nacional pertenecientes al sector el\u00e9ctrico; se ordena a CORELCA la entrega a la Naci\u00f3n de su participaci\u00f3n accionaria en ISA y se dispone que esta entidad y el ICEL hagan entrega a la Naci\u00f3n de activos de su propiedad, todo como pago de las sumas que le adeudan; se reduce a un centavo el valor nominal de las acciones de la Central Hidroel\u00e9ctrica de Betania S. A.; se elimina a partir del 1o. de mayo del presente a\u00f1o, la intermediaci\u00f3n comercial que ejerce aquel instituto. <\/p>\n
Con el prop\u00f3sito de adelantar la reestructuraci\u00f3n financiera, se faculta al Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico para gestionar y celebrar con los acreedores del sector el\u00e9ctrico los acuerdos contractuales necesarios en materia de cr\u00e9dito p\u00fablico, como tambi\u00e9n para emitir bonos de deuda p\u00fablica externa hasta por US4.250 millones y para celebrar un contrato de empr\u00e9stito interno con Ecopetrol a efecto de que esta empresa le entregue a t\u00edtulo de mutuo una suma equivalente a setenta mil millones de pesos; y se permite al Gobierno Nacional la celebraci\u00f3n de contratos de administraci\u00f3n sobre los activos que la Naci\u00f3n reciba a cualquier t\u00edtulo de las entidades del sector el\u00e9ctrico. <\/p>\n
Se autoriza el otorgamiento de cr\u00e9ditos con destino a la recuperaci\u00f3n del parque t\u00e9rmico e hidr\u00e1ulico instalado en el pa\u00eds (art\u00edculo 4o.), as\u00ed como la incorporaci\u00f3n de las obligaciones dinerarias a cargo de entidades del sector el\u00e9ctrico en t\u00edtulos negociables en el mercado de valores (art\u00edculo 6o.). <\/p>\n
Las operaciones de cr\u00e9dito que se autoriza sean otorgadas por la Financiera Energ\u00e9tica Nacional S. A. -FEN- son exceptuadas de los l\u00edmites o cupos individuales de cr\u00e9dito fijados por las normas vigentes. <\/p>\n
d) Modificaciones presupuestales enderezadas a la reestructuraci\u00f3n financiera del sector el\u00e9ctrico, consistentes en una adici\u00f3n al Presupuesto de rentas y recursos de capital de la vigencia fiscal de 1992 en la cantidad de $1.605.352.773.600 y la consiguiente adici\u00f3n por la misma cifra en la ley de apropiaciones, con destino a la financiaci\u00f3n de los proyectos que el Decreto busca ejecutar para la generaci\u00f3n, transmisi\u00f3n y distribuci\u00f3n de electricidad; un contracr\u00e9dito en el presupuesto general por valor de $3.500.000.000 y un cr\u00e9dito de inversi\u00f3n por la misma cuant\u00eda a favor del Ministerio de Minas y Energ\u00eda, con iguales prop\u00f3sitos. <\/p>\n
e) En el Cap\u00edtulo IV se incluyen otras medidas, como la autorizaci\u00f3n a particulares para vender energ\u00eda y potencia y a ISA para comprarla y venderla libremente; el mandato a la Empresa de Energ\u00eda de Bogot\u00e1 en el sentido de poner en operaci\u00f3n el proyecto hidroel\u00e9ctrico del Guavio, en su primera unidad, a m\u00e1s tardar en diciembre de 1992; la facultad de Corelca para celebrar los contratos indispensables con el fin de subsanar el d\u00e9ficit de energ\u00eda el\u00e9ctrica en San Andr\u00e9s, Providencia y Santa Catalina; la autorizaci\u00f3n a la CVC para contratar directamente obras complementarias en la l\u00ednea de transmisi\u00f3n Pasto-Tumaco. <\/p>\n
En s\u00edntesis, la preceptiva del estatuto materia de control constitucional a que se contrae esta providencia, est\u00e1 referida al establecimiento de normas especiales sobre contrataci\u00f3n administrativa para ciertas entidades, otorgamiento de beneficios tributarios sobre importaciones y enajenaciones, reestructuraci\u00f3n financiera del sector el\u00e9ctrico y modificaciones al Presupuesto de la presente vigencia y las disposiciones complementarias a esas determinaciones. <\/p>\n
Considera la Corte que todas las medidas mencionadas guardan relaci\u00f3n directa y espec\u00edfica con los motivos que llevaron al Gobierno a declarar el Estado de Emergencia Econ\u00f3mica y que est\u00e1n consignados en el Decreto 680 de 1992, declaratorio de aqu\u00e9l. <\/p>\n
En efecto, al prever normas excepcionales en materia de contrataci\u00f3n administrativa y evitar, por medio de ellas, las dificultades y demoras que propiciar\u00eda la aplicaci\u00f3n rigurosa de todos los requisitos y tr\u00e1mites consagrados para \u00e9pocas de normalidad en el Decreto 222 de 1983, el Ejecutivo no hizo nada diferente de concebir un r\u00e9gimen especial en este campo para las entidades p\u00fablicas que tienen a su cargo la generaci\u00f3n, transmisi\u00f3n y distribuci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica, que era precisamente el recurso cuya grave escasez hab\u00eda reconocido en sus considerandos el Decreto Legislativo n\u00famero 680 de 1992. <\/p>\n
Lo propio puede afirmarse de las temporales ventajas tributarias concedidas a quienes importen y enajenen bienes utilizables en el territorio nacional con el fin de atender la demanda de fuentes generadoras de electricidad o de aparatos id\u00f3neos para su transmisi\u00f3n y distribuci\u00f3n. <\/p>\n
Se observa que las normas revisadas circunscriben los beneficios de manera inequ\u00edvoca, tanto desde el punto de vista material como por el aspecto temporal. As\u00ed lo hace mediante la determinaci\u00f3n de las posiciones arancelarias correspondientes o la enumeraci\u00f3n de los bienes objeto del especial tratamiento tributario y la definici\u00f3n de las fechas tope para efectuar los actos por \u00e9l cobijados, todo lo cual encauza las medidas adoptadas hacia la finalidad espec\u00edfica de contrarrestar la crisis e impedir la extensi\u00f3n de sus efectos, tal como lo exige el art\u00edculo 215 de la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
En cuanto se refiere a la reestructuraci\u00f3n financiera del sector el\u00e9ctrico, es evidente que, dadas las circunstancias que el Decreto 680 de 1992 reconoci\u00f3 como deficiencias operacionales y financieras de las empresas a \u00e9l pertenecientes, se hac\u00eda necesario dise\u00f1ar, con la urgencia propia de la crisis, los planes de emergencia con arreglo a los cuales se garantizara la solidez econ\u00f3mica del sector en su conjunto, a su vez basada en la recuperaci\u00f3n de los niveles de equilibrio en las finanzas de las empresas consideradas individualmente, con el fin de eliminar las posibilidades futuras de que se repitan los fen\u00f3menos causantes de la perturbaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
Existe, entonces, una indudable vinculaci\u00f3n entre las razones invocadas por el Presidente de la Rep\u00fablica al declarar el Estado de Emergencia y las normas con arreglo a las cuales fueron establecidas las condiciones legales para desarrollar los fines en referencia, ya que, a la luz de la Constituci\u00f3n, no todos habr\u00edan podido alcanzarse con las facultades ordinarias del Ejecutivo y, a\u00fan con apoyo en ellas, los actos que hubiera sido factible realizar habr\u00edan tropezado con dificultades de tr\u00e1mite imposibles de conciliar con la gravedad de la crisis. <\/p>\n
As\u00ed establecido el nexo causal entre las determinaciones tomadas mediante el decreto que se revisa y la soluci\u00f3n de la crisis o el control de sus efectos, encuentra la Corte que aquellas se sujetaron a las exigencias constitucionales de relaci\u00f3n directa, exclusiva y espec\u00edfica con la emergencia, contempladas en el art\u00edculo 215 de la Carta. <\/p>\n
4. Examen de constitucionalidad por otros motivos <\/p>\n
a. Contrataci\u00f3n administrativa <\/p>\n
El art\u00edculo 150, inciso \u00faltimo, de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica establece como de competencia del Congreso, la expedici\u00f3n del estatuto general de contrataci\u00f3n de la administraci\u00f3n p\u00fablica y en especial de la administraci\u00f3n nacional. <\/p>\n
Desde luego, se trata de una atribuci\u00f3n espec\u00edficamente confiada a la rama legislativa en cuanto toca con disposiciones generales que se aplican a la administraci\u00f3n cuando \u00e9sta adelanta actos de gesti\u00f3n, los cuales, dada su naturaleza, deben ser regulados por la ley, por ser ella el medio id\u00f3neo para fijar el \u00e1mbito de competencia a las actuaciones de las entidades p\u00fablicas, preservando as\u00ed la transparencia en la contrataci\u00f3n. <\/p>\n
Esta facultad es ejercida por el Congreso en tiempos de normalidad, pero la situaci\u00f3n cambia cuando se trata de afrontar coyunturas cr\u00edticas que de suyo desbordan los marcos ordinarios establecidos por las instituciones, pues los naturales requerimientos de un r\u00e9gimen de contrataci\u00f3n administrativa pueden convertirse, aunque no en el motivo determinante de la crisis, s\u00ed en factor concomitante que, sumado a los motivos de la perturbaci\u00f3n, obstaculice o retarde la indispensable acci\u00f3n oficial tendiente a superar las dificultades que ofrece la alteraci\u00f3n del orden econ\u00f3mico. En consecuencia, no es extra\u00f1o ni ajeno a la normativa constitucional que uno de los medios encaminados a sortear la crisis, consista precisamente en ejercer funciones legislativas mediante las cuales modifique, de manera temporal o definitiva, aquellas disposiciones que habida cuenta de las exigencias que consagran sobre el supuesto de la normalidad, obstruyen las soluciones que el Ejecutivo estima adecuadas al fin propuesto. <\/p>\n
En ese orden de ideas, para el caso en estudio, la urgente e imperativa necesidad de contrarrestar la escasez de los recursos energ\u00e9ticos era precisamente, y sigue siendo, la adquisici\u00f3n pronta de equipos, aparatos, repuestos y dem\u00e1s elementos por medio de los cuales se genera, transmite y distribuye electricidad, para subsanar el d\u00e9ficit existente, lo cual a su vez requer\u00eda la sujeci\u00f3n de las entidades p\u00fablicas adquirentes a las reglas contenidas en el Decreto 222 de 1983 y disposiciones concordantes. <\/p>\n
Como quiera que algunos de los tr\u00e1mites all\u00ed previstos, en especial para contratos superiores a determinadas cuant\u00edas, est\u00e1n asociados, dentro del r\u00e9gimen ordinario de contrataci\u00f3n, a periodos de tiempo demasiado extensos y a condiciones de procedimiento complejas, por ello contrapuestas a la imprescindible agilidad de tales contratos, resultaba forzoso estatuir, por v\u00eda excepcional, mecanismos expeditos para celebrarlos. <\/p>\n
No ignora la Corte que las disposiciones relativas a contrataci\u00f3n administrativa para las entidades del sector el\u00e9ctrico resultan permanentes, al tenor del Decreto 700 de 1992, lo cual, sin embargo, no ri\u00f1e con el texto constitucional, toda vez que las normas expedidas en virtud del estado de excepci\u00f3n referido en el art\u00edculo 215 de la Carta, no est\u00e1n limitadas en el tiempo, a diferencia de lo que acontece con los decretos que puede dictar el Presidente de la Rep\u00fablica en los casos de guerra exterior y conmoci\u00f3n interior (art\u00edculos 212 y 213 de la Carta). <\/p>\n
En el mismo orden de ideas, el decreto revisado declara en su art\u00edculo final que deroga las disposiciones que le sean contrarias, lo cual significa que, a partir de su vigencia, los preceptos generales para la contrataci\u00f3n administrativa no son aplicables a las entidades aludidas en el art\u00edculo 1o., siempre y cuando se trate de contratos cuyo objeto corresponda al regulado en este estatuto. Es decir, hay una derogatoria parcial y no una simple suspensi\u00f3n de las respectivas normas legales, lo cual, por las razones que se dejan expuestas, tampoco se opone a las prescripciones constitucionales. <\/p>\n
Lo dicho resulta corroborado por el inciso 6o. del art\u00edculo 215 constitucional, a cuyo tenor est\u00e1 facultado el Congreso -titular de la atribuci\u00f3n legislativa ordinaria- para derogar, modificar o adicionar los decretos dictados por el Gobierno durante la emergencia, bien dentro del a\u00f1o siguiente a su expedici\u00f3n, si se trata de materias de iniciativa gubernamental privativa, o en todo tiempo respecto de temas no incluidos en esa restricci\u00f3n. <\/p>\n
Si el legislador ordinario no se encuentra conforme con el contenido de las normas adoptadas por el Ejecutivo durante el periodo de emergencia, habr\u00e1 de derogarlas, modificarlas o adicionarlas. Pero si, por el contrario, las deja intactas deber\u00e1 entenderse su consentimiento en que las prescripciones excepcionales sigan rigiendo. <\/p>\n
Lo anterior significa que las normas expedidas al amparo del Estado de Emergencia, ingresan al ordenamiento jur\u00eddico colombiano con car\u00e1cter permanente, teniendo vigencia hacia el futuro hasta el momento en que el legislador, ordinario o extraordinario, decida derogar, modificar o adicionar su contenido. <\/p>\n
La excepci\u00f3n a la regla anterior se encuentra enunciada en el inciso 3o. del art\u00edculo 215 constitucional, que autoriza al Ejecutivo, en ejercicio de facultades excepcionales, para legislar transitoriamente, estableciendo nuevos tributos o modificando los existentes. Tal legislaci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de permanencia, toda vez que deja de regir al t\u00e9rmino de la siguiente vigencia fiscal, si bien queda al Congreso la atribuci\u00f3n de prolongar su vigor, en caso de estimarlo conveniente. <\/p>\n
En el caso que se estudia, el legislador extraordinario ha fijado de manera exacta el l\u00edmite temporal de las modificaciones tributarias, el cual es inferior al plazo m\u00e1ximo se\u00f1alado en la Carta. <\/p>\n
b. Reestructuraci\u00f3n financiera del sector el\u00e9ctrico <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha reconocido de manera expresa que las deficiencias estructurales, financieras y operacionales del sector el\u00e9ctrico constituyen factor determinante de primera importancia en la crisis que el Gobierno busc\u00f3 afrontar al declarar el Estado de Emergencia Econ\u00f3mica: “El sistema el\u00e9ctrico, lo reconocen los expertos y las entidades encuestadas, est\u00e1 aquejado por dos tendencias que act\u00faan a manera de lastre: un crecimiento excesivo de su apalancamiento financiero, de su burocracia y de los proyectos que emprende, todo lo cual evidencia una tendencia a la saturaci\u00f3n y al crecimiento inercial. En el otro extremo se encuentra una tendencia a minimizar aspectos esenciales como son el de una administraci\u00f3n eficiente, el de una vigilancia estatal apropiada y el de est\u00e1ndares de operaci\u00f3n y comportamiento m\u00e1s amplios que los prop\u00f3sitos comerciales de cada una de las empresas. <\/p>\n
Claro est\u00e1 que en este momento, la carencia m\u00e1s dram\u00e1tica es la de producci\u00f3n del recurso para el cual fue establecido el sistema. <\/p>\n
En el horizonte de la crisis, y a la manera de trasfondo de la misma pero con ramificaciones aflorando en todos los aspectos negativos que se han rese\u00f1ado, est\u00e1 la situaci\u00f3n de falencia financiera en la que se encuentra el sistema el\u00e9ctrico desde hace m\u00e1s de diez a\u00f1os. El efecto negativo de la improvidencia en el apalancamiento del sector, que hoy se descarga en los usuarios, es fundamental para entender la actual crisis de producci\u00f3n y oferta de energ\u00eda, sin que pueda llegar a decirse que se trata de un mismo fen\u00f3meno. La crisis financiera ha estado siempre all\u00ed, y su influencia en el estado de emergencia que hoy se enfrenta es decisiva, pero no debe confundirse la esfera de un largo periodo de gestaci\u00f3n con un fen\u00f3meno que se expresa abruptamente como el racionamiento actual. <\/p>\n
La crisis financiera influye en esta coyuntura actual al drenar los recursos obtenidos en la operaci\u00f3n, de por s\u00ed deficitaria, y canalizarlos hacia el pago de la deuda; influye tambi\u00e9n al imbuir al sector de un mal entendido esp\u00edritu de ahorro, que se expres\u00f3 en el retraso de construcciones, en la reducci\u00f3n de lo destinado a inversi\u00f3n, en el recorte de gastos de funcionamiento, en la adquisici\u00f3n de menos combustible para las t\u00e9rmicas y la adopci\u00f3n de un costo de racionamiento bajo. La crisis financiera del sector el\u00e9ctrico es el antecedente obligado de la coyuntura actual.”1 <\/p>\n
Abstracci\u00f3n hecha del nexo causal existente entre las medidas que plasma el decreto revisado en cuanto al aspecto financiero y las causas de la perturbaci\u00f3n, debe la Corte establecer si, consideradas en s\u00ed mismas, tales disposiciones se ajustan a la preceptiva superior. <\/p>\n
Ninguna objeci\u00f3n de \u00edndole constitucional merecen las normas a cuyo tenor se autoriza a la Naci\u00f3n y a las entidades p\u00fablicas para novar y asumir obligaciones a cargo de las empresas del sector el\u00e9ctrico, puesto que ello es apenas natural, en el contexto de las atribuciones legislativas excepcionales, si de lo que se trata es de impedir que los efectos de la crisis se extiendan hacia el futuro. <\/p>\n
Dichos preceptos deben armonizarse con los consagrados de manera general para todas las entidades p\u00fablicas por el Cap\u00edtulo III de la Ley 51 de 1990, los cuales tienen el prop\u00f3sito de proveer a su saneamiento econ\u00f3mico y financiero, mediante compensaciones, daciones en pago, capitalizaci\u00f3n de acreencias, operaciones de cr\u00e9dito p\u00fablico con garant\u00eda de la Naci\u00f3n, celebraci\u00f3n de acuerdos de pago, reordenamiento, fusi\u00f3n y a\u00fan liquidaci\u00f3n de entes, todo lo cual ha sido expresamente autorizado por el Congreso, para \u00e9pocas de normalidad. <\/p>\n
Ahora bien, por cuanto concierne a las medidas especiales que se adoptan en el decreto revisado para las entidades del sector el\u00e9ctrico, ellas se ubican dentro de la perspectiva de un urgente y necesario salvamento, que exige una visi\u00f3n de conjunto, a la luz del art\u00edculo 215 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. Esas medidas no pueden analizarse, entonces, de manera aislada sino como plan de emergencia para la recuperaci\u00f3n del sector el\u00e9ctrico, tal como lo define el art\u00edculo 10o. del decreto objeto de examen. <\/p>\n
Es propio de la funci\u00f3n gubernamental en el terreno socio-econ\u00f3mico, que la Naci\u00f3n contraiga directamente obligaciones, bien por la v\u00eda de la celebraci\u00f3n de contratos, ya por la negociaci\u00f3n de empr\u00e9stitos, o que asuma o avale las que se hallan en cabeza de entidades estatales que atraviesan por coyunturas cr\u00edticas, con el objeto de preservar la eficaz prestaci\u00f3n de los servicios p\u00fablicos o la defensa de los intereses colectivos. <\/p>\n
Para que esa funci\u00f3n logre alcanzar sus fines sin transgredir las normas constitucionales, es indispensable que, en circunstancias normales, medie la autorizaci\u00f3n especial del Congreso (art\u00edculo 150, numeral 9 de la Carta), pero en periodos extraordinarios como son precisamente los reconocidos en el Decreto 680 de 1992, tal exigencia queda exclu\u00edda desde el momento en que el Presidente de la Rep\u00fablica asume, adem\u00e1s de su funci\u00f3n administrativa, el papel de legislador extraordinario y, por tanto, dado el alcance legislativo de los decretos que puede proferir, mal podr\u00eda requer\u00edrsele permiso expreso de la ley para cada operaci\u00f3n de endeudamiento, pues ello implicar\u00eda la creaci\u00f3n de obst\u00e1culos adicionales a la crisis en s\u00ed misma, esto es, se tendr\u00eda una interpretaci\u00f3n extra\u00f1a a los dictados de la Carta. As\u00ed, en situaciones como la que se analiza, en las cuales se halla comprometido el equilibrio financiero de todo un sector econ\u00f3mico, se har\u00edan inalcanzables las metas del estado de excepci\u00f3n si la funci\u00f3n reparadora que se conf\u00eda al Gobierno tuviera forzosamente que moverse dentro de los estrechos l\u00edmites de autorizaciones especiales y fijaci\u00f3n de cuant\u00edas, que por otra parte, en situaciones como las que dieron origen a esta declaratoria de emergencia, ser\u00edan imposibles de determinar previamente. <\/p>\n
Es esta la raz\u00f3n por la cual, en el sentir de la Corte, no resultan inconstitucionales los art\u00edculos que, sin definir cantidades, permiten que la Naci\u00f3n y otras entidades p\u00fablicas tomen a su cargo obligaciones que se radicaban en cabeza de las empresas pertenecientes al sector el\u00e9ctrico. <\/p>\n
<\/p>\n
Lo anterior resulta todav\u00eda m\u00e1s claro si se observa que el decreto materia de revisi\u00f3n contempla disposiciones con arreglo a las cuales los nuevos compromisos de la Naci\u00f3n se contraer\u00e1n a cambio de activos productivos, de acciones o de aportes sociales de propiedad de las entidades pertenecientes al sector el\u00e9ctrico (art\u00edculos 10, 11 y 16), lo cual asegura que los intereses nacionales no queden desprotegidos. <\/p>\n
Paralelamente a las medidas en referencia, el Decreto 700 de 1992 consagra disposiciones espec\u00edficas que las complementan. Tal es el caso de la reducci\u00f3n a un centavo del valor nominal de las acciones en que se encuentra dividido el capital social de la Central Hidroel\u00e9ctrica de Betania S.A. (art\u00edculo 12), mecanismo indispensable para su capitalizaci\u00f3n, que no viola la Carta Pol\u00edtica por cuanto se trata apenas del reconocimiento de una situaci\u00f3n anterior cual es el precario estado patrimonial de la compa\u00f1\u00eda, necesariamente reflejado en el valor nominal de sus acciones. Ello no lesiona el inter\u00e9s econ\u00f3mico de los socios y, por el contrario, habida cuenta de la capitalizaci\u00f3n que la norma dispone, repercute en la recuperaci\u00f3n financiera de la entidad para orientarla hacia los fines del servicio p\u00fablico afectado como consecuencia de las deficiencias operacionales que motivaron al Ejecutivo para declarar el estado de excepci\u00f3n (Considerando 2, Decreto 680 de 1992). <\/p>\n
Agr\u00e9guese a lo dicho que la funci\u00f3n estatal debe enderezarse, para realizar los fines propuestos por el art\u00edculo 1o. de la Carta, hacia la prevalencia del inter\u00e9s general. <\/p>\n
El art\u00edculo 14, por su parte, autoriza al Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico la emisi\u00f3n de bonos de deuda p\u00fablica externa y la celebraci\u00f3n de contratos de empr\u00e9stito interno, lo cual encaja dentro de las atribuciones propias del legislador (art\u00edculo 150, numeral 9), asumidas extraordinariamente por el ejecutivo, seg\u00fan lo expuesto. <\/p>\n
Lo propio puede afirmarse de lo previsto en los art\u00edculos 14 y 16, el primero de los cuales faculta al Ministerio de Hacienda para que gestione y celebre acuerdos contractuales con los acreedores de las entidades pertenecientes al sector en materia de cr\u00e9dito p\u00fablico, mientras el segundo autoriza al Gobierno para celebrar contratos de administraci\u00f3n y fiducia sobre los activos que reciba a cualquier t\u00edtulo de dichas entidades. Estos actos, en punto de la competencia constitucional, est\u00e1n regidos por el mismo principio y, seg\u00fan lo antes afirmado, caben dentro del conjunto de atribuciones excepcionales del Presidente en el estado de emergencia. <\/p>\n
Los art\u00edculos 17 y 19 aluden a requisitos de contrataci\u00f3n simplificados y a exenciones de impuestos respecto de los contratos autorizados, puntos que ya han sido materia de examen. <\/p>\n
El art\u00edculo 18 dispone la consecuencia apenas natural, derivada del conjunto normativo en estudio, es decir la ampliaci\u00f3n del cupo de endeudamiento general de la Naci\u00f3n, seg\u00fan atribuci\u00f3n legislativa radicada excepcionalmente en cabeza del Gobierno. <\/p>\n
En cuanto al art\u00edculo 13, desde luego enmarcado dentro de los objetivos de ordenaci\u00f3n financiera del sector, tiene sin embargo, un alcance restringido al campo de la capacidad jur\u00eddica del Instituto Colombiano de Energ\u00eda El\u00e9ctrica -ICEL-, ya que elimina, a partir del 1o. de mayo de 1992, las posibilidades que dicha entidad ten\u00eda de efectuar actos de intermediaci\u00f3n comercial, a objeto de encauzar sus actividades a la prestaci\u00f3n del servicio de energ\u00eda en zonas no interconectadas. Esto, adem\u00e1s de corresponder al prop\u00f3sito de conjurar la emergencia, no es otra cosa que la expresi\u00f3n concreta de la funci\u00f3n legislativa en cuanto al r\u00e9gimen de las entidades p\u00fablicas, tambi\u00e9n temporalmente a cargo del Ejecutivo. <\/p>\n
c. Inconstitucionalidad de la retenci\u00f3n de facultades legislativas <\/p>\n
A juicio de la Corte, en relaci\u00f3n con las medidas que integran el Cap\u00edtulo II del decreto en estudio, es necesario precisar que ellas \u00fanicamente tienen justificaci\u00f3n con motivo de las circunstancias extraordinarias invocadas por el Gobierno en cuanto a deficiencias actuales del sector energ\u00e9tico en materia operacional y financiera, lo cual a su vez las ubica dentro del \u00e1mbito propio del Estado de Emergencia y reivindica su constitucionalidad, pero siempre y cuando sus efectos sean tan excepcionales como las causas que les sirven de sustento. Es decir que las facultades de orden administrativo y financiero conferidas en el Cap\u00edtulo mencionado no se pueden extender indefinidamente a situaciones posteriores ajenas a la crisis (art\u00edculo 215 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica). <\/p>\n
En consonancia con ese criterio, no son admisibles aquellas disposiciones que implican el ejercicio indefinido de atribuciones ya no administrativas sino legislativas en cabeza del Gobierno, ya que, por mandato perentorio del art\u00edculo 215 citado, en concordancia con la cl\u00e1usula general de competencia consagrada por la Constituci\u00f3n a favor del Congreso (art\u00edculo 150), las posibilidades de que el Ejecutivo legisle por la v\u00eda del estado de emergencia, adem\u00e1s del l\u00edmite material aludido, se hallan supeditadas de manera estricta al lapso de tiempo que el propio Gobierno se\u00f1ala al expedir el decreto que reconoce la perturbaci\u00f3n del orden econ\u00f3mico. De all\u00ed que no pueda el Presidente dictar decretos legislativos despu\u00e9s de vencido ese t\u00e9rmino ni usar los que expida en tiempo para retener intemporalmente la funci\u00f3n que mediante ellos se agota. <\/p>\n
Interpretar con largueza las atribuciones legislativas excepcionales, a tal punto que se reputaran ajustadas a la Constituci\u00f3n las normas por medio de las cuales el legislador extraordinario prorroga, m\u00e1s all\u00e1 del t\u00e9rmino prefijado, dichas posibilidades, significar\u00eda aceptar que por este mecanismo es factible trasladar definitivamente la competencia del Congreso a manos del Ejecutivo. <\/p>\n
De conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 1o. del Decreto 680 de 1992, invocado por el Presidente de la Rep\u00fablica para expedir el 700 que ahora se revisa, el Estado de Emergencia Econ\u00f3mica y Social se extendi\u00f3 “desde la fecha de vigencia del presente decreto y hasta las veinticuatro horas del d\u00eda lunes 27 de abril del a\u00f1o en curso”. <\/p>\n
Por tanto, \u00fanicamente dentro de dicho t\u00e9rmino pod\u00eda el Gobierno dictar normas con fuerza legislativa, pues a partir de su vencimiento retom\u00f3 pleno vigor la distribuci\u00f3n ordinaria de competencias, quedando despojado el Ejecutivo de atribuciones suficientes para ejercer funciones de aquellas que la Constituci\u00f3n conf\u00eda al Congreso de la Rep\u00fablica. <\/p>\n
Tal es el caso de la facultad prevista en el art\u00edculo 150 numeral 7o. , de la Carta Pol\u00edtica, relativa a asuntos como la determinaci\u00f3n de la estructura de la administraci\u00f3n nacional, la creaci\u00f3n, supresi\u00f3n o fusi\u00f3n de ministerios, departamentos administrativos, establecimientos p\u00fablicos y otras entidades del orden nacional (se subraya), el se\u00f1alamiento de sus objetivos y estructura org\u00e1nica, entre otros aspectos all\u00ed mismo indicados, todos los cuales son objeto de ley y que bien pod\u00eda el Presidente de la Rep\u00fablica haber asumido dentro del t\u00e9rmino del Estado de excepci\u00f3n para conjurar la crisis, pero no despu\u00e9s de expirado el mismo. <\/p>\n
No obstante, s\u00ed es de la \u00f3rbita ordinaria del Gobierno, seg\u00fan lo estatuye el art\u00edculo 189, numeral 19, de la Constituci\u00f3n, la funci\u00f3n de “modificar la estructura de los Ministerios, Departamentos Administrativos y dem\u00e1s entidades u organismos administrativos nacionales”, siempre y cuando se ejerza, como la propia norma superior lo exige, “con sujeci\u00f3n a los principios y reglas generales que defina la ley”. Nada impedir\u00eda que el Presidente as\u00ed lo hiciera, inclusive despu\u00e9s de vencido el t\u00e9rmino de Emergencia Econ\u00f3mica, en cuanto le corresponde como atribuci\u00f3n suya que no necesita de investidura como legislador extraordinario, claro est\u00e1 que sujet\u00e1ndose a los principios y reglas generales definidas por la ley. <\/p>\n
En el Decreto Legislativo de cuyo examen se ocupa la Corte aparecen dos disposiciones cuya ambig\u00fcedad e indefinici\u00f3n impiden ubicar con certeza las facultades que incorporan dentro de una de las hip\u00f3tesis planteadas. Se trata del inciso 2o. del art\u00edculo 10 -“As\u00ed mismo, el Gobierno Nacional podr\u00e1 adoptar las reformas estatutarias y reestructuraciones de las entidades del sector el\u00e9ctrico que sean necesarias para los fines del presente decreto” y de la oraci\u00f3n final del inciso 1\u00ba del art\u00edculo 13 -“Con base en lo anterior, el Gobierno Nacional adoptar\u00e1 las reformas estatutarias a que haya lugar”- (Subraya la Corte). <\/p>\n
Los transcritos apartes pueden ser interpretados en dos sentidos diferentes: uno, contrario a la Constituci\u00f3n, que consistir\u00eda en entender que hacia el futuro y sin l\u00edmite el Ejecutivo quedara autorizado para efectuar las reformas estatutarias y reestructuraciones de establecimientos p\u00fablicos u otros organismos nacionales pertenecientes al sector el\u00e9ctrico como si fuera el Congreso, es decir, ejerciendo la atribuci\u00f3n prevista en el numeral 7 del art\u00edculo 150 de la Carta, pues ello -se repite- lo habr\u00eda podido hacer investido de los poderes excepcionales propios del Estado de Emergencia antes de expirar el t\u00e9rmino de \u00e9ste, agotando la facultad en calidad de legislador extraordinario, mas no autofacult\u00e1ndose o reteniendo tal atribuci\u00f3n para ejercerla despu\u00e9s de dicha expiraci\u00f3n; otro, acorde con la Constituci\u00f3n, que radicar\u00eda en considerar que las reformas estatutarias y reestructuraciones habr\u00e1n de ser efectuadas por el Gobierno con sujeci\u00f3n a los principios y reglas generales que defina la ley (art\u00edculo 189, numeral 16 de la Carta) y no reteniendo la atribuci\u00f3n legislativa prevista en el numeral 7 del art\u00edculo 150, la cual, una vez expirado el tiempo de la Emergencia, retorn\u00f3 en su integridad y en forma exclusiva al Congreso de la Rep\u00fablica. <\/p>\n
Es consecuencia de lo dicho que, con arreglo al criterio seg\u00fan el cual las normas jur\u00eddicas deben ser interpretadas de modo en que se acomoden a la preceptiva constitucional, se deduzca la exequibilidad de los transcritos apartes, s\u00f3lo si su entendimiento y posterior aplicaci\u00f3n consultan lo estatuido en el art\u00edculo 189, numeral 16 de la Carta y, por tanto, si se considera que las reformas estatutarias y las reestructuraciones que ellos prev\u00e9n habr\u00e1n de ser ejecutadas “con sujeci\u00f3n a los principios y reglas que defina la ley”. De lo contrario, esos mismos apartes son inconstitucionales. <\/p>\n
d. Modificaciones al Presupuesto Nacional <\/p>\n
Finalmente se ocupa la Corte en el an\u00e1lisis de las disposiciones contenidas en el Cap\u00edtulo III del Decreto 700 de 1992, las cuales deben mirarse en concordancia con las del Cap\u00edtulo II ya tratado, toda vez que el Gobierno las estim\u00f3 indispensables para llevar a cabo la reestructuraci\u00f3n financiera del sector el\u00e9ctrico. Esas normas contemplan modificaciones al Presupuesto General de la Naci\u00f3n para la vigencia fiscal de 1992, seg\u00fan lo antes expuesto. <\/p>\n
Compete al Congreso, como sucede con varias de las funciones consideradas, la expedici\u00f3n del Presupuesto General de la Naci\u00f3n. Esa facultad ha de ejercerse ordinariamente previa la presentaci\u00f3n del proyecto correspondiente por el Gobierno y con aplicaci\u00f3n de los principios y tr\u00e1mites que establece el Cap\u00edtulo 3 del T\u00edtulo XII de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
En condiciones normales, toda modificaci\u00f3n a la ley anual de presupuesto de rentas es tambi\u00e9n propia de la actividad legislativa ordinaria, con iniciativa del Gobierno, seg\u00fan resulta de las disposiciones consagradas en los art\u00edculos 150, numeral 11, y 154, inciso 2o., de la Carta. En cuanto al presupuesto de gastos, de conformidad con el art\u00edculo 347 constitucional, no es susceptible de ser incrementado durante el a\u00f1o fiscal por encima del tope fijado por la ley anual de presupuesto. Sin embargo, nada obsta, a la luz de los preceptos constitucionales, para que en tiempos de perturbaci\u00f3n del orden econ\u00f3mico y social, con el objeto de hacer frente a las necesidades propias de \u00e9sta, sea el Presidente de la Rep\u00fablica con la firma de todos sus ministros, quien, revestido de poderes extraordinarios, modifique o incremente tanto el presupuesto de rentas como el de gastos, siempre y cuando ello se haga con el \u00fanico objeto de conjurar la crisis. <\/p>\n
As\u00ed se deduce no solamente del sentido y los fines de una instituci\u00f3n como la del estado de emergencia econ\u00f3mica, sino de la interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica de las normas constitucionales que hoy estructuran los estados de excepci\u00f3n en su conjunto (art\u00edculos 212 a 215) en armon\u00eda con los art\u00edculos 345 y <\/p>\n
siguientes, que est\u00e1n concebidos sobre el supuesto de que la distribuci\u00f3n de competencias en materia presupuestal debe tener desarrollo “en tiempo de paz”, por cuanto los apremios de una situaci\u00f3n tan urgente que ha hecho necesaria la apelaci\u00f3n a facultades extraordinarias como las que invoca el decreto examinado, a partir de una declaratoria ya hallada exequible por esta Corte, no son compatibles con la aplicaci\u00f3n de aquellas previsiones si de lo que se trata es de arbitrar recursos en forma inmediata y de aplicarlos efectivamente a los fines de contrarrestar los hechos perturbatorios y la extensi\u00f3n de sus efectos, como ocurre en el presente caso. <\/p>\n
Esto no acontece \u00fanicamente en la vigencia de la Constituci\u00f3n de 1991, sino que pod\u00eda tener cabida al amparo de la Carta anterior, como lo acredita la jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema de Justicia, plasmada especialmente en las sentencias del 25 de noviembre de 1976 (Magistrado Ponente: Dr. Guillermo Gonz\u00e1lez Charry) y del 13 de marzo de 1986 (Magistrado Ponente: Dr. Fabio Mor\u00f3n D\u00edaz), mediante las cuales se admiti\u00f3 expresamente que tanto en los casos del art\u00edculo 121 como en los del 122 de dicha Constituci\u00f3n, la obtenci\u00f3n de recursos fiscales para atender las necesidades de orden p\u00fablico pod\u00eda hacerse por medio de decretos legislativos. As\u00ed lo preve\u00eda de manera espec\u00edfica el art\u00edculo 104 del anterior estatuto org\u00e1nico del Presupuesto (Decreto 294 de 1973) y lo prev\u00e9 en similares t\u00e9rminos el art\u00edculo 69 de la ley org\u00e1nica de Presupuesto hoy en vigor (Ley 38 de 1989), cuando se\u00f1ala que los cr\u00e9ditos adicionales destinados a pagar gastos por calamidad p\u00fablica o los ocasionados durante los estados de excepci\u00f3n, declarados por el Gobierno Nacional, para los cuales no se hubiese inclu\u00eddo apropiaci\u00f3n en el Presupuesto ser\u00e1n abiertos en la forma que el Presidente de la Rep\u00fablica y el Consejo de Ministros lo decidan. <\/p>\n
No ignora esta Corporaci\u00f3n que el 15 de abril de 1986 fue declarado inexequible por la Corte Suprema de Justicia el Decreto Legislativo 3518 de 1985, expedido al amparo de las atribuciones excepcionales del entonces art\u00edculo 122 de la Constituci\u00f3n, mediante el cual se introduc\u00edan modificaciones al Presupuesto Nacional para la vigencia fiscal de ese a\u00f1o con el objeto de atender las necesidades propiciadas por la erupci\u00f3n del volc\u00e1n Nevado del Ru\u00edz, pero debe observarse que esa oposici\u00f3n con la Carta Pol\u00edtica fue deducida no de una imposibilidad constitucional de asunci\u00f3n de dicha facultad por el Ejecutivo en tiempos de crisis, sino de la existencia de figuras ordinarias alternativas, tales como la del art\u00edculo 212 de la Constituci\u00f3n derogada, que permit\u00eda la apertura de cr\u00e9ditos suplementales o extraordinarios en el Presupuesto aun en tiempo de paz, no hall\u00e1ndose reunido el Congreso y siendo urgente la realizaci\u00f3n de gastos, previo concepto del Consejo de Estado, pues entendi\u00f3 entonces la Corte Suprema que el Gobierno contaba con una v\u00eda expedita que hac\u00eda innecesaria la utilizaci\u00f3n de atribuciones extraordinarias. <\/p>\n
Es claro que hoy, no existiendo la instituci\u00f3n de los cr\u00e9ditos suplementales o extraordinarios que preve\u00eda el antiguo art\u00edculo 212 de la Carta, las emergencias como la que ahora se afronta no tienen para el Gobierno, en materia presupuestal, salida distinta a la del art\u00edculo 215 de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, debe anotarse que las normas presupuestales inclu\u00eddas en el decreto analizado se aplican \u00fanicamente a la vigencia fiscal de 1992 y, por tanto, dejan intacta la capacidad del Congreso para disponer en la materia por lo que ata\u00f1e a las futuras vigencias, no existiendo por ello retenci\u00f3n de facultades legislativas por el Ejecutivo. A lo dicho se a\u00f1ade la posibilidad que de todos modos se otorga a las C\u00e1maras en el sentido de derogar, modificar o adicionar, dentro del a\u00f1o siguiente, las normas dictadas, tal como lo estipula el art\u00edculo 215, inciso 6o., de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
e. Modificaciones a las normas tributarias <\/p>\n
Ning\u00fan reparo encuentra la Corte al ejercicio de la funci\u00f3n legislativa por el Presidente de la Rep\u00fablica para conceder exenciones temporales e introducir modificaciones a algunos impuestos, seg\u00fan an\u00e1lisis ya efectuado, pues de manera expresa el art\u00edculo 215 de la Constituci\u00f3n autoriza al Ejecutivo para proceder a ello siempre que lo haga en forma transitoria. <\/p>\n
f. Otras disposiciones <\/p>\n
En cuanto son complementarias de las ya estudiadas y no vulneran en s\u00ed mismas precepto alguno superior, las reglas contenidas en los art\u00edculos 21 a 29 del Decreto 700 de 1992, ser\u00e1n declaradas exequibles. <\/p>\n
VI. DECISION <\/p>\n
Con fundamento en las consideraciones que anteceden, la Corte Constitucional de la Rep\u00fablica de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n
R E S U E L V E : <\/p>\n
PRIMERO.- Decl\u00e1rase EXEQUIBLE el Decreto Legislativo No. 700 del 24 de abril de 1992, “Por el cual se adoptan medidas en materia de contrataci\u00f3n, endeudamiento, presupuesto y reestructuraci\u00f3n de las entidades del sector el\u00e9ctrico y se adoptan otras disposiciones con el fin de conjurar la crisis en el servicio p\u00fablico de energ\u00eda el\u00e9ctrica e impedir la extensi\u00f3n de sus efectos”, salvo los apartes que a continuaci\u00f3n se indican. <\/p>\n
SEGUNDO.- En cuanto se refiere al inciso 2o. del art\u00edculo 10 (“As\u00ed mismo, el Gobierno Nacional podr\u00e1 adoptar las reformas estatutarias y reestructuraciones administrativas de las entidades del orden nacional del sector el\u00e9ctrico que sean necesarias para los fines del presente decreto”) y a las expresiones “Con base en lo anterior, el Gobierno Nacional adoptar\u00e1 las reformas estatutarias a que haya lugar”, pertenecientes al art\u00edculo 13, son EXEQUIBLES interpretadas \u00fanicamente en el sentido de que las atribuciones all\u00ed conferidas al Ejecutivo se ejercer\u00e1n “con sujeci\u00f3n a los principios y reglas generales que defina la ley”, tal como lo establece el numeral 16 del art\u00edculo 189 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
En consecuencia, los referidos apartes, bajo cualquier otra interpretaci\u00f3n, son INEXEQUIBLES. <\/p>\n
COPIESE, COMUNIQUESE AL GOBIERNO NACIONAL, PUBLIQUESE EN LA GACETA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y CUMPLASE. <\/p>\n
SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ <\/p>\n
CIRO ANGARITA BARON EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ <\/p>\n
Magistrado Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO FABIO MORON DIAZ <\/p>\n
Magistrado Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
JAIME SANIN GREIFFENSTEIN <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO <\/p>\n
Secretaria General <\/p>\n
<\/p>\n
1Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia de esta misma fecha, por medio de la cual se declar\u00f3 exequible el Decreto 680 de 1992. Magistrado Ponente: Dr. Eduardo Cifuentes Mu\u00f1oz. <\/p>\n
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