C-307-95<\/p>\n
Sentencia No. C-307\/95 <\/p>\n
NORMA DEROGADA-Carencia actual de objeto <\/p>\n
La Corte Constitucional ha reiterado que en funci\u00f3n de la guarda de la integridad y supremac\u00eda de la Constituci\u00f3n, ella debe conocer de disposiciones que hayan sido acusadas y se encuentren derogadas \u00fanicamente cuando tales normas contin\u00faen produciendo efectos jur\u00eddicos. En cambio, si la norma demandada excluida del ordenamiento jur\u00eddico no sigue surtiendo efectos jur\u00eddicos o nunca los produjo, el pronunciamiento de constitucionalidad resulta inocuo, por carencia de objeto. <\/p>\n
<\/p>\n
REF: Demanda No. D-780 <\/p>\n
<\/p>\n
Norma acusada: Art\u00edculo 183 de la Ley 136 de 1994. <\/p>\n
<\/p>\n
Actor: Bruno Camargo Giraldo <\/p>\n
Magistrado Ponente: ALEJANDRO MART\u00cdNEZ CABALLERO. <\/p>\n
<\/p>\n
Santa Fe de Bogot\u00e1, trece (13) de julio de mil novecientos noventa y cinco (1995). <\/p>\n
La Corte Constitucional de la Rep\u00fablica de Colombia, integrada por su Presidente Jos\u00e9 Gregorio Hern\u00e1ndez Galindo y por los Magistrados Jorge Arango Mej\u00eda, Antonio Barrera Carbonell, Eduardo Cifuentes Mu\u00f1oz, Carlos Gaviria D\u00edaz, Hernando Herrera Vergara, Alejandro Mart\u00ednez Caballero, Fabio Mor\u00f3n D\u00edaz y Vladimiro Naranjo Mesa <\/p>\n
EN NOMBRE DEL PUEBLO <\/p>\n
Y <\/p>\n
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION <\/p>\n
Ha pronunciado la siguiente <\/p>\n
SENTENCIA <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
El ciudadano Bruno Camargo Giraldo presenta demanda de inconstitucionalidad contra el art\u00edculo 183 de la Ley 136 de 1994, la cual fue radicada con el n\u00famero D-780. Cumplidos, como est\u00e1n, los tr\u00e1mites previstos en la Constituci\u00f3n y en el Decreto No. 2067 de 1991, procede la Corte a decidir el asunto por medio de esta sentencia. <\/p>\n
1. Del texto legal objeto de revisi\u00f3n. <\/p>\n
El art\u00edculo 183 de la Ley 136 de 1994 precept\u00faa lo siguiente: <\/p>\n
Art\u00edculo 183.-” Disposiciones Varias- Definici\u00f3n de Residencia: Enti\u00e9ndese por residencia para los efectos establecidos en el art\u00edculo 316 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, el lugar donde una persona habita o de manera regular est\u00e1 de asiento, ejerce su profesi\u00f3n u oficio o posee alguno de sus negocios o empleo”-. <\/p>\n
2. De los argumentos de la demanda. <\/p>\n
El actor considera que la norma demandada viola el art\u00edculo 316 de la Constituci\u00f3n, por cuanto la definici\u00f3n legal de residencia electoral no corresponde al mandato constitucional. Seg\u00fan su criterio, <\/p>\n
“El contenido normativo del art\u00edculo 183 de la ley 136 de 1994, al definir el concepto de residencia, entra en contradicci\u00f3n con el texto constitucional, puesto que es claro que lo establecido por el constituyente fue que las autoridades locales de elecci\u00f3n popular tuviesen su residencia en el municipio para el cual aspirasen ser elegidas. Es evidente que el texto del art\u00edculo 316 de la Carta Pol\u00edtica cuando precept\u00faa que: en las votaciones para autoridades locales s\u00f3lo podr\u00e1n participar los ciudadanos residentes en el respectivo municipio, ordena que los ciudadanos inscritos para las elecciones de los miembros de la administraci\u00f3n local hubiesen mantenido, una relaci\u00f3n de hecho y determinada en el tiempo con el municipio, de forma tal que quien resultase elegido tuviese el suficiente conocimiento de la problem\u00e1tica local.” <\/p>\n
“El legislador desarrollando un precepto constitucional de car\u00e1cter restrictivo lo que hizo fue crear una norma a cuyo tenor un ciudadano que habite en un municipio determinado puede ser elegido como autoridad local de otro municipio, por el s\u00f3lo hecho de tener un negocio situado en el lugar donde pretendiera ser elegido. <\/p>\n
Forzoso es concluir que el legislador desatendi\u00f3 un mandato restrictivo de car\u00e1cter constitucional creando una norma que dar\u00e1 pie a la desaparici\u00f3n del principio de participaci\u00f3n ciudadana en la administraci\u00f3n local querido por el constituyente de 1991 y que necesariamente nos retroceder\u00e1 a aquellos momentos donde las autoridades locales eran elegidas por el poder central, produci\u00e9ndose el mismo efecto: la imposici\u00f3n de una autoridad local de car\u00e1cter for\u00e1neo”. <\/p>\n
3. Intervenci\u00f3n ciudadana y de autoridades p\u00fablicas <\/p>\n
En el presente proceso no hubo intervenci\u00f3n ciudadana ni de autoridades pues, seg\u00fan consta en el informe secretarial del nueve de diciembre de 1994, el t\u00e9rmino de fijaci\u00f3n en lista transcurri\u00f3 y venci\u00f3 en silencio. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Del concepto del Viceprocurador General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
El once de enero de 1995, el Se\u00f1or Procurador General de la Naci\u00f3n, Orlando V\u00e1zquez Vel\u00e1zquez, se declara impedido para conceptuar sobre la constitucionalidad de la norma acusada, por haber participado, como congresista, en la tramitaci\u00f3n y expedici\u00f3n de la Ley 136 de 1994. El 17 de enero de 1995 la Sala Plena de la Corte acepta dicho impedimento, por lo cual el concepto del Ministerio P\u00fablico fue rendido en este proceso por el Se\u00f1or Luis Eduardo Montoya Medina, Viceprocurador General de la Naci\u00f3n (E), quien solicita que la norma impugnada sea declarada exequible. <\/p>\n
Seg\u00fan la Vista Fiscal, la Corte, en la sentencia C-130 de 1994, ya hab\u00eda considerado que la utilizaci\u00f3n de la definici\u00f3n de domicilio del C\u00f3digo Civil para efectos electorales no contraven\u00eda ning\u00fan precepto constitucional. Y, seg\u00fan su criterio, esta decisi\u00f3n tiene s\u00f3lidas bases, pues la validez constitucional de la mayor o menor amplitud de “la noci\u00f3n de residencia a que alude el art\u00edculo 316, siendo competencia del legislador la determinaci\u00f3n de su extensi\u00f3n, est\u00e1 fundada en su razonabilidad que conjuga no s\u00f3lo un cierto grado de pertenencia a un lugar, sino tambi\u00e9n a una comunidad sociol\u00f3gica.” Ahora bien, para el Viceprocurador, la norma acusada es razonable y guarda armon\u00eda con la regla superior, pues el Legislador puede tomar en consideraci\u00f3n ciertas actividades cumplidas por el ciudadano -como el ejercicio profesional o el asiento de los negocios- para definir la residencia electoral, pues \u00e9stas “indican relaci\u00f3n con la vida local o municipal que es lo que en el transfondo le restringe y legitima su derecho pol\u00edtico.” Concluye entonces la Vista Fiscal: <\/p>\n
“No se trata en la presente causa de indagar por las distinciones que la jurisprudencia y la doctrina han hecho sobre el domicilio y la residencia civil, que no obstante las diferencias, reconoce tambi\u00e9n un elemento objetivo com\u00fan como es la relaci\u00f3n de una persona con un lugar, el ente territorial para el caso. En el escenario que para efectos electorales propone la Constituci\u00f3n para la residencia en el art\u00edculo 316, son perfectamente v\u00e1lidos los supuestos que describe la norma acusada en el \u00e1mbito de la vida municipal que regula la Ley a la que pertenece; por ello, lejos de violar lo acusado las preceptivas superiores, se adec\u00faa al texto que se alega infringido.” <\/p>\n
II. FUNDAMENTO JUR\u00cdDICO <\/p>\n
Competencia. <\/p>\n
1- Conforme al art\u00edculo 241 ordinal 4\u00ba de la Constituci\u00f3n, la Corte es competente para conocer de la constitucionalidad del art\u00edculo 183 de la Ley 136 de 1994, ya que se trata de la demanda de un ciudadano contra una norma legal. <\/p>\n
Sustracci\u00f3n de materia y sentencia inhibitoria. <\/p>\n
2- El 31 de agosto de 1994 fue promulgada, luego de ser aprobada por el Congreso y revisada por esta Corporaci\u00f3n1, la Ley estatutaria 163 de 1994, “por la cual se expiden algunas disposiciones en materia electoral”. Esta ley, en su art\u00edculo 4\u00ba, establece: <\/p>\n
Art\u00edculo 4 Residencia electoral. Para efectos de lo dispuesto en el art\u00edculo 316 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la residencia ser\u00e1 aquella en donde se encuentre registrado el votante en el censo electoral. <\/p>\n
Se entiende que, con la inscripci\u00f3n, el votante declara, bajo la gravedad del juramento, residir en el respectivo municipio. <\/p>\n
Sin perjuicio de las sanciones penales, cuando mediante procedimiento breve y sumario se compruebe que el inscrito no reside en el respectivo municipio, el Consejo Nacional Electoral declarar\u00e1 sin efecto la inscripci\u00f3n. <\/p>\n
…” <\/p>\n
Esta disposici\u00f3n es posterior a la norma acusada pues la Ley 136 de 1994 fue promulgada el 2 de junio de 1994 y se refiere a la misma materia. En efecto, ambas normas regulan aspectos de la residencia electoral con el fin de dar desarrollo y aplicaci\u00f3n al mandato del art\u00edculo 316 de la Carta, seg\u00fan el cual en las votaciones para la elecci\u00f3n de autoridades locales o la decisi\u00f3n de asuntos del mismo car\u00e1cter, s\u00f3lo podr\u00e1n participar los ciudadanos residentes en el respectivo municipio. <\/p>\n
Ahora bien, es un principio general del derecho, que una regulaci\u00f3n de la misma materia por una ley posterior implica la derogaci\u00f3n de la norma precedente, aun cuando la norma posterior no se hubiera referido de manera espec\u00edfica a la disposici\u00f3n precedente. Por ello, la Corte Constitucional considera que el art\u00edculo 183 de la Ley 136 de 1994 acusado por el actor ha sido derogado por el art\u00edculo 4\u00ba de la Ley estatutaria 163 de 1994, pues ambas disposiciones regulan el desarrollo legal del concepto de residencia electoral para efectos de aplicar el art\u00edculo 316 de la Constituci\u00f3n, y la ley estatutaria es posterior a la norma acusada. <\/p>\n
3- La Corte Constitucional ha reiterado que en funci\u00f3n de la guarda de la integridad y supremac\u00eda de la Constituci\u00f3n, ella debe conocer de disposiciones que hayan sido acusadas y se encuentren derogadas \u00fanicamente cuando tales normas contin\u00faen produciendo efectos jur\u00eddicos2. En cambio, si la norma demandada excluida del ordenamiento jur\u00eddico no sigue surtiendo efectos jur\u00eddicos o nunca los produjo, el pronunciamiento de constitucionalidad resulta inocuo, por carencia de objeto. <\/p>\n
En este orden de ideas, la Corte debe examinar si la norma demandada ocasiona o produjo efectos jur\u00eddicos que justifiquen el pronunciamiento de este Tribunal. Y es claro que ello no ocurre, puesto que la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 316 de la Constituci\u00f3n se efect\u00faa con base en la nueva regulaci\u00f3n de la ley estatutaria y no con fundamento en la disposici\u00f3n impugnada. El pronunciamiento de la Corte debe entonces ser inhibitorio. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la Rep\u00fablica de Colombia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Inhibirse para emitir pronunciamiento de fondo por carencia actual de objeto con respecto al art\u00edculo 183 de la Ley 136 de 1994. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese, comun\u00edquese, c\u00famplase e ins\u00e9rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional. <\/p>\n
JOS\u00c9 GREGORIO HERN\u00c1NDEZ GALINDO <\/p>\n
Presidente <\/p>\n
JORGE ARANGO MEJ\u00cdA ANTONIO BARRERA CARBONELL <\/p>\n
Magistrado Magistrado <\/p>\n
EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ CARLOS GAVIRIA D\u00cdAZ <\/p>\n
Magistrado Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
HERNANDO HERRERA VERGARA ALEJANDRO MART\u00cdNEZ CABALLERO <\/p>\n
Magistrado Magistrado <\/p>\n
FABIO MOR\u00d3N D\u00cdAZ VLADIMIRO NARANJO MESA <\/p>\n
Magistrado Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA VICTORIA S\u00c1CHICA DE MONCALEANO <\/p>\n
Secretaria General <\/p>\n
<\/p>\n
1 Ver Sentencia C-353\/94. M.P Jorge Arango Mej\u00eda. <\/p>\n
2 Al respecto puede verse, entre otras, las sentencias C-454\/93, C-457\/93, C-467\/93, C-541\/93, C-103\/93,C-377\/93, C-047\/94 y C-104\/94. <\/p>\n
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