C-350-95<\/p>\n
Sentencia No. C-350\/95 <\/p>\n
COSA JUZGADA <\/p>\n
Ref.: Expedientes D-742 – D-755 – D-777 (Acumulados) <\/p>\n
Actores: EDUARDO LAVERDE TOSCANO, JULIO CARLOS VERGARA VERGARA, GRACIELA GONZ\u00c1LEZ RIB\u00d3N <\/p>\n
Demanda de inconstitucionalidad contra el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 88 de la Ley – 0 de 1993 \u201cLey General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero\u201d <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Dr. EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ <\/p>\n
Santa Fe de Bogot\u00e1, D.C., Agosto nueve (9) de mil novecientos noventa y cinco (1995) <\/p>\n
Aprobado por Acta N\u00ba 31 <\/p>\n
La Sala Plena de la Corte Constitucional integrada por su Presidente Jos\u00e9 Gregorio Hern\u00e1ndez Galindo y por los Magistrados Jorge Arango Mej\u00eda, Antonio Barrera Carbonell, Eduardo Cifuentes Mu\u00f1oz, Carlos Gaviria D\u00edaz, Hernando Herrera Vergara, Alejandro Mart\u00ednez Caballero, Fabio Mor\u00f3n D\u00edaz y Vladimiro Naranjo Mesa. <\/p>\n
EN NOMBRE DEL PUEBLO <\/p>\n
Y <\/p>\n
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION <\/p>\n
Ha pronunciado la siguiente <\/p>\n
S E N T E N C I A <\/p>\n
En el proceso de constitucionalidad del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 88 de la Ley 101 de 1993 \u201cLey General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero\u201d. <\/p>\n
I. TEXTO DE LA NORMA DEMANDADA <\/p>\n
LEY 101 de 1993 <\/p>\n
(diciembre 23) <\/p>\n
\u201cLey General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero\u201d <\/p>\n
<\/p>\n
EL CONGRESO DE COLOMBIA, <\/p>\n
DECRETA: <\/p>\n
(…) <\/p>\n
ARTICULO 88\u00ba.- Las primas de los contratos del seguro agropecuario creado por el art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 69 de 1993 estar\u00e1n excluidas del impuesto sobre las ventas. <\/p>\n
Se entiende que las comisiones de seguros y los intereses generados por las operaciones de cr\u00e9dito a que hace referencia el numeral 3\u00b0 art\u00edculo 476 del estatuto tributario, solamente est\u00e1n exceptuados del impuesto sobre las ventas cuando el servicio financiero haya sido prestado por una entidad sometida al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria. <\/p>\n
(Se subraya la parte demandada). <\/p>\n
II. ANTECEDENTES <\/p>\n
Preliminares <\/p>\n
1. El Congreso de Colombia expidi\u00f3 la Ley 101 de 1993, publicada en el Diario Oficial No. 41.149 de diciembre 23 de 1993. <\/p>\n
2. El ciudadano Eduardo Laverde Toscano present\u00f3 demanda de inconstitucionalidad parcial contra el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 88 de la Ley 101 de 1993, por violaci\u00f3n de los art\u00edculos 13 y 158 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. Este proceso fue radicado bajo el n\u00famero D-742. <\/p>\n
3. El ciudadano Julio Carlos Vergara Vergara present\u00f3 demanda de inconstitucionalidad parcial contra el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 88 de la Ley 101 de 1993, por violaci\u00f3n del art\u00edculo 158 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. La demanda fue radicada bajo el n\u00famero D-755. <\/p>\n
4. La ciudadana Graciela Gonz\u00e1lez Rib\u00f3n instaur\u00f3 demanda de inconstitucionalidad parcial contra el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 88 de la Ley 101 de 1993, por violaci\u00f3n de los art\u00edculos 13, 154 y 158 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. El proceso se radic\u00f3 bajo el n\u00famero D-777. <\/p>\n
5. La Sala Plena de la Corte Constitucional resolvi\u00f3 acumular las demandas n\u00famero D-755 y D-777 al proceso n\u00famero D-742, en virtud de la decisi\u00f3n adoptada en la Sala Plena de la Corte Constitucional de octubre 20 de 1994. <\/p>\n
6. Las ciudadanas ELIZABETH WHITTINGHAM GARCIA y LUZ AMPARO BRICE\u00d1O TRIANA presentaron, dentro del t\u00e9rmino de fijaci\u00f3n en lista, escritos de intervenci\u00f3n. <\/p>\n
7. El Viceprocurador General rindi\u00f3 concepto el d\u00eda 30 de mayo de 1995. <\/p>\n
8. A continuaci\u00f3n se exponen los cargos de la demanda, las intervenciones ciudadanas y el concepto del Viceprocurador General, agrupados de acuerdo con los cargos de inconstitucionalidad. <\/p>\n
<\/p>\n
Inconstitucionalidad del inciso 2 del art\u00edculo 88 de la Ley 101 de 1993 <\/p>\n
1. Primer cargo de inconstitucionalidad: Violaci\u00f3n del art\u00edculo 13 C.P. <\/p>\n
<\/p>\n
Los ciudadanos Eduardo Laverde Toscano y Graciela Gonz\u00e1lez Rib\u00f3n expresan que el numeral 3\u00ba del Art\u00edculo 476 del Estatuto Tributario (Decreto No 624 de 1989), establece que el IVA no se causa sobre los intereses generados por las operaciones de cr\u00e9dito. La norma acusada consagra que s\u00f3lo las personas jur\u00eddicas que realizan las operaciones mencionadas y que se encuentren sometidas al control y a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria gozar\u00e1n de la exenci\u00f3n del impuesto sobre las ventas (IVA). De esta forma, discrimina a las personas que efect\u00faan operaciones de cr\u00e9dito y que no son inspeccionadas por la Superintendencia Bancaria. Por lo tanto, entidades como los fondos de empleados, las cooperativas de ahorro, las asociaciones mutualistas y otras del sector solidario, tendr\u00e1n que ofrecer un servicio de cr\u00e9dito m\u00e1s costoso que el de los bancos, debido a que deben pagar un catorce por ciento adicional por concepto de IVA. <\/p>\n
Graciela Gonz\u00e1lez Rib\u00f3n afirma que el precepto demandado establece un tratamiento fiscal diferenciado entre las entidades sometidas al control del Estado. Aunque los entes del sector solidario cumplen una funci\u00f3n social, satisfacen las necesidades de sus asociados y de la comunidad, y son vigiladas por el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, est\u00e1n obligados a cancelar el IVA. Por el contrario, aquellas personas sometidas al control de la Superintendencia Bancaria, gozan de la exenci\u00f3n tributaria, vulner\u00e1ndose con ello el art\u00edculo 13 de la Carta. <\/p>\n
Intervenci\u00f3n ciudadana <\/p>\n
La ciudadana Elizabeth Whittingham Garc\u00eda, en su calidad de funcionaria de la Divisi\u00f3n de Representaci\u00f3n Externa de la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales, solicita a la Corte Constitucional se inhiba de pronunciarse de fondo. Manifiesta que la acci\u00f3n de inconstitucionalidad carece de objeto en relaci\u00f3n con normas derogadas. El inciso 2 del art\u00edculo 88 de la Ley 101 de 1993, anota, fue derogado expresamente por el art\u00edculo 13 de la Ley 174 de 1994. De cualquier forma, estima que la norma acusada es exequible, porque se refiere a dos categor\u00edas de entidades ya existentes con anterioridad, las vigiladas y las no vigiladas por la Superintendencia Bancaria, “pero al interior de cada una de estas categor\u00edas no se crean distinciones o discriminaciones injustificadas y por el contrario se mantiene la igualdad y el equilibrio en el r\u00e9gimen del impuesto sobre las ventas aplicable para cada caso”. <\/p>\n
Concepto del Viceprocurador <\/p>\n
El Viceprocurador considera que la Corte debe proferir un fallo inhibitorio. La Ley 174 de 1994 derog\u00f3 expresamente la norma acusada, con lo cual desapareci\u00f3 el elemento normativo indispensable para hacer exigible la obligaci\u00f3n tributaria. Esta circunstancia permite entender que la norma acusada no sigue produciendo efectos, y, conforme con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, procede un fallo inhibitorio. <\/p>\n
Sin embargo, agrega el Viceprocurador, en el evento de que se verifique que los efectos de la norma derogada persisten en el tiempo, la Corte deber\u00e1 proceder a un fallo de m\u00e9rito. <\/p>\n
2. Segundo Cargo de inconstitucionalidad: Violaci\u00f3n del art\u00edculo 158 C.P. <\/p>\n
Los demandantes Juan Carlos Vergara Vergara, Eduardo Laverde Toscano y Graciela Gonz\u00e1lez Rib\u00f3n, expresan que la norma acusada desconoce la unidad de materia que debe existir en la Ley 101 de 1993, porque introduce una modificaci\u00f3n al Estatuto Tributario que no se relaciona con el encabezamiento de la ley que dice “LEY GENERAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESQUERO”, ni con su objeto que consiste en el desarrollo de “los art\u00edculos 64, 65 y 66 de la Constituci\u00f3n Nacional, para proteger el desarrollo de las actividades agropecuarias y pesqueras, y promover el mejoramiento del ingreso y calidad de vida de los productores rurales”. La imposici\u00f3n de un gravamen fiscal a los intereses generados por las operaciones de cr\u00e9dito realizadas por las personas que no se encuentran sometidas al control de la Superintendencia Bancaria, no concuerda con la materia general o espec\u00edfica de la ley mencionada. <\/p>\n
Intervenciones ciudadanas <\/p>\n
La interviniente Elizabeth Whittingham Garc\u00eda, considera que la norma demandada no desconoce el principio de unidad de materia, ya que el manejo del cr\u00e9dito agropecuario por parte del Estado, elemento b\u00e1sico de la ley 101 de 1993, no es ajeno a la materia tributaria. <\/p>\n
La ciudadana Luz Amparo Brice\u00f1o Triana solicita la declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad de la norma impugnada. A su juicio, se viola el principio de la unidad de materia, por la ausencia de conexidad entre “los prop\u00f3sitos del art\u00edculo 1\u00ba de la Ley y la creaci\u00f3n de un gravamen adicional”, tal como lo es el impuesto sobre las ventas aplicable a los intereses derivados de los cr\u00e9ditos obtenidos con entidades no sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria. <\/p>\n
Adicionalmente, manifiesta que la norma mencionada transgrede los art\u00edculos 65 y 66 de la Carta Pol\u00edtica, por cuanto encarece los cr\u00e9ditos que obtengan los trabajadores del agro de entidades no vigiladas por la Superintendencia Bancaria, y omite el mandato constitucional que ordena al Estado la protecci\u00f3n especial a la producci\u00f3n de alimentos. <\/p>\n
3. Tercer cargo de inconstitucionalidad: Violaci\u00f3n del art\u00edculo 154 C.P. <\/p>\n
La peticionaria Graciela Gonz\u00e1lez Rib\u00f3n no expone las razones que fundamentan la anotada vulneraci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Concepto del Viceprocurador <\/p>\n
La norma acusada no tuvo origen gubernamental. El art\u00edculo 154 de la Constituci\u00f3n establece que las exenciones tributarias son de iniciativa gubernamental. De acuerdo con las pruebas que reposan en el expediente, dicho requisito no se verific\u00f3, raz\u00f3n por la cual la disposici\u00f3n acusada es inexequible. <\/p>\n
III. FUNDAMENTOS <\/p>\n
Competencia <\/p>\n
1. La Corte es competente para conocer del proceso de constitucionalidad contra el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 88 de la Ley 101 de 1993 (CP art. 241-4). <\/p>\n
Cosa Juzgada Constitucional <\/p>\n
2. La Corte Constitucional, mediante sentencia C-349 de agosto 9 de 1995, se pronunci\u00f3 sobre la exequibilidad del inciso final del inciso segundo del art\u00edculo 88 de la Ley 101 de 1993. En consecuencia, dada la existencia de cosa juzgada constitucional sobre esta materia (C.P. art. 243), se resolver\u00e1 estarse a lo resuelto en la sentencia anotada. <\/p>\n
IV. DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Constitucional en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n
R E S U E L V E <\/p>\n
Estarse a lo resuelto en la Sentencia N\u00b0 C-349 de agosto nueve (9) de mil novecientos noventa y cinco (1995), en la que se declar\u00f3 INEXEQUIBLE el inciso segundo del art\u00edculo 88 de la Ley 101 de 1993. <\/p>\n
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE, INSERTESE EN LA GACETA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y ARCHIVESE EL EXPEDIENTE. <\/p>\n
JOS\u00c9 GREGORIO HERN\u00c1NDEZ GALINDO <\/p>\n
Presidente <\/p>\n
JORGE ARANGO MEJ\u00cdA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
ANTONIO BARRERA CARBONELL <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
CARLOS GAVIRIA D\u00cdAZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
HERNANDO HERRERA VERGARA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
ALEJANDRO MART\u00cdNEZ CABALLERO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
FABIO MOR\u00d3N D\u00cdAZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
VLADIMIRO NARANJO MESA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
MARTHA V. S\u00c1CHICA DE MONCALEANO <\/p>\n
Secretaria General <\/p>\n
<\/p>\n
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C-350-95 Sentencia No. C-350\/95 COSA JUZGADA Ref.: Expedientes D-742 – D-755 – D-777 (Acumulados) Actores: EDUARDO LAVERDE TOSCANO, JULIO CARLOS VERGARA VERGARA, GRACIELA GONZ\u00c1LEZ RIB\u00d3N Demanda de inconstitucionalidad contra el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 88 de la Ley – 0 de 1993 \u201cLey General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero\u201d […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[17],"tags":[],"class_list":["post-1528","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-sentencias-1995"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1528","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1528"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1528\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1528"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1528"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1528"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}