C-535-95 <\/p>\n
CONMOCION INTERIOR-Inconstitucionalidad de Decretos expedidos <\/p>\n
La sentencia genera la inexequibilidad de los decretos legislativos dictados por el Gobierno con fundamento en el art\u00edculo 213 de la Constituci\u00f3n. El Gobierno, como consecuencia de la declaraci\u00f3n de inexequibilidad del decreto 1370, perdi\u00f3, en este caso, las facultades a que se refiere el inciso segundo del citado art\u00edculo 213. <\/p>\n
Ref.: Expediente R.E.071. <\/p>\n
Revisi\u00f3n constitucional del decreto legislativo 1590 del 20 de septiembre de 1995, “Por el cual se dictan normas tendientes a restablecer el orden p\u00fablico y la seguridad en la Regi\u00f3n de Urab\u00e1”. <\/p>\n
Magistrado sustanciador: <\/p>\n
Dr. JORGE ARANGO MEJIA. <\/p>\n
Sentencia aprobada en Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, seg\u00fan consta en acta n\u00famero 61, del veintitr\u00e9s (23) de noviembre de mil novecientos noventa y cinco (1995). <\/p>\n
I. ANTECEDENTES. <\/p>\n
La Secretar\u00eda General de la Presidencia de la Rep\u00fablica, en cumplimiento de lo se\u00f1alado en el numeral sexto del art\u00edculo 214 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, envi\u00f3 a esta Corte fotocopia aut\u00e9ntica del decreto legislativo n\u00famero 1590 del 20 de septiembre de 1995, “Por el cual se dictan normas tendientes a restablecer el orden p\u00fablico y la seguridad en la Regi\u00f3n de Urab\u00e1”, expedido por el Presidente de la Rep\u00fablica en ejercicio de las facultades que le confiere el art\u00edculo 213 de la Constituci\u00f3n y en desarrollo del decreto n\u00famero 1370 del 16 de agosto de 1995, que declar\u00f3 el estado de conmoci\u00f3n interior en todo el territorio nacional. <\/p>\n
Cumplidos los tr\u00e1mites previstos en los art\u00edculos 36, 37 y 38 del decreto 2067 de 1991, procede la Corte Constitucional a resolver. <\/p>\n
A. El texto. <\/p>\n
El decreto legislativo, materia de revisi\u00f3n constitucional, se\u00f1ala textualmente: <\/p>\n
DECRETO No. 1590 <\/p>\n
de 20 SEPTIEMBRE DE 1995 <\/p>\n
Por el cual se dictan normas tendientes a restablecer el orden p\u00fablico y la seguridad en la Regi\u00f3n de Urab\u00e1. <\/p>\n
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, <\/p>\n
en ejercicio de las facultades que le confiere el art\u00edculo 213 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en desarrollo del Decreto No. 1370 de 1995 y <\/p>\n
CONSIDERANDO. <\/p>\n
Que mediante Decreto 1370 del 16 de agosto de 1995 se declar\u00f3 el estado de conmoci\u00f3n interior en todo el territorio nacional; <\/p>\n
Que uno de los factores que motiv\u00f3 la declaratoria del estado de excepci\u00f3n fue la comisi\u00f3n de masacres en varias regiones del pa\u00eds, particularmente en la Regi\u00f3n de Urab\u00e1, arrojando un saldo alarmante de muertes y produciendo desestabilizaci\u00f3n social; <\/p>\n
Que en la Regi\u00f3n de Urab\u00e1 se ha presentado una situaci\u00f3n de especial anormalidad que agraba la ya perturbada alteraci\u00f3n del orden p\u00fablico en el pa\u00eds causando honda consternaci\u00f3n en la sociedad colombiana; <\/p>\n
Que el numeral s\u00e9ptimo del art\u00edculo 95 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica establece para todo ciudadano el deber de colaborar para el buen funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia; <\/p>\n
Que el cumplimiento ciudadano de este deber constitucional se ha visto seriamente afectado en la Regi\u00f3n de Urab\u00e1 por la usencia de denuncias de los hechos causa de la perturbaci\u00f3n del orden, lo cual ha causado el aumento de los \u00edndices de impunidad. <\/p>\n
Que uno de los motivos que ha determinado el incumplimiento del deber de denunciar la comisi\u00f3n de delitos es el temor de la comunidad a represalias que puedan ejercer los autores de los mismos, haciendo necesario dotar a los denunciantes de las debidas garant\u00edas de seguridad. <\/p>\n
Que por los motivos anteriores, resulta inminente la necesidad de establecer mecanismos que conduzcan al debido cumplimiento de este deber, mediante la protecci\u00f3n de la identidad de quienes cumplan con el, as\u00ed como con el otorgamiento de recompensas que sirvan de est\u00edmulo para ello; <\/p>\n
Que la utilizaci\u00f3n en forma ilegal de equipos de radio y otros instrumentos aptos para la transmisi\u00f3n de comunicaciones, se ha constituido en medio para la preparaci\u00f3n y comisi\u00f3n de hechos punibles. <\/p>\n
Que el art\u00edculo 44 de la Ley 137 de 1994, permite, durante el estado de conmoci\u00f3n interior, “tipificar penalmente conductas, aumentar y reducir penas, as\u00ed como modificar las disposiciones de procedimiento penal y de la polic\u00eda y autorizar el cambio de radicaci\u00f3n de procesos; <\/p>\n
Que el literal e) del art\u00edculo 38 de la Ley 137 de 1994 permite establecer un procedimiento especial para el registro y la interceptaci\u00f3n de comunicaciones; <\/p>\n
Que las dif\u00edcilmente superables circunstancias perturbadoras del orden p\u00fablico, as\u00ed como las especiales dificultades geogr\u00e1ficas caracter\u00edsticas de la Regi\u00f3n de Urab\u00e1 hacen frecuentemente imposible obtener una orden judicial escrita y previa a las inspecciones o registros domiciliarios y a la captura de personas, siendo indispensable dotar a las autoridades de herramientas especiales y excepcionales para adoptar tales medidas. <\/p>\n
Que los literales f) y n) del art\u00edculo 38 de la Ley 137 de 1994 permiten la adopci\u00f3n de procedimientos especiales en materia de captura de personas y de allanamientos y registros domiciliarios durante el estado de conmoci\u00f3n interior. <\/p>\n
Que para efectos del adecuado cumplimiento de las medidas requeridas para conjurar la crisis de orden p\u00fablico en la regi\u00f3n de Urab\u00e1 es necesario dotar a las autoridades carcelarias de elementos que les permitan adelantar en forma inmediata la construcci\u00f3n, adecuaci\u00f3n y puesta en funcionamiento de centros penitenciarios y carcelarios; <\/p>\n
Que informes de inteligencia militar indican que los grupos de delincuencia organizada se movilizan con frecuencia por algunas v\u00edas departamentales, municipales e interveredales de esa regi\u00f3n al amparo de la noche para cometer sus cr\u00edmenes; <\/p>\n
Que dada la extensi\u00f3n de la regi\u00f3n y el factor sorpresa que emplea dichos grupos en sus ataques a la poblaci\u00f3n civil y a la fuerza p\u00fablica, se requiere impedir su libre movilizaci\u00f3n por tales v\u00edas en horas de la noche, para evitar o al menos disminuir su accionar en contra de las gentes de bien y de las fuerzas institucionales en la regi\u00f3n de Urab\u00e1; <\/p>\n
Que el literal a) del art\u00edculo 38 de la Ley 137 de 1994 establece que durante el estado de conmoci\u00f3n interior el Gobierno puede “restringir, sin que se afecte su n\u00facleo esencial, el derecho de circulaci\u00f3n y residencia”; <\/p>\n
Que las actividades econ\u00f3micas que se llevan a cabo en dicha regi\u00f3n se han visto gravemente afectadas por el recrudecimiento de los hechos perturbadores del orden p\u00fablico; <\/p>\n
Que se hace necesario tomar medidas excepcionales y directamente dirigidas a conjurar la grave crisis de orden p\u00fablico y seguridad por la que atraviesa la regi\u00f3n de Urab\u00e1. <\/p>\n
DECRETA: <\/p>\n
ARTICULO 1o.- Ambito de aplicaci\u00f3n . Para los efectos del presente Decreto, la Regi\u00f3n de Urab\u00e1 comprende los Municipios de Apartad\u00f3, Arboletes, Carepa, Chigorod\u00f3, Murind\u00f3, Mutat\u00e1, Necol\u00ed, San Juan de Urab\u00e1, San Pedro de Urab\u00e1, Turbo y Vigia del Fuerte en el Departamento de Antioquia; los municipios de Canalete, Los C\u00f3rdobas, Puerto Escondido, Tierralta y Valencia, en el Departamento de C\u00f3rdoba; y los Municipios de Acand\u00ed, Bojay\u00e1, Riosucio y Ung\u00eda en el departamento del Choc\u00f3. <\/p>\n
ARTICULO 2o. Omisi\u00f3n de denuncia o testimonio. El que teniendo conocimiento de la comisi\u00f3n de un delito cuya investigaci\u00f3n deba adelantarse de oficio, cometido en la Regi\u00f3n de Urab\u00e1, no diere cuenta de ello a la autoridad dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al mencionado conocimiento, incurrir\u00e1 en prisi\u00f3n de cinco (5) a diez 10 a\u00f1os, siempre que el hecho no constituya delito sancionado con pena mayor. <\/p>\n
La pena prevista en el inciso anterior se reducir\u00e1 hasta en la mitad (1\/2) si el denuncio o noticia se formulare despu\u00e9s del t\u00e9rmino all\u00ed mencionado, siempre y cuando se produzca dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes. <\/p>\n
ARTICULO 4o. Reserva de identidad del denunciante en procesos por delitos cometidos en la Regi\u00f3n de Urab\u00e1 . La denuncia por cualquier delito cometido en la Regi\u00f3n de Urab\u00e1 que deba investigarse de oficio, podr\u00e1 presentarse por cualquier persona en cualquier parte del territorio nacional y ser recibida por cualquier autoridad judicial, inspector de polic\u00eda, servidor p\u00fablico con funciones de pol\u00edcia judicial u oficial o suboficial de la Pol\u00edcia Nacional, reservando la identidad del denunciante, si \u00e9ste lo solitare. En estos casos, se implantar\u00e1 su huella dactilar. Para el efecto, se levantar\u00e1 un acta adicional que ser\u00e1 firmada por el denunciante. Tanto la denuncia como el acta ser\u00e1n depositadas en sobre sellado y protegido en presencia del denunciante. Recibidos los documentos por el Fiscal, \u00e9ste extractar\u00e1 los apartes de la denuncia que considere \u00fatiles para iniciar la investigaci\u00f3n. <\/p>\n
Toda denuncia o informe recibido por persona diferente del Fiscal competente, deber\u00e1 ser puesta en conocimiento de \u00e9ste, inmediatamente y en todo caso dentro de la primera hora h\u00e1bil del d\u00eda siguiente con el fin de que el funcionario competente asuma la investigaci\u00f3n. <\/p>\n
Art\u00edculo 5o. Interceptaci\u00f3n o registro de comuniciaciones. De conformidad con lo dispuesto en el literal e) del art\u00edculo 38 de la Ley 137 de 1994, las autoridades judiciales competentes de la Regi\u00f3n de Urab\u00e1 podr\u00e1n disponer la interceptaci\u00f3n o registro de toda clase de comunicaciones para la b\u00fasqueda de pruebas judiciales o la prevenci\u00f3n de delitos. <\/p>\n
La orden escrita deber\u00e1 contener la descripci\u00f3n de la comunicaci\u00f3n objeto de registro, el nombre, y de ser posible, la identificaci\u00f3n de la persona o las personas relacionadas con la comunicaci\u00f3n y los motivos que originaron la decisi\u00f3n de registro o interceptaci\u00f3n. <\/p>\n
Cuando existan insuperables circunstancias de urgencia y se haga necesario para garantizar un derecho fundamental que est\u00e9 en grave e inminente peligro, la autorizaci\u00f3n judicial previamente escrita podr\u00e1 comunicarse verbalmente. <\/p>\n
Efectuada la interceptaci\u00f3n o el registro, la autoridad que la practic\u00f3, proceder\u00e1 a rendir un informe detallado ante el funcionario Judicial competente sobre la ejecuci\u00f3n del hecho, as\u00ed como sobre los primeros resultados. Copia de tal informe se agregar\u00e1 a la orden escrita expedida por el funcionario judicial competente. <\/p>\n
Cada despacho judicial tendr\u00e1 un libro de registro de las \u00f3rdenes impartidas en el que tambi\u00e9n constar\u00e1 la fecha de expedici\u00f3n de aquellas, la fecha, hora y lugar de pr\u00e1ctica de la medida, la autoridad que la solicit\u00f3 y la que la practic\u00f3, el nombre de las personas afectadas con la orden y el destino dado a los documentos a que se hace menci\u00f3n en los incisos anteriores. <\/p>\n
ARTICULO 6o. Inspecciones o registro domiciliarios. De conformidad con lo dispuesto en el literal n) del art\u00edculo 38 de la Ley 137 de 1994, las autoridades judiciales competentes de la Regi\u00f3n de Urab\u00e1 podr\u00e1n disponer la inspecci\u00f3n o el registro domiciliarios, para la b\u00fasqueda de pruebas judiciales o para prevenir la comisi\u00f3n de delitos. <\/p>\n
De toda inspecci\u00f3n o registro se levantar\u00e1 un acta que contendr\u00e1 cuando menos el nombre e identidad de las personas que asistan a la diligencia , la direcci\u00f3n, o en su defecto descripci\u00f3n, de la ubicaci\u00f3n del lugar, las condiciones y circunstancias en que se adelant\u00f3 la misma, su duraci\u00f3n y las incidencias y resultados de ella. El acta ser\u00e1 suscrita por la autoridad que efectu\u00f3 el reconocimiento y por el morador del lugar. En caso de que deba ser suscrita por personas que no sepan o no quieran firmar, se dejar\u00e1 constancia expresa de ello. <\/p>\n
Cuando existan insuperables circunstancias de urgencia y se haga necesario para garantizar un derecho fundamental que est\u00e9 en grave e inminente peligro, la autorizaci\u00f3n judicial previamente escrita podr\u00e1 comunicarse verbalmente. <\/p>\n
En las mismas circunstancias de que trata el inciso anterior, si adem\u00e1s resultare imposible requerir y obtener previamente la autorizaci\u00f3n judicial respectiva, podr\u00e1 actuarse sin orden del funcionario judicial . En este evento, el funcionario judicial deber\u00e1 ser informado inmediatamente, y en todo caso no m\u00e1s tarde de las veinticuatro (24) horas siguientes, de las causas que motivaron la inspecci\u00f3n o el registro y de sus resultados, con remisi\u00f3n de copia del acta levantada. La informaci\u00f3n correspondiente deber\u00e1 enviarse, simult\u00e1neamente, a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n para lo de su competencia, se\u00f1alando las razones que motivaron dicha actuaci\u00f3n. <\/p>\n
La autoridad judicial deber\u00e1 registrar en un libro especial, que para \u00e9stos efectos deber\u00e1 llevar la pertinente orden escrita, indicando la hora, el lugar, y el motivo, los nombres de las personas afectadas con dicha orden y la autoridad que lo solicit\u00f3. <\/p>\n
PARAGRAFO. Las facultades conferidas en este art\u00edculo no implican menoscabo de aquellas de que disponen las autoridades en tiempos de paz. <\/p>\n
ARTICULO 7o. Captura de personas. De conformidad con lo dispuesto en el literal f) del art\u00edculo 38 de la Ley 137 de 1994, las autoridades judiciales competentes de la zona de Urab\u00e1 podr\u00e1n disponer la aprehensi\u00f3n preventiva de personas de quienes se tenga indicio sobre su participaci\u00f3n o sobre sus planes de participar en la comisi\u00f3n de delitos relacionados con las causas de la perturbaci\u00f3n del orden p\u00fablico se\u00f1alas en el decreto 1370 de 1995. <\/p>\n
Cuando existan circuntancias de urgencia insuperables y sea necesario proteger un derecho fundamental en grave e inminente peligro, la autorizaci\u00f3n judicial previamente escrita podr\u00e1 ser comunicada verbalmente. <\/p>\n
En las mismas circunstancias de que trata el inciso anterior, si adem\u00e1s resultare imposible requerir y obtener la autorizaci\u00f3n judicial correspondiente, la aprehesi\u00f3n preventiva podr\u00e1 llevarse a cabo sin orden del funcionario judicial. El aprehendido preventivamente deber\u00e1 ser puesto a disposici\u00f3n de la autoridad judicial tan pronto como sea posible y en todo caso dentro de las veinticuatro horas, siguientes para que \u00e9sta adopte la decisi\u00f3n correspondiente en el t\u00e9rmino de treinta y seis (36) horas . En este caso deber\u00e1 informarse a la Procuradur\u00eda sobre el hecho, as\u00ed como sobre las razones que motivaron la aprehesi\u00f3n. <\/p>\n
En todo caso, el aprehesor deber\u00e1 levantar un acta en la que conste el lugar de la captura, la fecha, la hora y los motivos y circunstancias de la misma. <\/p>\n
Cada autoridad judicial llevar\u00e1 un libro especial en el que deber\u00e1 registrar las \u00f3rdenes de captura impartidas con base en el presente art\u00edculo, y en el que tambi\u00e9n constar\u00e1 la fecha, hora y lugar de expedici\u00f3n de aqu\u00e9llas, la fecha y hora en que se practic\u00f3 la medida, la autoridad que la solicit\u00f3 y la que la practic\u00f3, los nombres de las personas afectadas con dicha orden, los motivos que lo originaron y el destino dado a los documentos a que se hace menci\u00f3n en los incisos anteriores. <\/p>\n
ARTICULO 8. Ordenes de captura contra personas de nombre desconocido. Para los efectos del art\u00edculo 378 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, en los casos en los que no sea posible obtener la identificaci\u00f3n del imputado a trav\u00e9s de su nombre de pila, alias o sobrenombres, el funcionario judicial proceder\u00e1 a hacer una descripci\u00f3n precisa, sobre aquellas caracter\u00edsticas que permitan su individualizaci\u00f3n. En todo caso, producida la captura, de manera inmediata los funcionarios competentes proceder\u00e1n mediante las pruebas t\u00e9cnicas pertinentes a establecer de manera definitiva la plena identificaci\u00f3n del imputado. <\/p>\n
ARTICULO 9. Recompensas. Las autoridades competentes podr\u00e1n conceder recompensas monetarias a la persona que sin haber participado en la comisi\u00f3n del delito suministre a la autoridad informaci\u00f3n eficaz que permita la identificaci\u00f3n y ubicaci\u00f3n de los autores o part\u00edcipes de delitos de competencia de los jueces regionales cometidos en la Regi\u00f3n de Urab\u00e1, o de bienes destinados a su comisi\u00f3n o que provengan de su ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
La recompensa a informantes se otorgar\u00e1 de comprobarse el resultado y la eficacia de la informaci\u00f3n. Esta \u00faltima deber\u00e1 ser certificada por el fiscal competente. En ning\u00fan caso proceder\u00e1n las recompensas por informes suministrados por el perjudicado directo de la infracci\u00f3n. <\/p>\n
ARTICULO 10o. Establecimientos penitenciarios y carcelarios. El instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC realizar\u00e1 las acciones legales pertinentes necesarias para la construcci\u00f3n, adecuaci\u00f3n y puesta en funcionamiento de un establecimiento carcelario en la Regi\u00f3n de Urab\u00e1. <\/p>\n
ARTICULO 11. Contratos de fiduccia. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC podr\u00e1 celebrar con sociedades fiduciarias legalmente autorizadas, contratos de fiducia o encargos fiduciarios para la construcci\u00f3n de centros penitenciarios o carcelarios de la Regi\u00f3n de Urab\u00e1. <\/p>\n
Para tales efectos, la escogencia del contratista se har\u00e1 teniendo en cuenta los Principios de transparencia, econom\u00eda y el deber de selecci\u00f3n objetiva consagrados en la Ley 80 de 1993 y su procedimiento ser\u00e1 el se\u00f1alado en el Decreto 855 de 1994. En lo dem\u00e1s, los contratos de fiducia y encargo fiduciario se regir\u00e1n por las normas civiles y comerciales aplicables. <\/p>\n
Para la celebraci\u00f3n de contratos de fiducia cuyo objeto sea la construcci\u00f3n de un centro penitenciario o carcelario, deber\u00e1 pactarse expresamente que una vez terminada la construcci\u00f3n del mismo, la sociedad fiduciaria transferir\u00e1 la propiedad al instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC. <\/p>\n
PARAGRAFO. en la celebraci\u00f3n de los contratos a que se refiere el presente art\u00edculo el instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC podr\u00e1 declarar la urgencia manifiesta de que trata el art\u00edculo 42 de la Ley 80 de 1993. <\/p>\n
ARTICULO 12o. Vicio del consentimiento. Se tendr\u00e1 como fuerza que vicia el consentimiento cualquier aprovechamiento que de la situaci\u00f3n de violencia se haga en la celebraci\u00f3n de un acto o contrato sobre bienes inmuebles situados en la regi\u00f3n de Urab\u00e1, en cuanto el mencionado acto o contrato implique la existencia de condiciones tan desfavorables que hagan presumir que en condiciones de normalidad no se hubiera celebrado. La misma regla se aplicar\u00e1 a los contratos sobre bienes muebles cuando su celebraci\u00f3n se verifique en la mencionada compresi\u00f3n geogr\u00e1fica. <\/p>\n
Para la determinaci\u00f3n de la configuraci\u00f3n del vicio se tendr\u00e1n en cuenta las particularidades que haya revestido la negociaci\u00f3n en su fase previa o de tentativas y en su fase de ejecuci\u00f3n o celebraci\u00f3n, las condiciones de realizaci\u00f3n de transacciones semejantes en la regi\u00f3n y en otras de similares caracter\u00edsticas, tanto en per\u00edodo de tranquilidad, como en periodos de violencia. Tambi\u00e9n se tendr\u00e1n en cuenta las caracter\u00edsticas socioecon\u00f3micas de las partes, su origen, las actividades en que se desenvuelven y los dem\u00e1s elementos de juicio que permitan establecer si existi\u00f3 o no libre disposici\u00f3n de sus propios intereses. <\/p>\n
ARTICULO 13. Circulaci\u00f3n de veh\u00edculos . De conformidad con el literal a) del art\u00edculo 38 de la Ley 137 de 1994, proh\u00edbese desde las diez de la noche (10.PM.) hasta las cinco de la ma\u00f1ana la circulaci\u00f3n de toda clase de veh\u00edculos automotores, en las v\u00edas departamentales, municipales e interveredales de la Regi\u00f3n de Urab\u00e1. Esta prohibici\u00f3n no se aplicar\u00e1 en el casco urbano de dichos municipios. <\/p>\n
ARTICULO 14. Sanci\u00f3n . El conductor que infrinja la prohibici\u00f3n consagra en el art\u00edculo trece del presente decreto ser\u00e1 sancionado por la autoridad policiva del lugar con arresto de setenta y dos (72) horas e inmovilizaci\u00f3n del veh\u00edculo durante el mismo t\u00e9rmino . <\/p>\n
La resoluci\u00f3n que imponga la sanci\u00f3n s\u00f3lo ser\u00e1 susceptible del recurso de reposici\u00f3n. <\/p>\n
ARTICULO 15. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedici\u00f3n. <\/p>\n
PUBLIQUESE Y CUMPLASE. <\/p>\n
Dado en Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1.D.C. a los 20 Sept de 1995. <\/p>\n
(Siguen firmas) <\/p>\n
B. Intervenciones. <\/p>\n
Dentro del t\u00e9rmino de fijaci\u00f3n en lista del presente asunto, los ciudadanos Pedro Pablo Camargo y Jaime C\u00f3rdoba Trivi\u00f1o, Defensor del Pueblo, impugnaron la constitucionalidad del decreto en revisi\u00f3n, mientras que, el ciudadano N\u00e9stor Humberto Mart\u00ednez Neira, Ministro de Justicia y del derecho, defendi\u00f3 su constitucionalidad. <\/p>\n
<\/p>\n
C. Concepto. <\/p>\n
El Procurador General de la Naci\u00f3n, solicit\u00f3 la declaraci\u00f3n de inexequibilidad del decreto sub-examine. En efecto, se\u00f1al\u00f3, en relaci\u00f3n con los requisitos de forma, que el requisito de temporalidad no se cumple por cuanto no se hizo previsi\u00f3n alguna en tal sentido. Respecto al examen material, consider\u00f3 que, como el decreto 1370 de 1995, que declar\u00f3 el estado de conmoci\u00f3n interior, fue declarado inconstitucional por esta Corporaci\u00f3n, lo consecuente ser\u00eda declarar su inexequibilidad. Sin embargo, para que la Corte cumpla una funci\u00f3n pedag\u00f3gica, encuentra necesario realizar un juicio jur\u00eddico material e integral que demuestre su conformidad con la Constituci\u00f3n, o su inexequibilidad per se. <\/p>\n
Fue as\u00ed como consider\u00f3 ajustados a la Constituci\u00f3n, los art\u00edculos 1o, 3o., 5o., 6o, 7o., 10, 11, 12 y 13 del decreto 1590 de 1995, mas no los art\u00edculos 2o., 4o., 8o., 9o. y 14 del mismo, por vulnerar derechos fundamentales, como el derecho a la vida. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES. <\/p>\n
Primera. Competencia. <\/p>\n
La Corte Constitucional es competente para conocer de este asunto, por tratarse de la revisi\u00f3n de un decreto legislativo dictado en ejercicio de las facultades que al Presidente de la Rep\u00fablica le confiere el art\u00edculo 213 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica (numeral 7 del art\u00edculo 241 de la misma). <\/p>\n
Segunda. Declaraci\u00f3n de inexequibilidad del decreto 1370 de agosto 16 de 1995. <\/p>\n
Por medio de la sentencia C-466 de 1995, la Corte Constitucional declar\u00f3 la inexequibilidad del decreto 1370 de agosto 16 de 1995, por medio del cual el Presidente de la Rep\u00fablica declar\u00f3 el estado de conmoci\u00f3n interior, de conformidad con el art\u00edculo 213 de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
La sentencia referida genera la inexequibilidad de los decretos legislativos dictados por el Gobierno con fundamento en el art\u00edculo 213 de la Constituci\u00f3n. El Gobierno, como consecuencia de la declaraci\u00f3n de inexequibilidad del decreto 1370, perdi\u00f3, en este caso, las facultades a que se refiere el inciso segundo del citado art\u00edculo 213. <\/p>\n
De otra parte, la Corte Constitucional, al decidir sobre el decreto legislativo 1371 de agosto 16 de 1995, decidi\u00f3 basar la declaraci\u00f3n de inexequibilidad en la que se declar\u00f3 por la citada sentencia C-466 de 1995, y no examinar el contenido del decreto. As\u00ed se har\u00e1 ahora. <\/p>\n
III. DECISION. <\/p>\n
En consecuencia, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Decl\u00e1rase INEXEQUIBLE el decreto 1590 de septiembre 20 de 1995, “Por el cual se dictan normas tendientes a restablecer el orden p\u00fablico y la seguridad en la Regi\u00f3n de Urab\u00e1”. Esta sentencia surte efectos a partir de su notificaci\u00f3n. <\/p>\n
Notif\u00edquese, c\u00f3piese, publ\u00edquese, comun\u00edquese e ins\u00e9rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional. <\/p>\n
JOS\u00c9 GREGORIO HERN\u00c1NDEZ GALINDO <\/p>\n
Presidente <\/p>\n
JORGE ARANGO MEJ\u00cdA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
ANTONIO BARRERA CARBONELL <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
CARLOS GAVIRIA D\u00cdAZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
HERNANDO HERRERA VERGARA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
ALEJANDRO MART\u00cdNEZ CABALLERO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
FABIO MOR\u00d3N D\u00cdAZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
VLADIMIRO NARANJO MESA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
MARTHA V. S\u00c1CHICA DE MONCALEANO <\/p>\n
Aclaraci\u00f3n de voto a la Sentencia No. C-535\/95 <\/p>\n
Ref. RE-071 <\/p>\n
El suscrito Magistrado, en relaci\u00f3n con la Sentencia C-535 de noviembre 23 de 1995, proferida por la Sala Plena de la Corporaci\u00f3n, en el proceso de revisi\u00f3n constitucional del Decreto 1590 de septiembre 20 de 1995, distinguido con el No. RE-071, dejo constancia en el sentido de que respeto la decisi\u00f3n adoptada por la Corte, pero aclaro mi voto, para expresar que reitero los conceptos que sustentaron mi salvamento de voto en la Sentencia C-466 de 18 de octubre de 1995. <\/p>\n
Fecha Ut Supra <\/p>\n
FABIO MORON DIAZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
Salvamento de Voto a la Sentencia No. C-535\/95 <\/p>\n
REF: EXPEDIENTE RE-071 <\/p>\n
Disentimos del fallo proferido por la Sala Plena dentro del negocio de la referencia, porque sus efectos son hacia el futuro y no a partir de la notificaci\u00f3n de la sentencia C-466 del 18 de octubre de 1995 sobre la inexequibilidad del decreto 1370 de 1995 que declar\u00f3 el Estado de Conmoci\u00f3n Interior, por las razones que aparecen expuestas en el salvamento de voto que los suscritos hicimos a la sentencia C-488\/95 de la cual fue ponente el Dr. Jos\u00e9 Gregorio Hern\u00e1ndez, el cual damos por reproducido. <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 diciembre 13 de 1995. <\/p>\n
ANTONIO BARRERA CARBONELL <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
Salvamento de voto a la Sentencia No. C-535\/95 <\/p>\n
Ref.: Expediente R.E. 071 <\/p>\n
Revisi\u00f3n Constitucional del Decreto Legislativo 1590 del 20 de septiembre de 1995, “Por el cual se dictan normas tendientes a restablecer el orden p\u00fablico y la seguridad en la Regi\u00f3n de Urab\u00e1”. <\/p>\n
Me remito a los argumentos expuestos a prop\u00f3sito de la sentencia C-503\/95, los que reitero en el presente caso. <\/p>\n
CARLOS GAVIRIA DIAZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
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C-535-95 CONMOCION INTERIOR-Inconstitucionalidad de Decretos expedidos La sentencia genera la inexequibilidad de los decretos legislativos dictados por el Gobierno con fundamento en el art\u00edculo 213 de la Constituci\u00f3n. El Gobierno, como consecuencia de la declaraci\u00f3n de inexequibilidad del decreto 1370, perdi\u00f3, en este caso, las facultades a que se refiere el inciso segundo del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[17],"tags":[],"class_list":["post-1609","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-sentencias-1995"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1609","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1609"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1609\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1609"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1609"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1609"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}