Referencia: expediente D-7420 \u00a0<\/p>\n
Demanda \u00a0 de \u00a0inconstitucionalidad contra el art\u00edculo 162 de la Ley 100 de 1993 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Actor: \u00a0Gina \u00a0Mar\u00eda \u00a0Parody \u00a0D\u2019echeona \u00a0\u00a0<\/p>\n
Magistrada \u00a0Ponente: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Dra. CRISTINA PARDO SCHLESINGER \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D.C., primero (1\u00ba) de abril de dos \u00a0mil nueve (2009) \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0Sala \u00a0Plena \u00a0de la Corte Constitucional, \u00a0conformada \u00a0por \u00a0los \u00a0magistrados \u00a0doctores \u00a0Nilson \u00a0Pinilla \u00a0Pinilla, \u00a0Mauricio \u00a0Gonz\u00e1lez \u00a0Cuervo, \u00a0Juan \u00a0Carlos Henao P\u00e9rez, Grabriel Eduardo Mendoza Martelo, \u00a0Jorge \u00a0Ivan \u00a0Palacio \u00a0Palacio, \u00a0Cristina \u00a0Pardo \u00a0Schlesinger, Clara Elena Reales \u00a0Guti\u00e9rrez, \u00a0Humberto \u00a0Antonio \u00a0Sierra \u00a0Porto \u00a0y \u00a0Luis \u00a0Ernesto Vargas Silva, en \u00a0ejercicio \u00a0de \u00a0sus \u00a0atribuciones \u00a0constitucionales \u00a0y \u00a0en \u00a0cumplimiento \u00a0de \u00a0los \u00a0requisitos \u00a0y \u00a0tr\u00e1mites \u00a0establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere esta \u00a0sentencia con fundamento en los siguientes, \u00a0\u00a0<\/p>\n
I. ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
La ciudadana Gina Mar\u00eda Parody D\u2019echeona, \u00a0en \u00a0ejercicio \u00a0de \u00a0la acci\u00f3n \u00a0p\u00fablica \u00a0de \u00a0inconstitucionalidad, consagrada en los art\u00edculos 241 y 242 de la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica, \u00a0present\u00f3 \u00a0demanda \u00a0de inconstitucionalidad contra el \u00a0art\u00edculo 162 de la Ley 100 de 1993. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Aunque \u00a0la \u00a0demanda \u00a0fue inadmitida mediante \u00a0auto \u00a0del \u00a017 \u00a0de \u00a0septiembre de 2008, tras haber sido corregida el despacho del \u00a0magistrado \u00a0ponente \u00a0decidi\u00f3 \u00a0admitirla \u00a0con posterioridad. De esta suerte, una \u00a0vez \u00a0cumplidos \u00a0los \u00a0tr\u00e1mites previstos en el art\u00edculo 242 de la Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica \u00a0y \u00a0en \u00a0el \u00a0Decreto 2067 de 1991, procede la Corte a resolver sobre la \u00a0demanda de la referencia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
II. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0TEXTO DE LA NORMA ACUSADA \u00a0\u00a0<\/p>\n
A \u00a0continuaci\u00f3n \u00a0se transcribe el texto del \u00a0art\u00edculo \u00a0 demandado. \u00a0 Se \u00a0 subraya \u00a0 y \u00a0 resalta \u00a0 el \u00a0 aparte \u00a0concretamente \u00a0atacado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Ley 100 de 1993 \u00a0<\/p>\n
CAPITULO III \u00a0<\/p>\n
ARTICULO \u00a0162. Plan de Salud Obligatorio. El \u00a0Sistema \u00a0General \u00a0de \u00a0Seguridad Social de Salud crea las condiciones de acceso a \u00a0un \u00a0Plan \u00a0Obligatorio de Salud para todos los habitantes del territorio nacional \u00a0antes \u00a0del \u00a0a\u00f1o \u00a02001. \u00a0Este \u00a0Plan \u00a0permitir\u00e1 \u00a0la \u00a0protecci\u00f3n integral de las \u00a0familias \u00a0a \u00a0la \u00a0maternidad \u00a0y \u00a0enfermedad general, en las fases de promoci\u00f3n y \u00a0fomento \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 salud \u00a0 y \u00a0 la \u00a0 prevenci\u00f3n, \u00a0 diagnostico, \u00a0tratamiento \u00a0y \u00a0rehabilitaci\u00f3n \u00a0para \u00a0todas \u00a0las patolog\u00edas, seg\u00fan la intensidad de uso y los \u00a0niveles de atenci\u00f3n y complejidad que se definan. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Para \u00a0los \u00a0afiliados \u00a0cotizantes \u00a0seg\u00fan las \u00a0normas \u00a0del \u00a0r\u00e9gimen \u00a0contributivo, \u00a0el contenido del Plan Obligatorio de Salud \u00a0que \u00a0 defina \u00a0el \u00a0Consejo \u00a0Nacional \u00a0de \u00a0Seguridad \u00a0Social \u00a0en \u00a0Salud \u00a0ser\u00e1 \u00a0el \u00a0contemplado \u00a0por \u00a0el Decreto-Ley 1650 de 1977 y sus reglamentaciones, incluyendo \u00a0la \u00a0provisi\u00f3n \u00a0de \u00a0medicamentos \u00a0esenciales en su presentaci\u00f3n gen\u00e9rica. Para \u00a0los \u00a0otros \u00a0beneficiarios \u00a0de \u00a0la \u00a0familia \u00a0del cotizante el Plan Obligatorio de \u00a0Salud \u00a0ser\u00e1 similar al anterior pero en su financiaci\u00f3n concurrir\u00e1n los pagos \u00a0moderadores, \u00a0especialmente \u00a0en \u00a0el \u00a0primer nivel de atenci\u00f3n, en los t\u00e9rminos \u00a0del art\u00edculo 188 de la presente Ley. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Para \u00a0los \u00a0afiliados \u00a0seg\u00fan \u00a0las normas del \u00a0r\u00e9gimen \u00a0 subsidiado, \u00a0 el \u00a0Consejo \u00a0Nacional \u00a0de \u00a0Seguridad \u00a0Social \u00a0en \u00a0Salud \u00a0dise\u00f1ar\u00e1 \u00a0un programa para que sus beneficiarios alcancen e 1 Plan Obligatorio \u00a0del \u00a0 Sistema \u00a0 Contributivo \u00a0 en \u00a0 forma \u00a0progresiva \u00a0antes \u00a0del \u00a0a\u00f1o 2001. En su \u00a0punto \u00a0de \u00a0partida, el plan incluir\u00e1 servicios de salud del primer nivel por un \u00a0valor \u00a0equivalente \u00a0al \u00a050 \u00a0% \u00a0de \u00a0la unidad de pago por capitaci\u00f3n del sistema \u00a0contributivo. \u00a0Los \u00a0servicios \u00a0del \u00a0segundo \u00a0y \u00a0tercer \u00a0nivel \u00a0se \u00a0incorporar\u00e1n \u00a0progresivamente \u00a0al \u00a0plan \u00a0de \u00a0acuerdo \u00a0con \u00a0su \u00a0aporte \u00a0a \u00a0los \u00a0a\u00f1os \u00a0de \u00a0vida \u00a0saludables. \u00a0\u00a0<\/p>\n
PARAGRAFO \u00a01. En el per\u00edodo de transici\u00f3n, \u00a0la \u00a0poblaci\u00f3n \u00a0del r\u00e9gimen subsidiado obtendr\u00e1 los servicios hospitalarios de \u00a0mayor \u00a0complejidad \u00a0en los hospitales p\u00fablicos del subsector oficial de salud y \u00a0en \u00a0los \u00a0de \u00a0los \u00a0hospitales privados con los cuales el Estado tenga contrato de \u00a0prestaci\u00f3n de servicios. \u00a0\u00a0<\/p>\n
PARAGRAFO 2. Los servicios de salud incluidos \u00a0en \u00a0el \u00a0Plan Obligatorio de Salud ser\u00e1n actualizados por el Consejo Nacional de \u00a0Seguridad \u00a0Social \u00a0en \u00a0Salud, \u00a0de \u00a0acuerdo \u00a0con \u00a0los \u00a0cambios \u00a0en \u00a0la estructura \u00a0demogr\u00e1fica \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 poblaci\u00f3n, \u00a0el \u00a0perfil \u00a0epidemiol\u00f3gico \u00a0nacional, \u00a0la \u00a0tecnolog\u00eda \u00a0apropiada \u00a0disponible en el pa\u00eds y las condiciones financieras del \u00a0sistema. \u00a0\u00a0<\/p>\n
PARAGRAFO 3. La Superintendencia Nacional de \u00a0Salud \u00a0verificar\u00e1 \u00a0la \u00a0conformidad \u00a0de \u00a0la \u00a0prestaci\u00f3n del Plan Obligatorio de \u00a0Salud \u00a0por \u00a0cada \u00a0Entidad \u00a0Promotora \u00a0de \u00a0Salud en el territorio nacional con lo \u00a0dispuesto \u00a0por \u00a0el \u00a0Consejo \u00a0Nacional de Seguridad Social en Salud y el Gobierno \u00a0Nacional. \u00a0\u00a0<\/p>\n
PARAGRAFO 4. Toda Entidad Promotora de Salud \u00a0reasegurar\u00e1 \u00a0los \u00a0riesgos derivados de la atenci\u00f3n de enfermedades calificadas \u00a0por el Consejo Nacional de Seguridad Social como de alto costo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
PARAGRAFO \u00a05. \u00a0Para \u00a0la \u00a0prestaci\u00f3n \u00a0de los \u00a0servicios \u00a0del \u00a0Plan \u00a0Obligatorio \u00a0de \u00a0Salud, \u00a0todas las Entidades Promotoras de \u00a0Salud \u00a0establecer\u00e1n \u00a0un \u00a0sistema de referencia, y contrarreferencia para que el \u00a0acceso \u00a0a \u00a0los \u00a0servicios de alta complejidad se realicen por el primer nivel de \u00a0atenci\u00f3n, \u00a0excepto \u00a0en \u00a0los \u00a0servicios \u00a0de urgencias. El Gobierno Nacional, sin \u00a0perjuicio \u00a0 del \u00a0 sistema \u00a0 que \u00a0 corresponde \u00a0a \u00a0las \u00a0entidades \u00a0territoriales, \u00a0establecer\u00e1 las normas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
III. \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0ARGUMENTOS DE LA DEMANDA \u00a0\u00a0<\/p>\n
En primer t\u00e9rmino, la demandante aclara que \u00a0su \u00a0intenci\u00f3n \u00a0no \u00a0es cuestionar la existencia de un r\u00e9gimen contributivo y un \u00a0r\u00e9gimen \u00a0subsidiado \u00a0de \u00a0salud, \u00a0pues \u00a0dicho \u00a0punto \u00a0ya \u00a0fue \u00a0definido \u00a0por \u00a0la \u00a0jurisprudencia \u00a0 \u00a0 constitucional, \u00a0 \u00a0 que \u00a0 \u00a0 consider\u00f3 \u00a0 \u00a0 tal \u00a0 \u00a0distinci\u00f3n \u00a0constitucionalmente \u00a0v\u00e1lida. \u00a0Por \u00a0ello, \u00a0se\u00f1ala \u00a0que su objetivo es atacar la \u00a0diferencia \u00a0que \u00a0existe \u00a0en los servicios de salud que se prestan en el r\u00e9gimen \u00a0contributivo y el subsidiado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sostiene \u00a0que \u00a0los \u00a0planes \u00a0de \u00a0salud est\u00e1n \u00a0fijados \u00a0por los Acuerdos 008 de 1994 para el contributivo y 306 de 2005 para el \u00a0subsidiado, \u00a0pero \u00a0que, \u00a0seg\u00fan \u00a0la \u00a0ley -el propio art\u00edculo 162 demandado-, el \u00a0r\u00e9gimen \u00a0deber\u00eda \u00a0ser \u00a0uno para el a\u00f1o 2001. Sostiene que hay un principio de \u00a0progresividad \u00a0que busca que los beneficios del plan subsidiado alcancen los del \u00a0plan contributivo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Aduce \u00a0que \u00a0los \u00a0informes presentados por el \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Protecci\u00f3n \u00a0Social \u00a0o \u00a0por el Consejo Nacional de Seguridad dan \u00a0cuenta \u00a0de \u00a0que \u00a0no \u00a0existe \u00a0la \u00a0intenci\u00f3n \u00a0de unificar los planes de servicios \u00a0prestados \u00a0en los dos sistemas de salud. Agrega que a pesar de la orden legal de \u00a0unificar \u00a0los \u00a0sistemas, \u00a0y de que desde el a\u00f1o 2002 la Corte Constitucional ha \u00a0abogado \u00a0por dicha unificaci\u00f3n, hoy en d\u00eda se sigue presentando una diferencia \u00a0de \u00a0reg\u00edmenes \u00a0en \u00a0cuanto \u00a0a \u00a0la \u00a0prestaci\u00f3n de los servicios ofrecidos por el \u00a0r\u00e9gimen contributivo y el subsidiado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s, \u00a0 alega \u00a0 que \u00a0 el \u00a0art\u00edculo \u00a048 \u00a0constitucional \u00a0estableci\u00f3 \u00a0el \u00a0principio \u00a0de \u00a0progresividad \u00a0de \u00a0la \u00a0seguridad \u00a0social, \u00a0base \u00a0de \u00a0la \u00a0orden \u00a0que \u00a0pretend\u00eda unificar los reg\u00edmenes en el a\u00f1o \u00a02001. \u00a0No obstante, a pesar de que la Corte Constitucional ha considerado que el \u00a0derecho \u00a0a \u00a0la \u00a0salud es fundamental y no meramente prestacional, y que adquiere \u00a0dimensi\u00f3n \u00a0universal \u00a0en \u00a0cuanto \u00a0que \u00a0todas \u00a0las personas tienen derecho a una \u00a0adecuada \u00a0 prestaci\u00f3n \u00a0en \u00a0salud \u00a0y \u00a0el \u00a0cubrimiento \u00a0total \u00a0de \u00a0los \u00a0servicios \u00a0requeridos, dicha equiparaci\u00f3n no ha sido posible. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Se\u00f1ala que en el r\u00e9gimen de salud, la norma \u00a0general \u00a0debe \u00a0ser \u00a0el \u00a0r\u00e9gimen \u00a0contributivo \u00a0y \u00a0s\u00f3lo por excepci\u00f3n deber\u00eda \u00a0vincularse \u00a0al sistema subsidiado. No obstante, la sostenibilidad financiera del \u00a0sistema \u00a0encuentra \u00a0obst\u00e1culos \u00a0importantes \u00a0en \u00a0i) \u00a0el salario m\u00ednimo, ii) la \u00a0razonabilidad \u00a0de \u00a0la estructura dual del sistema y iii) las cargas laborales de \u00a0la parafiscalidad y\u00a0 los impuestos a la n\u00f3mina. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0cuanto \u00a0al \u00a0salario, afirma que \u00e9ste no \u00a0tiene \u00a0consagraci\u00f3n \u00a0expresa \u00a0en \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0y \u00a0que \u00a0en \u00a0un r\u00e9gimen de \u00a0libertad \u00a0econ\u00f3mica \u00a0dicho \u00a0salario \u00a0tiene una libertad configurativa limitada, \u00a0que permite definirlo dentro de los l\u00edmites de la dignidad humana. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Recalca \u00a0que \u00a0el \u00a0salario \u00a0formal \u00a0es el que \u00a0define \u00a0el \u00a0acceso al r\u00e9gimen contributivo, pero que ello no se cumple, pues la \u00a0proporci\u00f3n \u00a0de \u00a0afiliados supera con creces el nivel del r\u00e9gimen contributivo. \u00a0Dice \u00a0que \u00a0nuestra \u00a0situaci\u00f3n \u00a0actual difiere del dise\u00f1o original del sistema, \u00a0que \u00a0 permite \u00a0 entender \u00a0 el \u00a0 principio \u00a0 de \u00a0 eficiencia \u00a0 del \u00a0art\u00edculo \u00a048 \u00a0constitucional, \u00a0pues la real y efectiva prestaci\u00f3n del servicio depende de las \u00a0pol\u00edticas \u00a0 \u00a0p\u00fablicas \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0hagan \u00a0 \u00a0estables \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0disponibilidad \u00a0 de \u00a0recursos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En otros t\u00e9rminos, la demandante dice que no \u00a0es \u00a0proporcional \u00a0que \u00a0una \u00a0peque\u00f1a \u00a0porci\u00f3n \u00a0de \u00a0usuarios \u00a0contribuyan \u00a0a \u00a0la \u00a0prestaci\u00f3n \u00a0de \u00a0salud \u00a0de un r\u00e9gimen subsidiado, pues no puede pensarse que la \u00a0universalidad \u00a0sacrifique la eficiencia. Dicha eficiencia se ve afectada por las \u00a0barreras \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0impiden \u00a0 \u00a0el \u00a0 acceso \u00a0 de \u00a0 los \u00a0 individuos \u00a0 al \u00a0 mercado \u00a0laboral. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0escrito de correcci\u00f3n de la demanda, la \u00a0peticionaria \u00a0agreg\u00f3 \u00a0que \u00a0su \u00a0demanda \u00a0va \u00a0dirigida \u00a0a resaltar la desigualdad \u00a0derivada \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 expresi\u00f3n \u00a0 \u201cantes \u00a0del \u00a0a\u00f1o \u00a02001\u201d, \u00a0contenido \u00a0en \u00a0la norma acusada. Dice que la \u00a0norma \u00a0permite que existan planes de servicios diferentes para la protecci\u00f3n de \u00a0un \u00a0derecho \u00a0constitucional \u00a0fundamental. \u00a0Por ello, la ley es el sustento legal \u00a0que \u00a0permite \u00a0que \u00a0los ciudadanos accedan a servicios distintos, dependiendo del \u00a0nivel \u00a0de \u00a0pago. \u00a0As\u00ed, \u00a0la \u00a0norma \u00a0violenta la igualdad pues no brinda la misma \u00a0protecci\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0autoridades \u00a0a \u00a0los \u00a0ciudadanos \u00a0m\u00e1s vulnerables, que son \u00a0quienes \u00a0deben \u00a0adscribirse \u00a0al r\u00e9gimen subsidiado por no contar con los medios \u00a0de pago para pagar los servicios del POS contributivo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Precisa que la seguridad social est\u00e1 fundada \u00a0en \u00a0el \u00a0principio \u00a0de \u00a0universalidad, \u00a0que implica que todas las personas tengan \u00a0acceso \u00a0 a \u00a0 los \u00a0 servicios \u00a0 de \u00a0 salud \u00a0 en \u00a0 condiciones \u00a0 de \u00a0 igualdad \u00a0 y \u00a0calidad. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Resalta \u00a0que \u00a0el \u00a0argumento \u00a0central \u00a0de \u00a0la \u00a0demanda \u00a0est\u00e1 \u00a0destinado \u00a0a mostrar c\u00f3mo existe una desigualdad en el hecho de \u00a0que \u00a0el art\u00edculo demandado disponga que el acceso a la salud no sea el mismo en \u00a0el \u00a0r\u00e9gimen \u00a0subsidiado \u00a0y que s\u00f3lo prevea la elaboraci\u00f3n de un plan para que \u00a0sus usuarios sean igualados en un determinado tiempo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Agrega \u00a0que la fecha no es el motivo central \u00a0del \u00a0reproche, \u00a0pero \u00a0es ilustrativo de una pr\u00e1ctica continuada de desigualdad, \u00a0pues \u00a0\u00e9sta \u00a0se \u00a0profundiza \u00a0al permitirse la existencia de planes de beneficios \u00a0que \u00a0diferencian \u00a0entre \u00a0quienes \u00a0cuentan \u00a0con \u00a0medios \u00a0de \u00a0pago y quienes deben \u00a0aspirar \u00a0a \u00a0ser \u00a0protegidos \u00a0mediante la solidaridad del sistema. Precisa que la \u00a0demanda \u00a0parte \u00a0de \u00a0una \u00a0interpretaci\u00f3n \u00a0renovada que la Corte le ha dado a los \u00a0derechos \u00a0prestacionales, \u00a0en \u00a0particular al derecho a la salud en su categor\u00eda \u00a0de derecho fundamental. \u00a0\u00a0<\/p>\n
A\u00f1ade que cuando la norma acepta un plan de \u00a0servicios \u00a0para \u00a0quienes \u00a0integran el r\u00e9gimen subsidiado, est\u00e1 diferenciando y \u00a0desprotegiendo \u00a0a \u00a0sus usuarios respecto del acceso al servicio, lo cual vulnera \u00a0los principios del sistema. \u00a0\u00a0<\/p>\n
IV. INTERVENCIONES \u00a0<\/p>\n
1. Intervenci\u00f3n del Ministerio de Hacienda y \u00a0Cr\u00e9dito P\u00fablico \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0representaci\u00f3n \u00a0del \u00a0ministerio \u00a0de \u00a0la \u00a0referencia, \u00a0intervino \u00a0en \u00a0el proceso la abogada Nathalia Succar Jaramillo para \u00a0solicitar \u00a0 \u00a0a \u00a0 la \u00a0 Corte \u00a0 la \u00a0 declaraci\u00f3n \u00a0 d \u00a0 exequibilidad \u00a0 la \u00a0 norma \u00a0acusada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0primer lugar, sostiene que la demanda de \u00a0inconstitucionalidad \u00a0carece \u00a0de claridad, suficiencia y especificidad. Ello por \u00a0cuanto \u00a0la \u00a0demandante \u00a0no \u00a0identifica \u00a0el \u00a0aparte \u00a0de \u00a0la \u00a0norma \u00a0que considera \u00a0inconstitucional \u00a0y \u00a0porque \u00a0no plantea un cargo concreto contra la disposici\u00f3n \u00a0acusada. \u00a0En \u00a0efecto, \u00a0la \u00a0interviniente \u00a0entiende \u00a0que \u00a0antes que cuestionar la \u00a0constitucionalidad \u00a0de \u00a0la norma, la demandante procede a reconocer que la misma \u00a0fue \u00a0expedida en desarrollo de los principios constitucionales, lo cual entra\u00f1a \u00a0una \u00a0clara \u00a0contradicci\u00f3n \u00a0del libelo. En la misma l\u00ednea, a su juicio no tiene \u00a0sentido \u00a0que se acuse de violaci\u00f3n el art\u00edculo 5\u00ba constitucional cuando es la \u00a0propia \u00a0demandante \u00a0la \u00a0que \u00a0reconoce \u00a0que \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0acusado \u00a0consigna \u00a0la \u00a0consagraci\u00f3n expresa de un derecho inalienable de las personas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En cuanto al art\u00edculo 13 constitucional que \u00a0la \u00a0demandante \u00a0considera \u00a0vulnerado, \u00a0la interviniente sostiene que el cargo es \u00a0inespec\u00edfico, \u00a0insuficiente \u00a0y poco claro, pues a pesar de que reiterativamente \u00a0se \u00a0afirma \u00a0en \u00a0la \u00a0demanda \u00a0que \u00a0no \u00a0se pretende cuestionar la existencia de un \u00a0r\u00e9gimen \u00a0doble \u00a0de \u00a0servicios \u00a0de \u00a0salud, la Corte Constitucional encontr\u00f3 que \u00a0dicha \u00a0diferencia estaba justificada. No obstante, si el cargo fuera distinto al \u00a0de \u00a0la \u00a0sola \u00a0existencia \u00a0de \u00a0los dos reg\u00edmenes, de los cargos no se infiere en \u00a0qu\u00e9 \u00a0consiste \u00a0la \u00a0vulneraci\u00f3n \u00a0del \u00a0derecho \u00a0a \u00a0la \u00a0igualdad, pues de la sola \u00a0existencia \u00a0 de \u00a0 dos \u00a0 reg\u00edmenes \u00a0 de \u00a0salud \u00a0no \u00a0puede \u00a0concluirse \u00a0un \u00a0trato \u00a0discriminatorio. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0cuanto \u00a0a la violaci\u00f3n del art\u00edculo 48 \u00a0constitucional, \u00a0la \u00a0interviniente afirma que el cargo no es claro, pues a pesar \u00a0de \u00a0que \u00a0la \u00a0peticionaria \u00a0sostiene \u00a0que \u00a0la progresividad es un asunto que debe \u00a0resolver \u00a0el \u00a0legislador, aquella no explica por qu\u00e9 es inconstitucional que el \u00a0legislador \u00a0haya previsto la equiparaci\u00f3n del POS subsidiado para el a\u00f1o 2001. \u00a0Algo \u00a0similar sucede con la supuesta violaci\u00f3n del art\u00edculo 49 constitucional, \u00a0respecto \u00a0del \u00a0cual la demandante parecer\u00eda estar justificando la exequibilidad \u00a0de la norma, no su inconstitucionalidad. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0suma, \u00a0el \u00a0ministerio \u00a0considera \u00a0que la \u00a0demanda \u00a0de \u00a0la referencia no cumple con los requisitos sustanciales fijados por \u00a0la \u00a0jurisprudencia \u00a0de \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Constitucional \u00a0y que por tanto la misma debe \u00a0inhibirse de emitir pronunciamiento de fondo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s \u00a0de \u00a0lo \u00a0anterior, \u00a0el \u00a0Ministerio \u00a0sostiene \u00a0 que \u00a0 la \u00a0 Corte \u00a0 Constitucional \u00a0 ya \u00a0 se \u00a0 pronunci\u00f3 \u00a0 sobre \u00a0 la \u00a0constitucionalidad \u00a0del \u00a0art\u00edculo 162 de la Ley 100, en Sentencia C-130 de 2002 \u00a0y \u00a0que, \u00a0por \u00a0tanto, \u00a0a \u00a0pesar de que dicho pronunciamiento se restringi\u00f3 a los \u00a0cargos \u00a0expuestos en esa ocasi\u00f3n, la cosa juzgada cobija a la norma acusada por \u00a0cuanto \u00a0en \u00a0la \u00a0demanda \u00a0de \u00a0esta \u00a0referencia vuelven a plantearse las supuestas \u00a0violaciones \u00a0del \u00a0derecho \u00a0a \u00a0la \u00a0igualdad. \u00a0Sostiene que aunque la demanda diga \u00a0apartarse \u00a0de \u00a0los \u00a0planteamientos \u00a0que \u00a0fueron \u00a0analizados \u00a0por \u00a0la Corte en la \u00a0Sentencia \u00a0C-130 \u00a0de \u00a02002, \u00a0el \u00a0fondo \u00a0de la cuesti\u00f3n, que es la violaci\u00f3n al \u00a0derecho de igualdad, sigue siendo la misma. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0tercer \u00a0lugar, el Ministerio de Hacienda \u00a0advierte \u00a0que \u00a0con \u00a0posterioridad \u00a0a \u00a0la \u00a0expedici\u00f3n \u00a0de la Ley 100 de 1993, el \u00a0Estado \u00a0ha \u00a0dise\u00f1ado mecanismos para igualar los planes de servicios de los dos \u00a0reg\u00edmenes, \u00a0pero \u00a0que las variables macroecon\u00f3micas han impedido equipararlos. \u00a0El \u00a0legislador \u00a0expidi\u00f3 \u00a0la \u00a0Ley \u00a01122 de 2007 mediante la cual dispuso algunas \u00a0medidas \u00a0tendentes \u00a0a \u00a0lograr \u00a0la \u00a0cobertura \u00a0universal \u00a0del sistema y tras cuya \u00a0aplicaci\u00f3n \u00a0el \u00a0Estado pretende llegar a la cobertura global para el a\u00f1o 2010. \u00a0En \u00a0este \u00a0sentido, puede afirmarse que los plazos fijados por la Ley 100 de 1993 \u00a0fueron \u00a0derogados t\u00e1citamente por los nuevos plazos establecidos en la Ley 1122 \u00a0de \u00a02007, \u00a0que \u00a0surgieron de las nuevas proyecciones hechas por el legislador en \u00a0la \u00a0materia. \u00a0Estos \u00a0nuevos plazos son el resultado del c\u00e1lculo seg\u00fan el cual, \u00a0no \u00a0es \u00a0posible \u00a0en \u00a0el mediano plazo financiar la unificaci\u00f3n de los planes de \u00a0servicios de los dos reg\u00edmenes en salud. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sobre \u00a0 el \u00a0 particular, \u00a0 el \u00a0 ministerio \u00a0interviniente \u00a0resalta \u00a0que la Corte Constitucional, en reciente Sentencia T-760 \u00a0de \u00a02008, estableci\u00f3 que la \u201cobligaci\u00f3n de unificar \u00a0los \u00a0contenidos de los planes de salud a los cuales tienen acceso los ciudadanos \u00a0es \u00a0pues, \u00a0de \u00a0car\u00e1cter \u00a0progresivo. \u00a0Su \u00a0cumplimiento \u00a0no \u00a0puede \u00a0ser \u00a0exigido \u00a0inmediatamente, \u00a0pues \u00a0supone la realizaci\u00f3n de una serie de acciones complejas \u00a0en \u00a0las \u00a0que \u00a0intervienen \u00a0diversos \u00a0actores\u201d. Por lo \u00a0anterior, \u00a0no \u00a0puede considerarse que la falta de unificaci\u00f3n de los dos planes \u00a0constituya, \u00a0 per \u00a0se, \u00a0una \u00a0vulneraci\u00f3n \u00a0de \u00a0los derechos de los usuarios, especialmente teniendo en cuenta \u00a0los esfuerzos hechos por el Estado para lograr tal equiparaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Desde otra perspectiva, el ministerio se\u00f1ala \u00a0que \u00a0no \u00a0es \u00a0cierto que se haya negado el acceso real y efectivo del servicio de \u00a0salud \u00a0 a \u00a0 los \u00a0usuarios \u00a0del \u00a0sistema, \u00a0particularmente \u00a0a \u00a0los \u00a0del \u00a0r\u00e9gimen \u00a0subsidiado, \u00a0 pues \u00a0 el \u00a0 ordenamiento \u00a0jur\u00eddico \u00a0prev\u00e9 \u00a0otros \u00a0mecanismos \u00a0de \u00a0aseguramiento \u00a0y \u00a0acceso \u00a0a \u00a0los \u00a0servicios \u00a0de \u00a0salud que han salvaguardado los \u00a0derechos \u00a0de \u00a0los \u00a0ciudadanos, como los previstos en la Ley 100 de 1993 y la Ley \u00a0715 \u00a0de 2001, que establecen la utilizaci\u00f3n de los recursos del sistema general \u00a0de \u00a0 participaciones \u00a0 para \u00a0cubrir \u00a0los \u00a0servicios \u00a0no \u00a0incluidos \u00a0en \u00a0el \u00a0POS. \u00a0Adicionalmente, \u00a0se cuentan los cr\u00e9ditos condonables conferidos a las entidades \u00a0de \u00a0salud \u00a0con \u00a0el fin de estimular la extensi\u00f3n de los servicios del POS y los \u00a0planes \u00a0de \u00a0reorganizaci\u00f3n, redise\u00f1o y modernizaci\u00f3n de redes para la \u00f3ptima \u00a0prestaci\u00f3n \u00a0de \u00a0los servicios. De lo anterior puede decirse que los servicios a \u00a0la \u00a0poblaci\u00f3n \u00a0del sistema subsidiado se han visto plenamente garantizados, por \u00a0lo \u00a0que \u00a0las \u00a0conclusiones \u00a0de \u00a0la \u00a0demanda \u00a0son apenas parciales y no tienen en \u00a0cuenta todas las variables que inciden en el tema. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0otro \u00a0lado, asegura que eliminar de tajo \u00a0las \u00a0diferencias \u00a0entre \u00a0los servicios del r\u00e9gimen contributivo y el subsidiado \u00a0implica \u00a0suprimir \u00a0los \u00a0incentivos \u00a0para \u00a0que \u00a0la \u00a0poblaci\u00f3n \u00a0contribuya \u00a0a \u00a0la \u00a0financiaci\u00f3n \u00a0del \u00a0sistema. \u00a0Es \u00a0decir, \u00a0si \u00a0los servicios son los mismos en el \u00a0r\u00e9gimen \u00a0subsidiario, \u00a0ninguna \u00a0persona \u00a0estar\u00eda \u00a0interesada \u00a0en contribuir al \u00a0sistema \u00a0sobre la base de que tendr\u00eda los mismos beneficios sin aportar dinero. \u00a0La \u00a0eliminaci\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0diferencias de los servicios supondr\u00eda una revisi\u00f3n \u00a0total \u00a0 del \u00a0 sistema \u00a0 de \u00a0seguridad \u00a0social, \u00a0pues \u00a0todas \u00a0sus \u00a0normas \u00a0est\u00e1n \u00a0estructuradas \u00a0sobre \u00a0la base de la existencia de dos reg\u00edmenes con diferencias \u00a0importantes. \u00a0Para \u00a0ilustrarlo, \u00a0el \u00a0ministerio hace un completo recuento de las \u00a0normas \u00a0que \u00a0marcan \u00a0esa \u00a0interdependencia \u00a0y \u00a0se\u00f1ala que en virtud de la orden \u00a0impartida \u00a0por la Sentencia T-760 de 2008, el Gobierno estudia la posibilidad de \u00a0reorganizar completamente el sistema. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0ministerio \u00a0de \u00a0la \u00a0referencia \u00a0indica \u00a0tambi\u00e9n \u00a0 que \u00a0en \u00a0las \u00a0condiciones \u00a0actuales \u00a0del \u00a0mercado, \u00a0en \u00a0las \u00a0que \u00a0los \u00a0porcentajes \u00a0de \u00a0trabajadores \u00a0informales \u00a0tienden \u00a0al \u00a0alza, \u00a0resulta \u00a0inviable \u00a0reducir \u00a0los \u00a0incentivos \u00a0para \u00a0financiar el r\u00e9gimen contributivo. Se\u00f1ala que, \u00a0seg\u00fan \u00a0los \u00a0c\u00e1lculos \u00a0hechos \u00a0por \u00a0el \u00a0ministerio, la financiaci\u00f3n de los dos \u00a0sistemas \u00a0asciende a sumas cercanas a los 8 billones de pesos, sin contar con el \u00a0incremento \u00a0anual. \u00a0Este incremento tiene profundas repercusiones en el d\u00e9ficit \u00a0fiscal \u00a0y \u00a0en \u00a0la \u00a0deuda \u00a0p\u00fablica \u00a0que hacen insostenible el sistema de salud y \u00a0afectan \u00a0finalmente la inversi\u00f3n p\u00fablica. El ministerio recalca que este no es \u00a0un \u00a0problema \u00a0exclusivo \u00a0del \u00a0r\u00e9gimen colombiano y se\u00f1ala que la preocupaci\u00f3n \u00a0creciente \u00a0del \u00a0gobierno \u00a0tiende \u00a0hacia la unificaci\u00f3n, pero equilibrada seg\u00fan \u00a0los recursos fiscales. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Intervenci\u00f3n \u00a0del \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0la \u00a0Protecci\u00f3n Social \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0representaci\u00f3n \u00a0del \u00a0ministerio \u00a0de \u00a0la \u00a0referencia \u00a0intervino \u00a0en \u00a0el \u00a0proceso la abogada Mar\u00eda Teresa Gil Cort\u00e9s para \u00a0solicitar \u00a0 a \u00a0la \u00a0Corte \u00a0estarse \u00a0a \u00a0lo \u00a0resuelto \u00a0en \u00a0la \u00a0Sentencia \u00a0C-130 \u00a0de \u00a02002. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, \u00a0la \u00a0representante \u00a0judicial del \u00a0ministerio \u00a0alega que tras hacer un recuento de los argumentos de la demanda que \u00a0dio \u00a0origen \u00a0a \u00a0la \u00a0Sentencia \u00a0C-130 de 2002, puede concluirse que la discusi\u00f3n \u00a0jur\u00eddica \u00a0all\u00ed \u00a0planteada \u00a0coincide \u00a0con \u00a0la \u00a0que ahora propone la impugnante. \u00a0Sostiene \u00a0que \u00a0aunque la demandante pretende evadir el efecto de la cosa juzgada \u00a0al \u00a0sostener \u00a0que su cargo es distinto al estudiado en aquella oportunidad, cual \u00a0es \u00a0el \u00a0de \u00a0que \u00a0los \u00a0servicios \u00a0ofrecidos \u00a0en los dos sistemas son diversos, en \u00a0verdad \u00a0los \u00a0argumentos de la sentencia dan cuenta de que el an\u00e1lisis realizado \u00a0por \u00a0la \u00a0Corte \u00a0valor\u00f3 dicha diferencia, encontr\u00e1ndola exequible. Sostiene que \u00a0de \u00a0los \u00a0argumentos \u00a0contenidos en dicha sentencia se resuelve el tema principal \u00a0de \u00a0la \u00a0demanda, \u00a0cual \u00a0es el de la distinci\u00f3n entre los planes de salud de los \u00a0dos \u00a0reg\u00edmenes. \u00a0Ello \u00a0por cuanto que \u201cla existencia \u00a0de \u00a0dos \u00a0reg\u00edmenes est\u00e1 estrechamente asociada a las prestaciones que cada uno \u00a0brinda \u00a0y \u00a0es \u00a0el sentido de la inconformidad manifestada en la demanda D-3666 y \u00a0as\u00ed \u00a0se \u00a0recoge \u00a0en \u00a0los \u00a0apartes \u00a0de la decisi\u00f3n transcrita.\u201d. Lo \u00a0anterior supone que el cargo de inconstitucionalidad es el mismo \u00a0y que no se desvirt\u00faa la intangibilidad de la cosa juzgada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sostiene que el plan de equiparaci\u00f3n de los \u00a0sistemas \u00a0se \u00a0encuentra \u00a0consignado \u00a0en la orden impartida por la Corte mediante \u00a0Sentencia \u00a0T-760 \u00a0de \u00a02008, \u00a0y \u00a0que no tiene sentido discutir nuevamente un tema \u00a0respecto \u00a0del \u00a0cual \u00a0no existen elementos de juicio recientes que permitan hacer \u00a0un \u00a0an\u00e1lisis \u00a0distinto \u00a0al \u00a0que \u00a0ya \u00a0adelant\u00f3 \u00a0la \u00a0Corte. \u00a0Finalmente, son los \u00a0lineamientos \u00a0de \u00a0la \u00a0Sentencia \u00a0T-760 \u00a0de \u00a02008 los que guiar\u00e1n el programa de \u00a0adecuaci\u00f3n \u00a0impl\u00edcito \u00a0en \u00a0la \u00a0disposici\u00f3n \u00a0acusada, \u00a0lo \u00a0que \u00a0no \u00a0obsta para \u00a0reconocer \u00a0que \u00a0ya \u00a0existen planes de acercamiento en las distintas resoluciones \u00a0emanadas del Consejo Nacinoal de Seguridad Social en Salud. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 Intervenci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 Asociaci\u00f3n \u00a0 Mutual \u00a0 SER \u00a0EPS \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0representaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la entidad referida \u00a0intervino \u00a0en \u00a0el \u00a0proceso \u00a0la \u00a0abogada \u00a0Victoria \u00a0Eugenia Mart\u00ednez Puello para \u00a0requerir \u00a0la declaraci\u00f3n de exequibilidad condicionada de la norma porque, a su \u00a0juicio, \u00a0la disposici\u00f3n contraviene las disposiciones legales que establecen un \u00a0derecho \u00a0a \u00a0la \u00a0igualdad en el acceso a los servicios de salud, pero mientras el \u00a0legislador \u00a0no \u00a0fije una fecha precisa para la unificaci\u00f3n de los dos sistemas. \u00a0La \u00a0interviniente \u00a0se\u00f1ala que la diferencia entre los dos sistemas de servicios \u00a0es \u00a0inconstitucional \u00a0desde \u00a0que venci\u00f3 el t\u00e9rmino fijado por el art\u00edculo 162 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a0100 \u00a0y hasta que se fije una nueva fecha para el cumplimiento de la \u00a0norma. \u00a0\u00a0<\/p>\n
A \u00a0su juicio, el incumplimiento del plazo ha \u00a0generado \u00a0una \u00a0omisi\u00f3n legislativa que debe ser declarada por la Corte mediante \u00a0la exequibilidad condicionada de la norma. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Intervenci\u00f3n \u00a0del \u00a0ciudadano \u00a0Alberto \u00a0Carrasquilla Barrera \u00a0\u00a0<\/p>\n
De un an\u00e1lisis macroecon\u00f3mico explicado con \u00a0cierto \u00a0detalle, el interviniente resalta que un sistema de salud eficiente debe \u00a0estar \u00a0sentado \u00a0sobre \u00a0una base de universalidad, de sostenibilidad financiera y \u00a0de igualdad de cobertura de los servicios. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Indica que en Colombia la informalidad es un \u00a0fen\u00f3meno \u00a0de \u00a0alto \u00a0\u00edndice \u00a0y \u00a0reconoce \u00a0que \u00a0un \u00a0porcentaje \u00a0muy \u00a0bajo de los \u00a0trabajadores \u00a0informales \u00a0est\u00e1 vinculado al sistema contributivo. Acepta que el \u00a0acceso \u00a0a \u00a0la \u00a0formalidad \u00a0en \u00a0el pa\u00eds es muy costoso, tanto para el empresario \u00a0como \u00a0para \u00a0el \u00a0trabajador, \u00a0lo \u00a0cual \u00a0incide en el incremento de los niveles de \u00a0informalidad. \u00a0Adicionalmente, \u00a0advierte que el fen\u00f3meno de la migraci\u00f3n de la \u00a0poblaci\u00f3n \u00a0no \u00a0afiliada \u00a0al \u00a0r\u00e9gimen \u00a0subsidiado \u00a0incrementa la carga que debe \u00a0soportar \u00a0el \u00a0contributivo, \u00a0sin \u00a0que \u00a0exista una clara pol\u00edtica que permita la \u00a0consecuente \u00a0y \u00a0necesaria \u00a0migraci\u00f3n \u00a0del \u00a0r\u00e9gimen subsidiado al contributivo. \u00a0Finalmente, \u00a0resalta \u00a0que \u00a0los \u00a0subsidios \u00a0a \u00a0la oferta siguen subiendo, sin que \u00a0exista una clara perspectiva de que aumenten los de la demanda. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sostiene que el fin del sistema de seguridad \u00a0social \u00a0en \u00a0salud \u00a0debe \u00a0ser \u00a0la \u00a0satisfacci\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0tres pilares indicados \u00a0previamente \u00a0y \u00a0considera \u00a0que \u00a0hacia \u00a0ello \u00a0se \u00a0dirige \u00a0la demanda, pero que no \u00a0observa \u00a0una \u00a0din\u00e1mica \u00a0de \u00a0migraci\u00f3n \u00a0al r\u00e9gimen contributivo que permita la \u00a0realizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0esos fines, pues la regulaci\u00f3n laboral se ha convertido en un \u00a0freno para la formalizaci\u00f3n laboral. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5. \u00a0 Intervenci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 la \u00a0Facultad \u00a0de \u00a0Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Se\u00f1ora del Rosario \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0representaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0facultad \u00a0de la \u00a0referencia, \u00a0intervino \u00a0en \u00a0el \u00a0proceso \u00a0su decano, Alejandro Venegas Franco. El \u00a0interviniente \u00a0afirma \u00a0que \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Constitucional \u00a0ya se pronunci\u00f3 sobre la \u00a0exequibilidad \u00a0de \u00a0la existencia de los dos reg\u00edmenes de salud, en providencias \u00a0C-130 \u00a0de \u00a02002 \u00a0y \u00a0C-1032 de 2006, pero tambi\u00e9n respecto de la unificaci\u00f3n de \u00a0los \u00a0planes de salud de ambos reg\u00edmenes, tal como lo dispuso la Sentencia T-760 \u00a0de \u00a02008. \u00a0Esta \u00a0situaci\u00f3n indica que ya existen \u00f3rdenes destinadas a corregir \u00a0la situaci\u00f3n denunciada por la demandante. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6. Intervenci\u00f3n de la Facultad de Derecho de \u00a0la Universidad Nacional de Colombia \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0representaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0facultad \u00a0de la \u00a0referencia, \u00a0intervino en el proceso el abogado Leonardo Corredor Avenda\u00f1o para \u00a0solicitar la declaraci\u00f3n de exequibilidad de la norma. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El interviniente asegura que el derecho a la \u00a0salud \u00a0tiene \u00a0car\u00e1cter \u00a0progresivo, \u00a0seg\u00fan lo cual no puede exigirse de manera \u00a0inmediata, \u00a0sino \u00a0gradual, \u00a0despu\u00e9s \u00a0de \u00a0la \u00a0incorporaci\u00f3n \u00a0de las condiciones \u00a0materiales \u00a0disponibles \u00a0por \u00a0el Estado. Advierte que la Sentencia T-760 de 2008 \u00a0estableci\u00f3 \u00a0situaciones \u00a0en \u00a0las \u00a0que el derecho a la salud no puede protegerse \u00a0por \u00a0v\u00eda \u00a0de \u00a0tutela \u00a0y \u00a0precisa \u00a0la incidencia de las acciones de tutela en la \u00a0protecci\u00f3n \u00a0del derecho a la salud. Este incremento de las tutelas demuestra la \u00a0vulneraci\u00f3n \u00a0del \u00a0derecho \u00a0a \u00a0la \u00a0igualdad, \u00a0pero advierte el interviniente que \u00a0dicha \u00a0situaci\u00f3n debe considerarse como algo temporal, mientras las autoridades \u00a0disponen \u00a0los recursos necesarios para unificar el plan obligatorio. Dice que la \u00a0progresividad \u00a0de \u00a0la \u00a0norma acusada fue \u201cdiluida\u201d por el art\u00edculo 14 de la \u00a0Ley \u00a01122 \u00a0de 2007, expedida por el legislador, y que fue estudiada por la Corte \u00a0en \u00a0Sentencia \u00a0T-760 \u00a0de \u00a02008, mediante la cual se impartieron las ordenes para \u00a0que se unifiquen los referidos sistemas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION \u00a0<\/p>\n
En \u00a0la oportunidad prevista, intervino en el \u00a0proceso \u00a0el \u00a0se\u00f1or \u00a0el entonces Procurador General de la Naci\u00f3n, Edgardo Jos\u00e9 \u00a0Maya \u00a0Villaz\u00f3n, para solicitar a la Corte inhibirse de emitir concepto de fondo \u00a0o \u00a0reiterar \u00a0la \u00a0posici\u00f3n \u00a0asumida \u00a0por el Tribunal en Sentencia T-760 de 2008. \u00a0\u00a0<\/p>\n
A \u00a0juicio de la Procuradur\u00eda, los cargos de \u00a0la \u00a0demanda \u00a0no \u00a0se refieren propiamente a un problema constitucional, sino a la \u00a0aplicaci\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0normas \u00a0por \u00a0parte \u00a0de \u00a0las \u00a0autoridades \u00a0administrativas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Con \u00a0 todo, \u00a0 en \u00a0 virtud \u00a0 del \u00a0principio \u00a0pro \u00a0actione, la Vista Fiscal \u00a0se\u00f1ala \u00a0que \u00a0en \u00a0Sentencia \u00a0T-760 \u00a0de \u00a02008 \u00a0la Corte Constitucional someti\u00f3 a \u00a0estudio \u00a0el \u00a0punto \u00a0de la diferencia entre los planes de salud de los reg\u00edmenes \u00a0del \u00a0sistema \u00a0y \u00a0determin\u00f3 \u00a0que \u00a0los \u00a0mismos deb\u00edan unificarse. Precisa que la \u00a0Sentencia \u00a0C-130 \u00a0de 2002 encontr\u00f3 exequible la existencia de dos reg\u00edmenes de \u00a0salud, \u00a0pero que tal decisi\u00f3n no afecta la que aqu\u00ed debe adoptarse, por lo que \u00a0no existe cosa juzgada constitucional. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De otro lado, afirma que la norma acusada fue \u00a0derogada \u00a0t\u00e1citamente \u00a0por la Ley 1122 de 2007, que en su art\u00edculo 14 cre\u00f3 la \u00a0obligaci\u00f3n \u00a0de \u00a0asimilaci\u00f3n \u00a0gradual \u00a0de \u00a0los \u00a0dos \u00a0planes. \u00a0De \u00a0lo \u00a0dicho, la \u00a0Procuradur\u00eda infiere lo siguiente: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c(i) \u00a0que no obstante que la Ley 1122 de \u00a02007 \u00a0no \u00a0derog\u00f3, \u00a0de \u00a0manera expresa, el contenido del art\u00edculo 162 de la Ley \u00a0100 \u00a0de \u00a01993, \u00a0el \u00a0texto \u00a0del \u00a0literal e) del art\u00edculo 14 de la primera de las \u00a0leyes\u00a0 \u00a0citadas, \u00a0s\u00ed vaci\u00f3 de contenido lo dispuesto en \u00e9sta \u00faltima, en \u00a0cuanto \u00a0hace referencia a la obligaci\u00f3n de las autoridades para que dise\u00f1aran, \u00a0de \u00a0manera \u00a0gradual \u00a0y \u00a0sostenible, \u00a0un \u00a0programa \u00a0de \u00a0beneficios tendiente a la \u00a0unificaci\u00f3n \u00a0en \u00a0la \u00a0prestaci\u00f3n \u00a0del \u00a0servicio \u00a0p\u00fablico \u00a0de la salud para los \u00a0reg\u00edmenes \u00a0contributivo y subsidiado del POS. Por este aspecto, puede afirmarse \u00a0que \u00a0a pesar de haberse constituido desde la promulgaci\u00f3n de la ley 100 de 1993 \u00a0el \u00a0imperativo legal del dise\u00f1o de una cobertura progresiva, sin embargo, \u00e9sta \u00a0ten\u00eda \u00a0como \u00a0fecha \u00a0l\u00edmite \u00a0el a\u00f1o 2001. Pero, ahora, es el propio legislador \u00a0quien \u00a0vuelve \u00a0a \u00a0ocuparse del tema, a trav\u00e9s de una ley ordinaria \u2013Ley \u00a01122 \u00a0de \u00a02007- \u00a0al \u00a0asignar dicha \u00a0funci\u00f3n \u00a0a \u00a0la \u00a0Comisi\u00f3n \u00a0de Regulaci\u00f3n en Salud que mediante la nueva ley se \u00a0crea, \u00a0y, \u00a0ello, \u00a0para \u00a0viabilizar \u00a0el aseguramiento del servicio p\u00fablico de la \u00a0salud \u00a0con \u00a0cobertura \u00a0total; \u00a0y, (ii) que la unificaci\u00f3n de los reg\u00edmenes del \u00a0POS \u00a0no \u00a0se logr\u00f3 en el plazo fijado por la ley 100 de 1993, ello es, antes del \u00a0a\u00f1o \u00a02001, \u00a0y \u00a0la nueva ley estableci\u00f3 \u201cun acercamiento progresivo\u201d de los \u00a0reg\u00edmenes contributivo y subsidiado.\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
Aunque la falencia de la demanda implicar\u00eda \u00a0la \u00a0inhibici\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0Corte, \u00a0la \u00a0Procuradur\u00eda \u00a0sostiene \u00a0que le preocupa la \u00a0diferencia \u00a0de trato entre la afiliaci\u00f3n al r\u00e9gimen subsidiado y contributivo. \u00a0Al \u00a0respecto, \u00a0el Procurador cita el estudio que bajo el t\u00edtulo \u201cEl Derecho a \u00a0la Salud\u201d, public\u00f3 el 20 de mayo de 2008, en donde se dijo: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c\u2026Sin embargo, dichos avances han tendido \u00a0a \u00a0estancarse, \u00a0por \u00a0lo \u00a0cual \u00a0subsisten \u00a0problemas \u00a0muy \u00a0serios \u00a0de \u00a0inequidad, \u00a0universalidad \u00a0y \u00a0calidad \u00a0del servicio de salud. Por ejemplo, es claro que a\u00fan \u00a0no \u00a0se \u00a0ha \u00a0logrado la universalidad, pues hay un amplio n\u00famero de personas que \u00a0no \u00a0logran \u00a0acceso al sistema, ya sea porque no est\u00e1n aseguradas, ya sea porque \u00a0cuando \u00a0requieren \u00a0atenci\u00f3n \u00a0m\u00e9dica, \u00a0no \u00a0logran \u00a0el correspondiente servicio. \u00a0Adem\u00e1s \u00a0persisten \u00a0los \u00a0problemas de inequidad, como lo demuestran, entre otros \u00a0aspectos, \u00a0 la \u00a0subsistencia \u00a0de \u00a0la \u00a0diferencia \u00a0en \u00a0los \u00a0contenidos \u00a0del \u00a0Plan \u00a0Obligatorio \u00a0de \u00a0Salud (POS) para el r\u00e9gimen contributivo y el Plan Obligatorio \u00a0de \u00a0Salud para el R\u00e9gimen Subsidiado (POS-S). Habr\u00eda pues una segmentaci\u00f3n en \u00a0el \u00a0acceso \u00a0a \u00a0los servicios de salud, pues quienes no tienen capacidad de pago, \u00a0tendr\u00edan \u00a0planes \u00a0de \u00a0beneficios menores que aquellos que gozan de capacidad de \u00a0pago, \u00a0lo cual parece contradictorio al principio de no discriminaci\u00f3n que debe \u00a0gobernar \u00a0 \u00a0 \u00a0las \u00a0 \u00a0 pol\u00edticas \u00a0 \u00a0 sociales\u201d1. \u00a0(Subrayado \u00a0fuera \u00a0del texto \u00a0original). \u00a0\u00a0<\/p>\n
A \u00a0lo \u00a0anterior \u00a0debe \u00a0sumarse \u00a0\u2013dice- \u00a0el \u00a0pronunciamiento \u00a0de la Corte \u00a0contenido \u00a0en la Sentencia T-760 de 2008, que busca unificar los planes de salud \u00a0de \u00a0los dos reg\u00edmenes. Por ello, a juicio del Ministerio P\u00fablico, \u201clo \u00a0procedente \u00a0en \u00a0relaci\u00f3n con esta demanda consiste en que no \u00a0obstante \u00a0que \u00a0la \u00a0Corte Constitucional debe inhibirse frente al cargo formulado \u00a0contra \u00a0las \u00a0expresiones: \u00a0\u201cantes \u00a0del \u00a0a\u00f1o \u00a02001\u201d \u00a0y \u201cPara los afiliados \u00a0seg\u00fan \u00a0las \u00a0normas \u00a0del \u00a0r\u00e9gimen \u00a0subsidiado, el Consejo Nacional de Seguridad \u00a0Social \u00a0en \u00a0Salud \u00a0dise\u00f1ar\u00e1 un programa para que sus beneficiarios alcancen el \u00a0Plan \u00a0Obligatorio \u00a0del \u00a0Sistema Contributivo, en forma progresiva antes del a\u00f1o \u00a02001\u201d \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a0162 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley 100 de 1993, por la derogatoria de las \u00a0mismas, \u00a0tal \u00a0como \u00a0se expuso en este concepto, es un hecho incontrovertible que \u00a0con \u00a0el pronunciamiento de la Corte en sede de tutela, a trav\u00e9s de la Sentencia \u00a0T-760 \u00a0de 2008 se est\u00e1 ante un nuevo orden legal y jurisprudencial, que implica \u00a0declarar \u00a0 que \u00a0 tanto \u00a0en \u00a0sentencia \u00a0de \u00a0tutela \u00a0como \u00a0en \u00a0pronunciamiento \u00a0de \u00a0constitucionalidad \u00a0las \u00a0\u00f3rdenes \u00a0impartidas \u00a0por \u00a0la \u00a0Corte \u00a0en la ya referida \u00a0Sentencia T-760 de 2008 tienen efectos erga omnes\u201d.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
VI. CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
1. Inhibici\u00f3n por ineptitud sustantiva de la \u00a0demanda \u00a0\u00a0<\/p>\n
La demanda de la referencia fue inadmitida en \u00a0auto \u00a0del 5 de septiembre de 2008 porque la misma no cumpl\u00eda con las exigencias \u00a0argumentativas \u00a0previstas \u00a0en \u00a0la jurisprudencia constitucional. Aunque la misma \u00a0fue \u00a0 corregida \u00a0 y \u00a0posteriormente \u00a0el \u00a0despacho \u00a0del \u00a0magistrado \u00a0sustanciador \u00a0procedi\u00f3 \u00a0a \u00a0admitirla, \u00a0del \u00a0an\u00e1lisis \u00a0detenido \u00a0de \u00a0los argumentos esta Sala \u00a0encuentra \u00a0que, \u00a0tal \u00a0como \u00a0lo \u00a0reconoci\u00f3 \u00a0el auto de inadmisi\u00f3n, el libelo no \u00a0satisface \u00a0 las \u00a0 exigencias \u00a0 de \u00a0 razonamiento \u00a0 jur\u00eddico \u00a0previstas \u00a0por \u00a0la \u00a0jurisprudencia constitucional. \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0En primer lugar, esta Sala debe recordar \u00a0que \u00a0la \u00a0demanda de inconstitucionalidad no s\u00f3lo debe satisfacer las exigencias \u00a0formales \u00a0previstas \u00a0en \u00a0el \u00a0Decreto \u00a02067 \u00a0de \u00a01991, por el cual se regulan los \u00a0procedimientos \u00a0 adelantados \u00a0ante \u00a0esta \u00a0Corporaci\u00f3n, \u00a0sino \u00a0tambi\u00e9n \u00a0ciertas \u00a0exigencias \u00a0de \u00a0l\u00f3gica argumentativa que se hacen indispensables para adelantar \u00a0un adecuado juicio de juicio de inconstitucionalidad. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Ciertamente, la Sentencia C-1052 de 2001, al \u00a0sistematizar \u00a0la \u00a0jurisprudencia \u00a0de \u00a0la \u00a0Corte \u00a0en la materia, insisti\u00f3 en que \u00a0adem\u00e1s \u00a0de \u00a0los \u00a0requisitos \u00a0formales \u00a0exigidos por el Decreto 2067 de 1991, la \u00a0demanda \u00a0debe garantizar que los cargos est\u00e9n debidamente fundamentados. A este \u00a0respecto indic\u00f3: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c3.1. La Corte Constitucional encuentra que \u00a0la \u00a0demanda \u00a0presentada \u00a0ante \u00a0la Corte Constitucional, en la que se solicita la \u00a0declaratoria \u00a0de \u00a0inexequibilidad \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a051 \u00a0de la Ley 617 de 2000, no \u00a0cumple \u00a0con \u00a0los \u00a0requisitos \u00a0necesarios para proferir a un fallo de fondo. Este \u00a0asunto \u00a0ha sido tratado por esta Corporaci\u00f3n en numerosas ocasiones, motivo por \u00a0el \u00a0que \u00a0se \u00a0ha expedido una copiosa jurisprudencia a la que en esta oportunidad \u00a0se \u00a0har\u00e1 \u00a0referencia \u00a0para \u00a0sintetizar los criterios que al respecto ha sentado \u00a0este Tribunal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c3.2. El art\u00edculo 2\u00b0 del Decreto 2067 de \u00a01991 \u00a0se\u00f1ala \u00a0los \u00a0elementos indispensables que debe contener la demanda en los \u00a0procesos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0inconstitucionalidad2. La jurisprudencia de la Corte \u00a0Constitucional, \u00a0por \u00a0su parte, ha establecido la necesidad de cumplir con todos \u00a0y \u00a0cada \u00a0uno \u00a0de \u00a0estos requerimientos.\u00a0 Se trata, como lo dijo la Corte al \u00a0declarar \u00a0exequible \u00a0la \u00a0norma citada, de \u201cunos requisitos m\u00ednimos razonables \u00a0que \u00a0buscan \u00a0hacer \u00a0m\u00e1s \u00a0viable \u00a0el \u00a0derecho [de participaci\u00f3n pol\u00edtica], sin \u00a0atentar \u00a0 en \u00a0 ning\u00fan \u00a0 momento \u00a0 contra \u00a0 su \u00a0n\u00facleo \u00a0esencial\u201d3. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cAs\u00ed, \u00a0si un ciudadano demanda una norma, \u00a0\u201cdebe \u00a0 cumplir \u00a0 no \u00a0s\u00f3lo \u00a0formalmente \u00a0sino \u00a0tambi\u00e9n \u00a0materialmente \u00a0estos \u00a0requisitos, \u00a0 pues \u00a0 si \u00a0 no \u00a0lo \u00a0hace, \u00a0hay \u00a0una \u00a0ineptitud \u00a0sustancial \u00a0de \u00a0la \u00a0demanda\u201d4 \u00a0que impide que la Corte se pronuncie de fondo. T\u00e9ngase en cuenta, \u00a0adem\u00e1s, \u00a0que \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0241 de la Constituci\u00f3n consagra de manera expresa \u00a0las \u00a0funciones \u00a0de \u00a0la \u00a0Corte, \u00a0dentro \u00a0de \u00a0las \u00a0que se\u00f1ala\u00a0 que a ella le \u00a0corresponde \u00a0la guarda de la integridad y supremac\u00eda de la Constituci\u00f3n en los \u00a0estrictos \u00a0y \u00a0precisos t\u00e9rminos del art\u00edculo; de acuerdo con esta norma, \u201cno \u00a0corresponde \u00a0a \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Constitucional \u00a0revisar \u00a0oficiosamente las leyes sino \u00a0examinar \u00a0aquellas \u00a0que \u00a0han sido demandadas por los ciudadanos, lo cual implica \u00a0que \u00a0 el \u00a0tr\u00e1mite \u00a0de \u00a0la \u00a0acci\u00f3n \u00a0p\u00fablica \u00a0s\u00f3lo \u00a0puede \u00a0adelantarse \u00a0cuando \u00a0efectivamente \u00a0haya \u00a0habido \u00a0demanda, esto es, una acusaci\u00f3n en debida forma de \u00a0un \u00a0 \u00a0ciudadano \u00a0 \u00a0contra \u00a0 una \u00a0 norma \u00a0 legal\u201d5. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0este \u00a0sentido, \u00a0no le asiste raz\u00f3n a la \u00a0demandante \u00a0cuando \u00a0sugiere \u00a0que \u00a0los \u00a0requisitos de la demanda deben estudiarse \u00a0desde \u00a0 un \u00a0 punto \u00a0 de \u00a0 vista \u00a0 meramente \u00a0 formal, \u00a0 ignorando \u00a0su \u00a0contenido \u00a0l\u00f3gico. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. Ahora bien, respecto del planteamiento de \u00a0los \u00a0cargos \u00a0de \u00a0inconstitucionalidad, este despacho observa que la forma en que \u00a0los \u00a0 mismos \u00a0 se \u00a0 encuentran \u00a0 estructurados \u00a0 no \u00a0 satisface \u00a0las \u00a0exigencias \u00a0argumentativas \u00a0previstas \u00a0por \u00a0la \u00a0jurisprudencia \u00a0para \u00a0propiciar \u00a0un adecuado \u00a0juicio de inconstitucionalidad. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En efecto, pese a que ya fueron expuestos en \u00a0la \u00a0parte \u00a0inicial de esta providencia, los cargos de inconstitucionalidad de la \u00a0demanda \u00a0pueden \u00a0resumirse en los siguientes puntos, a efectos del an\u00e1lisis que \u00a0se har\u00e1 con posterioridad: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
a. La \u00a0 demanda \u00a0no \u00a0se \u00a0dirige \u00a0a \u00a0cuestionar \u00a0la \u00a0existencia \u00a0de \u00a0dos \u00a0reg\u00edmenes \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0seguridad \u00a0 \u00a0 \u00a0social \u00a0 \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0 salud \u00a0 \u00a0 \u2013el contributivo y el subsidiado- porque \u00a0esa \u00a0 \u00a0duplicidad \u00a0 \u00a0ya \u00a0 \u00a0fue \u00a0 considerada \u00a0 constitucional \u00a0 por \u00a0 la \u00a0 Corte \u00a0Constitucional. \u00a0\u00a0<\/p>\n
b. El \u00a0fin \u00a0de \u00a0la \u00a0demanda es cuestionar la inconstitucionalidad de la \u00a0expresi\u00f3n\u00a0 \u00a0 \u00a0\u201cantes \u00a0 del \u00a0 a\u00f1o \u00a0 2001\u201d, \u00a0porque \u00a0a \u00a0pesar \u00a0de \u00a0que \u00a0la \u00a0ley \u00a0ordena \u00a0que para esa fecha los planes de salud de \u00a0ambos \u00a0reg\u00edmenes \u00a0deben \u00a0haberse \u00a0equiparado, tal circunstancia no ha ocurrido, \u00a0como \u00a0lo \u00a0demuestran \u00a0los \u00a0informes rendidos por las autoridades administrativas \u00a0competentes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
c. Dice \u00a0que \u00a0esta \u00a0circunstancia \u00a0es \u00a0vulneratoria \u00a0del \u00a0art\u00edculo 2\u00ba \u00a0constitucional, \u00a0porque \u00a0impide la satisfacci\u00f3n efectiva de los derechos de los \u00a0ciudadanos; \u00a0de los art\u00edculos 5\u00ba y 13 de la Carta porque impide la prestaci\u00f3n \u00a0no \u00a0discriminatoria \u00a0de \u00a0los \u00a0servicios \u00a0de \u00a0salud \u00a0a \u00a0las personas del r\u00e9gimen \u00a0subsidiado, \u00a0y del art\u00edculo 48 de la Carta, porque no garantiza el principio de \u00a0progresividad de la seguridad social. \u00a0\u00a0<\/p>\n
d. En \u00a0su \u00a0escrito de correcci\u00f3n de la demanda, la peticionaria agrega \u00a0que \u00a0la \u00a0existencia \u00a0misma \u00a0de \u00a0dos reg\u00edmenes habilita la diferencia de planes, \u00a0dependiendo \u00a0de \u00a0la \u00a0capacidad \u00a0de \u00a0pago \u00a0y \u00a0que \u00a0ello \u00a0resulta violatorio de la \u00a0igualdad. \u00a0All\u00ed \u00a0agrega \u00a0que \u00a0existe \u00a0una \u00a0desigualdad \u00a0en \u00a0el \u00a0hecho de que el \u00a0art\u00edculo \u00a0demandado \u00a0disponga \u00a0que \u00a0el \u00a0acceso a la salud no sea el mismo en el \u00a0r\u00e9gimen \u00a0subsidiado \u00a0y \u00a0que \u00a0s\u00f3lo disponga la elaboraci\u00f3n de un plan para que \u00a0sus usuarios sean igualados en un determinado tiempo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
e. Respecto \u00a0de \u00a0la \u00a0fecha \u00a0demandada, \u00a0se\u00f1ala \u00a0que \u00a0la misma no es el \u00a0motivo \u00a0central del reproche, pero es ilustrativo de una pr\u00e1ctica continuada de \u00a0desigualdad, \u00a0pues \u00a0esta \u00a0se profundiza al permitirse la existencia de planes de \u00a0beneficios \u00a0que \u00a0diferencian \u00a0entre quienes cuentan con medios de pago y quienes \u00a0deben \u00a0 aspirar \u00a0 a \u00a0 ser \u00a0 protegidos \u00a0mediante \u00a0la \u00a0solidaridad \u00a0del \u00a0sistema. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 Del \u00a0 contenido \u00a0 de \u00a0los \u00a0cargos \u00a0de \u00a0inconstitucionalidad \u00a0 \u00a0esta \u00a0 \u00a0Sala \u00a0 \u00a0evidencia \u00a0 las \u00a0 siguientes \u00a0 falencias \u00a0argumentativas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0primer \u00a0lugar, \u00a0la \u00a0demandante \u00a0ataca la \u00a0expresi\u00f3n \u00a0 \u201cantes \u00a0del \u00a0a\u00f1o \u00a02001\u201d, \u00a0como \u00a0responsable \u00a0de \u00a0la \u00a0desigualdad que existe en los planes de \u00a0servicios \u00a0de \u00a0los dos reg\u00edmenes de seguridad social en salud. No obstante, del \u00a0contenido \u00a0de \u00a0la \u00a0expresi\u00f3n \u00a0atacada no se deriva que exista una diferencia de \u00a0tipo \u00a0discriminatorio \u00a0en \u00a0la \u00a0oferta \u00a0de \u00a0planes \u00a0de \u00a0salud \u00a0de \u00a0los reg\u00edmenes \u00a0contributivo y subsidiado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Ciertamente, \u00a0en \u00a0el \u00a0contexto \u00a0en el que se \u00a0inscribe, \u00a0la \u00a0expresi\u00f3n \u00a0acusada \u00a0se\u00f1ala que el Consejo Nacional de Seguridad \u00a0Social \u00a0buscar\u00e1 \u00a0equiparar \u00a0los \u00a0beneficios \u00a0del plan subsidiado a los del plan \u00a0contributivo \u00a0antes \u00a0de \u00a02001, \u00a0lo \u00a0cual \u00a0implica \u00a0que \u00a0desde \u00a0el punto de vista \u00a0meramente \u00a0normativo \u00a0la \u00a0ley previ\u00f3 una diferencia entre los dos sistemas. Sin \u00a0embargo, \u00a0la expresi\u00f3n que se acusa, antes que promover la continuidad de dicha \u00a0diferencia, \u00a0 precisamente \u00a0 fija \u00a0un \u00a0plazo \u00a0para \u00a0que \u00a0la \u00a0misma \u00a0desaparezca, \u00a0procedi\u00e9ndose \u00a0a la equiparaci\u00f3n de los servicios ofrecidos. Si esa diferencia \u00a0persiste \u00a0en la realidad f\u00e1ctica, si todav\u00eda se presenta una distinci\u00f3n entre \u00a0los \u00a0 servicios \u00a0recibidos \u00a0por \u00a0los \u00a0usuarios \u00a0del \u00a0r\u00e9gimen \u00a0de \u00a0salud, \u00a0dicha \u00a0distinci\u00f3n \u00a0ciertamente \u00a0no \u00a0proviene \u00a0de \u00a0la \u00a0expresi\u00f3n acusada, que promueve \u00a0exactamente lo contrario. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Es tan evidente que la expresi\u00f3n acusada no \u00a0genera \u00a0la \u00a0consecuencia inconstitucional advertida por la demandante que si tal \u00a0frase \u00a0se \u00a0expulsara \u00a0del \u00a0ordenamiento jur\u00eddico la diferencia de trato, que la \u00a0demanda \u00a0 juzga \u00a0 ileg\u00edtima, \u00a0 adquirir\u00eda \u00a0 vocaci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 permanencia, \u00a0por \u00a0desaparici\u00f3n \u00a0 de \u00a0la \u00a0fecha \u00a0l\u00edmite \u00a0hasta \u00a0cuando \u00a0tal \u00a0distinci\u00f3n \u00a0podr\u00eda \u00a0conservarse, \u00a0consecuencia \u00a0diametralmente \u00a0opuesta a la pretensi\u00f3n del libelo. \u00a0Esta \u00a0simple \u00a0reflexi\u00f3n demuestra que el cargo de inconstitucionalidad no puede \u00a0predicarse del precepto acusado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, esta Sala considera que el \u00a0cargo \u00a0de inconstitucionalidad no se funda en un reproche contra el contenido de \u00a0la \u00a0 norma, \u00a0 sino \u00a0 contra \u00a0 un \u00a0hecho \u00a0extranormativo, \u00a0no \u00a0sujeto \u00a0a \u00a0control \u00a0constitucional, \u00a0 que \u00a0 consiste \u00a0en \u00a0que \u00a0la \u00a0orden \u00a0dada \u00a0por \u00a0el \u00a0legislador, \u00a0precisamente \u00a0en \u00a0la norma que se ataca, no ha sido cumplida por las autoridades \u00a0del \u00a0Estado. En otras palabras, la demanda de la referencia presenta un problema \u00a0de \u00a0eficacia \u00a0de \u00a0la \u00a0norma \u00a0jur\u00eddica \u00a0que, no obstante, el juez constitucional \u00a0est\u00e1 \u00a0en incapacidad de resolver, dado que su funci\u00f3n se limita a verificar la \u00a0legitimidad \u00a0del \u00a0precepto \u00a0normativo, \u00a0es decir, su mera concordancia normativa \u00a0con \u00a0el texto constitucional. Al juez constitucional no le corresponde verificar \u00a0si \u00a0una \u00a0disposici\u00f3n \u00a0de \u00a0orden \u00a0legal \u00a0se \u00a0cumple \u00a0o \u00a0no. Su deber se limita a \u00a0comprobar que no vulnere el texto superior. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0jurisprudencia \u00a0constitucional \u00a0ha dicho \u00a0reiteradamente \u00a0que \u00a0el \u00a0cargo \u00a0de \u00a0inconstitucionalidad \u00a0debe \u00a0cumplir \u00a0con \u00a0el \u00a0elemento \u00a0de \u00a0certeza, \u00a0que seg\u00fan definici\u00f3n de la doctrina de la Corporaci\u00f3n \u00a0consiste \u00a0en \u00a0la \u00a0necesidad \u00a0de \u00a0que la raz\u00f3n de la inconstitucionalidad emerja \u00a0efectivamente \u00a0del \u00a0contenido \u00a0de \u00a0la norma que se ataca. La Sentencia C-1052 de \u00a02002 describi\u00f3 as\u00ed dicho requisito \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cAdicionalmente, las razones que respaldan \u00a0los \u00a0cargos \u00a0de \u00a0inconstitucionalidad \u00a0sean \u00a0ciertas \u00a0significa \u00a0que \u00a0la demanda \u00a0recaiga \u00a0 sobre \u00a0 una \u00a0 proposici\u00f3n \u00a0 jur\u00eddica \u00a0real \u00a0y \u00a0existente6 \u00a0 \u201cy \u00a0 no \u00a0simplemente \u00a0[sobre \u00a0una] \u00a0deducida \u00a0por \u00a0el \u00a0actor, o impl\u00edcita\u201d7 \u00a0e \u00a0incluso \u00a0sobre \u00a0otras \u00a0normas vigentes que, en todo caso, no son el objeto concreto de la \u00a0demanda8.\u00a0 \u00a0 As\u00ed, \u00a0 el \u00a0 ejercicio \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 acci\u00f3n \u00a0 p\u00fablica \u00a0 de \u00a0inconstitucionalidad \u00a0supone \u00a0la confrontaci\u00f3n del texto constitucional con una \u00a0norma \u00a0legal \u00a0que \u00a0tiene un contenido verificable a partir de la interpretaci\u00f3n \u00a0de \u00a0su \u00a0propio \u00a0texto; \u00a0\u201cesa t\u00e9cnica de control difiere, entonces, de aquella \u00a0[otra] \u00a0encaminada \u00a0a \u00a0establecer \u00a0proposiciones \u00a0inexistentes, \u00a0que no han sido \u00a0suministradas \u00a0por el legislador, para pretender deducir la inconstitucionalidad \u00a0de \u00a0las \u00a0mismas \u00a0cuando \u00a0del \u00a0texto \u00a0normativo \u00a0no \u00a0se desprenden\u201d9. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0el \u00a0caso \u00a0de \u00a0la \u00a0demanda, \u00a0la raz\u00f3n de \u00a0inconstitucionalidad \u00a0 no \u00a0proviene \u00a0de \u00a0la \u00a0norma \u00a0acusada, \u00a0en \u00a0tanto \u00a0que \u00a0es \u00a0precisamente \u00a0la \u00a0misma \u00a0norma \u00a0la que consigna la orden de equiparaci\u00f3n de los \u00a0planes \u00a0de \u00a0salud cuyo cumplimiento no ha sido posible por circunstancias ajenas \u00a0a su contenido normativo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Es preciso recalcar que la expresi\u00f3n acusada \u00a0ordena \u00a0la \u00a0equiparaci\u00f3n \u00a0de \u00a0los dos planes de salud. As\u00ed entonces, antes que \u00a0ser \u00a0la \u00a0fuente \u00a0de \u00a0la \u00a0violaci\u00f3n \u00a0constitucional, la disposici\u00f3n acusada es, \u00a0parad\u00f3jicamente, \u00a0la \u00a0norma \u00a0vulnerada. \u00a0Estas \u00a0razones \u00a0llevan \u00a0a \u00a0la \u00a0Sala \u00a0a \u00a0considerar \u00a0que \u00a0el \u00a0requisito de la certeza no ha sido cumplido en la demanda y \u00a0que por este aspecto existe ineptitud sustantiva de la misma. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0 De \u00a0 cualquier \u00a0manera, \u00a0aun \u00a0si \u00a0las \u00a0acusaciones \u00a0se \u00a0extendieran \u00a0a \u00a0otras \u00a0disposiciones \u00a0no \u00a0especificadas \u00a0por la \u00a0demandante \u00a0\u2013a la totalidad \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a0162- \u00a0e incluso a los efectos que antes del a\u00f1o 2001 produjo la \u00a0norma, \u00a0habr\u00eda \u00a0que concluir que el cargo del libelo seguir\u00eda careciendo de la \u00a0suficiencia \u00a0argumentativa \u00a0requerida \u00a0por \u00a0la \u00a0jurisprudencia, \u00a0pues del simple \u00a0hecho \u00a0de \u00a0que \u00a0la norma disponga un sistema diferencial de servicios en materia \u00a0de \u00a0salud \u00a0no \u00a0se \u00a0sigue \u00a0que \u00a0tal distinci\u00f3n sea en s\u00ed misma discriminatoria. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Ello \u00a0por cuanto que, tal como lo reconoci\u00f3 \u00a0la \u00a0 Corte \u00a0 Constitucional \u00a0 en \u00a0Sentencia \u00a0C-130 \u00a0de \u00a02002, \u00a0que \u00a0declar\u00f3 \u00a0la \u00a0exequibilidad \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a0162 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a0100 exclusivamente por el cargo \u00a0analizado \u00a0 \u00a0 \u00a0 en \u00a0 \u00a0 \u00a0 esa \u00a0 \u00a0 \u00a0 oportunidad10, \u00a0 \u00a0el \u00a0 legislador \u00a0 est\u00e1 \u00a0constitucionalmente \u00a0habilitado \u00a0para \u00a0establecer diferentes reg\u00edmenes de salud \u00a0de \u00a0acuerdo \u00a0con \u00a0la \u00a0capacidad \u00a0de \u00a0pago \u00a0de \u00a0los \u00a0usuarios. Lo anterior supone \u00a0\u2013lo \u00a0dice la Corte- que la \u00a0existencia \u00a0de \u00a0dos \u00a0reg\u00edmenes \u00a0de \u00a0salud \u00a0no \u00a0es \u00a0per \u00a0se inconstitucional,\u00a0 y que s\u00f3lo en la medida en \u00a0que \u00a0se \u00a0pruebe \u00a0que una diferencia concreta de trato es discriminatoria podr\u00eda \u00a0el juez constitucional separarla del ordenamiento jur\u00eddico. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0siguiente \u00a0cita \u00a0jurisprudencial deja en \u00a0claro \u00a0que la facultad que el legislador tiene para regular de manera diversa el \u00a0r\u00e9gimen \u00a0de \u00a0salud \u00a0implica \u00a0que las distinciones de trato no son en s\u00ed mismas \u00a0inconstitucionales: \u00a0que \u00a0s\u00f3lo \u00a0lo \u00a0son aquellos tratamientos que, en concreto, \u00a0establecen \u00a0una \u00a0distinci\u00f3n injustificada, desproporcionada o irrazonable, esto \u00a0es, que crean una verdadera discriminaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cNo \u00a0siendo \u00a0entonces \u00a0\u00e9ste el evento que \u00a0aqu\u00ed \u00a0se \u00a0presenta, \u00a0procede \u00a0la \u00a0Corte \u00a0a \u00a0declarar \u00a0exequibles los art\u00edculos \u00a0demandados, \u00a0\u00fanicamente, por el cargo de igualdad analizado, esto es, porque el \u00a0legislador \u00a0est\u00e1 constitucionalmente autorizado para organizar y reglamentar el \u00a0sistema \u00a0general \u00a0de \u00a0seguridad \u00a0social \u00a0en \u00a0salud \u00a0y, por ende, para establecer \u00a0reg\u00edmenes \u00a0diferenciales en materia de salud, siempre \u00a0y \u00a0cuando \u00a0su \u00a0contenido \u00a0normativo no vulnere los c\u00e1nones constitucionales, lo \u00a0que \u00a0deber\u00e1 \u00a0analizarse en cada caso particular y concreto, cuando contra tales \u00a0normas \u00a0se \u00a0interponga \u00a0la \u00a0correspondiente \u00a0acci\u00f3n \u00a0ciudadana \u00a0y se indique la \u00a0raz\u00f3n \u00a0 \u00a0o \u00a0 \u00a0motivo \u00a0 \u00a0por \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0cual \u00a0 ellos \u00a0 son \u00a0 violatorios \u00a0 de \u00a0 la \u00a0Constituci\u00f3n\u201d. \u00a0(Sentencia C-130 de 2002 M.P. Jaime \u00a0Araujo Renter\u00eda)\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
En la demanda de la referencia la impugnante \u00a0supone \u00a0que la simple diferencia entre los beneficios recibidos por los usuarios \u00a0de \u00a0 los \u00a0 dos \u00a0 reg\u00edmenes \u00a0 de \u00a0 salud \u00a0 establecidos \u00a0en \u00a0la \u00a0Ley \u00a0100\/93 \u00a0es \u00a0discriminatoria. \u00a0No \u00a0obstante, \u00a0como \u00a0la simple distinci\u00f3n est\u00e1 autorizada en \u00a0virtud \u00a0de \u00a0la \u00a0libre potestad configurativa del legislador -que para el caso ya \u00a0fue \u00a0 encontrada \u00a0exequible \u00a0por \u00a0la \u00a0Corte \u00a0en \u00a0la \u00a0Sentencia \u00a0C-130 \u00a0de \u00a02002- \u00a0correspondi\u00f3 \u00a0a \u00a0la demandante probar, de manera concreta -sobre las normas que \u00a0desarrollan \u00a0tal distinci\u00f3n- que la misma es realmente discriminatoria, por ser \u00a0irrazonable, \u00a0desproporcionada \u00a0o \u00a0injustificada. \u00a0En \u00a0otras \u00a0palabras, \u00a0la sola \u00a0diferencia \u00a0de \u00a0trato \u00a0no \u00a0puede \u00a0catalogarse \u00a0como \u00a0discriminatoria, \u00a0porque la \u00a0jurisprudencia constitucional descart\u00f3 esa conclusi\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por ello, si la demandante consideraba que la \u00a0diferencia \u00a0de \u00a0trato \u00a0es \u00a0inexequible, \u00a0la misma debi\u00f3 deber se\u00f1alar aquellas \u00a0prescripciones \u00a0 concretas \u00a0 que, \u00a0 siendo \u00a0diferentes, \u00a0tambi\u00e9n \u00a0implican \u00a0una \u00a0desmejora \u00a0o \u00a0una \u00a0disminuci\u00f3n \u00a0de \u00a0la cobertura para los usuarios del r\u00e9gimen \u00a0subsidiado. \u00a0Adem\u00e1s \u00a0de \u00a0que \u00a0la demandante no cumpli\u00f3 con esa carga, no le es \u00a0posible \u00a0a \u00a0la \u00a0Corte \u00a0detectar \u00a0tal \u00a0discriminaci\u00f3n \u00a0a \u00a0partir \u00a0del \u00a0texto del \u00a0art\u00edculo \u00a0demandado. M\u00e1s all\u00e1 de las consideraciones de la Sentencia C-130 de \u00a02002, \u00a0la \u00a0Sala no tiene elementos de juicio normativos que le permitan deducir, \u00a0de \u00a0la \u00a0lectura \u00a0del art\u00edculo 162, que los planes del r\u00e9gimen subsidiado y del \u00a0r\u00e9gimen \u00a0contributivo \u00a0son \u00a0a \u00a0tal \u00a0punto desiguales que vulneran el derecho de \u00a0acceso al servicio de salud a los afiliados al r\u00e9gimen subsidiado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sobre este particular es preciso recordar que \u00a0la \u00a0jurisprudencia \u00a0constitucional predica una especial carga argumentativa para \u00a0quien \u00a0pretende \u00a0demandar las distinciones normativas de tr\u00e1mite por violaci\u00f3n \u00a0del principio de igualdad constitucional. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0jurisprudencia \u00a0pertinente \u00a0ha dicho que \u00a0\u201cen cuanto a la violaci\u00f3n del principio de igualdad \u00a0la \u00a0 Corte \u00a0Constitucional \u00a0ha \u00a0sido \u00a0especialmente \u00a0celosa \u00a0en \u00a0las \u00a0exigencias \u00a0requeridas \u00a0para \u00a0el cargo de inconstitucionalidad. La Corporaci\u00f3n ha sostenido \u00a0que, \u00a0en \u00a0principio, \u00a0el \u00a0legislador \u00a0goza \u00a0de \u00a0un amplio margen de acci\u00f3n para \u00a0configurar \u00a0los \u00a0diferentes \u00a0aspectos \u00a0de \u00a0la \u00a0realidad \u00a0jur\u00eddica, \u00a0lo \u00a0cual lo \u00a0habilita \u00a0para \u00a0establecer \u00a0diferencias \u00a0de \u00a0regulaci\u00f3n \u00a0frente \u00a0a \u00a0situaciones \u00a0dis\u00edmiles. \u00a0En \u00a0este \u00a0sentido, \u00a0un cargo de inconstitucionalidad por violaci\u00f3n \u00a0del \u00a0principio \u00a0de \u00a0igualdad \u00a0no puede partir de la base de que la diferencia de \u00a0trato \u00a0es discriminatoria. Se requiere, en cambio, que el demandante se\u00f1ale por \u00a0qu\u00e9 \u00a0 una \u00a0 diferencia \u00a0 detectada \u00a0en \u00a0la \u00a0ley \u00a0carece \u00a0de \u00a0los \u00a0elementos \u00a0de \u00a0proporcionalidad \u00a0y razonabilidad necesarios, de tal manera que dicha diferencia \u00a0se \u00a0 \u00a0 vuelve \u00a0 \u00a0 discriminatoria\u201d. \u00a0 \u00a0 A \u00a0 \u00a0esto \u00a0agreg\u00f3: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEn \u00a0resumen, la Corte ha dicho que cuando \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0de inconstitucionalidad de la norma se basa en la violaci\u00f3n del \u00a0principio \u00a0de \u00a0igualdad, \u00a0el \u00a0demandante tiene una carga de argumentaci\u00f3n mucho \u00a0m\u00e1s \u00a0exigente, pues est\u00e1 obligado a sustentar con argumentos de mayor solidez, \u00a0por \u00a0qu\u00e9 \u00a0una \u00a0diferencia de trato no es simplemente una distinci\u00f3n jur\u00eddica, \u00a0sino una discriminaci\u00f3n prohibida por la Constituci\u00f3n.\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sobre \u00a0el \u00a0mismo particular, la Corte hab\u00eda \u00a0dicho previamente: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cAl \u00a0respecto \u00a0es \u00a0preciso \u00a0indicar que el \u00a0Legislador \u00a0cuenta \u00a0con \u00a0un \u00a0margen de configuraci\u00f3n normativa en el momento de \u00a0expedir \u00a0las \u00a0leyes. \u00a0En \u00a0el \u00a0ejercicio \u00a0de \u00a0ese \u00a0\u00e1mbito \u00a0de configuraci\u00f3n, el \u00a0Legislador \u00a0tiene \u00a0la \u00a0facultad \u00a0de \u00a0establecer \u00a0diferenciaciones. \u00a0No \u00a0se puede \u00a0pretender \u00a0que \u00a0la \u00a0Corte, \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de sus sentencias de constitucionalidad, \u00a0sustituya \u00a0al Congreso en la facultad de hacer diferenciaciones en el momento de \u00a0dictar las leyes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cPor \u00a0eso, \u00a0todo cargo que se base en este \u00a0tipo \u00a0de violaci\u00f3n del principio de igualdad – omisi\u00f3n de incluir a uno de los \u00a0varios \u00a0 grupos \u00a0 eventualmente \u00a0 excluidos \u00a0– \u00a0debe \u00a0estar \u00a0acompa\u00f1ado \u00a0de \u00a0la \u00a0fundamentaci\u00f3n\u00a0 \u00a0 acerca \u00a0 de \u00a0la \u00a0raz\u00f3n \u00a0por \u00a0la \u00a0cual \u00a0una \u00a0determinada \u00a0clasificaci\u00f3n \u00a0legal comporta un trato discriminatorio en contra de un subgrupo \u00a0de \u00a0personas. \u00a0De \u00a0ese \u00a0material \u00a0debe, \u00a0entonces, \u00a0deducirse \u00a0que, \u00a0a la luz de \u00a0par\u00e1metros \u00a0objetivos \u00a0de \u00a0razonabilidad, la Constituci\u00f3n ordena incluir a ese \u00a0subgrupo \u00a0dentro \u00a0del conglomerado de beneficiarios de una medida\u201d. (Sentencia \u00a0C-1052 de 2004 M.P. Manuel Jos\u00e9 Cepeda Espinosa) \u00a0\u00a0<\/p>\n
De aceptarse como suficiente el argumento de \u00a0la \u00a0demandante, la Corte Constitucional se ver\u00eda enfrentada a la tarea de hacer \u00a0un \u00a0barrido \u00a0de \u00a0los \u00a0dos \u00a0reg\u00edmenes de salud -el contributivo y el subsidiado- \u00a0para \u00a0detectar en qu\u00e9 punto concreto de cobertura del sistema una diferencia de \u00a0trato \u00a0 resulta \u00a0 discriminatoria \u00a0 y \u00a0no, \u00a0simplemente, \u00a0adecuada \u00a0al \u00a0r\u00e9gimen \u00a0correspondiente. \u00a0Esta \u00a0labor \u00a0excede \u00a0el ejercicio de competencias de la Corte, \u00a0por \u00a0lo \u00a0que \u00a0lo \u00a0m\u00ednimo que puede ped\u00edrsele al demandante es que especifiqu\u00e9 \u00a0cu\u00e1les \u00a0distinciones \u00a0verificables \u00a0se \u00a0oponen \u00a0concretamente \u00a0al \u00a0principio de \u00a0igualdad. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0este \u00a0punto, \u00a0la \u00a0Sala \u00a0considera que la \u00a0demanda \u00a0carece \u00a0del \u00a0elemento \u00a0de \u00a0la \u00a0suficiencia, \u00a0pues \u00a0no \u00a0basta con que el \u00a0impugnante \u00a0advierta \u00a0una \u00a0distinci\u00f3n \u00a0de \u00a0trato en realidades que ameritan una \u00a0regulaci\u00f3n \u00a0 distinta, \u00a0 sino \u00a0 que \u00a0se \u00a0exige \u00a0la \u00a0demostraci\u00f3n \u00a0\u2013por \u00a0lo \u00a0menos \u00a0argumentativa- \u00a0de \u00a0que \u00a0dicha \u00a0diferencia \u00a0de \u00a0trato \u00a0realmente \u00a0afecta \u00a0derecho \u00a0sustanciales \u00a0por \u00a0ser \u00a0desproporcionada, \u00a0irrazonable \u00a0o \u00a0ileg\u00edtima. \u00a0La Sentencia C-130 de 2002 de la \u00a0Corte \u00a0indica \u00a0que, \u00a0por \u00a0lo \u00a0menos \u00a0en \u00a0cuanto \u00a0a \u00a0hace \u00a0a la existencia de dos \u00a0reg\u00edmenes de salud, ello no es as\u00ed. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5. \u00a0As\u00ed \u00a0las \u00a0cosas, \u00a0de conformidad con lo \u00a0dicho, \u00a0los \u00a0cargos \u00a0de \u00a0inconstitucionalidad \u00a0planteados en la demanda resultan \u00a0sustancialmente \u00a0ineptos, \u00a0pues \u00a0ni \u00a0el \u00a0desarrollo \u00a0de \u00a0la distinci\u00f3n de trato \u00a0proviene \u00a0 del \u00a0 precepto \u00a0 acusado \u00a0 \u2013que, \u00a0por \u00a0el contrario propugna la equiparaci\u00f3n de los servicios-, \u00a0ni \u00a0es \u00a0suficiente \u00a0con se\u00f1alar que una distinci\u00f3n de trato en los sistemas de \u00a0beneficios \u00a0 en \u00a0 salud \u00a0 es \u00a0 per \u00a0 se \u00a0inconstitucional, \u00a0cuando seg\u00fan la jurisprudencia constitucional es \u00a0necesario \u00a0indicar \u00a0cu\u00e1l \u00a0de \u00a0las \u00a0disposiciones \u00a0concretas que desarrollan tal \u00a0diferencia contienen una discriminaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, \u00a0la Sala Plena de la Corte \u00a0Constitucional \u00a0 concluye \u00a0que \u00a0no \u00a0existen \u00a0elementos \u00a0que \u00a0permitan \u00a0hacer \u00a0un \u00a0pronunciamiento \u00a0de \u00a0fondo \u00a0y, \u00a0por \u00a0tanto, \u00a0se \u00a0inhibir\u00e1 \u00a0de resolver sobre la \u00a0demanda de la referencia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Derogaci\u00f3n \u00a0t\u00e1cita \u00a0de \u00a0la \u00a0expresi\u00f3n \u00a0demandada \u00a0\u00a0<\/p>\n
Tal como lo advierten algunos intervinientes \u00a0y \u00a0tambi\u00e9n \u00a0la Procuradur\u00eda, el plazo establecido en el art\u00edculo 162 de de la \u00a0Ley \u00a0100 de 1993 fue t\u00e1citamente derogado por el art\u00edculo 14 de la Ley 1122 de \u00a02007. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, el art\u00edculo demandado se\u00f1alaba \u00a0que \u00a0el \u00a0Consejo \u00a0Nacional de Seguridad Social en Salud dise\u00f1ar\u00eda un plan para \u00a0que \u00a0los \u00a0afiliados \u00a0al \u00a0r\u00e9gimen \u00a0subsidiado alcanzaran el Plan Obligatorio del \u00a0Sistema Contributivo de manera gradual antes del a\u00f1o 2001. \u00a0\u00a0<\/p>\n
No obstante, la Ley 1122 de 2007 prescribi\u00f3, \u00a0en \u00a0su \u00a0art\u00edculo \u00a014, que la Comisi\u00f3n de Regulaci\u00f3n en Salud actualizar\u00eda el \u00a0Plan \u00a0Obligatorio \u00a0de Salud \u201cbuscando el acercamiento \u00a0progresivo \u00a0de \u00a0los contenidos de los planes de los dos reg\u00edmenes con tendencia \u00a0hacia \u00a0el que se encuentra previsto para el r\u00e9gimen contributivo\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Del contenido del art\u00edculo 14 de la Ley 1122 \u00a0de \u00a02007 \u00a0se \u00a0infiere \u00a0que \u00a0el \u00a0legislador fue consciente de la imposibilidad de \u00a0cumplir \u00a0el \u00a0cometido \u00a0de \u00a0unificaci\u00f3n \u00a0previsto para el a\u00f1o 2001, por lo cual \u00a0dise\u00f1\u00f3 \u00a0un \u00a0plan \u00a0de \u00a0acercamiento \u00a0gradual \u00a0sin fecha l\u00edmite de concreci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Esta \u00a0nueva perspectiva del asunto denota la \u00a0decisi\u00f3n \u00a0legislativa de no establecer una fecha espec\u00edfica de unificaci\u00f3n de \u00a0los \u00a0planes \u00a0y, en consecuencia, una derogaci\u00f3n evidente del plazo fijado en el \u00a0art\u00edculo \u00a0162 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a0100 \u00a0de \u00a01993. \u00a0Por \u00a0virtud de la derogaci\u00f3n de la \u00a0expresi\u00f3n \u00a0acusada \u00a0\u2013cuya \u00a0raz\u00f3n \u00a0de \u00a0ser \u00a0era \u00a0el \u00a0se\u00f1alamiento \u00a0de \u00a0un plazo-, es claro que la misma no \u00a0produce \u00a0efectos \u00a0actualmente \u00a0y \u00a0que \u00a0por \u00a0tal \u00a0raz\u00f3n \u00a0la \u00a0Corte \u00a0tampoco \u00a0sea \u00a0competente \u00a0 \u00a0para \u00a0 \u00a0estudiar \u00a0 \u00a0su \u00a0 \u00a0contenido11. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 VII. \u00a0DECISION \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala Plena de \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Constitucional, \u00a0administrando \u00a0justicia \u00a0en \u00a0nombre del pueblo y por \u00a0mandato de la Constituci\u00f3n, \u00a0\u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0las \u00a0razones \u00a0indicadas \u00a0en \u00a0la \u00a0parte \u00a0considerativa \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0esta \u00a0 \u00a0 providencia, \u00a0 \u00a0 decl\u00e1rase \u00a0 \u00a0 INHIBIDA \u00a0para \u00a0emitir \u00a0pronunciamiento de \u00a0fondo \u00a0respecto de la demanda de la referencia, dirigida contra el art\u00edculo 162 \u00a0(parcial) de la Ley 100 de 1993. \u00a0\u00a0<\/p>\n
C\u00f3piese, \u00a0 notif\u00edquese, \u00a0 comun\u00edquese, \u00a0ins\u00e9rtese \u00a0en \u00a0la \u00a0Gaceta de la Corte Constitucional, c\u00famplase y arch\u00edvese el \u00a0expediente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NILSON PINILLA \u00a0PINILLA \u00a0\u00a0<\/p>\n
Presidente \u00a0<\/p>\n
MAURICIO GONZ\u00c1LEZ CUERVO \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
JUAN CARLOS HENAO P\u00c9REZ \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
GRABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
JORGE IVAN PALACIO PALACIO \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
CRISTINA PARDO SCHLESINGER \u00a0<\/p>\n
Magistrada (E) \u00a0<\/p>\n
CLARA ELENA REALES GUTI\u00c9RREZ \u00a0<\/p>\n
Magistrada (E) \u00a0<\/p>\n
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO \u00a0<\/p>\n
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ \u00a0<\/p>\n
Secretaria General \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1 \u201cEL \u00a0DERECHO \u00a0A \u00a0LA \u00a0SALUD \u00a0en \u00a0perspectiva \u00a0de \u00a0derechos \u00a0humanos \u00a0y \u00a0el \u00a0Sistema de \u00a0Inspecci\u00f3n \u00a0Vigilancia \u00a0y Control del Estado Colombiano en Materia de Quejas en \u00a0Salud\u201d. \u00a0Estudio \u00a0y \u00a0publicaci\u00f3n de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n en \u00a0asocio \u00a0con la Agencia Catalana de Cooperaci\u00f3n al Desarrollo y con el Centro de \u00a0Estudios \u00a0de \u00a0Derecho \u00a0Justicia \u00a0y \u00a0Sociedad. Bogot\u00e1, mayo de 2008.\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
2 Dice \u00a0la \u00a0citada \u00a0norma: \u00a0\u201cArt\u00edculo \u00a02\u00ba. Las demandas en las acciones p\u00fablicas de \u00a0inconstitucionalidad \u00a0se \u00a0presentar\u00e1n por escrito, en duplicado, y contendr\u00e1n: \u00a01. \u00a0 El \u00a0se\u00f1alamiento \u00a0de \u00a0las \u00a0normas \u00a0acusadas \u00a0como \u00a0inconstitucionales, \u00a0su \u00a0transcripci\u00f3n \u00a0literal \u00a0por \u00a0cualquier \u00a0medio \u00a0o un ejemplar de la publicaci\u00f3n \u00a0oficial \u00a0de \u00a0las \u00a0mismas; 2. El se\u00f1alamiento de las normas constitucionales que \u00a0se \u00a0consideren \u00a0infringidas; \u00a03. \u00a0Los \u00a0razones \u00a0por \u00a0las cuales dichos textos se \u00a0estiman \u00a0violados; \u00a04. \u00a0Cuando \u00a0fuera \u00a0el \u00a0caso, \u00a0el \u00a0se\u00f1alamiento del tr\u00e1mite \u00a0impuesto \u00a0por la Constituci\u00f3n para la expedici\u00f3n del acto demandado y la forma \u00a0en \u00a0que \u00a0fue quebrantado; y 5. La raz\u00f3n por la cual la Corte es competente para \u00a0conocer de la demanda”. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3 Corte \u00a0Constitucional \u00a0Sentencia C-131 de 1993 M.P. Alejandro Mart\u00ednez Caballero. Esta \u00a0sentencia \u00a0declar\u00f3 \u00a0la \u00a0constitucionalidad \u00a0del art\u00edculo 2 del Decreto 2067 de \u00a01991, \u00a0y \u00a0estableci\u00f3 \u00a0el \u00a0punto \u00a0de partida de la jurisprudencia constitucional \u00a0respecto \u00a0de \u00a0la \u00a0sistematizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0requisitos \u00a0que \u00a0deben \u00a0cumplir las \u00a0demandas \u00a0de constitucionalidad. Los lineamientos generales sobre la materia han \u00a0sido \u00a0desarrollados, \u00a0entre \u00a0otras, \u00a0en \u00a0las \u00a0sentencias \u00a0C-024 \u00a0de \u00a01994 \u00a0(M.P. \u00a0Alejandro \u00a0Mart\u00ednez \u00a0Caballero); \u00a0C-504 de 1995 (M.P. Jos\u00e9 Gregorio Hern\u00e1ndez \u00a0Galindo); \u00a0C-609 \u00a0de \u00a01996 \u00a0(M.P. \u00a0Vladimiro \u00a0Naranjo Mesa);\u00a0 C-236 de 1997 \u00a0(M.P. \u00a0Antonio \u00a0Barrera \u00a0Carbonell); \u00a0y, C-447 de 1997 (M.P. Alejandro Mart\u00ednez \u00a0Caballero). \u00a0 Ciertamente, \u00a0 existen \u00a0muchos \u00a0otros \u00a0pronunciamientos \u00a0sobre \u00a0el \u00a0particular \u00a0que \u00a0desarrollan\u00a0 \u00a0y \u00a0precisan los elementos esbozados en estos \u00a0fallos. \u00a0Cuando \u00a0sea necesario, se har\u00e1n las referencias puntuales a los textos \u00a0citados. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4 Corte \u00a0Constitucional \u00a0Sentencia \u00a0C-447 \u00a0de 1997 M.P. Alejandro Mart\u00ednez Caballero. La \u00a0Corte \u00a0 \u00a0se \u00a0 declara \u00a0 inhibida \u00a0 para \u00a0 pronunciarse \u00a0 de \u00a0 fondo \u00a0 sobre \u00a0 la \u00a0constitucionalidad \u00a0del \u00a0inciso primero del art\u00edculo 11 del Decreto Ley 1228 de \u00a01995, \u00a0 por \u00a0 demanda \u00a0 materialmente \u00a0 inepta, \u00a0 debido \u00a0 a \u00a0 la \u00a0 ausencia \u00a0de \u00a0cargo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5 \u00a0Ib\u00edd. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6 As\u00ed, \u00a0por \u00a0ejemplo \u00a0en la Sentencia C-362 de 2001; M.P. Alvaro Tafur G\u00e1lvis, la Corte \u00a0tambi\u00e9n \u00a0 \u00a0se \u00a0 \u00a0inhibi\u00f3 \u00a0 de \u00a0 conocer \u00a0 la \u00a0 demanda \u00a0 contra \u00a0 Demanda \u00a0 de \u00a0inconstitucionalidad \u00a0contra \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a05\u00ba \u00a0del Decreto 2700 de 1991, pues \u00a0\u201cdel \u00a0estudio \u00a0m\u00e1s \u00a0detallado de los argumentos esgrimidos por el demandante, \u00a0como \u00a0corresponde \u00a0a \u00a0la presente etapa procesal, puede deducirse que los cargos \u00a0que \u00a0se \u00a0plantean \u00a0aparentemente \u00a0contra \u00a0la \u00a0norma \u00a0atacada no lo son realmente \u00a0contra ella\u201d.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
7 \u00a0Sentencia \u00a0C-504 \u00a0de \u00a01995; \u00a0M.P. Jos\u00e9 Gregorio Hern\u00e1ndez Galindo. La Corte se \u00a0declar\u00f3 \u00a0inhibida para conocer de la demanda presentada contra el art\u00edculo 16, \u00a0parcial, \u00a0del \u00a0Decreto \u00a00624 \u00a0de \u00a01989 \u00a0\u201cpor \u00a0el \u00a0cual \u00a0se \u00a0expide el Estatuto \u00a0Tributario \u00a0 de \u00a0los \u00a0impuestos \u00a0administrados \u00a0por \u00a0la \u00a0Direcci\u00f3n \u00a0General \u00a0de \u00a0Impuestos \u00a0Nacionales\u201d, \u00a0pues \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n carece de objeto, ya que alude a \u00a0una disposici\u00f3n no consagrada por el legislador. \u00a0\u00a0<\/p>\n
8 Cfr. \u00a0Corte \u00a0Constitucional \u00a0Sentencia \u00a0C-1544 \u00a0de 2000 M.P. Jos\u00e9 Gregorio Hern\u00e1ndez \u00a0Galindo.\u00a0 \u00a0La Corte se inhibe en esta oportunidad proferir fallo de m\u00e9rito \u00a0respecto \u00a0de \u00a0los \u00a0art\u00edculos \u00a048 \u00a0y \u00a049 \u00a0de la Ley 546 de 1999, por presentarse \u00a0ineptitud \u00a0sustancial \u00a0de la demanda, debido a que el actor present\u00f3 cargos que \u00a0se \u00a0puedan predicar de normas jur\u00eddicas distintas a las demandadas. En el mismo \u00a0sentido \u00a0C-113 \u00a0de \u00a02000 \u00a0M.P. Jos\u00e9 Gregorio Hern\u00e1ndez Galindo, C-1516 de 2000 \u00a0M.P. \u00a0Cristina \u00a0Pardo \u00a0Schlesinger, \u00a0y \u00a0C-1552 \u00a0de \u00a02000 \u00a0M.P. \u00a0Alfredo Beltr\u00e1n \u00a0Sierra. \u00a0\u00a0<\/p>\n
9 \u00a0En \u00a0este \u00a0 mismo \u00a0sentido \u00a0pueden \u00a0consultarse, \u00a0adem\u00e1s \u00a0de \u00a0las \u00a0ya \u00a0citadas, \u00a0las \u00a0sentencias \u00a0C-509 \u00a0de \u00a01996 \u00a0(M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), C-1048 de 2000 (M.P. \u00a0Jos\u00e9 \u00a0Gregorio \u00a0Hern\u00e1ndez Galindo), C-011 de 2001 (M.P. Alvaro Tafur G\u00e1lvis), \u00a0entre otras. \u00a0\u00a0<\/p>\n
10 La \u00a0Corte \u00a0determin\u00f3 \u00a0que \u00a0el legislador no quebranta el r\u00e9gimen constitucional al \u00a0establecer \u00a0dos \u00a0reg\u00edmenes \u00a0distintos \u00a0de \u00a0salud. \u00a0La \u00a0parte \u00a0resolutiva \u00a0de la \u00a0providencia \u00a0indica \u00a0expresamente \u00a0que \u00a0la \u00a0norma \u00a0es \u00a0exequible \u00a0s\u00f3lo por este \u00a0cargo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
11 A \u00a0lo \u00a0anterior \u00a0debe \u00a0agregarse \u00a0que \u00a0por virtud de la Sentencia T-760 de 2008, la \u00a0Corte \u00a0Constitucional \u00a0someti\u00f3 \u00a0a \u00a0extenso \u00a0an\u00e1lisis \u00a0el r\u00e9gimen de seguridad \u00a0social \u00a0en \u00a0salud \u00a0y \u00a0decidi\u00f3, \u00a0en la parte resolutiva del fallo, ordenar a las \u00a0autoridades \u00a0administrativas \u00a0nacionales \u00a0el \u00a0dise\u00f1o \u00a0de un programa gradual de \u00a0homologaci\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0planes de salud ofrecidos por el r\u00e9gimen contributivo y \u00a0subsidiado. \u00a0Consciente \u00a0de la complejidad del proceso de coordinaci\u00f3n de todos \u00a0los \u00a0factores \u00a0que \u00a0intervienen \u00a0en el dise\u00f1o de la prestaci\u00f3n del servicio de \u00a0salud, \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Constitucional \u00a0dispuso \u00a0la \u00a0unificaci\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0planes de \u00a0beneficios \u00a0del \u00a0r\u00e9gimen \u00a0contributivo \u00a0y \u00a0subsidiado, pero de manera gradual y \u00a0sostenible. \u00a0Para \u00a0ello \u00a0orden\u00f3 la presentaci\u00f3n de informes peri\u00f3dicos acerca \u00a0del \u00a0 proceso \u00a0 de \u00a0 unificaci\u00f3n, \u00a0 que \u00a0 ser\u00edan \u00a0 vigilados \u00a0 por \u00a0la \u00a0propia \u00a0Corte. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
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Referencia: expediente D-7420 \u00a0 Demanda \u00a0 de \u00a0inconstitucionalidad contra el art\u00edculo 162 de la Ley 100 de 1993 \u00a0\u00a0 Actor: \u00a0Gina \u00a0Mar\u00eda \u00a0Parody \u00a0D\u2019echeona \u00a0\u00a0 Magistrada \u00a0Ponente: \u00a0\u00a0 Dra. CRISTINA PARDO SCHLESINGER \u00a0 Bogot\u00e1 \u00a0D.C., primero (1\u00ba) de abril de dos \u00a0mil nueve (2009) \u00a0\u00a0 La \u00a0Sala \u00a0Plena \u00a0de la Corte Constitucional, \u00a0conformada \u00a0por \u00a0los […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[77],"tags":[],"class_list":["post-16326","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-sentencias-2009"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16326","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=16326"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16326\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=16326"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=16326"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=16326"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}