\u00a0 \u00a0 Sentencia C-848\/12 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., 24 de octubre de 2012 \u00a0<\/p>\n
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Configuraci\u00f3n \u00a0<\/p>\n
Demanda de inconstitucionalidad contra el art\u00edculo 137 del Decreto 19 de 2012 (parcial) \u201cPor el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y tr\u00e1mites innecesarios existentes en la Administraci\u00f3n P\u00fablica\u201d. \u00a0<\/p>\n
Referencia: Expediente D-9085. \u00a0<\/p>\n
Actores: Carlos Mario Gil Yarce \u00a0<\/p>\n
Magistrado Ponente: MAURICIO GONZ\u00c1LEZ CUERVO \u00a0<\/p>\n
I. ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
1. Texto normativo demandado (objeto de revisi\u00f3n) \u00a0<\/p>\n
El ciudadano Carlos Mario Gil Yarce, en ejercicio de la acci\u00f3n p\u00fablica de inconstitucionalidad, demand\u00f3 el art\u00edculo 137 (parcial) del decreto 19 de 2012 \u201cPor el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y tr\u00e1mites innecesarios existentes en la Administraci\u00f3n P\u00fablica\u201d. El texto normativo demandado y subrayado, es el siguiente: \u00a0<\/p>\n
(enero 10) \u00a0<\/p>\n
Diario Oficial No. 48.308 de 10 de enero de 2012 \u00a0<\/p>\n
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCI\u00d3N P\u00daBLICA \u00a0<\/p>\n
Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y tr\u00e1mites innecesarios existentes en la Administraci\u00f3n P\u00fablica.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0EL PRESIDENTE DE LA REP\u00daBLICA DE COLOMBIA, \u00a0<\/p>\n
en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el par\u00e1grafo 1o. del art\u00edculo 75 de la Ley 1474 de 2011, y \u00a0<\/p>\n
CONSIDERANDO: \u00a0<\/p>\n
(…)\u00a0 \u00a0<\/p>\n
ART\u00cdCULO 137. NO DISCRIMINACI\u00d3N A PERSONA EN SITUACI\u00d3N DE DISCAPACIDAD. El art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997, quedar\u00e1 as\u00ed: \u00a0<\/p>\n
“Art\u00edculo 26. No discriminaci\u00f3n a persona en situaci\u00f3n de discapacidad. En ning\u00fan caso la limitaci\u00f3n de una persona, podr\u00e1 ser motivo para obstaculizar una vinculaci\u00f3n laboral, a menos que dicha limitaci\u00f3n sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempe\u00f1ar. As\u00ed mismo, ninguna persona limitada podr\u00e1 ser despedida o su contrato terminado por raz\u00f3n de su limitaci\u00f3n, salvo que medie autorizaci\u00f3n del Ministerio del Trabajo.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, no se requerir\u00e1 de autorizaci\u00f3n por parte del Ministerio del Trabajo cuando el trabajador limitado incurra en alguna de las causales establecidas en la ley como justas causas para dar por terminado el contrato, Siempre se garantizar\u00e1 el derecho al debido proceso.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por raz\u00f3n de su limitaci\u00f3n, sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso primero del presente art\u00edculo, tendr\u00e1n derecho a una indemnizaci\u00f3n equivalente a ciento ochenta (180) d\u00edas del salario, sin perjuicio de las dem\u00e1s prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo y dem\u00e1s normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren”\u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. Actuaciones surtidas por la Corte Constitucional \u00a0<\/p>\n
El magistrado sustanciador admiti\u00f3 la demanda mediante Auto del 11 de mayo de 2012, dispuso su fijaci\u00f3n en lista, simult\u00e1neamente se corri\u00f3 traslado al Procurador General de la Naci\u00f3n para lo de su competencia. A su vez, orden\u00f3 comunicar la iniciaci\u00f3n de este proceso al se\u00f1or Presidente del Congreso, Presidente de la Rep\u00fablica, al Ministro de Trabajo y al Ministro de Salud y Protecci\u00f3n Social, e invit\u00f3 a participar en este proceso al Colegio de Abogados del Trabajo, a la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia \u2013 CUT, a la Confederaci\u00f3n General del Trabajo \u2013 CGT, a la Asociaci\u00f3n de Trabajadores Discapacitados de Antioquia, a la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, a la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, a la Facultad de Derecho de la Universidad Javeriana, a la Facultad de Derecho de la Universidad Externado, a la Facultad de Ciencias Jur\u00eddicas de la Universidad del Norte \u00a0<\/p>\n
Cumplidos los tr\u00e1mites previstos en el art\u00edculo 242 de la Carta Pol\u00edtica y en el Decreto 2067 de 1991, procede la Corte a resolver sobre la demanda de la referencia.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
3. Demanda \u00a0<\/p>\n
El accionante asegura que la expresi\u00f3n \u201cno se requerir\u00e1 de autorizaci\u00f3n por parte del Ministerio del Trabajo\u201d, incorporada en el art\u00edculo 137 del Decreto 019 de 2012, la cual modific\u00f3 el art\u00edculo 26 de la ley 361 de 1997, atenta contra el pre\u00e1mbulo de la constituci\u00f3n y los art\u00edculos 1, 5, 13, 25, 47, 53 y 93 constitucionales, en primer lugar, porque suprimir la autorizaci\u00f3n del Ministerio de Trabajo implica eliminar una medida que protege los derechos de las personas que est\u00e1n en situaci\u00f3n de discapacidad e implica un actuar discriminatoria contrario al derecho a la igualdad. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
En segundo lugar, se\u00f1ala que el art\u00edculo 25 de la Constituci\u00f3n prev\u00e9 que toda persona que labore tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Adicionalmente las personas que se encuentra con alg\u00fan tipo de discapacidad demandan una garant\u00eda especial que es la llamada estabilidad laboral reforzada, que supone el deber de solicitar un permiso previo cuando se pretenda terminar el v\u00ednculo laboral con una persona que se encuentre en esas condiciones.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Por otra parte, considera el actor que la disposici\u00f3n acusada desconoce el derecho a la integraci\u00f3n social de los discapacitados que contempla el art\u00edculo 47 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, a su vez, implica el deber positivo del Estado de tomar las medidas necesarias para que las personas con limitaciones f\u00edsicas puedan ejercer sus derechos en condiciones de igualdad. Ello se encuentra en consonancia con los art\u00edculos 53 y 54 de la Constituci\u00f3n y, de forma particular, con el deber del Estado de propiciar la ubicaci\u00f3n laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusv\u00e1lidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud. \u00a0<\/p>\n
Debido a lo anterior, el accionante le solicita a la Corte Constitucional para que declare la inconstitucionalidad de la expresi\u00f3n \u201cno se requerir\u00e1 de autorizaci\u00f3n por parte del Ministerio del Trabajo\u201d contenida en la disposici\u00f3n demandada.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
4. Intervenciones \u00a0<\/p>\n
4.1. Intervenciones a favor de la exequibilidad de la norma demandada \u00a0<\/p>\n
El Departamento Administrativo de la Funci\u00f3n P\u00fablica abogaron por la exequibilidad de la norma demandada. \u00a0<\/p>\n
4.2. Intervenciones a favor de la inexequibilidad de la norma demandada\u00a0 \u00a0<\/p>\n
El Ministerio del Trabajo, La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia CUT y el Programa de Acci\u00f3n por la Igualdad y la Inclusi\u00f3n Social \u2013 PAIIS- de la Universidad de los Andes solicitaron declarar la inexequibilidad de la norma acusada. \u00a0<\/p>\n
4.3. Concepto del Procurador General de la Naci\u00f3n \u00a0<\/p>\n
El Procurador General de la Naci\u00f3n mediante concepto 5398, solicit\u00f3 a la Corte Constitucional estarse a lo resuelto acorde con las demandas D-8982 y 8989 acumuladas, D-9004 y D-9074. En estas demandas pidi\u00f3 que se declarara la exequibilidad de la expresi\u00f3n contenida en el inciso 3 del art\u00edculo 137 del Decreto Ley 19 de 2012, bajo el entendido que la indemnizaci\u00f3n prevista a favor del trabajador es una sanci\u00f3n al empleador al despedir al trabajador discapacitado sin la autorizaci\u00f3n previa de la autoridad del trabajo. \u00a0<\/p>\n
II. CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
1. Competencia \u00a0<\/p>\n
La Corte Constitucional es competente para decidir la constitucionalidad de las normas demandadas, por tratarse de disposiciones legales -contenidas en el Decreto Ley 19 de 2012- , de acuerdo con el art\u00edculo 241.5 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. \u00a0<\/p>\n
2. Cosa juzgada constitucional \u00a0<\/p>\n
La Corte constata que mediante Sentencia C- 744 de 2012 se declar\u00f3 la inexequibilidad del art\u00edculo 137 del Decreto Ley 19 de 2012, que derog\u00f3 el art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997. A continuaci\u00f3n se transcribe la parte resolutiva de la sentencia \u201cDeclarar\u00a0INEXEQUIBLE\u00a0el art\u00edculo 137 del Decreto Ley 19 de 2012, que derog\u00f3 el art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997, por el cargo de exceso en el ejercicio de las facultades extraordinarias\u201d. \u00a0<\/p>\n
La norma acusada fue expulsada del ordenamiento constitucional, y en consecuencia, la Corte debe estarse a lo resuelto en dicha oportunidad, debido a que existe cosa juzgada constitucional.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
III. DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional actuando en nombre del pueblo colombiano y por mandato de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
Primero.- ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-744 de 2012 respecto del art\u00edculo 137 del Decreto Ley 19 de 2012.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
GABRIEL EDUARDO MENDOZA M. \u00a0<\/p>\n
Presidente \u00a0<\/p>\n
MARIA VICTORIA CALLE CORREA \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Magistrada \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
MAURICIO GONZ\u00c1LEZ CUERVO \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
LUIS GUILLERMO GUERRERO P\u00c9REZ \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Magistrado\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
JORGE IV\u00c1N PALACIO PALACIO \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Magistrado\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
NILSON EL\u00cdAS PINILLA PINILLA\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Magistrado\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Magistrado\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Ausente en comisi\u00f3n \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
ALEXEI JULIO ESTRADA \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Magistrado (E) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ \u00a0<\/p>\n
Secretaria General \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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