C-128-96<\/p>\n
Sentencia No. C-128\/96 <\/p>\n
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL <\/p>\n
Ref.: Expediente D-1081 <\/p>\n
Demanda de Inconstitucionalidad contra el art\u00edculo 82 del Decreto 100 de 1980 “por el cual se expide el nuevo C\u00f3digo Penal”. <\/p>\n
Actores: Edilberto Alvarez G. y Ariel Iv\u00e1n Mar\u00edn C. <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de marzo de mil novecientos noventa y seis (1996). <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
Admitida la demanda, se ordenaron las comunicaciones constitucionales y legales correspondientes; se fij\u00f3 en lista el negocio en la Secretar\u00eda General de la Corporaci\u00f3n para efectos de la intervenci\u00f3n ciudadana y, simult\u00e1neamente, se di\u00f3 traslado al Procurador General de la Naci\u00f3n, quien rindi\u00f3 el concepto de su competencia. <\/p>\n
Una vez cumplidos todos los tr\u00e1mites previstos en el art\u00edculo 242 de la Constituci\u00f3n y en el Decreto 2067 de 1991, procede la Corte a resolver sobre la demanda de la referencia. <\/p>\n
II. TEXTO DE LA NORMA ACUSADA <\/p>\n
El tenor literal de las disposiciones demandadas es el siguiente: <\/p>\n
Decreto 100 de 1980 <\/p>\n
“Por el cual se expide el nuevo C\u00f3digo Penal” <\/p>\n
“……………………………………………………………………..” <\/p>\n
“Art\u00edculo 82. Prescripci\u00f3n de delitos cometidos por empleado oficial. El t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n se\u00f1alado en el art\u00edculo 80 se aumentar\u00e1 en una tercera parte, sin exceder el m\u00e1ximo all\u00ed fijado. Si el delito fuere cometido dentro del pa\u00eds por empleado oficial en ejercicio de sus funciones o de su cargo o con ocasi\u00f3n de ellos”. <\/p>\n
III. LA DEMANDA <\/p>\n
1. Normas constitucionales que se consideran infringidas <\/p>\n
Estiman los actores que la norma acusada es violatoria de los art\u00edculos 13 y 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
2. Fundamentos de la demanda <\/p>\n
Consideran los demandantes que la norma acusada es violatoria del art\u00edculo 13 de la Carta Pol\u00edtica toda vez que “no hay raz\u00f3n l\u00f3gica para agravar el tiempo de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, cuando se trata de empleados oficiales, puesto que tal rigor, severidad, drasticidad de tal norma, afecta gravemente a dichos sujetos cualificados, coloc\u00e1ndolos en una condici\u00f3n de desigualdad frente a particulares, al darse un trato diferente y discriminatorio por raz\u00f3n de ser “EMPLEADO OFICIAL o SERVIDOR PUBLICO”. (may\u00fasculas y resaltado de los actores). <\/p>\n
De otra parte consideran que la norma demandada es contraria al art\u00edculo 29 superior, toda vez que resulta contraria al principio del “non bis in idem”. As\u00ed, afirman que los delitos contra la administraci\u00f3n p\u00fablica, en su mayor\u00eda, \u00fanicamente pueden ser cometidos por empleados p\u00fablicos. Por tal raz\u00f3n afirman que “as\u00ed las cosas, cuando de manera discriminatoria y desigual se aumenta el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n en una tercera parte, consideramos que de manera injusta se violenta el principio universal del non bis in idem, que proh\u00edbe atender m\u00e1s de una vez cualquier hecho, situaci\u00f3n o circunstancia, para efectos de la determinaci\u00f3n de la pena. De modo que, no obstante que ya el legislador estableci\u00f3 una pena por la raz\u00f3n de ser EMPLEADO OFICIAL, no puede por tanto conforme al art\u00edculo 82 del C.P., a\u00f1adir un hecho, situaci\u00f3n o circunstancia que ya se tuvo en cuenta cuando se redactaron los tipos penales de los delitos contra la administraci\u00f3n p\u00fablica, pues tal aspecto del art\u00edculo 82 ib\u00eddem, cae en la prohibici\u00f3n del principio por una nueva valoraci\u00f3n m\u00faltiple, atendiendo con fundamento en cualquier clase (aumento del t\u00e9rmino prescriptivo), sin justificaci\u00f3n alguna para una determinaci\u00f3n cualitativa, cuantitativa u operacional de la pena, vulner\u00e1ndose el NON BIS IN IDEM, puesto que esa calidad de empleado oficial, ya est\u00e1 previsto como un elemento de la infracci\u00f3n y eso ya ha sido tenido en cuenta para la agravaci\u00f3n punitiva y por supuesto ya ha sido tomados en cuenta para la deducci\u00f3n de responsabilidad penal, por hacer parte de la descripci\u00f3n legal en la respectiva conducta. (may\u00fasculas de los actores). <\/p>\n
IV. INTERVENCION DEL APODERADO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO <\/p>\n
El apoderado del Ministerio de Justicia y del Derecho present\u00f3 ante esta Corporaci\u00f3n, memorial mediante el cual defendi\u00f3 la constitucionalidad de la norma acusada. Afirma el interviniente que la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-345 del dos (2) de agosto de 1995, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Mu\u00f1oz, resolvi\u00f3 declarar exequible el art\u00edculo 82 del Decreto 100 de 1980, y que por tal raz\u00f3n, habr\u00e1 de estarse a lo all\u00ed resuelto en relaci\u00f3n con la citada norma. <\/p>\n
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION <\/p>\n
En la oportunidad legal, el se\u00f1or procurador general de la Naci\u00f3n se pronunci\u00f3 sobre la demanda presentada por el actor y solicit\u00f3 a esta Corporaci\u00f3n que se declare la exequibilidad de la norma acusada, toda vez que la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-345 de 1995, resolvi\u00f3 declarar exequible la norma acusada. <\/p>\n
VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
1. La competencia <\/p>\n
Por dirigirse la demanda contra una disposici\u00f3n que forma parte de un decreto con fuerza de ley, es competente la Corte Constitucional para decidir sobre su constitucionalidad, seg\u00fan lo prescribe el art\u00edculo 241-10 de la Carta Fundamental. <\/p>\n
2. La cosa juzgada constitucional <\/p>\n
En acatamiento de tales disposiciones, en lo que respecta a la norma demandada, habr\u00e1 que estarse a lo resuelto en la Sentencia C-345 de 1995, (M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Mu\u00f1oz), que declar\u00f3 exequible el art\u00edculo 82 del Decreto 100 de 1980 “por el cual se expide el nuevo C\u00f3digo Penal”. <\/p>\n
D E C I S I O N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, o\u00eddo el concepto del se\u00f1or Procurador General de la Naci\u00f3n y cumplidos los tr\u00e1mites previstos en el Decreto 2067 de 1991, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
R E S U E L V E: <\/p>\n
ESTESE a lo resuelto por la Corte Constitucional en la Sentencia No. C-345 de 1995. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese, comun\u00edquese al Gobierno Nacional y al Congreso de la Rep\u00fablica, ins\u00e9rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional y arch\u00edvese el expediente. <\/p>\n
CARLOS GAVIRIA DIAZ <\/p>\n
Presidente <\/p>\n
JORGE ARANGO MEJIA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
ANTONIO BARRERA CARBONELL <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
HERNANDO HERRERA VERGARA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
FABIO MORON DIAZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
VLADIMIRO NARANJO MESA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO <\/p>\n
Secretaria General <\/p>\n
<\/p>\n
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