\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0T-925-13 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sentencia T-925\/13 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
(Diciembre 6) \u00a0 \u00a0<\/p>\n
ACCION DE \u00a0 TUTELA CONTRA ACTOS DE CARACTER GENERAL, IMPERSONAL Y ABSTRACTO-Improcedencia \u00a0 \u00a0<\/p>\n
El numeral 5\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto \u00a0 2591 de 1991 establece que la acci\u00f3n de tutela no constituye el medio id\u00f3neo \u00a0 para controvertir actos de contenido general, impersonal y abstracto, puesto que \u00a0 para tal fin el ordenamiento ha dise\u00f1ado otros mecanismos de control judicial en \u00a0 la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, los cuales son id\u00f3neos para \u00a0 solventar las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, \u00a0 omisiones y operaciones en los que est\u00e9n involucradas las entidades p\u00fablicas, \u00a0 como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 104 de la Ley 1437 de 2011 \u201cPor la cual se expide el \u00a0 C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo\u201d. Vale \u00a0 recordar que ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, el ciudadano \u00a0 puede instaurar la acci\u00f3n de nulidad, prevista en el art\u00edculo 84 de la Ley 1437 \u00a0 de 2011, para desvirtuar la legalidad de los actos administrativos de car\u00e1cter \u00a0 general que sean expedidos por entidades p\u00fablicas, siempre y cuando tales actos \u00a0 infrinjan las normas en que deber\u00edan fundarse, hayan sido expedidos por \u00a0 funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o con \u00a0 desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, o mediante falsa \u00a0 motivaci\u00f3n, o con desviaci\u00f3n de las atribuciones propias del funcionario o \u00a0 corporaci\u00f3n que los profiere. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
ACCION DE \u00a0 TUTELA INTERPUESTA POR CONSEJOS COMUNITARIOS-Improcedencia \u00a0 por incumplir requisitos de legitimaci\u00f3n por activa y existir otro medio de \u00a0 defensa judicial como es la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Es \u00a0 improcedente la acci\u00f3n de tutela contra actos administrativos, gracias a que en \u00a0 la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo se encuentran los mecanismos de \u00a0 defensa judicial id\u00f3neos para hacer un control de legalidad sobres estos actos, \u00a0 labor que tambi\u00e9n permite determinar si se cometi\u00f3 alguna irregularidad dentro \u00a0 del proceso de su formaci\u00f3n, cuando en la acci\u00f3n de tutela no se demuestra la \u00a0 existencia de un perjuicio irremediable. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Referencia: Expediente T-3.978.267 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Fallos de tutela objeto revisi\u00f3n: Sentencia de \u00fanica instancia de la Sala de Decisi\u00f3n Civil del \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogot\u00e1 D.C. del 6 de junio de \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02013. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Accionante: Consejos Comunitarios de Comunidades Negras del Pacifico Sur. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Accionados: Ministerio de Educaci\u00f3n y Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Magistrados de la Sala Segunda de \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Revisi\u00f3n: Mauricio Gonz\u00e1lez Cuervo, Lu\u00eds \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Guillermo Guerrero P\u00e9rez y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Magistrado Ponente: MAURICIO GONZ\u00c1LEZ CUERVO. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
I.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0ANTECEDENTES \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1.\u00a0\u00a0\u00a0 Demanda de tutela[1]. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1.1. Elementos de la demanda. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1.1.1. Derechos fundamentales invocados. Trabajo como grupo \u00e9tnico, y a las acciones de diferenciaci\u00f3n \u00a0 positiva y afirmativa. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1.1.2. Conducta que causa la vulneraci\u00f3n. \u00a0 El Acuerdo No.282 del 2 de octubre de 2012, expedido por la Comisi\u00f3n Nacional \u00a0 del Servicio Civil, mediante el cual se convocar\u00e1 a concurso abierto de meritos \u00a0 para proveer los empleos de etnoeducadores directivos docentes y docentes en el \u00a0 Departamento de Nari\u00f1o, sin consultar previamente a los Consejos Comunitarios de \u00a0 Comunidades Negras del Pacifico. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1.1.3. Pretensiones. Primero, que se declare la suspensi\u00f3n del Acuerdo 282 de 2012 \u00a0 y dem\u00e1s acuerdos modificatorios, expedidos por la Comisi\u00f3n Nacional de Servicio \u00a0 Civil; segundo, que se ordene a los accionados, convocar a una mesa de trabajo y \u00a0 concertaci\u00f3n para lograr un acuerdo que permita la garant\u00eda y participaci\u00f3n de \u00a0 la comunidad docente de los municipios objeto de la convocatoria del \u00a0 Departamento de Nari\u00f1o, atendiendo a los postulados constitucionales, legales, \u00a0 jurisprudenciales sobre los derechos especiales que como grupo \u00e9tnico \u00a0 diferenciado le han sido reconocidos a la poblaci\u00f3n negra afrocolombiana, en \u00a0 corresponsabilidad con el car\u00e1cter de consulta que debe primar en esta \u00a0 comunidad; tercera, que se concert\u00e9 con las comunidades los mecanismos id\u00f3neos \u00a0 que permitan la protecci\u00f3n de los derechos de los directivos docentes y docentes \u00a0 en provisionalidad de las distintas instituciones de los municipios objeto de la \u00a0 demanda; y cuarta, que la orden impartida por el juez sea de inmediato \u00a0 cumplimiento. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1.2. Fundamentos de la pretensi\u00f3n. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1.2.1. La Comisi\u00f3n Nacional del Servicio \u00a0 Civil (CNSC) expidi\u00f3 el Acuerdo No. 282 del 2 de octubre de 2012, \u201cPor el \u00a0 cual se convoca a concurso abierto de m\u00e9ritos para proveer los empleos vacantes \u00a0 de etnoeducadores directivos docentes y docentes que prestan su servicio \u00a0 educativo a poblaci\u00f3n negra, afrocolombiana, raizal y palenquera en \u00a0 establecimientos educativos oficiales de la entidad territorial certificada en \u00a0 educaci\u00f3n Departamento de Nari\u00f1o \u2013 Convocatoria Etnoeducadores Afrocolombianos \u00a0 No. 238 de 2012\u201d. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1.2.2. Con el fin de expedir el acuerdo \u00a0 mencionado, la CNCS realiz\u00f3 reuniones con miembros de la Comisi\u00f3n Pedag\u00f3gica \u00a0 Nacional, como ente interlocutor de los Consejos Comunitarios y Organizaciones \u00a0 Sociales de las comunidades mencionadas. No obstante, aleg\u00f3 el accionante que \u00a0 esa comisi\u00f3n no estaba legitimada para actuar en representaci\u00f3n de tales \u00a0 instancias, ni para concertar con el Ministerio de Educaci\u00f3n, puesto que se \u00a0 trata de asuntos que competen a entes colectivos legitimados en marco de las \u00a0 denominadas consultas previas. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1.2.3. Manifest\u00f3 que, en caso de ostentar la \u00a0 Comisi\u00f3n Pedag\u00f3gica Nacional la representaci\u00f3n ante la institucionalidad, por \u00a0 delegaci\u00f3n de los Consejos Comunitarios, los representantes debieron informar y \u00a0 consultar a las comunidades sobre las implicaciones de tal concurso, en raz\u00f3n a \u00a0 que al tratarse de un mecanismo abierto, cualquier ciudadano podr\u00eda entrar a \u00a0 participar, vulnerando los derechos de los docentes de las comunidades negras, \u00a0 al no existir en la convocatoria reconocimientos al tiempo de servicio, a las \u00a0 acciones de diferenciaci\u00f3n y positivas, sistema preferencial de cuotas y trato \u00a0 preferencial. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1.2.4. El acuerdo de convocatoria, indica en \u00a0 sus consideraciones que se avanz\u00f3 en el proceso de consulta con representantes \u00a0 de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras miembros de \u00a0 la Comisi\u00f3n Pedag\u00f3gica Nacional para Comunidades Negras, quienes delegaron en un \u00a0 subcomisi\u00f3n, permitiendo llegar a un acuerdo para llevar a cabo tal concurso. \u00a0 Aleg\u00f3 el actor que, de esto se desprende que dichas conversaciones en ning\u00fan \u00a0 momento fueron puestas en consulta de las comunidades, para llegarse a tomar una \u00a0 decisi\u00f3n tan importante, m\u00e1s a\u00fan, cuando se deleg\u00f3 en una subcomisi\u00f3n que no \u00a0 estaba al nivel de la Comisi\u00f3n Pedag\u00f3gica. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1.2.5. Indic\u00f3 que, de acuerdo con el fallo \u00a0 proferido por el Consejo de Estado, el 5 de agosto de 2010, que dejo sin \u00a0 fundamento a las organizaciones de base de comunidades negras, sobre su \u00a0 representaci\u00f3n en instancias de participaci\u00f3n para la toma de decisiones y\u00a0 \u00a0 consulta, se tiene en cuenta que para la fecha de las decisiones tomadas, se \u00a0 evidencia una posible ilegalidad del acto por falta de legitimidad en la \u00a0 consulta y por vicios en el procedimiento de quienes actuaron como \u00a0 representante, usurpando los derechos de los Consejos accionantes. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1.2.6. Por todo lo anterior, y ante el \u00a0 desconocimiento de la consulta previa\u00a0 de las decisiones tomadas, \u00a0 presentaron acci\u00f3n de tutela para que sean protegidos sus derechos vulnerados. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. Respuesta de la entidad accionada. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2.1. Comisi\u00f3n Nacional del Servicio \u00a0 Civil. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Solicit\u00f3 que se declare la improcedencia de \u00a0 la acci\u00f3n de tutela por la existencia de otros mecanismos de defensa judicial, \u00a0 puesto que, la inconformidad del actor versa sobre un acto administrativo, que \u00a0 puede ser demandado ante la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativo. Unido a \u00a0 ello, se\u00f1al\u00f3 que para realizar la convocatoria se trabaj\u00f3 durante 2 a\u00f1os en \u00a0 concertaci\u00f3n y consulta permanente con la Comisi\u00f3n Pedag\u00f3gica Nacional de \u00a0 Comunidades Negras, \u00fanico \u00f3rgano colegiado asesor del Gobierno para la \u00a0 formulaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de la pol\u00edtica de etnoeducaci\u00f3n para la comunidad \u00a0 referida[2]. \u00a0 Adem\u00e1s, agreg\u00f3 que los Comisionados Pedag\u00f3gicos de Nari\u00f1o y de Tumaco, que \u00a0 hicieron parte de los consensos tomados en las mesas de concertaci\u00f3n, se asumen \u00a0 como representantes aut\u00e9nticos de las comunidades negras y son voceros \u00a0 competentes para avanzar en las consultas previas sobre decisiones en materia \u00a0 educativa, entre ellas la provisi\u00f3n de los empleos docentes mediante procesos de \u00a0 selecci\u00f3n por m\u00e9rito. Por lo anterior, se\u00f1al\u00f3 que es inexistente la vulneraci\u00f3n \u00a0 de los derechos fundamentales invocados. \u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2.2. Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Solicit\u00f3 que sea desvinculado de la presente \u00a0 acci\u00f3n de tutela, porque si bien es el encargado de fijar las pol\u00edticas \u00a0 generales en materia de educaci\u00f3n, es la entidad territorial, en este caso el \u00a0 Departamento de Nari\u00f1o, quienes administran la prestaci\u00f3n del servicio educativo \u00a0 a trav\u00e9s de las Secretar\u00edas de Educaci\u00f3n. Tambi\u00e9n, se\u00f1al\u00f3 que la Comisi\u00f3n \u00a0 Nacional de Servicio Civil se encontraba autorizada para concretar los \u00a0 lineamientos de la convocatoria con la Comisi\u00f3n Pedag\u00f3gica Nacional de \u00a0 conformidad con el Decreto 2149 de 1995. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2.3. Ministerio del Interior \u2013 Direcci\u00f3n \u00a0 de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Solicit\u00f3 denegar la acci\u00f3n de tutela, \u00a0 argumentando que la Comisi\u00f3n Pedag\u00f3gica Nacional y la Subcomisi\u00f3n de Concursos \u00a0 Afrocolombianos, estaban habilitados para concertar las medidas que permitan \u00a0 avanzar en la convocatoria del concurso de etnoeducadores de instituciones \u00a0 oficiales que atienden poblaci\u00f3n afrocolombiana, raizal y palenquera. Adem\u00e1s \u00a0 que, la consulta previa y el consentimiento libre e informado de las \u00a0 comunidades, tuvo lugar en los compromisos firmados dentro del Plan Nacional de \u00a0 Desarrollo 2010- 2014. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
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\u00a0 Decisi\u00f3n de tutela objeto de revisi\u00f3n: \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3.1. Sentencia de \u00danica Instancia de la \u00a0 Sala de Decisi\u00f3n Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogot\u00e1 D.C. \u00a0 del 6 de junio de 2013. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Neg\u00f3 la tutela invocada, argumentando que \u00a0 este asunto se debe someter a la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, puesto \u00a0 que se discute la legalidad de un acto administrativo. Se\u00f1al\u00f3 que contrario a lo \u00a0 afirmado por el actor, la Comisi\u00f3n Pedag\u00f3gica Nacional a trav\u00e9s de su \u00a0 subcomisi\u00f3n actu\u00f3 como interlocutor y veedor de los derechos de las comunidades \u00a0 negras en la creaci\u00f3n de la convocatoria, adem\u00e1s que, no existen elementos \u00a0 probatorios que permitan asegurar que dicha convocatoria representa una \u00a0 diferenciaci\u00f3n negativa para estas comunidades. Por lo tanto, concluy\u00f3 que la \u00a0 tutela no esta llamada a prosperar, ni siquiera como mecanismo transitorio, por \u00a0 la ausencia de pruebas que demuestren la inminencia de un perjuicio \u00a0 irremediable. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
4. Pruebas decretadas y recaudadas por la \u00a0 Corte Constitucional. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
4.1. \u00a0Mediante auto del 8 de noviembre de 2013, el Magistrado Sustanciador solicit\u00f3 a \u00a0 la Secretar\u00eda de Gobierno del Municipio de Santa Barbara de Iscuande, Nari\u00f1o; a \u00a0 la Secretar\u00eda de Gobierno del Municipio del Charco, Nari\u00f1o; a la Secretar\u00eda de \u00a0 Gobierno del Municipio de la Tola, Nari\u00f1o; y al Ministerio del Interior – \u00a0 Direcci\u00f3n de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y \u00a0 Palenqueras, lo siguiente: \u00a0 \u00a0<\/p>\n
– Certifique si los Consejos Comunitarios: (i) Esfuerzo Pescador; \u00a0 (ii) Cuenca del R\u00edo Iscuande; (iii) Unicosta; (iv) Prodefensa del R\u00edo Tapaje; \u00a0 (v) El Progreso R\u00edo Nerete; (vi) El Progreso del Campo; y (vii) La Esperanza; se \u00a0 encuentran inscritos y registrados, quien es su representante legal y cual es la \u00a0 fecha de constituci\u00f3n de los mismos. Para ello, remita los soportes \u00a0 correspondientes. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
4.2. Con \u00a0 ocasi\u00f3n de las pruebas solicitadas, la Secretar\u00eda General de la Corte \u00a0 Constitucional remiti\u00f3 al despacho del Magistrado sustanciador el documento \u00a0 suscrito por la Directora de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, \u00a0 Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior, mediante el cual inform\u00f3 que \u00a0 los Consejos Comunitarios Unicosta, Progreso del Campo, el Progreso del R\u00edo \u00a0 Nerete, La Esperanza del R\u00edo la Tola y el Progreso del Rio Nerete (municipio \u00a0 Roberto Payan) fueron registrados en la base de datos de esa dependencia antes \u00a0 de 1998, raz\u00f3n por la cual no cuentan con acto administrativo de inscripci\u00f3n. \u00a0 Asimismo, indic\u00f3 que los Consejos Comunitarios relacionados en el auto de \u00a0 pruebas no cuentan con resoluci\u00f3n de inscripci\u00f3n el Resgistro Unico de Consejos \u00a0 Comunitarios conforme al Decreto 3770 de 2008 o que los mismos hubieren allegado \u00a0 documentaci\u00f3n para la actualizaci\u00f3n de la informaci\u00f3n. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
4.2.1. Sin embargo, vencido el t\u00e9rmino \u00a0 probatorio, la Secretar\u00eda General de esta Corporaci\u00f3n mediante oficio del 27 de \u00a0 noviembre de 2013, inform\u00f3 que en relaci\u00f3n a las pruebas solicitadas a la \u00a0 Secretar\u00eda de Gobierno del Municipio de Santa Barbara de Iscuande, Nari\u00f1o; a la \u00a0 Secretar\u00eda de Gobierno del Municipio del Charco, Nari\u00f1o y a la Secretar\u00eda de \u00a0 Gobierno del Municipio de la Tola, Nari\u00f1o, no se recibi\u00f3 comunicaci\u00f3n alguna. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
II. CONSIDERACIONES. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. Competencia. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
La Corte Constitucional es competente para \u00a0 revisar las decisiones judiciales mencionadas, con base en la Constituci\u00f3n \u00a0 Pol\u00edtica -art\u00edculos 86 y 241.9- y lo desarrollado en el Decreto 2591 de 1991 \u00a0 -art\u00edculos 31 a 36[3]. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2.1. Alegaci\u00f3n de afectaci\u00f3n de derecho \u00a0 fundamental. Los actores afirmaron que el Acuerdo \u00a0 282 de 2012, expedido por la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil, mediante el \u00a0 cual se convoc\u00f3 al concurso abierto de meritos para proveer los empleos de \u00a0 etnoeducarores, vulner\u00f3 sus derechos fundamentales al trabajo como grupo \u00e9tnico \u00a0 y a las acciones de diferenciaci\u00f3n positiva y acci\u00f3n afirmativa. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2.3. Legitimaci\u00f3n activa. En el caso sub examine, el se\u00f1or Henri Tenorio Segura \u00a0 interpuso acci\u00f3n de tutela como apoderado de los Consejos Comunitarios Esfuerzo \u00a0 Pescador, Cuenca del R\u00edo Iscuande, Unicosta, Prodefensa del R\u00edo Tapaje y el \u00a0 Progreso en contra de la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil y el Ministerio de \u00a0 Educaci\u00f3n. Por lo tanto, procede la Sala a verificar si se satisface el \u00a0 requisito de legitimaci\u00f3n por activa. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2.3.1. Sea lo primero reiterar, que el \u00a0 art\u00edculo 86 Superior y el art\u00edculo 10 del decreto 2591 de 1991 establece \u00a0 respecto de la legitimaci\u00f3n en la causa por activa, que cualquier persona \u00a0 vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, podr\u00e1 interponer \u00a0 acci\u00f3n de tutela por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2.3.2. En materia de \u00a0 comunidades negras, la jurisprudencia constitucional ha precisado que estas \u00a0 son titulares de derechos colectivos aut\u00f3nomos y diferenciables de sus propios \u00a0 miembros, al igual que las comunidades ind\u00edgenas, pero con las diferencias \u00a0 impuestas por sus especificidades culturales y su r\u00e9gimen legal. Tal \u00a0 reconocimiento encuentra fundamento en los art\u00edculos 7 y 70 de \u00a0 la Carta Pol\u00edtica que establecen el derecho fundamental a la diversidad \u00e9tnica y \u00a0 cultural de las comunidades \u00e9tnicas, y en los derechos contenidos en el Convenio \u00a0 169 de la Organizaci\u00f3n Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos ind\u00edgenas y \u00a0 tribales en pa\u00edses independientes, cuya ratificaci\u00f3n e incorporaci\u00f3n al derecho \u00a0 interno fue autorizada por el Estado colombiano mediante la Ley 21 de 1991 \u201cPor \u00a0 medio de la cual se aprueba el Convenio n\u00famero 169 sobre pueblos ind\u00edgenas y \u00a0 tribales en pa\u00edses independientes, adoptado por la 76a. reuni\u00f3n de la \u00a0 Conferencia General de la O.I.T., Ginebra 1989\u201d. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2.3.4. En desarrollo de esas garant\u00edas \u00a0 constitucionales reconocidas a las comunidades negras, el legislador en el \u00a0 Decreto 1745 de 1995 estableci\u00f3 un modo de organizaci\u00f3n para asegurar la \u00a0 integridad cultural de estos grupos \u00e9tnicos, que consiste en la conformaci\u00f3n de \u00a0 Consejos Comunitarios, integrados por una Asamblea General[4], \u00a0 una Junta del Consejo Comunitario[5] \u00a0y un Representante legal de la comunidad en cuanto a persona jur\u00eddica[6], \u00a0 el cual puede ejercer la representaci\u00f3n de la comunidad en los procesos \u00a0 administrativos y judiciales, que se inicien para obtener el reconocimiento o la \u00a0 protecci\u00f3n de sus derechos. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2.3.5. As\u00ed mismo lo ha entendido esta Corte, \u00a0 al revisar diferentes acciones de tutela instauradas por representantes legales \u00a0 de Consejos Comunitarios de comunidades negras en contra de autoridades \u00a0 p\u00fablicas. En esos casos, este tribunal ha reconocido la legitimaci\u00f3n en la causa \u00a0 por activa de aquellas personas que fungen como representante de los derechos \u00a0 colectivos de ese grupo \u00e9tnico[7]. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0(i)\u00a0\u00a0Se trata \u00a0 de un acto jur\u00eddico formal por lo cual debe realizarse por escrito;\u00a0 \u00a0 (ii)\u00a0El mandato se concreta en un escrito, llamado poder que se presume \u00a0 aut\u00e9ntico (Art. 10 Dto. 2591\/91); (iii) El poder para promover acciones de \u00a0 tutela debe ser especial. En este sentido el poder conferido para la promoci\u00f3n o \u00a0 para la defensa de los intereses en un determinado proceso no se entiende \u00a0 conferido para la promoci\u00f3n de procesos diferentes, as\u00ed los hechos que le den \u00a0 fundamento a estos tengan origen en el proceso inicial; (iv) El destinatario del \u00a0 mandato s\u00f3lo puede ser un profesional del derecho habilitado con tarjeta \u00a0 profesional. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2.3.7. De acuerdo con los requisitos \u00a0 expuestos con antelaci\u00f3n y teniendo en cuenta que los Consejos Comunitarios \u00a0 demandantes decidieron actuar a trav\u00e9s de apoderado judicial, la Sala advierte \u00a0 que solo los Consejos de Esfuerzo Pescador[8], \u00a0 Cuenca del R\u00edo Iscuande[9] \u00a0y Unicosta[10] \u00a0confirieron en debida forma el mandato judicial al apoderado, y por consiguiente \u00a0 se encuentran legitimados para ejercer la acci\u00f3n de tutela. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2.3.8. Contrario a lo ocurrido en los \u00a0 casos de los Consejos Comunitarios Prodefensa del R\u00edo Tapaje, el Progreso del \u00a0 R\u00edo Nerete y Progreso del Campo, donde no se cumplieron con los presupuestos \u00a0 legales y jurisprudenciales exigidos para la debida constituci\u00f3n del mandato \u00a0 judicial, debido a las siguientes razones: \u00a0 \u00a0<\/p>\n
En primer lugar, se observa en el caso del \u00a0 Consejo Comunitario Prodefensa del R\u00edo Tapaje, un oficio titulado \u201cAsistencia\u201d \u00a0 que esta firmado por quince personas que al parecer son miembros de este \u00a0 consejo, pero en el cual no se identifica el objeto especial del poder ni el \u00a0 destinatario del mismo[11]. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
En segundo lugar, y similar a lo ocurrido \u00a0 en el caso anterior, el Consejo Comunitario el Progreso del R\u00edo Nerete aport\u00f3 un \u00a0 oficio con las firmas de los miembros de la organizaci\u00f3n, sin precisar el objeto \u00a0 de la recolecci\u00f3n de las firmas, ni el sujeto destinatario del poder judicial[12]. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Y en tercer lugar, si bien el Consejo \u00a0 Comunitario Progreso del Campo aport\u00f3 oficio titulado \u201cfirma para [r]espaldar \u00a0 [t]utela al no [c]oncurso de [d]ocentes\u201d, no indic\u00f3 siquiera quien era el \u00a0 apoderado destinatario de ese mandato judicial[13]. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2.3.9. Por las anteriores razones, \u00a0 considera la Sala que los Consejos Comunitarios Prodefensa del R\u00edo Tapaje, el \u00a0 Progreso del R\u00edo Nerete y Progreso del Campo no se encuentran legitimados por \u00a0 activa para interponer la acci\u00f3n de tutela, ya que el mandato judicial conferido \u00a0 al apoderado, no cumple con los requisitos m\u00ednimos que deb\u00edan atender los \u00a0 Consejos Comunitarios al actuar a trav\u00e9s de apoderado, y en representaci\u00f3n de \u00a0 los miembros de su comunidad. Por lo tanto, la Sala declarar\u00e1 la falta de \u00a0 legitimaci\u00f3n en la causa por activa de los Consejos Comunitarios mencionados. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2.3. Legitimaci\u00f3n pasiva. La Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil y el Ministerio de \u00a0 Educaci\u00f3n Nacional son entidades de car\u00e1cter p\u00fablico \u00a0 contra las cuales la acci\u00f3n de tutela es procedente \u00a0 (CP, art. 86\u00ba; D 2591\/91, art. 5\u00b0). \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2.4. Inmediatez. Considera la Sala que el t\u00e9rmino de siete \u00a0 meses transcurridos entre la fecha de expedici\u00f3n del acto administrativo que \u00a0 presuntamente caus\u00f3 la vulneraci\u00f3n, 12 de octubre de 2012, y el momento de \u00a0 interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, 24 de mayo de 2013, es un lapso prudente y \u00a0 razonable que satisface el requisito de \u00a0 inmediatez. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2.5. \u00a0 Subsidiariedad. Los Consejos Comunitarios, \u00a0 legitimados para interponer la acci\u00f3n de tutela, reclaman la protecci\u00f3n de sus \u00a0 derechos fundamentales a la diversidad \u00e9tnica y cultural, y a las acciones de diferenciaci\u00f3n positiva y acci\u00f3n afirmativa, que fueron presuntamente vulnerados por la Comisi\u00f3n Nacional del \u00a0 Servicio Civil al expedir el Acuerdo 282 de 2012, por medio del cual se convoc\u00f3 \u00a0 a concurso abierto de meritos para proveer los empleos vacantes de \u00a0 etnoeducadores, sin consultar previamente el contenido del mismo a estas \u00a0 organizaciones. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2.5.1. El \u00a0 Acuerdo de Convocatoria se\u00f1alado por el actor como causa de la vulneraci\u00f3n de \u00a0 sus derechos fundamentales es un acto administrativo, raz\u00f3n por la cual resulta \u00a0 necesario que la Sala determine si la acci\u00f3n de tutela procede en estos casos. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2.5.2. El \u00a0 art\u00edculo 86 Superior, determina que una de las caracter\u00edsticas de la acci\u00f3n de \u00a0 tutela es la subsidiariedad, debido a que: \u201cEsta acci\u00f3n solo proceder\u00e1 cuando \u00a0 el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se \u00a0 utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2.5.3. En ese \u00a0 sentido, el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991 establece que la \u00a0 acci\u00f3n de tutela no constituye el medio id\u00f3neo para controvertir actos de \u00a0 contenido general, impersonal y abstracto, puesto que para tal fin el \u00a0 ordenamiento ha dise\u00f1ado otros mecanismos de control judicial en la jurisdicci\u00f3n \u00a0 de lo contencioso administrativo, los cuales son id\u00f3neos para solventar las \u00a0 controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y \u00a0 operaciones en los que est\u00e9n involucradas las entidades p\u00fablicas, como lo prev\u00e9 \u00a0 el art\u00edculo 104 de la Ley 1437 de 2011 \u201cPor la cual se expide el C\u00f3digo de \u00a0 Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo\u201d. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2.5.4. Vale \u00a0 recordar que ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, el ciudadano \u00a0 puede instaurar la acci\u00f3n de nulidad, prevista en el art\u00edculo 84 de la Ley 1437 \u00a0 de 2011, para desvirtuar la legalidad de los actos administrativos de car\u00e1cter \u00a0 general que sean expedidos por entidades p\u00fablicas, siempre y cuando tales actos \u00a0 infrinjan las normas en que deber\u00edan fundarse, hayan sido expedidos por \u00a0 funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o con \u00a0 desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, o mediante falsa \u00a0 motivaci\u00f3n, o con desviaci\u00f3n de las atribuciones propias del funcionario o \u00a0 corporaci\u00f3n que los profiere. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2.5.5. Asimismo, \u00a0 la jurisprudencia constitucional a determinado que por regla general no procede \u00a0 la acci\u00f3n de tutela contra actos de contenido particular y concreto, dado que la \u00a0 acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho se entiende como la acci\u00f3n \u00a0 judicial id\u00f3nea para realizar un control de legalidad de estos actos. Sin \u00a0 embargo, excepcionalmente la Corte ha reconocido la procedencia de esta acci\u00f3n \u00a0 constitucional frente a actos administrativos de naturaleza particular, cuando \u00a0 los medios ordinarios no son eficaces ni id\u00f3neos para evitar la consumaci\u00f3n de \u00a0 un perjuicio irremediable, situaci\u00f3n que debe analizar el juez de tutela \u00a0 detalladamente en cada caso concreto. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2.5.6. Dentro de \u00a0 este contexto, tambi\u00e9n es importante resaltar que este c\u00f3digo, reformatorio del \u00a0 Decreto 01 de 1984, introdujo nuevas medidas cautelares (preventivas, \u00a0 anticipativas y conservativas) y mantuvo la medida de suspensi\u00f3n del acto \u00a0 administrativo que ven\u00eda desde la norma anterior (numeral 3 del art\u00edculo 230 de \u00a0 la Ley 1437 de 2011), eso si, sin condicionar el decreto de esta a la existencia \u00a0 de una infracci\u00f3n evidente del simple cotejo entre el acto demandado y las \u00a0 normas superiores. As\u00ed, este nuevo r\u00e9gimen permite garantizar la protecci\u00f3n de \u00a0 los derechos del demandante, de forma anticipada e independiente de la decisi\u00f3n \u00a0 a la que llegue el juez cuando concluya el proceso. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2.5.7. Esto \u00a0 conduce a la Sala a colegir que la acci\u00f3n de tutela es improcedente como \u00a0 mecanismo principal para la protecci\u00f3n de derechos fundamentales que resulten \u00a0 amenazados o vulnerados con la expedici\u00f3n de actos administrativos, puesto que \u00a0 existen otros mecanismos judiciales para su defensa dispuestos en la \u00a0 jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, en la cual, adem\u00e1s procede el \u00a0 decreto de medidas cautelares como mecanismo de protecci\u00f3n contra los efectos \u00a0 del acto administrativo, hasta tanto el juez resuelva de fondo el asunto. \u00a0 Excepto cuando de las circunstancias particulares del caso concreto se evidencie \u00a0 la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2.5.8. Con base \u00a0 en lo anterior, considera la Sala que la acci\u00f3n de tutela instaurada por los \u00a0 consejos comunitarios mencionados es improcedente, ya que existen medios \u00a0 judiciales de defensa id\u00f3neos, diferentes a esta acci\u00f3n constitucional, para \u00a0 solicitar la protecci\u00f3n de sus derechos. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2.5.8.1. En \u00a0 primer lugar, de la demanda de tutela se desprende que los Consejos accionantes \u00a0 atacan el procedimiento que adelant\u00f3 la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil \u00a0 para llegar a la expedici\u00f3n del Acuerdo 282 de 2012, en raz\u00f3n a que no les \u00a0 fueron consultados los t\u00e9rminos de dicho acuerdo. La verificaci\u00f3n de esa \u00a0 irregularidad se circunscribe dentro de la competencia del juez administrativo, \u00a0 el cual a trav\u00e9s de un proceso de nulidad o nulidad y restablecimiento del \u00a0 derecho, se encuentra facultado para determinar si existi\u00f3 o no el error en el \u00a0 procedimiento de formaci\u00f3n del acto, para que, en caso de encontrar probado el \u00a0 error, declare la nulidad del mismo. Por ende, considera la Sala que ese resulta \u00a0 ser el escenario procesal adecuado para conocer de las pretensiones de los \u00a0 accionantes, y no la acci\u00f3n de tutela que es un mecanismo excepcional de \u00a0 naturaleza residual y subsidiaria. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2.5.8.2. En \u00a0 segundo lugar, estima la Sala que la pretensi\u00f3n de los accionantes en lo \u00a0 relacionado con la suspensi\u00f3n del acto administrativo, transciende la orbita de \u00a0 la competencia del juez constitucional, porque esa materia es objeto de estudio \u00a0 del juez administrativo, quien dependiendo del caso concreto y revisados los \u00a0 requisitos que exige la ley, puede conceder la medida cautelar de suspensi\u00f3n de \u00a0 los efectos del acto administrativo, como lo establece el numeral 3 del art\u00edculo \u00a0 230 de la Ley 1437 de 2011. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2.5.8.3. Y en \u00a0 tercer lugar, como se se\u00f1al\u00f3 en p\u00e1rrafos anteriores, por disposici\u00f3n legal la \u00a0 acci\u00f3n de tutela no procede contra actos de car\u00e1cter general, impersonal y \u00a0 abstracto, ni contra actos de contenido particular, por lo tanto, corresponde a \u00a0 los accionantes interponer las acciones pertinentes en la jurisdicci\u00f3n de lo \u00a0 contencioso administrativo, maxime, cuando en el presente caso no se encuentra \u00a0 demostrado en el expediente la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable \u00a0 que torne proceden la acci\u00f3n de tutela como mecanismo transitorio de amparo. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Por las \u00a0 anteriores razones, la Sala revocara el fallo de tutela de la Sala Civil del \u00a0 Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogot\u00e1 del 6 de junio de 2013, que \u00a0 neg\u00f3 la tutela invocada por intermedio de apoderado los Consejos Comunitarios de \u00a0 las Comunidades Negras del Pacifico, y en su lugar, declarar\u00e1 la improcedencia \u00a0 de la acci\u00f3n de tutela. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3. Raz\u00f3n de \u00a0 la decisi\u00f3n. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3.1. S\u00edntesis \u00a0 del caso. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3.2. Regla de \u00a0 la decisi\u00f3n. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Es improcedente \u00a0 la acci\u00f3n de tutela contra actos administrativos, gracias a que en la \u00a0 jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo se encuentran los mecanismos de \u00a0 defensa judicial id\u00f3neos para hacer un control de legalidad sobres estos actos, \u00a0 labor que tambi\u00e9n permite determinar si se cometi\u00f3 alguna irregularidad dentro \u00a0 del proceso de su formaci\u00f3n, cuando en la acci\u00f3n de tutela no se demuestra la \u00a0 existencia de un perjuicio irremediable. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
III. DECISI\u00d3N \u00a0 \u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la \u00a0 Sala Segunda de Revisi\u00f3n de la Corte Constitucional, administrando justicia en \u00a0 nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n, \u00a0 \u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Primero.- \u00a0 REVOCAR el fallo de tutela de la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito \u00a0 Judicial de Bogot\u00e1 del 6 de junio de 2013, que neg\u00f3 la tutela invocada por \u00a0 intermedio de apoderado los Consejos Comunitarios de las Comunidades Negras del \u00a0 Pacifico, y en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acci\u00f3n de tutela. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Segundo.- \u00a0 L\u00cdBRESE \u00a0por Secretar\u00eda General la comunicaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 36 del \u00a0 Decreto 2591 de 1991. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
C\u00f3piese, \u00a0 notif\u00edquese, comun\u00edquese, ins\u00e9rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional y \u00a0 c\u00famplase. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
MAURICIO GONZ\u00c1LEZ CUERVO \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0 \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0 GUILLERMO GUERRERO P\u00c9REZ \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Con aclaraci\u00f3n de voto \u00a0 \u00a0<\/p>\n
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Con salvamento de voto \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Secretaria General \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO \u00a0 \u00a0<\/p>\n
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO \u00a0 \u00a0<\/p>\n
A \u00a0 LA SENTENCIA T-925\/13 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Referencia: Expediente \u00a0 T-3.978.267 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Acci\u00f3n de tutela \u00a0 instaurada Consejos Comunitarios de Comunidades Negras del Pac\u00edfico Sur de Alba \u00a0 contra la Universidad Metropolitana de Barranquilla. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0 Ponente: \u00a0 \u00a0<\/p>\n
MAURICIO GONZALEZ \u00a0 CUERVO. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Con el respeto que siempre profeso por las \u00a0 decisiones de esta Corte, me permito discrepar de la decisi\u00f3n de la mayor\u00eda, en \u00a0 cuanto declar\u00f3 improcedente la presente acci\u00f3n de tutela, por las siguientes \u00a0 razones: \u00a0 \u00a0<\/p>\n
La jurisprudencia \u00a0 constitucional ha sido reiterada en manifestar que no existe en la legislaci\u00f3n \u00a0 colombiana un mecanismo distinto de la acci\u00f3n de tutela para que los pueblos \u00a0 ind\u00edgenas y comunidades afrodescendientes reclamen ante los jueces la protecci\u00f3n \u00a0 inmediata de su derecho a ser consultados[14].\u00a0 En numerosas sentencias se ha se\u00f1alado que la consulta previa procede respecto de las\u00a0decisiones administrativas y legislativas \u00a0 del Estado que afecten o comprometan intereses de las comunidades ind\u00edgenas. \u00a0Entre estas decisiones se tienen: \u201c3) Las decisiones sobre la \u00a0 prestaci\u00f3n del servicio de educaci\u00f3n que afectan directamente a las comunidades; \u00a0 y 4) Las medidas legislativas.\u201d[15] \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Bajo las anteriores \u00a0 consideraciones estimo que la conclusi\u00f3n a la que llega la mayor\u00eda contradice lo \u00a0 hasta ahora esgrimido por la Corporaci\u00f3n en estos temas.\u00a0 A mi juicio, \u00a0 debi\u00f3 realizarse un estudio de fondo que hubiese aclarado si se efectu\u00f3 una \u00a0 verdadera consulta previa a las comunidades legitimadas en la presente acci\u00f3n de \u00a0 amparo. Si bien existen mecanismos judiciales, la acci\u00f3n de tutela resulta \u00a0 procedente en estos casos como mecanismo definitivo, pues asuntos como el \u00a0 sub examine tienen relevancia constitucional en la medida en que el derecho \u00a0 fundamental a la identidad cultural de las comunidades ind\u00edgenas y dos de sus \u00a0 expresiones \u2013la consulta previa y la etnoeducaci\u00f3n- requieren de una r\u00e1pida y \u00a0 expedita soluci\u00f3n pues, el paso del tiempo puede tener consecuencias \u00a0 irreversibles.[16] \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Fecha at supra, \u00a0 \u00a0<\/p>\n
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[1] Demanda presentada 24 de mayo de 2013. Folio 58. En adelante siempre \u00a0 que se cite un folio se entender\u00e1 que hace parte del cuaderno principal, a menos \u00a0 que se diga expresamente otra cosa. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[2] La Comisi\u00f3n Pedag\u00f3gica Nacional de Comunidades Negras fue creada por \u00a0 el art\u00edculo 42 de la Ley 70 de 1993 y reglamentada por el Decreto 2249 de 1995. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[3] En Auto del \u00a0 treinta (30) de julio de 2013 de la Sala de Selecci\u00f3n de tutela No. 7 de la \u00a0 Corte Constitucional, se dispuso la revisi\u00f3n de la providencia en cuesti\u00f3n y se \u00a0 procedi\u00f3 a su reparto. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[4] Decreto 1745 de 1995, art\u00edculo 4\u00b0. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[5] Decreto 1745 de 1995, art\u00edculo 7. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[6] Decreto 1745 de 1995, art\u00edculo 12. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[7] Corte Constitucional Sentencia T-172 de \u00a0 2013. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[8] Mandato conferido en debida forma por el Consejo Comunitario \u00a0 Esfuerzo Pescador al abogado Henri Tenorio Segura. Folio 1. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[9] Mandato conferido en debida forma por el Consejo Comunitario Cuenda \u00a0 del R\u00edo Iscuande al abogado Henri Tenorio Segura. Folio 8. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[10] Mandato conferido en debida forma por el Consejo Comunitario \u00a0 Unicosta\u00a0 al abogado Henri Tenorio Segura. Folio 17. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[11] Folio 31. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[12] Folio 33. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[13] Folio 36. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[14] T-547-2010 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[15] T-698 de 2011 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[16] T-871-2013. T-116-2011.<\/p>\n
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