C-219-96<\/p>\n
Sentencia C-219\/96 <\/p>\n
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL <\/p>\n
Referencia: Expediente D-1125 <\/p>\n
Acci\u00f3n p\u00fablica de inconstitucionalidad contra el primer inciso del art\u00edculo 148 del Decreto 2700 de 1991 “por el cual se expiden las normas de procedimiento penal”, y contra el art\u00edculo 34 del Decreto 196 de 1971 “por el cual se dicta el estatuto del ejercicio de la abogac\u00eda”. <\/p>\n
Actor: Germ\u00e1n Pab\u00f3n G\u00f3mez. <\/p>\n
Magistrado Sustanciador: <\/p>\n
Dr. FABIO MORON DIAZ <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., mayo dieciseis (16) de mil novecientos noventa y seis (1996). <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
El ciudadano GERMAN PABON GOMEZ, haciendo uso de la acci\u00f3n de inexequibilidad autorizada por el art\u00edculo 241 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, solicita a esta Corporaci\u00f3n declarar inexequible la parte acusada del art\u00edculo 148 del Decreto 2700 de 1991, por el cual se expiden las normas de procedimiento penal y el art\u00edculo 34 del Decreto 196 de 1971 por el cual se dicta el estatuto del ejercicio de la abogac\u00eda. <\/p>\n
II. EL TEXTO DE LAS NORMAS ACUSADAS <\/p>\n
El texto de las disposiciones acusadas en las demanda es del siguiente tenor: <\/p>\n
“DECRETO NUMERO 2700 DE 1991 <\/p>\n
“(noviembre 30) <\/p>\n
“Por el cual se expiden las normas de procedimiento penal <\/p>\n
“ARTICULO 148. Personas habilitadas para la defensa del imputado. De conformidad a lo dispuesto por el Decreto 196 de 1971, el cargo de defensor para la indagatoria del imputado, cuando no hubiere abogado inscrito que lo asista en ella, podr\u00e1 ser confiado a cualquier ciudadano honorable siempre que no sea servidor p\u00fablico. <\/p>\n
Los estudiantes de derecho, pertenecientes a consultorios jur\u00eddicos o los egresados, podr\u00e1n intervenir en las actuaciones procesales, en las condiciones previstas en los estatutos de la profesi\u00f3n de abogado y de la defensor\u00eda p\u00fablica.” <\/p>\n
“DECRETO 196 DE 1971 <\/p>\n
“(febrero 12) <\/p>\n
“Por el cual se dicta el estatuto del ejercicio de la abogac\u00eda <\/p>\n
“ARTICULO 34. El cargo de apoderado para la indagatoria del sindicado, cuando no hubiere abogado inscrito que lo asista en ella, podr\u00e1 ser confiado a cualquier ciudadano honorable, siempre y cuando no sea empleado p\u00fablico.” <\/p>\n
Las disposiciones subrayadas son las demandadas. <\/p>\n
III. LA DEMANDA <\/p>\n
1. Disposiciones constitucionales que se consideran infringidas. <\/p>\n
Para el actor en esta demanda, la parte acusada del Decreto 2700 de 1991, y del Decreto 196 de 1971 es contraria a lo dispuesto por el art\u00edculo 13 y 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
2. Fundamentos de la Demanda. <\/p>\n
– Un recorrido por antecedentes jurisprudenciales y doctrinales sobre el principio de la igualdad y sobre el derecho de defensa y el debido proceso llevan al actor a predicar que las normas acusadas, en cuanto habilitan a una persona honorable para la defensa de quien se sindica de la infracci\u00f3n de la ley penal, vulneran la concepci\u00f3n de estado social de derecho presente en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991, as\u00ed como la preceptiva superior de los art\u00edculos 13 y 29, adem\u00e1s de los instrumentos internacionales que cita como infringidos : <\/p>\n
1) La Declaraci\u00f3n Universal de los Derechos Humanos <\/p>\n
2) El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos en los art\u00edculos 3o. y 14 . <\/p>\n
3) La Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos en su art\u00edculo 1o. <\/p>\n
V. EL CONCEPTO FISCAL <\/p>\n
El Procurador General de la Naci\u00f3n rindi\u00f3 en t\u00e9rmino el concepto fiscal de su competencia, y en \u00e9l solicit\u00f3 a la Corte Constitucional que declare que son inexequibles el inciso primero del art\u00edculo 148 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, e inexequible el art\u00edculo 34 del Decreto 196 de 1971. <\/p>\n
Destaca que respecto de las normas demandadas su despacho tuvo oportunidad de exponer sus consideraciones dentro del expediente que contiene las acciones de inconstitucionalidad Nos. 1019 y 1029 (acumuladas), por lo cual reproduce aqu\u00ed el contenido del respectivo concepto (No. 741 de septiembre 11 de 1995). En cuanto sea pertinente para el estudio de la presente demanda de inexequibilidad, as\u00ed: <\/p>\n
En primer t\u00e9rmino, argumenta que es referencia obligada para abordar la cuesti\u00f3n planteada por el impugnante, la preceptiva del art\u00edculo 29 superior -eje com\u00fan de los cargos-, en punto al derecho de una defensa t\u00e9cnica en el campo penal, como algunas de las decisiones que sobre la materia ha adoptado la Corte Constitucional por v\u00eda del control abstracto y del concreto. <\/p>\n
Considera que, el art\u00edculo 29 superior, en particular cuando se refiere a la defensa y a la asistencia de abogado, escogido o de oficio, durante la investigaci\u00f3n y el juzgamiento como derechos en cabeza de quien es sindicado de conductas punibles, hace parte de la voluntad constitucional que expresamente reconoce los derechos y garant\u00edas judiciales fundamentales -aplicables a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas-, que con las previsiones de los instrumentos internacionales ratificados por Colombia, conforman el conjunto de garant\u00edas y derechos de todo sindicado, vinculante no s\u00f3lo para el \u00e1mbito de las decisiones judiciales y administrativas sino en materia pol\u00edtico-legislativa. <\/p>\n
Argumenta que la alocuci\u00f3n “toda” consignada en el mandato superior en cita, debe ser entendida como comprensiva de todo el itinerario en que se vierte la actuaci\u00f3n judicial en el campo penal. Al igual que la referencia que en el mismo texto se hace al “sindicado”, debe entenderse receptora de aqu\u00e9llas que en la misma actuaci\u00f3n aluden a los imputados, procesados, y a\u00fan a los condenados, de donde sostiene que “en toda la actuaci\u00f3n procesal previa, instrucci\u00f3n, juzgamiento y ejecuci\u00f3n de pena, como garant\u00eda m\u00ednima, debe prevalecer la asistencia del defensor en desarrollo del debido proceso”. <\/p>\n
Sin embargo afirma que en el itinerario de la actuaci\u00f3n procesal penal no resulta admisible, ni siquiera para la indagatoria como lo autoriza el inciso primero del art\u00edculo 148 acusado, que se prescinda de la asistencia t\u00e9cnica del defensor, al constituir \u00e9sta el primer momento procesal en que el imputado har\u00e1 uso del derecho de defensa, a no ser que est\u00e9 en el caso excepcional\u00edsimo ya comentado. <\/p>\n
Concluye entonces, que las previsiones acusadas, en cuanto crean excepciones a la norma constitucional que se dice infringida, son lesivas de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
Primera: La Competencia <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n es competente para conocer de la acci\u00f3n de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5o. del art\u00edculo 241 en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, por formar parte el precepto demandado de un Decreto con fuerza de ley. <\/p>\n
<\/p>\n
El art\u00edculo 148 del Decreto 2700 de 1991 y el art\u00edculo 34 del Decreto 196 de 1971, ya fueron objeto de examen en esta Corte, sobre su conformidad con los mandatos constitucionales, al pronunciarse de fondo, con ocasi\u00f3n del expediente Nos. D-1019 y D-1029. En efecto, en la Sentencia C-049 de 1996, (M.P. Dr. Fabio Mor\u00f3n D\u00edaz), se declararon INEXEQUIBLES tales preceptos, por lo que, en la causa, debe estarse a lo all\u00ed resuelto, por encontrarse la Corporaci\u00f3n en presencia de cosa juzgada constitucional (art. 243 de la C.P). <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Constitucional, actuando en nombre del Pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n
RESUELVE : <\/p>\n
ESTESE A LO RESUELTO en la Sentencia C-049 de febrero ocho (8) de mil novecientos noventa y seis (1996), sobre el art\u00edculo 148 del Decreto 2700 de 1991 y el art\u00edculo 34 del Decreto 196 de 1971. <\/p>\n
C\u00f3piese, comun\u00edquese, notif\u00edquese, c\u00famplase, ins\u00e9rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional y arch\u00edvese el expediente. <\/p>\n
CARLOS GAVIRIA DIAZ <\/p>\n
Presidente <\/p>\n
JORGE ARANGO MEJIA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
ANTONIO BARRERA CARBONELL <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
HERNANDO HERRERA VERGARA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
FABIO MORON DIAZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
VLADIMIRO NARANJO MESA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO <\/p>\n
Secretaria General <\/p>\n
<\/p>\n
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