C-230-96<\/p>\n
Sentencia C-230\/96 <\/p>\n
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL <\/p>\n
Referencia: Expediente N\u00ba D-1146 <\/p>\n
Demanda de inconstitucionalidad contra el art\u00edculo 52 (parcial) de la Ley 190 de 1995 \u201cPor la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la administraci\u00f3n p\u00fablica y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupci\u00f3n administrativa\u201d. <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Dr. EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ <\/p>\n
Santa Fe de Bogot\u00e1, D.C., Mayo veintitr\u00e9s (23) de mil novecientos noventa y seis (1996). <\/p>\n
Aprobado por Acta N\u00ba 24 <\/p>\n
La Sala Plena de la Corte Constitucional integrada por su Presidente Carlos Gaviria D\u00edaz y por los Magistrados Jorge Arango Mej\u00eda, Antonio Barrera Carbonell, Eduardo Cifuentes Mu\u00f1oz, Jos\u00e9 Gregorio Hern\u00e1ndez Galindo, Hernando Herrera Vergara, Alejandro Mart\u00ednez Caballero, Fabio Mor\u00f3n D\u00edaz y Vladimiro Naranjo Mesa. <\/p>\n
EN NOMBRE DEL PUEBLO <\/p>\n
Y <\/p>\n
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION <\/p>\n
Ha pronunciado la siguiente <\/p>\n
S E N T E N C I A <\/p>\n
En el proceso de constitucionalidad del art\u00edculo 52 (parcial) de la Ley 190 de 1995 \u201cPor la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la administraci\u00f3n p\u00fablica y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupci\u00f3n administrativa\u201d. <\/p>\n
I. TEXTO DE LA NORMA DEMANDADA <\/p>\n
Ley 190 de 1995 <\/p>\n
(junio 6) <\/p>\n
El Congreso de Colombia <\/p>\n
Decreta: <\/p>\n
(…) <\/p>\n
“Art\u00edculo 52. De conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 292 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, ni los Diputados, ni los concejales, ni sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y \u00fanico civil, ni sus delegados, podr\u00e1n formar parte de las juntas directivas de las entidades descentralizadas del respectivo departamento, distrito o municipio. <\/p>\n
“Conforme al art\u00edculo 292 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, no podr\u00e1n ser designados funcionarios de la correspondiente entidad territorial los c\u00f3nyuges o compa\u00f1eros permanentes de los diputados y concejales, ni sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o \u00fanico civil\u201d. <\/p>\n
(Se subraya la parte demandada) <\/p>\n
II. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El Congreso de la Rep\u00fablica expidi\u00f3 la Ley 190 de 1995, publicada en el Diario Oficial N\u00b0 41878 de junio 6 de 1995. <\/p>\n
2. La ciudadana Melva L\u00f3pez de Espinal demand\u00f3 el art\u00edculo 52 (parcial) de la Ley 190 de 1995, por considerarlo violatorio del art\u00edculo 292 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. El Ministerio de Justicia y del Derecho present\u00f3 memorial en el que solicita a la Corporaci\u00f3n declarar exequible la norma parcialmente acusada. El Procurador General de la Naci\u00f3n rindi\u00f3 concepto en favor de la constitucionalidad del art\u00edculo 52 de la Ley 190 de 1995. <\/p>\n
III. ARGUMENTO DE LA DEMANDA <\/p>\n
Cargo: Violaci\u00f3n del art\u00edculo 292 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica (L\u00edmite de las facultades legislativas en materia de inhabilidades) <\/p>\n
IV. INTERVENCIONES <\/p>\n
El Ministerio de Justicia y del Derecho, por intermedio de apoderado, defiende la constitucionalidad de la norma impugnada. Fundamenta su solicitud en los mismos argumentos contenidos en el concepto recibido en el proceso D-1055-1057, cuyos apartes m\u00e1s relevantes se transcriben a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
\u201cLa multiplicidad y diversidad de funciones en cabeza del Estado moderno ha llevado al constituyente y al legislador a regular el acceso y permanencia en la administraci\u00f3n p\u00fablica, con el \u00e1nimo de moralizar, distribuir y vigilar la gesti\u00f3n p\u00fablica, mediante controles que garanticen su transparencia. <\/p>\n
\u201cUn mecanismo importante de la pol\u00edtica de moralizaci\u00f3n de la funci\u00f3n p\u00fablica son las incompatibilidades e inhabilidades para desempe\u00f1ar ciertos cargos, o sea aquellas restricciones sobre gestiones, funciones o actividades que no pueden ejercerse simult\u00e1neamente con el cargo, o los impedimentos para acceder a o permanecer en \u00e9l. <\/p>\n
\u201cSi bien la inhabilidad comporta una limitaci\u00f3n del derecho al trabajo p\u00fablico, \u00e9sta se justifica por la prevalencia del inter\u00e9s general de satisfacer las necesidades de la colectividad. <\/p>\n
<<El legislador est\u00e1 perfectamente facultado para introducir causales que restrinjan el ingreso a la funci\u00f3n p\u00fablica (C.P. arts. 150-23, 293), siempre y cuando dichas circunstancias obedezcan a un m\u00f3vil congruente con la finalidad social que el Estado persigue con las inhabilidades>>. <\/p>\n
La descentralizaci\u00f3n administrativa por servicios es una respuesta oportuna y especializada a las necesidades de un sector o un territorio, a trav\u00e9s de entidades descentralizadas. <\/p>\n
\u201cLa creaci\u00f3n de las entidades descentralizadas (decisi\u00f3n pol\u00edtica) debe diferenciarse de la administraci\u00f3n de las mismas (decisi\u00f3n de gesti\u00f3n). Esta \u00faltima debe estar exenta de intromisiones pol\u00edticas que atenten contra la autonom\u00eda administrativa, aspecto de la esencia de las entidades descentralizadas por servicios. <\/p>\n
\u201cLa elecci\u00f3n de los miembros de las juntas directivas de las entidades descentralizadas – que compete al Congreso a nivel nacional (C.P. art. 150-7), a la Asamblea Departamental a nivel seccional (C.P. art. 300-7) y al Concejo Municipal a nivel local (C.P. art. 313-6) -, refleja el grado de su autonom\u00eda, “la cual puede ser modulada por el legislador dentro del \u00e1mbito general de competencia para regular la estructura administrativa”.\u201d <\/p>\n
V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO <\/p>\n
El Procurador General de la Naci\u00f3n manifiesta que la norma acusada fue objeto de an\u00e1lisis en los procesos D-1055-1057 (acumulados) y D-1121, a los cuales se remite, y en caso de que la Corte haya resuelto sobre alguno de los citados procesos, solicita estarse a la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Sin embargo, de manera sucinta, expone los siguientes argumentos. La demanda, entiende el Procurador, se dirige a cuestionar la adici\u00f3n contenida en la norma acusada, que frente al imperativo del art\u00edculo 292 de la Constituci\u00f3n, resulta inconstitucional. <\/p>\n
Reitera la interpretaci\u00f3n seg\u00fan la cual la norma acusada prohibe \u00fanicamente la representaci\u00f3n personal de concejales y diputados, pero en ning\u00fan caso la representaci\u00f3n colectiva en las juntas directivas de las entidades referidas. <\/p>\n
La prohibici\u00f3n legislativa para diputados y concejales de formar parte en las juntas directivas de las entidades descentralizadas, y la de no permitir la representaci\u00f3n personal de \u00e9stos en las mencionadas juntas, se inspiran en iguales razones. La proscripci\u00f3n constitucional plasmada en el art\u00edculo 292 de la Constituci\u00f3n para los diputados y concejales es una extensi\u00f3n de la prevista por el art\u00edculo 180-3 ib\u00eddem., cuando prohibe a los congresistas “ser miembros de juntas o consejos directivos de entidades descentralizadas de cualquier nivel o de instituciones que administren tributos”1. <\/p>\n
Los prop\u00f3sitos del constituyente en materia de prohibiciones para los servidores elegidos por voto popular – entre ellos la proscripci\u00f3n de pr\u00e1cticas de nepotismo y la guarda de intereses colectivos -, se ver\u00edan desconocidos “si los diputados y concejales pudiesen participar en las juntas directivas de las entidades descentralizadas de los \u00f3rdenes departamental y municipal, por intermedio de sus delegados”. <\/p>\n
VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
Competencia <\/p>\n
1. En los t\u00e9rminos del art\u00edculo 241-4, la Corte Constitucional es competente para conocer de la presente demanda. <\/p>\n
Cosa Juzgada Constitucional <\/p>\n
2. La Corte ya tuvo oportunidad de estudiar la constitucionalidad de la disposici\u00f3n acusada. En efecto, en sentencia C-082 de 1996, la Corte resolvi\u00f3: <\/p>\n
\u201cDeclarar EXEQUIBLE la expresi\u00f3n \u201cni sus delegados\u201d contenida en el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 52 de la Ley 190 de 1995\u201d. <\/p>\n
La Corporaci\u00f3n sostuvo que: <\/p>\n
\u201cCargo por violaci\u00f3n del art\u00edculo 292 de la Constituci\u00f3n <\/p>\n
\u201c2. Exponen los demandantes que la norma legal modifica el art\u00edculo 292 de la Constituci\u00f3n, so pretexto de desarrollarlo, al extender la prohibici\u00f3n constitucional en \u00e9l contenida a hip\u00f3tesis no previstas en la Carta Fundamental. La facultad legislativa ser\u00eda exclusivamente para determinar los grados de parentesco cobijados por la prohibici\u00f3n. En consecuencia, el Legislador se habr\u00eda extralimitado, violando la norma matriz, al extender a los delegados de los diputados y concejales la imposibilidad de formar parte de las juntas directivas de las entidades descentralizadas. <\/p>\n
\u201cLos actores parten de una premisa incorrecta. El fundamento de la restricci\u00f3n para acceder a los \u00f3rganos de gesti\u00f3n de las entidades descentralizadas por parte de diputados y concejales, o de sus delegados, no es exclusivamente el art\u00edculo 292 de la Constituci\u00f3n. La facultad de fijar condiciones razonables para el desempe\u00f1o de la funci\u00f3n p\u00fablica emana de la cl\u00e1usula general de competencia que permite al Legislador “expedir las leyes que regir\u00e1n el ejercicio de las funciones p\u00fablicas y la prestaci\u00f3n de los servicios p\u00fablicos” (C.P. art. 150-23), entre otros prop\u00f3sitos, con miras a la realizaci\u00f3n de los principios de moralidad, eficacia e imparcialidad que deben regir el desempe\u00f1o de la funci\u00f3n administrativa (C.P. art. 209). <\/p>\n
\u201c3. La extensi\u00f3n legal de la restricci\u00f3n para participar en el \u00f3rgano de gesti\u00f3n de las entidades descentralizadas a los delegados de los diputados y concejales preserva la finalidad del art\u00edculo 292 de la C.P., puesto que impide que la inhabilidad constitucional se convierta en algo inocuo, mediante la actuaci\u00f3n de \u00e9stos, a trav\u00e9s de sus delegados, en las referidas juntas directivas. A fortiori, si la inhabilidad del art\u00edculo 292 de la Constituci\u00f3n se predica de los diputados y concejales, ella es predicable igualmente de las personas que act\u00faan a nombre de los primeros, en virtud de la delegaci\u00f3n de determinadas competencias o funciones, o con fundamento en un mandato conferido para que se ejerza una representaci\u00f3n. Ambos casos, no obstante, suponen la existencia de una funci\u00f3n propia que se puede delegar, aspecto este que se analizar\u00e1 m\u00e1s adelante. <\/p>\n
\u201cPor lo expuesto, no es atendible el cargo sobre la supuesta vulneraci\u00f3n del art\u00edculo 292 de la Constituci\u00f3n.\u201d <\/p>\n
IV. D E C I S I O N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Constitucional administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n <\/p>\n
R E S U E L V E <\/p>\n
Estarse a lo resuelto en la Sentencia C-082 de 1996, en la que se declar\u00f3 EXEQUIBLE la expresi\u00f3n \u201cni sus delegados\u201d del art\u00edculo 52 de la Ley 190 de 1995. <\/p>\n
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE, INSERTESE EN LA GACETA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y ARCHIVESE EL EXPEDIENTE. <\/p>\n
CARLOS GAVIRIA D\u00cdAZ <\/p>\n
Presidente <\/p>\n
JORGE ARANGO MEJ\u00cdA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
ANTONIO BARRERA CARBONELL <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
HERNANDO HERRERA VERGARA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
ALEJANDRO MART\u00cdNEZ CABALLERO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
FABIO MOR\u00d3N D\u00cdAZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
VLADIMIRO NARANJO MESA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
MARTHA VICTORIA S\u00c1CHICA DE MONCALEANO <\/p>\n
Secretaria General <\/p>\n
1La Corte anota que el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 180 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica fue modificado mediante Acto Legislativo 03 de 1993, quedando su texto as\u00ed: <\/p>\n
“3. Ser miembros de juntas o consejos directivos de entidades oficiales descentralizadas de cualquier nivel o de instituciones que administren tributos”. <\/p>\n
<\/p>\n
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