C-525-96<\/p>\n
Sentencia C-525\/96 <\/p>\n
REPRODUCCION DE NORMA DECLARADA INEXEQUIBLE <\/p>\n
De la comparaci\u00f3n de las dos normas se deduce que la segunda reproduce el contenido material de la primera, que fue declarada inexequible. Se est\u00e1, en consecuencia, ante la violaci\u00f3n de la prohibici\u00f3n contenida en el inciso segundo del art\u00edculo 243 de la Constituci\u00f3n, pues subsisten en la Constituci\u00f3n, las disposiciones que sirvieron de fundamento para declarar la inexequibilidad. La declaraci\u00f3n de inexequibilidad se hizo antes de la sanci\u00f3n de la ley, ya no exist\u00eda cuando se dijo modificarlo. <\/p>\n
Referencia: Expediente D-1220 <\/p>\n
Demanda de inconstitucionalidad del art\u00edculo 52 de la ley 241 de 1995, “Por la cual se prorroga la vigencia, se modifica y adiciona la ley 104 de 1993.” <\/p>\n
Actor: Jaime C\u00f3rdoba Trivi\u00f1o <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Dr. JORGE ARANGO MEJ\u00cdA <\/p>\n
Sentencia aprobada en Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, seg\u00fan consta en acta n\u00famero cuarenta y siete (47) de la Sala Plena, a los diez (10) d\u00edas del mes de octubre de mil novecientos noventa y seis (1996). <\/p>\n
I. ANTECEDENTES. <\/p>\n
El Defensor del Pueblo, Jaime C\u00f3rdoba Trivi\u00f1o, en su condici\u00f3n de ciudadano en ejercicio, con fundamento en el numeral 8o. del art\u00edculo 282 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el art\u00edculo 7o. del decreto 2067 de 1991 y el numeral 9o. del art\u00edculo 9o. de la ley 24 de 1992, present\u00f3, ante esta Corporaci\u00f3n, demanda de inconstitucionalidad contra el art\u00edculo 52 de la ley 241 de 1995. <\/p>\n
Por auto del 1o. de marzo de 1996, el Magistrado sustanciador admiti\u00f3 la demanda, orden\u00f3 la fijaci\u00f3n en lista, para asegurar la intervenci\u00f3n ciudadana dispuesta por los art\u00edculos 242, numeral 1o., de la Constituci\u00f3n, y 7, inciso 2o., del decreto 2067 de 1991. Orden\u00f3 comunicar la iniciaci\u00f3n de esta demanda al se\u00f1or Presidente de la Rep\u00fablica y al se\u00f1or Presidente del Congreso de la Rep\u00fablica. Tambi\u00e9n, dio traslado de la demanda al se\u00f1or Procurador General de la Naci\u00f3n, para que rindiera el concepto de rigor. <\/p>\n
A. Norma demandada. <\/p>\n
El siguiente es el texto de la norma demandada: <\/p>\n
“Ley 241 de 1995 <\/p>\n
(diciembre 26) <\/p>\n
“Por la cual se prorroga la vigencia, se modifica y adiciona la ley 104 de 1993 <\/p>\n
“… <\/p>\n
“Art\u00edculo 52. El art\u00edculo 114 de la Ley 104 de 1993 quedar\u00e1 as\u00ed: <\/p>\n
“En caso de que un gobernador o alcalde renuncie como resultado de amenazas, intimidaci\u00f3n o presi\u00f3n de grupos subversivos, de milicias populares rurales o urbanas, de las llamadas autodefensas, terroristas o de organizaciones delincuenciales, o sea secuestrado o haya perdido su vida por causa de las mismas y as\u00ed lo verifique la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el Presidente de la Rep\u00fablica podr\u00e1 nombrar libremente su reemplazo”. <\/p>\n
B. La demanda. <\/p>\n
Para el demandante, la disposici\u00f3n acusada infringe directamente el art\u00edculo 243 de la Carta Pol\u00edtica, y tambi\u00e9n los art\u00edculos 1o., 3o., 40, 133, 260, 303 y 314 de la misma. El concepto de la violaci\u00f3n puede resumirse as\u00ed: <\/p>\n
Mediante sentencia C-586 de 1995, con ponencia de los Magistrados Eduardo Cifuentes Mu\u00f1oz y Jos\u00e9 Gregorio Hern\u00e1ndez Galindo, la Corte Constitucional declar\u00f3 inexequible por razones de fondo, el art\u00edculo 114 de la ley 104 de 1993. Despu\u00e9s de la declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad, exactamente a los 19 d\u00edas de \u00e9sta, el Congreso de la Rep\u00fablica reprodujo el contenido de la disposici\u00f3n declarada inexequible, a trav\u00e9s de la norma demandada, desconoci\u00e9ndose as\u00ed, la prohibici\u00f3n constitucional de reproducir normas declaradas inexequibles (art\u00edculo 243), adem\u00e1s de la vulneraci\u00f3n de principios constitucionales como la soberan\u00eda del pueblo y la democracia participativa. <\/p>\n
C. Intervenci\u00f3n ciudadana. <\/p>\n
De conformidad con el informe secretarial del diez y nueve (19) de marzo de mil novecientos noventa y seis (1996), el t\u00e9rmino constitucional establecido para intervenir en la defensa o impugnaci\u00f3n de la norma venci\u00f3 en silencio. <\/p>\n
D. Concepto del Procurador General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
El se\u00f1or Procurador General de la Naci\u00f3n, en oficio No. 921, del veintitr\u00e9s (23) de abril de 1996, solicita declarar inexequible el art\u00edculo demandado. <\/p>\n
La contradicci\u00f3n entre la norma acusada y el art\u00edculo 243 de la Constituci\u00f3n es innegable. <\/p>\n
En la sentencia C-586 de 1995, el art\u00edculo 114 de la ley 104 de 1993 fue declarado inexequible por razones de fondo y no de simple forma, en raz\u00f3n a la incompatibilidad de aqu\u00e9l con los preceptos constitucionales, raz\u00f3n por la cual, el legislador no pod\u00eda volver a reproducir su contenido en la norma objeto de acusaci\u00f3n. Por tanto, al existir identidad en el contenido del art\u00edculo 114 de la ley 104 de 1993, declarado inexequible, y el del art\u00edculo 52 de la ley 241 de 1995, ahora acusado, \u00e9ste debe ser declarado contrario a la Constituci\u00f3n, porque el legislador desconoci\u00f3 el principio de la cosa juzgada constitucional. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
Procede la Corte a dictar la decisi\u00f3n que corresponde a este asunto, previas las siguientes consideraciones. <\/p>\n
Primera.- Competencia. <\/p>\n
La Corte Constitucional es competente para conocer de este proceso, por haberse demandado un art\u00edculo que es parte de una ley (numeral 4 del art\u00edculo 241 de la Constituci\u00f3n). <\/p>\n
Segunda.- Inconstitucionalidad del art\u00edculo 52 de la ley 241 de 1995. <\/p>\n
La Corte Constitucional, por medio de la sentencia C-586 de diciembre 7 de 1995, declar\u00f3 inexequible el art\u00edculo 114 de la ley 104 de 1993, cuyo texto era el siguiente: <\/p>\n
“Art\u00edculo 114. En caso de que un gobernador o alcalde renuncie como resultado de amenazas, intimidaci\u00f3n o presi\u00f3n de la subversi\u00f3n u organizaci\u00f3n criminal, o sea secuestrado o haya perdido su vida por causa de las mismas y as\u00ed lo considera la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el Presidente de la Rep\u00fablica podr\u00e1 nombrar libremente su reemplazo”. <\/p>\n
El 26 de diciembre de 1995, se sancion\u00f3 la ley 241 de ese a\u00f1o, cuyo art\u00edculo 52 dispuso: <\/p>\n
“Art\u00edculo 52. El art\u00edculo 114 de la Ley 104 de 1993 quedar\u00e1 as\u00ed: <\/p>\n
“En caso de que un gobernador o alcalde renuncie como resultado de amenazas, intimidaci\u00f3n o presi\u00f3n de grupos subversivos, de milicias populares rurales o urbanas, de las llamadas autodefensas, terroristas o de organizaciones delincuenciales, o sea secuestrado o haya perdido su vida por causa de las mismas y as\u00ed lo verifique la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el Presidente de la Rep\u00fablica podr\u00e1 nombrar libremente su reemplazo”. <\/p>\n
Cabr\u00eda agregar que como la declaraci\u00f3n de inexequibilidad se hizo antes de la sanci\u00f3n de la ley 241 de 1995, el art\u00edculo 114 de la ley 104 de 1993 ya no exist\u00eda cuando se dijo modificarlo. <\/p>\n
No se requieren otras consideraciones para declarar la inexequibilidad del art\u00edculo 52 de la ley 241 de 1995, y as\u00ed lo decidir\u00e1 la Corte. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En consecuencia, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Decl\u00e1rase INEXEQUIBLE el art\u00edculo 52 de la ley 241, del 26 de diciembre de 1995. <\/p>\n
Notif\u00edquese, c\u00f3piese, publ\u00edquese, comun\u00edquese e ins\u00e9rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional. <\/p>\n
CARLOS GAVIRIA D\u00cdAZ <\/p>\n
Presidente <\/p>\n
JORGE ARANGO MEJ\u00cdA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
ANTONIO BARRERA CARBONELL <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
JOS\u00c9 GREGORIO HERN\u00c1NDEZ GALINDO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
HERNANDO HERRERA VERGARA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
ALEJANDRO MART\u00cdNEZ CABALLERO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
FABIO MOR\u00d3N D\u00cdAZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
VLADIMIRO NARANJO MESA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
MARTHA V. S\u00c1CHICA DE MONCALEANO <\/p>\n
Secretaria General <\/p>\n
<\/p>\n
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