C-618-96<\/p>\n
Sentencia C-618\/96 <\/p>\n
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Juzgamiento especial de funcionarios <\/p>\n
Demanda de inconstitucionalidad contra el art\u00edculo 68 numeral 6o. del C\u00f3digo de Procedimiento Penal”. <\/p>\n
Actor: Rub\u00e9n Dario Bravo Rond\u00f3n <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Dr. HERNANDO HERRERA VERGARA <\/p>\n
Santa Fe de Bogot\u00e1, Noviembre trece (13) de mil novecientos noventa y seis (1996). <\/p>\n
Procede la Corte Constitucional a resolver la demanda que en ejercicio de la acci\u00f3n p\u00fablica de inconstitucionalidad formul\u00f3 el ciudadano RUBEN DARIO BRAVO RONDON contra el art\u00edculo 68 numeral 6o del C\u00f3digo de Procedimiento Penal. <\/p>\n
I. TEXTO DE LA NORMA ACUSADA <\/p>\n
Se transcribe a continuaci\u00f3n el texto de la norma parcialmente acusada, el cual se toma de su publicaci\u00f3n en el Diario Oficial No. 40.190 del treinta (30) de noviembre de 1991. Se subraya lo acusado. <\/p>\n
“Art\u00edculo 68. Competencia de la Corte Suprema de Justicia. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia conoce: <\/p>\n
…. <\/p>\n
6. Del juzgamiento de los funcionarios a que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del art\u00edculo 235 de la Constituci\u00f3n Nacional.” <\/p>\n
II. FUNDAMENTO DE LA DEMANDA <\/p>\n
A juicio del actor, la norma acusada desconoce la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica en sus art\u00edculos 186, 234 y 235, por cuanto el legislador puede delegar las funciones de investigar m\u00e1s no la de juzgar, pues ello compete en forma exclusiva a la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
En su criterio, en ninguna de estas normas constitucionales se hace alusi\u00f3n a la Sala Penal en particular ya que el deseo del constituyente fue que los asuntos referidos en ellas se trataran en la Corte en Pleno, por lo cual mal puede una norma legal cambiar el precepto superior. <\/p>\n
En sustento de su apreciaci\u00f3n, cita algunos apartes de la sentencia No. C-222 de 1996 proferida por esta Corporaci\u00f3n, en la que se revis\u00f3 la constitucionalidad de algunas normas de la Ley 5a. de 1992, concluyendo que la funci\u00f3n de juzgar a los funcionarios que gozan de fuero constitucional le corresponde a la Corte Suprema en Pleno y no a una de sus salas. <\/p>\n
Para el actor, la norma acusada vulnera igualmente el debido proceso, por cuanto el constituyente ha querido separar la parte instructiva o de investigaci\u00f3n a la de juzgamiento, por lo cual es posible que la etapa inicial la adelante una sala especial que garantice la eficacia y celeridad de la justicia, pero as\u00ed mismo se requiere que otras personas participen en ella, con miras a garantizar la imparcialidad de la misma. <\/p>\n
III. INTERVENCION DE AUTORIDAD PUBLICA <\/p>\n
Dentro del t\u00e9rmino de fijaci\u00f3n en lista, el Ministerio de Justicia y del Derecho, a trav\u00e9s de apoderado present\u00f3 escrito justificando la constitucionalidad de la norma acusada con fundamento en que el criterio utilizado por la misma es el de la especialidad por lo cual no resulta l\u00f3gico que la determinaci\u00f3n de la responsabilidad penal de un alto funcionario le corresponda a la Sala Plena, contando la Corporaci\u00f3n con una Sala especializada en estos asuntos. <\/p>\n
Con fundamento en estas consideraciones y citando algunos apartes de la sentencia C-037 de 1996 proferida por la Corte Constitucional al revisar la Ley Estatutaria de la Justicia, concluye el interviniente que el precepto acusado lejos de vulnerar la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y los derechos del procesado, lo que hace es promoverlos y garantizarlos, por lo cual debe ser declarado exequible. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO <\/p>\n
Mediante oficio No. 1029 de julio 19 del a\u00f1o en curso, el se\u00f1or Procurador General de la Naci\u00f3n (E) envi\u00f3 el concepto de rigor solicitando a esta Corporaci\u00f3n estarse a lo resuelto en la sentencia No. C-142 de 1993, que declar\u00f3 exequible la norma acusada. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL <\/p>\n
En virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo 241, numeral 5o. de la Carta Pol\u00edtica, la Corte Constitucional es competente para decidir definitivamente sobre la demanda de inconstitucionalidad formulada contra el art\u00edculo 68 numeral 6o del C\u00f3digo de Procedimiento Penal -Decreto Ley 2700 de 1991-. <\/p>\n
Cosa Juzgada Constitucional <\/p>\n
Encuentra la Corte que la disposici\u00f3n acusada ya fue objeto de pronunciamiento por la Sala Plena de la Corporaci\u00f3n, la cual mediante sentencia No. C-142 de 1993 con ponencia del Magistrado Dr. Jorge Arango Mej\u00eda, dispuso: <\/p>\n
“Decl\u00e1ranse exequibles todas las normas demandadas, as\u00ed: <\/p>\n
… <\/p>\n
Cuarto: Del decreto 2700 de 1991, C\u00f3digo de Procedimiento Penal, las siguientes normas: <\/p>\n
La frase “o en \u00fanica instancia” del art\u00edculo 45; el numeral 6 del art\u00edculo 68; el numeral 1 del art\u00edculo 123; la frase “Salvo disposici\u00f3n en contrario” del art\u00edculo 202; y la frase “\u00fanica instancia” del art\u00edculo 34″ (subrayas fuera de texto). <\/p>\n
Por lo anterior, en virtud de que ha operado el fen\u00f3meno de la cosa juzgada constitucional que ampara las decisiones de esta Corporaci\u00f3n, de conformidad con lo dispuesto por los art\u00edculos 243 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 46 del Decreto 2067 de 1991, no hay lugar a emitir un nuevo pronunciamiento sobre la norma acusada, por lo que en la parte resolutiva de esta providencia se ordenar\u00e1 estarse a lo resuelto en la sentencia No. C-142 de 1993, proferida por la Sala Plena de la Corte Constitucional. <\/p>\n
VI. DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, o\u00eddo el concepto del Procurador General de la Naci\u00f3n (E) y cumplidos como est\u00e1n los tr\u00e1mites previstos en el Decreto 2067 de 1991, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n
R E S U E L V E : <\/p>\n
EST\u00c9SE A LO RESUELTO en la sentencia No. C-142 de 1993 mediante la cual se declar\u00f3 la exequibilidad del numeral 6o. del art\u00edculo 68 del Decreto-Ley 2700 de 1991. <\/p>\n
C\u00f3piese, comun\u00edquese, notif\u00edquese, publ\u00edquese, ins\u00e9rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional y arch\u00edvese el expediente. <\/p>\n
CARLOS GAVIRIA DIAZ <\/p>\n
Presidente <\/p>\n
JORGE ARANGO MEJIA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
ANTONIO BARRERA CARBONELL <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
HERNANDO HERRERA VERGARA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
FABIO MORON DIAZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
VLADIMIRO NARANJO MESA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO <\/p>\n
Secretaria General <\/p>\n
<\/p>\n
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