C-659-96<\/p>\n
Sentencia C-659\/96 <\/p>\n
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Valoraci\u00f3n de inversiones <\/p>\n
Referencia: Expediente D-1346 <\/p>\n
Demanda de inconstitucionalidad contra los art\u00edculos 106 y 108 (parciales) de la Ley 223 de 1995. <\/p>\n
Actor: Humberto de Jes\u00fas Longas Londo\u00f1o <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO <\/p>\n
Sentencia aprobada en Santa Fe de Bogot\u00e1, D.C., seg\u00fan consta en acta del veintiocho (28) de noviembre de mil novecientos noventa y seis (1996). <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
El ciudadano HUMBERTO DE JESUS LONGAS LONDO\u00d1O, haciendo uso del derecho consagrado en el art\u00edculo 241, numeral 4, de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, ha presentado ante la Corte una demanda de inconstitucionalidad contra los art\u00edculos 106 y 108 (parciales) de la Ley 223 de 1995. <\/p>\n
II. TEXTO <\/p>\n
Los textos acusados son del siguiente tenor literal (se subraya lo demandado): <\/p>\n
“LEY 223 DE 1995 <\/p>\n
(diciembre 20) <\/p>\n
por la cual se expiden normas sobre Racionalizaci\u00f3n Tributaria y se dictan otras disposiciones <\/p>\n
El Congreso de Colombia, <\/p>\n
DECRETA: <\/p>\n
(…) <\/p>\n
ARTICULO 106.- Valor Patrimonial de los T\u00edtulos, Bonos y Seguros de Vida. El art\u00edculo 271 del Estatuto Tributario quedar\u00e1 as\u00ed: <\/p>\n
‘ARTICULO 271. Valor Patrimonial de los T\u00edtulos, Bonos y Seguros de Vida. El valor de los t\u00edtulos, bonos, certificados y otros documentos negociables que generan intereses y rendimientos financieros es el costo de adquisici\u00f3n m\u00e1s los descuentos o rendimientos causados y no cobrados hasta el \u00faltimo d\u00eda del per\u00edodo gravable. <\/p>\n
‘Cuando estos documentos se coticen en bolsa, la base para determinar el valor patrimonial y el rendimiento causado ser\u00e1 el promedio de transacciones en bolsa del \u00faltimo mes del per\u00edodo gravable. <\/p>\n
‘Cuando no se coticen en bolsa, el rendimiento causado ser\u00e1 el que corresponda al tiempo de posesi\u00f3n del t\u00edtulo, dentro del respectivo ejercicio, en proporci\u00f3n al total de rendimientos generados por el respectivo documento, desde su emisi\u00f3n hasta su redenci\u00f3n. El valor de las c\u00e9dulas de capitalizaci\u00f3n y de las p\u00f3lizas de seguro de vida es el de rescisi\u00f3n. <\/p>\n
Para los contribuyentes obligados a utilizar sistemas especiales de valoraci\u00f3n de inversiones, de acuerdo con las disposiciones expedidas al respecto por las entidades de control, el valor patrimonial ser\u00e1 el que resulte de la aplicaci\u00f3n de tales mecanismos de valoraci\u00f3n”. <\/p>\n
(…) <\/p>\n
“ARTICULO 108. Valor de las Acciones, Aportes y dem\u00e1s Derechos en Sociedades. El art\u00edculo 272 del Estatuto Tributario quedar\u00e1 as\u00ed: <\/p>\n
‘ARTICULO 272. Valor de las Acciones, Aportes, y dem\u00e1s Derechos en Sociedades. Las acciones y derechos sociales en cualquier clase de sociedades o entidades deben ser declarados por su costo fiscal, ajustado por inflaci\u00f3n cuando haya lugar a ello. <\/p>\n
‘Para los contribuyentes obligados a utilizar sistemas especiales de valoraci\u00f3n de inversiones, de acuerdo con las disposiciones expedidas al respecto por las entidades de control, el valor patrimonial ser\u00e1 el que resulte de la aplicaci\u00f3n de tales mecanismos de valoraci\u00f3n. Este mismo valor constituir\u00e1 la base para aplicar los ajustes por inflaci\u00f3n”. <\/p>\n
III. LA DEMANDA <\/p>\n
Considera el actor que las transcritas normas vulneran los art\u00edculos 150, numerales 11 y 12, y 338 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
A su juicio, queda en manos de los organismos administrativos la determinaci\u00f3n de los elementos del tributo, cuando deber\u00eda haberlos fijado directamente el legislador. <\/p>\n
Afirma que la determinaci\u00f3n del valor patrimonial de las inversiones y su incidencia en la cuantificaci\u00f3n de la renta por las entidades de control, genera inseguridad tributaria porque son actos administrativos que pueden ser anulados por la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, revocados o modificados continuamente por las mismas entidades que los expiden. <\/p>\n
IV. INTERVENCIONES <\/p>\n
Dentro del t\u00e9rmino de fijaci\u00f3n en lista, la ciudadana ELIZABETH WHITTINGHAM GARCIA, actuando en representaci\u00f3n de la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales, present\u00f3 un escrito solicitando a la Corte que declare la exequibilidad de las normas parcialmente demandadas. <\/p>\n
Desarrollando argumentos de naturaleza t\u00e9cnica en relaci\u00f3n con la materia tributaria y hacend\u00edstica, asevera que el valor patrimonial de los activos a que se refieren los art\u00edculos demandados no equivale a una base gravable fijada por esos organismos de control, pues ella est\u00e1 contemplada en las definiciones legales pertinentes del mismo Estatuto Tributario. <\/p>\n
Obra tambi\u00e9n en el expediente la intervenci\u00f3n del ciudadano MANUEL AVILA OLARTE, quien se presenta como apoderado del Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico y solicita que se declaren ajustadas a la Carta las normas objeto de revisi\u00f3n. <\/p>\n
En su criterio, el actor parte de un supuesto equivocado, al equiparar los conceptos de “base gravable” y de “valor patrimonial de bienes”. <\/p>\n
Citando la Sentencia C-040 de 1993, proferida por la Corte Constitucional, concluye que la colaboraci\u00f3n arm\u00f3nica de las ramas del Poder P\u00fablico, en este caso la Legislativa y la Ejecutiva, tambi\u00e9n se manifiesta en materia tributaria, en la medida en que la primera determina la base gravable como elemento constitutivo y est\u00e1tico del tributo, mientras que el Ejecutivo determina uno de los aspectos din\u00e1micos del mismo: el valor patrimonial en concreto de los bienes y derechos que conforman el patrimonio bruto del contribuyente del impuesto a la renta. <\/p>\n
Manifiesta que los valores patrimoniales de los bienes -en especial de bonos, seguros de vida, t\u00edtulos y acciones, aportes y derechos en sociedades- no deben ser fijados directamente por el legislador pues los mismos son din\u00e1micos. Lo que s\u00ed puede ser objeto de regulaci\u00f3n legal contin\u00faa- es la forma de determinaci\u00f3n de tales valores, como sucede en el presente caso. <\/p>\n
Finaliza su intervenci\u00f3n afirmando que si el legislador estableciera de manera directa el monto en concreto del impuesto que va a ser pagado por los contribuyentes, sobrar\u00edan las precauciones constitucionales previstas en el art\u00edculo 338, en el sentido de que los elementos de la obligaci\u00f3n tributaria deben ser fijados directamente por la ley, pues, con la determinaci\u00f3n por el legislador de tal monto, no tendr\u00eda que hacer referencia ni a la base gravable ni a las tarifas respectivas. <\/p>\n
V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO <\/p>\n
El Procurador General de la Naci\u00f3n (E), JOSE LEON JARAMILLO JARAMILLO, emiti\u00f3 el concepto de rigor el 22 de julio de 1996, solicitando a la Corte que declare exequibles las normas demandadas, y que si al momento de fallar ya hay decisi\u00f3n en relaci\u00f3n con el expediente radicado con el n\u00famero D-1304, se est\u00e9 a lo resuelto en la respectiva sentencia. <\/p>\n
En unas breves consideraciones el Jefe del Ministerio P\u00fablico acoge los argumentos esgrimidos por el representante del Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico. <\/p>\n
A\u00f1ade que la razonabilidad de las disposiciones en cuesti\u00f3n est\u00e1 ampliamente justificada si se tiene en cuenta el tipo de activos que deben ser valorados, pues los t\u00edtulos, los bonos, los seguros de vida, las acciones, aportes y dem\u00e1s derechos en sociedades no son bienes a los que f\u00e1cilmente se les pueda establecer su valor, pues el costo hist\u00f3rico de los mismos no refleja su valor real, en la medida en que ellos pueden producir rendimientos o utilidades y est\u00e1n afectados por el fen\u00f3meno de la inflaci\u00f3n. De tal manera que para brindar la certeza necesaria acerca del valor de los referidos bienes es necesario estandarizar procedimientos para calcular el impuesto respectivo. <\/p>\n
VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL <\/p>\n
1. Competencia <\/p>\n
Esta Corte es competente para resolver en definitiva sobre la inconstitucionalidad planteada, seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 241, numeral 4, de la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
2. Cosa juzgada constitucional <\/p>\n
Mediante Sentencia C-583 del 31 de octubre de 1996, la Corte Constitucional declar\u00f3 exequibles las disposiciones demandadas, en relaci\u00f3n con cargos id\u00e9nticos a los que expone ahora el accionante. <\/p>\n
No es posible, entonces, resolver de nuevo acerca de lo resuelto. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
Con fundamento en las consideraciones que preceden, la Sala Plena de la Corte Constitucional, o\u00eddo el concepto del Procurador General de la Naci\u00f3n y cumplidos los tr\u00e1mites contemplados en el Decreto 2067 de 1991, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
ESTESE a lo resuelto por la Corte en Sentencia C-583 del 31 de octubre de 1996. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese, comun\u00edquese, ins\u00e9rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional, c\u00famplase y arch\u00edvese el expediente. <\/p>\n
CARLOS GAVIRIA DIAZ <\/p>\n
Presidente <\/p>\n
JORGE ARANGO MEJIA ANTONIO BARRERA CARBONELL <\/p>\n
Magistrado Magistrado <\/p>\n
EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ HERNANDO HERRERA VERGARA <\/p>\n
Magistrado Magistrado <\/p>\n
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO FABIO MORON DIAZ <\/p>\n
Magistrado Magistrado <\/p>\n
VLADIMIRO NARANJO MESA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO <\/p>\n
Secretaria General <\/p>\n
<\/p>\n
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