C-688-96<\/p>\n
Sentencia C-688\/96 <\/p>\n
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Clasificaci\u00f3n empleos servicio de salud <\/p>\n
Referencia: Expediente D-1352 <\/p>\n
Norma acusada: Art\u00edculo 26 (parcial) de la Ley 10 de 1990. <\/p>\n
Actor: Elson Rafael Rodrigo Rodr\u00edguez Beltr\u00e1n <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Dr. ALEJANDRO MART\u00cdNEZ CABALLERO <\/p>\n
Santa Fe de Bogot\u00e1, cinco (5) de diciembre de mil novecientos noventa y seis (1996). <\/p>\n
La Corte Constitucional de la Rep\u00fablica de Colombia, integrada por su Presidente Carlos Gaviria D\u00edaz, y por los Magistrados Jorge Arango Mej\u00eda, Antonio Barrera Carbonell, Eduardo Cifuentes Mu\u00f1oz, Jos\u00e9 Gregorio Hern\u00e1ndez Galindo, Hernando Herrera Vergara, Alejandro Mart\u00ednez Caballero, Fabio Mor\u00f3n D\u00edaz y Vladimiro Naranjo Mesa <\/p>\n
EN NOMBRE DEL PUEBLO <\/p>\n
Y <\/p>\n
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION <\/p>\n
Ha pronunciado la siguiente <\/p>\n
SENTENCIA <\/p>\n
El ciudadano Elson Rafael Rodrigo Rodr\u00edguez Beltr\u00e1n presenta demanda de inconstitucionalidad contra el art\u00edculo 26 (parcial) de la Ley 10 de 1990, la cual fue radicada con el n\u00famero D-1352. Cumplidos, como est\u00e1n, los tr\u00e1mites previstos en la Constituci\u00f3n y en el Decreto No. 2067 de 1991, procede la Corte a decidir el asunto por medio de esta sentencia. <\/p>\n
II. DEL TEXTO LEGAL OBJETO DE REVISI\u00d3N. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n se transcribe el art\u00edculo 26 de la Ley 10 de 1990 y se subraya la parte demandada: <\/p>\n
LEY 10 DE 1990 <\/p>\n
(Enero 10) <\/p>\n
Por la cual se reorganiza el Sistema Nacional de Salud y se dictan otras disposiciones. <\/p>\n
El Congreso de Colombia <\/p>\n
DECRETA: <\/p>\n
(…) <\/p>\n
Art\u00edculo 26 Clasificaci\u00f3n de empleos. En la estructura administrativa de la Naci\u00f3n, de las entidades territoriales o de sus entidades descentralizadas, para la organizaci\u00f3n y prestaci\u00f3n de los servicios de salud, los empleos pueden ser de libre nombramiento y remoci\u00f3n o de carrera. <\/p>\n
Son empleos de libre nombramiento y remoci\u00f3n: <\/p>\n
1. En la administraci\u00f3n nacional central o descentralizada, los enumerados en las letras a), b), c) e i) del art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 61 de 1987. <\/p>\n
2. En las entidades territoriales o en sus entes descentralizados: <\/p>\n
a) Los de Secretario de Salud o Director Seccional o local del sistema de salud, o quien haga sus veces, y los del primer nivel jer\u00e1rquico, inmediatamente siguientes; <\/p>\n
b) Los de Director, Representante Legal de entidad descentralizada, y los del primero y segundo nivel jer\u00e1rquicos, inmediatamente siguientes; <\/p>\n
c) Los empleos que correspondan a funciones de direcci\u00f3n, formulaci\u00f3n y adopci\u00f3n de pol\u00edticas, planes y programas y asesor\u00eda. <\/p>\n
Todos los dem\u00e1s empleos son de carrera. Los empleados de carrera podr\u00e1n ser designados en comisi\u00f3n, en cargos de libre nombramiento y remoci\u00f3n, sin perder su pertenencia a la carrera administrativa” <\/p>\n
III. LA DEMANDA. <\/p>\n
El actor considera que el aparte de la norma demandada viola los art\u00edculos 2, 4, 13, 53, 125, 209 y 21 transitorio de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
Seg\u00fan criterio del actor, la consagraci\u00f3n gen\u00e9rica de niveles jer\u00e1rquicos como cargos de libre nombramiento y remoci\u00f3n convierte en regla general una excepci\u00f3n constitucional, pues la Carta autoriza al legislador para que una vez se presenten condiciones especiales, establezca distinciones en la vinculaci\u00f3n de determinados empleos de la funci\u00f3n p\u00fablica. <\/p>\n
De otra parte, a juicio del ciudadano demandante, la norma impugnada establece niveles jer\u00e1rquicos que no son claramente definidos por el legislador, toda vez que el Decreto 1921 de 1994, reglamentario del Decreto 1298 de 1994, este \u00faltimo declarado inconstitucional por la Corte Constitucional, estableci\u00f3 diferentes denominaciones de cargos dentro de las entidades del sector salud territorial, los cuales no coinciden con las que ahora se demandan. Por consiguiente, la decisi\u00f3n de incluir un cargo en carrera administrativa quedar\u00eda en cabeza de “las l\u00edneas de mando de las entidades” respectivas, contrariando de esta manera los art\u00edculos 53 y 125 constitucionales, que consagran como principio fundamental, la estabilidad en el empleo. <\/p>\n
Por \u00faltimo, el actor opina que los empleos del nivel ejecutivo consagrados en el Decreto 1921 de 1994, catalogados en la disposici\u00f3n acusada como de libre nombramiento y remoci\u00f3n, tales como jefe de divisi\u00f3n, jefe de oficina, jefe de departamento o de grupo, ya han sido considerados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, como cargos de carrera administrativa, Por consiguiente, la situaci\u00f3n planteada establece una discriminaci\u00f3n injustificada e irrazonable que afecta a los empleados del sector salud en Colombia. <\/p>\n
IV. INTERVENCI\u00d3N CIUDADANA <\/p>\n
De acuerdo con el informe secretarial de julio 12 de 1996, el t\u00e9rmino de fijaci\u00f3n en lista en el presente asunto venci\u00f3 en silencio. <\/p>\n
El Procurador General de la Naci\u00f3n (E), Jos\u00e9 Le\u00f3n Jaramillo Jaramillo, rinde el concepto fiscal de rigor y solicita a la Corte que declare la exequibilidad de la expresi\u00f3n “y los de primero” e inexequibilidad del enunciado “y segundo nivel jer\u00e1rquico”, contenidos en el literal b) del numeral 2\u00ba del art\u00edculo demandado. Empero, el Procurador (E) advierte que en caso de que esta Corporaci\u00f3n, hubiese decidido en una demanda anteriormente presentada en el mismo sentido, la Corte est\u00e9se a lo resuelto. <\/p>\n
La Vista Fiscal inicia su estudio de rigor, a partir de un an\u00e1lisis de los criterios que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha esbozado en torno a las excepciones de la carrera administrativa, como regla general de ingreso a la funci\u00f3n p\u00fablica. <\/p>\n
As\u00ed pues, el Procurador General (E) considera que el vac\u00edo que origina la norma demandada, en relaci\u00f3n con definici\u00f3n expresa de los cargos de libre nombramiento y remoci\u00f3n, remite al Decreto 1921 de 1994, del cual se interpreta que el primer nivel jer\u00e1rquico corresponde al nivel asesor, cuyas funciones de consejero y orientador de la funci\u00f3n p\u00fablica, justifican el grado de confianza que se exige para el nombramiento. Por consiguiente, solicita la declaratoria de inexequibilidad del aparte acusado. <\/p>\n
Con id\u00e9ntico criterio, el Ministerio P\u00fablico deduce que el segundo nivel a que se refiere la demanda, se identifica con el nivel ejecutivo, cuyas funciones de direcci\u00f3n, coordinaci\u00f3n, control de dependencias internas y la ejecuci\u00f3n de pol\u00edticas en materia de salud, no exigen confianza que explique la exclusi\u00f3n de la carrera administrativa, en consecuencia pide la exequibilidad del supuesto en referencia. <\/p>\n
VI. FUNDAMENTO JUR\u00cdDICO <\/p>\n
Competencia. <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 241 ordinal 4\u00ba de la Constituci\u00f3n, la Corte es competente para conocer de la constitucionalidad de los apartes acusados del art\u00edculo 26 de la Ley 10 de 1990, ya que se trata de una acci\u00f3n p\u00fablica de inconstitucionalidad en contra de una norma de rango legal. <\/p>\n
Cosa Juzgada Constitucional <\/p>\n
2. Al realizar el estudio de los apartes demandados, se encuentra que estos ya fueron objeto de estudio, por parte de esta Corporaci\u00f3n. As\u00ed, la sentencia C-387 de agosto 22 de 1996, aclarado en su parte resolutiva mediante auto de septiembre 18 de 1996, se decidi\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
“Declarar INEXEQUIBLES los siguientes apartes contenidos en el numeral segundo del art\u00edculo 26 de la Ley 10 de 1990: del literal a), la expresi\u00f3n “y los del primer nivel jer\u00e1rquico, inmediatamente siguiente”, del literal b), la expresi\u00f3n “y los del primero y segundo nivel jer\u00e1rquico, inmediatamente siguientes”, y del literal c) de la misma disposici\u00f3n, la expresi\u00f3n: “formulaci\u00f3n y adopci\u00f3n de pol\u00edticas, planes y programas y asesor\u00eda”. <\/p>\n
Se tiene, entonces, que ha operado la cosa juzgada constitucional y que, en consecuencia, esta Corporaci\u00f3n no puede volver a pronunciarse sobre materias que fueron objeto de decisi\u00f3n, por tal motivo se ordenar\u00e1 estarse a lo resuelto en la providencia citada. <\/p>\n
VII. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la Rep\u00fablica de Colombia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
ESTARSE A LO RESUELTO por la Corte Constitucional en sentencia No. C-387 de agosto 22 de 1996, que declar\u00f3 inexequible la expresi\u00f3n “y los del primero y segundo nivel jer\u00e1rquico, inmediatamente siguientes”, contenida en el literal b) del numeral segundo del art\u00edculo 26 de la Ley 10 de 1990. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese, comun\u00edquese, ins\u00e9rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional, c\u00famplase y arch\u00edvese el expediente. <\/p>\n
CARLOS GAVIRIA D\u00cdAZ <\/p>\n
JORGE ARANGO MEJ\u00cdA ANTONIO BARRERA CARBONELL <\/p>\n
Magistrado Magistrado <\/p>\n
EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ JOSE GREGORIO HERN\u00c1NDEZ GALINDO <\/p>\n
Magistrado Magistrado <\/p>\n
HERNANDO HERRERA VERGARA ALEJANDRO MART\u00cdNEZ CABALLERO <\/p>\n
Magistrado Magistrado <\/p>\n
FABIO MOR\u00d3N D\u00cdAZ VLADIMIRO NARANJO MESA <\/p>\n
Magistrado Magistrado <\/p>\n
MARTHA VICTORIA S\u00c1CHICA DE MONCALEANO <\/p>\n
Secretaria General <\/p>\n
<\/p>\n
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