\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0T-094-16 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sentencia T-094\/16 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
DERECHO A LA SALUD-Reiteraci\u00f3n de jurisprudencia sobre car\u00e1cter \u00a0 fundamental y procedencia para su protecci\u00f3n \u00a0 \u00a0<\/p>\n
DERECHO A LA SALUD-Vulneraci\u00f3n por demora injustificada en \u00a0 entrega de medicamentos \u00a0 \u00a0<\/p>\n
La demora injustificada en la pr\u00e1ctica de un \u00a0 tratamiento o entrega de un medicamento vulnera los derechos fundamentales a la \u00a0 salud e integridad f\u00edsica, ya que, la espera larga e injustificada puede desviar \u00a0 la intenci\u00f3n original del tratamiento, situaci\u00f3n que se agrava cuando de \u00a0 enfermedades degenerativas de la magnitud de la esclerosis m\u00faltiple, se trata. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
DERECHO FUNDAMENTAL A LA \u00a0 SALUD DE PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Vulneraci\u00f3n cuando se somete al usuario a largas filas \u00a0 y engorrosos tr\u00e1mites para obtener la pr\u00e1ctica de procedimientos y la entrega de \u00a0 medicamentos \u00a0 \u00a0<\/p>\n
DERECHO DE PETICION-Respuesta clara y precisa, congruente, de \u00a0 fondo y suficiente \u00a0 \u00a0<\/p>\n
DERECHO DE PETICION ANTE \u00a0 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD-Debe \u00a0 responder oportunamente y de fondo \u00a0 \u00a0<\/p>\n
PROTECCION CONSTITUCIONAL E \u00a0 INTERNACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Reiteraci\u00f3n de jurisprudencia \u00a0 \u00a0<\/p>\n
DERECHO FUNDAMENTAL A LA \u00a0 SALUD FRENTE A SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION-Obligaci\u00f3n del Estado de garantizar la prestaci\u00f3n del \u00a0 servicio de salud a personas en situaci\u00f3n de discapacidad \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Es deber del Estado velar por la real y \u00a0 efectiva igualdad de las personas que se encuentran en situaci\u00f3n de \u00a0 discapacidad, de acuerdo a lo consignado en el art\u00edculo 13 superior, en esa \u00a0 medida, se debe garantizar el goce efectivo de sus derechos constitucionales \u00a0 eliminando cualquier tipo de barrera que lo impida; sin embargo, existen casos \u00a0 de discriminaci\u00f3n, en los que se marginan a ciudadanos discapacitados en raz\u00f3n a \u00a0 sus limitaciones, situaci\u00f3n contraria a los principios consignados en la \u00a0 Constituci\u00f3n y en los instrumentos internacionales anteriormente descritos. Por \u00a0 lo anterior, esta Corporaci\u00f3n se ha pronunciado en distintas oportunidades, \u00a0 garantizando los derechos constitucionales de las personas en situaci\u00f3n de \u00a0 discapacidad, llamando la atenci\u00f3n respecto de la especial protecci\u00f3n que la \u00a0 Constituci\u00f3n les otorg\u00f3, d\u00e1ndole prevalencia a la dignidad humana que toda \u00a0 persona, sin importar su estado f\u00edsico, debe tener. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
DERECHO A LA LIBERTAD DE \u00a0 LOCOMOCION DE PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Responsabilidad del Estado de garantizar la \u00a0 movilidad de las personas en situaci\u00f3n de discapacidad en iguales condiciones \u00a0 que las otras personas \u00a0 \u00a0<\/p>\n
La especial protecci\u00f3n constitucional de las personas en situaci\u00f3n \u00a0 de discapacidad cobija su derecho a la libertad de locomoci\u00f3n y, en desarrollo \u00a0 de este, el acceso efectivo, seguro y libre de obst\u00e1culos al espacio p\u00fablico, \u00a0 esto en atenci\u00f3n a que se protegen otros derechos constitucionales, tales como \u00a0 la salud, educaci\u00f3n y trabajo, entre otros, sino que tambi\u00e9n se garantiza el \u00a0 principio de igualdad y, por tanto, una vida en condiciones de dignidad \u00a0 atendiendo a lo establecido en los art\u00edculos 13 y 47 de la Constituci\u00f3n, as\u00ed \u00a0 como a los instrumentos internacionales que han regulado el tema y la \u00a0 jurisprudencia constitucional. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
DERECHO A LA LIBERTAD DE LOCOMOCION DE PERSONAS EN SITUACION DE \u00a0 DISCAPACIDAD-Entidades \u00a0 p\u00fablicas y privadas deben tener espacios especialmente demarcados para \u00a0 garantizar el estacionamiento y f\u00e1cil acceso a la poblaci\u00f3n en situaci\u00f3n de \u00a0 discapacidad \u00a0 \u00a0<\/p>\n
DERECHO A LA LIBERTAD DE LOCOMOCION DE PERSONAS EN SITUACION DE \u00a0 DISCAPACIDAD-Vulneraci\u00f3n \u00a0 por conos y bolardos ubicados en la v\u00eda p\u00fablica frente a los centros de atenci\u00f3n \u00a0 de usuarios de EPS, pues constituyen barreras f\u00edsicas y dificulta el acceso a \u00a0 paciente con esclerosis m\u00faltiple \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Referencia: expediente \u00a0 T-5.188.224 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Acci\u00f3n de \u00a0 tutela instaurada por: Claudia Marcela Bravo Zona en contra de Salud Total EPS y \u00a0 la Superintendencia Nacional de Salud. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0 Ponente: \u00a0 \u00a0<\/p>\n
ALEJANDRO \u00a0 LINARES CANTILLO \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., \u00a0 veinticinco (25) de febrero de dos mil diecis\u00e9is (2016) \u00a0 \u00a0<\/p>\n
La Sala Tercera de Revisi\u00f3n \u00a0 de la Corte Constitucional, integrada por la Magistrada Gloria Stella Ortiz \u00a0 Delgado y los Magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Alejandro Linares \u00a0 Cantillo, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y \u00a0 legales, ha proferido la siguiente: \u00a0 \u00a0<\/p>\n
SENTENCIA \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Dentro del proceso de \u00a0 revisi\u00f3n de la sentencia adoptada por el Juzgado setenta y uno (71) Civil \u00a0 Municipal de la ciudad de Bogot\u00e1, en la que se estudi\u00f3 la vulneraci\u00f3n de los \u00a0 derechos fundamentales a la salud, vida digna, petici\u00f3n y libertad de locomoci\u00f3n \u00a0 de la se\u00f1ora Claudia Marcela Bravo Zona, quien padece esclerosis m\u00faltiple, por \u00a0 parte de Salud Total EPS y la Superintendencia Nacional de Salud, en la medida \u00a0 que, no se le est\u00e1 garantizando la prestaci\u00f3n del servicio de salud de forma \u00a0 digna.\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
I. ANTECEDENTES \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Hechos y acci\u00f3n de tutela interpuesta[1] \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0La se\u00f1ora Claudia Marcela Bravo Zona \u00a0 padece esclerosis m\u00faltiple, patolog\u00eda caracterizada por la aparici\u00f3n de lesiones \u00a0 desmilinizantes, neurodegenerativas y cr\u00f3nicas del sistema nervioso central, las \u00a0 cuales causan entre otras cosas, astenia (fatiga), p\u00e9rdida de masa muscular, \u00a0 descoordinaci\u00f3n en los movimientos, disfagia (problemas al tragar), disartria \u00a0 (problemas de habla), insuficiencia respiratoria, espasticidad (rigidez \u00a0 muscular), calambres, fasciculaciones musculares, problemas de visi\u00f3n y \u00a0 cognoscitivos, labilidad emocional y estre\u00f1imiento. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. La accionante refiere que, pese a la \u00a0 gravedad de su patolog\u00eda, Salud Total EPS con la aquiescencia de la \u00a0 Superintendencia Nacional de Salud, no le ha prestado los servicios de salud de \u00a0 manera oportuna y eficaz, tal y como lo ha se\u00f1alado este alto tribunal en su \u00a0 jurisprudencia, vulnerando de esta forma, sus derechos a la salud y vida digna. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3. Manifiesta la accionante que ha \u00a0 presentado tres (3) quejas ante la EPS, en la medida que, no se le est\u00e1 \u00a0 suministrando de manera continua e ininterrumpida el medicamento Fingolomond \u00a0 Ginleya, aunque ha radicado los documentos requeridos con m\u00e1s de ocho (8) d\u00edas \u00a0 de anticipaci\u00f3n. Afirma que, ha llegado a estar once (11) d\u00edas sin este \u00a0 medicamento y, que producto de ello, ha tenido reca\u00eddas que han complicado m\u00e1s \u00a0 su estado de salud. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
4. As\u00ed mismo, anota que el d\u00eda 13 de junio \u00a0 de 2015 se acerc\u00f3 a Audifarma para solicitar la entrega del medicamento Fampyra \u00a0 Fampridina, el cual le fue negado aduciendo que su empleador se encontraba en \u00a0 mora con el pago del mes de marzo de 2015, situaci\u00f3n que dice no corresponde con \u00a0 la realidad, toda vez que, ella realiz\u00f3 el pago de ese mes de manera anticipada \u00a0 y en calidad de independiente. Afirma que el mes de marzo de 2015 presenta un \u00a0 doble pago, debido que su empleador de manera posterior cotiz\u00f3 ese mes, por lo \u00a0 que se encuentra al d\u00eda con los pagos. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
5. De igual forma, la accionante relata \u00a0 que en los puntos de atenci\u00f3n de Salud Total EPS hay demoras, congesti\u00f3n, \u00a0 hacinamiento y largas filas, por lo que ha tenido que permanecer hasta medio d\u00eda \u00a0 esperando cualquier tr\u00e1mite, situaci\u00f3n que considera indignante teniendo en \u00a0 cuenta su estado de salud, ya que ni siquiera con turno prioritario la atenci\u00f3n \u00a0 es r\u00e1pida y \u00e1gil. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
6. Adicionalmente, comenta que Salud Total \u00a0 EPS, vulnera su derecho a transitar libremente por la v\u00eda p\u00fablica debido a que, \u00a0 a las afueras de sus centros de atenci\u00f3n ponen conos y bolardos, los cuales \u00a0 impiden que el veh\u00edculo (taxi o particular) en el que se moviliza la deje en la \u00a0 entrada y la somete a levantar las piernas, situaci\u00f3n que debido a su enfermedad \u00a0 es sumamente dif\u00edcil. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
7. Por \u00faltimo, manifiesta que ha \u00a0 interpuesto distintos derechos de petici\u00f3n ante Salud Total EPS y la \u00a0 Superintendencia Nacional de Salud, requerimientos que no le han sido \u00a0 contestados, por lo que considera vulnerado su derecho fundamental de petici\u00f3n. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Pruebas relevantes \u00a0 aportadas con la acci\u00f3n de tutela \u00a0 \u00a0<\/p>\n
– Escrito de Tutela de \u00a0 fecha veinticinco (25) de agosto de 2015 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
– Copia de los derechos de \u00a0 petici\u00f3n interpuestos ante Salud Total EPS, de fechas 24 de junio de 2015, 20 de \u00a0 junio de 2014 y 28 de febrero de 2013. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
– Copia de los derechos de \u00a0 petici\u00f3n interpuestos ante la Superintendencia Nacional de Salud, de fechas 28 \u00a0 de febrero de 2013, 24 de junio de 2014 y 7 de julio de 2015. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
– Escrito de contestaci\u00f3n \u00a0 suscrito por Salud Total EPS, en el cual se anexa el listado de entrega de los \u00a0 medicamentos ordenados a la se\u00f1ora Claudia Marcela Bravo Zona y la respuesta \u00a0 brindada a una petici\u00f3n. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
– Copia de la respuesta \u00a0 dada por la Superintendencia Nacional de Salud a las peticiones interpuestas por \u00a0 la accionante los d\u00edas 28 de febrero de 2013 y 7 de julio de 2015. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
– Copia de los m\u00faltiples \u00a0 requerimientos hechos por la Superintendencia Nacional de Salud a Salud Total \u00a0 EPS, con el fin de que informe sobre los tramites y los servicios de salud que \u00a0 se le hab\u00edan prestado a la accionante y otros usuarios. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
– Oficio de cumplimiento \u00a0 del fallo de tutela suscrito por la Superintendencia Nacional de Salud de fecha \u00a0 14 de septiembre de 2015. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Intervenci\u00f3n de las \u00a0 accionadas\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
8. Debidamente notificadas \u00a0 de la acci\u00f3n de tutela en su contra, Salud Total EPS, la Superintendencia \u00a0 Nacional de Salud y el Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social (vinculado al \u00a0 tr\u00e1mite por el juzgado de \u00fanica instancia) no contestaron la acci\u00f3n de tutela de \u00a0 la referencia dentro del t\u00e9rmino establecido para ello. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Sin embargo, La Sala hace \u00a0 la salvedad que Salud Total EPS y la Superintendencia Nacional de Salud, \u00a0 hicieron llegar sus respectivos escritos de contestaci\u00f3n al Juzgado setenta y \u00a0 uno (71) Civil Municipal de Bogot\u00e1 el d\u00eda 8 de septiembre de 2015, un d\u00eda \u00a0 despu\u00e9s de que el expediente hab\u00eda sido fallado. Las referidas entidades \u00a0 manifiestan en sus escritos lo siguiente: \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Salud Total EPS \u00a0 \u00a0<\/p>\n
9. Mediante escrito del 8 \u00a0 de septiembre de 2015, la entidad solicit\u00f3 negar las pretensiones de la \u00a0 accionante dentro del tr\u00e1mite de tutela de la referencia. Salud Total EPS \u00a0 argument\u00f3 que el impase presentado con la entrega de los medicamentos hab\u00eda sido \u00a0 superado; de la misma manera, advirti\u00f3 que respecto de la queja interpuesta por \u00a0 la accionante con respecto a las largas filas y la demora en la atenci\u00f3n, se \u00a0 hab\u00eda realizado una retroalimentaci\u00f3n con todos sus funcionarios, con el fin de \u00a0 mejorar el servicio. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10. De igual forma, la \u00a0 accionada asegur\u00f3 que respecto de los conos, bolardos y letreros de prohibido \u00a0 parquear que coloca afuera de sus centro de atenci\u00f3n, esto obedece al \u00a0 aseguramiento de espacios determinados para la gesti\u00f3n de ambulancias y \u00a0 veh\u00edculos de servicio domiciliarios para la unidad de urgencias; Asimismo, \u00a0 refiri\u00f3 que est\u00e1 en concordancia con la se\u00f1alizaci\u00f3n, pues en \u00e9stos sitios est\u00e1 \u00a0 prohibido parquear y, si la accionante lo requiere, puede solicitar ayuda al \u00a0 personal de la EPS que est\u00e1 dispuesta para prestar el apoyo necesario para \u00a0 usuarios y transe\u00fantes. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
11. Finalmente, consider\u00f3 \u00a0 inviable la pretensi\u00f3n de la accionante tendiente a que se le otorgue atenci\u00f3n \u00a0 integral, puesto que actualmente no existe orden m\u00e9dica pendiente y esto ser\u00eda \u00a0 tanto como suponer que en un futuro la entidad vulnerar\u00e1 los derechos \u00a0 fundamentales de la accionante, situaci\u00f3n contraria al principio constitucional \u00a0 de la buena fe. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Superintendencia Nacional \u00a0 de Salud \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12. A trav\u00e9s de \u00a0 comunicaci\u00f3n escrita allegada el 8 de septiembre de 2015, la Superintendencia \u00a0 Nacional de Salud mediante un asesor del despacho del Superintendente solicit\u00f3 \u00a0 declarar la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. A juicio de la \u00a0 entidad, no ha vulnerado los derechos de la accionante, pues es un organismo de \u00a0 vigilancia y control, cuya funci\u00f3n es velar porque se cumplan las normas legales \u00a0 y reglamentarias que regulan el servicio p\u00fablico esencial de salud que garantiza \u00a0 el Sistema General de Seguridad Social a sus afiliados. Refiere que, dentro de \u00a0 las funciones asignadas a la Superintendencia no se encuentra la de suministrar \u00a0 los servicios requeridos por la accionante. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Del fallo de tutela de \u00a0 \u00fanica instancia \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Juzgado setenta y uno (71) \u00a0 Civil Municipal de Bogot\u00e1 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14. El 7 de septiembre de \u00a0 2015, el Juzgado setenta y uno (71) Civil Municipal de Bogot\u00e1 concedi\u00f3 el amparo \u00a0 deprecado por la accionante respecto de la vulneraci\u00f3n a los derechos a la \u00a0 salud, vida digna e integridad f\u00edsica y el derecho de petici\u00f3n. Por el \u00a0 contrario, deneg\u00f3 el amparo que respecto de la vulneraci\u00f3n a la libertad de \u00a0 locomoci\u00f3n por considerar que este tema escapa a la \u00f3rbita del juez \u00a0 constitucional, teniendo en cuenta que, esto debe ser objeto de reclamo ante la \u00a0 autoridad administrativa competente. La referida sentencia orden\u00f3 lo siguiente: \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u201cPrimero. \u00a0Conceder la acci\u00f3n de tutela impetrada por Claudia Marcela Bravo Zona, \u00a0 por lo ya expuesto. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Segundo. \u00a0 Ordenar \u00a0al representante legal o quien haga sus veces de Salud Total EPS, para que en el \u00a0 t\u00e9rmino de 48 horas contadas a partir de la notificaci\u00f3n del presente fallo: \u00a0 \u00a0<\/p>\n
OTORGUE un trato preferencial e \u00a0 inmediato a Claudia Marcela Bravo Zona en lo que refiere a la entrega de sus \u00a0 medicamentos seg\u00fan las periocidades dictaminadas por sus facultativos tratantes, \u00a0 sin que se vea sometida a largos tr\u00e1mites administrativos, ni a esperas o \u00a0 ninguna clase de filas, para su obtenci\u00f3n; GARANTICE \u00a0oportunamente toda la atenci\u00f3n m\u00e9dica que requiere, para atender la recuperaci\u00f3n \u00a0 de su patolog\u00eda y CONTESTE DE FONDO los derechos de petici\u00f3n de 28 de \u00a0 febrero de 2013, 20 de junio de 2014 y 24 de junio de 2015. Respuestas que, \u00a0 deber\u00e1n ser puestas en conocimiento de la actora en el mismo t\u00e9rmino de la \u00a0 manera que resulte m\u00e1s eficaz y oportuna, de acuerdo con los datos aportados en \u00a0 los escritos de petici\u00f3n. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Tercero. \u00a0Ordenar a la Superintendencia Nacional de Salud, para que en el t\u00e9rmino de \u00a0 48 horas contadas a partir de la notificaci\u00f3n del presente fallo, CONTESTE DE \u00a0 FONDO los derechos de petici\u00f3n de 28 de febrero de 2013, 24 de junio de 2014 \u00a0 y 7 de julio de 2015. Respuestas que, deber\u00e1n ser puestas en conocimiento de la \u00a0 actora en el mismo t\u00e9rmino de la manera que resulte m\u00e1s eficaz y oportuna, de \u00a0 acuerdo con los datos aportados en los escritos de petici\u00f3n. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Cuarto. \u00a0 Denegar \u00a0las dem\u00e1s pretensiones por improcedentes.\u201d \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Solicitud \u00a0 de aclaraci\u00f3n \u00a0 \u00a0<\/p>\n
15. El d\u00eda 14 \u00a0 de septiembre de 2015, la se\u00f1ora Claudia Marcela Bravo Zona elev\u00f3 escrito \u00a0 solicitando al juez de instancia aclarar, modificar o revocar parcialmente la \u00a0 sentencia, en cuanto a la improcedencia decretada respecto de la vulneraci\u00f3n de \u00a0 su derecho a la libertad de locomoci\u00f3n; la solicitud la realiz\u00f3 manifestando que \u00a0 no encontr\u00f3 en la providencia motivaci\u00f3n suficiente que le permitiera entender \u00a0 las razones por las cuales el amparo fue negado frente a este tema en \u00a0 particular, reiterando que los obst\u00e1culos que Salud Total EPS coloca en la v\u00eda \u00a0 p\u00fablica impiden su movilizaci\u00f3n empeorando su situaci\u00f3n. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
16. Al \u00a0 respecto, el Juzgado setenta y uno (71) Civil Municipal de la ciudad de Bogot\u00e1, \u00a0 deneg\u00f3 la solicitud de aclaraci\u00f3n, el despacho fundament\u00f3 su decisi\u00f3n \u00a0 argumentando que la sentencia proferida el d\u00eda 7 de septiembre de 2015 no \u00a0 contiene frases que ofrezcan un verdadero motivo de duda, y porque en la misma \u00a0 no se omiti\u00f3 resolver alg\u00fan pedimento. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
II. FUNDAMENTOS DE LA \u00a0 DECISI\u00d3N \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Competencia \u00a0 \u00a0<\/p>\n
17. Esta Sala de Revisi\u00f3n \u00a0 de la Corte Constitucional es competente para proferir sentencia dentro de la \u00a0 acci\u00f3n de tutela de la referencia, con fundamento en los art\u00edculos 86, inciso 2 \u00a0 y 241 numeral 9 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con los art\u00edculos \u00a0 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y, en cumplimiento del auto del veintiocho (28) \u00a0 de octubre de dos mil quince (2015), expedido por la Sala Decima de selecci\u00f3n de \u00a0 esta Corporaci\u00f3n, que escogi\u00f3 el presente caso para revisi\u00f3n. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Requisitos generales de la \u00a0 demanda de tutela. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Alegaci\u00f3n de afectaci\u00f3n de un derecho \u00a0 fundamental \u00a0 \u00a0<\/p>\n
18. Se alega la vulneraci\u00f3n a los derechos \u00a0 fundamentales de petici\u00f3n, salud, vida digna y locomoci\u00f3n. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Legitimaci\u00f3n activa \u00a0 \u00a0<\/p>\n
19. La accionante interpone acci\u00f3n de \u00a0 tutela a nombre propio acorde con el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica[2], \u00a0 el cual establece que toda persona que considere que sus derechos fundamentales \u00a0 han sido vulnerados o se encuentren amenazados, podr\u00e1 interponer acci\u00f3n de \u00a0 tutela en nombre propio o a trav\u00e9s de un representante que act\u00fae en su nombre. \u00a0 Adicional a lo anterior, esta Sala advierte desde ya, que la se\u00f1ora Claudia \u00a0 Marcela Bravo Zona es un sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional, debido a \u00a0 que se encuentra en situaci\u00f3n de discapacidad, lo que ser\u00e1 objeto de \u00a0 pronunciamiento en el ac\u00e1pite correspondiente de esta sentencia. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Legitimaci\u00f3n pasiva \u00a0 \u00a0<\/p>\n
20. El art\u00edculo 42 numeral 2 del Decreto \u00a0 2591 de 1991[3] \u00a0establece que la acci\u00f3n de tutela procede contra toda acci\u00f3n u omisi\u00f3n de un \u00a0 particular, cuando aquel contra quien se hubiere hecho la solicitud est\u00e9 \u00a0 encargado de la prestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico de salud como es el caso de Salud \u00a0 Total EPS, entidad accionada dentro del presente tr\u00e1mite de tutela. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
21. De la misma forma, el \u00a0 art\u00edculo 5\u00ba del mencionado decreto[4] \u00a0establece que la acci\u00f3n de tutela procede contra toda acci\u00f3n u omisi\u00f3n de una \u00a0 autoridad p\u00fablica que haya violado, viole o amenace un derecho fundamental. En \u00a0 el caso que nos ocupa la Superintendencia Nacional de Salud, quien tambi\u00e9n se \u00a0 encuentra accionada dentro del tr\u00e1mite de la referencia es una entidad de \u00a0 derecho p\u00fablico, raz\u00f3n por la cual, goza de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva \u00a0 dentro del presente tr\u00e1mite de tutela. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Inmediatez \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22. Respecto del requisito de inmediatez, \u00a0 creado por la jurisprudencia constitucional para asegurar la efectividad y la \u00a0 pertinencia de la de la acci\u00f3n de tutela, esta Sala encuentra que el \u00faltimo \u00a0 retraso en la entrega del medicamento Fingolimond Ginleya se produjo el 4 de \u00a0 junio de 2015 y, la presente tutela, fue interpuesta el d\u00eda 26 de agosto de \u00a0 2015, es decir que, s\u00f3lo transcurrieron 2 meses. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
24. En lo que tiene que ver con la \u00a0 vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n, esta Sala encuentra que los \u00faltimos \u00a0 escritos interpuestos por la accionante ante Salud Total EPS y la \u00a0 Superintendencia Nacional de Salud son del 24 de junio de 2015 y 7 de julio de \u00a0 2015 respectivamente, es decir que, no transcurrieron ni dos meses entre el \u00a0 hecho y la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
25. Por lo anterior, esta Sala considera que \u00a0 el tiempo que transcurri\u00f3 entre los hechos que originaron el presente tr\u00e1mite y \u00a0 la interposici\u00f3n del amparo de tutela es razonable, de acuerdo a los postulados \u00a0 esgrimidos por esta Corporaci\u00f3n[5]. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Subsidiariedad \u00a0 \u00a0<\/p>\n
26. El art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n \u00a0 Pol\u00edtica de 1991 establece que la acci\u00f3n de tutela s\u00f3lo proceder\u00e1 cuando el \u00a0 afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo en los casos en \u00a0 los cuales sea interpuesta como mecanismo transitorio para evitar la \u00a0 configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable. De igual forma se ha aceptado la \u00a0 procedencia del amparo de tutela en los casos en los que existiendo recursos \u00a0 judiciales, los mismos no sean id\u00f3neos para evitar la vulneraci\u00f3n del derecho \u00a0 constitucional fundamental. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27. Debido a que, la esclerosis m\u00faltiple que \u00a0 padece la accionante es una patolog\u00eda de extrema gravedad que afecta el sistema \u00a0 nervioso central y, que trae como consecuencias, problemas musculares que \u00a0 impiden el pleno desplazamiento, al igual que, inconvenientes cognoscitivos, \u00a0 respiratorios, de visi\u00f3n, entre otros; es claro para esta Sala, que en el caso \u00a0 bajo estudio existe una amenaza real de configuraci\u00f3n de un perjuicio \u00a0 irremediable y se hace necesaria la pronta intervenci\u00f3n del juez constitucional. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Problema jur\u00eddico y \u00a0 metodolog\u00eda de la decisi\u00f3n \u00a0 \u00a0<\/p>\n
28. En esta oportunidad \u00a0 corresponde a la Sala determinar si \u00bfSalud Total EPS y la Superintendencia \u00a0 Nacional de Salud vulneraron los derechos constitucionales fundamentales de \u00a0 petici\u00f3n, salud, vida digna y libertad de locomoci\u00f3n de Claudia Marcela Bravo \u00a0 Zona, quien padece esclerosis m\u00faltiple, al (i) no entregar los medicamentos que \u00a0 requiere de manera continua e ininterrumpida; (ii) no contestar los derechos de \u00a0 petici\u00f3n interpuestos dentro del t\u00e9rmino legal y, (iii) colocar obst\u00e1culos en la \u00a0 v\u00eda p\u00fablica junto a sus centros de atenci\u00f3n? \u00a0 \u00a0<\/p>\n
29. Con el fin de resolver \u00a0 el problema jur\u00eddico planteado, la Sala reiterar\u00e1 las reglas jurisprudenciales \u00a0 relativas a: (i) la procedencia de la tutela en materia de salud; (ii) la \u00a0 oportuna entrega de los medicamentos a los usuarios del sistema de salud; (iii) el n\u00facleo esencial del derecho de petici\u00f3n; (iv) \u00a0 la especial protecci\u00f3n constitucional de las personas en situaci\u00f3n de \u00a0 discapacidad; (v) la libertad de locomoci\u00f3n de las personas en situaci\u00f3n de \u00a0 discapacidad; (vi) se abordar\u00e1 el estudio del caso concreto y, por \u00faltimo, (vii) \u00a0 se establecer\u00e1n las respectivas \u00f3rdenes.\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Procedencia de la acci\u00f3n de tutela para \u00a0 solicitar el amparo del derecho fundamental a la salud – Reiteraci\u00f3n \u00a0 \u00a0<\/p>\n
30. El derecho a la \u00a0 Salud ha tenido un importante desarrollo en la jurisprudencia de esta \u00a0 Corporaci\u00f3n y se ha venido protegiendo v\u00eda tutela a trav\u00e9s de 3 mecanismos: \u00a0Al \u00a0 principio, se amparaba \u00a0debido a la conexidad que tiene con los derechos a la \u00a0 vida digna e integridad personal; luego, fue reconocido como derecho \u00a0 fundamental, para el caso de personas que por sus condiciones eran consideradas \u00a0 de especial protecci\u00f3n constitucional y, recientemente, se ha considerado un \u00a0 derecho fundamental aut\u00f3nomo[6]. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
31. \u00a0La \u00a0 jurisprudencia constitucional actual, advierte que considerar el derecho a la \u00a0 Salud fundamental por su conexidad con la vida digna, le resta valor al mismo y, \u00a0 trae como consecuencia, que se entienda la salud como la mera supervivencia \u00a0 biol\u00f3gica, dejando de lado el concepto de la Organizaci\u00f3n Mundial de la Salud \u00a0 (OMS) que propende porque \u00e9sta implique condiciones f\u00edsicas y ps\u00edquicas \u00f3ptimas \u00a0 en el ser humano. Bajo esa concepci\u00f3n, esta Corte ha definido el derecho a la \u00a0 salud como la facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad \u00a0 org\u00e1nica funcional, tanto f\u00edsica como en el plano de la operatividad mental, y \u00a0 de restablecerse cuando se presente una perturbaci\u00f3n en la estabilidad org\u00e1nica \u00a0 y funcional de su ser[7]. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
32. \u00a0Lo anterior \u00a0 significa que, la jurisprudencia ha dicho que el efectivo goce del derecho \u00a0 fundamental a la Salud, desling\u00e1ndolo de su conexidad con la vida y de su \u00a0 contenido prestacional, permite que las personas ejerzan otras garant\u00edas \u00a0 establecidas en la Constituci\u00f3n y, por tanto, es de vital importancia para \u00a0 garantizar una vida en condiciones de dignidad. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
33. Ahora bien, lo \u00a0 anterior cobra una importancia especial cuando se trata de pacientes con \u00a0 enfermedades de gran impacto, en la medida en que, \u00e9stas traen como consecuencia \u00a0 el progresivo deterioro de las funciones f\u00edsicas y mentales de quien las padece \u00a0 e implica que la protecci\u00f3n del derecho a la salud de \u00e9stas debe provenir desde \u00a0 todas las esferas del Estado, propendiendo por brindar una atenci\u00f3n eficaz, \u00a0 oportuna, \u00e1gil y en condiciones de dignidad. En la sentencia T-854 de 2011[8], \u00a0 esta Corporaci\u00f3n determin\u00f3 que el derecho a la salud toma relevancia \u00a0 especialmente frente a grupos poblacionales que se hallan en circunstancias de \u00a0 debilidad manifiesta, entre los que est\u00e1n quienes padecen enfermedades \u00a0 catastr\u00f3ficas o ruinosas, primordialmente por el v\u00ednculo que une a la salud con \u00a0 la posibilidad de llevar una vida digna. Por tales razones, la Corte ha \u00a0 establecido que la acci\u00f3n de tutela es un medio judicial procedente, eficaz e \u00a0 id\u00f3neo para exigir judicialmente el respeto a ese derecho, postulado \u00a0 reiterado en la sentencia T-196 de 2014[9]. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
34. Debido a la \u00a0 gravedad de la patolog\u00eda que padece la accionante, se hace necesaria la \u00a0 intervenci\u00f3n inmediata del juez constitucional para garantizar que la prestaci\u00f3n \u00a0 del servicio de salud sea eficaz y \u00e1gil, con el fin de evitar graves \u00a0 consecuencias en su estado de salud y garantizar el goce de todas las garant\u00edas \u00a0 constitucionales, dentro de las cuales se encuentra, el derecho a una vida en \u00a0 condiciones de dignidad. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
La demora \u00a0 injustificada en la entrega de un medicamento vulnera los derechos fundamentales \u00a0 a la salud, vida digna e integridad f\u00edsica \u2013 Reiteraci\u00f3n de jurisprudencia \u00a0 \u00a0<\/p>\n
35. Como se mencion\u00f3 \u00a0 en el ac\u00e1pite anterior, los derechos fundamentales de una persona se ven \u00a0 afectados cuando la prestaci\u00f3n del servicio de salud no es eficaz, \u00e1gil y \u00a0 oportuna, situaci\u00f3n que empeora cuando se trata de una persona con una \u00a0 enfermedad ruinosa, como es el caso de la esclerosis m\u00faltiple, ya que de la \u00a0 adecuada prestaci\u00f3n del servicio depende su calidad de vida. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
36. La Corte \u00a0 Constitucional ha manifestado que la esclerosis m\u00faltiple es una afecci\u00f3n que \u00a0 impacta gravemente la salud, pone en peligro la vida y, hace que quien la padece \u00a0 requiera de cuidados extremos para mantener una vida digna. Es una enfermedad \u00a0 que requiere de atenci\u00f3n y tratamiento s\u00f3lo en lo que refiere a la atenci\u00f3n \u00a0 m\u00e9dica, sino adem\u00e1s en lo que implica el mantenimiento de unas condiciones \u00a0 dignas para quien las padece, con el fin de que puedan sobrevivir en la mejor \u00a0 situaci\u00f3n posible[10]; \u00a0esto quiere decir que, la atenci\u00f3n que se debe brindar a quienes padecen esta \u00a0 patolog\u00eda, debe ser de primer nivel, ya que, la demora puede acarrear graves \u00a0 consecuencias, las cuales podr\u00edan ser irreparables. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
37. Ahora bien, la \u00a0 demora injustificada en la pr\u00e1ctica de un tratamiento o entrega de un \u00a0 medicamento vulnera los derechos fundamentales a la salud e integridad f\u00edsica, \u00a0 ya que, la espera larga e injustificada puede desviar la intenci\u00f3n original del \u00a0 tratamiento, situaci\u00f3n que se agrava cuando de enfermedades degenerativas de la \u00a0 magnitud de la esclerosis m\u00faltiple, se trata. As\u00ed por ejemplo, esta Corporaci\u00f3n \u00a0 en el a\u00f1o 1999 mencionaba que \u201cno es normal que se retrase la autorizaci\u00f3n de \u00a0 cirug\u00edas, ex\u00e1menes o tratamientos que los mismos m\u00e9dicos del I.S.S. recomiendan \u00a0 con car\u00e1cter urgente, pues ello va en contra de los derechos a la vida y a la \u00a0 integridad f\u00edsica de los afiliados no solamente cuando se demuestre que sin \u00a0 ellos el paciente puede morir o perder un miembro de su cuerpo, sino tambi\u00e9n \u00a0 cuando implican la demora injustificada en el diagn\u00f3stico y, por consiguiente, \u00a0 en la iniciaci\u00f3n del tratamiento que pretende el restablecimiento de la salud \u00a0 perdida o su consecuci\u00f3n.\u201d[11] \u00a0 \u00a0<\/p>\n
38. Posici\u00f3n \u00a0 reiterada en el a\u00f1o 2003, cuando esta Corte sostuvo que, diferir la autorizaci\u00f3n \u00a0 y entrega de un tratamiento recomendado por el m\u00e9dico tratante vulnera los \u00a0 derechos a la salud e integridad f\u00edsica, ya que la situaci\u00f3n termina por \u00a0 distorsionar y diluir el objetivo mismo del tratamiento originalmente indicado[12]. En el a\u00f1o 2010, la \u00a0 Sala Tercera de Revisi\u00f3n profiri\u00f3 la sentencia T-970[13], en la que se consign\u00f3 \u00a0 que se vulneraba el derecho a la salud, cuando una EPS demoraba la entrega de un \u00a0 medicamento y \u00e9ste hab\u00eda sido previamente solicitado. La sentencia se pronunci\u00f3 \u00a0 sobre lo referido en los siguientes t\u00e9rminos: \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u201cEn este orden de \u00a0 ideas, una persona puede necesitar un medicamento que se encuentre incluido o \u00a0 excluido del POS. De tal situaci\u00f3n dependen las reglas jurisprudenciales \u00a0 aplicables a cada caso. As\u00ed, se ha indicado que se transgrede el derecho \u00a0 fundamental a la salud \u2013 en lo que al acceso se refiere – cuando no se brinda un \u00a0 medicamento o tratamiento que se halla dentro del POS, siempre y cuando se \u00a0 cumplan las siguientes condiciones: que haya sido ordenado por el m\u00e9dico \u00a0 tratante; que sea necesario para proteger el mencionado derecho, adem\u00e1s de la \u00a0 vida digna o la integridad persona (entre otros); y que \u2013 a pesar de haber sido \u00a0 solicitado \u2013 su entrega sea injustificadamente demorada.\u201d \u00a0 \u00a0<\/p>\n
39. De otro lado, se \u00a0 encuentra el trato especial que deben ofrecer las entidades encargadas de la \u00a0 prestaci\u00f3n del servicio de salud a las personas que se encuentran en situaci\u00f3n \u00a0 de discapacidad y, a quienes se les dificulta, realizar filas o largos \u00a0 recorridos para solicitar la autorizaci\u00f3n y entrega de los distintos \u00a0 medicamentos y procedimientos que hagan parte de su tratamiento m\u00e9dico. En esa \u00a0 medida, someter a estas personas a procedimientos extenuantes, que terminan \u00a0 siendo trabas en el acceso a la prestaci\u00f3n del servicio de salud, implica una \u00a0 transgresi\u00f3n de su dignidad humana. Es por esta raz\u00f3n que, en varias \u00a0 oportunidades esta Corte ha hecho especial \u00e9nfasis en el trato especial, \u00a0 preferencial y en mejores condiciones que se les debe prestar a las personas en \u00a0 situaci\u00f3n de discapacidad[14]. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
40. En conclusi\u00f3n, debido a que \u00a0 el derecho a la salud se protege de manera aut\u00f3noma, se vulnera cuando la \u00a0 entidad encargada de la prestaci\u00f3n del servicio de salud, se demora en la \u00a0 pr\u00e1ctica de un procedimiento o en la entrega de un medicamento, esto en atenci\u00f3n \u00a0 a que, se pierde la finalidad del tratamiento y, por lo mismo, la prestaci\u00f3n del \u00a0 servicio deja de ser integral. De la misma forma, se vulnera el referido derecho \u00a0 fundamental, cuando se somete al usuario en situaci\u00f3n de discapacidad a largas \u00a0 filas y engorrosos tr\u00e1mites para obtener la pr\u00e1ctica de procedimientos y la \u00a0 entrega de medicamentos, puesto que, esto se convierte en una traba para el \u00a0 acceso efectivo a la prestaci\u00f3n del servicio de salud y, como resultado se ve \u00a0 afectada la dignidad humana. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Derecho de Petici\u00f3n \u2013 Reiteraci\u00f3n de \u00a0 Jurisprudencia \u00a0 \u00a0<\/p>\n
41. El art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n \u00a0 Pol\u00edtica de 1991 consigna que toda persona tiene derecho a presentar \u00a0 peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de inter\u00e9s general o \u00a0 particular y obtener una pronta resoluci\u00f3n. El derecho de petici\u00f3n es \u00a0 fundamental por s\u00ed mismo y, a trav\u00e9s de \u00e9l, se ejercen otros derechos \u00a0 constitucionales como el debido proceso, la salud, la educaci\u00f3n, el trabajo, el \u00a0 acceso a la administraci\u00f3n de justicia, entre otros. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
42. El derecho de petici\u00f3n puede ser \u00a0 interpuesto ante particulares y autoridades p\u00fablicas, la importancia respecto de \u00a0 \u00e9stas \u00faltimas radica en que a trav\u00e9s de \u00e9ste, se coloca a la administraci\u00f3n en \u00a0 funcionamiento, se exige el goce de distintas prerrogativas y se accede a la \u00a0 informaci\u00f3n, es por esta raz\u00f3n, que dentro de sus garant\u00edas se encuentran (i) la \u00a0 pronta resoluci\u00f3n del mismo, es decir que, la respuesta debe entregarse dentro \u00a0 del t\u00e9rmino legalmente establecido para ello y, (ii) la contestaci\u00f3n debe ser \u00a0 clara y efectiva respecto de lo pedido, de tal manera que, permita al \u00a0 peticionario conocer la situaci\u00f3n real de lo solicitado. Sobre el tema existe \u00a0 abundante jurisprudencia, en la que esta Corte ha definido los conceptos b\u00e1sicos \u00a0 y m\u00ednimos que componen este derecho, as\u00ed como su n\u00facleo esencial; sobre \u00e9ste \u00a0 \u00faltimo aspecto ha manifestado que el mismo radica en la resoluci\u00f3n integral de la solicitud, de manera que se \u00a0 atienda lo pedido, sin que ello signifique que la soluci\u00f3n tenga que ser \u00a0 positiva. Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha dicho que: \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u201c\u2026 \u00a0una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente la petici\u00f3n y \u00a0 satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la respuesta \u00a0 sea negativa a las pretensiones del peticionario[15]\u00b8es \u00a0 efectiva si la respuesta soluciona el caso que se plantea[16]; y es \u00a0 congruente si existe coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera \u00a0 que la soluci\u00f3n a lo pedido verse sobre lo preguntado y no sobre un tema \u00a0 semejante o relativo al asunto principal de la petici\u00f3n, sin que se excluya la \u00a0 posibilidad de suministrar informaci\u00f3n adicional que se encuentre relacionada \u00a0 con la petici\u00f3n propuesta[17].\u201d \u00a0 \u00a0<\/p>\n
43. En otras palabras, el goce efectivo del derecho de \u00a0 petici\u00f3n implica que exista una contestaci\u00f3n que resuelva efectivamente lo \u00a0 pedido, sin que implique que la respuesta corresponda a lo solicitado, puesto \u00a0 que la misma puede ser negativa siempre que sean claras las razones por las \u00a0 cuales no se accede a lo peticionado, dicho de otra manera, no puede ser evasiva \u00a0 o abstracta. De la misma forma, el n\u00facleo esencial del derecho fundamental en \u00a0 comento, requiere que la respuesta sea oportuna, por lo que debe encontrase \u00a0 dentro del t\u00e9rmino legalmente establecido para ello. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
44. Las entidades p\u00fablicas y algunas entidades \u00a0 privadas, como es el caso de aquellas que se encargan de la prestaci\u00f3n de alg\u00fan \u00a0 servicio p\u00fablico, est\u00e1n especialmente obligadas a cumplir a cabalidad las normas \u00a0 relativas a este derecho fundamental, puesto que como se coment\u00f3 en p\u00e1rrafos \u00a0 anteriores mediante \u00e9ste se garantizan otros derechos constitucionales. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Las personas en situaci\u00f3n de \u00a0 discapacidad son sujetos de especial protecci\u00f3n constitucional \u2013Reiteraci\u00f3n de \u00a0 jurisprudencia \u00a0 \u00a0<\/p>\n
45. La Constituci\u00f3n \u00a0 Pol\u00edtica de 1991, a trav\u00e9s del art\u00edculo 13 oblig\u00f3 al Estado a proveer \u00a0 condiciones reales y efectivas de igualdad para grupos poblacionales \u00a0 discriminados o marginados, dadas sus condiciones econ\u00f3micas, f\u00edsicas o mentales[18]; \u00a0 como consecuencia de esto, Colombia tiene el deber de adoptar medidas en favor \u00a0 de \u00e9stos grupos, con el fin de garantizar el goce efectivo de los derechos \u00a0 constitucionales[19]. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
46. Es por esto que, \u00a0 existen mandatos espec\u00edficos consignados en la Constituci\u00f3n que protegen a las \u00a0 personas en situaci\u00f3n de discapacidad; en el art\u00edculo 47 se impone al Estado el \u00a0 deber de adelantar una pol\u00edtica de previsi\u00f3n, rehabilitaci\u00f3n e integraci\u00f3n \u00a0 social para los disminuidos f\u00edsicos, sensoriales, ps\u00edquicos, a quienes debe \u00a0 prest\u00e1rseles la atenci\u00f3n especializada que requieran[20]; de la misma manera, el \u00a0 art\u00edculo 54 protege el derecho al trabajo de los discapacitados, ordenado al \u00a0 Estado que propicie por su vinculaci\u00f3n laboral de acuerdo con sus condiciones \u00a0 de salud[21]. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
47. As\u00ed mismo, la \u00a0 comunidad internacional a trav\u00e9s de diferentes instrumentos[22], ha instado a los \u00a0 distintos Estados, a proteger los derechos humanos de las personas \u00a0 discapacitadas, \u00e9stos se han desarrollado a partir de la Declaraci\u00f3n de los \u00a0 derechos de los impedidos de 1975, proclamada por la Asamblea General de las \u00a0 Naciones Unidas; documento en el cual, se consignaron derechos que garantizan a \u00a0 los \u201cimpedidos\u201d[23] \u00a0su dignidad humana. Dentro del cat\u00e1logo de derechos enunciados encontramos los \u00a0 siguientes: \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u201c3.El impedido tiene esencialmente derecho a que se respete su \u00a0 dignidad humana. El impedido, cualesquiera sean el origen, la naturaleza o la \u00a0 gravedad de sus trastornos y deficiencias, tiene los mismos derechos \u00a0 fundamentales que sus conciudadanos de la misma edad, lo que supone, en primer \u00a0 lugar, el derecho a disfrutar de una vida decorosa, lo m\u00e1s normal y plena que \u00a0 sea posible. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u2026 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
5. El impedido tiene derecho a las medidas destinadas a \u00a0 permitirle lograr la mayor autonom\u00eda posible. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
6. El impedido tiene derecho a recibir atenci\u00f3n m\u00e9dica, \u00a0 psicol\u00f3gica y funcional, incluidos los aparatos de pr\u00f3tesis y ortopedia; a la \u00a0 readaptaci\u00f3n m\u00e9dica y social; a la educaci\u00f3n; la formaci\u00f3n y a la readaptaci\u00f3n \u00a0 profesionales; las ayudas, consejos, servicios de colocaci\u00f3n y otros servicios \u00a0 que aseguren el aprovechamiento m\u00e1ximo de sus facultades y aptitudes y aceleren \u00a0 el proceso de su integraci\u00f3n o reintegraci\u00f3n social.\u201d \u00a0 \u00a0<\/p>\n
48. Sobre lo protecci\u00f3n de las personas en estado de \u00a0 discapacidad consignada en los instrumentos internacionales, esta Corte \u00a0 manifest\u00f3 que \u201clas \u00a0 obligaciones del Estado Colombiano para con los discapacitados no solo surgen de \u00a0 los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia, sino en \u00a0 general de las manifestaciones de voluntad de la comunidad internacional con \u00a0 respecto del reconocimiento de sus derechos humanos y de su dignidad humana, \u00a0 principios que adem\u00e1s de regir el orden p\u00fablico internacional, son pilares \u00a0 fundamentales de la constitucionalidad colombiana\u201d[24]. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
49. Ahora bien, el legislador plasm\u00f3 el deber \u00a0 constitucional de garantizar la igualdad de manera real y efectiva en la Ley 361 \u00a0 de 1997[25] \u00a0reglamentada por los decretos 1538 de 2005[26] \u00a0y 734 de 2012, adicionada recientemente por la Ley 1287 de 2009; norma en la \u00a0 cual, se consignaron medidas respecto del trabajo, educaci\u00f3n, transporte, \u00a0 bienestar, locomoci\u00f3n, entre otras cosas, de las personas en situaci\u00f3n de \u00a0 discapacidad. Dentro de su articulado, esta normatividad consigna una serie de \u00a0 obligaciones que las entidades del Estado y los particulares deben cumplir para \u00a0 garantizar el goce real y efectivo de las garant\u00edas constitucionales, por parte \u00a0 de las personas discapacitadas. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
50. El art\u00edculo 1 de la Ley 361, establece que el fin \u00a0 de dicha norma es garantizar a las personas en situaci\u00f3n de discapacidad sus \u00a0 derechos fundamentales, sociales, econ\u00f3micos y culturales, que les son propios a \u00a0 la dignidad humana, sin verse sometidos a discriminaci\u00f3n alguna. Sobre el particular, esta \u00a0 Corte en la sentencia T-595 de 2002[27], afirm\u00f3 que el Congreso no s\u00f3lo reiter\u00f3 el mandato \u00a0 constitucional en defensa de las personas que sufren de alguna discapacidad, \u00a0 sino que fij\u00f3 un compromiso claro y decidido con ellos. Desarroll\u00f3 el tema de \u00a0 manera amplia, enumerando sinn\u00famero de garant\u00edas espec\u00edficas en los \u00e1mbitos de \u00a0 la educaci\u00f3n, el transporte, el trabajo, el bienestar social, el espacio p\u00fablico \u00a0 y las comunicaciones. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
51. Recientemente, esta Corte profiri\u00f3 las \u00a0 sentencias T-030 de 2010[28] \u00a0y T-192 de 2014[29], \u00a0 a trav\u00e9s de las cuales, estudi\u00f3 los casos de dos personas en situaci\u00f3n de \u00a0 discapacidad que ve\u00edan limitados sus derechos fundamentales; en dichas \u00a0 providencias, las Salas refirieron que a pesar de la protecci\u00f3n constitucional \u00a0 que tienen los discapacitados, siguen siendo un grupo poblacional discriminado \u00a0 en raz\u00f3n a sus limitaciones, les es negado el acceso al espacio p\u00fablico, al \u00a0 mundo laboral o a los servicios de educaci\u00f3n, transporte o comunicaciones en \u00a0 condiciones de igualdad, raz\u00f3n por la cual, esta Corporaci\u00f3n ha \u00a0 propendido por la eliminaci\u00f3n de los impedimentos y las cargas excesivas que los \u00a0 afecta, situaci\u00f3n que pugna con los postulados de democracia participativa y \u00a0 Estado social de derecho contenido en el art\u00edculo 1\u00ba Superior[30] \u00a0 \u00a0<\/p>\n
52. Entonces, es deber del Estado velar por \u00a0 la real y efectiva igualdad de las personas que se encuentran en situaci\u00f3n de \u00a0 discapacidad, de acuerdo a lo consignado en el art\u00edculo 13 superior, en esa \u00a0 medida, se debe garantizar el goce efectivo de sus derechos constitucionales \u00a0 eliminando cualquier tipo de barrera que lo impida; sin embargo, existen casos \u00a0 de discriminaci\u00f3n, en los que se marginan a ciudadanos discapacitados en raz\u00f3n a \u00a0 sus limitaciones, situaci\u00f3n contraria a los principios consignados en la \u00a0 Constituci\u00f3n y en los instrumentos internacionales anteriormente descritos. Por \u00a0 lo anterior, esta Corporaci\u00f3n se ha pronunciado en distintas oportunidades, \u00a0 garantizando los derechos constitucionales de las personas en situaci\u00f3n de \u00a0 discapacidad, llamando la atenci\u00f3n respecto de la especial protecci\u00f3n que la \u00a0 Constituci\u00f3n les otorg\u00f3, d\u00e1ndole prevalencia a la dignidad humana que toda \u00a0 persona, sin importar su estado f\u00edsico, debe tener. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Libertad de locomoci\u00f3n de las personas en \u00a0 situaci\u00f3n de discapacidad \u00a0 \u00a0<\/p>\n
53. Como se colige del ac\u00e1pite anterior de \u00a0 esta providencia, la protecci\u00f3n de las personas en situaci\u00f3n de discapacidad es \u00a0 un derecho constitucional y, por tanto, es obligaci\u00f3n del Estado garantizar el \u00a0 alcance de una igualdad real; uno de esos casos es la libertad de locomoci\u00f3n, \u00a0 consignada en el art\u00edculo 24 de la Constituci\u00f3n dentro del cat\u00e1logo de derechos \u00a0 fundamentales. Dicho mandato establece que todo colombiano, con las \u00a0 limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el \u00a0 territorio nacional, a entrar y salir de \u00e9l, y a permanecer y residenciarse en \u00a0 Colombia[31]. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
54. La libertad de locomoci\u00f3n de las \u00a0 personas en situaci\u00f3n de discapacidad, se ve menoscabada por su condici\u00f3n, \u00a0 particularmente, cuando \u00e9sta es de car\u00e1cter f\u00edsico, es por este motivo que, al \u00a0 Estado le corresponde tomar medidas que permitan garantizar la movilidad de los \u00a0 discapacitados en iguales condiciones que las otras personas. La Ley 361 de \u00a0 1997, a la cual se hizo alusi\u00f3n en el ac\u00e1pite anterior, regula todo lo que tiene \u00a0 que ver con la accesibilidad de las personas en situaci\u00f3n de discapacidad en el \u00a0 t\u00edtulo IV. Mediante esta norma, el legislador introdujo medidas, que tienen como \u00a0 fin, \u201cfacilitar la accesibilidad a las \u00a0 personas con movilidad reducida, sea \u00e9sta temporal o permanente, o cuya \u00a0 capacidad de orientaci\u00f3n se encuentre disminuida por la edad, \u00a0 analfabetismo,\u00a0limitaci\u00f3n\u00a0o enfermedad. As\u00ed mismo se busca suprimir y evitar \u00a0 toda clase de barreras f\u00edsicas en el dise\u00f1o y ejecuci\u00f3n de las v\u00edas y espacios \u00a0 p\u00fablicos y de los mobiliarios urbanos, as\u00ed como en la construcci\u00f3n o \u00a0 reestructuraci\u00f3n de edificios de propiedad p\u00fablica o privada\u201d[32]. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
55. En ese sentido, el \u00a0 legislador orden\u00f3 a las entidades p\u00fablicas y a los particulares, eliminar \u00a0 cualquier tipo de barrera f\u00edsica en espacios interiores y exteriores que \u00a0 limitaran la movilidad de las personas en situaci\u00f3n de discapacidad, con ese \u00a0 fin, estableci\u00f3 que las nuevas construcciones deb\u00edan garantizar la accesibilidad \u00a0 de cualquier persona. De la misma manera, otorg\u00f3 plazos para que las obras ya \u00a0 construidas se adecuaran con las condiciones t\u00e9cnicas necesarias para tal fin. \u00a0 Sobre este aspecto la referida norma establece lo siguiente: \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u201cArt\u00edculo 44. Para los efectos de la presente ley, se entiende por accesibilidad \u00a0 como la condici\u00f3n que permite en cualquier espacio o ambiente interior o \u00a0 exterior, el f\u00e1cil y seguro desplazamiento de la poblaci\u00f3n en general, y el uso \u00a0 en forma confiable y segura de los servicios instalados en estos ambientes. \u00a0Por barreras f\u00edsicas se entiende a todas aquellas trabas, irregularidades y \u00a0 obst\u00e1culos f\u00edsicos que limiten o impidan la libertad o movimiento de las \u00a0 personas. Y por telecomunicaciones, toda emisi\u00f3n, transmisi\u00f3n o recepci\u00f3n de \u00a0 se\u00f1ales, escrituras, im\u00e1genes, signos, datos o informaci\u00f3n de cualquier \u00a0 naturaleza, por hilo, radio u otros sistemas \u00f3pticos o electromagn\u00e9ticos. \u00a0 \u00a0<\/p>\n