\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0T-348-16 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sentencia T-348\/16 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
SERVIDUMBRE COMO \u00a0 LIMITACION AL DERECHO DE DOMINIO-Caso en que se les \u00a0 proh\u00edbe a menores de edad transitar por predio que pertenece a una sociedad \u00a0 limitada para asistir a instituci\u00f3n educativa \u00a0 \u00a0<\/p>\n
ACCION DE TUTELA FRENTE A PROCESOS \u00a0 POLICIVOS-Procedencia \u00a0 de la acci\u00f3n de tutela \u00a0 \u00a0<\/p>\n
LEGITIMACION POR ACTIVA EN TUTELA-Cualquier persona \u00a0 puede exigir el cumplimiento de los derechos de los ni\u00f1os \u00a0 \u00a0<\/p>\n
MENORES DE EDAD COMO SUJETOS DE ESPECIAL \u00a0 PROTECCION CONSTITUCIONAL-Implicaciones en relaci\u00f3n al derecho a la educaci\u00f3n \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Los menores de edad\u00a0son sujetos de especial protecci\u00f3n y sus \u00a0 derechos prevalecen sobre los derechos de los dem\u00e1s. Respecto del derecho a la \u00a0 educaci\u00f3n, ello se materializa en el deber que se encuentra en cabeza no solo \u00a0 del Estado, quien tiene un rol primordial, sino tambi\u00e9n de la familia y de la \u00a0 sociedad, estos \u00faltimos en desarrollo de los principios de corresponsabilidad y \u00a0 solidaridad, de velar porque los ni\u00f1os y las ni\u00f1as tengan las condiciones \u00a0 necesarias para que puedan acceder al sistema educativo. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
DERECHO A LA EDUCACION-Disponibilidad, \u00a0 accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad \u00a0 \u00a0<\/p>\n
ACCESO MATERIAL AL SISTEMA GENERAL DE EDUCACION-Incorpora \u00a0 la accesibilidad como n\u00facleo esencial del derecho a la educaci\u00f3n\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
La\u00a0accesibilidad implica la obligaci\u00f3n del Estado de asegurar el acceso de \u00a0 todas las personas a la educaci\u00f3n en condiciones de igualdad y libres de toda \u00a0 forma de discriminaci\u00f3n, as\u00ed como facilidades en t\u00e9rminos geogr\u00e1ficos y \u00a0 econ\u00f3micos para acceder al servicio. En este orden, como lo se\u00f1ala la \u00a0 Observaci\u00f3n No. 13 antes mencionada, la accesibilidad consta de tres (3) \u00a0 dimensiones: (i) la no discriminaci\u00f3n, (ii) la accesibilidad material, y (iii) \u00a0 la accesibilidad econ\u00f3mica. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
ACCESIBILIDAD COMO COMPONENTE ESENCIAL DEL DERECHO A LA \u00a0 EDUCACION-Desplazamientos desproporcionados hacia el lugar de clases \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Los desplazamientos que impliquen trayectos largos hacia el lugar en donde \u00a0 los menores reciben clases adem\u00e1s de amenazar su salud e integridad f\u00edsica, \u00a0 constituye de manera ostensible un obst\u00e1culo al que deben enfrentarse de manera \u00a0 continua para poder acceder al sistema educativo, poniendo en riesgo su \u00a0 permanencia en este (acceso material al derecho a la educaci\u00f3n). Sin embargo, \u00a0 quien est\u00e1 llamado a dar soluci\u00f3n al problema de acceso y permanencia de las \u00a0 ni\u00f1as y los ni\u00f1os a su plantel educativo es el Estado garante por excelencia de \u00a0 los derechos de la comunidad, asegurar la prestaci\u00f3n eficiente de los servicios \u00a0 p\u00fablicos. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
FUNCION SOCIAL DEL DERECHO DE PROPIEDAD-Alcance\/FUNCION \u00a0 SOCIAL DEL DERECHO DE PROPIEDAD-Servidumbre como limitaci\u00f3n al derecho de \u00a0 dominio \u00a0 \u00a0<\/p>\n
El ordenamiento constitucional vigente reconoci\u00f3 la propiedad como un \u00a0 derecho que tiene una funci\u00f3n social que implica obligaciones y, en virtud de \u00a0 esta, es posible establecerle limitaciones. Este es el caso de la servidumbre \u00a0 legal de tr\u00e1nsito que es un gravamen que debe imponerse atendiendo las \u00a0 circunstancias concretas que no se reducen a las condiciones de ubicaci\u00f3n y \u00a0 explotaci\u00f3n, sino tambi\u00e9n a la situaci\u00f3n de los derechos en conflicto los cuales \u00a0 deben ser armonizados y ponderados. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
ACCESIBILIDAD COMO COMPONENTE ESENCIAL DEL DERECHO A LA \u00a0 EDUCACION-Vulneraci\u00f3n por parte de la sociedad accionada al impedir el \u00a0 paso de menores que pasaban por su predio a manera de atajo, para llegar al \u00a0 plantel educativo \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Una administraci\u00f3n municipal desconoce el derecho fundamental a la educaci\u00f3n en \u00a0 su dimensi\u00f3n de acceso material de los menores que habitan en zonas rurales \u00a0 cuando al conocer de situaci\u00f3n que obstaculiza el acceso y pone en riesgo su \u00a0 integridad y permanencia en una instituci\u00f3n educativa, no adopta las medidas \u00a0 necesarias para conjurarla. Por otra parte, el particular tiene un deber de \u00a0 solidaridad y corresponsabilidad respecto del derecho prevalente a la educaci\u00f3n \u00a0 de los menores y por ello, deben participar en que se materialice su acceso. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
ACCESO MATERIAL AL SISTEMA GENERAL DE EDUCACION-Orden \u00a0 a alcald\u00eda municipal proveer las medidas necesarias para que menores de edad que \u00a0 habitan en vereda puedan acceder de manera efectiva al derecho a la educaci\u00f3n \u00a0 \u00a0<\/p>\n
ACCESO MATERIAL AL SISTEMA GENERAL DE EDUCACION-Orden \u00a0 a Sociedad An\u00f3nima remover todos los obst\u00e1culos que impidan el libre tr\u00e1nsito de \u00a0 los menores agenciados por el sendero peatonal ubicado en su predio \u00a0 \u00a0<\/p>\n
ACCESO MATERIAL AL SISTEMA GENERAL DE EDUCACION-Orden \u00a0 a alcald\u00eda municipal adecuar sendero peatonal y construir puente para que las \u00a0 ni\u00f1as y los ni\u00f1os junto con sus padres puedan atravesar r\u00edo para acceder a \u00a0 plantel educativo \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Referencia: Expediente T-5449190 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Acci\u00f3n de tutela instaurada por Luz Mery \u00a0 Ayala y otros contra la sociedad Acci\u00f3n Fiduciaria S.A.- Fideicomiso Parque \u00a0 Termales \u2013 Centro Vacacional La Calera \u2013 \u201cGreen Park\u201d y otros.\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Magistrada Ponente: \u00a0 \u00a0<\/p>\n
MAR\u00cdA VICTORIA CALLE CORREA \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de julio de dos mil diecis\u00e9is (2016). \u00a0 \u00a0<\/p>\n
La Sala Primera de Revisi\u00f3n de la Corte Constitucional, integrada por la \u00a0 magistrada Mar\u00eda Victoria Calle Correa y los magistrados Luis Guillermo Guerrero \u00a0 P\u00e9rez y Alejandro Linares Cantillo, en ejercicio de sus competencias \u00a0 constitucionales y legales, ha proferido la siguiente \u00a0 \u00a0<\/p>\n
SENTENCIA \u00a0 \u00a0<\/p>\n
En el proceso de revisi\u00f3n de los fallos proferidos, en primera instancia, por el \u00a0 Juzgado Promiscuo Municipal de La Calera, el veinticuatro (24) de noviembre de \u00a0 dos mil quince (2015); y en segunda instancia, por Juzgado Treinta (30) Civil \u00a0 del Circuito de Bogot\u00e1, el veintiocho (28) de enero de dos mil diecis\u00e9is (2016) \u00a0 dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Luz Mery Ayala Parra y otros padres \u00a0 en representaci\u00f3n de 13 menores de edad[1], \u00a0 quienes interpusieron acci\u00f3n de tutela\u00a0 contra la sociedad Acci\u00f3n \u00a0 Fiduciaria S.A.- Fideicomiso Parque Termales \u2013 Centro Vacacional La Calera \u2013 \u00a0 \u201cGreen Park\u201d (en adelante sociedad Acci\u00f3n Fiduciaria S.A. o Acci\u00f3n Fiduciaria \u00a0 S.A.), el municipio de La Calera y la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de esa misma \u00a0 municipalidad. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
El expediente de la referencia fue seleccionado para revisi\u00f3n por medio de Auto \u00a0 del catorce (14) de abril de dos mil diecis\u00e9is (2016), proferido por la Sala de \u00a0 Selecci\u00f3n N\u00famero Cuatro. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
I.\u00a0 ANTECEDENTES \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Consideraron que la sociedad Acci\u00f3n Fiduciaria S.A., la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de \u00a0 La Calera y la Alcald\u00eda de La Calera desconocieron su derecho fundamental a la \u00a0 educaci\u00f3n contenido en el art\u00edculo 44 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica dado que la \u00a0 sociedad accionada desde el catorce (14) de noviembre de dos mil quince (2015) \u00a0 prohibi\u00f3 el acceso al inmueble en ejercicio de su derecho de propiedad a los \u00a0 menores que por ah\u00ed transitaban hacia el Instituto Educativo Departamental El \u00a0 Salitre, a manera de atajo, por un sendero peatonal. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. Hechos \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1.1. Manifestaron los accionantes que sus hijos menores estudian en la \u00a0 Instituci\u00f3n Educativa Departamental El Salitre, ubicada en la vereda El Salitre, \u00a0 sector Camino al Meta del municipio de La Calera (Cundinamarca). \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1.2. Afirmaron que como no cuentan con recursos econ\u00f3micos ni subsidios de la \u00a0 administraci\u00f3n municipal para que las ni\u00f1as y los ni\u00f1os puedan acceder al \u00a0 servicio de transporte, ellos deben desplazarse caminando desde la vereda El \u00a0 Salitre, sector Camino al Meta, ubicada en el costado occidental del r\u00edo \u00a0 Teusac\u00e1, hac\u00eda la sede educativa. Relataron que habitualmente utilizaban un \u00a0 sendero peatonal, a manera de atajo, por el que se demoraban 20 minutos de ida y \u00a0 entre 30 a 40 minutos en el trayecto de regreso el cual atravesaba una parte del \u00a0 inmueble perteneciente a la sociedad Acci\u00f3n Fiduciaria S.A., punto en el que \u00a0 deb\u00edan cruzar el r\u00edo. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1.3. Se\u00f1alaron que la sociedad Acci\u00f3n Fiduciaria S.A prohibi\u00f3 de manera \u00a0 definitiva el paso por el predio con base en una orden de la Inspecci\u00f3n de \u00a0 Polic\u00eda de La Calera. En efecto, la sociedad propietaria del predio adelant\u00f3 una \u00a0 acci\u00f3n policiva de perturbaci\u00f3n a la posesi\u00f3n en contra de Miguel Rodr\u00edguez, \u00a0 Alberto Tavera, Fabio Rodr\u00edguez, Gloria Pedraza y personas indeterminadas \u00a0 conocida en primera instancia por la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de La Calera quien, \u00a0 previo agotamiento del tr\u00e1mite respectivo[2], \u00a0 profiri\u00f3 la decisi\u00f3n de doce (12) de junio de dos mil quince (2015) en la que \u00a0 ampar\u00f3 la posesi\u00f3n que ejerce la sociedad Acci\u00f3n Fiduciaria S.A. sobre el predio[3]. \u00a0 Inconforme con la decisi\u00f3n, el curador ad litem de algunos querellados present\u00f3 \u00a0 recurso de apelaci\u00f3n resuelto por la Alcald\u00eda de La Calera el diecisiete (17) de \u00a0 septiembre de dos mil quince (2015), confirm\u00e1ndola[4]. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1.4. Sostuvieron que si bien esta v\u00eda no es la \u00fanica manera de acceder a la sede \u00a0 educativa, si es la m\u00e1s r\u00e1pida. Que la otra forma de llegar es por una v\u00eda de \u00a0 tr\u00e1nsito vehicular, trayecto que los menores deben realizar a pie con una \u00a0 duraci\u00f3n entre (1) hora y cuarenta y cinco (45) minutos y dos (2) horas en el \u00a0 trayecto de ida y, en el de vuelta, entre dos (2) horas y dos (2) horas y media. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1.5. Advirtieron que si se permite que el cierre del camino o servidumbre \u00a0 peatonal, los hijos de los accionantes tendr\u00edan que iniciar su caminata para \u00a0 llegar a la sede educativa a las 7:30 a.m. que es la hora de ingreso, desde las \u00a0 4:30 a.m. o antes; \u201c(\u2026) y de regreso la salida es a la 1:30 p.m. y estar\u00edan \u00a0 llegando a la casa a las 4:30 p.m. aproximadamente, exponi\u00e9ndose a las \u00a0 condiciones del clima que sean (\u2026) Adicionalmente (\u2026) se impondr\u00eda a nuestros \u00a0 hijos la obligaci\u00f3n todos los d\u00edas m\u00e1s de tres horas adicionales para poder \u00a0 estudiar, lo que representar\u00eda un perjuicio grosero e irremediable contra sus \u00a0 derechos fundamentales, patrocinando la deserci\u00f3n escolar\u201d[5]. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1.6. Igualmente, expusieron que se desconoci\u00f3 que dicha \u201cservidumbre\u201d \u00a0 existe \u201cdesde hace d\u00e9cadas para uso peatonal\u201d, incluso antes de la compra \u00a0 del inmueble por parte de la sociedad accionada, cuya necesidad es evidente. \u00a0 Adem\u00e1s, que en el proceso policivo se hab\u00eda demostrado que \u201cel cauce del r\u00edo \u00a0 Teusac\u00e1 de 30 metros de ancho constituye un bien de uso p\u00fablico y no privado\u201d[6]. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a01.7. Con fundamento en lo \u00a0 expuesto, los accionantes presentaron acci\u00f3n de tutela para la protecci\u00f3n del \u00a0 derecho fundamental a la educaci\u00f3n contenido en el art\u00edculo 44 de la \u00a0 Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. En consecuencia, solicitaron como objeto material de \u00a0 protecci\u00f3n se ordene a la sociedad accionada, a la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de La \u00a0 Calera y al municipio de La Calera \u201cse abstengan de realizar el \u00a0 sellamiento o cierre material definitivo del camino o servidumbre peatonal que \u00a0 conduce de la vereda El Salitre Sector Camino al Meta hasta la Instituci\u00f3n \u00a0 Educativa Departamental El Salitre, sede el Salitre por la ronda del r\u00edo Teusac\u00e1\u201d[7]. \u00a0 (subrayas en el texto). \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. Respuesta de las entidades \u00a0 demandadas y vinculadas de oficio \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Una vez se avoc\u00f3 el conocimiento de la presente acci\u00f3n de tutela por parte del \u00a0 Juzgado Promiscuo Municipal de La Calera, Cundinamarca, el diecisiete (17) de \u00a0 noviembre de dos mil quince (2015), el Despacho orden\u00f3 notificar a las entidades \u00a0 accionadas para que en el t\u00e9rmino de dos (2) d\u00edas ejercieran el derecho de \u00a0 defensa \u00a0y contradicci\u00f3n. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2.1. Respuesta de la Personer\u00eda Municipal de La Calera \u00a0 \u00a0<\/p>\n
El Personero Municipal de La Calera dio contestaci\u00f3n al requerimiento judicial[8]. \u00a0 En su escrito sostuvo que existe una \u201crealidad social que puede estar \u00a0 perjudicando los derechos de los ni\u00f1os\u201d que estudian en la Instituci\u00f3n \u00a0 Educativa\u00a0 Departamental El Salitre y que deben atravesar el r\u00edo Teusac\u00e1 y \u00a0 el predio de la sociedad accionada. No obstante, manifest\u00f3 que dicho \u00a0 desplazamiento resulta riesgoso para la integridad de los menores como \u00a0 consecuencia del paso por el puente artesanal que atraviesa el r\u00edo Teusac\u00e1 con \u00a0 m\u00ednimas medidas de seguridad. \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Consider\u00f3 que si lo pretendido es la protecci\u00f3n efectiva de los derechos de los \u00a0 menores sin que ello implique riesgos, corresponde al municipio de La Calera y a \u00a0 la Gobernaci\u00f3n de Cundinamarca proporcionar medios de transporte id\u00f3neos y \u00a0 seguros que permitan el acceso al plantel educativo. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2.2. Respuesta de la Alcald\u00eda de La Calera \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que en la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de La Calera tramit\u00f3 un proceso policivo \u00a0 de perturbaci\u00f3n de posesi\u00f3n iniciado por la Sociedad Acci\u00f3n Fiduciaria S.A. \u00a0 contra Miguel Rodr\u00edguez, Alberto Tavera, Fabio Rodr\u00edguez, Gloria Pedraza y \u00a0 otros, en el que se declar\u00f3 tal perturbaci\u00f3n. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Inconforme con la decisi\u00f3n, el curador ad litem present\u00f3 apelaci\u00f3n contra \u00a0 la decisi\u00f3n adoptada por la inspecci\u00f3n, correspondi\u00e9ndole resolver a la alcald\u00eda \u00a0 quien la confirm\u00f3 considerando que el querellante ten\u00eda la calidad de poseedor y \u00a0 al demostrarse la existencia de actos perturbatorios. En consecuencia, se \u00a0 estableci\u00f3 que configurar\u00eda perturbaci\u00f3n a la posesi\u00f3n cualquier intervenci\u00f3n o \u00a0 paso por el inmueble. Advirti\u00f3 que en dicha actuaci\u00f3n los querellados tuvieron \u00a0 la oportunidad de acordar sobre el paso de un sendero peatonal sin que se \u00a0 hubiera llegado a un acuerdo al respecto. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2.3. \u00a0 Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de La Calera \u00a0 \u00a0<\/p>\n
La Inspectora de Polic\u00eda solicit\u00f3 denegar las pretensiones por considerarlas \u00a0 improcedentes y carentes de fundamentos legales[10]. Hizo \u00a0 referencia a las actuaciones adelantadas por su despacho en la querella policiva \u00a0 presentada por la sociedad Acci\u00f3n Fiduciaria S.A., en la que el objeto del \u00a0 debate se centr\u00f3 en el uso por parte de los querellados y otras personas \u00a0 indeterminadas de un sendero peatonal que pasa por los predios en donde se \u00a0 desarrolla el proyecto \u201cGreen Park\u201d. Resalt\u00f3 que en el tr\u00e1mite se ofreci\u00f3 \u00a0 por parte de la sociedad querellante la posibilidad de demarcar el paso peatonal \u00a0 sobre el costado sur del predio requiri\u00e9ndose para tal efecto adelantar obras \u00a0 sobre el r\u00edo Teusac\u00e1 y la afectaci\u00f3n de unos predios antes del paso del r\u00edo. \u00a0 Explic\u00f3 que dicha proposici\u00f3n no se consolid\u00f3 por la oposici\u00f3n de los \u00a0 propietarios de los predios afectados. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Subray\u00f3 que el inmueble \u201cGreen Park\u201d es materia de desarrollo urban\u00edstico \u00a0 y que por mucho tiempo fue paso peatonal de los residentes del costado \u00a0 occidental del r\u00edo Teusac\u00e1 y, especialmente, de menores que cursan estudios en \u00a0 la escuela El Salitre. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Asimismo, evidenci\u00f3 las afectaciones en el costado occidental al parecer por la \u00a0 creciente del cauce y la existencia de obras provisionales para la ubicaci\u00f3n de \u00a0 puentes provisionales que, seg\u00fan lo dicho por la comunidad, han sido arrastrados \u00a0 con el aumento del caudal del r\u00edo. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Se refiri\u00f3 al dictamen pericial practicado dentro del proceso policivo, en el \u00a0 que se estableci\u00f3 que los predios ubicados en el costado occidental del r\u00edo \u00a0 Teusac\u00e1 cuentan con una v\u00eda carreteable que es de mayor longitud pero es m\u00e1s \u00a0 seguro y no se afecta ning\u00fan bien. Que aunque el paso por el predio \u201cGreen \u00a0 Park\u201d \u00a0es m\u00e1s corto, es peligroso el paso por el r\u00edo\u00a0 por cuanto \u201cla vara \u00a0 dispuesta para acceder al otro lado del r\u00edo no genera ninguna seguridad, m\u00e1xime \u00a0 que entre quienes utilizan el sendero, est\u00e1n menores que estudian en la escuela \u00a0 de la vereda\u201d. Que tambi\u00e9n desde el punto de vista ambiental, se \u00a0 requerir\u00eda un permiso para la intervenci\u00f3n del r\u00edo Teusac\u00e1 en caso de efectuarse \u00a0 obras de infraestructura. (Subrayas en el texto). \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Advirti\u00f3 que el fallo de la inspecci\u00f3n se profiri\u00f3 con base en las pruebas \u00a0 obrantes en el proceso, particularmente, el dictamen pericial en el que se \u00a0 determin\u00f3 que no exist\u00eda servidumbre de tr\u00e1nsito, ni v\u00edas de uso p\u00fablico o \u00a0 privado de uso com\u00fan, por lo que accedi\u00f3 a las pretensiones de la sociedad \u00a0 querellante. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, indic\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela era improcedente debido a que el \u00a0 proceso policivo tiene car\u00e1cter provisional, no hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada y \u00a0 se mantiene mientras la justicia ordinaria decide en forma definitiva, conforme \u00a0 lo previsto en el art\u00edculo 115 de la Ordenanza 14 de 2005 – Reglamento de \u00a0 Polic\u00eda y Convivencia Ciudadana del Departamento de Cundinamarca. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2.4. Sociedad Acci\u00f3n Fiduciaria S.A. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
El apoderado de la sociedad demandada solicit\u00f3 en la contestaci\u00f3n a la acci\u00f3n de \u00a0 tutela negar el amparo constitucional[11]. \u00a0 Para ello, sostuvo que no existe una servidumbre de paso tal como se demostr\u00f3 \u00a0 con la inspecci\u00f3n judicial practicada dentro del proceso policivo que inici\u00f3 \u00a0 sino, en cambio, se prob\u00f3 la invasi\u00f3n de los predios por parte de personas \u00a0 mayores, menores e incluso personas que no pertenecen a la vereda El Salitre, \u00a0 sector Camino al Meta, quienes transitan por todo el predio y afectan la ronda \u00a0 del r\u00edo sin tener en cuenta las normas que lo protegen. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
A la vez que mostr\u00f3 su malestar con la perturbaci\u00f3n que generaba el paso de los \u00a0 menores y sus acudientes por el predio, manifest\u00f3 su preocupaci\u00f3n por el cruce \u00a0 que desde el bien deb\u00edan realizar los ni\u00f1os y ni\u00f1as por el r\u00edo Teusac\u00e1, ya que \u00a0 el tronco utilizado no cumpl\u00eda con las medidas de seguridad, que deb\u00eda ser \u00a0 puesto cada vez que aumentaba el caudal del r\u00edo. Finalmente, indic\u00f3 que existe \u00a0 una v\u00eda de tr\u00e1nsito vehicular que ofrece todas las garant\u00edas de acceso sin que \u00a0 ello represente un riesgo contra la integridad de los hijos de los accionantes. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3. Decisiones que se revisan \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3.1. Decisi\u00f3n de primera instancia \u00a0 \u00a0<\/p>\n
El Juzgado Promiscuo Municipal de La Calera, Cundinamarca, mediante fallo de \u00a0 veinticuatro (24) de noviembre de dos mil quince (2015) declar\u00f3 improcedente el \u00a0 amparo invocado[12]. \u00a0 Para ello consider\u00f3 que lo pretendido por los presuntos padres de los menores, \u00a0 quienes no hab\u00edan acreditado su parentesco, \u201ces que crucen los ni\u00f1os el r\u00edo \u00a0 por un palo, poniendo en riesgo la vida y la salud de los que dicen ser menores \u00a0 de edad y que debe utilizar la intersecci\u00f3n para llegar m\u00e1s r\u00e1pido a su \u00a0 establecimiento educativo\u201d[13]. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Igualmente, consider\u00f3 que existe otro mecanismo de orden judicial para debatir \u00a0 el problema planteado por v\u00eda de tutela, sin mencionarlo. Estim\u00f3 que, en todo \u00a0 caso, como se hab\u00eda presentado como mecanismo transitorio para evitar un \u00a0 perjuicio irremediable, no se hab\u00edan probado los requisitos de inminencia del \u00a0 da\u00f1o, gravedad, urgencia as\u00ed como la impostergabilidad de la tutela. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Los accionantes inconformes con la decisi\u00f3n adoptada en primera instancia, \u00a0 presentaron impugnaci\u00f3n[14]. \u00a0 Frente a la afirmaci\u00f3n de que los menores deb\u00edan atravesar el r\u00edo \u201cpor un \u00a0 palo en mal estado\u201d[15], \u00a0 advirtieron que el juez se bas\u00f3 en la contestaci\u00f3n presentada por el sociedad \u00a0 accionada, la cual no debi\u00f3 tenerse en cuenta al haberse presentado de manera \u00a0 extempor\u00e1nea. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que debi\u00f3 haberse practicado la inspecci\u00f3n judicial solicitada en la \u00a0 demanda de tutela para corroborar lo dicho por ellos respecto de la distancia de \u00a0 las dos opciones de recorridos y tomar una decisi\u00f3n diferente a la adoptada en \u00a0 el fallo impugnado. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3.3. Decisi\u00f3n de segunda instancia \u00a0 \u00a0<\/p>\n
En sentencia de veintiocho (28) de enero de dos mil diecis\u00e9is (2016)[16], \u00a0 el Juzgado Treinta (30) Civil del Circuito de Bogot\u00e1 confirm\u00f3 el fallo \u00a0 impugnado, al considerar que no se hab\u00eda cumplido con el requisito de \u00a0 subsidiariedad, al no adelantarse proceso ordinario de servidumbre de tr\u00e1nsito. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s, respecto de la legitimidad por activa, precis\u00f3 que la se\u00f1ora Ana Marcela \u00a0 Pedraza y los dem\u00e1s accionantes actuaron en nombre propio y en representaci\u00f3n de \u00a0 sus hijos menores, hecho que manifestaron bajo la gravedad de juramento. Que \u00a0 teniendo en cuenta la informalidad de la acci\u00f3n de tutela, no se requer\u00eda que \u00a0 aportaran los registros civiles de nacimiento de los menores. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Sostuvo, igualmente, que no se hab\u00eda demostrado en la tutela de manera sumaria \u00a0 que el cerramiento del \u201cpredio de propiedad de la empresa accionada en donde \u00a0 se encuentra el trayecto por el que transitan los menores de edad para llegar a \u00a0 su colegio, configurara un perjuicio irremediable frente al derecho a la \u00a0 igualdad en tanto no se demostr\u00f3 que hubiese otras personas en sus mismas \u00a0 condiciones que se les permitiera el paso que ellos alegan, ni menos el de \u00a0 educaci\u00f3n por cuanto no se demostr\u00f3 que a ninguno de los menores se le niega el \u00a0 acceso a dicho servicio p\u00fablico\u201d[17]. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Asimismo, estim\u00f3 que la sociedad accionada hab\u00eda demostrado que el camino hace \u00a0 parte de un predio de propiedad privada, amparado por una acci\u00f3n policiva de \u00a0 perturbaci\u00f3n a la posesi\u00f3n que fue fallada tanto por la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda \u00a0 como por la Alcald\u00eda del municipio de La Calera a favor de los intereses de la \u00a0 sociedad. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
4. Actuaciones surtidas en sede de revisi\u00f3n \u00a0 \u00a0<\/p>\n
En escrito allegado al expediente por parte de los padres de los menores se \u00a0 describi\u00f3 de manera detallada las dos v\u00edas de acceso con las que cuentan para \u00a0 llegar al plantel educativo[18]. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
En cuanto a la v\u00eda de tr\u00e1nsito vehicular dijeron lo siguiente: \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u201cLa primera es una carretera por la cual \u00a0 transita uno que otro carro de los propietarios de las fincas vecinas, es una \u00a0 carretera destapada es decir en recebo y la gran mayor\u00eda en barro, greda y \u00a0 charcos. Esta carretera en invierno es intransitable ya que los carros quedan \u00a0 atascados en ella por su estado. Esta carretera mide aproximadamente 3 \u00a0 kil\u00f3metros y medio de la vereda a la v\u00eda principal esta carretera es solitaria, \u00a0 no es muy transitada por personas, no es muy confiable para la seguridad de los \u00a0 14[19] \u00a0menores que van al colegio I.R.D. El Salitre, sin contar con los dem\u00e1s menores \u00a0 que se dirigen a dem\u00e1s instituciones del municipio; hay peligro con los perros, \u00a0 corren riesgo por personas desconocidas. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
La llegada y salida de estos menores por \u00a0 esta v\u00eda ser\u00eda as\u00ed: los menores tendr\u00edan que salir a las 5 de la ma\u00f1ana \u00a0 caminando r\u00e1pido ya que la entrada al colegio es entre 6:45 y 7:00 de la ma\u00f1ana \u00a0 y eso porque ellos solamente transitan esta carretera hasta encontrar la v\u00eda \u00a0 principal y all\u00ed toman el transporte. Los que estudian en colegios del centro de \u00a0 La Calera y los de la instituci\u00f3n del salitre no toman trasporte sino seguir \u00a0 caminando por la v\u00eda principal kil\u00f3metro y medio m\u00e1s con el riesgo de que son 14 \u00a0 ni\u00f1os transitando por esta v\u00eda que no cuenta con andenes para los peatones. En \u00a0 la tarde, los menores salen a la 1:30 hacen el mismo recorrido que hacen en la \u00a0 ma\u00f1ana. Llegando a sus casas entre las 3:30 y 4:00 de la tarde. Los menores \u00a0 llegan cansados de su jornada escolar m\u00e1s la caminada de casi dos horas y media \u00a0 a cumplir con sus tareas.\u201d \u00a0 \u00a0<\/p>\n
En cuanto al sendero por el que el predio de la sociedad accionante es paso \u00a0 obligatorio, indicaron que: \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u201cLa segunda v\u00eda de es un sendero, camino \u00a0 o atajo por la cual la comunidad lleva pasando por m\u00e1s de 25 a\u00f1os. Es mucho m\u00e1s \u00a0 corto, seguro y f\u00e1cil la salida y la llegada a nuestra vereda ya que el \u00a0 recorrido que se hace no lleva m\u00e1s de 20 minutos bajando y entre 30 a 40 minutos \u00a0 subiendo. El recorrido es saliendo de casa, bajamos caminando un trayecto de la \u00a0 carretera entre 600 y 700 metros hasta encontrarnos con el sendero atravesando \u00a0 por el predio del se\u00f1or Jos\u00e9 Garc\u00eda, quien no se ha opuesto al paso ya que este \u00a0 sendero no ocasiona ning\u00fan perjuicio siendo m\u00ednimo el metraje ocupado por el \u00a0 sendero. Pasando este llegamos al rio Teusac\u00e1, el cual pasamos por un puente \u00a0 creado por la misma comunidad el cual consiste en un vara de eucalipto \u00a0 atravesado sobre el rio con di\u00e1metro de 20 a 25 cm de ancho sobre esta se \u00a0 apuntillan tablas y dos guayas una por cada lado para sostenernos a una altura \u00a0 de 1 mt aproximadamente siendo seguro ya que se pasa apoyados de la dos guayas. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Antes de que construyeran las dos torres \u00a0 de Green Park, pas\u00e1bamos por el puente y sub\u00edamos derecho unos 80 mt \u00a0 aproximadamente hasta la v\u00eda principal pasando esta y entrando al colegio, esto \u00a0 hace ya tres a\u00f1os. Pero con la construcci\u00f3n de las torres nos prohibieron el \u00a0 paso ya que el camino en medio de las dos torres viendo que ya no pod\u00edamos pasar \u00a0 por ah\u00ed nos toc\u00f3 cambiar el sendero; ahora pasamos el puente caminamos hacia el \u00a0 sur por la ronda del rio unos 150 mt hasta llegar a la cerca que lindera con \u00a0 predios del parque recreacional Colombia extrema llegando a este sitio subimos \u00a0 60 metros hacia el oriente encontrando la v\u00eda principal por este camino se nos \u00a0 facilita m\u00e1s la llegada de los ni\u00f1os al colegio de la vereda y para nuestros \u00a0 trabajos.\u201d \u00a0 \u00a0<\/p>\n
En cuanto a los riesgos a los que est\u00e1n expuestos los menores al cruzar el r\u00edo \u00a0 Teusac\u00e1 por el puente elaborado por los habitantes de sector, se\u00f1alaron:\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u201cSeg\u00fan el propietario del predio Green \u00a0 Park el paso es un riesgo para la seguridad de los ni\u00f1os asegurando que alguien \u00a0 podr\u00eda caerse sufriendo da\u00f1os irreparables sin tomar en cuenta que el puente no \u00a0 est\u00e1 a m\u00e1s de 1.50 mt sobre el rio (en altura). Tambi\u00e9n dice que el rio sufre de \u00a0 avalanchas de crecientes seguidas y que es muy peligroso pero este rio sufre de \u00a0 crecientes, por mucho, 2 veces al a\u00f1o cuando llueve muy duro. De lo contrario, \u00a0 el rio no tiene cambios perjudiciales hacia nosotros. Como comunidad podemos \u00a0 asegurar que en 25 a\u00f1os que hemos pasado por este puente no ha habido ning\u00fan \u00a0 accidente, nadie se ha ca\u00eddo de este puente, adem\u00e1s de que los ni\u00f1os nunca van \u00a0 solos siempre los acompa\u00f1a adulto (pap\u00e1s). Claro que la comunidad ha reemplazado \u00a0 este puente varias veces por seguridad (\u2026)\u201d. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Manifestaron que el paso de los menores por el predio no genera ning\u00fan obst\u00e1culo \u00a0 en la construcci\u00f3n de las torres pues ellos solo ocupan \u201cunos metros de ronda \u00a0 del rio y metro y medio de ancho por el costado sur del predio\u201d. Refirieron \u00a0 que con anterioridad se hab\u00eda presentado una querella relacionada con el cruce \u00a0 por dicha propiedad, la cual result\u00f3 favorable a los intereses de la comunidad. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
En cuanto a la situaci\u00f3n actual, comentaron que: \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u201c[e]n este momento si estamos \u00a0 arriesg\u00e1ndonos pasando el r\u00edo saltando de piedra en piedra porque por parte de \u00a0 la inspecci\u00f3n nos tumbaron el puente. Hemos estado buscando soluci\u00f3n con ayuda \u00a0 de las diferentes autoridades del municipio pero nos ha sido imposible. Buscando \u00a0 ruta escolar para los ni\u00f1os pero ning\u00fan carro quiere transitar esa carretera por \u00a0 su mal estado. Adem\u00e1s de eso, los que se han propuesto a hacer la ruta cobran \u00a0 entre 100 y 120 mensuales por cada ni\u00f1o, siendo imposible pagar ya que en la \u00a0 vereda hay madres cabeza de familia con 2 y 3 hijos. Esta ruta ser\u00eda \u00fanicamente \u00a0 para los ni\u00f1os escolarizados y los dem\u00e1s ni\u00f1os de jardines, adultos y adultos \u00a0 mayores tendr\u00edan que hacer el primer recorrido mencionado por esta raz\u00f3n el paso \u00a0 del r\u00edo, el sendero ser\u00eda indispensable para la comunidad. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
A pesar de que nos quitaron el puente \u00a0 nosotros como comunidad no hemos dejado de pasar por el sendero arriesg\u00e1ndonos a \u00a0 cualquier decisi\u00f3n dr\u00e1stica que el propietario tome en contra de la comunidad ya \u00a0 que hemos tenido varios encuentros desagradables ya que ha habido maltrato \u00a0 verbal de parte del propietario del predio sin importar si son adultos o ni\u00f1os. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
La comunidad camino al meta est\u00e1 \u00a0 preocupada porque desafortunadamente el tiempo pasa y no hemos podido solucionar \u00a0 este caso aunque para el due\u00f1o del predio se sostiene en la decisi\u00f3n y al fallo \u00a0 emitido por la inspecci\u00f3n de polic\u00eda y el juzgado a favor de Green Park, nos \u00a0 sentimos atados ya que no contamos con la ayuda de nadie, la comunidad le \u00a0 agradece su colaboraci\u00f3n para dar soluci\u00f3n al caso lo m\u00e1s pronto posible.\u201d \u00a0 \u00a0<\/p>\n
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. Competencia\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Esta Sala de Revisi\u00f3n de la Corte Constitucional es competente para revisar el \u00a0 fallo de tutela proferido dentro del tr\u00e1mite de la referencia, con fundamento en \u00a0 lo dispuesto por los art\u00edculos 86, inciso 3\u00b0, y 241, numeral 9\u00b0, de la \u00a0 Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con los art\u00edculos 33, 34, 35 y 36 del \u00a0 Decreto 2591 de 1991. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. Presentaci\u00f3n del caso y problema jur\u00eddico \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2.1. Los padres de 13 \u00a0 ni\u00f1os y ni\u00f1as que viven en la vereda El Salitre, sector Camino al Meta y que \u00a0 estudian en el Instituto Educativo Departamental El Salitre \u2013 sede El Salitre \u00a0 presentaron acci\u00f3n de tutela, porque consideran que la prohibici\u00f3n para que los \u00a0 menores transiten junto con sus padres por el predio de la sociedad accionada, \u00a0 vulnera el derecho fundamental a la educaci\u00f3n de los menores. La administraci\u00f3n \u00a0 municipal y la empresa accionada contestaron a la tutela se\u00f1alando que la acci\u00f3n \u00a0 era improcedente toda vez que los accionantes contaban con otros mecanismos \u00a0 ordinarios para debatir esta situaci\u00f3n -no precisaron cu\u00e1les-. Igualmente, \u00a0 se\u00f1alaron que se hab\u00eda adelantado proceso policivo de perturbaci\u00f3n de la \u00a0 posesi\u00f3n por parte de la sociedad, favorable a los intereses de la propietaria \u00a0 del inmueble. Adem\u00e1s, advirtieron de los presuntos riesgos eventuales que \u00a0 podr\u00edan correr los menores al cruzar el r\u00edo Teusac\u00e1. El juez de primera \u00a0 instancia declar\u00f3 la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela, decisi\u00f3n confirmada \u00a0 por quien conoci\u00f3 la impugnaci\u00f3n, dado que la v\u00eda judicial id\u00f3nea para \u00a0 solucionar el conflicto planteado es la ordinaria a trav\u00e9s del proceso civil de \u00a0 servidumbre de tr\u00e1nsito[20] \u00a0y que, en todo caso, no se comprob\u00f3 que los padres de los menores acud\u00edan a la \u00a0 acci\u00f3n de tutela para evitar la existencia de un perjuicio irremediable.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 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\u00a0 \u00a0<\/p>\n
2.2. De \u00a0 conformidad con los hechos expuestos, la Sala pasar\u00e1 a resolver los \u00a0siguientes \u00a0 problemas jur\u00eddicos: (i) \u00a0\u00bfdesconoce la administraci\u00f3n municipal el derecho fundamental a la \u00a0 educaci\u00f3n de los menores y su integridad f\u00edsica, al no adoptar medidas efectivas \u00a0 que garanticen el acceso material al plantel educativo? y; (ii) \u00bfla \u00a0 sociedad demandada vulnera el derecho fundamental de los menores a la educaci\u00f3n \u00a0 previsto en el art\u00edculo 44 Superior, al no permitirles el paso por el sendero \u00a0 peatonal que atraviesa la propiedad de la sociedad accionada por el que \u00a0 transitaban usualmente para dirigirse al plantel educativo, actuando conforme \u00a0 con una decisi\u00f3n de car\u00e1cter policivo en la que se declar\u00f3 de manera general que \u00a0 hab\u00eda una perturbaci\u00f3n de la posesi\u00f3n sin tener en cuenta que este derecho tiene \u00a0 car\u00e1cter prevalente? \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2.3. A efectos de \u00a0 resolverlos, la Sala de Revisi\u00f3n estudiar\u00e1 si la acci\u00f3n de tutela es procedente \u00a0 en el caso concreto para proteger el derecho fundamental a la educaci\u00f3n de los \u00a0 menores que viven en la vereda El Salitre, sector Camino al Meta. Luego, si el \u00a0 examen anterior es afirmativo, reiterar\u00e1 brevemente la jurisprudencia \u00a0 constitucional respecto de (i) los menores como sujetos de especial protecci\u00f3n, \u00a0 la prevalencia de sus derechos y las implicaciones de ello en relaci\u00f3n con el \u00a0 derecho a la educaci\u00f3n; (ii) acceso material al derecho a la educaci\u00f3n (largos \u00a0 trayectos y deserci\u00f3n escolar) y; (iii) el derecho a la propiedad (funci\u00f3n \u00a0 social y l\u00edmites). Finalmente, (iv) se plantear\u00e1 la \u00a0 soluci\u00f3n al asunto objeto de revisi\u00f3n. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 Procedencia de la acci\u00f3n de tutela que se revisa \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3.1. Al examinar la procedencia de esta acci\u00f3n, de acuerdo con lo previsto en el \u00a0 art\u00edculo 86 Superior y por el Decreto 2591 de 1991, debe verificarse los \u00a0 siguientes criterios: (i) inmediatez, (ii) subsidiariedad, (iii) legitimaci\u00f3n \u00a0 por activa y (iv) legitimaci\u00f3n por pasiva.\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
A continuaci\u00f3n se har\u00e1 referencia brevemente a los criterios de inmediatez y \u00a0 legitimaci\u00f3n por pasiva y se har\u00e1n unas apreciaciones m\u00e1s detalladas en cuanto a \u00a0 la subsidiariedad y legitimaci\u00f3n por activa, toda vez que respecto del primero \u00a0 fue el criterio que dio lugar a que se declarara la improcedencia de la acci\u00f3n \u00a0 y, respecto del segundo, fue objeto de discusi\u00f3n en las instancias de tutela. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3.2. Respecto del criterio de inmediatez[21], \u00a0los \u00a0 padres de los menores radicaron la acci\u00f3n de tutela que se revisa el diecisiete \u00a0 (17) de noviembre de dos mil quince (2015)[22]. \u00a0 La demanda fue admitida el mismo d\u00eda[23] \u00a0por el Juzgado Promiscuo Municipal de La Calera. Dicha actuaci\u00f3n de las \u00a0 decisiones proferidas por la inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de doce (12) de junio \u00a0 confirmada por la alcald\u00eda de La Calera el diecisiete (17) de septiembre de dos \u00a0 mil quince (2015), en las cuales se orden\u00f3 a los querellados abstenerse de \u00a0 transitar por el predio y la cual se materializ\u00f3 en el cierre de predio el \u00a0 catorce (14) de noviembre de dos mil quince (2015). Es decir, trascurrieron dos \u00a0 (2) meses entre la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela y el acto que los \u00a0 peticionarios consideran que compone el hecho que amenaza las garant\u00edas \u00a0 constitucionales y prevalentes de los menores que representan; t\u00e9rmino razonable \u00a0 para declarar la inmediatez de la acci\u00f3n de tutela.\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
En cuanto a la \u00a0 legitimaci\u00f3n por pasiva[24], \u00a0 la acci\u00f3n fue interpuesta en contra de\u00a0 (1) Acci\u00f3n Fiduciaria S.A., \u00a0 sociedad frente a la cual los menores se encuentran en estado de indefensi\u00f3n \u00a0 como consecuencia del cierre del paso por el predio de su propiedad por donde \u00a0 transitaban para asistir al Instituto Educativo Departamental El Salitre. (2) \u00a0 Igualmente, fueron dentro de las accionadas est\u00e1n la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda y la \u00a0 Alcald\u00eda municipal de La Calera al haber adoptado las decisiones dentro de la \u00a0 acci\u00f3n policiva de perturbaci\u00f3n de la posesi\u00f3n, en las cuales se dispuso que \u00a0 quienes atravesaban el bien de Acci\u00f3n Fiduciaria se abstuvieran de hacerlo al \u00a0 determinar que hab\u00eda perturbaci\u00f3n de la posesi\u00f3n. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3.3. \u00a0En \u00a0 relaci\u00f3n al car\u00e1cter subsidiario de la tutela, el art\u00edculo 86 de la \u00a0 Constituci\u00f3n, desarrollado por el art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991 establece \u00a0 que esta acci\u00f3n procede cuando: (i) la parte interesada no disponga de otro \u00a0 medio de defensa judicial, o (ii) existiendo otro medio de defensa judicial, \u00a0 aqu\u00e9l es ineficaz para proteger derechos fundamentales y se requiere evitar la \u00a0 ocurrencia de un perjuicio irremediable. El an\u00e1lisis de si existe un perjuicio \u00a0 irremediable, por un lado, y la evaluaci\u00f3n de la eficacia de los otros medios \u00a0 judiciales disponibles, por el otro, son dos elementos constitutivos del \u00a0 principio de subsidiariedad que permiten preservar la naturaleza de la acci\u00f3n de \u00a0 tutela porque: (1) evitan el desplazamiento de los mecanismos ordinarios, al ser \u00a0 estos los espacios naturales para invocar la protecci\u00f3n de diversos derechos; y \u00a0 (2) garantizan que la tutela opere cuando se requiere suplir las deficiencias \u00a0 que presenta el orden jur\u00eddico para la protecci\u00f3n efectiva de tales derechos a \u00a0 la luz de un caso concreto. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3.3.1. La \u00a0 jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n al estudiar asuntos en los que se ven \u00a0 involucrados derechos de los ni\u00f1os y las ni\u00f1as ha sido pac\u00edfica respecto de que \u00a0 \u00a0la acci\u00f3n de tutela es el medio id\u00f3neo para debatir esta clase de asuntos. As\u00ed, \u00a0 en sentencia SU-225 de 1998 en la que se estudi\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos \u00a0 de los ni\u00f1os y las ni\u00f1as, concluy\u00f3 que la tutela era el mecanismo id\u00f3neo para su \u00a0 garant\u00eda. En esta decisi\u00f3n, la Corte estableci\u00f3 que los derechos de los menores \u00a0 \u201ctienen un contenido esencial de aplicaci\u00f3n inmediata que limita la \u00a0 discrecionalidad de los \u00f3rganos pol\u00edticos y que cuenta con un mecanismo judicial \u00a0 reforzado para su protecci\u00f3n: la acci\u00f3n de tutela\u201d[25] \u00a0 (Negrillas en el texto original). \u00a0 \u00a0<\/p>\n
En jurisprudencia \u00a0 m\u00e1s reciente como en la sentencia T-008 de 2016[26] el asunto debatido estaba \u00a0 relacionado con el reclamo por parte de las madres de unos menores de servicio \u00a0 de transporte escolar a la administraci\u00f3n municipal. La Corte indic\u00f3 que aunque \u00a0 no era claro que existiera otro mecanismo de defensa judicial para reclamar el \u00a0 servicio de transporte escolar a la administraci\u00f3n municipal, cabr\u00eda la \u00a0 posibilidad de que las madres de los menores lo solicitaran directamente y que \u00a0 al recibir respuesta negativa de su requerimiento, interpusieran acci\u00f3n \u00a0 contenciosa en contra de ese acto administrativo. No obstante, afirm\u00f3 que \u201ctal \u00a0 argumento no puede ser admitido, pues deja de lado la realidad f\u00e1ctica del caso \u00a0 e ignora que, se trata de familias campesinas, de escasos recursos, que no \u00a0 tienen facilidades de transporte ni educaci\u00f3n. En consecuencia, dadas las \u00a0 precarias circunstancias de las familias de los ni\u00f1os, esa exigencia resultar\u00eda \u00a0 desproporcionada y por tanto, aqu\u00e9l no ser\u00eda un mecanismo apto para obtener el \u00a0 amparo de los derechos de los ni\u00f1os, quienes, por su especial situaci\u00f3n, \u00a0 requieren la adopci\u00f3n de medidas de car\u00e1cter urgente.\u201d Luego de referirse a \u00a0 la jurisprudencia que establec\u00eda la idoneidad del mecanismo constitucional para \u00a0 debatir asuntos en los que se involucraban derechos de los menores, hizo \u00a0 referencia al art\u00edculo 41 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia[27] \u00a0para concluir que \u201ccuando est\u00e1 de por medio la protecci\u00f3n de los derechos \u00a0 fundamentales de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, no se puede afirmar que la \u00a0 tutela no es el mecanismo id\u00f3neo para su protecci\u00f3n.\u201d[28] \u00a0 \u00a0<\/p>\n
En este asunto, \u00a0 el Juzgado Promiscuo Municipal de La Calera resolvi\u00f3 declarar la improcedencia \u00a0 de la acci\u00f3n de tutela porque consider\u00f3 que la misma no cumpl\u00eda el requisito de \u00a0 subsidiariedad. Afirm\u00f3 que los interesados contaban con otro medio de defensa \u00a0 judicial, sin especificarlo, y que en todo caso, no demostraron la existencia de \u00a0 un\u00a0 perjuicio irremediable que desplazara la v\u00eda ordinaria por la \u00a0 constitucional. Por su parte, el Juzgado Treinta (30) Civil del Circuito de \u00a0 Bogot\u00e1 al confirmar la decisi\u00f3n impugnada, advirti\u00f3 que no hab\u00eda agotado el \u00a0 proceso de servidumbre. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
En efecto, el \u00a0 caso se refiere al cierre del paso por la propiedad de la sociedad Acci\u00f3n \u00a0 Fiduciaria a los menores que transitaban por all\u00ed para dirigirse a la sede \u00a0 educativa El Salitre. Sobre dicha situaci\u00f3n, se han adelant\u00f3 por parte de la \u00a0 sociedad Acci\u00f3n Fiduciaria una acci\u00f3n policiva de perturbaci\u00f3n de la propiedad, \u00a0 la cual fue resuelta a favor de los intereses de la propietaria del bien. Dentro \u00a0 de las consideraciones de las decisiones proferidas tanto por la Inspecci\u00f3n de \u00a0 Polic\u00eda como por la alcald\u00eda municipal, se se\u00f1al\u00f3 que sobre el predio no se \u00a0 hab\u00eda constituido servidumbre de tr\u00e1nsito. Por lo tanto, se ampar\u00f3 la posesi\u00f3n \u00a0 ejercida por la sociedad y, en consecuencia, se orden\u00f3 \u201ca los querellados \u00a0 identificados e indeterminados abstenerse de ingresar y usar como paso peatonal, \u00a0 el predio FIDEICOMISO PARQUEO TERMINALES o CENTRO VACACIONAL LA CALERA GREEN \u00a0 PARK\u201d. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Se advierte de lo \u00a0 anterior que el camino judicial ordinario que corresponder\u00eda adelantar es un \u00a0 proceso declarativo verbal de servidumbre previsto en el art\u00edculo 376 del C\u00f3digo \u00a0 General del Proceso. No obstante, este procedimiento fue previsto para estudiar \u00a0 derechos reales y no derechos fundamentales y prevalentes, como el derecho a la \u00a0 educaci\u00f3n de los menores que requiere de la adopci\u00f3n de medidas con miras a su \u00a0 protecci\u00f3n y que, tal como se explic\u00f3 en l\u00edneas precedentes, la tutela es el \u00a0 mecanismo judicial id\u00f3neo para decidir estas controversias. Adem\u00e1s, se est\u00e1 \u00a0 protegiendo igualmente el derecho de los menores al desarrollo arm\u00f3nico e \u00a0 integral, que implica soluciones por parte de la justicia de manera expedita, lo \u00a0 cual no es garantizado si se hace uso de los mecanismos ordinarios -proceso de \u00a0 servidumbre- para dirimir este tipo de situaciones.\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s, tal \u00a0 argumento se ve reforzado al observar las condiciones de los menores: pertenecen \u00a0 a familias campesinas de escasos recursos econ\u00f3micos, que no pueden proveerles \u00a0 con sus ingresos transporte, vi\u00e9ndose obligados a desplazarse caminando a diario \u00a0 para llegar hacia su lugar de estudios. Dicha situaci\u00f3n amerita la adopci\u00f3n de \u00a0 medidas urgentes para que no existan problemas de deserci\u00f3n escolar al tener que \u00a0 efectuar desplazamientos muy largos (m\u00e1s de tres horas de recorrido de ida y \u00a0 vuelta) o incluso riesgos para su integridad f\u00edsica al hacer uso de la v\u00eda de \u00a0 tr\u00e1nsito vehicular (paso por el camino veredal en malas condiciones y el camino \u00a0 principal desprovisto de andenes). \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3.3.2. Ahora bien, \u00a0 de acuerdo con la reiterada jurisprudencia constitucional[29], en caso de que se adelanten acciones \u00a0 policivas para amparar la posesi\u00f3n, la tenencia, o una servidumbre, las \u00a0 autoridades de polic\u00eda ejercen funciones jurisdiccionales, en consecuencia las \u00a0 providencias que dictan son actos de esta naturaleza. Incluso, estos no son \u00a0 susceptibles de impugnaci\u00f3n ante la jurisdicci\u00f3n contenciosa, conforme lo \u00a0 dispone el\u00a0art\u00edculo 105 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y Contencioso \u00a0 Administrativo que los excluye de su competencia[30]. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Por consiguiente, ha dicho la Corporaci\u00f3n, en relaci\u00f3n con \u00a0 tales\u00a0procesos policivos derivado de su naturaleza jurisdiccional que les otorga \u00a0 el car\u00e1cter de cosa juzgada a sus decisiones, que otro juez en funciones \u00a0 ordinarias no puede modificarlas. Por eso, la acci\u00f3n de tutela es el \u00fanico medio \u00a0 de defensa judicial id\u00f3neo para lograr la efectiva e inmediata protecci\u00f3n de los \u00a0 derechos fundamentales en la eventualidad de que \u00e9stos sean amenazados o \u00a0 vulnerados en el curso de un proceso policivo civil[31]. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
En el presente \u00a0 asunto, la inspecci\u00f3n de polic\u00eda indic\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela era improcedente \u00a0 debido a que el proceso policivo tiene car\u00e1cter provisional, no hace tr\u00e1nsito a \u00a0 cosa juzgada y se mantiene mientras la justicia ordinaria decide en forma \u00a0 definitiva, conforme lo previsto en el art\u00edculo 115 de la Ordenanza 14 de 2005 \u2013 \u00a0 Reglamento de Polic\u00eda y Convivencia Ciudadana del Departamento de\u00a0 \u00a0 Cundinamarca. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
A diferencia de \u00a0 lo indicado por la accionada, las decisiones proferidas por la inspecci\u00f3n de \u00a0 polic\u00eda el doce (12) de junio de dos mil quince (2015) y luego confirmada por la \u00a0 alcald\u00eda del municipio de La Calera el diecisiete (17) de septiembre de dos mil \u00a0 quince (2015), no son susceptibles de ser examinadas por la jurisdicci\u00f3n de lo \u00a0 contencioso administrativos al revestir el car\u00e1cter de jurisdiccional. Ello, con \u00a0 fundamento no solo en la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n sino tambi\u00e9n en el \u00a0 C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, \u00a0 jer\u00e1rquicamente superior a las normas expedidas por la Asamblea del Departamento \u00a0 de Cundinamarca. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
En ese sentido, \u00a0 al no existir otros medios judiciales que deban ser agotados, la acci\u00f3n de \u00a0 tutela es procedente para controvertir este tipo de actuaciones. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3.4. Ahora, en \u00a0 cuanto a qui\u00e9nes pueden interponer la acci\u00f3n de tutela cuando se trata de casos \u00a0 que involucran la satisfacci\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales de los ni\u00f1os y \u00a0 de las ni\u00f1as, el art\u00edculo 44 de la Constituci\u00f3n se\u00f1ala que la protecci\u00f3n de los \u00a0 derechos fundamentales y prevalentes de los ni\u00f1os y de las ni\u00f1as vincula a la \u00a0 familia, a la sociedad y al Estado. As\u00ed, todos los particulares y las \u00a0 autoridades p\u00fablicas tienen la obligaci\u00f3n de \u201casistir y proteger\u201d a los \u00a0 menores \u201cpara garantizar su desarrollo arm\u00f3nico e integral y el ejercicio \u00a0 pleno de sus derechos\u201d. Esa misma norma contempla la posibilidad de que \u00a0 cualquier ciudadano exija a la autoridad competente satisfacer los derechos \u00a0 constitucionales amenazados o vulnerados, y solicitar sanci\u00f3n para los \u00a0 infractores. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
El contenido de \u00a0 la norma se\u00f1alada es \u00a0 preciso: todas las personas deben concurrir en la protecci\u00f3n de los ni\u00f1os y de \u00a0 las ni\u00f1as, y est\u00e1n llamadas a ejercer acciones para que cesen las situaciones de \u00a0 vulneraci\u00f3n o amenaza que afectan el desarrollo arm\u00f3nico e integral de los \u00a0 menores o el pleno ejercicio de sus derechos. La Sala de Revisi\u00f3n considera que \u00a0 este deber se puede concretar mediante tres tipos de actos: ejerciendo \u00a0 directamente las acciones para eliminar la afectaci\u00f3n o amenaza de un derecho; \u00a0 colaborar con las autoridades competentes en la b\u00fasqueda de acciones prontas \u00a0 para que no se perpet\u00fae la violaci\u00f3n o se elimine la amenaza; o simplemente, \u00a0 poniendo en conocimiento de las autoridades la situaci\u00f3n, para que \u00e9stas tomen \u00a0 las medidas adecuadas en el marco de sus competencias. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ahora bien, como \u00a0 parte de los actos de protecci\u00f3n de los particulares est\u00e1 el de acudir a la \u00a0 administraci\u00f3n de justicia para que mediante procesos eficaces se garantice el \u00a0 goce efectivo de los derechos de los menores[32], \u00a0 dentro de los cuales se encuentra la tutela, como acci\u00f3n judicial id\u00f3nea[33]. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
En este asunto, \u00a0 los padres de los 13 menores est\u00e1n facultados para solicitar la protecci\u00f3n \u00a0 deprecada, por aplicaci\u00f3n directa del art\u00edculo 44 de la norma superior. Sin \u00a0 hacer un juicio previo sobre el contenido de fondo de esta acci\u00f3n de tutela, \u00a0 existe por parte de quienes interpusieron la acci\u00f3n de tutela una preocupaci\u00f3n \u00a0 leg\u00edtima de proteger los derechos de los menores al ser sus padres, \u00a0 particularmente, al goce efectivo de la educaci\u00f3n. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Sobre este \u00a0 asunto, el \u00a0 Juzgado Promiscuo Municipal de La Calera, Cundinamarca, en el fallo de tutela de \u00a0 primera instancia, aunque declar\u00f3 la improcedencia de la tutela por la \u00a0 existencia de otro medio judicial, advirti\u00f3 que los padres de los menores no \u00a0 hab\u00edan acreditado su parentesco. Por su parte, el Juzgado Treinta (30) Civil del \u00a0 Circuito de Bogot\u00e1, estim\u00f3 en la decisi\u00f3n de segunda instancia que no se \u00a0 requer\u00eda que los acudientes aportaran junto con el escrito de tutela los \u00a0 registros civiles de nacimiento de los menores para demostrar que se encontraban \u00a0 legitimados para interponer la acci\u00f3n toda vez que, teniendo en cuenta la \u00a0 informalidad de la tutela, bastaba con la manifestaci\u00f3n bajo la gravedad de \u00a0 juramento realizada por los accionantes. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
La Sala \u00a0 estima que en el caso concreto los jueces de instancia desconocieron el hecho de \u00a0 que los padres de los menores actuaron en representaci\u00f3n de sus hijos en \u00a0 cumplimiento del deber constitucional descrito, al acudir a la tutela para \u00a0 solicitar el amparo de su derecho fundamental a la educaci\u00f3n contenido en el \u00a0 art\u00edculo 44 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. El de primera instancia, al sostener \u00a0 que se requer\u00eda prueba de filiaci\u00f3n y el de segunda, pese a que consider\u00f3 que no \u00a0 se requer\u00eda allegar copia de los registros civiles de nacimiento de los menores, \u00a0 valid\u00f3 la actuaci\u00f3n de los acudientes, al indicar que hab\u00edan declarado su \u00a0 parentesco con los ni\u00f1os y las ni\u00f1as bajo la gravedad del juramento. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Sobre \u00a0 este punto, se reitera que es deber de toda persona actuar en favor de los \u00a0 derechos de las ni\u00f1as y los ni\u00f1os, por expreso mandato constitucional, sin que \u00a0 se requiera alguna prueba que acredite su v\u00ednculo con el menor. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s, esta \u00a0 Corporaci\u00f3n ha sostenido en m\u00faltiples oportunidades, que la instauraci\u00f3n de una \u00a0 acci\u00f3n de tutela no puede exigir un excesivo rigor formalista, pues a trav\u00e9s de \u00a0 ella no se busca el establecimiento de una \u201clitis\u201d, sino que su objetivo \u00a0 principal es la protecci\u00f3n eficaz y oportuna de derechos fundamentales, que \u00a0 adquiere mayor relevancia al buscarse el amparo de derechos de menores. Por tal \u00a0 raz\u00f3n, la Corte ha precisado que en estos procesos prima el principio de \u00a0 informalidad, seg\u00fan el cual los obst\u00e1culos de tr\u00e1mite no se pueden interponer en \u00a0 la b\u00fasqueda de soluciones reales y efectivas. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
De manera que \u00a0 frente a la legitimaci\u00f3n por activa, es procedente la revisi\u00f3n del asunto puesto \u00a0 a consideraci\u00f3n de la Sala, a trav\u00e9s del cual los accionantes solicitan la \u00a0 protecci\u00f3n para sus hijos con fundamento en su parentesco, y en cumplimiento del \u00a0 deber del juez de tutela de verificar que los ni\u00f1os puedan acceder de manera \u00a0 efectiva al derecho a la educaci\u00f3n, como se deriva de la norma transcrita.\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3.5. Una vez \u00a0 establecida la procedencia de la acci\u00f3n de tutela de la referencia, la Sala de \u00a0 Revisi\u00f3n pasa a resolver los problemas jur\u00eddicos que plante\u00f3, sobre la base de \u00a0 reiterada jurisprudencia que desarrolla en primer lugar, respecto de los menores \u00a0 como sujetos de especial protecci\u00f3n y la prevalencia de sus derechos, y el deber \u00a0 de todos de garantizar su goce efectivo as\u00ed como el acceso material a dicho \u00a0 derecho y, finalmente, el derecho a la propiedad privada y su funci\u00f3n social.\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
4. Los menores de edad son sujetos de especial protecci\u00f3n y sus \u00a0 derechos prevalecen sobre los derechos de los dem\u00e1s. Implicaciones en relaci\u00f3n \u00a0 con el derecho a la educaci\u00f3n \u00a0 \u00a0<\/p>\n
4.1. De conformidad con el art\u00edculo 44 de la Constituci\u00f3n son derechos \u00a0 fundamentales de los ni\u00f1os: la vida, la integridad f\u00edsica, la salud y seguridad \u00a0 social, la alimentaci\u00f3n equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia \u00a0 y no ser separado de ella, el cuidado y amor, la educaci\u00f3n y la cultura, la \u00a0 recreaci\u00f3n y la libre expresi\u00f3n de su opini\u00f3n. Gozan tambi\u00e9n de los dem\u00e1s \u00a0 derechos consagrados en la Constituci\u00f3n, en las leyes y en los tratados \u00a0 internacionales ratificados por Colombia. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Finalmente, el art\u00edculo en menci\u00f3n,\u00a0le impone a la familia, a\u00a0 la \u00a0 sociedad y al Estado, la obligaci\u00f3n de asistir y proteger al ni\u00f1o para \u00a0 garantizar su desarrollo arm\u00f3nico e integral, al tiempo que establece como \u00a0 principio general que los derechos de los ni\u00f1os prevalecer\u00e1n sobre los derechos \u00a0 de los dem\u00e1s y que ser\u00e1n considerados fundamentales para todos los efectos, \u00a0 exigiendo privilegiar y asegurar su ejercicio y goce con total plenitud. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
La protecci\u00f3n especial de los ni\u00f1os y la \u00a0 prevalencia de sus derechos, representan verdaderos valores y principios que no \u00a0 solo est\u00e1n llamados a irradiar la expedici\u00f3n, interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de \u00a0 todas las normas de justicia imputable a los menores, sino tambi\u00e9n a orientar la \u00a0 promoci\u00f3n de pol\u00edticas y la realizaci\u00f3n de acciones concretas dirigidas al logro \u00a0 de su bienestar f\u00edsico, moral, intelectual y espiritual;[34]\u00a0entendiendo \u00a0 dicho bienestar como una de las causas finales de la sociedad y del Estado, y \u00a0 como un objetivo del sistema jur\u00eddico[35]. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha considerado que en la medida en que los \u00a0 derechos de los menores tienen el car\u00e1cter de fundamentales y prevalentes, la \u00a0 obligaci\u00f3n de asistencia y protecci\u00f3n necesariamente adquiere esa connotaci\u00f3n, \u00a0 por lo que resulta constitucionalmente inadmisible que se antepongan otros \u00a0 cometidos para dilatar la eficacia del Estado y la sociedad en el objetivo de \u00a0 asegurar el bienestar de los menores, toda vez que, por mandato de la Carta,\u00a0\u201cel \u00a0 deber hacia \u00e9stos prevalece sobre cualquier otra consideraci\u00f3n social, pol\u00edtica, \u00a0 jur\u00eddica o econ\u00f3mica\u201d[36] . \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Este tratamiento preferencial del menor como inter\u00e9s jur\u00eddico relevante, \u00a0 que implica adoptar\u00a0\u201cuna forma de comportamiento determinado, un deber ser, \u00a0 que delimita la actuaci\u00f3n tanto estatal como particular en las materias que los \u00a0 involucran\u201d,[37]\u00a0encuentra un claro respaldo y \u00a0 reconocimiento en el derecho internacional contempor\u00e1neo a trav\u00e9s del llamado \u00a0 principio del inter\u00e9s superior del menor, consagrado por primera vez en la \u00a0 Declaraci\u00f3n de Ginebra de 1924 sobre derechos del ni\u00f1o, y posteriormente \u00a0 reproducido en otros instrumentos internacionales como la Declaraci\u00f3n Universal \u00a0 de Derechos Humanos, la Declaraci\u00f3n de los Derechos del Ni\u00f1o de 1959, el Pacto \u00a0 Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos y la Convenci\u00f3n Sobre Derechos del \u00a0 Ni\u00f1o adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 20 de noviembre \u00a0 de 1989. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Igualmente, el C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, en su art\u00edculo 9 ha \u00a0 consagrado la prevalencia de los derechos de los menores, al disponer que (i)\u00a0\u201cen \u00a0 todo acto, decisi\u00f3n o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza \u00a0 que deba adoptarse en relaci\u00f3n con los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, \u00a0 prevalecer\u00e1n los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus \u00a0 derechos fundamentales con los de cualquier otra persona\u201d; y (ii)\u00a0\u201cen \u00a0 caso de conflicto entre dos o m\u00e1s disposiciones legales, administrativas o \u00a0 disciplinarias, se aplicar\u00e1 la norma m\u00e1s favorable al inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, \u00a0 ni\u00f1a o adolescente\u201d. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
4.2. En cuanto al \u00a0 derecho a la educaci\u00f3n de los menores, en concordancia con lo indicado, a nivel \u00a0 constitucional y en desarrollos legales se ha dispuesto que radica esencialmente \u00a0 en cabeza del Estado, concurriendo la sociedad y la familia para velar por su \u00a0 goce efectivo. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
4.2.1. Por una \u00a0 parte, el primer llamado a garantizar este derecho es el Estado. En efecto, en \u00a0 cabeza de este radica a obligaci\u00f3n no solo de garantizarles establecimientos \u00a0 apropiados sino tambi\u00e9n a acceder al sistema educativo de manera integral y en \u00a0 condiciones de dignidad y calidad y permanecer en este sin obst\u00e1culos. En este sentido, el art\u00edculo 67 superior[38] dispone que \u00a0 le corresponde \u201cregular y ejercer la suprema inspecci\u00f3n y vigilancia de la \u00a0 educaci\u00f3n con el fin de (\u2026) garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y \u00a0 asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia \u00a0 en el sistema educativo.\u201d Al respecto, es importante resaltar lo establecido \u00a0 en Convenci\u00f3n sobre los Derechos del Ni\u00f1o[39] en su art\u00edculo 28 literal \u00a0 e), el cual se\u00f1ala entre las obligaciones de los Estados, la de adoptar medidas \u00a0 para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de \u00a0 deserci\u00f3n escolar. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
4.2.2. Por otra \u00a0 parte, en relaci\u00f3n con la familia y la sociedad, el precepto constitucional \u00a0 establecido en el art\u00edculo 44 es desarrollado por el art\u00edculo 4\u00ba de la Ley \u00a0 General de Educaci\u00f3n que prev\u00e9 que adem\u00e1s del Estado, tanto la familia como la \u00a0 sociedad tienen el deber de \u201cvelar por la calidad de la educaci\u00f3n y promover \u00a0 el acceso al servicio p\u00fablico educativo\u201d. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Igualmente, el \u00a0 art\u00edculo 40 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, en desarrollo de los \u00a0 principios de corresponsabilidad y solidaridad[40], \u00a0 establece que \u00a0las personas naturales y jur\u00eddicas tienen \u201cla \u00a0 obligaci\u00f3n y la responsabilidad de tomar parte activa en el logro de la vigencia \u00a0 efectiva de los derechos y garant\u00edas de los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes\u201d, para \u00a0 cual se les impone el conocimiento, respeto y promoci\u00f3n de sus derechos y su \u00a0 car\u00e1cter prevalente (numeral 1\u00ba) as\u00ed como la adopci\u00f3n de las acciones que sean \u00a0 requeridas para asegurar el ejercicio de los derechos de los menores (numeral \u00a0 6\u00ba). \u00a0 \u00a0<\/p>\n
4.3. En \u00a0 resumen, los menores de edad son sujetos de especial protecci\u00f3n y \u00a0 sus derechos prevalecen sobre los derechos de los dem\u00e1s. Respecto del derecho a \u00a0 la educaci\u00f3n, ello se materializa en el deber que se encuentra en cabeza no solo \u00a0 del Estado, quien tiene un rol primordial, sino tambi\u00e9n de la familia y de la \u00a0 sociedad, estos \u00faltimos en desarrollo de los principios de corresponsabilidad y \u00a0 solidaridad, de velar porque los ni\u00f1os y las ni\u00f1as tengan las condiciones \u00a0 necesarias para que puedan acceder al sistema educativo. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
5. Accesibilidad \u00a0 material a la educaci\u00f3n: desplazamientos desproporcionados hacia el lugar de \u00a0 clases \u00a0 \u00a0<\/p>\n
5.1. En \u00a0 desarrollo del mandato constitucional, la Corte Constitucional ha interpretado \u00a0 el derecho a la educaci\u00f3n teniendo en cuenta el bloque de constitucionalidad. En \u00a0 tal sentido, ha seguido los lineamientos de la Observaci\u00f3n General N\u00famero 13 del \u00a0 Comit\u00e9 de Derechos Econ\u00f3micos Sociales y Culturales del Consejo Econ\u00f3mico y \u00a0 Social de la Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas[41]. Esta Observaci\u00f3n \u00a0 establece cuatro (4) caracter\u00edsticas interrelacionadas que debe tener la \u00a0 educaci\u00f3n en todas sus formas, a saber: disponibilidad, accesibilidad, \u00a0 aceptabilidad y adaptabilidad[42]. \u00a0Para el caso que ocupa a la Sala, resulta particularmente relevante la \u00a0 accesibilidad. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
5.2. Esta caracter\u00edstica implica la obligaci\u00f3n del Estado de asegurar el acceso \u00a0 de todas las personas a la educaci\u00f3n en condiciones de igualdad y libres de toda \u00a0 forma de discriminaci\u00f3n, as\u00ed como facilidades en t\u00e9rminos geogr\u00e1ficos y \u00a0 econ\u00f3micos para acceder al servicio. En este orden, como lo se\u00f1ala la \u00a0 Observaci\u00f3n No. 13 antes mencionada, la accesibilidad consta de tres (3) \u00a0 dimensiones: (i) la no discriminaci\u00f3n, (ii) la accesibilidad material, y (iii) \u00a0 la accesibilidad econ\u00f3mica. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
La garant\u00eda de no \u00a0 discriminaci\u00f3n implica que la educaci\u00f3n debe ser accesible especialmente a los \u00a0 grupos vulnerables sin discriminaci\u00f3n alguna. Por su parte, la dimensi\u00f3n de \u00a0 accesibilidad material hace referencia a condiciones de acceso ya sea en raz\u00f3n \u00a0 de la localizaci\u00f3n geogr\u00e1fica de las instituciones educativas, las \u00a0 caracter\u00edsticas f\u00edsicas de estas, o la satisfacci\u00f3n de demandas de acceso a \u00a0 programas de educaci\u00f3n a distancia. Por \u00faltimo, la accesibilidad econ\u00f3mica \u00a0 concretiza la obligaci\u00f3n de asegurar que la educaci\u00f3n est\u00e9 al alcance de todos \u00a0 mediante la gratuidad de la ense\u00f1anza primaria, de un lado, y la implementaci\u00f3n \u00a0 gradual de la misma con relaci\u00f3n a la ense\u00f1anza secundaria y superior. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n \u00a0 ha resaltado adem\u00e1s, con fundamento en la Observaci\u00f3n No. 13, que los ni\u00f1os y \u00a0 ni\u00f1as tienen derecho a recibir educaci\u00f3n integral. Sobre este punto, la Corte ha \u00a0 considerado que la educaci\u00f3n de las ni\u00f1as y de los ni\u00f1os es integral cuando se \u00a0 cumplen los mencionados requisitos de disponibilidad, accesibilidad, \u00a0 aceptabilidad y adaptabilidad, pero tambi\u00e9n, cuando el proceso educativo se \u00a0 desarrolla en observancia del conjunto de derechos constitucionales de los \u00a0 menores, como la integridad, la salud, y la recreaci\u00f3n, entre otros. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
5.3. \u00a0En cuanto \u00a0 al acceso material como parte de la accesibilidad al derecho a la educaci\u00f3n, la \u00a0 jurisprudencia constitucional ha estudiado el tema a prop\u00f3sito de largos \u00a0 desplazamientos hacia el lugar de estudio. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
5.3.1. En la \u00a0 sentencia T- 781 de 2010[43], \u00a0 se estudi\u00f3 el caso de unos menores que fueron \u00a0reubicados ante la negativa del \u00a0 municipio de nombrar un profesor en la instituci\u00f3n educativa m\u00e1s cercana, lo que \u00a0 implicaba que realizaran un trayecto largo para recibir clases. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
En esa ocasi\u00f3n, \u00a0 la Corte resolvi\u00f3 inaplicar la norma que preve\u00eda un n\u00famero m\u00ednimo de alumnos \u00a0 para el nombramiento de docentes y observar de manera directa el art\u00edculo 67 de \u00a0 la Carta, con el objetivo de salvaguardar el derecho a la educaci\u00f3n de los \u00a0 menores; en ese sentido, orden\u00f3 proveer un docente para la escuela en menci\u00f3n. \u00a0 Para llegar a esta decisi\u00f3n, consider\u00f3 que: \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u201cla reubicaci\u00f3n adolece de un elemento indispensable para ser viable, que es la \u00a0 accesibilidad material, pues como se afirm\u00f3 en la demanda, la Escuela Gallegos \u00a0 en la cual fueron matriculados queda a hora y media de camino y el trayecto est\u00e1 \u00a0 lleno de obst\u00e1culos que los estudiantes tienen que sortear para poder llegar a \u00a0 su destino, como por ejemplo el cruce de una quebrada, la cual en \u00e9poca de \u00a0 invierno crece su cauce y hace imposible que sea atravesada. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
La Sala observa que las anteriores circunstancias (\u2026) impone exigencias \u00a0 excesivas a los presupuestos de las familias de los menores que habitan en la \u00a0 vereda Montecristo, lo que constituye una vulneraci\u00f3n de los menores que habitan \u00a0 dicha vereda, pues la mencionada instituci\u00f3n educativa no es accesible \u00a0 geogr\u00e1ficamente para los menores en cuesti\u00f3n y atenta contra el mandato \u00a0 contenido en el inciso 5 del art\u00edculo 67 que prescribe que el Estado debe \u00a0 asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia \u00a0 en el sistema educativo.\u201d[44] \u00a0 \u00a0<\/p>\n
5.3.2. Este \u00a0 asunto ha sido evidente al tratarse de la ausencia de prestaci\u00f3n del servicio de \u00a0 transporte por parte de las autoridades territoriales a menores que viven \u00a0 alejados de sus planteles educativos. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
As\u00ed, en la \u00a0 sentencia T-1259 de 2008[45], \u00a0 se revis\u00f3 el caso de dos menores que resid\u00edan en la vereda Agua Blanca, \u00a0 Municipio de Tuta- Boyac\u00e1 y estudiaban en la Instituci\u00f3n Educativa Oficial \u00a0 Chicamocha, y que deb\u00edan caminar hasta el plantel \u00a0ubicado a una (1) hora \u00a0 aproximadamente, al no contar con servicio de transporte. En esa oportunidad, \u00a0 reiter\u00f3 que cualquier intento de restringir los \u00a0 criterios de accesibilidad, disponibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad sin \u00a0 obedecer a una justa causa debidamente expuesta y probada, deriva en arbitrario \u00a0 y, por ende, en estos casos el afectado puede acudir a la acci\u00f3n de tutela y a \u00a0 los dem\u00e1s instrumentos jur\u00eddicos y administrativos para exigir el cese inmediato \u00a0 de la vulneraci\u00f3n, mucho m\u00e1s al tratarse de menores. Concluy\u00f3 diciendo \u00a0 que \u201cEs entonces un hecho cierto el que en el \u00a0 Municipio de Tuta en el Departamento de Boyac\u00e1, existen hoy en d\u00eda ni\u00f1os que se \u00a0 ven sometidos diariamente a largos desplazamientos para llegar a sus escuelas, \u00a0 situaci\u00f3n que, en criterio de esta Sala, adem\u00e1s de constituir un obst\u00e1culo al \u00a0 que deben enfrentarse permanentemente los menores para poder acceder al sistema \u00a0 educativo, pone en riesgo su permanencia en el mismo, amenaza su derecho a la \u00a0 salud y a la integridad personal y, evidentemente, no se acompasa con el \u00a0 principio de dignidad humana establecido como pilar fundamental del Estado.\u201d \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Igualmente, en la \u00a0 sentencia T-779 de 2011[46], \u00a0 la Corte estim\u00f3 que \u201c[e]n lo que respecta al tema de los desplazamientos \u00a0 desproporcionados a los que son sometidos los estudiantes que no cuentan con el \u00a0 servicio de transporte escolar para poder llegar a sus respectivas escuelas, la \u00a0 Corte ha considerado que esto constituye un obst\u00e1culo al acceso y a la \u00a0 permanencia de los alumnos en el sistema educativo. Por tanto, es deber del \u00a0 Estado, como garante por excelencia de los derechos de la comunidad, asegurar la \u00a0 prestaci\u00f3n eficiente de los servicios p\u00fablicos\u201d. As\u00ed, determin\u00f3 que las \u00a0 menores no ten\u00edan facilidad para acceder al servicio educativo y ello afectaba \u00a0 sus derechos a la educaci\u00f3n e incluso a la vida en condiciones dignas, al \u00a0 someterlas \u201ca largas caminatas por una v\u00eda destapada, escabrosa y solitaria, \u00a0 y, por la carretera que de Boyac\u00e1 conduce a Santander, someti\u00e9ndolas a todo tipo \u00a0 de riesgo contra sus vidas e integridad personal. Adem\u00e1s, esta situaci\u00f3n pone en \u00a0 riesgo la permanencia de las ni\u00f1as en el sistema educativo.\u201d \u00a0 \u00a0<\/p>\n
En sentencia \u00a0 T-458 de 2013[47], \u00a0 replicada por la sentencia T-008 de 2016[48], \u00a0 la Corte estudi\u00f3, entre otros temas, lo relativo a la provisi\u00f3n de transporte \u00a0 por parte de autoridades departamentales a menores para que se desplazaran desde \u00a0 la vereda donde resid\u00edan hasta el casco urbano del municipio donde se encontraba \u00a0 la instituci\u00f3n educativa, a 4 horas de camino de sus viviendas.\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
En tal caso, \u00a0 encontr\u00f3 probada la vulneraci\u00f3n de los derechos a la igualdad y a la educaci\u00f3n \u00a0 de los menores, \u201cen raz\u00f3n a la inactividad de las autoridades demandadas, \u00a0 respecto de la obligaci\u00f3n a su cargo de adoptar conjuntamente un programa \u00a0 dirigido a superar el problema que comporta el desplazamiento diario de los \u00a0 ni\u00f1os al casco urbano del municipio de Onzaga, Santander.\u201d Para arribar a \u00a0 dicha conclusi\u00f3n, consider\u00f3 que no cumpl\u00eda con la accesibilidad material de la \u00a0 educaci\u00f3n, teniendo en cuenta que la localizaci\u00f3n geogr\u00e1fica de la escuela no es \u00a0 de acceso razonable y los 4 menores de edad se ver\u00edan sometidos a realizar \u00a0 largos desplazamientos a diario para acudir a sus clases. En este evento, \u00a0 consider\u00f3 que el transporte escolar es una garant\u00eda de acceso y permanencia \u00a0 especialmente cuando existen circunstancias geogr\u00e1ficas que dificultan la \u00a0 movilidad, cuando los estudiantes viven en \u00e1reas rurales apartadas de los \u00a0 centros educativos, o cuando existen otros factores que les impiden acudir a las \u00a0 aulas por carecer de facilidades de transporte.[49] \u00a0 \u00a0<\/p>\n
5.4. \u00a0 \u00a0En conclusi\u00f3n, los desplazamientos que impliquen trayectos largos hacia el lugar \u00a0 en donde los menores reciben clases adem\u00e1s de amenazar su salud e integridad \u00a0 f\u00edsica, constituye de manera ostensible un obst\u00e1culo al que deben enfrentarse de \u00a0 manera continua para poder acceder al sistema educativo, poniendo en riesgo su \u00a0 permanencia en este (acceso material al derecho a la educaci\u00f3n). Sin embargo, \u00a0 quien est\u00e1 llamado a dar soluci\u00f3n al problema de acceso y permanencia de las \u00a0 ni\u00f1as y los ni\u00f1os a su plantel educativo es el Estado garante por excelencia de \u00a0 los derechos de la comunidad, asegurar la prestaci\u00f3n eficiente de los servicios \u00a0 p\u00fablicos. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
6. \u00a0 \u00a0Derecho a la propiedad, su funci\u00f3n social y servidumbre como limitaci\u00f3n al \u00a0 derecho de dominio \u00a0 \u00a0<\/p>\n
6.1. El derecho de dominio est\u00e1 previsto por el art\u00edculo 669 del C\u00f3digo Civil \u00a0 colombiano como\u00a0 \u201cel derecho real en una cosa corporal, para gozar y \u00a0 disponer de ella (\u2026)\u201d. Este derecho que se predicaba absoluto respecto de \u00a0 una cosa y que permit\u00eda incluso actuaciones arbitrarias por parte de su titular \u00a0 se fue morigerando, hasta que se predic\u00f3 en la reforma constitucional de 1936 \u00a0 que esta cumpl\u00eda con una \u201cfunci\u00f3n social\u201d. A pesar de ello, fue con la \u00a0 Constituci\u00f3n de 1991 que el concepto de propiedad empez\u00f3 a tener profunda \u00a0 trascendencia social, ya que no solo es reconocida como un derecho sino tambi\u00e9n, \u00a0 conforme con lo establecido en el art\u00edculo 58 como \u201cuna funci\u00f3n social que \u00a0 implica obligaciones\u201d, por lo que es posible acompasar los derechos de los \u00a0 titulares del derecho de dominio y las necesidades de la colectividad. En ese \u00a0 sentido, la jurisprudencia constitucional ha establecido que \u201cen aras de \u00a0 garantizar que la propiedad cumpla la funci\u00f3n social encomendada por la Carta, \u00a0 el legislador no s\u00f3lo est\u00e1 autorizado para restringir el derecho de propiedad: \u00a0 aquel tambi\u00e9n puede imponerle cargas o grav\u00e1menes necesarios para su adecuado \u00a0 ejercicio\u201d. De ah\u00ed que el derecho de propiedad no s\u00f3lo puede limitarse por \u00a0 motivos de utilidad p\u00fablica o por razones de inter\u00e9s general, sino tambi\u00e9n para \u00a0 hacer efectivos derechos de particulares cuando estos dependen de la \u00a0 intervenci\u00f3n del titular. Por lo tanto, las restricciones a los derechos de \u00a0 contenido econ\u00f3micos pueden provenir tanto de intereses de superior jerarqu\u00eda, \u00a0 como de derechos subjetivos particulares que entran en conflicto en cada caso \u00a0 concreto.\u201d[50] \u00a0 \u00a0<\/p>\n
6.2. En cuanto a la servidumbre, como limitaci\u00f3n al derecho de propiedad, fue \u00a0 definida en el art\u00edculo 879 del C\u00f3digo Civil como \u201cgravamen impuesto sobre un \u00a0 predio, en beneficio de otro de distinto due\u00f1o o de una entidad sea de derecho \u00a0 p\u00fablico o privado\u201d. Estas pueden ser de tres categor\u00edas: naturales, legales \u00a0 y voluntarias. Dentro de las legales, se encuentra la servidumbre de tr\u00e1nsito \u00a0 prevista en el art\u00edculo 905 del C\u00f3digo Civil, en el que se explica que: \u201c<Aparte \u00a0 tachado INEXEQUIBLE, resto del art\u00edculo CONDICIONALMENTE exequible> Si un predio \u00a0 se halla destituido de\u00a0toda comunicaci\u00f3n con el camino p\u00fablico, por la \u00a0 interposici\u00f3n de otros predios, el due\u00f1o del primero tendr\u00e1 derecho para imponer \u00a0 a los otros la servidumbre de tr\u00e1nsito en cuanto fuere indispensable para el uso \u00a0 y beneficio de su predio, pagando el valor del terreno necesario para la \u00a0 servidumbre, y resarciendo todo otro perjuicio.\u201d \u00a0 \u00a0<\/p>\n
6.3. Esta instituci\u00f3n jur\u00eddica ha sido objeto examen de constitucionalidad como \u00a0 de pronunciamientos por v\u00eda de tutela cuando ha entrado en colisi\u00f3n con derechos \u00a0 fundamentales, particularmente de sujetos de especial protecci\u00f3n constitucional. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
6.3.1. La sentencia C-544 de 2007 examin\u00f3 la constitucionalidad del art\u00edculo 905 \u00a0 del C\u00f3digo Civil. En ese fallo, explic\u00f3 que \u201cla servidumbre de tr\u00e1nsito \u00a0 consiste en imponer el deber jur\u00eddico al predio sirviente de permitir el acceso \u00a0 de personas, animales o maquinaria en beneficio del predio dominante para \u00a0 comunicarlo con la v\u00eda p\u00fablica. Este privilegio para el predio dominante \u00a0 conlleva, adicionalmente, el derecho de construir obras y adecuar la franja de \u00a0 terreno a utilizar para el eficiente tr\u00e1nsito que se requiere\u201d; de manera \u00a0 que, se trata de una limitaci\u00f3n que se le impone al bien inmueble y como tal le \u00a0 pertenece a \u00e9ste, sin tener en cuenta si su propietario est\u00e1 o no de acuerdo con \u00a0 la misma, pues de lo que se trata es de garantizar una \u201cadecuada y \u00a0 eficiente utilizaci\u00f3n de la naturaleza(\u2026)Esta servidumbre es, entonces, \u00a0 perpetua \u00a0y rebasa el \u00e1mbito personal del propietario porque se adhiere al predio \u00a0y se impone sin importar qui\u00e9n es el due\u00f1o.\u201d[51] \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Al analizar la expresi\u00f3n desprovista de \u201ctoda\u201d comunicaci\u00f3n demandada,\u00a0 \u00a0 concluy\u00f3 que esta era inconstitucional ya que \u201ca pesar de que es pertinente y \u00a0 v\u00e1lido constitucionalmente que el Estado intervenga para facilitar el derecho a \u00a0 usar y disfrutar del bien enclavado, no lo es que esa intervenci\u00f3n s\u00f3lo resulte \u00a0 obligatoria cuando el inmueble colindante est\u00e1 totalmente incomunicado con la \u00a0 v\u00eda principal, pues en casos en los que a pesar de que el predio cuenta con una \u00a0 v\u00eda de acceso, esa no es adecuada ni suficiente para explotar, usar y gozar del \u00a0 bien, la condici\u00f3n legal de que exista destituci\u00f3n \u201ctotal\u201d con la v\u00eda p\u00fablica, \u00a0 impide la adecuada explotaci\u00f3n del bien. De hecho, un predio total o parcial, \u00a0 pero gravemente incomunicado es b\u00e1sicamente improductivo y, como tal, resulta \u00a0 contrario a la funci\u00f3n social de la propiedad privada. De hecho, el uso adecuado \u00a0 del inmueble no es solamente una decisi\u00f3n individual y aut\u00f3noma del propietario, \u00a0 es tambi\u00e9n un deber social que se impone (\u2026) la exigencia legal relativa a que \u00a0 la servidumbre de tr\u00e1nsito s\u00f3lo puede imponerse cuando el predio dominante se \u00a0 encuentra totalmente incomunicado con la v\u00eda p\u00fablica, sin que pueda considerarse \u00a0 la idoneidad, grado de dificultad o costo de la v\u00eda existente, desconoce la \u00a0 funci\u00f3n social de la propiedad no s\u00f3lo desde el punto de vista subjetivo del \u00a0 titular del predio sirviente que no puede ejercer plenamente su derecho, sino \u00a0 del inter\u00e9s social o colectivo que implica la adecuada y correcta explotaci\u00f3n de \u00a0 la tierra\u201d[52]. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Advirti\u00f3 que declaraba la exequibilidad condicionada del resto del art\u00edculo 905 \u00a0 del C\u00f3digo Civil \u201cen el entendido que el aplicador jur\u00eddico debe ponderar los \u00a0 derechos que existan sobre los predios dominante y sirviente. En efecto a pesar \u00a0 que la norma acusada se refiere a las condiciones materiales del bien dominante, \u00a0 deja de lado el an\u00e1lisis de los derechos que se encuentran en conflicto, pues la \u00a0 imposici\u00f3n de servidumbres de tr\u00e1nsito requiere del an\u00e1lisis de las \u00a0 circunstancias concretas que se determinan no s\u00f3lo por las condiciones de \u00a0 ubicaci\u00f3n y explotaci\u00f3n de los predios sirviente y dominante, sino tambi\u00e9n por \u00a0 la situaci\u00f3n de los derechos en conflicto que deben armonizarse y ponderarse en \u00a0 el caso concreto.\u201d \u00a0 \u00a0<\/p>\n
6.3.2. Por otra parte, esta Corporaci\u00f3n tambi\u00e9n ha estudiado algunos casos en \u00a0 los que mediante la acci\u00f3n de tutela los accionantes solicitaron que se les \u00a0 permitiera pasar por un predio ajeno, toda vez que el propio se encontraba \u00a0 incomunicado de la v\u00eda p\u00fablica m\u00e1s cercana. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
En la sentencia T-036 de 1995[53], \u00a0 dos personas de avanzada edad que viv\u00edan en un predio que se encontraba \u00a0 incomunicado entre otros terrenos vecinos, sin acceso directo a la v\u00eda p\u00fablica y \u00a0 que contaban con una servidumbre de tr\u00e1nsito debidamente constituida y elevada a \u00a0 escritura p\u00fablica, acudieron a la acci\u00f3n de tutela, pues el propietario del bien \u00a0 sirviente hab\u00eda decidido cerrarles el paso argumentando que el camino estaba \u00a0 destinado exclusivamente al tr\u00e1nsito de personas y como ellos utilizaban un \u00a0 burro de carga, pod\u00edan erosionar el terreno en el que se encontraba su casa. \u00a0 Entonces, instal\u00f3 en el camino puertas cerradas con candado y lo cerc\u00f3 con \u00a0 alambre de p\u00faas, obligando a los ancianos a arrastrarse por debajo del alambrado \u00a0 y cargar al hombro los productos de su finca, que vend\u00edan para obtener su \u00a0 sustento diario. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
La Corte decidi\u00f3 amparar el derecho de los accionantes a la dignidad humana, \u00a0 teniendo en cuenta que como personas de la tercera edad deben recibir una \u00a0 especial protecci\u00f3n constitucional y le orden\u00f3 al propietario del bien \u00a0 sirviente, \u201cretirar inmediatamente cualquier obst\u00e1culo que impida el libre \u00a0 tr\u00e1nsito de los accionantes y de su animal de carga, por el camino que ellos \u00a0 acostumbran usar.\u201d Sin embargo, la protecci\u00f3n fue otorgada de manera \u00a0 transitoria, pues los actores hab\u00edan iniciado un proceso por perturbaci\u00f3n de \u00a0 servidumbre que se encontraba en tr\u00e1mite. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
En este evento, la Corte se bas\u00f3 en primer lugar en la especial protecci\u00f3n a las \u00a0 personas de la tercera edad, y la evidente situaci\u00f3n de indefensi\u00f3n en la que se \u00a0 encontraban los actores, personas extremadamente vulnerables. En segundo lugar, \u00a0 se refiri\u00f3 al deber de solidaridad, patr\u00f3n establecido en la Constituci\u00f3n que en \u00a0 principio no es directamente exigible por el juez, de manera excepcional cuando \u00a0 su inobservancia por un particular vulnera o amenaza los derechos fundamentales \u00a0 de otra persona, es exigible ya que es una herramienta que le permite al juez \u00a0 evaluar las acciones u omisiones de las personas cuando la tutela es utilizada \u00a0 frente a particulares, en aras de garantizar y armonizar los derechos \u00a0 fundamentales de ambas partes. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
En la sentencia T-736 de 2013[54], \u00a0 una persona de 78 a\u00f1os de edad, acudi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela toda vez que su \u00a0 predio se encontraba incomunicado a m\u00e1s de 500 metros de la v\u00eda principal, y su \u00a0 \u00fanico acceso era una servidumbre construida previamente por el antiguo \u00a0 propietario del predio sirviente, la cual fue cerrada. Por lo tanto, el \u00a0 accionante se ve\u00eda obligado a cargar en su espalda el mercado que realizaba cada \u00a0 8 d\u00edas desde la v\u00eda principal, y en ocasiones al estar enfermo, no pod\u00eda salir \u00a0 de su lugar de habitaci\u00f3n para poder acudir al servicio de salud, adem\u00e1s de \u00a0 haber perdido clientes para su trabajo que consist\u00eda b\u00e1sicamente en cuidar \u00a0 ganado y vender leche. La Corte decidi\u00f3 nuevamente tutelar de forma transitoria \u00a0 los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la vida, a la integridad \u00a0 personal, a la salud y al trabajo del accionante y, en consecuencia, orden\u00f3 a la \u00a0 persona demandada retirar cualquier obst\u00e1culo que impidiera el libre tr\u00e1nsito \u00a0 del actor y de los vecinos, por el camino que ellos acostumbran usar, y que \u00a0 cruzaba por sus predios, mientras se resolv\u00eda el proceso policivo de \u00a0 perturbaci\u00f3n de servidumbre que hab\u00eda sido iniciado por el peticionario\u00a0 y \u00a0 otros vecinos. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
La decisi\u00f3n se tom\u00f3 con base en la evidente ocurrencia de un perjuicio \u00a0 irremediable al actor, que era una persona de la tercera edad, y sujeto de \u00a0 especial protecci\u00f3n constitucional, adem\u00e1s, porque la determinaci\u00f3n del \u00a0 accionado afectaba la funci\u00f3n social de la propiedad, pues el actor no estaba \u00a0 pudiendo usar su bien inmueble para las actividades econ\u00f3micas que sol\u00eda \u00a0 realizar. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Finalmente, en la sentencia T-342 de 2014[55], \u00a0 la Corte protegi\u00f3 de manera transitoria los derechos de una persona de la \u00a0 tercera edad a la dignidad humana y a la salud y orden\u00f3 retirar todos los \u00a0 obst\u00e1culos que impidieran su paso en autom\u00f3vil desde el lugar en que resid\u00eda \u00a0 hasta la v\u00eda p\u00fablica m\u00e1s cercana. Determin\u00f3 que en este caso era posible exigir \u00a0 directamente a la propietaria del bien sirviente el deber de solidaridad \u201centendido \u00a0 como una pauta de comportamiento que debi\u00f3 haber tenido en cuenta antes de \u00a0 perturbar los derechos fundamentales de la agenciada. Como qued\u00f3 probado durante \u00a0 el proceso, una de las consecuencias que surgi\u00f3 al cerrar el paso por su \u00a0 terreno, fue que la se\u00f1ora Mar\u00eda Cleotilde, persona de la tercera edad en \u00a0 evidente estado de vulnerabilidad qued\u00f3 incomunicada, y los familiares que se \u00a0 encargan de cuidarla no pueden ingresar para visitarla y llevarla a recibir la \u00a0 atenci\u00f3n en salud que necesita. Esta conducta es completamente arbitraria y \u00a0 recae sobre una persona que debe recibir una especial protecci\u00f3n constitucional, \u00a0 por ello es completamente inaceptable.\u201d \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Aunque el bien inmueble de la accionada no hab\u00eda sido gravado con una \u00a0 servidumbre de tr\u00e1nsito como tal, estableci\u00f3 que el camino que pasa por su \u00a0 terreno era el \u00fanico con el que contaba la accionante para salir a la v\u00eda \u00a0 p\u00fablica m\u00e1s cercana. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
6.4. En resumen, el ordenamiento constitucional vigente reconoci\u00f3 la propiedad \u00a0 como un derecho que tiene una funci\u00f3n social que implica obligaciones y, en \u00a0 virtud de esta, es posible establecerle limitaciones. Este es el caso de la \u00a0 servidumbre legal de tr\u00e1nsito que es un gravamen que debe imponerse atendiendo \u00a0 las circunstancias concretas que no se reducen a las condiciones de ubicaci\u00f3n y \u00a0 explotaci\u00f3n, sino tambi\u00e9n a la situaci\u00f3n de los derechos en conflicto los cuales \u00a0 deben ser armonizados y ponderados. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s, a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela se han protegido los derechos \u00a0 fundamentales de personas de especial protecci\u00f3n constitucional, como son las \u00a0 personas pertenecientes a la tercera edad, al haberse obstaculizado el paso por \u00a0 una servidumbre, camino m\u00e1s adecuado para conectar sus predios con la v\u00eda \u00a0 p\u00fablica, en casos relacionados con la comercializaci\u00f3n de sus productos o \u00a0 tambi\u00e9n, por ejemplo, con situaciones que ten\u00edan \u00edntima relaci\u00f3n con su salud. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Teniendo claro lo anterior, la Corte pasa a resolver los problemas jur\u00eddicos \u00a0 objeto de esta decisi\u00f3n, estos son, si existe vulneraci\u00f3n de los derechos de los \u00a0 menores por parte de (i) la sociedad accionada al cerrar el paso por su predio \u00a0 con base en la decisi\u00f3n policiva por el que llegaban al lugar de clases y, (ii) \u00a0 la administraci\u00f3n al omitir medidas y adoptar decisiones relacionadas con la \u00a0 garant\u00eda del acceso material al plantel educativo. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
7. Las \u00a0 autoridades demandadas desconocieron el derecho fundamental, prevalente y \u00a0 universal a la educaci\u00f3n de los ni\u00f1os y las ni\u00f1as de la vereda El Salitre, \u00a0 sector Camino al Meta en su dimensi\u00f3n de accesibilidad \u00a0 \u00a0<\/p>\n
7.1. La Sala Primera de Revisi\u00f3n considera que la alcald\u00eda municipal de La\u00a0 \u00a0 Calera as\u00ed como la inspecci\u00f3n de polic\u00eda de esa municipalidad vulneraron el \u00a0 derecho de los menores habitantes de la vereda El Salitre, sector Camino al Meta \u00a0 a la educaci\u00f3n contenido en el art\u00edculo 44 de la Constituci\u00f3n, debido a que (i) \u00a0 la Alcald\u00eda no adopt\u00f3 las medidas efectivas para su acceso al plantel educativo de \u00a0 car\u00e1cter p\u00fablico y; (ii) la decisi\u00f3n policiva adoptada por la Inspecci\u00f3n de \u00a0 Polic\u00eda y confirmada por la Alcald\u00eda no tuvo en cuenta tal derecho es prevalente \u00a0 frente a los dem\u00e1s derechos. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
7.2. En \u00a0 efecto, los menores que residen en la vereda El Salitre, sector Camino al Meta, \u00a0 de acuerdo con los medios probatorios que obran en el expediente, cuentan con \u00a0 dos alternativas para llegar caminando a la Instituci\u00f3n Educativa El Salitre, a \u00a0 falta de transporte escolar[56]: \u00a0 la primera, un sendero peatonal que atraviesa el predio \u201cGreen Park\u201d de \u00a0 propiedad de la sociedad accionada, punto en el que deben cruzar el r\u00edo Teusac\u00e1 \u00a0 por un puente instalado por los mismos habitantes y cuyo trayecto de ida es de \u00a0 veinte (20) minutos y, de regreso, al ser en falda, puede extenderse hasta por \u00a0 cuarenta (40) minutos, aproximadamente. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
La segunda alternativa es una v\u00eda de tr\u00e1nsito vehicular, destapada hasta llegar \u00a0 a la carretera principal (la que comunica Bogot\u00e1 con La Calera) caminando por \u00a0 este \u00faltimo tramo un (1) kil\u00f3metro y medio. En dicho recorrido se demoran entre \u00a0 una (1) hora y cuarenta y cinco (45) minutos y dos (2) horas en el trayecto de \u00a0 ida y, en el de vuelta, entre dos (2) horas y dos (2) horas y media. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Teniendo en cuenta las opciones de los menores para acudir al centro educativo, \u00a0 si el camino de tr\u00e1nsito de vehicular fuera el escogido, no s\u00f3lo se someter\u00eda a \u00a0 los menores diariamente a largos desplazamientos para acudir a su escuela -una \u00a0 (1) hora y media a dos (2) horas de ida y, dos (2) a dos (2) horas y media de \u00a0 regreso-, sino tambi\u00e9n a largas jornadas: tendr\u00edan que salir de sus casas a las \u00a0 cinco (5) de la ma\u00f1ana para poder llegar a las siete (7) de la ma\u00f1ana y empezar \u00a0 a tiempo sus clases; y de vuelta, al finalizar su jornada escolar deber\u00edan \u00a0 emprender desde la una (1) y media de la tarde el camino hacia sus casas, \u00a0 llegando hacia las cuatro (4) de la tarde, circunstancias que resultan excesivas \u00a0 trat\u00e1ndose de menores de edad. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Asimismo, en cuanto a los lugares por donde deben atravesar los menores: la \u00a0 primera parte del trayecto es una carretera veredal que deben recorrer por tres \u00a0 (3) kil\u00f3metros y medio, recorrido largo que expone por mayor tiempo a los \u00a0 menores a riesgos por tratarse de una carretera destapada y poco transitada por \u00a0 peatones. Adem\u00e1s, dicho camino desemboca en la carretera principal que conecta a \u00a0 Bogot\u00e1 con el municipio de La Calera, debiendo recorrer una distancia de un (1) \u00a0 kil\u00f3metro y medio, la cual no cuenta con andenes. El escenario, esto es, que el \u00a0 camino veredal no est\u00e1 en buenas condiciones y es poco transitado, aunado al \u00a0 hecho de que deben atravesar la carretera principal con alto tr\u00e1fico vehicular, \u00a0 desprovista de andenes, constituye un riesgo inminente para la vida y la \u00a0 integridad f\u00edsica de los 13 menores. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Entonces, aunque existe la v\u00eda de tr\u00e1nsito vehicular para acceder al \u00a0 establecimiento educativo, esta no es la adecuada, pues no solo la vida e \u00a0 integridad de los menores corre peligro en un alto grado, sino que atendiendo \u00a0 las consideraciones expuestas en p\u00e1rrafos precedentes, los largos \u00a0 desplazamientos hacia el sitio de clases es una circunstancia que dificulta \u00a0 gravemente el acceso al sistema educativo al convertirse en un obst\u00e1culo y, en \u00a0 consecuencia, pone en riesgo la permanencia en este. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Si bien los menores usaban el sendero peatonal, cuyo paso fue cerrado por la \u00a0 sociedad demandada, que era el medio m\u00e1s corto hacia el lugar en donde toman sus \u00a0 clases – veinte (20) minutos de ida y hasta cuarenta (40) minutos, de regreso \u00a0 aproximadamente- e implica menos riesgos para su integridad f\u00edsica, deja a \u00a0 merced de conductas de particulares y de pronunciamientos administrativos, \u00a0 constituy\u00e9ndose el tr\u00e1nsito hacia el plantel en un obst\u00e1culo, poniendo en riesgo \u00a0 su permanencia en el sistema educativo, inclusive su integridad personal. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
La responsabilidad del dise\u00f1o e implementaci\u00f3n de una soluci\u00f3n corresponde a la \u00a0 alcald\u00eda de La Calera, esta es llamada a ofrecer una soluci\u00f3n de manera \u00a0 definitiva y eficaz al acceso material de los menores habitantes de la vereda El \u00a0 Salitre, sector Camino al Meta de este municipio al Instituto Educativo \u00a0 Departamental El Salitre \u2013 sede El Salitre. Esta medida debi\u00f3 ser adoptada una \u00a0 vez tuvo conocimiento de las dificultades suscitadas entre la sociedad \u00a0 accionante y los acudientes de los menores por el paso por el sendero peatonal \u00a0 por el que acostumbraban transitar los menores para asistir al establecimiento \u00a0 educativo. Dentro de las opciones ofrecidas por la jurisprudencia \u00a0 constitucional, por ejemplo, se encuentra la provisi\u00f3n de servicio de transporte \u00a0 a los menores con el fin de que se desplacen desde la vereda donde \u00a0 residen hasta el plantel. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
En s\u00edntesis, la omisi\u00f3n en la que incurri\u00f3 la alcald\u00eda de La Calera en adoptar \u00a0 las medidas para que los 13 menores habitantes en la vereda El Salitre, sector \u00a0 camino al Meta de dicha municipalidad atent\u00f3 contra su derecho a la educaci\u00f3n en \u00a0 la dimensi\u00f3n de acceso material. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
7.3. Adem\u00e1s, la decisi\u00f3n adoptada por la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda el doce (12) de \u00a0 junio de dos mil quince (2015) y confirmada por la alcald\u00eda de La Calera el \u00a0 diecisiete (17) de septiembre de dos mil quince (2015) desconoce igualmente el \u00a0 derecho a la educaci\u00f3n de los menores y su car\u00e1cter de prevalente frente a los \u00a0 dem\u00e1s derechos. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
As\u00ed, las decisiones adoptadas dentro del marco del proceso policivo de \u00a0 perturbaci\u00f3n de la posesi\u00f3n, se basaron en determinar en primer lugar, la \u00a0 acreditaci\u00f3n de la posesi\u00f3n detentada por la Sociedad Acci\u00f3n Fiduciaria S.A., la \u00a0 prueba de los actos generadores de dicha perturbaci\u00f3n, as\u00ed como que la \u00a0 acreditaci\u00f3n de que el querellado[57] \u00a0efectuaba tales actos. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
En \u00a0 efecto, la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda, quien act\u00fao como primera instancia dentro de \u00a0 la querella, el doce (12) de junio de dos mil quince (2015) luego de determinar \u00a0 que la sociedad querellante era propietario del predio y que detentaba la \u00a0 posesi\u00f3n sobre el inmueble, respecto de los actos perturbatorios destac\u00f3, \u00a0 conforme con el acervo probatorio, que \u201cpor varios a\u00f1os los residentes del \u00a0 costado occidental del r\u00edo Teusac\u00e1 han hecho uso de un tr\u00e1nsito peatonal que \u00a0 permite una comunicaci\u00f3n m\u00e1s r\u00e1pida, no por ello m\u00e1s segura, con la v\u00eda p\u00fablica \u00a0 (carretera nacional), dada la cercan\u00eda con la escuela constituye un sendero por \u00a0 lo que se llega con mayor rapidez (\u2026)Al desarrollarse el proyecto y la \u00a0 construcci\u00f3n de obras de urbanismo el uso del predio, usando un sendero a modo \u00a0 de \u201catajo\u201d, implica necesariamente, limitaci\u00f3n y\/o perturbaci\u00f3n al uso y de suyo \u00a0 a la posesi\u00f3n\u201d[58]. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
En cuanto \u00a0 al tercer presupuesto, afirm\u00f3 que \u201cno obstante, quedar establecido \u00a0 que son muchas las personas, todos residentes de los predios ubicados hacia el \u00a0 costado occidental del r\u00edo Teusac\u00e1 los que transitan pasando el r\u00edo sobre el \u00a0 predio objeto de este amparo policivo, los querellados en lo particular y los \u00a0 indeterminados al no haber soportado jur\u00eddicamente un derecho al paso, se \u00a0 constituyen en reales perturbadores de la posesi\u00f3n sobre el predio que es \u00a0 materia de la presente acci\u00f3n policiva\u201d[59]. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Al ser \u00a0 objeto de recurso de apelaci\u00f3n la decisi\u00f3n anterior, la Alcald\u00eda de La Calera la \u00a0 confirm\u00f3 en providencia de diecisiete (17) de septiembre de dos mil quince \u00a0 (2015) bajo similares argumentos[60]. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
En ese \u00a0 sentido, observa esta Sala que pese a que se efect\u00fao el an\u00e1lisis conforme con lo \u00a0 establecido en el C\u00f3digo de Polic\u00eda[61] \u00a0respecto de los presupuestos a tener en cuenta para la prosperidad de las \u00a0 pretensiones de una querella policiva de perturbaci\u00f3n de la posesi\u00f3n, esto lo \u00a0 hizo de manera abstracta sin tener en cuenta lo dispuesto en el art\u00edculo 44 \u00a0 Constitucional y desarrollado por el C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia \u00a0 frente al car\u00e1cter prevalente de los derechos de los ni\u00f1os y, para este asunto, \u00a0 el de la educaci\u00f3n en su dimensi\u00f3n de acceso material. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Si bien, \u00a0 estaba probado que por el predio objeto de perturbaci\u00f3n pasaban \u201cresidentes del \u00a0 costado occidental del r\u00edo Teusac\u00e1 (\u2026) dada la cercan\u00eda con la escuela [por \u00a0 existir] un sendero por lo que se llega con mayor rapidez\u201d, tal \u00a0 determinaci\u00f3n no hizo la distinci\u00f3n entre quienes eran los sujetos respecto de \u00a0 los cuales operaba la restricci\u00f3n, al momento de ejecutarla por parte de la \u00a0 sociedad Acci\u00f3n Fiduciaria, se impidi\u00f3 el paso de todos los habitantes que \u00a0 pasaban por el predio, incluidos los menores que tomaban dicho recorrido, a \u00a0 manera de atajo, para llegar al plantel educativo. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Y es que \u00a0 las autoridades ten\u00edan conocimiento del paso de los ni\u00f1os y ni\u00f1as por el predio: \u00a0 en las pruebas recaudadas en el proceso policivo, particularmente en la \u00a0 inspecci\u00f3n ocular efectuada por la autoridad administrativa evidenci\u00f3 el \u00a0 desplazamiento de los menores por el inmueble con direcci\u00f3n al centro educativo[62]. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
De \u00a0 acuerdo con lo expuesto, las autoridades accionadas no tuvieron en cuenta que el \u00a0 ordenamiento constitucional reconoce que los derechos de los menores de edad \u00a0 prevalecen por encima de los dem\u00e1s derechos, incluidos en este caso, el derecho \u00a0 de propiedad de la sociedad accionada. Tales decisiones acarrearon para los \u00a0 menores una carga irrazonable al dejarles como \u00fanica alternativa un \u00a0 desplazamiento de m\u00e1s de 2 horas por cada tramo que dificulta el acceso material \u00a0 al sistema educativo y que pone en peligro su permanencia en el plantel, \u00a0 desconoci\u00e9ndose su derecho a la educaci\u00f3n en su dimensi\u00f3n de accesibilidad as\u00ed \u00a0 como su integridad f\u00edsica al exponerlo a un camino m\u00e1s largo que acarrea mayores \u00a0 riesgos al tratarse de una v\u00eda destapada poco transitada que desemboca en una \u00a0 carretera principal de alto tr\u00e1fico vehicular que no cuenta con andenes \u00a0 peatonales. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
En ese sentido, tales decisiones, conforme con lo dispuesto por el art\u00edculo 127 \u00a0 del C\u00f3digo Nacional de Polic\u00eda[63], \u00a0 deben ser dejadas sin efectos en tanto que no se tuvo en cuenta lo dispuesto en \u00a0 el art\u00edculo 44 de la Constituci\u00f3n respecto del car\u00e1cter prevalente de la \u00a0 Constituci\u00f3n. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
8. La \u00a0 sociedad accionada debe participar en la efectividad del derecho de la educaci\u00f3n \u00a0 de los menores de la vereda El Salitre, sector Camino al Meta en su dimensi\u00f3n de \u00a0 accesibilidad \u00a0 \u00a0<\/p>\n
8.1. Sin desconocer que la inspecci\u00f3n de polic\u00eda y la alcald\u00eda municipal de La \u00a0 Calera son responsables de la transgresi\u00f3n del derecho a la educaci\u00f3n de los \u00a0 menores, y que el primer llamado a garantizar tal derecho es el Estado, la \u00a0 sociedad accionada tiene el deber de concurrir, en virtud del principio de \u00a0 solidaridad, de tomar parte activa en la efectividad del mismo[64]. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
8.2. En \u00a0 este punto, debe recordarse que el derecho de propiedad debe cumplir con una \u00a0 funci\u00f3n social, que implica que puede ser objeto de limitaciones con el fin de \u00a0 satisfacer no solo fines de inter\u00e9s general o utilidad p\u00fablica, sino incluso \u201cintereses \u00a0 de superior jerarqu\u00eda, como derechos subjetivos que entrar en conflicto en cada \u00a0 caso concreto\u201d. En situaciones en donde los derechos de los ni\u00f1os y la ni\u00f1as \u00a0 entran en conflicto con otros, el juez debe optar por los primeros teniendo en \u00a0 cuenta su car\u00e1cter prevalente. Las medidas para la salvaguarda de los derechos \u00a0 de los ni\u00f1os y las ni\u00f1as en este evento se materializan en la servidumbre de \u00a0 tr\u00e1nsito, trayecto indispensable para que los ni\u00f1os y las ni\u00f1as acudan, en \u00a0 compa\u00f1\u00eda de sus padres, a su escuela. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
8.3. \u00a0 Claro lo anterior, esta Sala se referir\u00e1 a las afirmaciones de la sociedad demandada \u00a0 en cuanto a los presuntos riesgos contra la vida e integridad de los menores al \u00a0 cruzar el r\u00edo Teusac\u00e1 por el puente construido por los habitantes de la vereda, \u00a0 al no contar con las condiciones de seguridad requeridas para el tr\u00e1nsito de \u00a0 personas y, en especial, de los ni\u00f1os y las ni\u00f1as, y que tal riesgo se acrecente \u00a0 por la profundidad del r\u00edo en temporada invernal. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Por lo contrario, \u00a0 los acudientes de los menores en escrito allegado en sede de revisi\u00f3n, explican \u00a0 que el dispositivo fijado para atravesar el r\u00edo es una vara de eucalipto con un \u00a0 di\u00e1metro de veinte (20) a veinticinco (25) cent\u00edmetros de ancho \u201cy sobre esta \u00a0 se apuntillan tablas y dos guayas una por cada lado para sostenernos a una \u00a0 altura de 1 mt aproximadamente siendo seguros ya q (sic) se pasa apoyados de las \u00a0 dos guayas\u201d. Igualmente, advierten que el paso por el puente nunca ha \u00a0 representado un riesgo para los menores. Afirman que este paso lleva veinticinco \u00a0 (25) a\u00f1os sin que hasta la fecha haya ocurrido alg\u00fan accidente al momento de \u00a0 cruzar el r\u00edo y que, en todo caso, han hecho varias veces el cambio del puente. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
A juicio de la \u00a0 Corte, luego de revisadas las pruebas entre ellas las fotograf\u00edas remitidas al \u00a0 despacho y la descripci\u00f3n realizada por los padres del sendero peatonal, el paso \u00a0 por el puente instalado en un espacio del cruce del r\u00edo Teusac\u00e1, hasta el \u00a0 momento en que oper\u00f3[65], \u00a0 no represent\u00f3 un peligro inminente tal como lo asevera la sociedad accionada. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
La Sala considera \u00a0 contradictoria la respuesta ofrecida por la sociedad demandada, pues en la \u00a0 primera parte de su escrito de contestaci\u00f3n se refiere a los actos de \u00a0 perturbaci\u00f3n a la posesi\u00f3n del inmueble de su propiedad, aludiendo a la \u00a0 actuaci\u00f3n policiva adelantada y, en la segunda parte, refiere a los presuntos \u00a0 riesgos que representa para los menores el cruce del r\u00edo por el puente, de lo \u00a0 cual es posible inferir que los motivos que generaron el conflicto policivo, es \u00a0 la molestia de los copropietarios del conjunto residencial por el paso de las \u00a0 ni\u00f1as y los ni\u00f1os por el predio. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Si la \u00a0 preocupaci\u00f3n principal de la sociedad Acci\u00f3n Fiduciaria, propietaria del \u00a0 terreno, por el que se ha constituido una \u201cservidumbre de tr\u00e1nsito\u201d en virtud de \u00a0 la costumbre, hubiera sido el peligro que representa para ellos el cruce por el \u00a0 r\u00edo Teusac\u00e1, su actuaci\u00f3n no era otra que ce\u00f1irse a lo preceptuado en el \u00a0 art\u00edculo 44 superior, esto es, ejercer directamente las acciones para eliminar \u00a0 el presunto peligro, por ejemplo, buscando alternativas con la comunidad para \u00a0 adecuar la empresa el puente con las condiciones de seguridad que consideran \u00a0 \u00f3ptimas para el paso de los menores; o bien colaborar con las autoridades \u00a0 competentes en la b\u00fasqueda de acciones prontas o, finalmente, poniendo en \u00a0 conocimiento de las autoridades la situaci\u00f3n con el fin de que fueran estas las \u00a0 que tomaran las medidas adecuadas para evitar circunstancias que afectaran la \u00a0 integridad f\u00edsica de los menores. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
No obstante, su \u00a0 reacci\u00f3n ante la situaci\u00f3n fue la de adelantar una acci\u00f3n policiva cuyo objetivo \u00a0 no era otro que el de impedir el paso de las personas que por veinticinco (25) \u00a0 a\u00f1os, han transitado por ese sendero, incluidas las ni\u00f1os y las ni\u00f1as que \u00a0 estudian en la Instituci\u00f3n Educativa Departamental El Salitre \u2013 sede El Salitre. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s, de \u00a0 acuerdo con la narraci\u00f3n de los padres de los menores, a pesar de la prohibici\u00f3n \u00a0 de pasar por el inmueble de la Acci\u00f3n Fiduciaria, ellos siguen cruz\u00e1ndolo \u201carriesg\u00e1ndonos \u00a0 a cualquier decisi\u00f3n dr\u00e1stica que el propietario tome en contra de la comunidad \u00a0 ya que hemos tenido varios encuentros desagradables ya que ha habido maltrato \u00a0 verbal de parte del propietario del predio sin importar si son adultos o ni\u00f1os\u201d. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
8.4. Con \u00a0 fundamento en lo anteriormente expuesto, resulta evidente la vulneraci\u00f3n de los \u00a0 derechos de los menores contenidos en el art\u00edculo 44 de la Constituci\u00f3n, en \u00a0 particular, el derecho a la educaci\u00f3n al haberse cerrado el paso por el predio \u00a0 de la sociedad demandada a los menores que se dirig\u00edan a la Instituci\u00f3n \u00a0 Educativa Departamental El Salitre, sede El Salitre. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
En ese sentido, se revocar\u00e1n las decisiones de instancia y, en su lugar, se \u00a0 conceder\u00e1 el amparo del derecho a la educaci\u00f3n, contemplado en el art\u00edculo 44 de \u00a0 la Constituci\u00f3n de los menores que habitan en la vereda El Salitre, sector \u00a0 Camino al Meta. Por lo tanto, deben adoptarse un conjunto de acciones a cargo de \u00a0 la administraci\u00f3n municipal y la sociedad demandada encaminadas a garantizar el \u00a0 acceso material al sistema educativo por parte de los menores, sin que estas de \u00a0 ninguna manera representen un menoscabo en su integridad f\u00edsica. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
9. \u00a0 \u00d3rdenes a la sociedad demandada y a la administraci\u00f3n municipal \u00a0 \u00a0<\/p>\n
9.1. Como \u00a0 consecuencia de lo expuesto, la alcald\u00eda municipal est\u00e1 en la obligaci\u00f3n de \u00a0 proveer dentro del t\u00e9rmino de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la \u00a0 notificaci\u00f3n de la presente providencia, las medidas necesarias para que los \u00a0 menores de edad que habitan en la vereda El Salitre, sector Camino al Meta \u00a0 puedan acceder de manera efectiva al derecho a la educaci\u00f3n. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
9.2. \u00a0 Igualmente, se dejar\u00e1 sin efectos las decisiones de quince (15) de junio y \u00a0 diecisiete (17) de septiembre de dos mil quince (2015), adoptadas por la \u00a0 inspecci\u00f3n de polic\u00eda y la alcald\u00eda municipal de La Calera, conforme con lo \u00a0 expuesto en l\u00edneas precedentes. En ese sentido, de manera transitoria, en caso \u00a0 de que exista alguna falla o cualquier otra situaci\u00f3n por los menores no puedan \u00a0 acceder de manera efectiva al lugar de clases, la sociedad Acci\u00f3n \u00a0 Fiduciaria S.A. \u2013 Fideicomiso Parqueo Termales\u00a0 – Centro Vacacional La \u00a0 Calera \u2013 \u201cGreen Park\u201d \u00a0 \u00a0deber\u00e1 retirar todos los obst\u00e1culos que impidan el libre tr\u00e1nsito de los menores \u00a0 as\u00ed como a sus acudientes por el predio de propiedad de la sociedad accionada. \u00a0 Se adoptar\u00e1 como sendero peatonal, aquel por el que transitaban los menores \u00a0 junto con sus padres despu\u00e9s de la construcci\u00f3n de las dos torres del predio \u00a0 Green Park, descrito por los accionantes en escrito allegado en el tr\u00e1mite de \u00a0 revisi\u00f3n[66]. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
En ese \u00a0 sentido, la alcald\u00eda municipal de la Calera en el t\u00e9rmino de un (1) mes contado \u00a0 a partir de la notificaci\u00f3n de la presente providencia deber\u00e1 realizar los \u00a0 estudios de prefactibilidad, factibilidad y proceder a contratar conforme a las \u00a0 reglas de la contrataci\u00f3n estatal y el presupuesto la construcci\u00f3n de un puente \u00a0 para que los menores de la vereda Camino al Meta que estudian en el plantel \u00a0 Instituto Departamental El Salitre \u2013 sede El Salitre puedan cruzar el r\u00edo \u00a0 Teusac\u00e1. La sociedad accionada deber\u00e1, para ello, permitir el paso de los \u00a0 materiales que se requieran para dicha construcci\u00f3n. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
9.3. Para \u00a0 evitar que estas circunstancia pueda perjudicar a otros menores que residan en \u00a0 la vereda El Salitre, sector Camino al Meta del municipio de La Calera y que \u00a0 estudien en la Instituci\u00f3n Educativa Departamental El Salitre – sede El Salitre, \u00a0 esta sentencia tendr\u00e1 efectos inter comunis, esto es, que se proteger\u00e1n \u00a0 los derechos de todos los menores que est\u00e9n en la misma situaci\u00f3n, es decir los \u00a0 que residen en la vereda Salitre, sector Camino al Meta y que estudian en el \u00a0 Instituto Departamental El Salitre \u2013 sede El Salitre. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Seg\u00fan lo \u00a0 ha explicado la Corte, el efecto inter comunis se adopta con el fin de \u00a0 proteger los derechos de todos los miembros de un grupo, afectados por la misma \u00a0 situaci\u00f3n de hecho o de derecho, en condiciones de igualdad. A este respecto, \u00a0 esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que existen circunstancias en las cuales la \u00a0 protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de los accionantes debe hacerse \u00a0 extensiva a otras personas o ciudadanos que no han acudido a la acci\u00f3n de \u00a0 tutela, o que habiendo acudido no son demandantes dentro de los casos bajo \u00a0 estudio, pero que sin embargo, se encuentran en situaciones de hecho o de \u00a0 derecho similares o an\u00e1logas a las de los actores. En estos casos, ha \u00a0 establecido que la acci\u00f3n de tutela no debe limitarse a un mecanismo judicial \u00a0 subsidiario para evitar la vulneraci\u00f3n o amenaza de derechos fundamentales \u00a0 solamente de los accionantes, y que la naturaleza y raz\u00f3n de ser de la acci\u00f3n de \u00a0 amparo debe suponer tambi\u00e9n la fuerza vinculante suficiente para proteger \u00a0 derechos fundamentales de quienes no han acudido directamente a este medio \u00a0 judicial[67]. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
9.4. \u00a0 Asimismo, la Personer\u00eda Municipal estar\u00e1 encargada de velar por el cumplimiento \u00a0 de todas las \u00f3rdenes impartidas en esta decisi\u00f3n a la sociedad Acci\u00f3n Fiduciaria \u00a0 S.A. y a la alcald\u00eda municipal de La Calera. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10. Conclusi\u00f3n \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Una \u00a0 administraci\u00f3n municipal desconoce el derecho fundamental a la educaci\u00f3n en su \u00a0 dimensi\u00f3n de acceso material de los menores que habitan en zonas rurales cuando \u00a0 al conocer de situaci\u00f3n que obstaculiza el acceso y pone en riesgo su integridad \u00a0 y permanencia en una instituci\u00f3n educativa, no adopta las medidas necesarias \u00a0 para conjurarla. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Por otra \u00a0 parte, el particular tiene un deber de solidaridad y corresponsabilidad respecto \u00a0 del derecho prevalente a la educaci\u00f3n de los menores y por ello, deben \u00a0 participar en que se materialice su acceso. En este punto, debe recordarse que \u00a0 el derecho de propiedad debe cumplir con una funci\u00f3n social, que implica que \u00a0 puede ser objeto de limitaciones con el fin de satisfacer no solo fines de \u00a0 inter\u00e9s general o utilidad p\u00fablica, sino incluso derechos con car\u00e1cter de \u00a0 prevalente como el de los menores. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
III. DECISI\u00d3N \u00a0 \u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisi\u00f3n de la Corte \u00a0 Constitucional, administrando justicia en\u00a0 nombre del pueblo y por mandato \u00a0 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, \u00a0 \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Primero.- REVOCAR \u00a0 las sentencias proferidas, en primera instancia, por el Juzgado Promiscuo \u00a0 Municipal de La Calera el \u00a0 veinticuatro (24) de noviembre de dos mil quince (2015) y, en segunda instancia, \u00a0 por el Juzgado Treinta (30) Civil del Circuito de Bogot\u00e1, el veintiocho (28) de \u00a0 enero de dos mil diecis\u00e9is (2016) que declararon improcedente el amparo invocado \u00a0 dentro de acci\u00f3n de tutela presentada por Luz Mery Ayala Parra y otros padres en \u00a0 representaci\u00f3n de 13 menores de edad[68], \u00a0 quienes interpusieron acci\u00f3n de tutela\u00a0 contra la sociedad Acci\u00f3n \u00a0 Fiduciaria S.A. \u2013 Fideicomiso Parqueo Termales\u00a0 – Centro Vacacional La \u00a0 Calera \u2013 \u201cGreen Park\u201d y el municipio de La Calera. En su lugar CONCEDER \u00a0 el amparo del derecho fundamental a la educaci\u00f3n contemplado en el art\u00edculo 44 \u00a0 de la Constituci\u00f3n. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Segundo.- \u00a0 \u00a0ORDENAR \u00a0 \u00a0a la alcald\u00eda municipal de La Calera que dentro de las cuarenta y ocho (48) \u00a0 horas siguientes a la notificaci\u00f3n del presente fallo, provea las medidas \u00a0 necesarias para que los menores de edad que habitan en la vereda El Salitre, \u00a0 sector Camino al Meta puedan acceder de manera efectiva al derecho a la \u00a0 educaci\u00f3n. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Tercero.- DEJAR SIN EFECTOS las decisiones de quince (15) de junio y diecisiete \u00a0 (17) de septiembre de dos mil quince (2015), adoptadas por la inspecci\u00f3n de \u00a0 polic\u00eda y la alcald\u00eda municipal de La Calera, respectivamente, conforme con lo \u00a0 expuesto en la parte considerativa de la decisi\u00f3n. En consecuencia, ORDENAR \u00a0 a la \u00a0 sociedad Acci\u00f3n Fiduciaria S.A. \u2013 Fideicomiso Parqueo Termales\u00a0 – Centro \u00a0 Vacacional La Calera \u2013 \u201cGreen Park\u201d que, en todos los casos en los que los \u00a0 menores no puedan acceder de manera efectiva al plantel educativo Instituto \u00a0 Departamental El Salitre \u2013 sede el Salitre, remueva todos los obst\u00e1culos que impidan el libre \u00a0 tr\u00e1nsito de los menores en compa\u00f1\u00eda de sus acudientes en el inmueble por el \u00a0 sendero peatonal ubicado en el predio Green Park por el que transitaban despu\u00e9s \u00a0 de la construcci\u00f3n de nuevas torres, descrito en el anexo de esta sentencia. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Cuarto.- ORDENAR \u00a0a la alcald\u00eda municipal de La Calera dentro del t\u00e9rmino de un (1) mes contado a \u00a0 partir de la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n que adopte las medidas \u00a0 administrativas y presupuestales necesarias para adecuar el sendero peatonal, \u00a0 as\u00ed como para construir un puente para que las ni\u00f1as y los ni\u00f1os junto con sus \u00a0 padres puedan atravesar el r\u00edo Teusac\u00e1 y acceder al plantel educativo, deber\u00e1n \u00a0 en todo caso observarse las medidas de seguridad necesarias que protejan la \u00a0 integridad f\u00edsica de los menores. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Quinto.- ORDENAR \u00a0 a la sociedad Acci\u00f3n Fiduciaria S.A. que permita el paso de los materiales e \u00a0 instrumentos que se requieran para la adecuaci\u00f3n del puente para cruzar el r\u00edo \u00a0 Teusac\u00e1. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Sexto.-\u00a0 ORDENAR \u00a0 a la Personer\u00eda Municipal de La Calera que efect\u00fae el seguimiento de las \u00a0 \u00f3rdenes impartidas a la alcald\u00eda municipal y a la sociedad accionada, en los \u00a0 t\u00e9rminos establecidos en la parte resolutiva de esta decisi\u00f3n. La presente \u00a0 decisi\u00f3n \u00a0tendr\u00e1 efectos inter comunis, esto es, que se proteger\u00e1n los derechos de \u00a0 todos los menores que est\u00e9n en la misma situaci\u00f3n, es decir los que residen en \u00a0 la vereda Salitre, sector Camino al Meta y que estudian en el Instituto \u00a0 Departamental El Salitre \u2013 sede El Salitre. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
S\u00e9ptimo.- \u00a0 LIBRAR \u00a0 por Secretar\u00eda la comunicaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 36 del Decreto 2591 de \u00a0 1991. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Comun\u00edquese y c\u00famplase. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
MAR\u00cdA VICTORIA \u00a0 CALLE CORREA \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Magistrada \u00a0 \u00a0<\/p>\n
LUIS GUILLERMO \u00a0 GUERRERO P\u00c9REZ \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Con salvamento de \u00a0 voto \u00a0 \u00a0<\/p>\n
ALEJANDRO LINARES \u00a0 CANTILLO \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0 \u00a0<\/p>\n
MARTHA VICTORIA \u00a0 SACHICA MENDEZ \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0 General \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
ANEXO \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[1] En efecto, Luz Mery Ayala Parra \u00a0 present\u00f3 la acci\u00f3n en \u00a0 representaci\u00f3n de su hijo Elkin Rodr\u00edguez Ayala, Ana Marcela Pedraza en \u00a0 representaci\u00f3n de sus hijas Laura Camila Moreno Pedraza y Nicoll Mariana Garc\u00eda \u00a0 Pedraza, Diana Carolina Arias Salas en representaci\u00f3n de su hijo David Orduela \u00a0 Arias, Gloria Ismelda Veloza Lozano en representaci\u00f3n de su hijo Stiven Mahecha \u00a0 Veloza, Miriam Ayala Parra en representaci\u00f3n de su hijo Yoni Rodr\u00edguez Ayala, \u00a0 Diana Paola Pedraza en representaci\u00f3n de su hija Paula Andrea Ayala Pedraza, \u00a0 Diana Roc\u00edo Fonseca en representaci\u00f3n de su hijo Nicol\u00e1s Andrey Pe\u00f1a Fonseca, \u00a0 Yesica Garz\u00f3n Pedraza en representaci\u00f3n de su hija Hassley Pe\u00f1a Garz\u00f3n, Carmenza \u00a0 Murcia Ome en representaci\u00f3n de sus hijos Juliana y H\u00e9ctor David Rodr\u00edguez \u00a0 Murcia y, Cerveli\u00f3n Quivano Cabrera en representaci\u00f3n de sus hijos Jeison Stiven \u00a0 y Natalia Quivano Ord\u00f3\u00f1ez. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[2] En la decisi\u00f3n de primera \u00a0 instancia, dentro del ac\u00e1pite denominado \u201ccontestaci\u00f3n de la querella\u201d, \u00a0 Gloria Lucia Pedraza, una de las querelladas, indic\u00f3 que \u201cpor t\u00e9rmino mayor \u00a0 de 40 a\u00f1os han utilizado un camino, al que refiere como servidumbre de tr\u00e1nsito \u00a0 (\u2026) Que este camino es m\u00e1s corto para llegar a la Escuela El Salitre\u201d, \u00a0 situaci\u00f3n que pudo verificar la autoridad policiva pues advirti\u00f3 \u201cel \u00a0 desplazamiento de menores por estas \u00e1reas\u201d (folios 35 y 38 Cuaderno No. 1). \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[3] Folios 34 a 44 Cuaderno No. 1. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[4] Folios 45 a 49 Cuaderno No. 1. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[5] Folios 4 y 5 Cuaderno No. 1. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[6] Folios 3 y 4 Cuaderno No. 1. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[8] Folio 61 y 62 Cuaderno No. 1. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[9] Folio 63 a 65 Cuaderno No. 1. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[10] Folio 66 a 70 Cuaderno No. 1. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[11] Folios 106 a 110 Cuaderno No. 1. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[12] Folios 119 a 133 Cuaderno No 1. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[13] Folio 129 Cuaderno No. 1. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[14] Folios 147 a 151 Cuaderno No 1. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[15] Folio 149 Cuaderno No. 1. La \u00a0 descripci\u00f3n del camino, incluido el dispositivo fijado por los habitantes de la \u00a0 vereda para el cruce del r\u00edo, se encuentra en el ac\u00e1pite 4 de esta decisi\u00f3n. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[16] Folios 4 a 18 Cuaderno No 2. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[17] Folio 16 Cuaderno No. 2. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[18] Folio 18 a 21 Cuaderno No. 3. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[19] En la demanda de tutela, la \u00a0 interponen los padres de 13 menores de edad. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[20] Debe precisarse que el juez de \u00a0 primera instancia indic\u00f3 que exist\u00eda un medio de defensa al que pod\u00eda acudir la \u00a0 parte accionante, sin que lo especificara. En cambio, el juez que resolvi\u00f3 la \u00a0 impugnaci\u00f3n, indic\u00f3 que dicho mecanismo era el proceso civil de servidumbre de \u00a0 tr\u00e1nsito. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[21] En cuanto al cumplimiento del \u00a0 criterio de inmediatez, se exige que la acci\u00f3n sea presentada por el interesado \u00a0 de manera oportuna frente al acto que gener\u00f3 la presunta vulneraci\u00f3n de los \u00a0 derechos fundamentales. La inmediatez encuentra raz\u00f3n de ser en la tensi\u00f3n \u00a0 existente entre el derecho constitucional a presentar una acci\u00f3n de tutela en \u00a0 todo momento y el deber de respetar la configuraci\u00f3n de la acci\u00f3n constitucional \u00a0 como un medio de protecci\u00f3n inmediata de las garant\u00edas fundamentales. Es decir \u00a0 que, pese a no contar con un t\u00e9rmino para efectuar la presentaci\u00f3n, debe existir \u00a0 una correspondencia entre la naturaleza expedita de la tutela y su interposici\u00f3n \u00a0 oportuna. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[22] Folio 1 Cuaderno No. 1. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[23] Folio 53 y 54 Cuaderno No. 1. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[24] Igualmente, en el estudio de \u00a0 procedencia de la acci\u00f3n de tutela el juez debe verificar, de acuerdo con lo \u00a0 dispuesto en\u00a0 el inciso final del art\u00edculo 86 superior y en los art\u00edculos \u00a0 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991, contra quienes se interpone la tutela, es \u00a0 decir, si se trata de una autoridad p\u00fablica que con su actuaci\u00f3n y omisi\u00f3n \u00a0 desconoce o amenaza derechos fundamentales; o si es un particular encargado de \u00a0 la prestaci\u00f3n de un servicio p\u00fablico, o respecto de quien el solicitante se \u00a0 encuentra en estado de subordinaci\u00f3n o indefensi\u00f3n. Entre otras, en la sentencia \u00a0 T-122 de 2005 (MP. Alfredo Beltr\u00e1n Sierra) la Corte indic\u00f3 que la diferencia \u00a0 entre indefensi\u00f3n y subordinaci\u00f3n radicaba en el origen de la dependencia entre \u00a0 los particulares: si el sometimiento se presenta como consecuencia de un v\u00ednculo \u00a0 jur\u00eddico nos encontraremos frente a un caso de subordinaci\u00f3n, y en el sentido \u00a0 contrario, si la dominaci\u00f3n proviene de una situaci\u00f3n de hecho, nos hallaremos \u00a0 ante un caso de indefensi\u00f3n. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[25] En esta decisi\u00f3n, aunque el \u00a0 examen se contrajo a casos relacionados con la protecci\u00f3n del derecho a la \u00a0 salud, lo indicado respecto de la subsidiariedad resulta aplicable a asuntos \u00a0 como el que aqu\u00ed se examina, ya que se refiere al cat\u00e1logo de los derechos de \u00a0 los ni\u00f1os y las ni\u00f1as contenidos en el art\u00edculo 44 de la Constituci\u00f3n, dentro de \u00a0 los cuales se encuentra el de educaci\u00f3n aqu\u00ed estudiado. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[26] M.P. Alberto Rojas R\u00edos. En este \u00a0 fallo, la Corte dijo que \u201cla aptitud del medio de defensa ordinario debe ser \u00a0 analizada en cada caso concreto teniendo en cuenta las caracter\u00edsticas \u00a0 procesales del mecanismo, las circunstancias del peticionario y el derecho \u00a0 fundamental involucrado. Esto significa que un medio judicial excluye la \u00a0 procedencia de la acci\u00f3n de tutela, cuando salvaguarda de manera eficaz el \u00a0 derecho invocado\u201d. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[27] Esta disposici\u00f3n prev\u00e9 que: \u201cEl \u00a0 Estado es el contexto institucional en el desarrollo integral de los ni\u00f1os, las \u00a0 ni\u00f1as y los adolescentes. En cumplimiento de sus funciones en los niveles \u00a0 nacional, departamental, distrital y municipal deber\u00e1: (\u2026) 4. Asegurar la \u00a0 protecci\u00f3n y el efectivo restablecimiento de los derechos que han sido \u00a0 vulnerados; (\u2026) 7. Resolver con car\u00e1cter prevalente los recursos, peticiones o \u00a0 acciones judiciales que presenten los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, su \u00a0 familia o la sociedad para la protecci\u00f3n de sus derechos.\u201d \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[28] Ver, en igual sentido, la \u00a0 sentencia T-458 de 2013 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). Adem\u00e1s, existen \u00a0 otras providencias que, no obstante no se debate de manera expresa la existencia \u00a0 de otros medios de defensa judicial, si son claras al establecer que el \u00a0 mecanismo legal id\u00f3neo para la protecci\u00f3n del derecho a la educaci\u00f3n de las \u00a0 ni\u00f1as y los ni\u00f1os es la acci\u00f3n de tutela. As\u00ed, en la sentencia T-624 de 2014 \u00a0 (M.P. Mar\u00eda Victoria Calle Correa) la raz\u00f3n para llegar a tal conclusi\u00f3n es la \u201cintr\u00ednseca \u00a0 relaci\u00f3n [del derecho a la educaci\u00f3n] con la vida digna\u201d. En la sentencia \u00a0 T-273 de 2014 (M.P. Mar\u00eda Victoria Calle Correa), luego de establecerse que los \u00a0 derechos a la cuya protecci\u00f3n se reclamaba no eran de car\u00e1cter colectivo \u2013aunque \u00a0 fuera sujeto plural- sino aquellos contemplados en el art\u00edculo 44 de la \u00a0 Constituci\u00f3n, se indic\u00f3 que estos ten\u00edan el car\u00e1cter de \u201cderechos \u00a0 fundamentales y, adem\u00e1s, prevalentes sobre los derechos de todos los dem\u00e1s \u00a0 sujetos de la sociedad, lo que implica, entre otras cosas, que las prerrogativas \u00a0 all\u00ed consignadas pueden ser reclamadas mediante la acci\u00f3n de tutela.\u201d \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[29] Ver, en ese sentido, las \u00a0 sentencias T- 109 de 1993 (M.P. Eduardo Cifuentes Mu\u00f1oz), T-043 de 1996 (M.P. \u00a0 Jos\u00e9 Gregorio Hern\u00e1ndez), T- 149 de 1998 (M.P. Antonio Barrera Carbonell), T-115 \u00a0 de 2004 (M.P. Jaime C\u00f3rdoba Trivi\u00f1o), T-1023 de 2005 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), \u00a0 T-1104 de 2008 (M.P. Humberto Sierra Porto, A.V. Jaime Ara\u00fajo Renter\u00eda), T-560 \u00a0 de 2009 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-267 de 2011 (M.P. Mauricio \u00a0 Gonz\u00e1lez Cuervo), T-302 de 2011 (M.P. Juan Carlos Henao P\u00e9rez) y T-053 de 2012 \u00a0 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva). \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[30] El art\u00edculo 105 \u00a0 del CPACA dispone que \u201cLa Jurisdicci\u00f3n de lo Contencioso Administrativo no \u00a0 conocer\u00e1 de los siguientes asuntos: (\u2026) 3. Las decisiones \u00a0 proferidas en juicios de polic\u00eda regulados especialmente por la ley.\u201d Dicha excepci\u00f3n \u00a0 tambi\u00e9n se encontraba consagrada en el art\u00edculo 82 del\u00a0 C\u00f3digo Contencioso \u00a0 Administrativo. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[31] Pueden \u00a0 consultarse las sentencias T-061 de \u00a0 2002 (M.P\u00a0Rodrigo Escobar Gil), T-560 de 2009 (Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) y T-053 \u00a0 de 2012 (M.P. \u00a0 Luis Ernesto Vargas Silva). \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[32] Estos se encuentran consagrados \u00a0 en el art\u00edculo 44, las normas concordantes, y los instrumentos internacionales \u00a0 de protecci\u00f3n de los derechos de los ni\u00f1os y de las ni\u00f1as, como la Declaraci\u00f3n \u00a0 de los Derechos de los Ni\u00f1os \u2013 suscrita en 1959 por la Asamblea General de la \u00a0 Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas-. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[33] En las \u00a0 sentencias que se citan a continuaci\u00f3n las diferentes Salas de Revisi\u00f3n de la \u00a0 Corporaci\u00f3n aceptaron la procedencia de la acci\u00f3n de tutela interpuesta por un \u00a0 tercero en favor de un ni\u00f1o o de una ni\u00f1a, sobre la base de la aplicaci\u00f3n \u00a0 directa del art\u00edculo 44 de la Constituci\u00f3n. As\u00ed por ejemplo, en la sentencia \u00a0 T-029 de 1994 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa) la Corte reconoci\u00f3 que la \u00a0 legitimidad por activa de la accionante del proceso de tutela se fundamentaba \u00a0 directamente en el art\u00edculo 44 superior. Se trat\u00f3 del caso de una persona que \u00a0 solicit\u00f3 al ICBF actuar en defensa de varios ni\u00f1os en estado de indigencia que \u00a0 viv\u00edan en diferentes parques de la ciudad de Villavicencio. La ciudadana relat\u00f3 \u00a0 que las ni\u00f1as y los ni\u00f1os estaban expuestos a condiciones de abandono, \u00a0 intemperie y promiscuidad y que le preocupaba ver c\u00f3mo \u201cestas criaturas inocentes se consumen cada d\u00eda en el vicio, \u00a0 en\u00a0 las enfermedades y el temor \u2013 \u00a0 temor a ser asesinados como hab\u00eda ocurrido con algunos de sus\u00a0 compa\u00f1eros, \u00a0 seg\u00fan le relataron algunos menores a la peticionaria- La accionante ped\u00eda, en \u00a0 concreto, que el ICBF les brindara a las ni\u00f1as y a los ni\u00f1os rehabilitaci\u00f3n \u00a0 f\u00edsica y moral, y realizara las gestiones para ayudarlos a recuperarse de la \u00a0 situaci\u00f3n de abandono. La Corporaci\u00f3n dijo en esa oportunidad: \u201c[e]l \u00a0 bienestar de la infancia, es una de las causas finales de la sociedad -tanto \u00a0 dom\u00e9stica como pol\u00edtica-, y del Estado; por ello la integridad f\u00edsica, moral, \u00a0 intelectual y espiritual de la ni\u00f1ez, y la garant\u00eda de la plenitud de sus \u00a0 derechos son, en estricto sentido, asunto de inter\u00e9s general. Son fin del \u00a0 sistema jur\u00eddico, y no hay ning\u00fan medio que permita la excepci\u00f3n del fin. \u00a0Pero no basta con el deber de asistencia, porque la Constituci\u00f3n obliga \u00a0 al Estado, a la sociedad y a la familia tambi\u00e9n a proteger al ni\u00f1o. Esta \u00a0 protecci\u00f3n implica realizar las acciones de amparo, favorecimiento y defensa de \u00a0 los derechos del menor. Por ello el art\u00edculo 44 superior, concluye en su \u00faltimo \u00a0 inciso: “Los derechos de los ni\u00f1os prevalecen sobre los derechos de los dem\u00e1s; \u00a0 \u00a0lo cual\u00a0 est\u00e1 en consonancia con el inciso tercero del art\u00edculo 13 de la \u00a0 Constituci\u00f3n que se\u00f1ala: “El Estado proteger\u00e1 especialmente a aquellas personas \u00a0 que por su condici\u00f3n econ\u00f3mica, f\u00edsica o mental, se encuentran en circunstancia \u00a0 de debilidad manifiesta (…)”. Esta especial protecci\u00f3n -que abarca a la \u00a0 infancia- m\u00e1s la prevalencia de los derechos de los ni\u00f1os, hace que estos tengan \u00a0 una exaltaci\u00f3n jur\u00eddica, dado el inter\u00e9s general que, al recaer sobre ellos, se \u00a0 hace superior y, por tanto, incondicional. Lo anterior se traduce en el \u00a0 ineludible deber del Estado y de la sociedad de respetar, en primer t\u00e9rmino, \u00a0 dicha prevalencia, y de actuar de manera inmediata e incondicional, siempre que \u00a0 la infancia se halle en estado de necesidad, como deber prioritario e \u00a0 ineludible. Si los derechos de los ni\u00f1os son prevalentes, el deber del \u00a0 Estado de asistencia y protecci\u00f3n a la infancia, tambi\u00e9n lo es. Luego no pueden \u00a0 alegarse otras obligaciones que dilaten la eficacia del Estado y de la sociedad \u00a0 hacia la protecci\u00f3n de los menores, porque el deber hacia \u00e9stos prevalece sobre \u00a0 cualquier otra consideraci\u00f3n social, pol\u00edtica, jur\u00eddica o econ\u00f3mica.\u201d Ver en \u00a0 igual sentido las sentencias T-385 de 1995 (M.P. Carlos Gaviria D\u00edaz), T-715 de \u00a0 1999 (M.P. Alejandro Mart\u00ednez Caballero), T-963 de 2001 (M.P. Alfredo Beltr\u00e1n \u00a0 Sierra), T-881 de 2011 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-407 de 2002 (M.P. \u00a0 Clara In\u00e9s Vargas Hern\u00e1ndez), T-695 de 2005 (M.P. Jaime C\u00f3rdoba Trivi\u00f1o), T-1199 \u00a0 de 2005 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-1275 de 2005 (M.P. Humberto Antonio Sierra \u00a0 Porto, T-348 de 2007 (M.P. Clara In\u00e9s Vargas Hern\u00e1ndez), T-625 de 2008 (M.P. \u00a0 Marco Gerardo Monroy Cabra), T-329 de 2010 (M.P. Jorge Iv\u00e1n Palacio Palacio), \u00a0 T-708 de 2012 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-636 de 2013 (M.P. Mar\u00eda \u00a0 Victoria Calle Correa), T-703 de 2013 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla) y T-541A de \u00a0 2014 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado).\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[34] \u00a0 Sentencia C-019 de 1993 (MP. Ciro Angarita Bar\u00f3n) y C-796 de 2004 (MP. Rodrigo \u00a0 Escobar Gil), entre otras. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[35] \u00a0 Sentencia T-029 de 1994 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa). \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[36] Ib\u00eddem. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[37] \u00a0 Sentencia C-1064 de 2000 (MP. \u00c1lvaro Tafur Galvis). \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[38] El art\u00edculo 67 de la Constituci\u00f3n \u00a0 Pol\u00edtica dispone: \u201cLa educaci\u00f3n es un derecho de la persona y un servicio \u00a0 p\u00fablico que tiene una funci\u00f3n social; con ella se busca el acceso al \u00a0 conocimiento, a la ciencia, a la t\u00e9cnica, y a los dem\u00e1s bienes y valores de la \u00a0 cultura. \/\/ La educaci\u00f3n formar\u00e1 al colombiano en el respeto a los derechos \u00a0 humanos, a la paz y a la democracia; y en la pr\u00e1ctica del trabajo y la \u00a0 recreaci\u00f3n, para el mejoramiento cultural, cient\u00edfico, tecnol\u00f3gico y para la \u00a0 protecci\u00f3n del ambiente. \/\/ El Estado, la sociedad y la familia son responsables \u00a0 de la educaci\u00f3n, que ser\u00e1 obligatoria entre los cinco y los quince a\u00f1os de edad \u00a0 y que comprender\u00e1 como m\u00ednimo, un a\u00f1o de preescolar y nueve de educaci\u00f3n b\u00e1sica. \u00a0 \/\/ La educaci\u00f3n ser\u00e1 gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del \u00a0 cobro de derechos acad\u00e9micos a quienes puedan sufragarlos. \/\/ Corresponde al \u00a0 Estado regular y ejercer la suprema inspecci\u00f3n y vigilancia de la educaci\u00f3n con \u00a0 el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor \u00a0 formaci\u00f3n moral, intelectual y f\u00edsica de los educandos; garantizar el adecuado \u00a0 cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias \u00a0 para su acceso y permanencia en el sistema educativo. \/\/ La Naci\u00f3n y las \u00a0 entidades territoriales participar\u00e1n en la direcci\u00f3n, financiaci\u00f3n y \u00a0 administraci\u00f3n de los servicios educativos estatales, en los t\u00e9rminos que \u00a0 se\u00f1alen la Constituci\u00f3n y la ley.\u201d. En sentencia T-137 de 2015 (M.P. Mar\u00eda \u00a0 Victoria Calle Correa) al hacer un estudio del derecho a la educaci\u00f3n, fij\u00f3 las \u00a0 siguientes subreglas: \u201c[l]a educaci\u00f3n es (i) un derecho fundamental \u00a0 susceptible de ser amparado mediante la acci\u00f3n de tutela; (ii) un presupuesto \u00a0 b\u00e1sico para el goce y ejercicio de otras garant\u00edas constitucionales as\u00ed como \u00a0 para el desarrollo pleno del conjunto de potencialidades en el conglomerado \u00a0 social; (iii) un servicio p\u00fablico cuya prestaci\u00f3n es un fin esencial del Estado, \u00a0 y cuyo n\u00facleo esencial comprende el acceso a un sistema educativo que permita \u00a0 una formaci\u00f3n adecuada, y la permanencia en el mismo y, (iv) un deber que genera \u00a0 obligaciones entre los distintos actores que intervienen en el proceso \u00a0 educativo.\u201d \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[39] Ratificada por Colombia mediante \u00a0 la Ley 12 de 1991, \u2018Por medio de la cual se aprueba la Convenci\u00f3n sobre los \u00a0 Derechos del Ni\u00f1o adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 \u00a0 de noviembre de 1989\u2019. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[40] En efecto, el deber \u00a0 constitucional de solidaridad se impone a los miembros de la sociedad, respecto \u00a0 de aquellas personas en circunstancias de debilidad manifiesta, \u201cla \u00a0 vinculaci\u00f3n del propio esfuerzo y actividad en beneficio o apoyo de otros \u00a0 asociados o en inter\u00e9s colectivo.\u201d. Aunque este deber de solidaridad en las \u00a0 relaciones entre particulares es una pauta de comportamiento, es solo exigible \u00a0 en caso de desarrollo legal como en el presente caso. No obstante, de no existir \u00a0 norma legal que lo reglamente, ante la omisi\u00f3n amenaza o vulnera derechos \u00a0 fundamentales de otra persona en estado de indefensi\u00f3n, el juez de tutela puede \u00a0 exigir directamente que se corrija la conducta y se aplique la obligaci\u00f3n \u00a0 emanada de la Constituci\u00f3n de 1991. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[41] Este Comit\u00e9 constituye el \u00f3rgano \u00a0 autorizado para interpretar las normas incorporadas al Pacto Internacional de \u00a0 Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales, a fin de lograr la plena efectividad \u00a0 de los derechos all\u00ed proclamados. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[42] Con relaci\u00f3n a las mencionadas \u00a0 cuatro caracter\u00edsticas del derecho a la educaci\u00f3n, la Observaci\u00f3n General No. 13 \u00a0 se\u00f1ala lo siguiente:\u201d (\u2026) la educaci\u00f3n en todas sus formas y en todos los \u00a0 niveles debe tener las siguientes cuatro caracter\u00edsticas interrelacionadas: a) \u00a0 Disponibilidad.\u00a0 Debe haber instituciones y programas de ense\u00f1anza en \u00a0 cantidad suficiente en el \u00e1mbito del Estado Parte. (\u2026) b) Accesibilidad.\u00a0 \u00a0 Las instituciones y los programas de ense\u00f1anza han de ser accesibles a todos, \u00a0 sin discriminaci\u00f3n, en el \u00e1mbito del Estado Parte. La accesibilidad consta de \u00a0 tres dimensiones que coinciden parcialmente: No discriminaci\u00f3n.\u00a0 La \u00a0 educaci\u00f3n debe ser accesible a todos, especialmente a los grupos no vulnerables \u00a0 de hecho y de derecho, sin discriminaci\u00f3n por ninguno de los motivos prohibidos \u00a0 (v\u00e9anse los p\u00e1rrafos 31 a 37 sobre la no discriminaci\u00f3n); Accesibilidad \u00a0 material. La educaci\u00f3n ha de ser asequible materialmente, ya sea por su \u00a0 localizaci\u00f3n geogr\u00e1fica de acceso razonable (por ejemplo, una escuela vecinal) o \u00a0 por medio de la tecnolog\u00eda moderna (mediante el acceso a programas de educaci\u00f3n \u00a0 a distancia); Accesibilidad econ\u00f3mica. La educaci\u00f3n ha de estar al alcance de \u00a0 todos.\u00a0 Esta dimensi\u00f3n de la accesibilidad est\u00e1 condicionada por las \u00a0 diferencias de redacci\u00f3n del p\u00e1rrafo 2 del art\u00edculo 13 respecto de la ense\u00f1anza \u00a0 primaria, secundaria y superior: mientras que la ense\u00f1anza primaria ha de ser \u00a0 gratuita para todos, se pide a los Estados Partes que implanten gradualmente la \u00a0 ense\u00f1anza secundaria y superior gratuita. c) Aceptabilidad.\u00a0 La \u00a0 forma y el fondo de la educaci\u00f3n, comprendidos los programas de estudio y los \u00a0 m\u00e9todos pedag\u00f3gicos, han de ser aceptables (por ejemplo, pertinentes, adecuados \u00a0 culturalmente y de buena calidad) para los estudiantes y, cuando proceda, los \u00a0 padres (\u2026). d) Adaptabilidad.\u00a0 La educaci\u00f3n ha de tener la \u00a0 flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades de sociedades y \u00a0 comunidades en transformaci\u00f3n y responder a las necesidades de los alumnos en \u00a0 contextos culturales y sociales variados.\u201d La Corte Constitucional ha aceptado \u00a0 esta clasificaci\u00f3n y las obligaciones que de ellas en diversas providencias. Al \u00a0 respecto ver, entre otras, la sentencia T-781 de 2010, MP. Humberto Antonio \u00a0 Sierra Porto, la cual ampar\u00f3 el derecho fundamental a la educaci\u00f3n de un grupo \u00a0 de ni\u00f1os que deb\u00edan desplazarse por un largo trayecto para recibir sus clases. \u00a0 En las consideraciones de la providencia, la Corte explic\u00f3 que \u201c(\u2026) [t]ales \u00a0 componentes, conocidos como el sistema de las cuatro A, fueron planteados por \u00a0 primera vez en el informe preliminar presentado a la Comisi\u00f3n de Derechos \u00a0 Humanos (hoy Comit\u00e9 de Derechos Humanos) por la Relatora Especial sobre el \u00a0 derecho a la educaci\u00f3n el 13 de enero de 1999 y han sido acogidos tanto por el \u00a0 Comit\u00e9 de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales en su Observaci\u00f3n General \u00a0 No. 13 sobre el derecho a la educaci\u00f3n, como por esta Corte en varias de sus \u00a0 sentencias con fundamento en la figura del bloque de constitucionalidad \u00a0 (art\u00edculo 93 de la Constituci\u00f3n).\u201d \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[43] M.P. Humberto Sierra Porto. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[44]\u00a0 Ver, sentencia T-690 de \u00a0 2012 (M.P. Mar\u00eda Victoria Calle Correa). La Corte examin\u00f3 el caso de los ni\u00f1os y \u00a0 ni\u00f1as de la vereda la Selva ubicada en Pueblo Rico, Risaralda. En esta ocasi\u00f3n, \u00a0 viarias familias presentaron acci\u00f3n de tutela contra el Ministerio de Educaci\u00f3n \u00a0 Nacional, la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n de Risaralda y la Alcald\u00eda de Pueblo Rico, \u00a0 por considerar que tales autoridades vulneraban los derechos fundamentales a la \u00a0 educaci\u00f3n y la integridad f\u00edsica de los ni\u00f1os de la vereda la Selva. Debido a la \u00a0 falta de asignaci\u00f3n de un docente para la escuela m\u00e1s cercana a su lugar de \u00a0 residencia, los menores ten\u00edan que viajar diariamente por un tiempo aproximado \u00a0 de una hora y media y atravesar una zona con problemas de orden p\u00fablico hasta \u00a0 llegar a otra vereda, donde recib\u00edan educaci\u00f3n.\u00a0 A pesar de que las \u00a0 entidades demandadas conoc\u00edan esta situaci\u00f3n no adoptaron alguna soluci\u00f3n para \u00a0 superarlas, manifestando que la inactividad ten\u00eda por causa diferencias entre \u00a0 ellas con relaci\u00f3n a la capacidad que ten\u00edan para asignar un docente en la \u00a0 escuela de la vereda o prestarles el servicio de transporte a los menores para \u00a0 recibir educaci\u00f3n en otro lugar. La Corte consider\u00f3 que \u201cpor lo menos, la \u00a0 dimensi\u00f3n de accesibilidad material al sistema educativo se vio comprometida\u201d, \u00a0 raz\u00f3n por la cual determin\u00f3 que era necesario proferir \u00f3rdenes alternativas para \u00a0 enervar la violaci\u00f3n. En consecuencia, orden\u00f3 a las entidades demandadas \u00a0 facilitar a los menores los medios de transporte adecuados, para que el \u00a0 desplazamiento entre su vereda y aquella donde recib\u00edan educaci\u00f3n se realizara \u00a0 en condiciones seguras durante el trayecto que recorren diariamente para recibir \u00a0 educaci\u00f3n mientras se designa un docente para la vereda Selva donde habitan. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[45] M.P. Rodrigo Escobar Gil \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[46] M.P.\u00a0 Jorge Ignacio Pretelt \u00a0 Chaljub. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[47] M.P. Jorge Ignacio Pretelt \u00a0 Chaljub. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[48] M.P. Alberto Rojas R\u00edos. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[49] Sobre este asunto, ver, sentencia \u00a0 T-273 de 2014 (M.P. Mar\u00eda Victoria Calle Correa). En esta decisi\u00f3n se consider\u00f3 \u00a0 que \u201cLos servicios de restaurante escolar, transporte escolar y \u00a0 administrativos generales son necesarios y constituyen condiciones concretas \u00a0 para permitir y garantizar el acceso material del derecho fundamental a la \u00a0 educaci\u00f3n de los ni\u00f1os y ni\u00f1as, y su ausencia representa una barrera para poder \u00a0 recibir educaci\u00f3n. De un lado, el transporte escolar es una garant\u00eda de acceso y \u00a0 permanencia especialmente cuando existen circunstancias geogr\u00e1ficas que \u00a0 dificultan la movilidad, cuando los estudiantes viven en \u00e1reas rurales apartadas \u00a0 de los centros educativos, o cuando existen otros factores que les impiden \u00a0 acudir a las aulas por carecer de facilidades de transporte (\u2026) La \u00a0 garant\u00eda de accesibilidad a la educaci\u00f3n, como lo indic\u00f3 la Sala anteriormente, \u00a0 exige la remoci\u00f3n de las barreras de acceso tales como la falta de transporte \u00a0 cuando esta represente un obst\u00e1culo para acudir a las instituciones de educaci\u00f3n \u00a0 debido a las condiciones geogr\u00e1ficas, de seguridad o de otra \u00edndole. Para ello, \u00a0 todas las entidades del Estado y la sociedad tienen un deber constitucional de \u00a0 adoptar medidas para hacer efectivo el disfrute del derecho a la educaci\u00f3n de \u00a0 las ni\u00f1as y los ni\u00f1os (art\u00edculo 67 y 44 superiores), lo cual incluye la remoci\u00f3n \u00a0 de todas las barreras de acceso al mismo. Es en este sentido que el art\u00edculo 4\u00ba \u00a0 de la Ley 115 de 1994 establece que \u201ccorresponde al Estado, a la sociedad y a la \u00a0 familia velar por la calidad de la educaci\u00f3n y promover el acceso al servicio \u00a0 p\u00fablico educativo, y es responsabilidad de la Naci\u00f3n y de las entidades \u00a0 territoriales, garantizar su cubrimiento\u201d\u201d.\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[50] Sentencia C- 544 de 2007, M.P. \u00a0 Marco Gerardo Monroy Cabra. Cabe recordar que en esta sentencia se indic\u00f3 que el \u00a0 derecho de propiedad puede llegarse a restringir teniendo como l\u00edmite \u00faltimo el \u00a0 n\u00facleo esencial del derecho a la propiedad, entendido como aquel constituido por \u00a0 \u201cel nivel m\u00ednimo de ejercicio de los atributos de goce y disposici\u00f3n, que \u00a0 produzcan utilidad econ\u00f3mica en su titular\u201d. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[51] La Sala de \u00a0 Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 2 de septiembre \u00a0 de 1936 (M.P. Eduardo Zuleta \u00c1ngel), estudi\u00f3 dicha figura y estableci\u00f3 que \u201cse \u00a0 concede en cuanto sea indispensable para el uso y beneficio del predio encerrado \u00a0 (\u2026) con la palabra uso comprende el tr\u00e1nsito\u00a0 necesario para las \u00a0 personas: propietarios, obreros, trabajadores, etc., que a la heredad deban \u00a0 entrar; y en el t\u00e9rmino beneficio se incluye todo g\u00e9nero de explotaciones \u00a0 del fundo, sean agr\u00edcolas o de otra clase (\u2026) pero la ley misma dice que esas \u00a0 facultades s\u00f3lo se conceden en lo indispensable, es decir, que el abuso, \u00a0 el gravamen inoficioso o el muy poco \u00fatil al titular, y demasiado perjudicial al \u00a0 predio sirviente, debe evitarse\u201d. Adem\u00e1s, advirti\u00f3 que dicho gravamen existe \u00a0 \u201cde pleno derecho, es decir, que es la ley la establece directamente \u00a0 y que si bien es cierto que en caso de desacuerdo entre las partes el juez debe \u00a0 intervenir para determinar la indemnizaci\u00f3n que se deba\u00a0 as\u00ed como la v\u00eda \u00a0 que haya de seguir, lo cierto es que la servidumbre es \u00a0preexistente a la determinaci\u00f3n judicial (\u2026) Es claro que en la \u00a0 generalidad de los casos el due\u00f1o del predio que necesita el tr\u00e1nsito tendr\u00e1 que \u00a0 promover a falta de acuerdo amigable, el correspondiente juicio para poder \u00a0 llegar a ejercer la servidumbre\u201d. (Negrilla en el texto original) \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[52] La Sala de Casaci\u00f3n Civil de la \u00a0 Corte Suprema de Justicia en el fallo mencionado [2 de septiembre de 1936, M.P. \u00a0 Eduardo Zuleta \u00c1ngel], en el que ya hab\u00eda estimado que la interpretaci\u00f3n \u00a0 adecuada del art\u00edculo 905 del C\u00f3digo Civil, era aquella seg\u00fan la cual se \u00a0 entendiera que la servidumbre legal de tr\u00e1nsito \u201cexiste no s\u00f3lo en favor de \u00a0 los fundos que carecen de todo acceso a la v\u00eda p\u00fablica sino tambi\u00e9n de los que \u00a0 no tienen\u00a0 m\u00e1s que una salida insuficiente\u00a0 para la explotaci\u00f3n de \u00a0 ellos.\u201d \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[53] M.P. Carlos Gaviria D\u00edaz \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[54] M.P. Alberto Rojas R\u00edos. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[55] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[57] Cabe recordar que la acci\u00f3n fue \u00a0 iniciada en contra de los se\u00f1ores Miguel Rodr\u00edguez, Alberto Tavera, Fabio \u00a0 Rodr\u00edguez, Gloria Pedraza y personas indeterminadas. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[58] Folios 42 y 43 Cuaderno No. 1 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[59] Folios 42 y 43 Cuaderno No. 1 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[60] As\u00ed, luego de hacer una \u00a0 recapitulaci\u00f3n de la decisi\u00f3n adoptada por la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda, la Alcald\u00eda \u00a0 consider\u00f3 que \u201cEfectivamente y revisadas las pruebas y el an\u00e1lisis realizado \u00a0 por (\u2026) la primera instancia, no se encuentran establecidos los presupuestos \u00a0 \u00a0que permitan a los vecinos del predio Green Park pretender servidumbre de \u00a0 tr\u00e1nsito a su favor de lo que se colige que cualquier intervenci\u00f3n o insistencia \u00a0 de paso por los predios que son lo que es materia de la querella configura \u00a0 efectivamente a perturbaci\u00f3n a la posesi\u00f3n ejercida por la firma sobre el predio \u00a0 centro vacacional La Calera \u2013 Green Park. \u01c1 Por lo que se infiere del que del \u00a0 (sic) acervo probatorio en estos procesos civiles de polic\u00eda (\u2026) se puede \u00a0 concluir: a legitimidad del accionante respecto de la querella iniciada, pues \u00a0 definitivamente quien puede pedir el amparo es quien ostente la calidad de \u00a0 poseedor y a existencia de actos perturbatorios\u201d (Folio 49 Cuaderno No. 1). \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[61] Art\u00edculos 125 y siguientes. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[62] Folios 35 y 38 Cuaderno No. 1 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[63] El art\u00edculo 127 prev\u00e9 \u00a0 que \u201clas medidas de polic\u00eda para proteger la posesi\u00f3n y la tenencia de bienes \u00a0 se mantendr\u00e1n mientras el juez no decida otra cosa\u201d. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[64] Para ello debe observarse lo \u00a0 indicado en los apartados 4.2. y 4.3. de esta decisi\u00f3n \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[65] Cabe recordar que el puente fue \u00a0 derrumbado por las autoridades municipales en cumplimiento de la orden \u00a0 administrativa. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[66] El camino descrito es el \u00a0 siguiente: \u201c(\u2026) \u00a0 con la construcci\u00f3n de las torres nos prohibieron el paso ya que el camino en \u00a0 medio de las dos torres viendo que ya no pod\u00edamos pasar por ah\u00ed nos toc\u00f3 cambiar \u00a0 el sendero; ahora pasamos el puente caminamos hacia el sur por la ronda del rio \u00a0 unos 150 mt hasta llegar a la cerca que lindera con predios del parque \u00a0 recreacional Colombia extrema llegando a este sitio subimos 60 metros hacia el \u00a0 oriente encontrando la v\u00eda principal por este camino se nos facilita m\u00e1s la \u00a0 llegada de los ni\u00f1os al colegio de la vereda y para nuestros trabajos.\u201d. Ver mapa anexo a esta \u00a0 sentencia. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[67] La aplicaci\u00f3n de esta figura, que \u00a0 constituye una excepci\u00f3n al mandato consagrado en el art\u00edculo 36 del Decreto \u00a0 2591 de 1991 que se\u00f1ala que las sentencias de tutela s\u00f3lo surtir\u00e1n efectos en el \u00a0 caso concreto, se encuentra supeditada al cumplimiento de los siguientes \u00a0 requisitos: (i) que la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de los \u00a0 peticionarios atente o amenace con atentar contra los derechos fundamentales de \u00a0 los no tutelantes; (ii) que quienes no acudieron a la acci\u00f3n de tutela y los \u00a0 accionantes se encuentren en condiciones objetivas similares; y (iii) que con la \u00a0 adopci\u00f3n de este tipo de fallo se cumplan fines constitucionales relevantes \u00a0 tales como el goce efectivo de los derechos de la comunidad y el acceso a la \u00a0 tutela judicial efectiva. Sobre el efecto inter comunis, la Sentencia \u00a0 SU-1023 de 2001 (M.P. Jaime C\u00f3rdoba Trivi\u00f1o; A.V. Jaime Araujo Renter\u00eda), trata \u00a0 por primera vez dicho efecto al estudiar el caso de unos pensionados que \u00a0 interpusieron tutela en contra de la compa\u00f1\u00eda de inversiones de la Flota \u00a0 Mercante, entidad que no hab\u00eda pagado sus mesadas pensionales desde 1999. En ese \u00a0 caso, la Corte estim\u00f3 que \u201cExisten circunstancias especial\u00edsimas en las \u00a0 cuales la acci\u00f3n de tutela no se limita a ser un mecanismo judicial subsidiario \u00a0 para evitar la vulneraci\u00f3n o amenaza de derechos fundamentales solamente de los \u00a0 accionantes. Este supuesto se presenta cuando la protecci\u00f3n de derechos \u00a0 fundamentales de los peticionarios atente contra derechos fundamentales de los \u00a0 no tutelantes. Como la tutela no puede contrariar su naturaleza y raz\u00f3n de ser y \u00a0 transformarse en mecanismo de vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales, dispone \u00a0 tambi\u00e9n de la fuerza vinculante suficiente para proteger derechos igualmente \u00a0 fundamentales de quienes no han acudido directamente a este medio judicial, \u00a0 siempre que frente al accionado se encuentren en condiciones comunes a las de \u00a0 quienes s\u00ed hicieron uso de ella y cuando la orden de protecci\u00f3n dada por el juez \u00a0 de tutela repercuta, de manera directa e inmediata, en la vulneraci\u00f3n de \u00a0 derechos fundamentales de aquellos no tutelantes. (\u2026)\u201d. Adem\u00e1s, pueden \u00a0 consultarse entre muchas otras, la sentencias: T-203 de 2002 (M.P. Manuel Jos\u00e9 \u00a0 Cepeda Espinosa), T-200 de 2006 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-451 de 2009 \u00a0 (M.P. Juan Carlos Henao P\u00e9rez), T-088 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), \u00a0 T-938 de 2011 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla), T-987 de 2012 (M.P. Luis Ernesto \u00a0 Vargas Silva), T-239 de 2013 (M.P. Mar\u00eda Victoria Calle Correa), SU-254 de 2013 \u00a0 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; A.V. Mauricio Gonz\u00e1lez Cuervo), T-370 de 2013 \u00a0 (M.P. Jorge Iv\u00e1n Palacio Palacio), T-465 de 2013 (M.P. Luis Ernesto Vargas \u00a0 Silva), T-649 de 2013 (M.P. Mauricio Gonz\u00e1lez Cuervo), T-689 de 2013 (M.P. Jorge \u00a0 Ignacio Pretelt Chaljub). \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[68] En efecto, Luz Mery Ayala Parra \u00a0 present\u00f3 la acci\u00f3n en \u00a0 representaci\u00f3n de su hijo Elkin Rodr\u00edguez Ayala, Ana Marcela Pedraza en \u00a0 representaci\u00f3n de sus hijas Laura Camila Moreno Pedraza y Nicoll Mariana Garc\u00eda \u00a0 Pedraza, Diana Carolina Arias Salas en representaci\u00f3n de su hijo David Orduela \u00a0 Arias, Gloria Ismelda Veloza Lozano en representaci\u00f3n de su hijo Stiven Mahecha \u00a0 Veloza, Miriam Ayala Parra en representaci\u00f3n de su hijo Yoni Rodr\u00edguez Ayala, \u00a0 Diana Paola Pedraza en representaci\u00f3n de su hija Paula Andrea Ayala Pedraza, \u00a0 Diana Roc\u00edo Fonseca en representaci\u00f3n de su hijo Nicol\u00e1s Andrey Pe\u00f1a Fonseca, \u00a0 Yesica Garz\u00f3n Pedraza en representaci\u00f3n de su hija Hassley Pe\u00f1a Garz\u00f3n, Carmenza \u00a0 Murcia Ome en representaci\u00f3n de sus hijos Juliana y H\u00e9ctor David Rodr\u00edguez \u00a0 Murcia y, Cerveli\u00f3n Quivano Cabrera en representaci\u00f3n de sus hijos Jeison Stiven \u00a0 y Natalia Quivano Ord\u00f3\u00f1ez. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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