T-353-96<\/p>\n
Sentencia T-353\/96 <\/p>\n
SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO-Resoluci\u00f3n de solicitudes <\/p>\n
La figura del silencio administrativo, no satisface el derecho fundamental de petici\u00f3n, pues esta circunstancia no exime a la administraci\u00f3n de su obligaci\u00f3n de resolver la solicitud. Quien se dirige ante una autoridad p\u00fablica, mediante la formulaci\u00f3n de una petici\u00f3n respetuosa, adquiere el derecho de obtener una respuesta. Es, precisamente, la certeza de que existir\u00e1 una decisi\u00f3n, lo que da lugar a que el particular acuda ante la administraci\u00f3n. Si tal respuesta oportuna no se produce, se desconoce el derecho de petici\u00f3n. <\/p>\n
Referencia: Procesos T-94736 y T-95454 (acumulados) <\/p>\n
Actoras: Aura Stella Realpe Forero y Maria Elvira Verdooren de Borja <\/p>\n
Demandada: Caja Nacional de Previsi\u00f3n Social <\/p>\n
Procedencia: Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Dr. JORGE ARANGO MEJIA <\/p>\n
Sentencia aprobada en sesi\u00f3n de la Sala Primera de Revisi\u00f3n a los trece d\u00edas del mes de agosto de mil novecientos noventa y seis (1996). <\/p>\n
La Sala Primera de Revisi\u00f3n de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Jorge Arango Mej\u00eda, Antonio Barrera Carbonell y Eduardo Cifuentes Mu\u00f1oz, decide sobre las sentencias proferidas por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, el trece (13) y veinte (20) de marzo de mil novecientos noventa y seis (1996), dentro de los procesos de tutela instaurados por Aura Stella Realpe Forero y Mar\u00eda Elvira Verdooren de Borja. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
A. HECHOS <\/p>\n
1. Expediente No. 94736 <\/p>\n
Actora: Aura Stella Realpe Forero <\/p>\n
La peticionaria present\u00f3 ante la Caja Nacional de Previsi\u00f3n Social de esta ciudad, el d\u00eda 27 de enero, solicitud dirigida a obtener el reconocimiento y pago de sustituci\u00f3n pensional, sin que a la fecha de presentaci\u00f3n de acci\u00f3n de tutela haya obtenido respuesta. Considera que esta omisi\u00f3n, vulnera su derecho fundamental de petici\u00f3n, consagrado en el art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Nacional. Para la protecci\u00f3n de este derecho, solicita se ordene resolver sobre su solicitud. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Expediente No. 95454 <\/p>\n
Actora: Maria Elvira Verdooren de Borja <\/p>\n
La peticionaria present\u00f3 el d\u00eda 4 de agosto de 1995, ante la Caja Nacional de Previsi\u00f3n Social solicitud dirigida a obtener el reconocimiento y pago de pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n, sin obtener respuesta alguna por parte de la entidad. Solicita protecci\u00f3n de su derecho fundamental de petici\u00f3n, consagrado en el art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Nacional. <\/p>\n
B. LAS DECISIONES JUDICIALES QUE SE REVISAN <\/p>\n
El Juzgado Sexto Laboral del Circuito, mediante sentencias proferidas los d\u00edas trece (13) y veinte (20) de marzo de mil novecientos noventa y seis (1996), resolvi\u00f3 denegar las acciones de tutela presentadas por las actoras. <\/p>\n
Consider\u00f3 el juzgado, en ambos casos, que no es posible acceder a la protecci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n, teniendo en cuenta que el interesado puede acudir ante la Jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa, y, mediante el ejercicio de acciones, obtener la declaraci\u00f3n de nulidad ” del acto administrativo negativo – presunto – contenido en el silencio administrativo proveniente de la accionada, al no dar contestaci\u00f3n a la solicitud formulada, dentro del t\u00e9rmino de ley; …”. Concluye, entonces, que la acci\u00f3n de tutela resulta improcedente por existir otro mecanismo de defensa judicial. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
Primera. Competencia <\/p>\n
La Sala es competente para decidir, en virtud de lo dispuesto en los art\u00edculos 86 y 241, numeral 9o, de la Constituci\u00f3n Nacional, y el decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Segunda. Lo que se debate <\/p>\n
En los casos bajo estudio, hay que determinar, si el silencio administrativo negativo que se causa al no existir una respuesta de la administraci\u00f3n a una petici\u00f3n que ha formulado un particular, ese silencio que le permite a \u00e9ste hacer uso de acciones ante la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, impide la procedencia de la acci\u00f3n de tutela para obtener el amparo del derecho fundamental de petici\u00f3n. <\/p>\n
A. El Derecho de Petici\u00f3n <\/p>\n
El art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n, se\u00f1ala: “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de inter\u00e9s general o particular y a obtener pronta resoluci\u00f3n” <\/p>\n
El derecho de petici\u00f3n, como lo ha sostenido la Corte Constitucional, otorga al administrado la posibilidad de acceder a la administraci\u00f3n, mediante la formulaci\u00f3n de peticiones respetuosas, que deben tener una respuesta pronta, oportuna, favorable o desfavorable. <\/p>\n
B. El derecho de petici\u00f3n y el silencio administrativo. <\/p>\n
La Corte Constitucional, ha considerado que la figura del silencio administrativo, no satisface el derecho fundamental de petici\u00f3n, pues esta circunstancia no exime a la administraci\u00f3n de su obligaci\u00f3n de resolver la solicitud. Quien se dirige ante una autoridad p\u00fablica, mediante la formulaci\u00f3n de una petici\u00f3n respetuosa, adquiere el derecho de obtener una respuesta. Es, precisamente, la certeza de que existir\u00e1 una decisi\u00f3n, lo que da lugar a que el particular acuda ante la administraci\u00f3n. Si tal respuesta oportuna no se produce, se desconoce el derecho de petici\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed pues, la ocurrencia del silencio administrativo, no hace improcedente el ejercicio de la tutela, porque la finalidad de aquel “es facilitarle al administrado la posibilidad de acudir ante la jurisdicci\u00f3n para que \u00e9sta resuelva sobre sus pretensiones, y decida de manera definitiva, sobre lo que deb\u00eda pronunciarse la administraci\u00f3n.” (Sentencia T 304 de 1994. M.P dr. Jorge Arango Mej\u00eda) <\/p>\n
C. An\u00e1lisis de los casos <\/p>\n
En el presente caso, las demandantes acudieron ante la Caja Nacional de Previsi\u00f3n, con el fin de obtener una decisi\u00f3n en relaci\u00f3n con el reconocimiento y pago de pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n y sustituci\u00f3n pensional, sin que, hasta ahora, hayan obtenido respuesta alguna por parte de la entidad, luego de haber transcurrido varios meses. Por consiguiente se ha vulnerado el derecho de petici\u00f3n de las demandantes. <\/p>\n
En consecuencia, se revocar\u00e1n las sentencias proferidas por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1. <\/p>\n
<\/p>\n
III DECISION <\/p>\n
Por lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: REVOCAR, las sentencias del trece (13) y veinte (20) de marzo de mil novecientos noventa y seis (1996), mediante las cuales se denegaron las tutelas impetradas por las se\u00f1oras Aura Stella Realpe Forero y Mar\u00eda Elvira Verdooren de Borja. <\/p>\n
Segunda: CONCEDER la tutela del derecho fundamental de petici\u00f3n. En consecuencia, se ordena a la Caja Nacional de Previsi\u00f3n Social que, si todav\u00eda no lo ha hecho, proceda a resolver las solicitudes de pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n presentadas por las se\u00f1oras Aura Stella Realpe Forero y Mar\u00eda Elvira Verdooren de Borja, y a notificarles los actos administrativos correspondientes, dentro del improrrogable t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la notificaci\u00f3n de la presente sentencia. Resoluci\u00f3n que dictar\u00e1 de conformidad con la ley y los hechos plenamente probados. <\/p>\n
Tercero: COMUNICAR esta providencia al Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, para que sean notificadas las partes de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 36 del decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese, c\u00famplase e ins\u00e9rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
JORGE ARANGO MEJIA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ANTONIO BARRERA CARBONELL <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
MARIA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO <\/p>\n
Secretaria General <\/p>\n
<\/p>\n
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