\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0T-220-18 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sentencia T-220\/18 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
ACCION DE TUTELA PARA SOLICITAR \u00a0 CALIFICACION DE PERDIDA DE CAPACIDAD LABORAL-Improcedencia por no cumplirse con el requisito de legitimaci\u00f3n por \u00a0 pasiva \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Conforme con el art\u00edculo 86 de la \u00a0 Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el art\u00edculo 5 del Decreto 2591 de 1991, la Corte \u00a0 Constitucional ha establecido que la legitimaci\u00f3n por pasiva en la acci\u00f3n de \u00a0 tutela \u201c(\u2026) se refiere a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige \u00a0 la acci\u00f3n, de ser efectivamente la llamada a responder por la vulneraci\u00f3n o \u00a0 amenaza del derecho fundamental, en caso de que la transgresi\u00f3n del derecho \u00a0 alegado resulte demostrada\u201d. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
ACCION DE TUTELA PARA SOLICITAR \u00a0 CALIFICACION DE PERDIDA DE CAPACIDAD LABORAL-Falta de aptitud legal de las EPS para realizar calificaci\u00f3n de \u00a0 capacidad laboral \u00a0 \u00a0<\/p>\n
En este caso, el actor pretende que se ordene a la E.P.S.-S. \u00a0 realizar la calificaci\u00f3n de p\u00e9rdida de capacidad laboral con el fin de acceder a \u00a0 la prestaci\u00f3n humanitaria peri\u00f3dica a favor de las v\u00edctimas del conflicto \u00a0 armado. No obstante, dicha entidad carece de la aptitud legal para ser la \u00a0 llamada a responder por dicha acci\u00f3n, y adicionalmente, el peticionario no \u00a0 acudi\u00f3 ante la entidad que legalmente tiene el deber de realizar la valoraci\u00f3n \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Referencia: Expediente T-6.589.664 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Acci\u00f3n \u00a0 de tutela instaurada por Jonatan de Jes\u00fas Dur\u00e1n P\u00e9rez contra Saludvida E.P.S.-S. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Magistrada Ponente: \u00a0 \u00a0<\/p>\n
DIANA \u00a0 FAJARDO RIVERA \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., seis (6) de junio de dos mil \u00a0 dieciocho (2018) \u00a0 \u00a0<\/p>\n
La Sala Segunda de Revisi\u00f3n de Tutelas de la Corte Constitucional, integrada por \u00a0 los magistrados Luis Guillermo Guerrero P\u00e9rez y Alejandro Linares Cantillo, y la \u00a0 Magistrada Diana Fajardo Rivera, quien la preside, en ejercicio de sus \u00a0 competencias constitucionales y legales, espec\u00edficamente las previstas en los \u00a0 art\u00edculos 86 y 241 numeral 9 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, ha proferido la \u00a0 siguiente \u00a0 \u00a0<\/p>\n
SENTENCIA[1] \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
En el proceso de revisi\u00f3n del fallo \u00a0 proferido por el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de \u00a0 Garant\u00edas de Valledupar, el 17 de julio de 2017, dentro del tr\u00e1mite de tutela \u00a0 promovido por Jonatan de Jes\u00fas Dur\u00e1n P\u00e9rez contra Saludvida E.P.S.-S. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. Hechos y demanda de tutela. El \u00a0 23 de junio de 2017, Jonatan de Jes\u00fas Dur\u00e1n P\u00e9rez, de 66 a\u00f1os de edad, present\u00f3 \u00a0 acci\u00f3n de tutela contra Saludvida E.P.S.-S. por cuanto consider\u00f3 que dicha \u00a0 entidad hab\u00eda vulnerado sus derechos fundamentales a la vida, a la seguridad \u00a0 social y al m\u00ednimo vital[2]. \u00a0 El accionante sostuvo que el 8 de mayo de 2017 solicit\u00f3[3] a la \u00a0 mencionada entidad efectuar la calificaci\u00f3n de p\u00e9rdida de capacidad laboral con \u00a0 el fin de acceder a la pensi\u00f3n de invalidez a la que tiene derecho como v\u00edctima \u00a0 de desplazamiento forzado[4]. \u00a0 Indic\u00f3 que Saludvida E.P.S.-S. le remiti\u00f3 una respuesta el 5 de junio de 2017 \u00a0 inform\u00e1ndole que no le corresponde realizar la calificaci\u00f3n requerida debido a \u00a0 que el solicitante pertenece al r\u00e9gimen subsidiado[5]. \u00a0 En consecuencia, demand\u00f3 mediante acci\u00f3n de tutela que se le ordenara a la \u00a0 E.P.S.-S. realizar la valoraci\u00f3n para obtener la calificaci\u00f3n de p\u00e9rdida de \u00a0 capacidad laboral. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. Tr\u00e1mite de instancia. El \u00a0 Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas de \u00a0 Valledupar admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y vincul\u00f3 a la Secretar\u00eda de Salud \u00a0 Departamental del C\u00e9sar[6]. \u00a0 Sin embargo, ni esta ni la E.P.S. emitieron pronunciamiento alguno. La autoridad \u00a0 judicial resolvi\u00f3 negar la tutela, al considerar que, conforme con el Decreto \u00a0 4942 de 2009 y el art\u00edculo 177 de la Ley 100 de 1993, \u201c(\u2026) no le corresponde \u00a0 a las entidades de salud del r\u00e9gimen subsidiado la expedici\u00f3n de la calificaci\u00f3n \u00a0 de p\u00e9rdida de capacidad laboral ni mucho menos el pago a la Junta Regional de \u00a0 Calificaci\u00f3n de Invalidez del Cesar\u201d[7], por lo \u00a0 que no hubo vulneraci\u00f3n alguna de los derechos fundamentales de Jonatan de Jes\u00fas \u00a0 Dur\u00e1n Per\u00e9z. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3. Competencia. La Sala \u00a0 Segunda de Revisi\u00f3n de la Corte Constitucional es competente para conocer la \u00a0 acci\u00f3n de tutela de la referencia, con fundamento en los art\u00edculos 86 y 241 numeral \u00a0 9\u00ba de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, 31 y subsiguientes del Decreto 2591 de 1991, y en \u00a0 virtud del Auto del 27 de febrero de 2018 de la Sala de Selecci\u00f3n de Tutelas \u00a0 N\u00famero Dos[8] \u00a0que seleccion\u00f3 el expediente para su revisi\u00f3n. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
4. Cuesti\u00f3n previa. Estudio de \u00a0 procedibilidad. Previo al planteamiento del problema jur\u00eddico, en el \u00a0 presente caso, la Sala considera que la acci\u00f3n de tutela insaturada por Jonatan \u00a0 de Jes\u00fas Dur\u00e1n P\u00e9rez contra Saludvida E.P.S.-S. es improcedente porque no cumple \u00a0 con el requisito de legitimaci\u00f3n por pasiva. Conforme con el art\u00edculo 86 \u00a0 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el art\u00edculo 5 del Decreto 2591 de 1991, la Corte \u00a0 Constitucional ha establecido que la legitimaci\u00f3n por pasiva en la acci\u00f3n \u00a0 de tutela \u201c(\u2026) se refiere a la aptitud legal de la entidad contra quien se \u00a0 dirige la acci\u00f3n, de ser efectivamente la llamada a responder por la vulneraci\u00f3n \u00a0 o amenaza del derecho fundamental, en caso de que la transgresi\u00f3n del derecho \u00a0 alegado resulte demostrada\u201d[9]. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
En este caso, el actor pretende que se \u00a0 ordene a la E.P.S.-S. Saludvida realizar la calificaci\u00f3n de p\u00e9rdida de capacidad \u00a0 laboral con el fin de acceder a la prestaci\u00f3n humanitaria peri\u00f3dica a favor de \u00a0 las v\u00edctimas del conflicto armado. No obstante, dicha entidad carece de la \u00a0 aptitud legal para ser la llamada a responder por dicha acci\u00f3n, y \u00a0 adicionalmente, el peticionario no acudi\u00f3 ante la entidad que legalmente tiene \u00a0 el deber de realizar la valoraci\u00f3n, como se procede a explicar. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
El 6 de abril de 2017 el Ministerio del \u00a0 Trabajo expidi\u00f3 el Decreto 600[10] \u00a0por medio del cual reglamenta la prestaci\u00f3n humanitaria peri\u00f3dica para las \u00a0 v\u00edctimas del conflicto armado y adicion\u00f3 un cap\u00edtulo al Decreto 1072 de 2015[11]. De \u00a0 forma espec\u00edfica, respecto de la calificaci\u00f3n de p\u00e9rdida de capacidad laboral \u00a0 para acceder a esta prestaci\u00f3n, se\u00f1ala: \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u201cArt\u00edculo \u00a0 2.2.9.5.11. Presentaci\u00f3n de solicitud para calificaci\u00f3n de p\u00e9rdida de capacidad \u00a0 laboral. Los interesados en obtener la prestaci\u00f3n humanitaria \u00a0 peri\u00f3dica para las v\u00edctimas de la violencia, deben acudir directamente a la \u00a0 Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez que corresponda seg\u00fan la \u00a0 jurisdicci\u00f3n de su lugar de domicilio, demostrando el inter\u00e9s jur\u00eddico y la \u00a0 historia cl\u00ednica que reflejen los hechos de la fecha en que ocurri\u00f3 el acto de \u00a0 violencia que caus\u00f3 la invalidez. \/\/ En este caso las Juntas Regionales de \u00a0 Calificaci\u00f3n de Invalidez actuar\u00e1n como peritos\u201d \u00a0 (Subrayas fuera del texto original). \u00a0 \u00a0<\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. Dado que para el \u00a0 momento en el cual el actor realiz\u00f3 la solicitud ya se encontraba en vigencia el \u00a0 Decreto 600 de 2017, la Sala concluye que en el caso objeto de estudio no se \u00a0 cumple con el requisito de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, por lo que la \u00a0 acci\u00f3n de tutela es improcedente. El actor podr\u00e1 entonces, si as\u00ed lo considera, \u00a0 acudir a la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez de su domicilio para \u00a0 solicitar la calificaci\u00f3n de p\u00e9rdida de capacidad laboral. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Por lo anterior, la Sala proceder\u00e1 a \u00a0 revocar el fallo de instancia que resolvi\u00f3 negar el amparo impetrado por Jonatan \u00a0 de Jes\u00fas Dur\u00e1n P\u00e9rez contra Saludvida E.P.S.-S. y, en su lugar, declarar\u00e1 \u00a0 improcedente la acci\u00f3n de tutela. Se dispondr\u00e1 tambi\u00e9n informar al demandante \u00a0 que puede acudir a la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez de su lugar de \u00a0 domicilio con el fin de solicitar la calificaci\u00f3n de p\u00e9rdida de capacidad \u00a0 laboral requerida. Por \u00faltimo, se exhortar\u00e1 a\u00a0 Saludvida \u00a0 E.P.S.-S. para que en lo sucesivo, cuando una v\u00edctima del conflicto armado eleve \u00a0 la misma petici\u00f3n analizada en el presente caso, con el prop\u00f3sito de acceder a \u00a0 la prestaci\u00f3n humanitaria peri\u00f3dica en el marco del Decreto 600 de 2017, le haga \u00a0 saber que la entidad competente para ello es la Junta Regional de Calificaci\u00f3n \u00a0 de Invalidez correspondiente a su lugar de domicilio. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Con fundamento en las consideraciones \u00a0 expuestas en precedencia, la Sala Segunda de Revisi\u00f3n de la Corte \u00a0 Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la \u00a0 Constituci\u00f3n, \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0 \u00a0<\/p>\n
PRIMERO.- REVOCAR el \u00a0 fallo proferido en \u00fanica instancia por el Juzgado Segundo Penal Municipal con \u00a0 Funciones de Control de Garant\u00edas de Valledupar el 17 de julio de 2017, que \u00a0 resolvi\u00f3 negar la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Jonatan de Jes\u00fas Dur\u00e1n P\u00e9rez \u00a0 contra de Saludvida E.P.S.-S. En su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE el \u00a0 amparo por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
SEGUNDO.- INFORMAR a \u00a0 Jonatan de Jes\u00fas Dur\u00e1n P\u00e9rez que puede acudir a la Junta \u00a0 Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez de su lugar de domicilio, con el fin de \u00a0 solicitar la calificaci\u00f3n de p\u00e9rdida de capacidad laboral requerida para acceder \u00a0 a la prestaci\u00f3n humanitaria peri\u00f3dica a favor de las v\u00edctimas del conflicto \u00a0 armado. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
TERCERO.- EXHORTAR a \u00a0 Saludvida E.P.S.-S. para que en lo sucesivo, cuando una v\u00edctima del conflicto \u00a0 armado solicite la calificaci\u00f3n de p\u00e9rdida de capacidad laboral con el objetivo \u00a0 de acceder a la prestaci\u00f3n humanitaria peri\u00f3dica en el marco del Decreto 600 de \u00a0 2017, le informe que la entidad competente para ello es la Junta Regional de \u00a0 Calificaci\u00f3n de Invalidez correspondiente a su lugar de domicilio. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
CUARTO.- \u00a0 L\u00edbrense las comunicaciones de que trata el art\u00edculo 36 del Decreto 2591 de \u00a0 1991, para los efectos all\u00ed contemplados. \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
C\u00f3piese, comun\u00edquese y c\u00famplase. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
DIANA FAJARDO \u00a0 RIVERA \u00a0 \u00a0<\/p>\n
LUIS GUILLERMO \u00a0 GUERRERO P\u00c9REZ \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0 \u00a0<\/p>\n
ALEJANDRO LINARES \u00a0 CANTILLO \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0 \u00a0<\/p>\n
MARTHA VICTORIA \u00a0 S\u00c1CHICA M\u00c9NDEZ \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Secretaria General \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[1] La presente sentencia \u00a0 ser\u00e1 motivada de manera breve, de acuerdo con el art\u00edculo 35 del Decreto 2591 de \u00a0 1991, que \u00a0 reglamenta la acci\u00f3n de tutela y establece que \u201c[l]as decisiones de revisi\u00f3n \u00a0 que revoquen o modifiquen el fallo, unifiquen la jurisprudencia constitucional o \u00a0 aclaren el alcance general de las normas constitucionales deber\u00e1n ser motivadas. \u00a0 Las dem\u00e1s podr\u00e1n ser brevemente justificadas\u201d. Esta Corporaci\u00f3n ha proferido \u00a0 de manera reiterada fallos brevemente justificados, cuando la naturaleza del \u00a0 asunto lo permite. V\u00e9anse, por ejemplo, las sentencias T-549 de 1995. M.P. Jorge \u00a0 Arango Mej\u00eda; T-098 de 1999. M.P. Antonio Barrera Carbonell; T-396 de 1999. M.P. \u00a0 Eduardo Cifuentes Mu\u00f1oz; T-1533 de 2000. M.P. Carlos Gaviria D\u00edaz; T-1006 de \u00a0 2001. M.P. Manuel Jos\u00e9 Cepeda Espinosa; T-054 de 2002. M.P. Manuel Jos\u00e9 Cepeda \u00a0 Espinosa; T-392 de 2004. M.P. Jaime Araujo Renter\u00eda; T-1245 de 2005. M.P. \u00a0 Alfredo Beltr\u00e1n Sierra; T-045 de 2007. M.P. Jaime C\u00f3rdoba Trivi\u00f1o; T-325 de \u00a0 2007. M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-066 de 2008. M.P. Mauricio Gonz\u00e1lez Cuervo; \u00a0 T-706 de 2008. M.P. Manuel Jos\u00e9 Cepeda Espinosa; T-085 de 2010. M.P. Mar\u00eda \u00a0 Victoria Calle Correa; T-475 de 2010. M.P. Juan Carlos Henao P\u00e9rez; T-457 de \u00a0 2014. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-189 de 2015. M.P. Luis Guillermo \u00a0 Guerrero P\u00e9rez; T-025 de 2017. M.P. Aquiles Arrieta G\u00f3mez; T-582 de 2017. M.P. \u00a0 Gloria Stella Ortiz Delgado; y T-038 de 2018. M.P. Diana Fajardo Rivera. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[2] Folios 1 a 10. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[3] Folios 11 a 15. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[5] Folio 16. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[6] Folio 27. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[7] Folios 30 a 33. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[8] Conformada por la \u00a0 Magistrada Cristina Pardo Schlesinger y el Magistrado Antonio Jos\u00e9 Lizarazo \u00a0 Ocampo. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[9] Sentencias T-1015 de \u00a0 2006. M.P. \u00c1lvaro Tafur Galvis; T-1077 de 2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt \u00a0 Chaljub; T-118 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; y T-626 de 2016. M.P. \u00a0 Mar\u00eda Victoria Calle Correa, entre otras. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[10] \u201cPor el cual se \u00a0 adicional al t\u00edtulo 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1072 de 2015 un \u00a0 cap\u00edtulo 5\u00ba, para reglamentar la prestaci\u00f3n humanitaria peri\u00f3dica para las \u00a0 v\u00edctimas del conflicto armado, de que trata el art\u00edculo 46 de la Ley 418 de \u00a0 1997, y su fuente de financiaci\u00f3n\u201d. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[11] \u201cPor medio del cual \u00a0 se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Trabajo\u201d. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[12] Sentencias T-463 de \u00a0 2012. M.P. Jorge Iv\u00e1n Palacio Palacio; T-469 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas \u00a0 Silva; y T-399 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, entre otras.<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0T-220-18 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 Sentencia T-220\/18 \u00a0 \u00a0 ACCION DE TUTELA PARA SOLICITAR \u00a0 CALIFICACION DE PERDIDA DE CAPACIDAD LABORAL-Improcedencia por no cumplirse con el requisito de legitimaci\u00f3n por \u00a0 pasiva \u00a0 \u00a0 Conforme con el art\u00edculo 86 de la \u00a0 Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el art\u00edculo 5 del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[122],"tags":[],"class_list":["post-26074","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-tutelas-2018"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/26074","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=26074"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/26074\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=26074"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=26074"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=26074"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}