T-479-96<\/p>\n
Sentencia T-479\/96 <\/p>\n
SALARIO-Pago oportuno\/ACCION DE TUTELA-Tr\u00e1mite presupuestal para pago de salarios <\/p>\n
El salario es un derecho inalienable de la persona y su pago, por el patrono, persigue compensar el esfuerzo que efect\u00faa el trabajador y procurarle medios de subsistencia. Factores tales como la precariedad de los ingresos del trabajador, la inflaci\u00f3n y la p\u00e9rdida del poder adquisitivo de la moneda imponen la cancelaci\u00f3n oportuna del salario y por ello, las entidades p\u00fablicas est\u00e1n llamadas a adelantar, con suficiente anticipaci\u00f3n, las gestiones presupuestales y de distribuci\u00f3n de partidas para asegurar el pago de la n\u00f3mina en la oportunidad debida. Al momento de proveer los cargos la administraci\u00f3n est\u00e1 obligada a verificar si existe el rubro presupuestal para sufragar puntualmente las asignaciones, de modo que no puede ser sorprendida por su propia negligencia, cuyas consecuencias no tiene por qu\u00e9 soportar el trabajador. <\/p>\n
Referencia: Expediente T-106.211 <\/p>\n
Santa Fe de Bogot\u00e1, D.C., septiembre veinticinco (25) de mil novecientos noventa y seis (1996). <\/p>\n
Luz Marina Duarte Re\u00e1tiga, Alvaro Fern\u00e1ndez Parada, Iv\u00e1n Alonso Pe\u00f1aloza Silva, Cancio Emilio Laverde Mantilla, Ana Lucila Quintero Su\u00e1rez, Luz Amparo Mariscal Chuscano, Martha Cecilia Arenas Arenas, Gladys Socorro Cruces Caballero, Rosa Helena Ria\u00f1o Ria\u00f1o y Sandra del Pilar S\u00e1nchez P\u00e9rez, invocando los derechos a la igualdad y al trabajo, impetraron acci\u00f3n de tutela en contra del Departamento de Santander y\/o Fondo Educativo Regional de Santander, para que se ordene al primero continuar pagando los salarios y prestaciones que les corresponden mientras se realiza la incorporaci\u00f3n a la n\u00f3mina del Fondo Educativo Regional -FER-, con cargo a los recursos del situado fiscal. <\/p>\n
Informan los actores que, en su calidad de docentes cofinanciados, el pago de sus salarios y prestaciones se efectuaba con recursos aportados por la Naci\u00f3n y por el Departamento de Santander y que, en el mes de mayo del presente a\u00f1o, se les inform\u00f3 que en adelante formar\u00edan parte de la n\u00f3mina del FER. El salario correspondiente a junio no les fue pagado, situaci\u00f3n que, a su juicio, fuera de causarles perjuicios, en particular a quienes deben pr\u00e9stamos cooperativos, viola el derecho a la igualdad, toda vez que a los educadores que dependen del Fondo Educativo Regional y del Departamento de Santander se les cancel\u00f3 el respectivo mes y la prima semestral. <\/p>\n
En primer t\u00e9rmino, observa la Sala que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga admiti\u00f3 la solicitud de tutela presentada por Luz Marina Duarte Re\u00e1tiga y la inadmiti\u00f3 en relaci\u00f3n con el resto de los peticionarios porque, pese al requerimiento que en tal sentido se les formul\u00f3, omitieron incluir la manifestaci\u00f3n jurada exigida por el art\u00edculo 37 del decreto 2591 de 1991. Sobre el particular la Sala puntualiza que de conformidad con los dispuesto en los art\u00edculos 75 y 78 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el juramento exigido se entiende prestado por la presentaci\u00f3n de la demanda y que, en todo caso, la ausencia de manifestaci\u00f3n expresa no est\u00e1 contemplada dentro de las causales de improcedencia o de inadmisi\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, previstas en los art\u00edculos 6 y 17 del decreto 2591 de 1991, respectivamente (Cf. Sentencia No. T-556 de 1995). <\/p>\n
El salario es un derecho inalienable de la persona y su pago, por el patrono, persigue compensar el esfuerzo que efect\u00faa el trabajador y procurarle medios de subsistencia. Factores tales como la precariedad de los ingresos del trabajador, la inflaci\u00f3n y la p\u00e9rdida del poder adquisitivo de la moneda imponen la cancelaci\u00f3n oportuna del salario y por ello, las entidades p\u00fablicas est\u00e1n llamadas a adelantar, con suficiente anticipaci\u00f3n, las gestiones presupuestales y de distribuci\u00f3n de partidas para asegurar el pago de la n\u00f3mina en la oportunidad debida. Al momento de proveer los cargos la administraci\u00f3n est\u00e1 obligada a verificar si existe el rubro presupuestal para sufragar puntualmente las asignaciones, de modo que no puede ser sorprendida por su propia negligencia, cuyas consecuencias no tiene por qu\u00e9 soportar el trabajador. <\/p>\n
En eventos similares al que ahora ocupa su atenci\u00f3n, la Corte ha encontrado procedente el amparo por violaci\u00f3n al derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, pese a la existencia de otros medios judiciales de defensa que son ineficaces para neutralizar, con prontitud, los perjuicios que el retardo en el pago peri\u00f3dico del salario irroga al trabajador. (Cf. Sentencias T-167 de 1994, T-063, T-606 de 1995, T- 146 y T 202 de 1996). <\/p>\n
<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisi\u00f3n de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero. REVOCAR la sentencia proferida por Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga, el 24 de julio de 1996. <\/p>\n
Segundo. CONCEDER la tutela impetrada. En consecuencia, se ordena al Departamento de Santander y al Fondo Educativo Regional de Santander que, si todav\u00eda no lo han hecho, procedan, dentro de las 48 horas siguientes a la notificaci\u00f3n de este fallo, a iniciar los tr\u00e1mites orientados a allegar los recursos presupuestados para efectuar el pago oportuno de los salarios a Luz Marina Duarte Re\u00e1tiga, Alvaro Fern\u00e1ndez Parada, Iv\u00e1n Alonso Pe\u00f1aloza Silva, Cancio Emilio Laverde Mantilla, Ana Lucila Quintero Su\u00e1rez, Luz Amparo Mariscal Chuscano, Martha Cecilia Arenas Arenas, Gladys Socorro Cruces Caballero, Rosa Helena Ria\u00f1o Ria\u00f1o y Sandra del Pilar S\u00e1nchez P\u00e9rez, de todo lo cual se informar\u00e1, en forma inmediata, al despacho judicial que conoci\u00f3 de la presente acci\u00f3n. <\/p>\n
Tercero. LIBRENSE las comunicaciones de que trata el art\u00edculo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos all\u00ed contemplados. <\/p>\n
EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ CARLOS GAVIRIA DIAZ <\/p>\n
Magistrado Ponente Magistrado <\/p>\n
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
MARTHA SACHICA DE MONCALEANO <\/p>\n
Secretaria General <\/p>\n
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