T-549-96<\/p>\n
Sentencia T-549\/96 <\/p>\n
DERECHO DE PETICION-Pronta resoluci\u00f3n <\/p>\n
La administraci\u00f3n est\u00e1 obligada a impartir el tr\u00e1mite debido al requerimiento formulado por el peticionario y a adoptar una decisi\u00f3n pronta, es decir, producida dentro del t\u00e9rmino legal y, adem\u00e1s, sustancial por cuanto se debe abordar el fondo del asunto planteado. Empero, no le ata\u00f1e fijar el contenido de la decisi\u00f3n que la autoridad est\u00e1 llamada a tomar una vez aprecie el fondo de la cuesti\u00f3n sometida a su conocimiento. <\/p>\n
Referencia: Expediente T-106.635 <\/p>\n
Manuela D\u00edaz Cantillo, Mar\u00eda Cervantes Ruiz y Rita Garc\u00eda Acu\u00f1a informan en su escrito de tutela que la Alcald\u00eda Municipal de Pivijay (Magdalena), no ha resuelto las peticiones presentadas por ellas el 18 y el 20 de marzo del presente a\u00f1o, en las que, aduciendo su calidad de pensionadas, solicitaron el reconocimiento y pago de la mesada adicional prevista en el art\u00edculo 142 de la ley 100 de 1993. <\/p>\n
El derecho de petici\u00f3n se desenvuelve en dos fases importantes, la primera de las cuales comporta la real y efectiva oportunidad de dirigirse a las autoridades p\u00fablicas, en inter\u00e9s particular o general. Superada esta etapa inicial, la administraci\u00f3n est\u00e1 obligada a impartir el tr\u00e1mite debido al requerimiento formulado por el peticionario y a adoptar una decisi\u00f3n pronta, es decir, producida dentro del t\u00e9rmino legal y, adem\u00e1s, sustancial por cuanto se debe abordar el fondo del asunto planteado. <\/p>\n
Es en esta segunda etapa y particularmente en la resoluci\u00f3n, que hace parte de su n\u00facleo esencial, en donde reside la importancia del derecho consagrado en el art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica que es vulnerado por la autoridad cuando omite el pronunciamiento que est\u00e1 obligada a generar, adopta una decisi\u00f3n tard\u00eda u olvida poner en conocimiento del peticionario la pertinente respuesta. <\/p>\n
Frente a la violaci\u00f3n comprobada corresponde al juez de tutela ordenar que se produzca la respuesta, disponer que se cumpla la notificaci\u00f3n de lo decidido o advertir acerca de la oportunidad en que la resoluci\u00f3n debe adoptarse, empero, no le ata\u00f1e fijar el contenido de la decisi\u00f3n que la autoridad est\u00e1 llamada a tomar una vez aprecie el fondo de la cuesti\u00f3n sometida a su conocimiento. <\/p>\n
Err\u00f3 el Juzgado Unico Penal Municipal de Pivijay al ordenar “a la autoridad p\u00fablica infractora” dar cabal cumplimiento a los art\u00edculos 13, 23, 46 y 53 de la Constituci\u00f3n y 142 de la ley 100 de 1993, dentro del t\u00e9rmino de 5 d\u00edas h\u00e1biles. Lo que correspond\u00eda en esta ocasi\u00f3n era emitir una orden encaminada a que la autoridad renuente diera respuesta a las solicitudes presentadas. <\/p>\n
Tampoco comparte la Corte el criterio del Juzgado Primero Penal del Circuito de Fundaci\u00f3n (Magdalena) que neg\u00f3 el amparo pedido argumentando que las peticiones fueron dirigidas a la asesora jur\u00eddica municipal y no al alcalde, pues es sabido que el funcionario que recibe una petici\u00f3n, en caso de no ser competente, debe enviarla a la autoridad que lo es e informar de ello peticionario (Art. 33 C.C.A.). Fuera de lo anterior, en cada una de las solicitudes se le recomend\u00f3 a la asesora jur\u00eddica “comunicar al se\u00f1or alcalde” para que “tome cartas en el asunto”. <\/p>\n
Procede, entonces, conceder la tutela del derecho fundamental de petici\u00f3n y reiterar, de este modo, la jurisprudencia plasmada en las sentencias T-244, T-262 de 1993, T-553, T-575 de 1994 y T-076 de 1995, entre otras. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la Rep\u00fablica de Colombia -Sala Tercera de Revisi\u00f3n-, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero. REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Fundaci\u00f3n el 25 de julio de 1996 y la proferida por el Juzgado Unico Penal Municipal de Pivijay el 5 de junio de 1996, dentro de la acci\u00f3n de tutela de la referencia. <\/p>\n
Segundo. CONCEDER la tutela del derecho fundamental de petici\u00f3n. En consecuencia, se ordena al alcalde municipal de Pivijay que, si todav\u00eda no ha procedido a ello, resuelva las peticiones presentadas por las se\u00f1oras Manuela D\u00edaz Cantillo, Mar\u00eda Cervantes Ruiz y Rita Garc\u00eda Acu\u00f1a, a quienes deber\u00e1 notificar las respectivas decisiones dentro del t\u00e9rmino de 48 horas, contadas a partir de la notificaci\u00f3n de esta providencia. <\/p>\n
Tercero. LIBRENSE, por Secretar\u00eda, las comunicaciones de que trata el art\u00edculo 36 del decreto 2591 de 1991, para los efectos all\u00ed contemplados. <\/p>\n
C\u00f3piese, comun\u00edquese, notif\u00edquese, c\u00famplase e ins\u00e9rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional. <\/p>\n
EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
CARLOS GAVIRIA DIAZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO <\/p>\n
Secretaria General <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
T-549-96 Sentencia T-549\/96 DERECHO DE PETICION-Pronta resoluci\u00f3n La administraci\u00f3n est\u00e1 obligada a impartir el tr\u00e1mite debido al requerimiento formulado por el peticionario y a adoptar una decisi\u00f3n pronta, es decir, producida dentro del t\u00e9rmino legal y, adem\u00e1s, sustancial por cuanto se debe abordar el fondo del asunto planteado. Empero, no le […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23],"tags":[],"class_list":["post-2658","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-tutelas-1996"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2658","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2658"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2658\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2658"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2658"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2658"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}