C-041-93<\/p>\n
Sentencia C-041\/93 <\/p>\n
<\/p>\n
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n carece de competencia para conocer de la demanda de la referencia, por la existencia de cosa juzgada constitucional. La Corte se encuentra ante un texto que ya no es norma jur\u00eddica, como quiera que esta Corporaci\u00f3n declar\u00f3 la inexequibilidad de los literales p) del art. 3\u00b0 y ll) del art. 7\u00b0 del Decreto 1472 de 1990 (Sentencia N\u00b0 C-560 de 1992). <\/p>\n
REF: Expediente N\u00ba D-108 <\/p>\n
Norma acusada: Decreto 1472 de 1990, art\u00edculos 3\u00ba literal p) y 7\u00ba literal 11) <\/p>\n
Actor: Jes\u00fas Vallejo Mej\u00eda <\/p>\n
Magistrado Sustanciador: <\/p>\n
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, febrero once (11) de mil novecientos noventa y tres (1.993). <\/p>\n
La Corte Constitucional de la Rep\u00fablica de Colombia, <\/p>\n
EN NOMBRE DEL PUEBLO <\/p>\n
Y <\/p>\n
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION <\/p>\n
Ha pronunciado la siguiente <\/p>\n
SENTENCIA <\/p>\n
En la demanda instaurada por los el ciudadano JESUS VALLEJO MEJIA, en ejercicio de la acci\u00f3n p\u00fablica de inconstitucionalidad, radicada con el N\u00ba D-108. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
A. De la Demanda <\/p>\n
El ciudadano JESUS VALLEJO MEJIA present\u00f3 demanda de constitucionalidad contra los literales p) del art\u00edculo 3\u00b0 y ll) del art\u00edculo 7\u00b0 del Decreto Ley 1472 de 1990. <\/p>\n
Por reparto le correspondi\u00f3 al Magistrado Alejandro Mart\u00ednez Caballero la ponencia de este negocio. <\/p>\n
Sin embargo con anterioridad se hab\u00eda presentado y tramitado ante la Corte una demanda contra las mismas normas, formulada por el ciudadano Abd\u00f3n Ort\u00edz Fl\u00f3rez. Dicho proceso fue sustanciado por el Magistrado Sim\u00f3n Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez y fallado por la Sala Plena de la Corporaci\u00f3n el d\u00eda 15 de octubre de 1992. <\/p>\n
Luego por simples motivos de falta de coincidencia en el tiempo no se pudo acumular el proceso D-039 con el D-108. <\/p>\n
B. De la Norma Acusada <\/p>\n
El siguiente es el texto de las normas acusadas: <\/p>\n
DECRETO LEY 1472 DE 1990 <\/p>\n
(julio 9) <\/p>\n
por el cual se reorganiza la Superintendencia Nacional de Salud y se dictan otras disposiciones <\/p>\n
El Presidente de la Rep\u00fablica de Colombia, en uso de las facultades extraordinarios que le confiere el literal b) del art\u00edculo 51 de la Ley 10 de 1990, <\/p>\n
DECRETA: <\/p>\n
ART\u00cdCULO 3\u00b0.- De las funciones de la Superintendencia: LITERAL p).- Establecer y liquidar las contribuciones que corresponde sufragar a las entidades sometidas a su inspecci\u00f3n, control y vigilancia. <\/p>\n
ART\u00cdCULO 7\u00b0.- De las funciones del Superintendente Nacional de Salud: LITERAL ll).- Fijar las contribuciones que corresponda sufragar a las entidades sometidas a la inspecci\u00f3n, vigilancia y control de la Superintendencia. <\/p>\n
C. De los Argumentos del Actor <\/p>\n
El ciudadano JESUS VALLEJO MEJIA presenta argumentos de forma y de fondo en su demanda: <\/p>\n
Primero, en cuanto a la competencia, el actor afirma que esta Corporaci\u00f3n es competente para conocer de estas demandas, por cuanto la sentencia de la Corte Suprema de Justicia1 en el proceso de constitucionalidad adelantado contra las mismas normas que ahora nos ocupan no hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada material, como quiera que en aquella oportunidad se fall\u00f3 sobre el contenido y no sobre las facultades extraordinarias conferidas para su expedici\u00f3n. <\/p>\n
Segundo, en cuanto al fondo del asunto, el ciudadano VALLEJO MEJIA formula dos cargos contra las normas acusadas, as\u00ed: <\/p>\n
Primer cargo: <\/p>\n
“Como quiera que en parte alguna la ley de facultades (art\u00edculo 51-b) Ley 10\/90) habilit\u00f3 al Presidente para expedir decretos con fuerza de ley en materia de contribuciones, mal podr\u00eda entonces expedir un texto como el del literal p) del art\u00edculo 3- y el literal ll) del art\u00edculo 7- del D. 1472\/90, sin incurrir en manifiesto exceso en el ejercicio de las facultades que le fueron concedidas…” <\/p>\n
Segundo cargo: <\/p>\n
“Bien miradas las cosas, las contribuciones que los textos acusados autorizan a establecer y liquidar por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, participan m\u00e1s de la naturaleza del impuesto que de la tasa… Todo esto se trae a colaci\u00f3n para se\u00f1alar que tambi\u00e9n hubo exceso en el ejercicio de facultades extraordinarias…” <\/p>\n
D. Del Concepto del Procurador <\/p>\n
Mediante el Oficio N\u00b0 078 del 17 de septiembre de 1992, el se\u00f1or Procurador General de la Naci\u00f3n emiti\u00f3 el concepto de rigor en el proceso de la referencia. <\/p>\n
En s\u00edntesis el Ministerio P\u00fablico solicita: <\/p>\n
“1. En el evento de acumularse este proceso al radicado bajo el n\u00famero D-039, se solicita a la H. Corte Constitucional, se declare la INEXEQUIBILIDAD de los literales p) del art\u00edculo 3o. y ll) del art\u00edculo 7o. del Decreto Ley 1472 de 1990. <\/p>\n
2. Si no se efect\u00faa tal acumulaci\u00f3n, y se dicta sentencia en el aludido expediente, se solicita a esa Alta Corporaci\u00f3n, se est\u00e9 a lo resulto en ella.” <\/p>\n
En respaldo de su primera solicitud, la vista fiscal transcribe in extenso el concepto por ella emitido en el marco del proceso D-039. Respecto de su segunda solicitud no se presentan argumentos. <\/p>\n
II. FUNDAMENTOS JURIDICOS <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n carece de competencia para conocer de la demanda de la referencia, por la existencia de cosa juzgada constitucional. <\/p>\n
En efecto, las funciones de la Corte Constitucional est\u00e1n fijadas de manera taxativa en el art\u00edculo 241 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, las cuales se ejercen “en los estrictos y precisos t\u00e9rminos de este art\u00edculo”. Dicha norma consagra en diez numerales el control de constitucionalidad de diversas normas jur\u00eddicas. <\/p>\n
Ahora bien, en el negocio que nos ocupa la Corte se encuentra ante un texto que ya no es norma jur\u00eddica, como quiera que esta Corporaci\u00f3n declar\u00f3 el d\u00eda 20 de octubre del a\u00f1o en curso la inexequibilidad de los literales p) del art. 3\u00b0 y ll) del art. 7\u00b0 del Decreto 1472 de 1990, en el marco del proceso de constitucionalidad radicado con el N\u00b0 D-039, con ponencia del Magistrado Sim\u00f3n Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez, mediante la Sentencia N\u00b0 C-560 de 1992. <\/p>\n
Al declararse dicha inexequibilidad los textos ahora acusados desaparecieron del mundo jur\u00eddico y ello constituye cosa juzgada constitucional. <\/p>\n
As\u00ed lo establece el art\u00edculo 243 inciso primero de la Constituci\u00f3n, que dice: <\/p>\n
“Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tr\u00e1nsito a cosa juzgada constitucional” <\/p>\n
Esta idea es ratificada por el art\u00edculo 49 del Decreto 2067 de 1991 dice en sus inciso primero: <\/p>\n
“Contra las sentencias de la Corte Constitucional no procede recurso alguno” <\/p>\n
La cosa juzgada significa que una decisi\u00f3n judicial es definitiva y no controvertible. Se trata de un importante principio concebido para imprimir seguridad al tr\u00e1fico jur\u00eddico, fruto del compromiso entre la justicia material y la certeza. <\/p>\n
Por tanto esta Corporaci\u00f3n no puede pronunciarse de fondo y se estar\u00e1 a lo resuelto en la sentencia precitada. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la Rep\u00fablica de Colombia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Estarse a lo resuelto en la Sentencia N\u00ba C-560 de 1992, que declar\u00f3 la inexequibilidad de los art\u00edculos 3\u00ba literal p) y 7\u00ba literal 11) del Decreto N\u00b0 1472 de 1990. <\/p>\n
<\/p>\n
C\u00famplase, c\u00f3piese, comun\u00edquese, publ\u00edquese y arch\u00edvese. <\/p>\n
Dada en Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., a los once (11) d\u00edas del mes de febrero de mil novecientos noventa y tres (1.993). <\/p>\n
SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ <\/p>\n
Presidente <\/p>\n
CIRO ANGARITA BARON EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ <\/p>\n
Magistrado Magistrado <\/p>\n
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO <\/p>\n
Magistrado Magistrado <\/p>\n
FABIO MORON DIAZ JAIME SANIN GREFFEINSTEIN <\/p>\n
Magistrado Magistrado <\/p>\n
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO <\/p>\n
Secretaria General <\/p>\n
<\/p>\n
1 Cfr. Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 28 de noviembre de 1991. Proceso N\u00b0 2345 <\/p>\n
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