T-641-96<\/p>\n
Sentencia T-641\/96 <\/p>\n
SALARIO-Fundamental\/ENTIDAD PUBLICA-Pago oportuno de salarios\/PARTIDA PRESUPUESTAL-Pago oportuno de salarios <\/p>\n
El salario es un derecho fundamental que tiene toda persona trabajadora, cuyo pago peri\u00f3dico, completo y oportuno es una obligaci\u00f3n del patrono. La finalidad que persigue dicho salario es retribuir o compensar el esfuerzo realizado por el trabajador, con el fin de procurarle los medios econ\u00f3micos necesarios para una vida digna y acorde con sus necesidades. Es por esto que el incumplimiento en su pago, ya sea por mora o por omisi\u00f3n en el pago, afecta gravemente al trabajador. Y, por lo tanto, las entidades p\u00fablicas deben adelantar con suficiente antelaci\u00f3n y prontitud, todas las gestiones y tr\u00e1mites pertinentes, a fin de asegurar un pago oportuno de dichos salarios. Si bien se sabe que la acci\u00f3n de tutela no se instituy\u00f3 como un mecanismo apropiado para ejecutar partidas presupuestales, es procedente conceder la protecci\u00f3n que ella brinda cuando de la omisi\u00f3n de las autoridades ponga en peligro los derechos fundamentales de las personas. <\/p>\n
Referencia: Expediente T-107.896 <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 D.C., noviembre veinticinco (25) de mil novecientos noventa y seis (1996) <\/p>\n
Manifiestan los demandantes Beatriz Fl\u00f3rez Latorre, Teresa Hern\u00e1ndez, Aldo Jos\u00e9 Jaimes, Carlos Camacho, Esperanza Mancera de Fonseca, Germ\u00e1n Humberto Ch\u00e1vez, Julio Meneses, Milton Garc\u00eda, Maria Esperanza Negr\u00f3n, Amparo Andrade Granados, Gladys Pab\u00f3n Carrillo, Ayda Ruth Urbina, Martha Ligia Ardila, Evangelista Moncada, Elsa Leonor G\u00f3mez Gonz\u00e1lez, Miriam Hern\u00e1ndez Santaella, Rosa Irene Jaimes y Luz Mira Remolina que son docentes del Departamento de Norte de Santander y dependen del salario que devengan para poder suplir todas sus necesidades b\u00e1sicas como, alimentaci\u00f3n, vestuario, estudio de sus hijos, pago de servicios p\u00fablicos y obligaciones bancarias. Desafortunadamente, la entidad encargada de cancelarles sus salarios no ha sido puntual en dichos pago, absteni\u00e9ndose incluso de cancelarles los salarios correspondientes a los meses de mayo y junio de 1996. A pesar de las protestas y solicitudes presentadas ante el Departamento de Norte de Santander, aqu\u00ed demandado, no se ha podido solucionar tal situaci\u00f3n. Por tal motivo, solicitan les sean protegidos como mecanismo transitorio, sus derechos fundamentales a la vida (art. 11 C.P.), a la igualdad (art. 13 C.P.), al trabajo (art. 25 C.P.), a la mujer cabeza de familia (art. 43 C.P.), los derechos fundamentales de los ni\u00f1os (art. 44 C.P.), al pago oportuno de los salarios (art. 48 C.P.), y las garant\u00edas laborales (art. 53 C.P.). <\/p>\n
Por decisi\u00f3n del 18 de julio de este a\u00f1o, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de C\u00facuta deneg\u00f3 la presente tutela. Se\u00f1al\u00f3 que no vislumbra que los demandantes se encuentren en una situaci\u00f3n de peligro, m\u00e1s cuando las afirmaciones se hacen de forma general y abstracta sin que se acredite en que situaci\u00f3n individual se encuentra cada uno de los demandantes. <\/p>\n
Por su parte, la Sala Laboral del Tribunal Superior de C\u00facuta en decisi\u00f3n del 23 de agosto de este mismo a\u00f1o, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de primera instancia. Adem\u00e1s de las consideraciones expuestas por el a quo, se\u00f1ala las diferentes diligencias adelantadas por el Departamento del Norte de Santander, orientadas a solucionar el problema presupuestal, haci\u00e9ndose evidente el inter\u00e9s que dicha entidad tiene para solucionar el problema. <\/p>\n
Si bien se sabe que la acci\u00f3n de tutela no se instituy\u00f3 como un mecanismo apropiado para ejecutar partidas presupuestales, es procedente conceder la protecci\u00f3n que ella brinda cuando de la omisi\u00f3n de las autoridades ponga en peligro los derechos fundamentales de las personas. La Corte Constitucional en situaciones semejantes a este proceso, ha tutelado los derechos fundamentales violados (Cfr. Sentencias T-167 de 1994; T-063 de 1995; T- 146 de 1995). <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Constitucional -Sala Tercera de Revisi\u00f3n-, administrando justicia en nombre del pueblo y, por mandato de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: REVOCAR las decisiones proferidas por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de C\u00facuta de julio 18 de 1996 y por la Sala Laboral del Tribunal Superior de C\u00facuta del 23 de agosto del mismo a\u00f1o. <\/p>\n
Segundo: CONCEDER la tutela impetrada. En consecuencia, se ordena al Gobernador del Departamento de Norte de Santander que, si todav\u00eda no lo ha hecho, proceda dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta sentencia a cancelar a los docentes del departamento, aqu\u00ed demandantes y cuyos nombres y n\u00fameros de c\u00e9dula aparecen en la solicitud de tutela, los salarios que les adeuda, correspondientes al a\u00f1o de 1996, siempre que haya partida presupuestal disponible. En caso contrario, dentro del mismo t\u00e9rmino, iniciar\u00e1 los tr\u00e1mites pertinentes, de todo lo cual informar\u00e1, inmediatamente, al juez de primera instancia. <\/p>\n
Tercero: L\u00cdBRENSE por Secretar\u00eda, las comunicaciones de que trata el art\u00edculo 36 del decreto 2591 de 1991, para los efectos all\u00ed contemplados. <\/p>\n
C\u00f3piese, comun\u00edquese, notif\u00edquese, c\u00famplase e ins\u00e9rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional <\/p>\n
EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ CARLOS GAVIRIA D\u00cdAZ <\/p>\n
Magistrado Ponente Magistrado <\/p>\n
JOS\u00c9 GREGORIO HERN\u00c1NDEZ GALINDO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
MARTHA VICTORIA S\u00c1CHICA DE MONCALEANO <\/p>\n
Secretaria General <\/p>\n
<\/p>\n
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