C-067-97<\/p>\n
Sentencia C-067\/97 <\/p>\n
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Contravenci\u00f3n especial <\/p>\n
Referencia: Expediente D-1404 <\/p>\n
Demanda de Inconstitucionalidad contra el art\u00edculo 5 de la Ley 228 de 1995. <\/p>\n
Actor: Pedro Jaime Garc\u00eda Hern\u00e1ndez <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Dr. JOSE GREGORIO HERN\u00c1NDEZ GALINDO <\/p>\n
Sentencia aprobada en Santa Fe de Bogot\u00e1, D.C., seg\u00fan consta en acta del once (11) de febrero de mil novecientos noventa y siete (1997). <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
El ciudadano PEDRO JAIME GARCIA HERNANDEZ, haciendo uso del derecho consagrado en el art\u00edculo 241, numeral 4, de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, ha presentado ante la Corte una demanda de inconstitucionalidad contra el art\u00edculo 5 de la Ley 228 de 1995. <\/p>\n
Cumplidos como est\u00e1n los tr\u00e1mites y requisitos exigidos en el Decreto 2067 de 1991, se entra a resolver. <\/p>\n
II. TEXTO <\/p>\n
El texto acusado es del siguiente tenor literal: <\/p>\n
“LEY 228 DE 1995 <\/p>\n
(diciembre 21) <\/p>\n
por la cual se determina el r\u00e9gimen aplicable a las contravenciones especiales y se dictan otras disposiciones. <\/p>\n
EL CONGRESO DE COLOMBIA <\/p>\n
DECRETA: <\/p>\n
(…) <\/p>\n
Art\u00edculo 5o. Subrogados penales. Las personas condenadas por las contravenciones a que se refiere la presente Ley no tendr\u00e1n derecho a la condena de ejecuci\u00f3n condicional. No obstante, cuando se trate de contravenciones sancionadas con dos (2) a\u00f1os de arresto o m\u00e1s, el juez de ejecuci\u00f3n de penas y medidas de seguridad, podr\u00e1 despu\u00e9s del a\u00f1o siguiente a la aprehensi\u00f3n, ordenar la suspensi\u00f3n de la ejecuci\u00f3n de la sentencia, atendiendo a la personalidad y el buen comportamiento del sujeto en el establecimiento carcelario, fijando como per\u00edodo de prueba el t\u00e9rmino que falte para el cumplimiento de la pena. <\/p>\n
El juez de ejecuci\u00f3n de penas y medidas de seguridad podr\u00e1 conceder la libertad condicional al condenado cuando haya cumplido las dos terceras (2\/3) partes de la condena, siempre que su personalidad, su buena conducta en el establecimiento carcelario y sus antecedentes de todo orden, permitan suponer fundadamente su readaptaci\u00f3n social”. <\/p>\n
III. LA DEMANDA <\/p>\n
Considera el demandante que con la norma acusada se vulnera el art\u00edculo 13 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
Manifiesta que la repercusi\u00f3n social de las contravenciones es menor que la de los delitos y es por ello que se les da un tratamiento m\u00e1s benigno. Se\u00f1ala -sin embargo- que, cuando el art\u00edculo 5o. de la Ley 228 de 1995 prohibe el otorgamiento de la condena de ejecuci\u00f3n condicional para las contravenciones all\u00ed indicadas, no guarda armon\u00eda con el principio expuesto. <\/p>\n
En su criterio, existe una incongruencia en la norma demandada y por consiguiente resulta contraria al art\u00edculo 13 de la Carta, por cuanto, si una persona comete una infracci\u00f3n menor (contravenci\u00f3n), resulta siendo tratada en forma m\u00e1s rigurosa que quien incurre en una infracci\u00f3n mayor (delito), siendo los hechos punibles de la misma naturaleza. <\/p>\n
IV. INTERVENCIONES <\/p>\n
El ciudadano ALVARO NAMEN VARGAS, actuando como apoderado del Ministerio de Justicia y del Derecho, ha presentado a la Corte un escrito en el que solicita se declare la exequibilidad de la norma impugnada. <\/p>\n
Aduce que los procedimientos consagrados por la Ley 228 de 1995 para las contravenciones buscan dar una respuesta adecuada a los reclamos de justicia de la sociedad. El legislador -dice- est\u00e1 autorizado para tipificar hechos punibles como delitos y contravenciones, se\u00f1alando las penas respectivas, siempre que no excedan los l\u00edmites se\u00f1alados en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. La previsi\u00f3n de que ciertas conductas se sancionen como contravenciones especiales obedece a la interpretaci\u00f3n legislativa respecto al bien jur\u00eddico que se pretende proteger, que en tales casos resulta herido m\u00e1s levemente. <\/p>\n
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACI\u00d3N <\/p>\n
El Procurador General de la Naci\u00f3n (E) considera que el legislador, como representante del pueblo, al promulgar la norma demandada quiso dar respuesta a una necesidad sentida, cual era la de mejorar las condiciones elementales de convivencia ciudadana, en lo que ata\u00f1e a la seguridad de las personas. Busc\u00f3 atacar, entonces, tanto el aumento de los hechos criminales como la impunidad que rodea su investigaci\u00f3n y castigo. <\/p>\n
Es por ello -indica- que la norma consagra una regulaci\u00f3n m\u00e1s severa, en cuanto restringe la posibilidad de obtener el beneficio de la condena de ejecuci\u00f3n condicional y aumenta las penas imponibles por la comisi\u00f3n del hurto, ya que su objetivo reside no s\u00f3lo en lograr una mayor efectividad de la sanci\u00f3n penal sino tambi\u00e9n en lograr resultados disuasivos y ampliados en la prevenci\u00f3n y represi\u00f3n del delito. <\/p>\n
VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL <\/p>\n
1. Competencia <\/p>\n
Esta Corte es competente para decidir en definitiva sobre la constitucionalidad de la norma acusada, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 241, numeral 4, de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, ya que se trata de un precepto perteneciente a una ley de la Rep\u00fablica. <\/p>\n
2. Cosa juzgada constitucional <\/p>\n
Ha operado, entonces, el fen\u00f3meno de la cosa juzgada constitucional, por lo cual, seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 243 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, no cabe nueva resoluci\u00f3n sobre el asunto. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
Con fundamento en las precedentes motivaciones, la Corte Constitucional de la Rep\u00fablica de Colombia, en Sala Plena, o\u00eddo el concepto del Ministerio P\u00fablico y cumplidos los tr\u00e1mites previstos en el Decreto 2067 de 1991, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
ESTESE A LO DECIDIDO por la Corte en sentencias C-430 del 12 de septiembre de 1996 y C-626 del 21 de noviembre del mismo a\u00f1o, sobre la constitucionalidad del art\u00edculo 5 de la Ley 228 de 1995. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese, comun\u00edquese, ins\u00e9rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional, c\u00famplase y arch\u00edvese el expediente. <\/p>\n
CARLOS GAVIRIA DIAZ <\/p>\n
Presidente <\/p>\n
JORGE ARANGO MEJIA ANTONIO BARRERA CARBONELL <\/p>\n
Magistrado Magistrado <\/p>\n
EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ HERNANDO HERRERA VERGARA <\/p>\n
Magistrado Magistrado <\/p>\n
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO FABIO MORON DIAZ <\/p>\n
Magistrado Magistrado <\/p>\n
VLADIMIRO NARANJO MESA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO <\/p>\n
Secretaria General <\/p>\n
<\/p>\n
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