C-090-97<\/p>\n
Sentencia C-090\/97 <\/p>\n
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Exoneraci\u00f3n impuesto por desistimiento demanda administrativa <\/p>\n
Referencia: Expediente D-1405 <\/p>\n
Demanda de inconstitucionalidad del art\u00edculo 246 literal b), inciso final de la ley 223 de 1995, \u201cpor la cual se expiden normas sobre racionalizaci\u00f3n Tributaria y se dictan otras disposiciones\u201d <\/p>\n
Actor: Jos\u00e9 Alberto Garc\u00eda Cort\u00e9s. <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Dr. JORGE ARANGO MEJ\u00cdA. <\/p>\n
Sentencia aprobada en Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., seg\u00fan consta en acta n\u00famero ocho (8), a los veintis\u00e9is (26) d\u00edas del mes de febrero, de mil novecientos noventa y siete (1997). <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
El ciudadano Jos\u00e9 Alberto Garc\u00eda Ord\u00f3\u00f1ez, en uso del derecho consagrado en los art\u00edculos 40, numeral 6, y 241, numeral 4, de la Constituci\u00f3n, present\u00f3 demanda de inconstitucionalidad en contra del inciso final del art\u00edculo 246 literal b), de la ley 223 de 1995. <\/p>\n
Por auto del 6 de agosto de 1996, el Magistrado sustanciador admiti\u00f3 la demanda, orden\u00f3 la fijaci\u00f3n del negocio en lista, para asegurar la intervenci\u00f3n ciudadana. Dispuso, tambi\u00e9n, el env\u00edo de copia de la misma al se\u00f1or Presidente de la Rep\u00fablica. Igualmente, al se\u00f1or Procurador General de la Naci\u00f3n, para que rindiera su concepto. <\/p>\n
Cumplidos los requisitos exigidos por el decreto 2067 de 1991 y recibido el concepto del se\u00f1or Procurador General de la Naci\u00f3n (E), entra la Corte a decidir. <\/p>\n
A. Norma demandada. <\/p>\n
El siguiente es el texto de la norma acusada, con la advertencia de que se subraya el aparte acusado: <\/p>\n
“Ley 223 de 1995 <\/p>\n
(diciembre 20) <\/p>\n
\u201cPor la cual se expiden normas sobre racionalizaci\u00f3n Tributaria y se dictan otras disposiciones. <\/p>\n
“Art\u00edculo 246. Saneamiento de demandas ante la Jurisdicci\u00f3n Contencioso-administrativa. Los Contribuyentes y responsables de los impuestos sobre la renta, consumo, ventas, retenci\u00f3n en la fuente y timbre nacional, que hayan presentado demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, con respecto a la cual no se haya proferido sentencia definitiva, y desistan totalmente de su acci\u00f3n o demanda, quedar\u00e1n exonerados del mayor impuesto a su cargo, as\u00ed como el anticipo del a\u00f1o siguiente al gravable, de las sanciones, intereses y actualizaci\u00f3n correspondiente. Para tal efecto, dichos contribuyentes deber\u00e1n presentar un escrito de desistimiento ante el Tribunal respectivo o ante el Consejo de Estado, seg\u00fan corresponda, antes de que se dicte fallo definitivo, y en todo caso, antes del 1o. de abril de 1996, adjuntando las siguientes pruebas: <\/p>\n
\u201ca) Si el proceso se halla en primera instancia, la prueba del pago, sin sanciones, intereses, actualizaci\u00f3n ni anticipo del a\u00f1o siguiente al gravable, del 65% del mayor impuesto discutido. Cuando se trate de un proceso contra una resoluci\u00f3n que impone sanci\u00f3n, se debe acreditar el pago del 65% de la sanci\u00f3n sin intereses ni actualizaci\u00f3n. <\/p>\n
\u201cSi el proceso se halla en \u00fanica instancia o en conocimiento del Honorable Consejo de Estado, la prueba del pago sin sanciones, intereses, actualizaci\u00f3n ni anticipo del a\u00f1o siguiente al gravable, del 80% del mayor impuesto discutido, o del 80% de la sanci\u00f3n, sin intereses ni actualizaci\u00f3n, cuando se trate de un proceso contra una resoluci\u00f3n que impone sanci\u00f3n. <\/p>\n
\u201cb) La prueba del pago de la liquidaci\u00f3n privada en el a\u00f1o de 1994 relativa al impuesto sobre la renta cuando se trate de un proceso por dicho impuesto. <\/p>\n
\u201cLa prueba del pago de las declaraciones del impuesto sobre las ventas correspondientes al a\u00f1o de 1994, cuando se trate de un proceso por dicho impuesto. <\/p>\n
\u201cLa prueba de las declaraciones de retenci\u00f3n en la fuente correspondientes al a\u00f1o 1994, cuando se trate de un proceso por impuesto de timbre o por retenci\u00f3n en la fuente. <\/p>\n
\u201cEl auto que acepte el desistimiento deber\u00e1 ser notificado personal mente al Jefe de la divisi\u00f3n Jur\u00eddica de la respectiva Administraci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales en el caso de los Tribunales Administrativos y al Jefe de la Divisi\u00f3n de Representaci\u00f3n Externa de la Sub-Direcci\u00f3n Jur\u00eddica de la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales, en el caso del Consejo de Estado. <\/p>\n
\u201cContra la providencia que resuelva este desistimiento ser\u00e1 procedente el recurso de apelaci\u00f3n por parte del contribuyente.” <\/p>\n
B. La demanda. <\/p>\n
Para el demandante, la frase “por parte del contribuyente” de la norma acusada, infringe los art\u00edculos 13, 29, 229 y 277 numeral 7o. de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
La norma, en el aparte acusado, niega el derecho de las partes intervinientes en el proceso, distintas del contribuyente, de recurrir la providencia que acepta el desistimiento de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que presenten los contribuyentes y responsables de obligaciones tributarias. Por esto, desconoce el derecho a la igualdad, al debido proceso, y al acceso a la justicia, a las otras partes que intervienen en ese proceso. <\/p>\n
La Administraci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales, y el Ministerio P\u00fablico son exclu\u00eddos de la posibilidad de interponer el recurso de apelaci\u00f3n contra la providencia que acepta el desistimiento, lo cual impide al segundo cumplir con una de sus obligaciones: intervenir en los procesos para la defensa de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
C. Intervenci\u00f3n ciudadana. <\/p>\n
Dentro del t\u00e9rmino para intervenir en defensa o impugnaci\u00f3n de la norma acusada, present\u00f3 escrito el ciudadano Alberto Camargo Aya, designado por la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, para justificar la constitucionalidad del art\u00edculo parcialmente acusado. <\/p>\n
Seg\u00fan el interviniente, el aparte acusado del art\u00edculo 246 de la ley 223 de 1995, no est\u00e1 eliminando el derecho que tienen tanto la Administraci\u00f3n como el Ministerio P\u00fablico de interponer el recurso de apelaci\u00f3n contra la mencionada providencia, pues el mismo art\u00edculo ordena que \u00e9sta se notifique personalmente al Jefe de la Divisi\u00f3n Jur\u00eddica de la respectiva entidad, si el proceso es de conocimiento de los Tribunales Contenciosos, o al Jefe de Representaci\u00f3n Externa de la Sub-Direcci\u00f3n Jur\u00eddica, si el proceso es de conocimiento del Consejo de Estado, notificaci\u00f3n que permite a estos funcionarios interponer los recursos orrespondientes. <\/p>\n
D. Concepto del Procurador General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
Por medio de oficio n\u00famero 1097, de septiembre 20 de 1996, el se\u00f1or Procurador General de la Naci\u00f3n (E), doctor Luis Eduardo Montoya Medina, rindi\u00f3 su concepto, en el que pide se declare la exequibilidad de la norma parcialmente acusada. <\/p>\n
La participaci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico, como parte, en el debate contencioso administrativo, est\u00e1 prevista en el art\u00edculo 19 del decreto ley 2304 de 1989, que modific\u00f3 el art\u00edculo 129 del C\u00f3digo Contencioso Administrativo, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
“El Ministerio P\u00fablico es parte en todos los procesos e incidentes que se adelanten ante el Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos e intervendr\u00e1 en ellos en inter\u00e9s del orden jur\u00eddico. Por consiguiente, se le notificar\u00e1n personalmente todas las providencias.” <\/p>\n
Por lo tanto, no puede excluirse al Ministerio P\u00fablico en los procesos de saneamiento fiscal. <\/p>\n
Por lo anterior, no encuentra reparo alguno que afecte la constitucionalidad de la norma parcialmente acusada. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL. <\/p>\n
Procede la Corte Constitucional a dictar la sentencia que corresponde a este asunto, previas las siguientes consideraciones. <\/p>\n
Primera. – Competencia. <\/p>\n
La Corte Constitucional es competente para conocer de este proceso, por haberse demandado una norma que es parte de una ley (numeral 4o. del art\u00edculo 241 de la Constituci\u00f3n). <\/p>\n
La sentencia C- 511 de 1996, con ponencia del doctor Eduardo Cifuentes Mu\u00f1oz, declar\u00f3 la inexequibilidad de todo el art\u00edculo al cual pertenece la expresi\u00f3n demandada. En consecuencia, por existir sentencia que ha hecho tr\u00e1nsito a cosa juzgada constitucional (art\u00edculo 243 de la Constituci\u00f3n), se ordenar\u00e1 estarse a lo all\u00ed resuelto. <\/p>\n
III.- DECISI\u00d3N. <\/p>\n
Por lo expuesto, la Corte Constitucional ordenar\u00e1 estarse a lo resuelto en la sentencia C-511 de 1996. <\/p>\n
En consecuencia, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
EST\u00c9SE a lo resuelto en la sentencia C-511 de 1996, que declar\u00f3 INEXEQUIBLE el art\u00edculo 246 de la ley 223 de 1995. <\/p>\n
Notif\u00edquese, c\u00f3piese, publ\u00edquese, comun\u00edquese e ins\u00e9rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional. <\/p>\n
CARLOS GAVIRIA D\u00cdAZ <\/p>\n
Presidente <\/p>\n
JORGE ARANGO MEJ\u00cdA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
ANTONIO BARRERA CARBONELL <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
JOS\u00c9 GREGORIO HERN\u00c1NDEZ GALINDO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
HERNANDO HERRERA VERGARA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
ALEJANDRO MART\u00cdNEZ CABALLERO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
FABIO MOR\u00d3N D\u00cdAZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
VLADIMIRO NARANJO MESA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
MARTHA VICTORIA S\u00c1CHICA DE MONCALEANO <\/p>\n
Secretaria General <\/p>\n
<\/p>\n
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