C-107-97<\/p>\n
Sentencia C-107\/97 <\/p>\n
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Incompatibilidad cargo de elecci\u00f3n popular <\/p>\n
Acci\u00f3n p\u00fablica de inconstitucionalidad contra el art\u00edculo 5 numeral 7o de la Ley 177 de 1994, \u201cpor la cual se modifica la Ley 136 de 1994\u201d. <\/p>\n
Actor: Henry Roncancio Gonz\u00e1lez <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Dr. HERNANDO HERRERA VERGARA <\/p>\n
Santa F\u00e9 de Bogot\u00e1 D.C., marzo seis (6) de mil novecientos noventa y siete (1997). <\/p>\n
El ciudadano HENRY RONCANCIO GONZALEZ promovi\u00f3 ante la Corte Constitucional, demanda en ejercicio de la acci\u00f3n p\u00fablica contra el art\u00edculo 5o numeral 7o de la Ley 177 de 1994, que modific\u00f3 el art\u00edculo 96 numerales 6, 7 y 8 de la Ley 136 de 1994. <\/p>\n
I. TEXTO DE LA NORMA ACUSADA <\/p>\n
A continuaci\u00f3n se transcribe el texto del precepto impugnado, conforme a su publicaci\u00f3n en el Diario Oficial No. 41.077 del 14 de octubre de 1994, subray\u00e1ndose lo demandado. <\/p>\n
“Art\u00edculo 5. Incompatibilidades. Los numerales 6o., 7o. y 8o. del art\u00edculo 96 de la Ley 136 de 1994, quedar\u00e1n as\u00ed: <\/p>\n
(…) <\/p>\n
7o. Inscribirse como candidato a cualquier cargo de elecci\u00f3n popular durante el per\u00edodo para el cual fue elegido, y durante el a\u00f1o siguiente al mismo, as\u00ed medie renuncia previa de su empleo\u201d. <\/p>\n
II. ANTECEDENTES <\/p>\n
Considera el actor que la norma acusada vulnera los art\u00edculos 13 y 40 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, con fundamento en los siguientes argumentos. <\/p>\n
Se\u00f1ala que la prohibici\u00f3n cuestionada viola el principio constitucional de la igualdad, al establecer una incompatibilidad excesivamente gravosa en la medida en que les impide a los actuales alcaldes realizar cualquier actividad laboral en el sector p\u00fablico, lo que en su criterio es una forma velada de que unos pocos dirigentes pol\u00edticos se perpet\u00faen en el poder en las altas corporaciones de elecci\u00f3n popular. Igualmente, estima que a dicho funcionario se le vulneran sus derechos pol\u00edticos, restringi\u00e9ndoles el acceso al desempe\u00f1o de cargos p\u00fablicos de elecci\u00f3n popular. De esta forma, agrega que las incompatibilidades no pueden truncar injustamente las aspiraciones de los ciudadanos que en otros empleos han demostrado su capacidad y entereza para ocupar cargos p\u00fablicos. <\/p>\n
A juicio del actor, en el \u00e1mbito municipal se hace necesario que quienes tienen a su cargo la administraci\u00f3n p\u00fablica y la representaci\u00f3n de los intereses generales de la localidad, se dediquen \u00edntegramente a la gesti\u00f3n que han asumido, y adem\u00e1s, que no puedan valerse de las posiciones que ocupan para derivar ventajas o beneficios particulares, razones que justifican el se\u00f1alamiento de incompatibilidades. <\/p>\n
Concluye el demandante afirmando que, \u201csi vemos el per\u00edodo de los alcaldes, este no coincide en el tiempo con el de la C\u00e1mara y Senado, y por lo tanto la prohibici\u00f3n del numeral 7 del art. 5 de la ley 177 reformatoria de la ley 136 de 1994 viola el art\u00edculo 179, num. 8o de la Constituci\u00f3n, seg\u00fan el cual \u201cnadie podr\u00e1 ser elegido para m\u00e1s de una corporaci\u00f3n o cargo p\u00fablico, si los respectivos per\u00edodos coinciden en el tiempo, as\u00ed sea parcial\u201d. En este caso no puede argumentarse que es constitucional esta incompatibilidad de un a\u00f1o; cuando el art\u00edculo hace esta exigencia expresa, la ley no puede ir m\u00e1s all\u00e1 de la Constituci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
III. INTERVENCION DE AUTORIDAD PUBLICA <\/p>\n
Dentro del t\u00e9rmino de fijaci\u00f3n en lista, el Ministerio de Justicia y del Derecho, a trav\u00e9s de apoderado, present\u00f3 escrito justificando la constitucionalidad de la norma acusada, para lo cual hace referencia a la sentencia No. C-194 de 1994 emanada de la Corte Constitucional, que declar\u00f3 exequible el numeral impugnado. <\/p>\n
Igualmente, dentro del mencionado t\u00e9rmino, el se\u00f1or Ministro del Interior acudi\u00f3 a esta Corporaci\u00f3n, con el objeto de defender la exequibilidad del precepto parcialmente demandado. Para el efecto, transcribe los argumentos esgrimidos por ese despacho en el proceso No. D-1329, los cuales reitera para el asunto sub-examine. <\/p>\n
IV. CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO <\/p>\n
Mediante oficio No. 1110 de octubre quince (15) de 1996, el se\u00f1or Procurador General de la Naci\u00f3n (E) envi\u00f3 el concepto de rigor solicitando a \u00e9sta Corporaci\u00f3n declarar la exequibilidad del numeral 7 del art\u00edculo 5o. de la Ley 177 de 1994, y en relaci\u00f3n con la expresi\u00f3n \u201cas\u00ed medie renuncia previa de su empleo\u201d contenida en esa misma disposici\u00f3n, estarse a lo resuelto en la sentencia No. C-494 de 1996. <\/p>\n
Se\u00f1ala que la Corte mediante providencia No. C-494 de 1996, declar\u00f3 la inexequibilidad de la mencionada expresi\u00f3n, la cual hac\u00eda parte del contenido normativo que se examina. Agrega, que no obstante el control de constitucionalidad en dicha oportunidad recay\u00f3 s\u00f3lo respecto de la aludida expresi\u00f3n, el valor constitucional de todo el numeral 7 fue definido por la Corporaci\u00f3n en esa providencia. <\/p>\n
Adem\u00e1s, afirma que la Corte Constitucional en la sentencia No. C-194 de 1995 evalu\u00f3 la constitucionalidad de todo el numeral cuestionado, declar\u00e1ndolo exequible, salvo la expresi\u00f3n \u201cas\u00ed medie renuncia previa de su empleo\u201d. En consecuencia, solicita se declare la exequibilidad del numeral 7o acusado, salvo la expresi\u00f3n citada respecto de la cual oper\u00f3 el fen\u00f3meno de la cosa juzgada constitucional. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL <\/p>\n
Competencia. <\/p>\n
Teniendo en cuenta que la disposici\u00f3n parcialmente acusada forma parte de una ley de la Rep\u00fablica -ley 177 de 1994-, esta Corporaci\u00f3n es competente para decidir definitivamente sobre su constitucionalidad, conforme a lo dispuesto por el art\u00edculo 241 numeral 4o de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
Cosa juzgada constitucional. <\/p>\n
Con respecto al numeral 7 del art\u00edculo 5o. de la Ley 177 de 1994, cabe advertir que dicho precepto ya fue objeto de pronunciamientos por parte de la Sala Plena de esta Corporaci\u00f3n, a saber: en relaci\u00f3n con la expresi\u00f3n \u201cas\u00ed medie renuncia previa de su empleo\u201d, la cual fue declarada inexequible mediante sentencia No. C-494 del 26 de septiembre de 1996; por su parte, la expresi\u00f3n \u201cdurante el per\u00edodo para el cual fue elegido y durante el a\u00f1o siguiente al mismo\u201d, fue declarada exequible mediante providencia No. C-010 del 23 de enero de 1997, raz\u00f3n por la cual, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 243 de la Constituci\u00f3n, las citadas decisiones han hecho tr\u00e1nsito a cosa juzgada y por tanto, se ordenar\u00e1 en la parte resolutiva de esta providencia, estarse a lo resuelto en las mismas. <\/p>\n
Al respecto, cabe recordar lo expresado por esta Corporaci\u00f3n en el fallo No. C-010 de 1997, MP. Dr. Jorge Arango Mej\u00eda: <\/p>\n
\u201cLa norma que es objeto de estudio ahora por la Sala, reprodujo en su integridad el texto del numeral 7o. del art\u00edculo 96 de la ley 136 de 1994, a excepci\u00f3n del t\u00e9rmino de duraci\u00f3n de la inhabilidad, el que fue extendido a un a\u00f1o. <\/p>\n
Es decir, la norma acusada es exequible, en la medida en que el vocablo “per\u00edodo” al que ella hace referencia, se interprete en su alcance subjetivo, tal como lo expuso esta Corporaci\u00f3n en los fallos C-093 de 1994, C-194 de 1995 y C-494 de 1996. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el lapso de un a\u00f1o, durante el cual subsiste la incompatibilidad para ejercer cargo de elecci\u00f3n popular, una vez se ha dejado el cargo de alcalde, \u00e9l no desconoce norma alguna de la Constituci\u00f3n. Por el contrario, est\u00e1 en perfecta concordancia con el inciso segundo del art\u00edculo 179 de la Carta, que establece el mismo t\u00e9rmino para la inhabilidad de los congresistas\u201d. <\/p>\n
VI. DECISION. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, cumplidos como est\u00e1n los tr\u00e1mites previstos en el Decreto 2067 de 1991, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n
R E S U E L V E : <\/p>\n
EST\u00c9SE a lo resuelto por la Corte Constitucional en las sentencias Nos. C-494 de 1996 que declar\u00f3 inexequible la expresi\u00f3n \u201cas\u00ed medie renuncia previa de su empleo\u201d, y C-010 de 23 de enero de 1997 que declar\u00f3 exequible la expresi\u00f3n \u201cdurante el per\u00edodo para el cual fue elegido y durante el a\u00f1o siguiente al mismo\u201d, contenidas en el numeral 7o del art\u00edculo 5o de la Ley 177 de 1994. <\/p>\n
C\u00f3piese, comun\u00edquese, notif\u00edquese, publ\u00edquese, ins\u00e9rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional y arch\u00edvese el expediente. <\/p>\n
ANTONIO BARRERA CARBONELL <\/p>\n
Presidente <\/p>\n
JORGE ARANGO MEJIA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
CARLOS GAVIRIA DIAZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
HERNANDO HERRERA VERGARA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
FABIO MORON DIAZ <\/p>\n
VLADIMIRO NARANJO MESA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO <\/p>\n
Secretaria General <\/p>\n
<\/p>\n
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