<\/p>\n
Sentencia C-055\/22<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Referencia: expediente D-13.956<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra el art\u00edculo 122 de la Ley 599 del 2000.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Demandantes: Ana Cristina Gonz\u00e1lez V\u00e9lez, Mariana Ardila Trujillo, Catalina Mart\u00ednez Coral, Sandra Patricia Mazo Cardona, Laura Leonor Gil Urbano, Ang\u00e9lica Cocom\u00e1 Ricaurte, Ana Mar\u00eda M\u00e9ndez Jaramillo, Cristina Rosero Arteaga, Aura Carolina Cuasapud Arteaga, Valeria Pedraza Benavidez, Beatriz Helena Quintero Garc\u00eda, Mar\u00eda Alejandra C\u00e1rdenas, Mar\u00eda Mercedes Vivas P\u00e9rez y Florence Thomas.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Magistrados sustanciadores:<\/p>\n
ANTONIO JOS\u00c9 LIZARAZO OCAMPO y ALBERTO ROJAS R\u00cdOS<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022)<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
La Sala Plena de la Corte Constitucional, con fundamento en el art\u00edculo 241.4 de la Constituci\u00f3n y cumplidos los tr\u00e1mites previstos en el Decreto Ley 2067 de 1991, decide sobre la demanda presentada por las ciudadanas de la referencia en ejercicio de la acci\u00f3n p\u00fablica de inconstitucionalidad consagrada en el art\u00edculo 40.6 de la Constituci\u00f3n, contra el art\u00edculo 122 de la Ley 599 del 2000 (C\u00f3digo Penal), cuyo texto es del siguiente tenor:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
I. I. \u00a0TEXTO DE LA DISPOSICI\u00d3N DEMANDADA<\/p>\n
LEY 599 DE 2000 (julio 24)<\/p>\n
Diario Oficial No. 44.097 de 24 de julio del 2000<\/p>\n
Por la cual se expide el C\u00f3digo Penal<\/p>\n
El Congreso de Colombia decreta: [\u2026]<\/p>\n
Libro II. Parte especial de los delitos en particular. Titulo I. Delitos contra la vida y la integridad personal<\/p>\n
Cap\u00edtulo IV.<\/p>\n
Del aborto<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201cArt\u00edculo 122. Aborto. La mujer que causare su aborto o permitiere que otro se lo cause, incurrir\u00e1 en prisi\u00f3n de diecis\u00e9is (16) a cincuenta y cuatro (54) meses.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
A la misma sanci\u00f3n estar\u00e1 sujeto quien, con el consentimiento de la mujer, realice la conducta prevista en el inciso anterior\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Este art\u00edculo fue declarado condicionalmente exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-355 del 10 de mayo de 2006, \u201cen el entendido que no se incurre en delito de aborto, cuando con la voluntad de la mujer, la interrupci\u00f3n del embarazo se produzca en los siguientes casos: (i) Cuando la continuaci\u00f3n del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada por un m\u00e9dico; (ii) Cuando exista grave malformaci\u00f3n del feto que haga inviable su vida, certificada por un m\u00e9dico; y, (iii) Cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminaci\u00f3n artificial o transferencia de \u00f3vulo fecundado no consentidas, o de incesto\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
. LA DEMANDA<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
1. 1. \u00a0Las demandantes solicitan declarar la inexequibilidad total de la disposici\u00f3n acusada. A su juicio, vulnera el pre\u00e1mbulo y los art\u00edculos 1, 2, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 26, 43, 49, 67 y 93 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica (en adelante, CP). Si bien en el ac\u00e1pite de la demanda correspondiente a las normas vulneradas no se hace referencia expresa a instrumentos internacionales, en la exposici\u00f3n de los cargos se indican como desconocidas la Declaraci\u00f3n Universal de los Derechos Humanos (en adelante, DUDH); el art\u00edculo 1 de la Convenci\u00f3n Americana sobre los Derechos Humanos (en adelante, CADH) y el art\u00edculo 9 de la Convenci\u00f3n\u00a0Interamericana\u00a0para\u00a0Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (en adelante, Convenci\u00f3n de Belem do Par\u00e1).<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
2. Para fundamentar su pretensi\u00f3n, en primer lugar, formulan los siguientes seis cargos de inconstitucionalidad: (i) desconocimiento del derecho a la interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo (en adelante, IVE) en relaci\u00f3n con el derecho a la igualdad; (ii) violaci\u00f3n del derecho a la salud y de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en relaci\u00f3n con el derecho a la igualdad; (iii) desconocimiento del derecho a la igualdad de las mujeres en situaci\u00f3n migratoria irregular; (iv) violaci\u00f3n del derecho a la libertad de profesi\u00f3n y oficio del personal de la salud; (v) desconocimiento del derecho a la libertad de conciencia y del principio del Estado laico y (vi) desconocimiento de los principios constitucionales sobre los fines de la pena y de los est\u00e1ndares constitucionales m\u00ednimos de la pol\u00edtica criminal.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
3. En segundo lugar, para justificar por qu\u00e9 es procedente un pronunciamiento de fondo respecto de estos cargos, se\u00f1alan las razones por las cuales consideran que no existe cosa juzgada constitucional respecto de la Sentencia C-355 de 2006 y, de manera subsidiaria, por qu\u00e9, a pesar de que se concluya que se presenta este fen\u00f3meno, aquella se puede superar para tal fin.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
4. Tambi\u00e9n precisan que la Corte debe tener en cuenta los l\u00edmites del control de constitucionalidad como consecuencia de la expedici\u00f3n de la Sentencia C-355 de 2006. As\u00ed, argumentan que: (i) en virtud del principio de cosa juzgada, la decisi\u00f3n respecto a esta demanda no puede tener una interpretaci\u00f3n m\u00e1s restrictiva que la que se dio en la citada providencia; (ii) en atenci\u00f3n a los principios constitucionales e internacionales en materia de progresividad de los derechos, las causales autorizadas de la IVE en dicha decisi\u00f3n deben ser tenidas como un m\u00ednimo, que no puede ser restringido o condicionado m\u00e1s de lo que ya est\u00e1, y, finalmente, (iii) los principios pro persona e interpretaci\u00f3n evolutiva de los derechos exigen ofrecer alternativas, oportunidades y espacios \u2013siempre\u2013 opcionales ante el d\u00e9ficit de protecci\u00f3n que existe en materia de IVE.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
5. Se\u00f1alan que la Corte Constitucional goza de legitimidad para eliminar el delito de aborto del C\u00f3digo Penal, en la medida en que: (i) se trata de una competencia formal del Tribunal (art\u00edculos 40 y 241 de la CP); (ii) la corporaci\u00f3n cuenta con \u201ccredenciales jur\u00eddicas y democr\u00e1ticas\u201d necesarias y suficientes; (iii) se evidencia una inacci\u00f3n del Congreso frente a los exhortos que la misma Corte ha hecho en la materia, por lo que surge la imperiosa necesidad de proteger derechos fundamentales, eliminar bloqueos institucionales y terminar con la infra aplicaci\u00f3n de la Constituci\u00f3n, y (iv) al tomarse la decisi\u00f3n en el seno de la Corte, se genera una garant\u00eda de deliberaci\u00f3n democr\u00e1tica y p\u00fablica de la materia.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
6. Finalmente, indican que ante el silencio continuo del Congreso durante los \u00faltimos 14 a\u00f1os, se puede entender que existe una conformidad impl\u00edcita del Congreso y del pueblo para la despenalizaci\u00f3n del aborto y que, en virtud del constitucionalismo dial\u00f3gico y cooperativo que caracteriza a la jurisprudencia constitucional, no habr\u00e1 una invasi\u00f3n de competencias al pronunciarse, sino que, por el contrario, propiciar\u00e1 un incentivo o est\u00edmulo institucional que terminar\u00e1 con el silencio institucional en la materia.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
1.1. Primer cargo: violaci\u00f3n del derecho a la IVE en las causales de que trata la Sentencia C-355 de 2006, en relaci\u00f3n con el derecho a la igualdad<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
7. Las demandantes sostienen que la disposici\u00f3n acusada constituye la principal barrera de acceso al procedimiento de IVE cuando las mujeres se encuentran en alguna de las causales de que trata la Sentencia C-355 de 2006. Adem\u00e1s, se\u00f1alan que el desconocimiento de ese derecho supone la vulneraci\u00f3n de los derechos constitucionales a la vida digna \u2013art\u00edculos 1 y 11\u2013, a la igualdad \u2013art\u00edculo 13\u2013, al libre desarrollo de la personalidad \u2013art\u00edculo 16\u2013, a la informaci\u00f3n \u2013art\u00edculo 20\u2013, a la salud \u2013art\u00edculo 49\u2013 y a la educaci\u00f3n \u2013art\u00edculo 67\u2013. Tambi\u00e9n precisan que la disposici\u00f3n demandada no tiene el mismo impacto cuando se trata de mujeres inmersas en alguna situaci\u00f3n de vulnerabilidad, ya que se enfrentan a barreras adicionales para acceder a la pr\u00e1ctica de la IVE en las tres causales de que trata la Sentencia C-355 de 2006, debido, entre otras razones, a estar ubicadas en zonas rurales, carecer de recursos econ\u00f3micos o no poder acceder a los servicios de salud.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
8. Precisan que el art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal promueve un r\u00e9gimen dual: derecho-delito, que favorece un contexto hostil para la pr\u00e1ctica de la IVE, que dificulta e impide el cumplimiento de los diferentes deberes que surgen tanto para los particulares como para el Estado en relaci\u00f3n con la garant\u00eda del procedimiento. Entre otros, este contexto da lugar a que se impongan obst\u00e1culos y dilaciones ileg\u00edtimas e injustificadas en su pr\u00e1ctica, lo que supone un desconocimiento por parte del Estado de los deberes negativos y positivos que exige su garant\u00eda. Entre los primeros, est\u00e1n los de abstenerse de imponer obst\u00e1culos y dilaciones ileg\u00edtimas e injustificadas para la pr\u00e1ctica del procedimiento de IVE. Entre los segundos, resaltan los siguientes: (i) de respeto o garant\u00eda, que implica desarrollar todas aquellas actividades que sean necesarias para que las mujeres que solicitan la pr\u00e1ctica del procedimiento accedan a ella en condiciones de oportunidad, calidad y seguridad, incluyendo la remoci\u00f3n de barreras normativas, como la penalizaci\u00f3n del aborto y la regulaci\u00f3n de la IVE por otros mecanismos distintos al derecho penal; (ii) de informaci\u00f3n oportuna, suficiente, veraz y adecuada en materia reproductiva, por ejemplo, en cuanto a los riesgos del procedimiento de acuerdo con la edad de gestaci\u00f3n, con el fin de garantizar un consentimiento informado de la mujer, incluso de las menores de 14 a\u00f1os; (iii) de disponibilidad de la IVE en todo el territorio nacional, en cualquier etapa del embarazo y en todos los niveles de complejidad \u2013en particular, en la medida en que se evidencian pr\u00e1cticas indebidas e inconstitucionales de la objeci\u00f3n de conciencia\u2013 y en circunstancias libres de violencia obst\u00e9trica; (iv) de confidencialidad m\u00e9dica y el correlativo derecho a la intimidad; (v) de decidir libremente sobre la IVE; (vi) de emitir la certificaci\u00f3n correspondiente por parte de los profesionales de la salud, de acuerdo a la causal alegada, y (vii) de emitir un diagn\u00f3stico m\u00e9dico oportuno sobre el estado y las condiciones del embarazo.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
9. Finalmente, precisan que la garant\u00eda de acceso al aborto legal y seguro, as\u00ed como la eliminaci\u00f3n del uso del derecho penal para su regulaci\u00f3n, cuentan con sustento suficiente en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (en adelante, DIDH), como lo han evidenciado el Comit\u00e9 de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (en adelante, CCPR), el Comit\u00e9 para la Eliminaci\u00f3n de la Discriminaci\u00f3n contra la Mujer (en adelante, Comit\u00e9 CEDAW), el Comit\u00e9 de Derechos Econ\u00f3micos Sociales y Culturales (en adelante, Comit\u00e9 DESC) y el Comit\u00e9 sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en adelante, Comit\u00e9 CRDP).<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
1.2. Segundo cargo: violaci\u00f3n del derecho a la salud y de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en relaci\u00f3n con el derecho a la igualdad (art\u00edculos 13, 49, 42 y 16 de la CP)<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
10. Las accionantes ponen de presente que si bien el derecho a la salud fue expresamente alegado como vulnerado en la demanda que dio lugar a la Sentencia C-355 de 2006 y, adem\u00e1s, estudiado por la Corte en dicha providencia, en esta oportunidad se plantean argumentos distintos, que no fueron valorados en aquel momento, y que justifican la declaratoria de inconstitucionalidad del art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal. As\u00ed, solicitan a la corporaci\u00f3n estudiar el derecho a la salud en su vertiente positiva, y no en la negativa; proponen que el estudio se realice desde las barreras para su ejercicio, que, claro est\u00e1, no exist\u00edan en un escenario de penalizaci\u00f3n total del aborto, como el que se presentaba antes del a\u00f1o 2006, y, finalmente, piden que se tengan en cuenta las recomendaciones de organismos internacionales sobre la despenalizaci\u00f3n total del aborto, m\u00e1s all\u00e1 de las tres causales autorizadas en el a\u00f1o 2006.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
11. Superada la justificaci\u00f3n acerca de la cosa juzgada respecto de este cargo, dado que la IVE es un componente del derecho a la salud reproductiva, precisan que la disposici\u00f3n demandada desconoce las obligaciones estatales inmediatas de cumplimiento o garant\u00eda, protecci\u00f3n y respeto, que tienen origen tanto en la Ley Estatutaria 1751 del 2015 \u2013art\u00edculo 5\u2013, como en diversos instrumentos internacionales, al igual que sus interpretaciones autorizadas, y que han sido reconocidas, entre otras, en la Sentencia SU-096 de 2018:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
12. (i) En cuanto a la obligaci\u00f3n de cumplimiento, precisan que la disposici\u00f3n demandada (a) da lugar a una injerencia indebida en el derecho a la salud de las mujeres, (b) dificulta el acceso a la informaci\u00f3n integral e imparcial, (c) impide el acceso universal y equitativo a servicios de salud de calidad y (d) genera abortos ilegales e inseguros.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
13. (ii) En cuanto a la obligaci\u00f3n de proteger, sostienen que el uso del derecho penal para criminalizar el aborto da lugar a las siguientes conductas que la desconocen: (a) informaci\u00f3n falsa que induce a error a las mujeres que buscan la pr\u00e1ctica del procedimiento de IVE, (b) objeciones de conciencia inconstitucionales y oportunistas, (c) violaciones al deber de confidencialidad m\u00e9dica, (d) conductas abusivas y violentas que buscan modificar la voluntad de las mujeres y castigar a aquellas que deciden acceder al procedimiento de la IVE y (e) dilaciones injustificadas por parte de los prestadores privados del sistema de salud para la pr\u00e1ctica de dicho procedimiento.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
14. (iii) En cuanto a la obligaci\u00f3n de respeto, las demandantes afirman que la penalizaci\u00f3n del aborto y el dise\u00f1o de pol\u00edticas que obstaculizan el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva constituyen una intromisi\u00f3n indebida en el ejercicio de este derecho. Adem\u00e1s, la prohibici\u00f3n del aborto por fuera de las tres causales que lo permiten genera un trato desigual injustificado para las mujeres que quedan excluidas, lo que impacta en mayor medida a las m\u00e1s vulnerables.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
15. Finalmente, las demandantes hacen referencia a interpretaciones que consideran autorizadas sobre los tratados internacionales que integran el bloque de constitucionalidad y se\u00f1alan que existe una posici\u00f3n generalizada en la esfera internacional en cuanto a la despenalizaci\u00f3n de aborto. As\u00ed, se\u00f1alan que \u201cvarios organismos internacionales no solo exigen la despenalizaci\u00f3n del aborto bajo unas causales m\u00ednimas como las de la sentencia C-355, sino que recomiendan, con base en est\u00e1ndares de derechos humanos, una mayor liberalizaci\u00f3n e incluso derogaci\u00f3n de las leyes que criminalizan el aborto. Esto lo han hecho tanto en Observaciones o Recomendaciones Generales \u2013que gu\u00edan la interpretaci\u00f3n de los tratados\u2013, como en el marco de recomendaciones hechas a los pa\u00edses partes en sus reportes peri\u00f3dicos de cumplimiento, y en sus mecanismos de indagaciones. Estos pronunciamientos [\u2026] constituyen un criterio relevante para la interpretaci\u00f3n de la Constituci\u00f3n y del bloque de constitucionalidad, que esta Corte debe considerar\u201d. Para tales efectos refieren algunos apartados de los siguientes documentos: (i) informe especial de 2011 sobre \u201cla interacci\u00f3n entre las leyes penales y otras restricciones jur\u00eddicas relativas a la salud sexual y reproductiva y el derecho a la salud\u201d del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del m\u00e1s alto nivel posible de salud; (ii) Observaci\u00f3n General No. 22, sobre el derecho a la salud sexual y reproductiva del Comit\u00e9 DESC; (iii) Recomendaci\u00f3n General No. 35 de 2017, mediante la cual se actualiz\u00f3 la Recomendaci\u00f3n General No. 19 de 1992, sobre la violencia contra la mujer del Comit\u00e9 CEDAW; (iv) observaciones finales sobre los informes peri\u00f3dicos cuarto y quinto combinados de Chile, 2015, del Comit\u00e9 de Derechos del Ni\u00f1o; (v) observaciones finales sobre el sexto informe peri\u00f3dico de M\u00e9xico, 2019, del Comit\u00e9 de Derechos Humanos y (vi) Declaraci\u00f3n conjunta del Comit\u00e9 de los derechos de las personas con discapacidad y del Comit\u00e9 CEDAW sobre la garant\u00eda de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres, en particular las mujeres en condici\u00f3n de discapacidad, 2018.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
1.3. Tercer cargo: desconocimiento del derecho a la igualdad de las mujeres en situaci\u00f3n migratoria irregular (art\u00edculos 13 y 93 de la CP, 1 de la CADH y 9 de la Convenci\u00f3n Belem do Par\u00e1)<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
16. Las demandantes afirman que la norma acusada contraviene el derecho a la igualdad, en la medida en que genera una discriminaci\u00f3n indirecta para las mujeres migrantes en situaci\u00f3n irregular, pues las condiciones de acceso al procedimiento de IVE, especialmente para las migrantes venezolanas, se tornan desproporcionadas.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
17. De un lado, precisan que, por su condici\u00f3n migratoria, estas mujeres enfrentan enormes dificultades para denunciar los hechos delictivos de que son objeto, como trata de personas, explotaci\u00f3n y violencia sexuales. De otro lado, estas restricciones, asociadas a la estigmatizaci\u00f3n que supone este tipo de procedimientos, les impiden acudir con facilidad ante las IPS o EPS para su realizaci\u00f3n, ya que se exigen una serie de documentos que acrediten su situaci\u00f3n migratoria regular, como fue evidenciado de manera reciente en la Sentencia T-178 de 2019. Este tipo de pr\u00e1cticas, advierten, desconocen que el procedimiento de IVE es un servicio de salud que se debe prestar de manera prioritaria y que constituye una urgencia que corresponde atender, independientemente del estatus migratorio de las personas.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
18. Por lo anterior, las demandantes aseguran que la disposici\u00f3n acusada debe ser sometida a un escrutinio estricto de igualdad, examen que no superar\u00eda, al no satisfacer las exigencias de necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
19. De un lado, se\u00f1alan que existen otras formas para proteger la vida prenatal y garantizar en mayor medida los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, especialmente de las migrantes en situaci\u00f3n irregular. De otro lado, indican que la disposici\u00f3n no considera los obst\u00e1culos concretos que afrontan estas mujeres para acceder a la IVE, lo que pone en riesgo sus vidas, dignidad, integridad personal y salud, al aumentar las probabilidades de que acudan a abortos inseguros.<\/p>\n
1.4. Cuarto cargo: violaci\u00f3n del derecho a la libertad de profesi\u00f3n y oficio del personal de la salud (art\u00edculo 26 de la CP)<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
20. Seg\u00fan las demandantes, la dualidad de la norma acusada (derecho-delito) no garantiza las condiciones para la libre pr\u00e1ctica de los profesionales de la salud cuando se enfrentan a la decisi\u00f3n de realizar un aborto consentido, como consecuencia de que no es claro aquello que contin\u00faa siendo delito y aquello que no lo es. Por tanto, se\u00f1alan que la disposici\u00f3n demandada vulnera dicha libertad y tiene varios efectos frente a los profesionales de la salud: (i) los m\u00e9dicos que practican la IVE, en los t\u00e9rminos de la Sentencia C-355 del 2006, siguen afrontando riesgos de ser sancionados penalmente en el caso de que un juez considere que no se configura alguna de las tres causales permitidas; (ii) la estigmatizaci\u00f3n del aborto tiene efectos de autocensura, silencio, marginalizaci\u00f3n, estr\u00e9s psicol\u00f3gico, fatiga emocional y sobrecarga laboral en los profesionales que practican este procedimiento; (iii) la norma favorece el desconocimiento y la falta de formaci\u00f3n de los prestadores del servicio de IVE, que genera consecuencias negativas en la vida y la salud de las mujeres y en la educaci\u00f3n de los m\u00e9dicos, lo que impide la prestaci\u00f3n de ese procedimiento desde la autonom\u00eda m\u00e9dica y compromete el acceso y la calidad del servicio. En suma, para las accionantes, \u201cla intromisi\u00f3n del legislador en el libre ejercicio de la profesi\u00f3n al fijar una sanci\u00f3n penal no es un l\u00edmite leg\u00edtimo sino una intromisi\u00f3n en la esfera interna de los profesionales quienes a conciencia deciden ofrecer su experiencia para garantizar la salud de las mujeres que solicitan un aborto\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
1.5. Quinto cargo: violaci\u00f3n del derecho a la libertad de conciencia y el principio del Estado laico (art\u00edculos 18 y 19 de la CP, art\u00edculos 3 y 12 de la CADH)<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
21. Las demandantes expresan que la disposici\u00f3n acusada obliga a las mujeres a actuar conforme a consideraciones que no necesariamente coinciden con su conciencia y, por tanto, el Estado persigue a aquellas que toman decisiones sobre su propia existencia con base en su autodeterminaci\u00f3n. Esto es, confronta la libre determinaci\u00f3n de la mujer para optar o no por la maternidad, que se castiga cuando, en uso de esa libertad, decide abortar. Finalmente, se\u00f1alan que Colombia, como un Estado laico, no puede imponer o defender normas, valores o principios morales particulares ligados con una confesi\u00f3n determinada.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
22. As\u00ed las cosas, este cargo se sustenta en la doble dimensi\u00f3n que tiene la libertad de conciencia: la primera corresponde a la libertad de religi\u00f3n o culto y la segunda tiene que ver con la construcci\u00f3n personal m\u00e1s all\u00e1 de la identidad religiosa, es decir, una moral.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
23. Para las demandantes, la regulaci\u00f3n del aborto en Colombia parte de una posici\u00f3n moral que, con injerencias religiosas, se basa fundamentalmente en la protecci\u00f3n de la vida prenatal. Sin embargo, afirman que el derecho no est\u00e1 llamado a introducir una prohibici\u00f3n jur\u00eddica que penalice la libre determinaci\u00f3n de la mujer para ejercer la maternidad como una opci\u00f3n de vida, as\u00ed como para interrumpir un embarazo cuando este es contrario a su propia conciencia y sus \u00edntimos mandatos morales, \u201cpues la procreaci\u00f3n, as\u00ed como la gestaci\u00f3n y la reproducci\u00f3n, no pueden ser considerados actos meramente biol\u00f3gicos sino el resultado de la voluntad\u201d. En suma, concluyen:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201cel Estado colombiano en materia religiosa adopta la f\u00f3rmula del Estado Laico, por lo que la defensa de la Laicidad y del Estado Laico resultan indispensables si queremos como sociedad avanzar en el reconocimiento y pleno goce de los derechos, especialmente de grupos hist\u00f3ricamente vulnerados como las mujeres, en donde las decisiones de las mayor\u00edas no impliquen la vulneraci\u00f3n de los derechos de las minor\u00edas, teniendo como principios iluminadores la diversidad, la multiculturalidad y la plurietnicidad. Estos principios son los pilares del Estado Social y Democr\u00e1tico de Derecho, los que se ponen en riesgo cuando un credo o credos particulares buscan imponer su concepci\u00f3n del mundo y de la vida al conjunto de la sociedad. Pero el riesgo es a\u00fan mayor, cuando las confesiones religiosas se basan en herramientas normativas vigentes como el art\u00edculo 122 de la Ley 599 de 2000 para institucionalizar dogmas constitutivos de imposiciones que a todas luces atentan contra la f\u00f3rmula del Estado Laico, que es precisamente el que garantiza el ejercicio de la libertad religiosa y de conciencia\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
1.6. Sexto cargo: violaci\u00f3n de los principios constitucionales sobre los fines de la pena y de los est\u00e1ndares constitucionales m\u00ednimos de la pol\u00edtica criminal (pre\u00e1mbulo y art\u00edculos 1 y 2 de la CP)<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
24. La demanda sostiene que toda criminalizaci\u00f3n por parte del Estado supone interferir en la libertad de las personas y, en esa medida, choca con la realizaci\u00f3n de los fines del Estado y la materializaci\u00f3n de un orden justo. Por tanto, la potestad de configuraci\u00f3n del Legislador para tipificar conductas como delitos no es absoluta y encuentra l\u00edmites \u2013expl\u00edcitos e impl\u00edcitos\u2013 en el conjunto de valores, principios y derechos reconocidos constitucionalmente. Estos l\u00edmites, a juicio de las demandantes, han sido reconocidos por la jurisprudencia constitucional.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
25. As\u00ed las cosas, en primer lugar, afirman que el tipo penal que se demanda desconoce las finalidades retributiva y preventiva de la pena, hasta el punto de que, en realidad, en lugar de prevenir los abortos, los promueve, pero en circunstancias clandestinas e inseguras para las mujeres. A partir de la experiencia comparada, indican que la penalizaci\u00f3n del aborto es una variable que propicia un mayor n\u00famero de abortos per c\u00e1pita, adem\u00e1s de que la tasa de abortos se ha mantenido inc\u00f3lume en Colombia desde el a\u00f1o 2006, fecha en la que se despenaliz\u00f3 en tres causales.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
26. Por tanto, si la tipificaci\u00f3n de una conducta como delito no persuade y no reduce la cantidad de lesiones a bienes jur\u00eddicos tutelados, pierde legitimidad y, por tanto, contradice la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica (finalidad preventiva). Lo mismo sucede si la retribuci\u00f3n no es justa o coherente con la entidad de la lesi\u00f3n, la consciencia del individuo en su realizaci\u00f3n y los perjuicios ocasionados (finalidad retributiva).<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
27. En segundo lugar, indican que la disposici\u00f3n censurada tambi\u00e9n contraviene el car\u00e1cter de ultima ratio o \u00faltimo recurso del derecho penal, al omitir considerar otras v\u00edas de actuaci\u00f3n p\u00fablica que sean m\u00e1s id\u00f3neas para proteger la vida en gestaci\u00f3n, sin necesidad de anular los derechos de las mujeres. Para tales efectos, indican que otras medidas igualmente id\u00f3neas para lograr el citado fin se corresponden con aquellas que adoptan \u201cuna perspectiva de salud p\u00fablica, con campa\u00f1as educativas en derechos sexuales y reproductivos y acceso a los servicios m\u00e9dicos de calidad\u201d. As\u00ed mismo, precisan que la penalizaci\u00f3n, como medio de control social en la materia, (i) es contraria a los datos emp\u00edricos que existen en cuanto a la IVE, tales como las tasas de mortalidad, el impacto diferenciado en mujeres vulnerables, los perfiles sociodemogr\u00e1ficos y los casos de aborto; (ii) es una pol\u00edtica especialmente lesiva de los derechos fundamentales y (iii) supone una alta erogaci\u00f3n econ\u00f3mica para el sistema de salud, como consecuencia de las complicaciones pos aborto que suelen ser resultado de la pr\u00e1ctica de procedimientos de IVE clandestinos e inseguros.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
2. Las razones de las demandantes para justificar por qu\u00e9 no existe cosa juzgada constitucional que inhiba un pronunciamiento de m\u00e9rito por parte de la Corte Constitucional<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
28. Las demandantes asumen la carga cualificada de argumentar por qu\u00e9 no existe cosa juzgada constitucional respecto de la disposici\u00f3n demandada, a pesar de la existencia de la Sentencia C-355 del 2006, en la que se declar\u00f3 su exequibilidad condicionada. Seg\u00fan precisan, (i) no existe identidad en el objeto de la demanda actual con el de la citada providencia, \u201cpor variaci\u00f3n sustancial del r\u00e9gimen jur\u00eddico al que pertenece\u201d, y (ii) tampoco existe identidad en los cargos que en esta oportunidad se formulan y aquellos propuestos y decididos hace quince a\u00f1os. Por tanto, concluyen que se presenta el fen\u00f3meno de la cosa juzgada formal, relativa e impl\u00edcita, que no inhibe la competencia de la Corte para pronunciarse de fondo sobre la presente demanda.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
29. Con relaci\u00f3n al primer aspecto, toman como referente las consideraciones de la Sentencia C-075 del 2007, en la que la Corte consider\u00f3 que no se presentaba el fen\u00f3meno de la cosa juzgada en el r\u00e9gimen patrimonial de las parejas de personas del mismo sexo. A partir de este precedente, seg\u00fan indican, como consecuencia de una serie de cambios en el conjunto normativo en la materia ha operado una variaci\u00f3n sustancial del r\u00e9gimen jur\u00eddico en el que se inscribe la disposici\u00f3n demandada, \u201cesto es, el r\u00e9gimen que regula la interrupci\u00f3n del embarazo, tanto la que es derecho fundamental como la que es delito\u201d. Para tales efectos hacen referencia, al menos, a la expedici\u00f3n de tres leyes ordinarias relacionadas con el objeto de la actual demanda, una ley estatutaria, m\u00faltiples reglamentos y documentos de pol\u00edtica p\u00fablica y m\u00e1s de veinte sentencias de la Corte Constitucional. A partir de este conjunto de normas y jurisprudencia concluyen que en el contexto colombiano se experimenta un tr\u00e1nsito de modelo o paradigma, que supera la despenalizaci\u00f3n parcial del aborto voluntario, bajo el modelo de casuales previsto en la Sentencia C-355 del 2006, a un modelo de legalizaci\u00f3n parcial de la IVE. Esta variaci\u00f3n sustancial del r\u00e9gimen jur\u00eddico del aborto voluntario no exist\u00eda para el momento en que se profiri\u00f3 la Sentencia C-355 de 2006, raz\u00f3n por la cual no es posible inferir que existe identidad entre el objeto de la demanda actual y el de la citada providencia.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
30. En relaci\u00f3n con el segundo aspecto, precisan que no existe identidad entre los cargos que motivaron la expedici\u00f3n de la Sentencia C-355 de 2006 y los que se formulan en esta demanda, por lo que apenas se evidencia una cosa juzgada formal, relativa e impl\u00edcita, que no impide un pronunciamiento de fondo por parte de la Corte Constitucional. Indican que mientras en aquella oportunidad se resolvi\u00f3 una demanda que versaba sobre los l\u00edmites al margen de configuraci\u00f3n del Legislador para sancionar el delito de aborto voluntario, en esta oportunidad se trata de una que acusa la norma de violar directamente el derecho a la IVE, a la salud sexual y reproductiva, a la libertad de profesi\u00f3n y oficio del personal de la salud, al principio del Estado laico, a la libertad de conciencia, a la igualdad de las mujeres en situaci\u00f3n migratoria irregular y a los principios constitucionales sobre los fines de la pena y los est\u00e1ndares constitucionales m\u00ednimos de la pol\u00edtica criminal. En suma, concluyen que se trata de una nueva demanda que reprocha la constitucionalidad del art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal por violar normas constitucionales diferentes a las que se emplearon como par\u00e1metro de control en el proceso que dio lugar a la Sentencia C-355 del 2006 y en la que, por tanto, se estudiaron problemas jur\u00eddicos sustancialmente diferentes a los que se derivan de la presente acusaci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
31. De manera subsidiaria a la anterior argumentaci\u00f3n, las demandantes se\u00f1alan que, si la Corte llegase a estimar que se presenta el fen\u00f3meno de la cosa juzgada respecto de alguno o de todos los cargos propuestos en contra del art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal, existen dos razones, decantadas por la jurisprudencia constitucional, que permiten enervar o debilitar la cosa juzgada en el presente asunto y, por tanto, justifican una decisi\u00f3n de fondo. Seg\u00fan precisan, \u201cexiste una variaci\u00f3n del contexto normativo del objeto del control y una variaci\u00f3n de la significaci\u00f3n material de la Constituci\u00f3n\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
32. En relaci\u00f3n con el primer fen\u00f3meno \u2013variaci\u00f3n del contexto normativo\u2013 precisan que ha variado el contexto normativo del objeto de control a ra\u00edz de la multiplicidad de normas, pol\u00edticas p\u00fablicas y sentencias que han aparecido respecto de la IVE, con posterioridad a la Sentencia C-355 del 2006, a las que se hizo referencia de manera amplia en el t\u00edtulo anterior supra. Por tanto, seg\u00fan indican, se ha \u201cmodificado el r\u00e9gimen en el que se inscribe el delito de aborto pues en estos 14 a\u00f1os transitamos de una despenalizaci\u00f3n parcial bajo un modelo de causales efectuada por la sentencia C-355 de 2006, a un modelo de legalizaci\u00f3n parcial de la interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo, llegando incluso a considerar que existe en Colombia un derecho fundamental a la interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo en los supuestos despenalizados. As\u00ed la norma penal demandada convive ahora con un entramado de medidas normativas, de pol\u00edtica p\u00fablica y decisiones judiciales, bajo el cual la Corte no ha tenido la oportunidad de analizar su constitucionalidad y es nuestra petici\u00f3n ciudadana que lo haga ahora\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
33. En relaci\u00f3n con el segundo fen\u00f3meno \u2013modificaci\u00f3n del significado material de la Constituci\u00f3n\u2013, indican que la Corte tendr\u00eda que reconocer los cambios en el significado material de la Constituci\u00f3n acerca de la problem\u00e1tica de relevancia constitucional que supone el aborto consentido, como consecuencia de las siguientes circunstancias, ampliamente desarrolladas en cada uno de los cargos de la demanda: (i) la evoluci\u00f3n de la jurisprudencia constitucional e internacional y de la interpretaci\u00f3n autorizada progresiva de los tratados internacionales que integran el bloque de constitucionalidad en lo relativo a la IVE, al derecho a la salud, las recomendaciones para la despenalizaci\u00f3n del aborto m\u00e1s all\u00e1 de las 3 causales previstas en el ordenamiento colombiano y la protecci\u00f3n de la vida prenatal en el marco de la CADH. (ii) Las estad\u00edsticas que evidencian la falta de idoneidad de la disposici\u00f3n demandada y que tienen que ver con la poca eficacia para proteger la vida como bien jur\u00eddico, y, por el contrario, las intensas afectaciones a que da lugar respecto de los derechos de las mujeres en situaci\u00f3n de vulnerabilidad, los niveles de mortalidad y morbilidad materna que incentiva, el impacto negativo respecto del personal de la salud y que explican la tendencia internacional hacia la liberalizaci\u00f3n y diminuci\u00f3n del uso del derecho penal en materia del aborto voluntario. (iii) El obst\u00e1culo que representa la inexistencia de desarrollos legislativos \u2013pese a los exhortos directos realizados por la Corte\u2013, para la reforma constitucional o legal que se adecue al reclamo social en materia de aborto consentido. (iv) Los efectos que tendr\u00eda la eliminaci\u00f3n de este tipo penal como principal barrera para el acceso al procedimiento de IVE, en cuanto al uso frecuente de la tutela como medio de protecci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
. TR\u00c1MITE PROCESAL<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
34. En este apartado se dar\u00e1 cuenta de los distintos asuntos decididos, tanto por el magistrado sustanciador como por la Sala Plena de la Corte, durante el tr\u00e1mite del proceso y hasta antes de adoptar una decisi\u00f3n de fondo, el d\u00eda 21 de febrero de 2022.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
1. 1. \u00a0Acumulaci\u00f3n de expedientes<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
35. El 1 de octubre de 2020 se recibi\u00f3 una solicitud para acumular los procesos D-13.856, D-13.911, D-13.929 y D-13.956, todos relacionados con el art\u00edculo 122 de la Ley 599 de 2000. Posteriormente, el 6 de octubre del citado a\u00f1o, algunas de las demandantes presentaron un escrito en el que se pidi\u00f3 la no acumulaci\u00f3n de los procesos referidos.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
36. Mediante el Auto 403 del 28 octubre de 2020, la Sala Plena rechaz\u00f3 por improcedente la solicitud de acumulaci\u00f3n de los citados procesos.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
2. Solicitudes de audiencia p\u00fablica<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
37. El juicio de constitucionalidad fue dispuesto para que, por medio de un proceso p\u00fablico, participativo y deliberativo, la ciudadan\u00eda controle el poder de configuraci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico que la Constituci\u00f3n atribuye al Congreso y, excepcionalmente, al presidente de la Rep\u00fablica. En atenci\u00f3n a dichas caracter\u00edsticas, el Decreto Ley 2067 de 1991 regula la posibilidad de que la Sala Plena convoque audiencias p\u00fablicas en las que, entre otras cosas, se pueden aclarar y exponer hechos relevantes de los asuntos de que conoce, se escuchen las distintas posiciones relacionadas con el debate constitucional y se resuelvan interrogantes sobre los puntos bajo controversia. En efecto, su art\u00edculo 12 dispone que cualquier magistrado puede proponer, previo a definir sobre un asunto de competencia de la Corte, que se convoque a una audiencia para que se profundicen los argumentos expuestos o se aclaren hechos relevantes para tomar la decisi\u00f3n, y que la Corte \u201cpor mayor\u00eda de asistentes, decidir\u00e1 si convoca la audiencia, fijar\u00e1 la fecha y hora en que habr\u00e1 de realizarse y conceder\u00e1 a los citados un t\u00e9rmino breve pero razonable para preparar sus argumentos. Las audiencias ser\u00e1n p\u00fablicas\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
38. Si bien los ciudadanos pueden solicitar la realizaci\u00f3n de dichas audiencias, lo cierto es que no se trata de un derecho judicialmente exigible, ni de una etapa procesal de obligatorio agotamiento cuyo incumplimiento pueda generar la nulidad del tr\u00e1mite; se trata de una potestad de la Sala Plena, para los fines referidos. As\u00ed las cosas, solo en el caso de que la Corte, por medio de su Sala Plena, decida convocarlas, resulta procedente que dicha decisi\u00f3n se adopte mediante providencia judicial.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
39. Durante el tr\u00e1mite del proceso se allegaron varios escritos en los que se solicit\u00f3 a la Corte Constitucional que, con fundamento en las competencias que le asigna el Decreto Ley 2067 de 1991, realizara una audiencia p\u00fablica, con el prop\u00f3sito de exponer argumentos tanto para la defensa como para la impugnaci\u00f3n de la norma objeto de control (cfr., el Anexo 1 de esta providencia). As\u00ed mismo, otros ciudadanos pidieron mayor participaci\u00f3n en el proceso (cfr., el Anexo 2 de esta providencia). Sometidas a consideraci\u00f3n de la Sala Plena estas solicitudes ciudadanas, en sesi\u00f3n del 26 de mayo del a\u00f1o 2021, la Sala Plena no accedi\u00f3 a realizar la audiencia.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
3. Solicitud de pruebas<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
40. Las demandantes, as\u00ed como Gloria Yolanda Mart\u00ednez Rivera, Elsa Eugenia Hurtado Hurtado, Francisco Javier Higuera, \u00c1ngela V\u00e9lez Escall\u00f3n y Claire Culwell, solicitaron el decreto y la pr\u00e1ctica de pruebas.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
41. Mediante auto del 11 de octubre de 2021, el magistrado sustanciador resolvi\u00f3: (i) rechazar la solicitud suscrita por la se\u00f1ora Claire Culwell, quien no acredit\u00f3 la calidad de ciudadana colombiana, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 7 del Decreto Ley 2067 de 1991; (ii) negar por falta de necesidad las dem\u00e1s pruebas solicitadas, tanto por las demandantes como por los dem\u00e1s solicitantes que acreditaron la condici\u00f3n de ciudadanos colombianos e intervinieron oportunamente en el proceso; y (iii) admitir como parte integral de las intervenciones ciudadanas de Gloria Yolanda Mart\u00ednez Rivera y \u00c1ngela V\u00e9lez Escall\u00f3n, los testimonios reproducidos en los escritos remitidos a este proceso<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
4. Nulidades<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
42. Durante el tr\u00e1mite del proceso se presentaron y decidieron m\u00faltiples solicitudes de nulidad parcial y la Sala Plena decret\u00f3 dos (2) nulidades de oficio.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
43. (i) El 26 de octubre de 2020, la ciudadana \u00c1ngela Mar\u00eda Anduquia Sarmiento solicit\u00f3 a la Corte \u201ctramitar incidente de Nulidad contra el auto admisorio de la demanda y a partir de ah\u00ed de todas las actuaciones posteriores por los vicios que lo afectan\u201d. Mediante Auto 423 de noviembre 12 de 2020, la Sala Plena rechaz\u00f3 la solicitud por considerarla manifiestamente improcedente.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
44. Con posterioridad al registro de la ponencia del auto que resolvi\u00f3 la referida solicitud de nulidad y de su aprobaci\u00f3n en Sala Plena, algunos ciudadanos, los d\u00edas 10, 11, 12, 26 y 27 de noviembre de 2020, presentaron escritos en los que manifestaron coadyuvar la solicitud de nulidad de la ciudadana Anduquia Sarmiento. Mediante Auto 479 del 3 de diciembre de 2020, la Sala Plena rechaz\u00f3 por manifiestamente improcedentes los escritos de coadyuvancia de la nulidad, por las razones expuestas en el citado Auto 423 del 12 de noviembre.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
45. (ii) El 18 de noviembre de 2020, la ciudadana Natalia Bernal Cano solicit\u00f3 la nulidad del tr\u00e1mite del proceso D-13.956 por la presunta vulneraci\u00f3n de sus derechos al debido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, a la igualdad, a la imparcialidad y la protecci\u00f3n y garant\u00edas judiciales. Mediante Auto 480A de diciembre 7 de 2020, la Sala Plena rechaz\u00f3 la solicitud de nulidad por ser manifiestamente improcedente.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
46. El 19 de febrero de 2021, la ciudadana Bernal Cano manifest\u00f3 desistir de la solicitud de nulidad y de las solicitudes de recusaci\u00f3n, que alega como no notificadas, todas presentada en el proceso D-13.255. Igualmente, el 22 de febrero del citado a\u00f1o remiti\u00f3 a esta corporaci\u00f3n otros dos escritos.<\/p>\n
47. Mediante Auto 088 del 25 de febrero de 2021, la Sala Plena anul\u00f3 de oficio el Auto 480A del 7 de diciembre de 2020, con el fin de garantizar ampliamente el debido proceso. En consecuencia, mediante Auto 178 del 22 de abril de 2021 procedi\u00f3 a decidir nuevamente el incidente de nulidad y lo rechaz\u00f3 por manifiestamente improcedente, as\u00ed como el desistimiento presentado por la misma ciudadana.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
48. (iii) El 27 de noviembre de 2020, el arzobispo de Villavicencio, \u00d3scar Urbina Ortega, presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, solicit\u00f3 la nulidad del proceso a partir del Auto del 12 de noviembre de 2020. Mediante Auto 117 del 11 de marzo de 2021, la Sala Plena rechaz\u00f3 por manifiestamente improcedente la solicitud de nulidad.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
49. (iv) El 26 de enero de 2021, el ciudadano Harold Eduardo Sua Monta\u00f1a solicit\u00f3 la nulidad parcial de los procesos con radicados D-13.856 y D-13.956. Mediante Auto 176 del 22 de abril de 2021, la Sala Plena rechaz\u00f3 por manifiestamente improcedente tal solicitud de nulidad.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
50. (v) El 5 de abril de 2021, el ciudadano Harold Eduardo Sua Monta\u00f1a present\u00f3 un escrito denominado \u201cManifiesto sobre el Auto de Sala Plena 039 de 2021\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
51. (vi) El 9 de abril de 2021, el citado ciudadano present\u00f3 un escrito que titul\u00f3 \u201cManifiesto contra el auto proferido por el Magistrado Antonio Jos\u00e9 Lizarazo el ocho (8) de abril de dos mil veintiuno (2021) en el marco del proceso del expediente D-13956 y figura hoy en el expediente sin inclusi\u00f3n en lista\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
52. (vii) El 23 de abril de 2021, el ciudadano Sua Monta\u00f1a remiti\u00f3 otro documento que denomin\u00f3 \u201cManifiesto contra el auto proferido por el Magistrado Antonio Jos\u00e9 Lizarazo el veintiuno (21) de abril de dos mil veintiuno (2021) en el marco del proceso del expediente D-13956\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
53. Mediante Auto 217 de mayo 5 de 2021, la Sala Plena rechaz\u00f3 las referidas solicitudes de nulidad por ser manifiestamente improcedentes.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
54. Posteriormente, mediante el Auto 325 de junio 23 de 2021 la Sala Plena anul\u00f3 de oficio todo lo actuado en el proceso de la referencia entre el 11 de marzo y el 26 de mayo de 2021, la cual incluy\u00f3 los referidos autos 117 de marzo 11, 176 y 178 de abril 22, y 217 de mayo 5 de 2021.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
55. Como quiera que el Auto 325 de 2021 orden\u00f3 rehacer las providencias anuladas, en cumplimiento de la citada providencia, la Sala Plena procedi\u00f3 a estudiar nuevamente las solicitudes de nulidad presentadas por \u00d3scar Urbina Ortega, presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, Natalia Bernal Cano y Harold Eduardo Sua Monta\u00f1a. En cumplimiento de lo ordenado en el citado auto, mediante Auto 752 de octubre 6 de 2021, la Sala Plena reh\u00edzo las providencias 117 de marzo 11, 176 y 178 de abril 22, y 217 de mayo 5 de 2021, que fueron declaradas nulas, y rechaz\u00f3 por manifiestamente improcedentes las solicitudes de nulidad presentadas por \u00d3scar Urbina Ortega, Natalia Bernal Cano y Harold Eduardo Sua Monta\u00f1a dirigidas contra los autos de 19 de octubre de 2020 y 12 de noviembre de 2020, el Auto 039 de febrero 4 de 2021 y los autos del 8 de abril y 21 de abril de 2021, proferidos dentro del proceso de la referencia.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
5. Impedimentos y recusaciones<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
56. Durante el tr\u00e1mite del proceso se presentaron y decidieron m\u00faltiples solicitudes de recusaci\u00f3n contra algunos de los integrantes de la Sala Plena, como respecto de toda ella, al igual que dos solicitudes de impedimento de los magistrados Alejandro Linares Cantillo y Cristina Pardo Schlesinger:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
57. (i) Vilma Graciela Mart\u00ednez Rivera intervino para oponerse al aborto, como a su posible despenalizaci\u00f3n y se\u00f1al\u00f3 que evidenciaba impedimentos de la Corte Constitucional para abordar el tema.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
58. Los ciudadanos V\u00edctor Ra\u00fal Mart\u00ednez Rivera, \u00c1ngela Roc\u00edo Mart\u00ednez Rivera y \u00c1ngela Paola Rada Mart\u00ednez, presentaron intervenciones ciudadanas en las que, entre otros aspectos, solicitaron que la Corte tuviera en cuenta el escrito presentado por Vilma Graciela Mart\u00ednez Rivera.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
59. Posteriormente, el 27 de noviembre de 2020, la ciudadana Vilma Graciela Mart\u00ednez Rivera present\u00f3 un nuevo escrito en el que manifest\u00f3 ampliar sus intervenciones y, adicionalmente, solicit\u00f3 la incorporaci\u00f3n en el expediente del escrito radicado en la Secretar\u00eda General de la corporaci\u00f3n el 25 de febrero de 2020.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
60. Mediante Auto 039 de febrero 4 de 2021, la Sala Plena rechaz\u00f3 por falta de pertinencia las solicitudes de recusaci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
61. (ii) El 6 de diciembre de 2020, la ciudadana Natalia Bernal Cano present\u00f3 un escrito de recusaci\u00f3n contra los magistrados Antonio Jos\u00e9 Lizarazo Ocampo, Alejandro Linares Cantillo y Gloria Stella Ortiz Delgado, con el fin de apartarlos de la decisi\u00f3n de la solicitud de nulidad presentada por ella en este proceso. Mediante Auto 040 de febrero 4 de 2021, la Sala Plena rechaz\u00f3 la solicitud.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
62. (iii) El 11 de marzo de 2021, la ciudadana Vilma Graciela Mart\u00ednez Rivera present\u00f3 escrito dirigido al magistrado Alberto Rojas R\u00edos, dentro del proceso D-13.856, en el que present\u00f3 recusaci\u00f3n frente a todos los magistrados de la Corte y solicit\u00f3, entre otras cosas, su incorporaci\u00f3n al presente proceso, al igual que de la petici\u00f3n remitida el 25 de febrero de 2020. Mediante Auto 141 de marzo 25 de 2021, la Sala Plena rechaz\u00f3 por falta de pertinencia la solicitud de recusaci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
63. (iv) Mediante escrito de abril 5 de 2021, el ciudadano Harold Eduardo Sua Monta\u00f1a solicit\u00f3 \u201cdeclarar de manera oficiosa la nulidad del auto del Sala Plena (Auto 039 del 4 de febrero de 2021) apartando del asunto a los 8 Magistrados sobre los cuales resuelve la situaci\u00f3n dicha providencia\u201d. Mediante Auto 165 de abril 15 de 2021, la Sala Plena rechaz\u00f3 la recusaci\u00f3n por falta de pertinencia.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
64. (v) El 15 de abril de 2021, la ciudadana Vilma Graciela Mart\u00ednez Rivera present\u00f3 un escrito de recusaci\u00f3n dirigido al expediente de la referencia y pidi\u00f3 que fuera incorporado al proceso D-13.856. Mediante Auto 179 de abril 22 de 2021, la Sala Plena resolvi\u00f3 \u201cESTARSE A LO RESUELTO\u201d en los autos 039 y 105A de 2021, que definieron las recusaciones presentadas en contra de los integrantes de la Sala Plena de la Corte Constitucional.<\/p>\n
65. (vi) Mediante escritos de los d\u00edas 9 y 23 de abril de 2021, el ciudadano Harold Eduardo Sua Monta\u00f1a pidi\u00f3 apartar a la mayor\u00eda de los magistrados que integran la Corte Constitucional, espec\u00edficamente a ocho (8) de ellos, de los tr\u00e1mites de nulidad presentados en el proceso de la referencia contra los autos del 8 y de 21 de abril de 2021.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
66. (vii) El 27 de abril de 2021, la ciudadana Vilma Graciela Mart\u00ednez Rivera present\u00f3 una nueva solicitud con el fin de que se analizara la competencia de la Sala Plena para definir de fondo sobre el expediente D-13.956.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
67. Mediante Auto 216 del 5 de mayo de 2021, la Sala Plena resolvi\u00f3 \u201cESTARSE A LO RESUELTO\u201d en los autos 039 del 4 de febrero, 141 del 25 de marzo, 165 del 15 de abril y 179 del 22 de abril, todos del 2021, que rechazaron por falta de pertinencia las recusaciones presentadas por los ciudadanos Sua Monta\u00f1a y Mart\u00ednez Rivera.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
68. Adem\u00e1s, teniendo en cuenta que la ciudadana Vilma Graciela Mart\u00ednez Rivera solicit\u00f3 hacer extensivo su escrito \u201ca los procesos D-13.856 y a los dem\u00e1s relacionados con el aborto\u201d, mediante Auto 249 de mayo 20 de 2021, proferido en relaci\u00f3n con el expediente D-13.856, la Sala Plena resolvi\u00f3 estarse a lo resuelto en el Auto 105A de 2021, que decidi\u00f3 rechazar la recusaci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
69. Posteriormente, mediante el Auto 325 de junio 23 de 2021, la Sala Plena anul\u00f3 de oficio todo lo actuado en el proceso de la referencia entre el 11 de marzo y el 26 de mayo de 2021, incluidos los referidos autos 165 del 15 de abril, 179 del 22 de abril y 216 del 5 de mayo de 2021.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
70. Como quiera que el Auto 325 de 2021 orden\u00f3 rehacer las providencias anuladas, en cumplimiento de la citada providencia la Sala Plena procedi\u00f3 a estudiar nuevamente las solicitudes de recusaci\u00f3n presentadas por los ciudadanos Harold Eduardo Sua Monta\u00f1a y Vilma Graciela Mart\u00ednez Rivera. En consecuencia, mediante Auto 326 de junio 23 de 2021, la Sala Plena rechaz\u00f3 por falta de pertinencia las mencionadas recusaciones.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
71. (viii) Mediante escritos del 2 de agosto de 2021, los ciudadanos Edison Pablo Z\u00e1rate, Martha Camila P\u00e1ez, Andr\u00e9s Fabi\u00e1n Moreno y Delio Camilo Z\u00fa\u00f1iga, presentaron escrito de recusaci\u00f3n en contra de los integrantes de la Sala Plena de la Corte Constitucional. Mediante Auto 442 de agosto 5 de 2021, la Sala Plena rechaz\u00f3 la recusaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n y, as\u00ed mismo, de pertinencia. Posteriormente, solicitaron adici\u00f3n de la providencia, petici\u00f3n que fue rechazada por improcedente por medio del Auto 470 de agosto 11 de 2021.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
72. Los d\u00edas 4 y 5 de agosto de 2021, algunos ciudadanos presentaron escritos de coadyuvancia a la solicitud de recusaci\u00f3n presentada el 2 de agosto de 2021 y solicitaron la declaratoria de nulidad de las decisiones en las que hubiese participado el Magistrado Alberto Rojas, \u201cespec\u00edficamente en los procesos de aborto y eutanasia\u201d. Mediante Auto 671 de septiembre 16 de 2021, la Sala Plena rechaz\u00f3 los escritos de coadyuvancia por coincidir con la recusaci\u00f3n previamente rechazada en el Auto 442 de agosto 5 de 2021 y declar\u00f3 la carencia actual de objeto respecto de las solicitudes de nulidad planteadas.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
73. (ix) El 12 de noviembre de 2021, luego de haberse registrado y rotado la ponencia en el expediente del asunto y de encontrarse en el orden del d\u00eda de la Sala Plena desde el 27 de octubre de 2021, Ana Mar\u00eda Id\u00e1rraga Mart\u00ednez solicit\u00f3 a la Sala, \u201cque aparte al Magistrado Alejandro Linares de la discusi\u00f3n y decisi\u00f3n de los expedientes D0013956 y D0013856, dado que emiti\u00f3 concepto claro, concreto y preciso, el d\u00eda 11 de noviembre de 2021, sobre su posici\u00f3n de despenalizar el aborto\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
74. El 16 de noviembre de 2021, el Magistrado Alejandro Linares Cantillo present\u00f3 impedimento al considerar que, en el marco de una entrevista con el medio Semana TV, relacionada con \u201cla decisi\u00f3n adoptada por este tribunal en el caso de tutela del se\u00f1or expresidente \u00c1lvaro Uribe V\u00e9lez\u201d, realiz\u00f3 \u201cbreves referencias y generalidades a t\u00edtulo de ejemplo de las dif\u00edciles decisiones que debe tomar la Corte\u201d y, entre ellas, al caso del aborto. Seg\u00fan se\u00f1al\u00f3 el Magistrado Linares, tal circunstancia podr\u00eda enmarcarse \u201cen la causal del numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 56 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, si se considera que en el marco de dicha entrevista profer\u00ed inadvertidamente opiniones sobre mi posici\u00f3n en el tema del aborto\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
75. En la sesi\u00f3n de la Sala Plena del d\u00eda 18 de noviembre de 2021, \u201cse dispuso la designaci\u00f3n de un Conjuez para decidir el impedimento presentado por el \u00a0 Magistrado ALEJANDRO LINARES CANTILLO dentro de los procesos D-13856 y D-13956, por no haberse obtenido la mayor\u00eda exigida para ello. || Que realizado el sorteo de rigor result\u00f3 seleccionado como conjuez el doctor HERNANDO YEPES ARCILA\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
76. En atenci\u00f3n a esta designaci\u00f3n, mediante oficio de noviembre 23 de 2021, Ana Cristina Gonz\u00e1lez V\u00e9lez, Mariana Ardila Trujillo, Catalina Mart\u00ednez Coral, Sandra Mazo Cardona, Cristina Rosero Arteaga, Aura Carolina Cuasapud Arteaga y Valeria Pedraza, demandantes dentro del expediente D-13.956, presentaron recusaci\u00f3n en contra del Conjuez Hernando Yepes Arcila para participar en la discusi\u00f3n y decisi\u00f3n del impedimento presentado por el Magistrado Alejandro Linares Cantillo. Por iguales razones, en escrito del 2 de diciembre de 2021, el ciudadano Enrique G\u00f3mez Mart\u00ednez refiri\u00f3 que el Conjuez Hernando Yepes Arcila estaba incurso en un conflicto de inter\u00e9s.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
77. En atenci\u00f3n a estas solicitudes y manifestaci\u00f3n de impedimento, en primer lugar, a excepci\u00f3n del Magistrado Alejandro Linares Cantillo \u2013cuyo impedimento se deb\u00eda decidir\u2013 y del Conjuez Hernando Yepes Arcila \u2013contra quien se formul\u00f3 recusaci\u00f3n\u2013, mediante Auto 1063 de diciembre 1 de 2021, el resto de los magistrados de la Sala Plena rechaz\u00f3 por impertinente la recusaci\u00f3n presentada por Ana Cristina Gonz\u00e1lez V\u00e9lez, Mariana Ardila Trujillo, Catalina Mart\u00ednez Coral, Sandra Mazo Cardona, Cristina Rosero Arteaga, Aura Carolina Cuasapud Arteaga y Valeria Pedraza, y, mediante el Auto 031 de enero 20 de 2022, rechaz\u00f3 por impertinente la recusaci\u00f3n formulada por Enrique G\u00f3mez Mart\u00ednez.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
78. En segundo lugar, en atenci\u00f3n a que no prosper\u00f3 la solicitud de recusaci\u00f3n en contra del Conjuez Hernando Yepes Arcila, la Sala Plena de la Corte Constitucional, con su participaci\u00f3n, en sesi\u00f3n de enero 20 de 2022 decidi\u00f3 aceptar el impedimento presentado por el Magistrado Alejandro Linares Cantillo en los expedientes D-13.956 y D-13.856. En consecuencia, en la misma sesi\u00f3n, se dispuso la designaci\u00f3n de un conjuez que reemplazara al Magistrado Linares Cantillo en la decisi\u00f3n del expediente D-13.956; luego de realizado el sorteo de rigor fue seleccionado el Conjuez Julio Andr\u00e9s Ossa Santamar\u00eda.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
79. (ix) El 8 de febrero de 2022, luego de haberse registrado y rotado la ponencia en el expediente del asunto, y de haberse designado al Conjuez Julio Andr\u00e9s Ossa Santamar\u00eda para reemplazar al magistrado Alejandro Linares Cantillo, Linda Mar\u00eda Cabrera Cifuentes y Karla Roxana P\u00e9rez Garc\u00eda formularon \u201crecusaci\u00f3n en contra de la Magistrada Cristina Pardo Schlesinger en consideraci\u00f3n a la causal \u2018tener inter\u00e9s directo en la decisi\u00f3n\u2019, contenida en el art\u00edculo 25 del Decreto 2067 de 1991\u201d. Precisaron que el inter\u00e9s de la magistrada era de car\u00e1cter \u201cmoral\u201d, \u201cen la medida que las convicciones personales y morales en torno al derecho al aborto, que tiene la magistrada Cristina Pardo, representan una afectaci\u00f3n a su fuero interno y a su imparcialidad y, al mismo tiempo, son de tal magnitud que se entienden actuales \u00a0y constantes pues no se tratan \u00a0de \u00a0opiniones \u00a0ocasionales \u00a0o \u00a0aisladas \u00a0sobre \u00a0el \u00a0derecho \u00a0al \u00a0aborto\u201d el cual le impedir\u00eda decidir de manera imparcial en la decisi\u00f3n del citado expediente.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
80. El d\u00eda 9 de febrero de 2022, la Magistrada Cristina Pardo Schlesinger manifest\u00f3 impedimento para participar en el debate y decisi\u00f3n de las demandas de los expedientes D-13.956 y D-13.856. Seg\u00fan precis\u00f3, la manifestaci\u00f3n buscaba garantizar \u201cla absoluta transparencia que debe presidir el ejercicio de la funci\u00f3n judicial\u201d, ya que, como consecuencia de la objeci\u00f3n de conciencia que present\u00f3 para conceptuar acerca de la sanci\u00f3n u objeci\u00f3n por inconstitucionalidad o inconveniencia de algunas disposiciones del proyecto de ley que culmin\u00f3 con la expedici\u00f3n de la Ley 1719 de 2014, \u201calgunos ciudadanos podr\u00edan inferir [\u2026] que frente a lo que solicitan los demandantes en esta ocasi\u00f3n yo tendr\u00eda una posici\u00f3n negativa, derivada de un supuesto inter\u00e9s moral\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
81. Mediante Auto 178A de febrero 21 de 2022, la Sala Plena de la Corte Constitucional declar\u00f3 infundado el impedimento manifestado por la Magistrada Cristina Pardo Schlesinger en el Expediente D-13.956. As\u00ed mismo, mediante Auto 179A de febrero 21 de 2022, rechaz\u00f3 la recusaci\u00f3n presentada por Linda Mar\u00eda Cabrera Cifuentes y Karla Roxana P\u00e9rez Garc\u00eda en contra de la Magistrada Pardo Schlesinger, por no superar las exigencias del examen de su pertinencia.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
6. Solicitudes de aclaraci\u00f3n de providencias judiciales<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
82. Durante el tr\u00e1mite del proceso se presentaron y decidieron las siguientes solicitudes de aclaraci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
83. (i) Mediante escrito del 7 de mayo de 2021, el ciudadano Harold Eduardo Sua Monta\u00f1a pidi\u00f3 a la Corte aclarar el Auto 165 de 2021, en el sentido de se\u00f1alar si \u201ctras la falta de pertinencia de la misma puede volverse a presentar la recusaci\u00f3n supliendo las falencias atisbadas en dicho auto o la misma resultar\u00eda extempor\u00e1nea\u201d. Mediante el Auto 277 de junio 2 de 2021, la Sala Plena rechaz\u00f3 la solicitud de aclaraci\u00f3n al no acreditarse el deber de argumentaci\u00f3n que exige.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
84. Como ya se hab\u00eda dicho, mediante el Auto 325 del 23 junio de 2021, la Sala Plena anul\u00f3 de oficio todo lo actuado en el proceso de la referencia entre el 11 de marzo y el 26 de mayo de 2021, incluido el referido Auto 277 de 2021, que se profiri\u00f3 como consecuencia de la solicitud de aclaraci\u00f3n de una de las providencias anuladas.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
85. (ii) Mediante escrito del 11 de agosto de 2021, el ciudadano Harold Eduardo Sua Monta\u00f1a solicit\u00f3 aclarar el numeral segundo del Auto 325 de 2021, que declar\u00f3 la nulidad de todo lo actuado en el proceso de la referencia entre el 11 de marzo y el 26 de mayo de 2021, en el sentido de \u201csi el rehacer de los autos y actuaciones implica nuevamente la publicaci\u00f3n del contenido de los autos nulos en otros autos y el env\u00edo de los escritos elaborados en virtud de lo resuelto en dichas providencias carentes de validez\u201d. Mediante el Auto 663 de septiembre 8 de 2021, la Sala Plena rechaz\u00f3 la solicitud de aclaraci\u00f3n al no acreditarse el deber de argumentaci\u00f3n que exige.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
. INTERVENCIONES<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
86. Dentro del t\u00e9rmino de fijaci\u00f3n en lista de la norma demandada, que venci\u00f3 el d\u00eda 12 de noviembre de 2020, se recibieron diversas intervenciones ciudadanas, escritos de organizaciones sociales, amicus curiae, pronunciamientos de entidades y autoridades p\u00fablicas, conceptos de personas expertas, entre otros, en los que se proponen distintas aproximaciones al examen de los cargos de la demanda y se ofrecen elementos relevantes para deliberar y abordar el estudio de constitucionalidad. Estas intervenciones evidencian una discusi\u00f3n p\u00fablica extendida y reflejan el pluralismo y la diversidad de enfoques que suscita la regulaci\u00f3n penal del aborto voluntario en Colombia. En atenci\u00f3n a su gran n\u00famero, se dar\u00e1 cuenta de estos de manera simplificada en los anexos de esta providencia; en todo caso, a continuaci\u00f3n, se sintetizan los principales argumentos propuestos.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
87. Algunos intervinientes solicitaron a la Corte abstenerse de realizar un estudio de fondo sobre la constitucionalidad de la norma demandada, al considerar que la demanda es inepta; otros le pidieron declarar estarse a lo resuelto en la Sentencia C-355 de 2006 ya que, en su opini\u00f3n, se verificaba el fen\u00f3meno de la cosa juzgada. En otras intervenciones se pidi\u00f3 a la Corte pronunciarse de fondo y, en ese sentido, se presentaron distintas solicitudes:<\/p>\n
88. Un n\u00famero amplio de intervinientes solicit\u00f3 declarar la constitucionalidad simple del art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal. Entre otras cosas, por considerar que: (i) se deben proteger los derechos del nasciturus; (ii) el aborto desconoce los derechos humanos; (iii) los derechos de las ni\u00f1as y de los ni\u00f1os prevalecen sobre los dem\u00e1s; (iv) inexistencia del derecho fundamental a la IVE; (v) se deben garantizar los derechos de los padres (pareja) a decidir el n\u00famero de hijas e hijos y (vi) las normas de soft law en las que se fundamenta la demanda no son vinculantes.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
89. Otro grupo de intervinientes solicit\u00f3 a la Corte declarar la constitucionalidad condicionada de la disposici\u00f3n que se demanda, en el sentido de que se tenga en cuenta un l\u00edmite de edad gestacional, o de que no se exija la denuncia del acceso carnal violento o del acto sexual abusivo, o de que no se solicite la prueba de acceso al sistema de salud a las mujeres en situaci\u00f3n migratoria irregular.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
90. Finalmente, otro n\u00famero considerable de intervinientes apoy\u00f3 las pretensiones de la demanda y solicit\u00f3 la declaratoria de inexequibilidad. De este grupo de escritos se destaca que, adem\u00e1s de apoyar los argumentos de la demanda, algunos tambi\u00e9n consideran, entre otras cosas, que la norma es discriminatoria porque contiene una redacci\u00f3n excluyente frente a quienes no se identifican como mujeres y que desconoce la progresividad en el reconocimiento de garant\u00edas iusfundamentales.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACI\u00d3N<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
91. En concepto del 14 de diciembre de 2020, el Procurador General de la Naci\u00f3n solicit\u00f3 a la Corte, por una parte, declararse inhibida para adoptar una decisi\u00f3n de fondo sobre la demanda y, por la otra, exhortar al Congreso de la Rep\u00fablica para que expida una regulaci\u00f3n integral de la IVE, como manifestaci\u00f3n de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, as\u00ed como para decidir acerca de la razonabilidad de su despenalizaci\u00f3n total, en t\u00e9rminos de pol\u00edtica criminal.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
92. Advirti\u00f3 que en el presente asunto cabr\u00eda predicar el fen\u00f3meno de la \u201ccosa juzgada relativa impl\u00edcita\u201d, que le permitir\u00eda a la Corte decidir de fondo el presente caso, pero que, en todo caso, la Corte carecer\u00eda de competencia para adelantar el juicio de constitucionalidad ya que se evidenciaba una \u201comisi\u00f3n legislativa absoluta\u201d en la regulaci\u00f3n de la IVE, la cual solo pod\u00eda ser resuelta por el Congreso de la Rep\u00fablica.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
93. En relaci\u00f3n con la primera raz\u00f3n, y sin perjuicio del an\u00e1lisis m\u00e1s detallado que se hace en el t\u00edtulo 6.1 infra, indica que existen nuevos cargos que no fueron valorados en la Sentencia C-355 de 2006, por ejemplo, la penalizaci\u00f3n parcial del aborto como barrera estructural para acceder a la IVE dentro de las tres causales fijadas en la providencia en cita, la afectaci\u00f3n desproporcionada de las mujeres migrantes, la libertad de oficio del personal de salud y el principio de Estado laico. Igualmente que, si bien otros cargos son similares, lo cierto es que los enfoques presentados por las demandantes son claramente distintos.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
94. Al igual que las demandantes, tambi\u00e9n se\u00f1ala que sin perjuicio del anterior argumento, en caso de que se considerara que no se presenta el fen\u00f3meno de la \u201ccosa juzgada relativa impl\u00edcita\u201d, sino el de la cosa juzgada absoluta, lo cierto es que tambi\u00e9n ser\u00eda procedente un pronunciamiento de fondo, como consecuencia de su debilitamiento o enervamiento, en los t\u00e9rminos de la jurisprudencia constitucional, al acreditarse, de un lado, una variaci\u00f3n en el significado material de la Constituci\u00f3n en relaci\u00f3n con la problem\u00e1tica del aborto consentido y de otro, evidenciarse un nuevo contexto normativo que ha modificado el r\u00e9gimen jur\u00eddico del aborto voluntario como delito y en el cual debe estudiarse la compatibilidad del art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal con la Constituci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
95. En segundo lugar, a pesar de esta argumentaci\u00f3n, para el Procurador General de la Naci\u00f3n la Corte Constitucional carece de competencia para adelantar este juicio de constitucionalidad debido a que se est\u00e1 ante una \u201comisi\u00f3n legislativa absoluta\u201d, que solo puede ser resuelta por el Congreso de la Rep\u00fablica. Seg\u00fan se\u00f1ala, \u201cla regulaci\u00f3n integral del derecho fundamental a la IVE y la determinaci\u00f3n de la pol\u00edtica criminal, son asuntos sometidos al principio de reserva legal\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
96. Se\u00f1ala que, dado que la IVE es un derecho fundamental aut\u00f3nomo, es competencia exclusiva del Legislador regular integralmente la materia:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201cEn primer lugar, el aborto solo fue regulado por el Congreso de la Rep\u00fablica en su faceta como delito en un contexto constitucional y normativo diferente al que actualmente rige, y no desde la nueva faceta de derecho fundamental cuya regulaci\u00f3n espec\u00edfica e integral, ausente hasta el momento, es competencia del legislador. Es entonces al legislador a quien le compete garantizar que el sistema de salud permita la realizaci\u00f3n efectiva de la IVE en condiciones de cobertura, eficacia, equidad, igualdad y calidad, para asegurar la vida, dignidad, autonom\u00eda sobre el cuerpo y libre desarrollo de la personalidad de que son titulares las mujeres, ello con el fin de atender y superar las barreras existentes\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
97. De otro lado, indica que es el Congreso de la Rep\u00fablica el que debe razonablemente legislar sobre la despenalizaci\u00f3n del aborto voluntario o sobre otras circunstancias, adicionales a las se\u00f1aladas en la Sentencia C-355 de 2006, en las que deba eliminarse su criminalizaci\u00f3n:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201cEn segundo lugar, la determinaci\u00f3n de la pol\u00edtica del Estado en materia criminal se encuentra en cabeza del legislador ordinario que cuenta con un amplio margen de configuraci\u00f3n para definir los delitos y las penas, as\u00ed como para determinar la despenalizaci\u00f3n total de un determinado comportamiento que bajo otro contexto hab\u00eda advertido como delictual, o establecer en qu\u00e9 otras causales el aborto no resulta punible para, por esa v\u00eda, superar las barreras para el ejercicio de la IVE\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
1. 1. \u00a0Competencia<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
98. De conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 241.4 de la Constituci\u00f3n, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, por cuanto ella se dirige contra el art\u00edculo 122 de la Ley 599 de 2000, que establece el delito de aborto con consentimiento, consentido o voluntario, por cargos relacionados con su contenido material.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
2. Estructura de la decisi\u00f3n<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
99. Para su estudio, la Sala se pronunciar\u00e1 acerca del contenido y alcance de la disposici\u00f3n demandada \u2013T\u00edtulo 3\u2013. Justificar\u00e1 por qu\u00e9 no se presenta una omisi\u00f3n legislativa absoluta, en los t\u00e9rminos en que fue planteado por el Procurador General de la Naci\u00f3n \u2013T\u00edtulo 4\u2013. Valorar\u00e1 la aptitud sustantiva de la demanda y razonar\u00e1 por qu\u00e9 solo cuatro de los seis cargos que fueron propuestos son aptos \u2013T\u00edtulo 5\u2013. A partir del estudio del fen\u00f3meno de la cosa juzgada, justificar\u00e1, a partir de tres razones, por qu\u00e9 es procedente un pronunciamiento de fondo respecto de los cargos admitidos, a pesar de la existencia de la Sentencia C-355 de 2006 \u2013T\u00edtulo 6\u2013. Finalmente, propondr\u00e1 el problema jur\u00eddico sustancial del caso y la estructura de an\u00e1lisis \u2013T\u00edtulo 7\u2013, el cual resolver\u00e1 en los apartados restantes de la providencia \u2013t\u00edtulos 8 a 13\u2013.<\/p>\n
3. Contenido y alcance de la disposici\u00f3n demandada<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
100. El art\u00edculo 122 de la Ley 599 de 2000 (C\u00f3digo Penal) regula el tipo penal de aborto con consentimiento, consentido o voluntario. Esta disposici\u00f3n forma parte del Libro II (\u201cParte especial de los delitos en particular\u201d), T\u00edtulo I (\u201cLos delitos contra la vida y la integridad personal\u201d), Cap\u00edtulo IV (\u201cDel aborto\u201d). Hacen parte del citado cap\u00edtulo los art\u00edculos 122, 123 y 124. El primero regula el aborto con consentimiento \u2013disposici\u00f3n demandada\u2013, el segundo el aborto sin consentimiento o forzado \u2013disposici\u00f3n que no fue objeto de la demanda\u2013 y el tercero regulaba ciertas circunstancias de atenuaci\u00f3n punitiva, el cual fue declarado inexequible en la Sentencia C-355 de 2006, al considerar que, entre otras cosas, la actuaci\u00f3n de la mujer que interrumpiere voluntariamente el embarazo en los supuestos all\u00ed regulados no pod\u00eda considerarse una conducta t\u00edpica, ya que en todos ellos la mujer era v\u00edctima de un delito.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
101. La norma que se demanda es un tipo penal aut\u00f3nomo o independiente, es decir, que se aplica sin necesidad de acudir a otro tipo penal; adem\u00e1s que, antes de la expedici\u00f3n de la Sentencia C-355 de 2006, conten\u00eda una prohibici\u00f3n absoluta de interrumpir o poner fin al embarazo de manera voluntaria, so pena de la sanci\u00f3n penal; y es un tipo penal subjetivo, esto es, que solo admite la modalidad dolosa.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
102. En relaci\u00f3n con los elementos del tipo penal: (i) el bien u objeto jur\u00eddico que se protege es la vida en gestaci\u00f3n; (ii) el sujeto activo puede ser monosubjetivo, cuando es la mujer quien se causa por si\u0301 misma el aborto, o plurisubjetivo, cuando se lo causa otro con su consentimiento; (iii) el sujeto pasivo puede ser mono o plurisubjetivo, si se trata de uno o varios fetos o embriones, y (iv) y el verbo rector de la conducta es \u201ccausar\u201d un resultado concreto, que es el aborto.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
103. Aunque el contenido normativo de dicho art\u00edculo era similar al del art\u00edculo 343 del Decreto Ley 100 de 1980 (anterior C\u00f3digo Penal), cuya constitucionalidad se valor\u00f3 en la Sentencia C-133 de 1994, en la Sentencia C-355 de 2006 se indic\u00f3 que estos difer\u00edan debido a la modificaci\u00f3n en el quantum de la pena. Esta tuvo como causa el incremento prescrito por el art\u00edculo 14 de la Ley 890 de 2004, el cual dispuso que a partir de enero 1 de 2005 \u201clas penas previstas en los tipos penales contenidos en la Parte Especial del C\u00f3digo Penal se aumentar\u00e1n en la tercera parte en el m\u00ednimo\u00a0y en la mitad en el m\u00e1ximo\u201d, de all\u00ed que la Corte hubiese concluido que no se trataba de \u201cenunciados normativos id\u00e9nticos\u201d. En dicha ocasi\u00f3n, tambi\u00e9n precis\u00f3 la Sala Plena que ambas disposiciones hac\u00edan parte de contextos normativos dis\u00edmiles \u201cpues se trata de dos c\u00f3digos penales expedidos con casi veinte a\u00f1os de diferencia y que obedecen a una orientaci\u00f3n penal diferente\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
104. Con fundamento en estas distinciones, consider\u00f3 que no se configuraba el fen\u00f3meno de cosa juzgada formal respecto de la Sentencia C-133 de 1994, que hab\u00eda declarado exequible el art\u00edculo 343 del Decreto Ley 100 de 1980. Tambi\u00e9n precis\u00f3 que no se presentaba el fen\u00f3meno de la cosa juzgada absoluta, dado que se estaba ante cargos distintos a los estudiados en el a\u00f1o de 1994. A partir de este an\u00e1lisis, estim\u00f3 procedente emitir un pronunciamiento de fondo acerca de la constitucionalidad del art\u00edculo 122 de la Ley 599 de 2000.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
105. Luego del estudio de fondo correspondiente, la Corte Constitucional declar\u00f3 la exequibilidad condicionada del art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal, \u201cen el entendido que no se incurre en delito de aborto, cuando con la voluntad de la mujer, la interrupci\u00f3n del embarazo se produzca en los siguientes casos: (i) Cuando la continuaci\u00f3n del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada por un m\u00e9dico; (ii) Cuando exista grave malformaci\u00f3n del feto que haga inviable su vida, certificada por un m\u00e9dico; y, (iii) Cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminaci\u00f3n artificial o transferencia de \u00f3vulo fecundado no consentidas, o de incesto\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
106. As\u00ed, a partir de la facultad para modular sus fallos, mediante una sentencia integradora, la Corte adecu\u00f3 el contenido normativo del art\u00edculo 122 de la Ley 599 de 2000 a los preceptos de la Constituci\u00f3n que hicieron parte de los reproches formulados en su contra, y con base en los cuales realiz\u00f3 su an\u00e1lisis en tal oportunidad. Por tanto, desde hace quince a\u00f1os es posible identificar en dicha disposici\u00f3n dos contenidos normativos diferenciables: uno que contin\u00faa sancionando penalmente el aborto con consentimiento en la generalidad de los casos y otro en el que la conducta resulta at\u00edpica cuando corresponda a alguno de los tres supuestos del condicionamiento previamente referido.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
107. Esta distinci\u00f3n, se insiste, tuvo como causa el estudio de los cargos espec\u00edficamente propuestos hace quince a\u00f1os y conforme al problema jur\u00eddico planteado y resuelto en dicha oportunidad, lo cual le permiti\u00f3 a esta corporaci\u00f3n circunscribir su an\u00e1lisis a tres circunstancias espec\u00edficas respecto de las que estim\u00f3 que sancionar el aborto con consentimiento era \u201cmanifiestamente desproporcionado\u201d, sin que en dicha oportunidad se hubiera ocupado de valorar otros supuestos en los que el art\u00edculo cuestionado pudiera entrar en tensi\u00f3n con mandatos superiores.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
108. Finalmente, es relevante precisar que la delimitaci\u00f3n del alcance de este contenido normativo del art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal introducido por la Sentencia C-355 de 2006 no se ha restringido a este pronunciamiento, ya que la Corte Constitucional, en sede de revisi\u00f3n de tutela, se ha pronunciado con posterioridad respecto de su alcance concreto en las sentencias T-171 de 2007, T-988 de 2007, T-209 de 2008, T-946 de 2008, T-388 de 2009, T-585 de 2010, T-636 de 2011, T-959 de 2011, T-841 de 2011, T-627 de 2012, T-532 de 2014, T-301 de 2016, T-731 de 2016, T-697 de 2016, T-931 de 2016 y SU-096 de 2018.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
109. Como se aprecia, a partir de la expedici\u00f3n de la Sentencia C-355 de 2006, el contenido normativo del art\u00edculo 122 de la Ley 599 de 2000 ha variado; aunque el aborto con consentimiento contin\u00faa siendo un delito en la generalidad de los casos, no lo es en los tres supuestos se\u00f1alados en dicha providencia, y la jurisprudencia de revisi\u00f3n posterior ha precisado la comprensi\u00f3n de esta dualidad.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
4. Ausencia de omisi\u00f3n legislativa absoluta<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
110. En relaci\u00f3n con la posible omisi\u00f3n legislativa absoluta que, en opini\u00f3n del Procurador General de la Naci\u00f3n, impedir\u00eda a la Corte emitir un pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad de la disposici\u00f3n que se demanda, la Corte considera que no le asiste raz\u00f3n, pues no se verifica la ausencia total de regulaci\u00f3n o la inexistencia de un referente normativo que se pueda confrontar con la Constituci\u00f3n. Por el contrario, el contenido normativo de la disposici\u00f3n demandada, cuya inexequibilidad se pretende, es claramente contrastable con la Carta. Se trata de una disposici\u00f3n que profiere el Legislador como manifestaci\u00f3n del poder punitivo del Estado, en ejercicio de su margen de configuraci\u00f3n para definir los delitos y las penas.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
111. Para la Sala lo que realmente plantea el Procurador es que de la Constituci\u00f3n se desprende un mandato dirigido al Legislador para que regule los derechos reproductivos de las mujeres, mandato que, a su juicio, el Congreso de la Rep\u00fablica ha omitido de manera absoluta. Sin embargo, de que esto sea as\u00ed no se sigue que la Corte carezca de competencia para valorar la demanda que se presenta, ya que esta pretende la declaratoria de inexequibilidad de la regulaci\u00f3n del delito de aborto con consentimiento, es decir, la exclusi\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico de un contenido normativo \u2013verificable, cierto y determinado\u2013, que en opini\u00f3n de las demandantes resulta contrario a la Constituci\u00f3n. As\u00ed las cosas, la Corte no constata una inactividad o una omisi\u00f3n de regulaci\u00f3n en relaci\u00f3n con el delito de aborto voluntario; todo lo contrario, la Sala verifica que la norma demandada, el art\u00edculo 122 de la Ley 599 de 2000, fue expedida por el Legislador con fundamento en el art\u00edculo 150.2 de la Constituci\u00f3n y goza de un contenido concreto que puede ser contrastado con la norma superior.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
5. An\u00e1lisis de la aptitud sustantiva de la demanda<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
112. La demanda se admiti\u00f3 mediante auto del 19 de octubre de 2020, aplicando en dicha oportunidad el principio pro actione. Su admisi\u00f3n, en todo caso, no restringe la competencia de la Sala Plena para pronunciarse acerca de su aptitud, al momento de decidir definitivamente sobre la demanda de inconstitucionalidad.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
113. Como se precis\u00f3, en algunas intervenciones ciudadanas se solicit\u00f3 a la Corte que se inhiba de emitir un pronunciamiento de fondo, al considerar que la demanda no cumple los requisitos m\u00ednimos exigidos para su admisi\u00f3n. Para la Sala, el hecho de que, en el marco de un proceso p\u00fablico y participativo, en varias de las intervenciones se solicite un fallo inhibitorio, impone que se vuelva a examinar, con mayores elementos de juicio, la aptitud sustantiva de la demanda. Esto es as\u00ed, ya que en esta etapa del proceso la Sala Plena cuenta con las intervenciones ciudadanas y el concepto del Procurador General de la Naci\u00f3n, que aportan mayores elementos de juicio al di\u00e1logo constitucional.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
114. De conformidad con lo dispuesto por el art\u00edculo 2 del Decreto Ley 2067 de 1991, las demandas de inconstitucionalidad deben se\u00f1alar: (i) las normas acusadas como inconstitucionales; (ii) las disposiciones constitucionales que se consideran infringidas; (iii) las razones por las cuales dichos textos han sido violados; (iv) en caso de que se cuestione el correcto tr\u00e1mite legislativo, el procedimiento que habr\u00eda debido observarse y, en todos los casos, (v) la raz\u00f3n por la cual la Corte es competente. En especial, respecto de las razones por las cuales dichos textos han sido violados, esta Corte ha precisado que los demandantes tienen el deber de definir correctamente un concepto de violaci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual tienen \u201cuna carga de contenido material y no simplemente formal\u201d, en el sentido de que no basta que el cargo formulado contra las normas legales se estructure a partir de cualquier tipo de razones o motivos, sino que se requiere que estas sean \u201cclaras, ciertas, espec\u00edficas, pertinentes y suficientes\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
115. El cargo es claro si permite comprender el concepto de violaci\u00f3n alegado. Lo que significa que la argumentaci\u00f3n: (i) tenga un hilo conductor l\u00f3gico, (ii) permita diferenciar con facilidad las ideas expuestas y los razonamientos sean sencillamente comprensibles y (iii) se\u00f1ale por qu\u00e9 se considera que la norma legal es inconstitucional.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
116. El cargo es cierto si: (i) recae sobre una proposici\u00f3n jur\u00eddica presente en el ordenamiento jur\u00eddico; (ii) ataca la norma acusada y no otra no mencionada en la demanda; (iii) no infiere consecuencias subjetivas de las disposiciones demandadas, ni se fundamenta en conjeturas, presunciones, sospechas o creencias\u00a0de quien demanda respecto de la norma cuya constitucionalidad cuestiona; (iv) no extrae de las disposiciones que se demandan efectos que ellas no contemplan objetivamente; (v) las proposiciones jur\u00eddicas acusadas devienen objetivamente del\u00a0texto normativo; y, finalmente, (vi) cuando se demanda una interpretaci\u00f3n de una norma, esta es plausible y se desprende del contenido normativo que se acusa.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
117. En cuanto a la especificidad del cargo, este debe: (i) evidenciar una acusaci\u00f3n de inconstitucionalidad contra la disposici\u00f3n atacada; (ii) relacionarse directamente con la norma demandada y no tener como causa exposiciones vagas,\u00a0indeterminadas, indirectas, abstractas y globales, que no permitan directamente realizar un juicio de constitucionalidad y (iii) tratarse de una efectiva acusaci\u00f3n de inconstitucionalidad, raz\u00f3n por la cual sus fundamentos deben ser determinados, concretos, precisos y particulares en relaci\u00f3n con la norma acusada.<\/p>\n
<\/p>\n
118. La pertinencia del cargo exige que: (i) se desprenda l\u00f3gicamente del contenido normativo de la disposici\u00f3n que se acusa; (ii) tenga una naturaleza constitucional, es decir, que contraponga normas de inferior categor\u00eda a las normas constitucionales y (iii) contenga razonamientos de orden constitucional, esto es, no basados en argumentos legales o doctrinarios, ni en acaecimientos particulares,\u00a0hechos personales, vivencias propias, sucesos y ocurrencias reales o imaginarias, en las que supuestamente se hubiere aplicado o ser\u00e1\u00a0aplicada la norma demandada, ni en deseos personales, anhelos sociales del accionante o en su querer en relaci\u00f3n con una pol\u00edtica social.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
120. Por \u00faltimo, trat\u00e1ndose de un cargo de inconstitucionalidad por violaci\u00f3n del principio de igualdad, existe una especial y mayor carga argumentativa orientada a identificar, con claridad, los sujetos, grupos o situaciones comparables, frente a los cuales la medida acusada introduce un trato discriminatorio, y la raz\u00f3n por la cual se considera que el mismo no se justifica. As\u00ed mismo, esta corporaci\u00f3n ha manifestado que el principio de igualdad constitucional no excluye el trato diferenciado. Por el contrario, el principio de diferencia materializa la igualdad en cuanto se trate de medidas afirmativas. La igualdad as\u00ed concebida no significa, por tanto, que el Legislador deba asignar a todas las personas id\u00e9ntico tratamiento jur\u00eddico, porque no todas ellas se encuentran en situaciones f\u00e1cticas similares ni en iguales condiciones.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
121. Solo con el cumplimiento de estas exigencias le es posible al juez constitucional realizar la confrontaci\u00f3n de las normas impugnadas con el texto constitucional. Por tanto, al momento de realizar el an\u00e1lisis detallado de los requerimientos se\u00f1alados, si los encuentra incumplidos, la Corte deber\u00e1 declararse inhibida por ineptitud sustantiva de la demanda, de manera que se deje abierta la posibilidad de que los ciudadanos puedan \u00a0cuestionar en el futuro la disposici\u00f3n acusada.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
5.1. An\u00e1lisis de aptitud de los cargos formulados por la presunta violaci\u00f3n del derecho a la IVE y del derecho a la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
122. Las demandantes plantean como primer cargo la presunta violaci\u00f3n del derecho a la IVE y un segundo cargo por la supuesta vulneraci\u00f3n del derecho a la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. De igual manera, sostienen que, en relaci\u00f3n con ambos cargos, se desconoce la garant\u00eda constitucional de la igualdad. Dada la estrecha relaci\u00f3n de este \u00faltimo aspecto con el cargo que proponen las accionantes por desconocimiento del derecho a la igualdad de las mujeres en situaci\u00f3n migratoria irregular, la Sala har\u00e1 una valoraci\u00f3n conjunta de estas razones en el estudio de aptitud de este \u00faltimo cargo, al cual integrar\u00e1 las razones relacionadas con el presunto desconocimiento del derecho a la igualdad de las mujeres en situaci\u00f3n de vulnerabilidad.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
123. Luego de analizar los argumentos planteados para sustentar los dos primeros cargos, la Corte concluye que ambos se construyen a partir de la misma tesis. En otras palabras, en ambos cargos se sostiene como argumento principal que la penalizaci\u00f3n del aborto consentido constituye la barrera m\u00e1s importante para la materializaci\u00f3n del derecho fundamental a la salud de las mujeres, en particular, de sus derechos sexuales y reproductivos y, a su vez, para el acceso al procedimiento de IVE como componente esencial de estos. En efecto, las demandantes afirman que al mantener la norma demandada en el ordenamiento se incumple con obligaciones tanto negativas como positivas que se derivan de las mencionadas garant\u00edas constitucionales y que las autoridades estatales deben cumplir. En consecuencia, la Corte estudiar\u00e1 la aptitud de estos cargos de manera conjunta.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
124. Tales cargos, en primer lugar, son claros, en tanto la argumentaci\u00f3n tiene un hilo conductor y las ideas expuestas son f\u00e1cilmente comprensibles.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
125. Igualmente, cumplen el requisito de certeza. Debe recordarse que este Tribunal, a partir de la Sentencia C-355 de 2006, declar\u00f3 que no se incurre en delito de aborto cuando, con la voluntad de la mujer, la interrupci\u00f3n del embarazo se produzca en los tres casos a que dicha sentencia se refiere. Bajo este fundamento, las demandantes sostienen que la inconstitucionalidad de la disposici\u00f3n demandada se deriva, entre otras razones, de la forma en que se mantiene la penalizaci\u00f3n del aborto, constituy\u00e9ndose en el principal obst\u00e1culo para garantizar la IVE en los supuestos que dejaron de ser delito a partir de la Sentencia C-355, pues impide la adecuada garant\u00eda de esta prestaci\u00f3n positiva adscrita al derecho a la salud, en tanto imposibilita una correcta informaci\u00f3n al respecto e incluso siguen existiendo denuncias y adelant\u00e1ndose procesos penales a pesar de que el aborto se lleve a cabo en los tres escenarios despenalizados.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
126. A su vez, advierten que la disposici\u00f3n acusada mantiene una medida que no s\u00f3lo no facilita, ni promueve ni afirma, sino que obstruye el acceso al procedimiento de IVE como servicio de salud reproductiva que requieren todas las mujeres. Aunado a ello, las demandantes se\u00f1alan que se trata de un componente del derecho a la salud \u2013reproductiva\u2013 y que se erige como una garant\u00eda fundamental para la realizaci\u00f3n de todos sus dem\u00e1s derechos humanos.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
127. En ese sentido, sostienen que la disposici\u00f3n contraviene las obligaciones estatales inmediatas en dicha materia. Lo que lleva a concluir que, en principio, una confrontaci\u00f3n objetiva de la disposici\u00f3n demandada con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres permitir\u00eda observar una vulneraci\u00f3n de esta garant\u00eda.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
128. De otro lado, la demanda es espec\u00edfica. Las demandantes sostienen que, con la penalizaci\u00f3n del aborto, el Estado colombiano incumple una serie de deberes, dentro de los que resaltan, por una parte, unas obligaciones de no hacer, consistentes en abstenerse de imponer obst\u00e1culos y dilaciones ileg\u00edtimas e injustificadas a la pr\u00e1ctica del procedimiento de IVE y de discriminar a las mujeres que opten por este. Y por otra, un conjunto de obligaciones positivas o de hacer, como, por ejemplo, de respeto o garant\u00eda, que implican desarrollar todas aquellas actividades que sean necesarias para que las mujeres que solicitan el procedimiento de IVE accedan a este en condiciones adecuadas, incluyendo la remoci\u00f3n de barreras normativas; el deber de informaci\u00f3n oportuna, suficiente, veraz y adecuada en materia reproductiva; la garant\u00eda de disponibilidad del procedimiento de IVE en todo el territorio nacional, en cualquier etapa del embarazo, en todos los niveles de complejidad y en circunstancias libres de violencia obst\u00e9trica y la garant\u00eda del derecho a decidir libremente sobre la IVE, entre otras.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
129. En igual sentido, se\u00f1alan de manera precisa la forma en que la disposici\u00f3n desconoce las diferentes obligaciones que se derivan del derecho a la salud establecido en el art\u00edculo 49 superior. Al respecto, sostienen que la disposici\u00f3n demandada vulnera tres obligaciones contenidas en la Ley Estatutaria 1751 de 2015 (art\u00edculo 5), en la jurisprudencia constitucional (Sentencia SU-096 de 2018, entre otras) y en la Observaci\u00f3n General No. 14 del Comit\u00e9 DESC, a saber: (i) cumplir con el derecho a la salud sexual y reproductiva en sus niveles m\u00ednimos o esenciales en materia de disponibilidad, accesibilidad, calidad, idoneidad del profesional de la salud y sin discriminaci\u00f3n; (ii) proteger el derecho a la salud, as\u00ed como (iii) respetarlo, lo que deriva en una obligaci\u00f3n negativa inmediata, no sujeta a progresividad y que no constituye una carga desproporcionada para los Estados en t\u00e9rminos de recursos.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
130. A su vez, el cargo es pertinente, ya que los planteamientos expuestos se dirigen a demostrar, seg\u00fan las demandantes, la vulneraci\u00f3n del derecho a la IVE, que estiman protegido por la Corte desde el a\u00f1o 2006 (sentencias C-355 de 2006, C-754 de 2015 y SU-096 de 2018, entre otras). En ese sentido, afirman que las principales barreras para acceder al procedimiento son impuestas por el Estado y que estas se profundizan al mantener la norma demandada en el ordenamiento jur\u00eddico. As\u00ed mismo, sostienen que se desconoce el derecho fundamental a la salud establecido en el art\u00edculo 49 de la Constituci\u00f3n y se incumplen obligaciones que se derivan de este y que han sido reconocidas no solo por esta Corte, sino por instrumentos internacionales sobre la materia. Es decir, se presentan argumentos de car\u00e1cter constitucional, y no meramente legal, y no se basan en interpretaciones subjetivas o suposiciones.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
131. Finalmente, la demanda aporta amplios elementos de juicio como informes, estad\u00edsticas y conceptos, emitidos por Relator\u00edas Especiales de Naciones Unidas, observaciones generales e incluso decisiones de este Tribunal, entre otros, sobre la necesidad de despenalizaci\u00f3n del aborto. Los argumentos son desarrollados ampliamente y generan duda sobre la constitucionalidad de la norma demandada, por lo que se encuentra acreditado el requisito de suficiencia.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
5.2. An\u00e1lisis de aptitud del cargo formulado por la presunta vulneraci\u00f3n del derecho a la igualdad de las mujeres en situaci\u00f3n de vulnerabilidad y en situaci\u00f3n migratoria irregular<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
132. Las demandantes sostienen, en cargos distintos \u2013los cargos primero, segundo y tercero, a los que se hizo referencia\u2013, que la penalizaci\u00f3n del aborto consentido por fuera de las tres causales a las que se refiere la Sentencia C-355 de 2006 vulnera, de un lado, el derecho a la igualdad de las mujeres y ni\u00f1as en situaci\u00f3n de vulnerabilidad y, de otro lado, el derecho a la igualdad de aquellas que se encuentran en el pa\u00eds en situaci\u00f3n migratoria irregular.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
133. Luego de analizar los argumentos expresados para sustentar cada una de estas acusaciones, se concluye que ambas se construyen a partir de la misma tesis, esto es, que el art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal, aunque se muestra neutral en su texto, genera una discriminaci\u00f3n indirecta a tales grupos de personas, pues las impacta de una manera diferente, evidentemente m\u00e1s desproporcionada, que a la generalidad de las mujeres a las que identifica como sujetos activos de la conducta de aborto consentido. Lo anterior, por cuanto la situaci\u00f3n particular de estas mujeres las expone en mayor medida a la pr\u00e1ctica de abortos inseguros que ponen en grave riesgo sus derechos a la salud y a la vida, as\u00ed como a m\u00faltiples barreras de acceso al procedimiento de IVE.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
134. Se observa, en primer lugar, que el cargo es claro, en tanto los argumentos expuestos por las demandantes siguen un hilo conductor l\u00f3gico y son f\u00e1cilmente comprensibles.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
136. En tercer lugar, el cargo cumple con la carga de especificidad, pues las demandantes exponen argumentos concretos con base en los cuales es posible constatar de qu\u00e9 manera la disposici\u00f3n demandada se opone al principio de igualdad. Seg\u00fan afirman, la penalizaci\u00f3n del aborto consentido genera una discriminaci\u00f3n indirecta que viola el derecho a la igualdad de las mujeres vulnerables y en situaci\u00f3n migratoria irregular porque las afecta de una manera evidentemente desproporcionada, m\u00e1s que a la generalidad de las mujeres. Esto, en la medida en que las mujeres m\u00e1s vulnerables, de un lado, est\u00e1n mayormente expuestas a la pr\u00e1ctica de abortos inseguros que ponen en riesgo sus derechos a la salud y a la vida y, de otro lado, enfrentan barreras diferenciales para acceder a la IVE, derivadas de factores geogr\u00e1ficos, econ\u00f3micos, sociales y culturales. En otras palabras, las demandantes sostienen que las consecuencias que se derivan de la aplicaci\u00f3n de una norma aparentemente neutra, en la pr\u00e1ctica, tienen un impacto adverso y desproporcionado sobre grupos de personas que han sido tradicionalmente marginadas o discriminadas.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
137. En cuarto lugar, el cargo satisface el requisito de pertinencia, pues se fundamenta en razones de naturaleza constitucional y no de simple conveniencia o correcci\u00f3n de las decisiones legislativas. En efecto, el argumento de discriminaci\u00f3n indirecta que sustenta la acusaci\u00f3n de las demandantes confronta la disposici\u00f3n demandada con un principio de rango superior, esto es, el derecho a la igualdad reconocido tanto en el art\u00edculo 13 de la Constituci\u00f3n como en instrumentos internacionales de derechos humanos que hacen parte del bloque de constitucionalidad. En particular, se contrapone al art\u00edculo 9 de la Convenci\u00f3n de Belem do Par\u00e1, que obliga a los Estados parte a tener especialmente en cuenta la situaci\u00f3n de vulnerabilidad a la violencia que puedan sufrir las mujeres en raz\u00f3n, entre otras, de su condici\u00f3n de migrantes, desplazadas, menores de edad o de su situaci\u00f3n socioecon\u00f3mica desfavorable o afectada por el conflicto armado.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
138. Cabe anotar que, si bien las demandantes enfatizan en las consecuencias que la aplicaci\u00f3n de la disposici\u00f3n demandada genera en los grupos de personas que consideran especialmente afectados, estas razones (i) no obedecen a simples hip\u00f3tesis o suposiciones, pues est\u00e1n respaldadas por informaci\u00f3n oficial y de organizaciones no gubernamentales, y (ii) son necesarias para comprender la afectaci\u00f3n diferencial e indirecta que, en su criterio, el art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal provoca en las mujeres vulnerables y en situaci\u00f3n migratoria irregular.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
139. En quinto lugar, y derivado del cumplimiento de los requisitos anteriores, los argumentos que sustentan el cargo son suficientes para generar, al menos, una duda inicial sobre la constitucionalidad de la disposici\u00f3n demandada, que torna procedente el an\u00e1lisis de fondo por parte del juez constitucional.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
140. Finalmente, se constata que el cargo satisface la carga argumentativa especial que se exige cuando se alega la vulneraci\u00f3n del derecho a la igualdad. En efecto, las demandantes:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
141. (i) Identifican los grupos de personas objeto de comparaci\u00f3n: de un lado, las mujeres que se encuentran en una situaci\u00f3n de vulnerabilidad derivada de condiciones geogr\u00e1ficas, sociales y econ\u00f3micas, y las mujeres en situaci\u00f3n migratoria irregular. De otro lado, la generalidad de las mujeres a las que la norma demandada identifica como sujetos activos de la conducta de aborto consentido prevista en el art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
142. (ii) Identifican el patr\u00f3n de igualdad que permite comparar a tales grupos de personas, esto es, que ambos est\u00e1n cobijados por los efectos de la disposici\u00f3n demandada y, en particular, por las intensas afectaciones que generar\u00eda tanto en sus derechos a la salud y a la vida, como en el acceso al procedimiento de la IVE.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
143. (iii) Explican que a pesar de que la disposici\u00f3n demandada es aparentemente neutral en su texto, discrimina de manera indirecta a las mujeres vulnerables y en situaci\u00f3n migratoria irregular, lo que las impacta de una manera diferente (evidentemente m\u00e1s desproporcionada), en comparaci\u00f3n con la generalidad de las mujeres. En otras palabras, advierten que dicha norma genera un trato diferenciado entre grupos de personas que deber\u00edan ser tratadas de la misma forma.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
144. (iv) Explican por qu\u00e9 dicho trato diferenciado carece de justificaci\u00f3n constitucional. En su criterio, si bien el art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal persigue finalidades imperiosas, esto es, proteger la vida en gestaci\u00f3n y, al mismo tiempo, permitir la IVE en las tres circunstancias previstas en la Sentencia C-355 de 2006, la penalizaci\u00f3n categ\u00f3rica del aborto (a) no es una medida necesaria, pues existen otras formas de proteger la vida prenatal que garantizan en mayor medida los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como mejorar el acceso a los servicios de salud materna, a los controles prenatales, a la anticoncepci\u00f3n y a la propia IVE en las circunstancias permitidas. Adem\u00e1s, (b) es una medida desproporcionada, pues no tiene en cuenta los obst\u00e1culos concretos que la situaci\u00f3n particular de las mujeres vulnerables y en situaci\u00f3n migratoria irregular les impone para acceder al procedimiento de IVE y que ponen en grave riesgo sus derechos a la salud y a la vida, al incrementar las probabilidades de que acudan a un aborto inseguro.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
5.3. An\u00e1lisis de aptitud del cargo formulado por la presunta violaci\u00f3n del derecho a la libertad de profesi\u00f3n y oficio del personal de la salud<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
145. Las demandantes consideran que mantener la tipificaci\u00f3n del aborto en el C\u00f3digo Penal \u2013excluyendo las causales previstas en la Sentencia C-355 de 2006\u2013 vulnera el art\u00edculo 26 de la Constituci\u00f3n, por cuanto produce una ambig\u00fcedad que no garantiza las condiciones para la libre pr\u00e1ctica de este procedimiento por parte de los profesionales de la salud, quienes deben, de un lado, convivir con la obligaci\u00f3n de asegurar el procedimiento de IVE en tres circunstancias despenalizadas, mientras que, al mismo tiempo, pende sobre ellos y sobre las mujeres que atienden \u2013de cuya salud son responsables\u2013 la \u201camenaza del crimen de aborto\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
146. Si bien el argumento es claro, en la medida en que se entiende el planteamiento formulado, carece de certeza, pues el cargo se sustenta en: (i) la posible intimidaci\u00f3n que la norma acusada genera en los profesionales de la salud, quienes deben decidir en cada caso individual si se cumplen los requisitos legales para que el aborto no constituya un delito; (ii) la presunta estigmatizaci\u00f3n que podr\u00edan sufrir dichos profesionales; (iii) el presunto favorecimiento para el desconocimiento y la falta de formaci\u00f3n de los prestadores de servicios de salud, lo que genera consecuencias nocivas para las mujeres que optan por la IVE, y, por \u00faltimo, (iv) que la penalizaci\u00f3n del aborto impide la prestaci\u00f3n del servicio de IVE desde la autonom\u00eda m\u00e9dica, consecuencias todas que a juicio de la Sala no se desprenden objetivamente de la norma demandada.<\/p>\n
147. Adicionalmente, el cargo tampoco es pertinente, porque si bien \u2013tal y como la demanda lo indica\u2013 el tipo penal del aborto y las causales de la Sentencia C-355 de 2006 exigen a los prestadores de los servicios de salud una decisi\u00f3n compleja, esto es, que, de acuerdo con sus conocimientos e interpretaciones califiquen un mismo hecho \u2013las razones dadas para la interrupci\u00f3n de un embarazo\u2013 como legales o como el fundamento de la posible comisi\u00f3n de un delito, situaci\u00f3n que para muchos puede resultar desproporcionada, este argumento no es de naturaleza constitucional. Por el contrario, obedece a valoraciones relacionadas con la dificultad que en la pr\u00e1ctica representa la aplicaci\u00f3n de la norma demandada, concretamente las causales despenalizadas en la referida sentencia.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
148. Igual valoraci\u00f3n merecen los argumentos sobre las presuntas persecuciones de que son objeto los profesionales de la salud por parte de los entes de control y el temor a ser juzgados, estigmatizados o etiquetados como asesinos o abortistas, as\u00ed como la escasa formaci\u00f3n de los profesionales de la salud para practicar el procedimiento de IVE. En efecto, el an\u00e1lisis realizado en la demanda no se desprende directamente del art\u00edculo 26 constitucional y, por tanto, no es posible verificar si existe una contradicci\u00f3n objetiva entre esa norma superior y la disposici\u00f3n legal demandada.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
149. Por \u00faltimo, la demanda precisa que el Estado debe garantizar las condiciones para el libre ejercicio de las profesiones u oficios; sin embargo, al mismo tiempo, puede imponer restricciones, l\u00edmites y controles, que, en todo caso, no podr\u00e1n atentar contra los derechos fundamentales ni el inter\u00e9s general. Estas razones no son espec\u00edficas ni suficientes.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
150. En efecto, las demandantes omiten explicar por qu\u00e9 la restricci\u00f3n que la norma demandada impone al personal de la salud es inconstitucional. Se limitan a se\u00f1alar que la persistencia de la sanci\u00f3n penal en ella prevista no garantiza las condiciones para el libre ejercicio de los y las profesionales de la salud, a quienes se les imponen restricciones, l\u00edmites y controles al ejercicio de su profesi\u00f3n, que atentan contra sus derechos fundamentales y los de las mujeres que buscan acceder al servicio de IVE en condiciones de seguridad y legalidad, as\u00ed como contra el inter\u00e9s general de prestar atenci\u00f3n en salud, todo esto sin brindar argumentos de orden constitucional.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
5.4. An\u00e1lisis de aptitud del cargo formulado por la presunta violaci\u00f3n de la libertad de conciencia y del principio de Estado laico<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
151. El cargo es claro, en la medida en que de su lectura es f\u00e1cil comprender que, seg\u00fan las demandantes, la norma cuestionada vulnera la libertad de conciencia desde dos perspectivas: (i) una construida desde la libertad de religi\u00f3n o culto, y (ii) otra que tiene que ver con la construcci\u00f3n personal m\u00e1s all\u00e1 de la identidad religiosa, es decir, de la moral.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
152. En t\u00e9rminos generales, de acuerdo con la primera de ellas, se vulneran \u201clos l\u00edmites del derecho a la libertad de religi\u00f3n y cultos\u201d, debido al alto contenido religioso sobre el cual est\u00e1 soportada la discusi\u00f3n en torno al aborto, yendo en contra de aquellas mujeres que no se vinculan a ninguna creencia relacionada con la existencia de un dios. Sostienen que, en un Estado laico, no se pueden imponer o defender normas, valores o principios morales particulares, ligados a una religi\u00f3n determinada, por cuanto se estar\u00edan confiriendo consecuencias jur\u00eddicas desfavorables o de desventaja contra las personas o comunidades que no comparten la pr\u00e1ctica religiosa mayoritaria, bien porque ejercen otro credo, porque no comparten ninguno o, incluso, porque manifiestan su abierta oposici\u00f3n a toda dimensi\u00f3n trascendente.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
153. Desde la segunda perspectiva, es decir, aquella que encuentra fundamento en convicciones personales que no son de contenido religioso, la norma demandada quebrantar\u00eda \u201cla garant\u00eda de las mujeres a actuar en pro de su libertad de conciencia\u201d, esto es, que en ejercicio de la autonom\u00eda reproductiva la mujer deber\u00eda gozar de plena facultad para adoptar una decisi\u00f3n sustentada en el sistema de valores producto de sus convicciones ideol\u00f3gicas construidas sobre la base de la experiencia moral, como parte de su interacci\u00f3n con su contexto social, pol\u00edtico y econ\u00f3mico; m\u00e1s aun, teniendo en cuenta que es ella quien asume el proceso de gestaci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
154. El primero de los planteamientos que exponen las demandantes parte de la premisa de que la norma demandada es producto de una construcci\u00f3n religiosa para la protecci\u00f3n de la vida prenatal y que, por ende, trasgrede el principio del Estado laico en que se funda la Constituci\u00f3n. La Sala encuentra que este planteamiento se basa en estimaciones subjetivas de las demandantes y en proposiciones jur\u00eddicas que no se desprenden objetivamente de la disposici\u00f3n demandada, por lo que no encuentra acreditado el requisito de certeza.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
155. En esa medida, al no demostrar, siquiera sumariamente, de qu\u00e9 manera la norma demandada vulnera la libertad de religi\u00f3n o culto y el Estado laico, el cargo carece de especificidad y pertinencia, pues se basa en meros razonamientos subjetivos y apreciaciones de las demandantes, de los cuales no se advierte una acusaci\u00f3n concreta de oposici\u00f3n a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
156. As\u00ed mismo, el cargo no brinda los argumentos necesarios y suficientes que permitan aceptarlo como razonable, esto es, no hay evidencia de que la norma demandada sea producto de una concepci\u00f3n religiosa espec\u00edfica, impuesta por el Legislador. En efecto, las afirmaciones en el sentido de: (i) que \u201cColombia como un Estado laico no puede imponer o defender normas, valores o principios morales particulares ligados con una religi\u00f3n determinada\u201d, (ii) que \u00a0\u201clas confesiones religiosas se basan en herramientas normativas vigentes como el art\u00edculo 122 de la Ley 599 de 2000 para institucionalizar dogmas constitutivos de imposiciones que a todas luces atentan contra la f\u00f3rmula del Estado Laico\u201d, o (iii) \u201cel desproporcionado reconocimiento que el Estado ha otorgado y que raya con la exclusi\u00f3n de distintas religiones y creencias existentes, as\u00ed como frente a las personas o grupos de personas que disienten de la pertenencia a determinado credo religioso\u201d no dan cuenta del car\u00e1cter confesional que las demandantes le atribuyen a la norma que cuestionan.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
157. Ahora bien, la otra perspectiva, relacionada con el derecho a la libertad de conciencia y su posible vulneraci\u00f3n, presenta argumentos diferentes que merecen distinta valoraci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
158. As\u00ed, los planteamientos de las demandantes son ciertos, pues ofrecen una interpretaci\u00f3n plausible del contenido de la norma acusada, ya que efectivamente va dirigida a la mujer que decide interrumpir su embarazo \u2013sujeto activo del delito de aborto voluntario\u2013, quien tambi\u00e9n es titular del derecho a la libertad de conciencia y a la autodeterminaci\u00f3n, lo que implica tener autonom\u00eda para definir su plan de vida. Esto incluir\u00eda, a juicio de las demandantes, m\u00faltiples aspectos, entre ellos, si desea o no asumir la maternidad.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
159. Adem\u00e1s, las razones expuestas son espec\u00edficas y pertinentes, en la medida en que permiten confrontar la libre determinaci\u00f3n de la mujer para optar o no por la maternidad, derivada de su derecho a libertad de conciencia, y la norma demandada, que castiga a esa misma mujer que decide abortar haciendo uso de esa libertad, seg\u00fan afirman. De esa manera, se comprueba la existencia de una oposici\u00f3n objetiva y verificable entre el contenido de la disposici\u00f3n legal que se acusa y la libertad de conciencia que garantiza el ordenamiento superior, con base en las razones de naturaleza constitucional expresadas.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
160. As\u00ed mismo, la demanda suministra elementos que generan una duda razonable sobre la constitucionalidad de la norma que se acusa, porque, adem\u00e1s de lo expuesto, se\u00f1alan que: (i) el delito de aborto consentido obliga a las mujeres a actuar conforme a consideraciones que no necesariamente coinciden con su conciencia; (ii) este delito persigue a la mujer por tomar decisiones sobre su propia existencia con base en su autodeterminaci\u00f3n, y (iii) debe ser la mujer la que, a partir de sus convicciones religiosas, morales, \u00e9ticas, espirituales y de conciencia, tome la decisi\u00f3n sobre continuar o no con un embarazo. Por tanto, los argumentos planteados son suficientes para que la Corte pueda asumir el estudio de constitucionalidad de la norma demandada en virtud de este cargo.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
5.5. An\u00e1lisis de aptitud del cargo formulado por la presunta violaci\u00f3n de los principios constitucionales sobre los fines de la pena y los est\u00e1ndares constitucionales m\u00ednimos de la pol\u00edtica criminal<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
161. Este \u00faltimo cargo cumple con el requisito de claridad, en tanto es comprensible el inter\u00e9s de las demandantes en que esta corporaci\u00f3n revise la proporcionalidad entre la protecci\u00f3n del bien jur\u00eddico de la vida en gestaci\u00f3n mediante la penalizaci\u00f3n del aborto y el impacto que esta genera en los derechos fundamentales de las mujeres, en particular a la luz de los nuevos est\u00e1ndares internacionales.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
162. Para las demandantes, el delito de aborto con consentimiento desconoce las finalidades retributiva \u2013correspondencia entre la lesi\u00f3n y la sanci\u00f3n\u2013 y preventiva de la pena \u2013reducci\u00f3n del \u00edndice de lesiones al bien jur\u00eddico tutelado con el tipo penal, prevenci\u00f3n general y especial\u2013. Adem\u00e1s, afirman que contraviene el car\u00e1cter de ultima ratio del derecho penal al omitir considerar otras v\u00edas distintas a la imposici\u00f3n de una sanci\u00f3n penal para tutelar el inter\u00e9s jur\u00eddico que envuelve la vida en gestaci\u00f3n. Estas circunstancias, se afirma en la demanda, se oponen abiertamente a la realizaci\u00f3n de los fines del Estado y a la materializaci\u00f3n de un orden justo, principios fundantes de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
163. Adicionalmente, en la demanda se expone, con base en diversos estudios, que el delito de aborto y su sanci\u00f3n de pena privativa de la libertad no desestimulan ni disminuyen la comisi\u00f3n de la conducta tipificada. Es decir, la penalizaci\u00f3n del aborto no logra proteger la expectativa de vida que representa el nasciturus; todo lo contrario, genera un resultado completamente opuesto, en tanto incrementa el n\u00famero de abortos, como lo confirman diversos estudios a nivel mundial. As\u00ed las cosas, no hay una retribuci\u00f3n o coherencia entre el inter\u00e9s de proteger la expectativa de vida que representa el sujeto en formaci\u00f3n y el da\u00f1o que genera la norma demandada en los derechos fundamentales de las mujeres gestantes (seres humanos con vida independiente) a la libertad, la autonom\u00eda, la dignidad y la igualdad, entre otros.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
165. Adem\u00e1s, las demandantes se\u00f1alan que la decisi\u00f3n de mantener vigente el delito de aborto voluntario no se fundamenta en datos emp\u00edricos, ni valora los costos de la criminalizaci\u00f3n, pues la penalizaci\u00f3n del aborto ha resultado ser altamente onerosa para la vida, libertad, integridad, salud e igualdad de las mujeres, adem\u00e1s de generadora de costos econ\u00f3micos elevados para los sistemas de salud. Ello, aun cuando \u201c[t]ales valores podr\u00edan reducirse en forma significativa, al proveer servicios de manera oportuna en instituciones de primer nivel y mediante el uso de m\u00e9todos de aborto seguro, no invasivos y menos costosos\u201d. Y agregan que, en efecto, la sanci\u00f3n penal no es id\u00f3nea ni necesaria para garantizar la vida en gestaci\u00f3n y anula por completo las libertades de las mujeres sin producir ning\u00fan beneficio social en compensaci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
166. Cabe concluir, en consecuencia, que la demanda expone de manera clara, con base en argumentos espec\u00edficos, c\u00f3mo la norma demandada podr\u00eda vulnerar el pre\u00e1mbulo y los art\u00edculos 1 y 2 de la Constituci\u00f3n. Por otra parte, sustenta el cargo por la presunta vulneraci\u00f3n de los principios y est\u00e1ndares m\u00ednimos de la pol\u00edtica criminal previstos para mantener el orden justo y cumplir con los fines del Estado, en los t\u00e9rminos de la Constituci\u00f3n, por lo que los argumentos expuestos resultan pertinentes.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
167. Por \u00faltimo, la demanda expone ampliamente, con fundamento en informes de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, del Ministerio de Salud y de la Comisi\u00f3n Asesora de Pol\u00edtica Criminal, el n\u00famero de investigaciones adelantadas desde la tipificaci\u00f3n del aborto, las condenas que por este delito se han impuesto, el origen y comportamiento de las investigaciones adelantadas, as\u00ed como las consecuencias derivadas de la tipificaci\u00f3n del aborto.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
168. De todo lo anterior, seg\u00fan indican, se logra establecer que: (i) solo un peque\u00f1o n\u00famero (136) de los relatos de casos en la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n tiene que ver con el funcionamiento o la promoci\u00f3n de una cl\u00ednica de abortos, lo que quiere decir que la persecuci\u00f3n se centra en las personas, y no en combatir el aborto inseguro como negocio organizado; (ii) el 65,85% de las condenas se dan por informaci\u00f3n relevante suministrada por personal m\u00e9dico, lo que indicar\u00eda una violaci\u00f3n del secreto profesional; (iii) la prohibici\u00f3n penal parcial del aborto y la subsiguiente pr\u00e1ctica clandestina del mismo es responsable de cerca de 70 muertes al a\u00f1o en Colombia, a las cuales se suman alrededor de 132.000 casos de complicaciones por la realizaci\u00f3n de ese procedimiento sin condiciones m\u00e9dicas adecuadas; (iv) el delito en cuesti\u00f3n no previene ni reduce la realizaci\u00f3n de abortos y resulta constitucionalmente problem\u00e1tico conservar un tipo penal carente de cualquier funci\u00f3n disuasoria; (v) con su vigencia no se materializa, ni siquiera potencialmente, el respeto por la expectativa de vida humana y (vi) la amenaza de sanci\u00f3n penal que implica la existencia de la norma demandada y el inicio de investigaciones criminales s\u00ed tiene graves y comprobados impactos negativos en diversos derechos fundamentales, tanto de las mujeres m\u00e1s vulnerables como del personal de salud. Entonces, de acuerdo con la demanda, la norma acusada no cumple con su finalidad, consistente en \u201cdesestimular conductas lesivas de bienes jur\u00eddicos dignos de ser tutelados por el derecho penal (prevenci\u00f3n general) pero de manera tal que exista una cierta proporcionalidad entre el da\u00f1o ocasionado por el delito y la pena que le es atribuida (componente retributivo en esta fase)\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
169. En definitiva, el planteamiento relacionado con este \u00faltimo cargo suministra informaci\u00f3n suficiente que logra plantear dudas respecto de la constitucionalidad de la norma demandada.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
5.6. S\u00edntesis del estudio de aptitud de los cargos formulados en la demanda<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
170. Con base en las anteriores razones, la Sala concluye que los cargos relacionados con la vulneraci\u00f3n del derecho a la libertad de profesi\u00f3n y oficio y al Estado laico carecen de certeza, pertinencia, especificidad y suficiencia, por lo que no logran generar una duda razonable acerca de la inconstitucionalidad de la disposici\u00f3n acusada. Por el contrario, evidencia que los siguientes cuatro cargos son aptos: (i) desconocimiento de la obligaci\u00f3n de respeto al derecho a la salud y los derechos reproductivos de las mujeres, las ni\u00f1as y las personas gestantes (art\u00edculos 49, 42 y 16 de la Constituci\u00f3n); (ii) violaci\u00f3n del derecho a la igualdad de las mujeres en situaci\u00f3n de vulnerabilidad y en situaci\u00f3n migratoria irregular (art\u00edculos 13 y 93 de la Constituci\u00f3n, 1 de la CADH y 9 de la Convenci\u00f3n de Belem do Par\u00e1); (iii) vulneraci\u00f3n de la libertad de conciencia de las mujeres, las ni\u00f1as y las personas gestantes, en especial, frente a la posibilidad de actuar conforme a sus convicciones en relaci\u00f3n con su autonom\u00eda reproductiva (art\u00edculo 18 de la Constituci\u00f3n) y (iv) incompatibilidad con la finalidad preventiva de la pena y no satisfacci\u00f3n de las exigencias constitucionales adscritas al car\u00e1cter de ultima ratio del derecho penal (pre\u00e1mbulo y art\u00edculos 1 y 2 de la Constituci\u00f3n). As\u00ed las cosas, \u00fanicamente respecto de estos cuatro cargos, la Sala estudiar\u00e1 si se presenta o no el fen\u00f3meno de la cosa juzgada.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
6. De la cosa juzgada constitucional<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
171. La Sala estudiar\u00e1 el fen\u00f3meno de la cosa juzgada, en atenci\u00f3n a que distintas intervenciones ciudadanas solicitan a la Corte estarse a lo resuelto en la Sentencia C-355 de 2006 (cfr., el Anexo 5 de esta providencia). Otras intervenciones, por el contrario, piden que se emita un pronunciamiento de fondo, en tanto consideran que no se configura este fen\u00f3meno (cfr., el Anexo 6 de esta providencia). Adem\u00e1s, porque, como se puso de presente, el Procurador General de la Naci\u00f3n sostiene que se est\u00e1 ante la existencia de una cosa juzgada relativa impl\u00edcita \u2013sin perjuicio de que considera que se acredita una omisi\u00f3n legislativa absoluta\u2013.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
172. Si concluyere que existe cosa juzgada, deber\u00e1 estudiar, en primer lugar, si se configura una variaci\u00f3n en el significado material de la Constituci\u00f3n en relaci\u00f3n con la problem\u00e1tica del aborto con consentimiento y, en segundo lugar, si nos encontramos ante un nuevo contexto normativo que modifica el r\u00e9gimen jur\u00eddico del aborto voluntario como delito.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
6.1. Las razones propuestas por el Procurador General de la Naci\u00f3n para justificar un pronunciamiento de fondo en el presente asunto<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
173. En primer lugar, seg\u00fan precisa el Procurador General de la Naci\u00f3n, en el presente asunto se presenta el fen\u00f3meno de la cosa juzgada relativa impl\u00edcita, que no impide un pronunciamiento de fondo por parte de la Corte Constitucional, ya que el an\u00e1lisis que hizo la corporaci\u00f3n en la Sentencia C-355 de 2006:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201c[\u2026] se ci\u00f1\u00f3 a los l\u00edmites de la libertad de configuraci\u00f3n del legislador en la penalizaci\u00f3n del aborto, considerando que su prohibici\u00f3n absoluta resultaba desproporcionada en relaci\u00f3n con los derechos sexuales y reproductivos, la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad y la autonom\u00eda en materia de salud de las mujeres en gestaci\u00f3n. Mientras que lo que se plantea en esta ocasi\u00f3n, es que la penalizaci\u00f3n parcial del aborto ha generado barreras de acceso a la IVE en las causales permitidas por la ley y ha contribuido a la estigmatizaci\u00f3n de dicha pr\u00e1ctica, con lo que se ha afectado la libertad de conciencia y la salud sexual y reproductiva de las mujeres (en particular, de las mujeres migrantes), la libertad de profesi\u00f3n y oficio del personal m\u00e9dico encargado de prestar ese servicio, el principio de Estado laico y los est\u00e1ndares del derecho penal y la pol\u00edtica criminal\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
174. Por tanto, en relaci\u00f3n con este primer argumento, concluye que: (i) existen nuevos cargos que no fueron valorados en la Sentencia C-355 de 2006, por ejemplo, la penalizaci\u00f3n parcial del aborto como barrera estructural para acceder a la IVE dentro de las tres causales fijadas en la providencia en cita, la afectaci\u00f3n desproporcionada de las mujeres migrantes, la libertad de oficio del personal de salud y el principio de Estado laico. (ii) Si bien otros cargos son similares \u2013como ocurre con la vulneraci\u00f3n de la igualdad, la salud sexual y reproductiva y el car\u00e1cter de ultima ratio del derecho penal\u2013, lo cierto es que los enfoques presentados por las demandantes son distintos: en relaci\u00f3n con el cargo de igualdad, la discriminaci\u00f3n indirecta de las mujeres migrantes y, por tanto, el desconocimiento por parte del Estado de sus obligaciones de cumplimiento; respecto del derecho a la salud sexual y reproductiva, la existencia de barreras estructurales para acceder a la IVE en las causales autorizadas y, finalmente, en relaci\u00f3n con el car\u00e1cter de ultima ratio del derecho penal, la evidencia de otras v\u00edas distintas al uso del poder punitivo del Estado y m\u00e1s id\u00f3neas para proteger la vida en gestaci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
175. En segundo lugar, seg\u00fan indica el Procurador General de la Naci\u00f3n, sin perjuicio del anterior argumento, lo cierto es que el estudio de la cosa juzgada se supera, como consecuencia de su debilitamiento o enervamiento, en los t\u00e9rminos de la jurisprudencia constitucional, al acreditarse los siguientes dos fen\u00f3menos: (i) de un lado, indica que ha operado una variaci\u00f3n en el significado material de la Constituci\u00f3n en relaci\u00f3n con la problem\u00e1tica del aborto consentido y (ii) de otro, existe un nuevo contexto normativo \u2013normas legales y reglamentarias, documentos de pol\u00edtica p\u00fablica y jurisprudencia\u2013 que ha modificado el r\u00e9gimen jur\u00eddico del aborto consentido como delito y en el cual debe estudiarse la compatibilidad del art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal con la Constituci\u00f3n. Todo esto, seg\u00fan precisa, como consecuencia de los siguientes fen\u00f3menos: (i) el desarrollo de la IVE en el marco de las tres causales previstas en la ley a partir de la jurisprudencia de revisi\u00f3n de la Corte, para lo cual hace referencia a las sentencias T-585 de 2010, T-841 de 2011, T-627 de 2012, C-754 de 2015, C-327 de 2016, T-301 de 2016, T-697 de 2016 y SU-096 de 2018; (ii) la transformaci\u00f3n del derecho a la salud en un derecho fundamental aut\u00f3nomo, para lo cual hace referencia a lo consignado en las sentencias C-313 de 2014 y T-361 de 2014; (iii) las recomendaciones internacionales para la despenalizaci\u00f3n del aborto m\u00e1s all\u00e1 de las tres causales de que trata la Sentencia C-355 de 2006 y (iv) la expedici\u00f3n de la Ley 1257 de 2008, con el fin, entre otros, de cumplir los compromisos internacionales del Estado respecto de la libertad, la autonom\u00eda y la salud sexual y reproductiva.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
6.2. La cosa juzgada en la jurisprudencia constitucional<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
176. A partir de lo dispuesto en el art\u00edculo 243 superior, y en procura de garantizar la seguridad jur\u00eddica, la jurisprudencia constitucional ha precisado que la cosa juzgada es una instituci\u00f3n jur\u00eddico procesal mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia de constitucionalidad el car\u00e1cter de inmutables, vinculantes y definitivas. Lo anterior implica, en principio, como seguidamente se precisa, la p\u00e9rdida de competencia del juez constitucional para emitir un nuevo pronunciamiento de fondo sobre una norma cuyo control fue realizado previamente. Seg\u00fan ha precisado de manera reciente, la cosa juzgada constitucional pretende garantizar diversos valores y principios constitucionales como la seguridad jur\u00eddica, la buena fe, la autonom\u00eda judicial y la fuerza normativa de la Constituci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
6.2.1. Elementos estructurantes de la cosa juzgada constitucional<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
177. Como bien lo ha precisado la jurisprudencia constitucional, no todas las sentencias proferidas por la Corte tienen los mismos efectos y consecuencias normativas. Por tanto, a fin de establecer si en un caso concreto se configura la cosa juzgada, deben valorarse las relaciones jur\u00eddicas entre los siguientes tres elementos de la decisi\u00f3n del pasado y las razones que se alegan en el presente: (i) el tipo de decisi\u00f3n adoptada, concretamente, si se declar\u00f3 la constitucionalidad simple de la disposici\u00f3n cuestionada, su constitucionalidad condicionada o su inexequibilidad y, en todos estos supuestos, la ratio decidendi de la providencia; (ii) el objeto de control \u2013la norma demandada\u2013 y (iii) el par\u00e1metro de control, constituido por los cargos de constitucionalidad formulados y su relaci\u00f3n con el problema jur\u00eddico resuelto en la sentencia anterior.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
6.2.1.1. El tipo de decisi\u00f3n adoptada<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
178. En los juicios de constitucionalidad que adelanta la Corte, cuando la decisi\u00f3n es de inexequibilidad por su contenido material, la cosa juzgada es absoluta y, por tanto, la Corte debe rechazar la demanda por ausencia de objeto de control o estarse a lo resuelto en la decisi\u00f3n del pasado, ya que el contenido normativo acusado ya ha sido expulsado del ordenamiento jur\u00eddico. En estos casos, adem\u00e1s, tal como lo dispone el art\u00edculo 243, inciso segundo, de la Constituci\u00f3n, \u201cninguna autoridad\u201d puede reproducir el contenido normativo que fue expulsado del ordenamiento jur\u00eddico por razones de fondo, \u201cmientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontaci\u00f3n entre la norma ordinaria y la Constituci\u00f3n\u201d.<\/p>\n
179. En los eventos en los que ha sido declarada la exequibilidad simple de una norma, es necesario valorar el alcance del fallo, con el prop\u00f3sito de establecer si lo planteado en la actualidad no se resolvi\u00f3 en la oportunidad precedente y, por tanto, si procede emitir un nuevo pronunciamiento, o si el reproche formulado se resolvi\u00f3 en el pasado y, en ese caso, habr\u00e1 que estarse a lo ya decidido.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
180. El an\u00e1lisis de la cosa juzgada es m\u00e1s complejo cuando en la decisi\u00f3n del pasado la Corte ha declarado la exequibilidad condicionada de una norma o, en otros t\u00e9rminos, ha proferido una sentencia integradora. En este tipo de decisiones, la Corte suple aparentes vac\u00edos normativos o hace frente a las inevitables indeterminaciones del marco legal, como es el caso de la Sentencia C-355 de 2006, que ocupa el estudio de la Sala. Las sentencias integradoras, en cualquiera de sus modalidades \u2013interpretativa, aditiva o sustitutiva\u2013, encuentran fundamento en el car\u00e1cter normativo de la Constituci\u00f3n (art\u00edculo 4 CP) y en los principios de efectividad (art\u00edculo 2 CP) y conservaci\u00f3n del derecho (art\u00edculo 241 CP), los cuales gobiernan el ejercicio del control de constitucionalidad. En relaci\u00f3n con este tipo de providencias, la jurisprudencia ha precisado:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201c[\u2026] la lectura constitucional dada por la sentencia se entiende incorporada a la disposici\u00f3n, como \u00fanica interpretaci\u00f3n v\u00e1lida de la misma. Tambi\u00e9n, cuando la cosa juzgada se predica de una sentencia integradora, aditiva o sustitutiva, que interviene no la interpretaci\u00f3n del texto, sino su contenido gramatical mismo[]. En estos casos, luego de la sentencia de constitucionalidad condicionada nos encontramos frente a una \u2018norma jur\u00eddica que surge, a partir del fallo condicionado\u2019\u00a0y, en el caso de la sentencia aditiva, integradora o sustitutiva, surge una nueva redacci\u00f3n de la disposici\u00f3n\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
181. En cualquiera de estos supuestos, el efecto propio de la decisi\u00f3n de exequibilidad condicionada, tal como lo ha reiterado la Sala, es que \u201cla interpretaci\u00f3n excluida del ordenamiento jur\u00eddico no podr\u00e1 ser objeto de reproducci\u00f3n o aplicaci\u00f3n en otro acto jur\u00eddico; y\u00a0en los supuestos en los que la Corte ha adoptado una sentencia\u00a0aditiva, la cosa juzgada implica que no se encuentra permitido reproducir una disposici\u00f3n que omita el elemento que la Corte ha juzgado necesario adicionar\u201d.\u00a0Sobre este particular, en relaci\u00f3n con las sentencias aditivas, de manera reciente esta corporaci\u00f3n record\u00f3:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201cCuando la Corte adopta una sentencia aditiva, la cosa juzgada implica que no es v\u00e1lido reproducir una disposici\u00f3n que omita el elemento que la Corte ha juzgado necesario adicionar. En ese caso, cualquier modificaci\u00f3n o reproducci\u00f3n de la norma inicialmente controlada \u2013sea de origen legislativo o jurisdiccional\u2013 deber\u00eda mantener la f\u00f3rmula de ponderaci\u00f3n admisible establecida por la Corte Constitucional. De no ser as\u00ed, nada impide que se presente una nueva demanda en su contra y que la Corte la estudie nuevamente, sin desconocer por ello el principio de cosa juzgada constitucional\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
6.2.1.2. El objeto de control<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
182. Habr\u00e1 identidad en el objeto de control cuando el contenido normativo que fue valorado en el pasado es igual al acusado en la demanda del presente, ya sea debido a que es un texto igual \u2013disposici\u00f3n\u2013 o porque la norma cuestionada produce los mismos efectos jur\u00eddicos, caso en el cual es necesario valorar, de ser procedente, el alcance de las sentencias integradoras aditivas previas que hubieren reca\u00eddo sobre una disposici\u00f3n en particular. En relaci\u00f3n con este supuesto, la Corte ha se\u00f1alado que \u201cLa variaci\u00f3n de algunos de los elementos normativos, o la modificaci\u00f3n de su alcance como consecuencia de la adopci\u00f3n de nuevas disposiciones, son circunstancias que pueden incidir en el objeto controlado\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
6.2.1.3. El par\u00e1metro de control<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
183. El estudio de este elemento supone valorar los cargos propuestos y el problema jur\u00eddico resuelto por la Corte en el pasado.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
184. Es indiciario de que se trata del mismo reproche constitucional cuando coinciden las normas constitucionales o del bloque de constitucionalidad que se alegan como desconocidas y las razones que se aducen para demostrar la trasgresi\u00f3n. Esta constataci\u00f3n, sin embargo, no es suficiente. Adem\u00e1s de ello, es necesario valorar el problema jur\u00eddico resuelto por la Corte en el pasado, pues es este el que delimita el debate constitucional a partir de la demanda propuesta; por tanto, aun cuando aparentemente en una demanda actual se formule el mismo debate que en una decisi\u00f3n anterior, le corresponde revisar a la Sala si existe identidad en la forma en que se abord\u00f3 el estudio del caso y la soluci\u00f3n adoptada. Finalmente, en este estudio es especialmente relevante considerar que, \u201csi las normas constitucionales que integraron el par\u00e1metro de control sufren una modificaci\u00f3n relevante o, sin ocurrir tal variaci\u00f3n, el tipo de razones para explicar la violaci\u00f3n son diferentes, no podr\u00e1 declararse la existencia de cosa juzgada y proceder\u00e1 un nuevo pronunciamiento de la Corte\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
6.2.2. A pesar de evidenciarse la existencia de cosa juzgada es posible, en determinados supuestos, emitir un pronunciamiento de fondo, de manera excepcional<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
185. Finalmente, esta corporaci\u00f3n ha admitido que de manera excepcional es posible adelantar un nuevo examen de constitucionalidad pese a la existencia de cosa juzgada. En este sentido, la Corte Constitucional ha se\u00f1alado que esta posibilidad se produce en las siguientes tres circunstancias:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
186. \u00a0(i) Modificaci\u00f3n del par\u00e1metro de control: se presenta cuando cambian las normas que constituyeron el referente para juzgar la constitucionalidad de la disposici\u00f3n nuevamente acusada.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
187. (ii) Cambio en el significado material de la Constituci\u00f3n: ocurre cuando la realidad social, econ\u00f3mica o pol\u00edtica del pa\u00eds transforma los presupuestos que sirvieron de sustento para declarar la constitucionalidad de la norma, lo que permite que se adelante un nuevo estudio a la luz de las nuevas realidades, entendiendo la Constituci\u00f3n como un texto vivo. Seg\u00fan se precisa en la reciente Sentencia C-233 de 2021, esta hip\u00f3tesis \u201cno depende entonces de la incorporaci\u00f3n o incorporaci\u00f3n formal de normas al bloque de constitucionalidad, sino a la manera en que la comprensi\u00f3n de las reglas y principios constitucionales cambia en el tiempo y se adapta a realidades pol\u00edticas, sociales y econ\u00f3micas\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
188. (iii) Variaci\u00f3n del contexto normativo del objeto de control: se presenta cuando la disposici\u00f3n previamente examinada se integra a un nuevo contexto normativo, o cuando el sistema normativo en que se inscribe ha sido objeto de modificaciones. Se hace alusi\u00f3n a la interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica de la norma acusada, en conjunto con todas las disposiciones que, en la actualidad \u2013y, por tanto, luego de la decisi\u00f3n del pasado\u2013, integran el sistema normativo espec\u00edfico al que pertenece. Seg\u00fan se indica en la reciente Sentencia C-233 de 2021, \u201cvar\u00eda el contexto normativo de las disposiciones o normas objeto de control cuando (i) una norma que ya fue juzgada se expide posteriormente, en un contexto normativo distinto; (ii) el ordenamiento en que la norma se inscribe ha sufrido modificaciones y es necesaria una valoraci\u00f3n constitucional distinta, en el nuevo contexto. Este escenario toma en cuenta la necesidad de interpretar las normas, tanto en su contexto como en el criterio de interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica de la ley, pues considera que dos art\u00edculos, id\u00e9nticos en su formulaci\u00f3n, pueden tener contenidos distintos si hacen parte de contextos normativos diversos\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
6.3. An\u00e1lisis sobre la posible configuraci\u00f3n de la cosa juzgada en el asunto bajo examen<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
189. Tal como se se\u00f1al\u00f3, y ante la discusi\u00f3n sobre la posible existencia de cosa juzgada respecto de la Sentencia C-355 de 2006, la Corte pasa a establecer si en el presente asunto se configura o no el fen\u00f3meno de la cosa juzgada constitucional y, de ser as\u00ed, si hay lugar a entenderlo superado, de conformidad con alguno de los tres supuestos mencionados previamente, no sin antes advertir que, seg\u00fan la jurisprudencia constitucional, en estos casos se exige una carga argumentativa calificada por parte de quien demanda. En relaci\u00f3n con este \u00faltimo aspecto, pretender cuestionar la existencia de la cosa juzgada constitucional exige que los accionantes no se limiten a presentar los desacuerdos que fueron expuestos en el pasado, sino que deben explicar de manera suficiente las razones por las que el pronunciamiento anterior no constituye cosa juzgada absoluta o, en su defecto, en caso de que se haya logrado constatar la existencia de cosa juzgada, justifiquen su superaci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
190. En el asunto bajo estudio, como se expuso en los antecedentes de esta providencia y se desarrollar\u00e1 a continuaci\u00f3n, las demandantes asumieron la carga de explicar, de forma suficiente, por que\u0301 se justifica un nuevo pronunciamiento de esta Corte, a pesar de la existencia de la Sentencia C-355 de 2006. En primer lugar, en su opini\u00f3n, la demanda que ahora se decide no presenta identidad de cargos, objeto de control, ni corresponde al mismo par\u00e1metro de control, respecto de la demanda que valor\u00f3 la Corte en la sentencia en cita. En segundo lugar, de manera suficiente, expusieron las razones por las cuales, a su juicio, a pesar de que se concluyera que se presenta el fen\u00f3meno de la cosa juzgada, es procedente un pronunciamiento de fondo. Seg\u00fan afirman, esta se debilita o enerva porque, de un lado, se acredita un cambio en el significado material de la Constituci\u00f3n en cuanto a la comprensi\u00f3n de la problem\u00e1tica social del aborto consentido y, de otro, se evidencia una variaci\u00f3n en el contexto normativo en el que se inserta la norma que se demanda.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
191. Para la Sala, a pesar de la existencia de la Sentencia C-355 de 2006, es procedente un pronunciamiento de fondo, ya que (i) se trata de cargos que, en sentido estricto, no fueron valorados por la Corte en la citada sentencia \u2013raz\u00f3n por la cual, como lo precisaron las demandantes y el Procurador General de la Naci\u00f3n, se estar\u00eda en presencia de un supuesto de cosa juzgada formal, relativa e impl\u00edcita\u2013 y, en todo caso, (ii) se evidencia una modificaci\u00f3n en el significado material de la Constituci\u00f3n en cuanto a la comprensi\u00f3n de la problem\u00e1tica constitucional que supone el delito del aborto consentido, y (iii) un cambio en el contexto normativo en el que inserta el art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal. La primera raz\u00f3n no inhibe la competencia de la Corte para pronunciarse de fondo sobre la presente demanda. Las dos \u00faltimas, seg\u00fan lo ha precisado de manera reiterada la Sala, permiten un pronunciamiento de fondo respecto de cargos aptos, a pesar de que se demande una disposici\u00f3n que fue objeto de control constitucional previo. Se trata, por tanto, de tres tipos de razones que de manera independiente justifican un pronunciamiento de m\u00e9rito en el presente asunto, pero que de manera conjunta brindan motivos suficientes a la Sala para, a partir de nov\u00edsimas razones, valorar la constitucionalidad del art\u00edculo 122 de la Ley 599 de 2000, a pesar del condicionamiento contenido en la Sentencia C-355 de 2006.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
6.3.1. No existe identidad entre los cargos formulados en la presente demanda con aquellos resueltos por la Corte en la Sentencia C-355 de 2006<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
192. La Corte encuentra que no se est\u00e1 ante el mismo par\u00e1metro de control del a\u00f1o 2006, dado que no solo no existe identidad entre los cargos que actualmente se proponen y los que fueron resueltos hace quince a\u00f1os, sino que tampoco es posible inferir que los cargos actuales se encuentren subsumidos en el problema jur\u00eddico resuelto por la Corte en dicha oportunidad. Por tanto, a pesar de que se est\u00e1 en presencia del fen\u00f3meno de la cosa juzgada formal, esta es de car\u00e1cter relativa, y, por tanto, no inhibe la competencia de la Corte para pronunciarse de fondo sobre la presente demanda.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
194. Luego del an\u00e1lisis de los reproches formulados, la Corte estim\u00f3 que la penalizaci\u00f3n absoluta del aborto con consentimiento constitu\u00eda una extralimitaci\u00f3n de la libertad de configuraci\u00f3n del Legislador, desproporcionada e irrazonable, frente a los derechos a la dignidad, autonom\u00eda, libre desarrollo de la personalidad, vida y salud e integridad de las mujeres gestantes, en tres supuestos espec\u00edficos, extremos, y que consider\u00f3 manifiestamente desproporcionados, al tratarse de circunstancias relacionadas con (i) peligro para la vida o la salud de la mujer, (ii) grave malformaci\u00f3n del feto que haga inviable su vida, y (iii) cuando el embarazo fuere el resultado de una conducta constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminaci\u00f3n artificial o transferencia de \u00f3vulo fecundado no consentidas, o de incesto. La Corte precis\u00f3 que la protecci\u00f3n de la vida en el ordenamiento constitucional goza de distintos grados y no es una garant\u00eda absoluta, de manera que es susceptible de ser ponderada con otros principios, valores y derechos superiores, aunque su salvaguarda a partir de disposiciones penales era viable, prever la sanci\u00f3n del aborto en todas las circunstancias \u201cimplica la completa preeminencia de uno de los bienes jur\u00eddicos en juego, la vida del nasciturus, y el consiguiente sacrificio absoluto de todos los derechos fundamentales de la mujer embarazada\u201d. A partir de esta idea regulativa precis\u00f3 que, al Legislador, en primer lugar, \u201cle est\u00e1 prohibido invadir de manera desproporcionada derechos constitucionales y, en segundo lugar, le est\u00e1 ordenado no desproteger bienes constitucionales, sin que ello signifique desconocer el principio de que, al derecho penal, por su car\u00e1cter restrictivo de las libertades, se ha de acudir como ultima ratio\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
195. Para la Corte, si bien la providencia en menci\u00f3n no limit\u00f3 el alcance ni los efectos del fallo en su parte resolutiva, es dable advertir, a partir de su contenido, que el examen del tipo penal de aborto llevado a cabo se circunscribi\u00f3 a los cargos formulados en la demanda y no respecto de todo el texto constitucional, de all\u00ed el car\u00e1cter relativo e impl\u00edcito de la cosa juzgada de la Sentencia C-355 de 2006, respecto de la presente demanda.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
196. A partir de lo dicho, para evidenciar la ausencia de identidad en el par\u00e1metro de control, se har\u00e1n las siguientes distinciones en relaci\u00f3n con cada uno de los cargos que examina la Corte en esta oportunidad:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
6.3.1.1. Derecho a la salud y derechos reproductivos<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
197. En relaci\u00f3n con la presunta violaci\u00f3n del derecho a la salud y los derechos reproductivos de las mujeres, las ni\u00f1as y las personas gestantes, a pesar de encontrar ciertas similitudes con algunos aspectos tratados por la Corte en la Sentencia C-355 de 2006, no se est\u00e1 en presencia del mismo reproche que se estudi\u00f3 hace quince a\u00f1os.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
198. El cargo formulado y valorado en el a\u00f1o 2006 cuestionaba la compatibilidad del art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal con el derecho a la salud \u2013art\u00edculo 49 de la Constituci\u00f3n\u2013, en conexidad con los derechos a la vida y a la dignidad, entre otros. Seg\u00fan se aleg\u00f3, se desconoc\u00eda el citado derecho al criminalizar a las mujeres que, independientemente de sus circunstancias, quisieran terminar con su gestaci\u00f3n, pues se les obligaba a acudir a lugares clandestinos para tal fin, con riesgo para su vidas, salud, integridad y dignidad, incluso en los eventos en que su estado representara una amenaza para su vida o salud, existieran malformaciones en el feto incompatibles con la vida de la persona gestante o el embarazo fuera producto de un hecho de violencia sexual.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
199. Dicha controversia fue abordada por la Corte a partir del an\u00e1lisis de los l\u00edmites del legislador penal, entre los que destac\u00f3 los derechos constitucionales, siendo uno de ellos el derecho a la salud, el cual adquir\u00eda el car\u00e1cter de fundamental \u2013para aquel momento\u2013 \u201ccuando quiera que se encuentre en relaci\u00f3n de conexidad con el derecho a la vida, es decir, cuando su protecci\u00f3n sea necesaria para garantizar la continuidad de la existencia de la persona en condiciones de dignidad\u201d. De esta manera, el examen que realiz\u00f3 la Corte se produjo desde una obligaci\u00f3n negativa de respeto (enfatiza la Sala) de dicho derecho ya que, en palabras de esta corporaci\u00f3n, la potestad regulatoria del legislador en el \u00e1mbito penal \u201cexcluye la adopci\u00f3n de medidas que menoscaben la salud de las personas aun cuando sea en procura de preservar el inter\u00e9s general, los intereses de terceros u otros bienes de relevancia constitucional\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
200. Igualmente, es preciso indicar que, aunque en ese pronunciamiento se hizo una breve referencia al marco internacional de protecci\u00f3n de los derechos de las mujeres y ni\u00f1as, en el cual se incluy\u00f3 la menci\u00f3n a algunos aspectos de los derechos sexuales y reproductivos de esta poblaci\u00f3n, ello se hizo con el prop\u00f3sito de especificar que de \u201ceste no se deriva un mandato de despenalizaci\u00f3n del aborto ni la prohibici\u00f3n al poder legislativo de adoptar medidas penales en este \u00e1mbito\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
201. Para la Sala no es posible evidenciar que el del pasado sea un cargo an\u00e1logo al que actualmente se formula, por las siguientes tres razones: en primer lugar, en el a\u00f1o 2006 la Corte no se pronunci\u00f3 acerca de las obligaciones de cumplimiento y protecci\u00f3n del Estado, de car\u00e1cter positivo, para la garant\u00eda del derecho a la salud y los derechos reproductivos de las mujeres, las ni\u00f1as y las personas gestantes \u2013seg\u00fan se deriva de los art\u00edculos 42 y 16 de la Constituci\u00f3n\u2013, en particular, como consecuencia de la expedici\u00f3n de la Ley 1751 de 2015, estatutaria de Salud. En segundo lugar, para dicho a\u00f1o no era posible que la Corte se pronunciara en cuanto a la obligaci\u00f3n de respeto adscrita al derecho a la salud, con base en las recomendaciones de descriminalizaci\u00f3n de la pr\u00e1ctica del aborto emitidas por m\u00faltiples organismos de protecci\u00f3n de derechos humanos \u2013con independencia de su valor normativo\u2013, ya que estas fueron posteriores a la expedici\u00f3n de la Sentencia C-355. En tercer lugar, a diferencia del a\u00f1o 2006, para la fecha, la dualidad de la norma acusada \u2013delito \/ no delito\u2013 impide valorar la condici\u00f3n de la IVE como un procedimiento adscrito a la salud en los t\u00e9rminos de la jurisprudencia constitucional, que ha considerado a los derechos sexuales y reproductivos como integrantes de este derecho fundamental \u2013a la salud\u2013, aut\u00f3nomo y justiciable de manera directa.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
202. En efecto, de acuerdo con las demandantes, la jurisprudencia constitucional y el Comit\u00e9 DESC han sostenido que los derechos sexuales y reproductivos hacen parte del derecho a la salud, el cual se encuentra contemplado en el art\u00edculo 49 superior, en la Ley Estatutaria 1751 de 2015 y en varios tratados internacionales de derechos humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad. Seg\u00fan precisan, dichos derechos \u2013los sexuales y reproductivos\u2013 tienen una particular importancia, en la medida en que de su garant\u00eda depende tambi\u00e9n el goce de los otros derechos humanos de las mujeres.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
203. Lo anterior implica, a juicio de las demandantes, que al Estado le corresponde, respecto a la IVE, el cumplimiento de las mismas obligaciones que frente al derecho a la salud. Precisan que, a pesar de esto, dichas obligaciones se desconocen con la actual tipificaci\u00f3n del delito de aborto voluntario \u2013en las conductas que siguen calific\u00e1ndose como t\u00edpicas\u2013, al constituirse en el mayor obst\u00e1culo de acceso a los procedimientos para la terminaci\u00f3n de la gestaci\u00f3n y vulnerar los elementos del derecho fundamental a la salud \u2013reproductiva\u2013 de disponibilidad, accesibilidad, y calidad e idoneidad profesional.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
204. As\u00ed, destacan que tal violaci\u00f3n ocurrir\u00eda principalmente debido a que lo previsto en el art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal estar\u00eda en contrav\u00eda de las obligaciones de cumplimiento y protecci\u00f3n a la salud, en este caso de la salud reproductiva, al generar, mantener y profundizar, las barreras estructurales para acceder a la IVE en las tres causales autorizadas. Seg\u00fan se\u00f1alan, dichas obligaciones a cargo del Estado han sido precisadas por la Corte Constitucional en sus pronunciamientos, luego de constatar las m\u00faltiples trabas enfrentadas por las mujeres al solicitar el citado procedimiento, en los cuales ha debido instar a las autoridades y particulares involucrados en el tr\u00e1mite para que se abstengan de desplegar pr\u00e1cticas que lo impidan.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
205. Igualmente, se resalta en la demanda que \u201cla norma demandada tambi\u00e9n va en contra del art\u00edculo 5 literal a) de la Ley Estatutaria de Salud de 2015 [que es par\u00e1metro de control de constitucionalidad luego del a\u00f1o 2006], pues es una medida que lleva al deterioro de la salud de la poblaci\u00f3n y que de hecho est\u00e1 probado que resulta en un da\u00f1o en la salud de las mujeres\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
206. Para las demandantes, el art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal adicionalmente vulnerar\u00eda la obligaci\u00f3n de respeto, al constituirse en una injerencia indebida en el derecho a la salud de las mujeres que se encuentran por fuera de las causales de ausencia de tipicidad, referidas en la Sentencia C-355 de 2006. Esta inferencia, seg\u00fan se\u00f1alan, no era posible efectuarla hace quince a\u00f1os en la censura estudiada por la Corte, pues se fundamenta en los pronunciamientos posteriores a ese fallo, de varios organismos internacionales de derechos humanos \u2013entre los que se encuentran los del Comit\u00e9 DESC, del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del m\u00e1s alto nivel posible de salud y del Comit\u00e9 de la CEDAW\u2013, los cuales han sido inequ\u00edvocos en plantear la necesidad de despenalizar el aborto como una medida en favor de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de esta poblaci\u00f3n, as\u00ed como una forma de actuar en contra de la violencia hacia las mujeres.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
207. Como se observa, respecto de la vulneraci\u00f3n del derecho a la salud, la demanda actual se dirige principalmente a probar que el tipo penal de aborto con consentimiento impide a las mujeres incursas en las tres circunstancias previstas por el fallo de esta corporaci\u00f3n de hace quince a\u00f1os, llevar a cabo el procedimiento de IVE. Es decir, que est\u00e1 centrada en determinadas obligaciones de cumplimiento y protecci\u00f3n a cargo del Estado, de car\u00e1cter positivo, para la garant\u00eda del derecho a la salud en los tres supuestos mencionados. Por su parte, frente a la obligaci\u00f3n de respeto, se fundamenta en el d\u00e9ficit de protecci\u00f3n que persiste luego de la expedici\u00f3n de la Sentencia C-355 de 2006 para las mujeres que no est\u00e1n incursas en las causales que ella contempla y, por tanto, no pueden acceder a servicios indispensables para el goce de su salud reproductiva, pese a los m\u00faltiples pronunciamientos de organismos de derechos humanos posteriores a esa providencia, que propenden por la descriminalizaci\u00f3n de esta pr\u00e1ctica como una medida fundamental para el goce de la salud de las mujeres y ni\u00f1as. Para la Sala, a partir de lo expuesto, en la Sentencia C-355 de 2006 no se abord\u00f3 el estudio de un cargo relativo a la garant\u00eda del derecho fundamental a la salud, concretamente, a la salud reproductiva, en los t\u00e9rminos propuestos por las demandantes, pues tal como ellas lo ponen de presente es a partir de esa decisi\u00f3n que se han identificado las vulneraciones alegadas.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
208. Por las razones que anteceden, como se anunci\u00f3, la Corte encuentra que en relaci\u00f3n con el cargo relativo al presunto desconocimiento del derecho a la salud planteado en la demanda actual no se configura la cosa juzgada constitucional, por lo que corresponde emitir un pronunciamiento de fondo.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
6.3.1.2. Derecho a la igualdad<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
209. En relaci\u00f3n con el cargo relacionado con el principio de igualdad, en la Sentencia C-355 de 2006, la Corte no analiz\u00f3 ning\u00fan reparo relacionado con el presunto desconocimiento del principio de igualdad, ni mucho menos con el desconocimiento de esta garant\u00eda respecto de las mujeres en situaci\u00f3n de vulnerabilidad y en situaci\u00f3n migratoria irregular.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
210. Seg\u00fan precisaron las demandantes, las barreras estructurales de acceso al procedimiento de IVE que provienen de la norma demandada no afectan a todas las mujeres por igual. Es decir, se trata de una afectaci\u00f3n desproporcionada en lo que respecta a mujeres y ni\u00f1as en situaci\u00f3n de vulnerabilidad, como es el caso de las mujeres rurales, las mujeres de escasos recursos, las adolescentes, las mujeres que viven en situaciones de conflicto armado y las mujeres que sufren otros tipos de violencias basada en el g\u00e9nero. Seg\u00fan razonan, esta desigualdad injustificada entre las mujeres vulnera la obligaci\u00f3n del Estado de garantizar el acceso al procedimiento de IVE en condiciones de igualdad y sin discriminaci\u00f3n. As\u00ed, sostienen que el \u201cderecho fundamental a la igualdad contiene un mandato de abstenci\u00f3n de tratos discriminatorios (igualdad formal), as\u00ed como un mandato de intervenci\u00f3n que obliga al Estado a superar las condiciones de desigualdad (igualdad material)\u201d; y, adem\u00e1s, el art\u00edculo 13 de la Constituci\u00f3n proh\u00edbe la discriminaci\u00f3n indirecta, es decir, \u201clas consecuencias que se derivan de la aplicaci\u00f3n de normas aparentemente neutras, pero que en la pr\u00e1ctica generan un impacto adverso y desproporcionado sobre un grupo tradicionalmente marginado o discriminado\u201d. Esto es, \u201cde tratamientos formalmente no discriminatorios se derivan consecuencias f\u00e1cticas desiguales de los derechos de un grupo, en este caso de las mujeres en situaci\u00f3n migratoria irregular\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
211. As\u00ed, seg\u00fan indicaron, si bien la racionalidad legislativa debe tener en cuenta, entre otros aspectos, el contexto social, econ\u00f3mico y cultural de la poblaci\u00f3n a la que se dirige la tipificaci\u00f3n y sanci\u00f3n penal, el escrutinio judicial respecto de tales competencias debe indagar si su eficacia apunta a sectores espec\u00edficos de la poblaci\u00f3n, para evidenciar, entre otros, si ellos consagran sesgos en contra de grupos sociales en condiciones de vulnerabilidad, m\u00e1s propensos a incurrir en dichas conductas y ser judicializados por sus condiciones econ\u00f3micas, sociales o culturales, que otros m\u00e1s privilegiados que pueden obviar con mayor facilidad la conducta o la sanci\u00f3n penal por medio de distintas estrategias.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
212. Tambi\u00e9n precisaron que merecen especial atenci\u00f3n los casos en los que los delitos se dirigen a penalizar \u00fanicamente a las mujeres, ni\u00f1as y personas gestantes, pues se debe identificar si, efectivamente, el Legislador les impone una carga excesiva en raz\u00f3n del sexo y el g\u00e9nero, si al tipificar determinada conducta pondera las posibles afectaciones a la dignidad individual y si evita, o no, imponer un sistema de creencias y valores que, en \u00faltimas, se traduce en la determinaci\u00f3n de su conducta y en el sometimiento de su voluntad, hasta el punto de ponerla al servicio de convicciones ajenas, por medio de la coerci\u00f3n y la amenaza de una pena para ello; en suma, al reemplazar su autonom\u00eda personal por la heteronom\u00eda estatal.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
213. Finalmente, indicaron que, como lo record\u00f3 la Corte Constitucional en la Sentencia C-335 de 2017, la Convenci\u00f3n de Belem do Par\u00e1 y la Corte IDH han resaltado que la violencia contra las mujeres es una manifestaci\u00f3n de las relaciones de poder hist\u00f3ricamente desiguales entre mujeres y hombres que ha trascendido a todos los sectores de la sociedad, por lo que ciertas acciones de particulares e incluso del Estado pueden terminar legitim\u00e1ndola o reproduci\u00e9ndola.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
6.3.1.3. Derecho a la libertad de conciencia<\/p>\n
214. En relaci\u00f3n con el cargo relacionado con la libertad de conciencia, si bien en la Sentencia C-355 de 2006 la Sala hizo referencia al derecho al libre desarrollo de la personalidad consagrado en el art\u00edculo 16 de la Constituci\u00f3n, el presente cargo se fundamenta en un par\u00e1metro de control constitucional diferente y aut\u00f3nomo \u2013el art\u00edculo 18\u2013. Seg\u00fan indican las demandantes, la disposici\u00f3n obliga a las mujeres a actuar conforme a consideraciones que no necesariamente coinciden con su conciencia y, por tanto, el Estado persigue a aquellas que toman decisiones sobre su propia existencia con base en su propia autodeterminaci\u00f3n. Esto es, las accionantes confrontan la libre determinaci\u00f3n de las mujeres para optar o no por la maternidad con la norma demandada, que las castiga cuando, en uso de esa libertad, deciden abortar. As\u00ed las cosas, en el a\u00f1o 2006, la Corte no se pronunci\u00f3 sobre la posible vulneraci\u00f3n que producir\u00eda la penalizaci\u00f3n del aborto con consentimiento en el derecho fundamental a la libertad de conciencia de las mujeres, las ni\u00f1as y las personas gestantes, es decir, respecto de la presunta trasgresi\u00f3n a su autonom\u00eda reproductiva al no poder actuar conforme a sus convicciones.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
215. En efecto, las censuras que originaron el pronunciamiento de esta corporaci\u00f3n sobre la constitucionalidad condicionada del tipo penal de aborto hace quince a\u00f1os, no incluyeron dentro de los cargos en contra del art\u00edculo 122 de la Ley 599 de 2000, la violaci\u00f3n de la libertad de conciencia, contemplada en el art\u00edculo 18 superior. Ello tampoco ha ocurrido en demandas posteriores respecto de la misma disposici\u00f3n, sobre las que la Corte se hubiere podido pronunciar de fondo.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
216. Pese a lo anterior, es importante indicar que en la Sentencia C-355 de 2006 se hicieron algunas precisiones sobre las personas titulares de la objeci\u00f3n de conciencia, con el fin de que esta no se constituyera en un obst\u00e1culo para las mujeres que, estando incursas en alguna de las causales previstas en dicha providencia, pudieran acceder al procedimiento de la IVE.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
217. En dicha oportunidad, esta Corporaci\u00f3n estim\u00f3 pertinente referirse a la objeci\u00f3n de conciencia para indicar que: (i) no es un derecho que se predique de las personas jur\u00eddicas o del Estado, de tal manera que estos no pueden solicitar su protecci\u00f3n; (ii) en relaci\u00f3n con las personas naturales, esta se fundamenta en profundas creencias y no se corresponde simplemente con la opini\u00f3n personal de estar o no de acuerdo con el aborto voluntario; y, (iii) en los eventos en los que se presente un caso de objeci\u00f3n de conciencia por parte del personal m\u00e9dico, es deber de estos remitir a la mujer a aquel que pueda llevar a cabo el procedimiento.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
218. Cabe mencionar que la breve referencia de la Sentencia C-355 de 2006 a la libertad de conciencia estuvo enmarcada en el an\u00e1lisis del caso concreto, espec\u00edficamente, de dos de los eventos en los que no se incurre en el delito de aborto \u2013cuando la continuaci\u00f3n del embarazo constituye peligro para la vida o la salud de la mujer, y cuando exista grave malformaci\u00f3n del feto que haga inviable su vida\u2013, para se\u00f1alar que \u201cdebe existir la certificaci\u00f3n de un profesional de la medicina, pues de esta manera se salvaguarda la vida en gestaci\u00f3n y se puede comprobar la existencia real de estas hip\u00f3tesis en las cuales el delito de aborto no puede ser penado\u201d. As\u00ed, la Corte concluye que en estos casos \u201c[d]icha determinaci\u00f3n se sit\u00faa en cabeza de los profesionales de la medicina quienes actuar\u00e1n conforme a los est\u00e1ndares \u00e9ticos de su profesi\u00f3n\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
219. Como se observa, en la decisi\u00f3n a la que se hace alusi\u00f3n, la Corte se pronunci\u00f3 sobre el derecho a la libertad de conciencia de los profesionales de la salud que deben practicar la IVE y a que su objeci\u00f3n de conciencia no puede afectar los derechos de las mujeres. Es decir, se ocup\u00f3 \u00fanicamente de la posici\u00f3n jur\u00eddica de los m\u00e9dicos respecto del derecho fundamental a la libertad de conciencia, espec\u00edficamente, en los eventos en los que, como consecuencia de verse precisados a practicar una interrupci\u00f3n del embarazo, se vieran amenazadas sus creencias.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
220. En contraste, la demanda actual incluye el art\u00edculo 18 de la Constituci\u00f3n expl\u00edcitamente como una de las disposiciones desconocidas por la norma demandada, frente a la posici\u00f3n jur\u00eddica de las mujeres como titulares del derecho fundamental a la libertad de conciencia. De esta manera, en el proceso actual, las demandantes sostienen que el art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal viola la libertad de conciencia por transgredir la regla subjetiva de moral de las mujeres, la cual, respecto de la autonom\u00eda reproductiva, deber\u00eda servir para reconocer que \u201cla mujer goza de plena facultad para adoptar una decisi\u00f3n encaminada a ejercerla, sustentada en un sistema de valores producto de sus convicciones ideol\u00f3gicas construidas sobre la base de la experiencia moral, como parte de su interacci\u00f3n con su contexto social, pol\u00edtico y econ\u00f3mico, pero especialmente porque la gestaci\u00f3n es un proceso que solamente ella est\u00e1 en situaci\u00f3n de afrontar\u201d. Lo anterior, por cuanto, por una parte, las somete a llevar a t\u00e9rmino su gestaci\u00f3n pese a estar incursas en alguna de las causales establecidas en la Sentencia C-355 de 2006, debido a los obst\u00e1culos que enfrentan para acceder al procedimiento de la IVE y, por otra, respecto de las mujeres que no se encuentran amparadas por las causales que no est\u00e1n penalizadas, al obligarlas a asumir la maternidad, en contrav\u00eda de sus convicciones.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
221. Se concluye, entonces, que respecto de este cargo tampoco se configura el fen\u00f3meno de la cosa juzgada, pues no se evidencia identidad entre lo analizado por esta corporaci\u00f3n hace quince a\u00f1os y lo formulado en la presente demanda.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
6.3.1.4. Finalidad constitucional de prevenci\u00f3n general de la pena y caracter\u00edstica constitucional adscrita al derecho penal como mecanismo de ultima ratio<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
222. Finalmente, en relaci\u00f3n con el cargo relativo a la finalidad constitucional de prevenci\u00f3n general de la pena y a la caracter\u00edstica constitucional adscrita al derecho penal como mecanismo de ultima ratio, cuyo par\u00e1metro de control constitucional lo constituyen el pre\u00e1mbulo y los art\u00edculos 1 y 2 de la Constituci\u00f3n, a pesar de que existen algunas similitudes entre este cargo y algunos aspectos tratados en la Sentencia C-355 de 2006, no es posible inferir que la problem\u00e1tica constitucional que ahora se plantea se hubiese resuelto en la citada sentencia.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
223. En la Sentencia C-355 de 2006 se valor\u00f3 por parte de la Corte si la penalizaci\u00f3n absoluta del aborto constitu\u00eda una intromisi\u00f3n estatal desproporcionada e irrazonable que desbordaba los l\u00edmites del Legislador y desconoc\u00eda los derechos constitucionales a la dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad, a la salud en conexidad con la vida y a la integridad de las personas, al igual que a los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y estricta legalidad, los cuales se aplicaban tanto a la definici\u00f3n del tipo penal como a su sanci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
224. En esta oportunidad, las demandantes alegan que el art\u00edculo 122 de la Ley 599 de 2000, luego del condicionamiento de que fue objeto en la Sentencia C-355 de 2006, es inconstitucional debido a que, en primer lugar, desconoce las finalidades preventivas y retributivas de la pena, dado que no evita la realizaci\u00f3n de abortos voluntarios en el \u00e1mbito general ni particular, ni contempla una consecuencia negativa justa y leg\u00edtima al da\u00f1o social ocasionado por dicha conducta. Se\u00f1alan que el delito no desestimula ni disminuye la comisi\u00f3n de la conducta tipificada; por el contrario, la penalizaci\u00f3n incrementa el n\u00famero de abortos como, seg\u00fan se\u00f1alan, lo confirman los datos a nivel mundial y las cifras de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n en el caso colombiano.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
225. De otro lado, se\u00f1alan que el tipo penal tambi\u00e9n desconoce los est\u00e1ndares m\u00ednimos de la pol\u00edtica criminal, si se tiene en cuenta que el tipo penal de aborto carece de eficacia preventiva y desconoce el car\u00e1cter de ultima ratio del derecho penal, a la vez que dicha pol\u00edtica carece de fundamentos emp\u00edricos y no mide sus costos econ\u00f3micos.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
226. Seg\u00fan indican, se trata de un mecanismo de control social ineficaz e innecesario o con poca funcionalidad como medio de disuasi\u00f3n social, mientras que s\u00ed tiene un efecto da\u00f1ino en los derechos de las mujeres. Precisan que el uso que hace el Legislador del derecho penal mediante la tipificaci\u00f3n de la conducta de abortar no responde al car\u00e1cter de ultima ratio del derecho penal, pues omite e impide la consideraci\u00f3n de otras v\u00edas m\u00e1s id\u00f3neas para la protecci\u00f3n de la vida en gestaci\u00f3n, bajo una perspectiva de salud p\u00fablica que involucre la educaci\u00f3n sobre derechos sexuales y reproductivos y el acceso a servicios m\u00e9dicos de calidad. Adem\u00e1s, indican que en aquella oportunidad a la Corte no le era posible advertir que se producir\u00edan nuevas recomendaciones y pronunciamientos en la materia por parte de organismos internacionales de protecci\u00f3n de derechos humanos, que apuntan a la descriminalizaci\u00f3n de la pr\u00e1ctica del aborto voluntario, como una medida en favor de los derechos de las mujeres y como una forma para erradicar las violencias a las que esta poblaci\u00f3n se enfrenta de manera cotidiana; tal es el caso de los comit\u00e9s de Derechos Humanos, CEDAW, DESC y de las personas con discapacidad.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
227. En s\u00edntesis, en relaci\u00f3n con este cargo, a pesar de que en la Sentencia C-355 de 2006 se hace referencia, en general, a la competencia legislativa en materia penal, en ella no se valora el fin de prevenci\u00f3n general de la pena \u2013relacionado, en particular, con la falta de idoneidad de la disposici\u00f3n para proteger de manera eficaz la vida en gestaci\u00f3n\u2013. De otra parte, salvo algunas intervenciones en el citado proceso de constitucionalidad, la Sentencia C-355 de 2006 solo se refiere en una ocasi\u00f3n a la expresi\u00f3n ultima ratio \u2013como se indic\u00f3 supra\u2013, y \u00fanicamente para brindar una contextualizaci\u00f3n general acerca de esta exigencia, sin que tenga el alcance que en esta ocasi\u00f3n le asignan las demandantes, asociado al car\u00e1cter subsidiario de las sanciones penales que exige, antes de acudir al poder punitivo del Estado, recurrir a otros controles menos lesivos para lograr un est\u00e1ndar an\u00e1logo de amparo que aquel que brinda el ejercicio del derecho penal, y m\u00e1s respetuosos con los derechos de las mujeres.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
6.3.2. Se evidencia una modificaci\u00f3n en el significado material de la Constituci\u00f3n en cuanto a la comprensi\u00f3n de la problem\u00e1tica de relevancia constitucional que supone el delito del aborto consentido<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
228. A pesar de la suficiencia del argumento anterior para justificar un pronunciamiento de fondo, dada la complejidad de la problem\u00e1tica de relevancia constitucional que se aborda, la Sala tambi\u00e9n evidencia dos razones que, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, justifican el estudio de fondo de los cargos de la demanda, al encontrar superada la cosa juzgada constitucional. De un lado, se acredita una modificaci\u00f3n en el significado material de la Constituci\u00f3n en cuanto a la comprensi\u00f3n de la problem\u00e1tica constitucional que supone el delito del aborto consentido, y, de otro, se evidencia un cambio en el contexto normativo en el que se inserta el art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal. Estas dos circunstancias, como lo ha advertido la Corte, justifican un pronunciamiento de m\u00e9rito.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
229. La Sala evidencia una modificaci\u00f3n en el significado material de la Constituci\u00f3n en cuanto a la comprensi\u00f3n de la problem\u00e1tica de relevancia constitucional que plantea el delito del aborto consentido, como consecuencia de los siguientes cuatro fen\u00f3menos.<\/p>\n
230. En primer lugar, se aprecia una profunda transformaci\u00f3n jurisprudencial acerca de la consideraci\u00f3n del derecho a la salud como un derecho fundamental aut\u00f3nomo, en particular, en los t\u00e9rminos de las sentencias T-760 de 2008, C-313 de 2014 y T-361 de 2014. Para la \u00e9poca en que se profiri\u00f3 la Sentencia C-355 de 2006, el car\u00e1cter de derecho fundamental de la salud se reconoc\u00eda en los eventos en los que la vida depend\u00eda de su protecci\u00f3n. En esta materia y durante las \u00faltimas d\u00e9cadas, la jurisprudencia constitucional ha avanzado para dar cuenta de que \u201cla salud adquiere una connotaci\u00f3n fundamental como derecho esencial para garantizar a las personas una vida digna y de calidad que permita su pleno desarrollo en la sociedad. Esto luego de comprender que los derechos econ\u00f3micos, sociales y culturales, no ser\u00e1n un mero complemento de los derechos de libertad, sino que ser\u00e1n en s\u00ed mismos verdaderos derechos fundamentales\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
231. La anterior postura se ha fundamentado en una concepci\u00f3n de los derechos fundamentales basada en la dignidad de las personas y en la realizaci\u00f3n plena del Estado Social de Derecho. As\u00ed, en la actualidad, el derecho a la salud \u201cse configura como un derecho fundamental aut\u00f3nomo e irrenunciable que debe garantizarse de conformidad con los principios rectores de accesibilidad, solidaridad, continuidad e integralidad, entre otros, los cuales caracterizan el Sistema de Salud y est\u00e1n contemplados en los art\u00edculos 48 y 49 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, los art\u00edculos 153 y 156 de la Ley 100 de 1993 y el art\u00edculo 6 de la Ley 1751 de 2015\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
232. En segundo lugar, luego del a\u00f1o 2006 y mediante la resoluci\u00f3n de casos concretos, la jurisprudencia constitucional ha ampliado su comprensi\u00f3n acerca de la problem\u00e1tica de relevancia constitucional que supone el aborto consentido, a partir de la estrecha relaci\u00f3n que se presenta entre las conductas que siguen constituyendo un supuesto delictivo y aquellas que no.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
233. En este sentido, seg\u00fan precisaron las demandantes, la decisi\u00f3n del a\u00f1o 2006 se produjo en un momento en el que no era posible constatar las m\u00faltiples barreras que enfrentan las mujeres para acceder a la IVE en las causales autorizadas \u2013reconocidas como parte de la salud reproductiva\u2013, a partir de las cuales la jurisprudencia constitucional ha precisado durante quince a\u00f1os los deberes del Estado y de los particulares para su garant\u00eda. Para tal \u00e9poca, por iguales razones, no era posible apreciar los diferentes desarrollos legales y reglamentarios en la materia y tampoco se contaba con la interpretaci\u00f3n en sede de revisi\u00f3n que de aquella prestaci\u00f3n se ha hecho y su estrecha relaci\u00f3n con los derechos reproductivos.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
234. Como se evidencia de la l\u00ednea jurisprudencial constituida por las sentencias T-171 de 2007, T-988 de 2007, T-209 de 2008, T-946 de 2008, T-388 de 2009, T-585 de 2010, T-636 de 2011, T-959 de 2011, T-841 de 2011, T-627 de 2012, T-532 de 2014, T-301 de 2016, T-731 de 2016, T-697 de 2016, T-931 de 2016 y SU-096 de 2018 \u2013al igual que en las sentencias C-754 de 2015 y C-327 de 2016\u2013, la Corte Constitucional ha constatado un d\u00e9ficit de protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales de las ni\u00f1as y mujeres accionantes, que ha tornado en inoperantes las excepciones m\u00ednimas destinadas a salvaguardar su dignidad y dem\u00e1s derechos, de que trata la Sentencia C-355 de 2006. De hecho, ha evidenciado que estas restricciones tambi\u00e9n afectan, en abstracto, el bien jur\u00eddico que pretende proteger la disposici\u00f3n demandada, ya que la dilaci\u00f3n en la pr\u00e1ctica del procedimiento de la IVE, en los supuestos que no constituyen delito, permite que la edad gestacional avance y sea mucho m\u00e1s cara a los intereses que pretende proteger la realizaci\u00f3n oportuna del citado procedimiento.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
235. En tercer lugar, como lo precisaron las demandantes, existen documentos internacionales, de distinto valor normativo, que, a diferencia del a\u00f1o 2006, han propugnado por la despenalizaci\u00f3n del aborto m\u00e1s all\u00e1 de las tres causales definidas en la Sentencia C-355 de 2006 y, por tanto, inciden en una nueva comprensi\u00f3n constitucional del fen\u00f3meno. De all\u00ed que, seg\u00fan se\u00f1alan, tal pretensi\u00f3n encuentre sustento suficiente en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
236. Entre tales documentos, las demandantes hacen referencia al informe especial de 2011 sobre la interacci\u00f3n entre las leyes penales y otras restricciones jur\u00eddicas relativas a la salud sexual y reproductiva y el derecho a la salud, del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del m\u00e1s alto nivel posible de salud; las observaciones finales sobre los informes peri\u00f3dicos cuarto y quinto combinados de Chile de 2015, del Comit\u00e9 de Derechos del Ni\u00f1o; la Observaci\u00f3n General No. 22 de 2016, sobre el derecho a la salud sexual y reproductiva, del Comit\u00e9 de Derechos Econ\u00f3micos Sociales y Culturales; la Observaci\u00f3n General No. 36 de 2017, sobre el derecho a la vida, del Comit\u00e9 de Derechos Humanos; la Recomendaci\u00f3n General No. 35 de 2017, mediante la cual se actualiz\u00f3 la Recomendaci\u00f3n General No. 19 de 1992, sobre la violencia contra la mujer, del Comit\u00e9 para la Eliminaci\u00f3n de todas las formas de discriminaci\u00f3n contra la mujer; la Indagaci\u00f3n sobre Reino Unido e Irlanda del Norte (Art\u00edculo 8 del Protocolo Facultativo de la Convenci\u00f3n para la Eliminaci\u00f3n de todas las formas de discriminaci\u00f3n contra la mujer) del a\u00f1o 2018, del Comit\u00e9 para la Eliminaci\u00f3n de todas las formas de discriminaci\u00f3n contra la mujer; las Observaciones finales sobre el sexto informe peri\u00f3dico de M\u00e9xico de 2019 del Comit\u00e9 de Derechos Humanos y la Declaraci\u00f3n conjunta del Comit\u00e9 de los derechos de las personas con discapacidad y del Comit\u00e9 para la Eliminaci\u00f3n de todas las formas de discriminaci\u00f3n contra la mujer, sobre la garant\u00eda de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres, en particular de las mujeres en condici\u00f3n de discapacidad, del a\u00f1o 2018. Si bien, este tipo de documentos no tienen un car\u00e1cter vinculante per se, constituyen criterios hermen\u00e9uticos internacionales que pueden facilitar la interpretaci\u00f3n constitucional interna, tal como se deriva de lo dispuesto por el art\u00edculo 93, inciso 2\u00b0, de la Constituci\u00f3n. De all\u00ed que este sea el alcance que a este tipo de informes, observaciones y recomendaciones le otorgue la Sala en la presente providencia. Lo dicho no excluye el deber de las autoridades administrativas y legislativas de cumplir de buena fe los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso de la Rep\u00fablica de que trata el inciso 1\u00b0 de la disposici\u00f3n constitucional en cita.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
237. Finalmente, luego del a\u00f1o 2006 se ha perfilado con mayor precisi\u00f3n una jurisprudencia constitucional para valorar la violencia de g\u00e9nero contra la mujer, de la que son especialmente relevantes las sentencias C-297 de 2016, C-539 de 2016, C-117 de 2018, C-519 de 2019 y C-038 de 2021.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
238. En la Sentencia C-297 de 2016, la Corte declar\u00f3 la exequibilidad de un apartado de la Ley 1761 de 2015, \u201cPor la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito aut\u00f3nomo y se dictan otras disposiciones. (Rosa Elvira Cely)\u201d, que adicion\u00f3 el art\u00edculo 104A de la Ley 599 de 2000, luego de considerar, entre otras razones, que los patrones estructurales de discriminaci\u00f3n,<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201cse manifiestan en diversas formas de violencia, que pueden tener un car\u00e1cter sistem\u00e1tico o no. Esta violencia se evidencia tanto en elementos de periodicidad como en tratos que suponen una visi\u00f3n de roles de g\u00e9nero estereotipados o arraigados en la cultura que posicionan a la mujer como un objeto o una propiedad desechable con ciertas funciones que se ven inferiores a las del hombre. La realidad indica que las condiciones de discriminaci\u00f3n que sufren las mujeres no siempre son abiertas, expl\u00edcitas, y directas, no porque no est\u00e9n presentes, sino porque hacen parte de din\u00e1micas culturales que se han normalizado\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
239. En la Sentencia C-539 de 2016, la Corte declar\u00f3 la exequibilidad de otro apartado de la Ley 1761 de 2015, \u201cPor la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito aut\u00f3nomo y se dictan otras disposiciones. (Rosa Elvira Cely)\u201d. Es especialmente relevante resaltar de esta providencia la caracterizaci\u00f3n que realiza de varias disposiciones del ordenamiento, que evidencian supuestos de violencia de g\u00e9nero contra la mujer. Se hace referencia, por ejemplo, a las disposiciones del derecho civil que obligaban a la mujer a adoptar el apellido del c\u00f3nyuge, con la adici\u00f3n al suyo de la part\u00edcula \u201cde\u201d como s\u00edmbolo de pertenencia. Tambi\u00e9n se\u00f1ala que las mujeres solo pod\u00edan ejercer la patria potestad en caso de que faltara el esposo y se les equiparaba a los menores en la administraci\u00f3n de sus bienes y en el ejercicio de sus derechos, pues estaban sujetas a la potestad marital. Igualmente, se mencionan las reglas civiles que establec\u00edan que el \u201cmarido\u201d ten\u00eda el derecho a obligar a \u201csu mujer\u201d a vivir con \u00e9l y seguirlo a donde trasladara su residencia, mientras la mujer solo ten\u00eda derecho a que el hombre la recibiera en su casa. As\u00ed mismo, refiere que el \u201cmarido\u201d deb\u00eda \u201cprotecci\u00f3n\u201d a la mujer, al paso que la mujer deb\u00eda \u201cobediencia al marido\u201d. En lo laboral, la posibilidad de trabajar de toda mujer \u201ccasada\u201d se encontraba sometida a la autorizaci\u00f3n del \u201cmarido\u201d. Igualmente refiere que la mujer no alcanz\u00f3 el estatus de ciudadana sino hasta el a\u00f1o de 1945 y tuvo restringidos sus derechos pol\u00edticos hasta comienzos de los a\u00f1os cincuenta. A ra\u00edz de este tipo de tratos, la Sala hizo \u00e9nfasis en que \u201cEl campo legal no solo reflej\u00f3 con nitidez estereotipos de g\u00e9nero y fue un espacio m\u00e1s de discriminaci\u00f3n, sino que se convirti\u00f3 en un poderoso escenario de reproducci\u00f3n, legitimaci\u00f3n y garant\u00eda de continuaci\u00f3n del sometimiento que experimentaba la mujer en los dem\u00e1s \u00e1mbitos\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
240. En la Sentencia C-117 de 2018, la Corte declar\u00f3 la inexequibilidad de las disposiciones que gravaban con IVA las toallas higi\u00e9nicas y los tampones, al considerar que tales medidas ten\u00edan \u201cun impacto desproporcionado para las mujeres y, en especial, para aquellas de escasos recursos, ya que, el uso exclusivo de estos productos se restrinja a las mujeres en edad f\u00e9rtil implica una distinci\u00f3n respecto de las cargas que deben asumir los hombres. As\u00ed, dado que estos bienes particulares no son de libre escogencia, se trata de la imposici\u00f3n de un tributo a un solo grupo\u201d que no encontraba justificaci\u00f3n constitucional.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
241. En la Sentencia C-519 de 2019, la Sala Plena declar\u00f3 la inexequibilidad con efectos diferidos de la expresi\u00f3n \u201cseguido del\u201d, contenida en el art\u00edculo 53 del Decreto 1260 de 1970 (subrogado por el art\u00edculo 1 de la Ley 54 de 1989), al evidenciar el desconocimiento del principio de igualdad, como consecuencia del trato discriminatorio que se otorgaba a las mujeres, por su condici\u00f3n de tales, ya que la disposici\u00f3n privilegiaba que en el registro civil de nacimiento se inscribiera como primer apellido el del padre\u00a0seguido del\u00a0primero de la madre.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
242. En la Sentencia C-038 de 2021, la Corte Constitucional declar\u00f3 inexequible\u00a0la expresi\u00f3n\u00a0\u201clas mujeres y\u201d\u00a0del numeral 13 del art\u00edculo 108 del Decreto Ley 2663 de 1950 (C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo), que permit\u00eda al Estado y a los empleadores especificar en los reglamentos de trabajo las actividades que les estaba prohibido realizar a las mujeres, al evidenciar que esta facultad se otorgaba sin otra justificaci\u00f3n distinta que el recurso a un tratamiento fundado en el sexo.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
243. Como se precis\u00f3 en la primera sentencia en cita \u2013C-297 de 2016\u2013, a partir de la valoraci\u00f3n de m\u00faltiples disposiciones de instrumentos del derecho internacional que reconocen derechos humanos, la Sala avanz\u00f3 en las siguientes ideas en relaci\u00f3n con la violencia de g\u00e9nero contra la mujer: (i) \u201cla violencia de g\u00e9nero es un fen\u00f3meno social vigente que se fundamenta en la discriminaci\u00f3n de la mujer y tiene serias consecuencias para el goce de sus derechos fundamentales\u201d; (ii) las mujeres tienen derecho a \u201cestar libres de violencia, que a su vez comporta el deber estatal de adoptar todas las medidas para protegerlas de la violencia y atender de forma integral a sus sobrevivientes\u201d; (iii) la disposici\u00f3n demandada \u2013la norma que tipifica el delito de feminicidio\u2013 incluye la obligaci\u00f3n del Estado de \u201cprevenir, atender, investigar y sancionar la violencia contra la mujer\u201d y, por tanto, comprende medidas de naturaleza penal, inclusive, as\u00ed como aquellas sociales, econ\u00f3micas y culturales que sean id\u00f3neas y efectivas para \u201crevertir las condiciones sociales que fomentan los estereotipos negativos de g\u00e9nero y\u00a0precluyen el goce de la igualdad sustantiva, particularmente en el \u00e1mbito de la administraci\u00f3n de justicia\u201d; (iv) finalmente, precis\u00f3 que al Estado le corresponde adoptar<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201c(i) acciones afirmativas para proteger a las mujeres de los riesgos y\u00a0amenazas desproporcionados de violencia en el contexto del conflicto armado, particularmente aquellos de abuso sexual; (ii) protocolos de atenci\u00f3n integral en salud y psicosociales para las v\u00edctimas de cualquier tipo de violencia, como un m\u00ednimo constitucional; (iii) un enfoque diferencial en los programas de testigos en el marco del acceso a la justicia en el conflicto armado; (iv) pol\u00edticas para eliminar los estereotipos de g\u00e9nero en la administraci\u00f3n de justicia, particularmente los que revictimizan a las mujeres y (iv) medidas, m\u00e1s all\u00e1 de las punitivas, para erradicar la violencia contra la mujer, como la sanci\u00f3n social\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
244. Estas razones, que evidencian una modificaci\u00f3n en el significado material de la Constituci\u00f3n en cuanto a la comprensi\u00f3n de la problem\u00e1tica de relevancia constitucional que supone el delito del aborto consentido, justifican un pronunciamiento de m\u00e9rito en el presente asunto.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
6.3.3. Se evidencia un cambio en el contexto normativo en el que se inserta el art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
245. La hip\u00f3tesis del cambio de contexto normativo de la disposici\u00f3n objeto de control puede ocurrir cuando, de un lado, \u201cuna norma que ya fue juzgada se expide posteriormente, en un contexto normativo distinto\u201d, y, de otro lado, la disposici\u00f3n juzgada previamente mantiene su contenido formal, es decir, no se transforma, pero el ordenamiento en el que se inscribe es objeto de modificaciones, por lo que su contenido material cambia. En otras palabras, en este supuesto la disposici\u00f3n objeto de examen exhibe un contenido id\u00e9ntico al previamente analizado; sin embargo, revela un contenido material distinto al hacer parte de contextos normativos diversos.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
246. Ante la variaci\u00f3n del marco normativo se impone la necesidad de efectuar un nuevo examen, para determinar si se requiere o no emprender una valoraci\u00f3n constitucional distinta a la luz del nuevo contexto. Tal apreciaci\u00f3n es imprescindible, en aras de evitar que en el proceso de integraci\u00f3n a dicho contexto puedan producirse resultados inconstitucionales, pues \u201cuna disposici\u00f3n jur\u00eddica no puede ser analizada aisladamente, sino que debe ser interpretada de manera sistem\u00e1tica, tomando en consideraci\u00f3n el conjunto normativo del cual forma parte\u201d. Por consiguiente, se presenta la necesidad de realizar una nueva ponderaci\u00f3n de valores o principios constitucionales a partir del cambio de contexto en el que se incorpora la norma acusada.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
247. Como se indic\u00f3, la segunda raz\u00f3n que justifica un pronunciamiento de fondo en el presente asunto tiene que ver con la evidencia de un cambio en el contexto normativo en el que se inserta el art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal, como consecuencia de los siguientes fen\u00f3menos:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
248. En primer lugar, la expedici\u00f3n de la Ley Estatutaria de Salud del a\u00f1o 2015. En el contexto actual de discusi\u00f3n de la constitucionalidad del art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal, la salud se presenta como un derecho fundamental aut\u00f3nomo e irrenunciable, en lo individual y en lo colectivo, mientras que en el examen desarrollado en la Sentencia C-355 de 2006 la salud se consider\u00f3 como un derecho \u201cfundamental por conexidad con la vida\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
249. Por consiguiente, de acuerdo con el nuevo alcance dispuesto por la Ley 1751 de 2015 la salud es una prerrogativa que genera para el Estado deberes de respeto, protecci\u00f3n y cumplimiento, as\u00ed como la obligaci\u00f3n de adoptar pol\u00edticas para asegurar la igualdad de trato y oportunidades en cuanto a las actividades de promoci\u00f3n, prevenci\u00f3n, diagn\u00f3stico, tratamiento, rehabilitaci\u00f3n y paliaci\u00f3n de todas las personas. Estos aspectos generan un nuevo contexto constitucional, legal y reglamentario en el que se inserta la disposici\u00f3n acusada.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
250. La iusfundamentalidad aut\u00f3noma del derecho a la salud exige que las instituciones, normas, procedimientos, participantes y actores del sistema, se enfoquen en la dignidad de las personas como eje axial para la realizaci\u00f3n plena de los fines del Estado Social de Derecho. De ah\u00ed que actualmente las actuaciones del sistema de salud se rijan por los principios de accesibilidad, solidaridad, continuidad e integralidad, dispuestos por el art\u00edculo 6 de la Ley 1751 de 2015. En tales t\u00e9rminos, la disposici\u00f3n demandada se ha introducido en un nuevo contexto normativo del aseguramiento en salud, que no se encontraba presente al momento en que se llev\u00f3 a cabo el debate que culmin\u00f3 con la expedici\u00f3n de la Sentencia C-355 de 2006.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
252. En tercer lugar, la pol\u00edtica criminal ha visto una revaloraci\u00f3n del sentido de la proporcionalidad y los fines de la pena. As\u00ed se desprende, entre otras, de la informaci\u00f3n suministrada por la Comisi\u00f3n Asesora de Pol\u00edtica Criminal, los datos sobre la judicializaci\u00f3n del delito de aborto en Colombia entre 1998 y 2019, aportados por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, y la informaci\u00f3n obrante en la iniciativa legislativa presentada por esta \u00faltima entidad para despenalizar de manera parcial el delito de aborto consentido (Proyecto de Ley 209 de 2016, C\u00e1mara de Representantes).<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
253. En relaci\u00f3n con estos dos aspectos, distintos referentes normativos y t\u00e9cnicos, nacionales e internacionales, dan cuenta de la necesidad de replantear los t\u00e9rminos en que se encuentra prevista la penalizaci\u00f3n del aborto voluntario en atenci\u00f3n a los diversos impactos que esta norma genera para los derechos de las mujeres. Entre estos, se encuentran el Informe Especial de 2011 sobre \u201cLa interacci\u00f3n entre las leyes penales y otras restricciones jur\u00eddicas relativas a la salud sexual y reproductiva y el derecho a la salud\u201d del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del m\u00e1s alto nivel posible de salud f\u00edsica y mental, la Observaci\u00f3n General No. 22 sobre \u201cEl derecho a la salud sexual y reproductiva\u201d del Comit\u00e9 DESC, la Recomendaci\u00f3n General No. 35 sobre \u201cLa violencia por raz\u00f3n de g\u00e9nero contra la mujer, por la que se actualiza la recomendaci\u00f3n general No. 19\u201d del Comit\u00e9 CEDAW, la Observaci\u00f3n General No. 36 sobre \u201cEl derecho a la vida\u201d del Comit\u00e9 de Derechos Humanos; la Declaraci\u00f3n conjunta sobre \u201cLa garant\u00eda de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres, en particular las mujeres con discapacidad\u201d del Comit\u00e9 de los derechos de las personas con discapacidad y del Comit\u00e9 CEDAW, y el Informe sobre \u201cDeterminantes del aborto inseguro y barreras de acceso para la atenci\u00f3n de la interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo en mujeres colombianas\u201d del Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
254. En cuarto lugar, la expedici\u00f3n de la Ley 1257 de 2008, con el fin, entre otros, de cumplir los compromisos internacionales del Estado respecto de la libertad, la autonom\u00eda y la salud sexual y reproductiva. Seg\u00fan precisaron las demandantes, la lectura del art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal debe considerar lo dispuesto en la Ley 1257 de 2008, por medio de la cual se previeron instrumentos normativos para la sensibilizaci\u00f3n, prevenci\u00f3n, sanci\u00f3n de formas de violencia y discriminaci\u00f3n contra las mujeres.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
255. Dado que el objeto de esta disposici\u00f3n es adoptar normas que permitan garantizar a todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el \u00e1mbito privado como p\u00fablico, el ejercicio de los derechos reconocidos en el ordenamiento jur\u00eddico interno e internacional, el acceso a los procedimientos administrativos para su protecci\u00f3n y adopci\u00f3n, y la fijaci\u00f3n de pol\u00edticas p\u00fablicas orientadas a su realizaci\u00f3n, no es posible valorar el texto del art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal sin considerar estos fines relevantes perseguidos por el Legislador. Sostener lo contrario implica consentir una omisi\u00f3n que contrar\u00eda los fines aludidos, al desconocer el imperativo de la protecci\u00f3n de la violencia contra la mujer, en el que se promueven sus derechos a la libertad, a la autonom\u00eda y a la salud sexual y reproductiva.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
256. Finalmente, no puede desconocerse el proceso de evoluci\u00f3n jurisprudencial progresiva y constante que se ha desarrollado con posterioridad a la expedici\u00f3n de la Sentencia C-355 de 2006, orientado al desarrollo de los contenidos de los derechos de las mujeres a la salud sexual y reproductiva, as\u00ed como a definir el alcance de las obligaciones del Estado para enfrentar las barreras estructurales de acceso de esta poblaci\u00f3n a las garant\u00edas superiores referidas. Admitir lo contrario supondr\u00eda negar el car\u00e1cter din\u00e1mico de la Constituci\u00f3n del que ciertamente se hizo parte la disposici\u00f3n acusada.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
257. De lo expuesto, la Corte aprecia que en el contexto descrito el art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal adquiri\u00f3 un nuevo alcance o unos efectos distintos, lo cual justifica un fallo de fondo en el presente caso.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
7. Problema jur\u00eddico sustancial, estructura de an\u00e1lisis y tesis de la decisi\u00f3n<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
258. Le corresponde a la Corte determinar si, a pesar del condicionamiento de la Sentencia C-355 de 2006, la tipificaci\u00f3n del delito de aborto con consentimiento, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal, (i) es contraria a la obligaci\u00f3n de respeto al derecho a la salud y a los derechos reproductivos de las mujeres, las ni\u00f1as y las personas gestantes (art\u00edculos 49, 42 y 16 de la Constituci\u00f3n); (ii) desconoce el derecho a la igualdad de las mujeres en situaci\u00f3n de vulnerabilidad y en situaci\u00f3n migratoria irregular (art\u00edculos 13 y 93 de la Constituci\u00f3n, 1 de la CADH y 9 de la Convenci\u00f3n de Belem do Par\u00e1); (iii) vulnera la libertad de conciencia de las mujeres, las ni\u00f1as y las personas gestantes, en especial, frente a la posibilidad de actuar conforme a sus convicciones en relaci\u00f3n con su autonom\u00eda reproductiva (art\u00edculo 18 de la Constituci\u00f3n), y (iv) es compatible con la finalidad preventiva de la pena y satisface las exigencias constitucionales adscritas al car\u00e1cter de ultima ratio del derecho penal (pre\u00e1mbulo y art\u00edculos 1 y 2 de la Constituci\u00f3n).<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
259. Dado que la protecci\u00f3n de la vida en gestaci\u00f3n \u2013bien jur\u00eddico que resguarda la disposici\u00f3n demandada\u2013 es una finalidad constitucional imperiosa, le corresponde a la Sala valorar si la actual tipificaci\u00f3n del delito de aborto, como \u00fanica medida legislativa para desincentivar la interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo y mediante ella proteger la vida del nasciturus, afecta las garant\u00edas constitucionales que fundamentan los cargos de la demanda que en esta oportunidad examina la Corte.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
260. De ser as\u00ed, al menos respecto de uno de los cargos, lo procedente es valorar si se trata de una afectaci\u00f3n desproporcionada \u2013lo que, en principio, justificar\u00eda la declaratoria de inexequibilidad de la disposici\u00f3n\u2013, o si esta se encuentra justificada en la finalidad constitucional que pretende alcanzar: proteger la vida en gestaci\u00f3n \u2013lo que justificar\u00eda la declaratoria de su exequibilidad\u2013. Tambi\u00e9n puede ocurrir que, a pesar de evidenciarse una afectaci\u00f3n tal a aquellas garant\u00edas, la declaratoria de inexequibilidad genere un d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a la finalidad constitucional imperiosa que pretende proteger el tipo penal, raz\u00f3n por la cual se justificar\u00eda una soluci\u00f3n distinta.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
261. La Corte encuentra que la penalizaci\u00f3n del aborto con consentimiento es prima facie compatible con la Constituci\u00f3n, en cuanto medida para proteger la vida en gestaci\u00f3n \u2013para cuya consecuci\u00f3n, en todo caso, el Legislador puede acudir a otro tipo de medidas de car\u00e1cter asistencial y prestacional\u2013. Sin embargo, su penalizaci\u00f3n en todas las etapas del embarazo y en forma absoluta \u2013excepto en las tres causales se\u00f1aladas en la Sentencia C-355 de 2006, condicionamiento que integra el contenido normativo de la disposici\u00f3n vigente\u2013, plantea una tensi\u00f3n de relevancia constitucional entre la protecci\u00f3n de la vida en gestaci\u00f3n \u2013finalidad constitucional imperiosa que pretende amparar el art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal\u2013 y las garant\u00edas relacionadas con la salud y los derechos reproductivos, la igualdad de las mujeres en situaci\u00f3n de vulnerabilidad y en situaci\u00f3n migratoria irregular, la libertad de conciencia y la finalidad constitucional de prevenci\u00f3n general de la pena, as\u00ed como con el car\u00e1cter de \u00faltimo recurso \u2013ultima ratio\u2013 del derecho penal. Esta tensi\u00f3n constitucional no es posible resolverla en forma absoluta mediante la preferencia de alguno de estos intereses porque supone el sacrificio absoluto del otro, no solo porque no tiene en cuenta que en cada etapa del embarazo estos intereses jur\u00eddicos tienen una importancia y relevancia distintas, sino porque deja de valorar la existencia de otras medidas legislativas alternativas m\u00e1s adecuadas para garantizar la ponderaci\u00f3n de los bienes y derechos en tensi\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
262. Para resolver esta tensi\u00f3n, la Corte precisar\u00e1, de un lado, por qu\u00e9 la protecci\u00f3n de la vida en gestaci\u00f3n es una finalidad constitucional imperiosa (aspecto que se analiza en el t\u00edtulo 8) y, de otro, a partir del marco normativo actual, por qu\u00e9 la tipificaci\u00f3n del delito del aborto con consentimiento entra en fuerte tensi\u00f3n con los intereses jur\u00eddicos que fundamentan los cargos de la demanda (an\u00e1lisis que se realiza en los t\u00edtulos 9 a 12). En el t\u00edtulo 13, con fundamento en estas razones, justificar\u00e1 por qu\u00e9 a partir de la semana 24 de gestaci\u00f3n, momento en el que se acredita una mayor probabilidad de vida aut\u00f3noma extrauterina, se incrementa la necesidad de una protecci\u00f3n cualificada de la vida en gestaci\u00f3n, incluso por la v\u00eda penal, pues como lo se\u00f1al\u00f3 la Corte en la Sentencia C-355 de 2006, y lo reitera en esta oportunidad, \u201cla vida del nasciturus es un bien protegido por el ordenamiento constitucional y por lo tanto las decisiones que adopte la mujer embarazada sobre la interrupci\u00f3n de la vida en gestaci\u00f3n trascienden de la esfera de su autonom\u00eda privada e interesan al Estado y al legislador\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
263. De otra parte, en atenci\u00f3n a que la disposici\u00f3n demandada no logra conciliar aquella tensi\u00f3n, se exhortar\u00e1 al Congreso de la Rep\u00fablica y al Gobierno nacional para que formulen e implementen una pol\u00edtica p\u00fablica integral que evite los amplios m\u00e1rgenes de desprotecci\u00f3n para la dignidad y los derechos de las mujeres gestantes y, a su vez, proteja la vida en gestaci\u00f3n, sin desconocer tales garant\u00edas de manera manifiestamente desproporcionada o irrazonable. Como lo precis\u00f3 la Sala en la Sentencia C-355 de 2006, y se reitera,<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201cla vida del nasciturus es un bien constitucionalmente protegido y por esa raz\u00f3n el legislador est\u00e1 obligado a adoptar medidas para su protecci\u00f3n [\u2026] se podr\u00eda discutir si la naturaleza de estas medidas de protecci\u00f3n de la vida en gestaci\u00f3n han de ser de car\u00e1cter penal o si ser\u00edan m\u00e1s efectivas previsiones de otro tipo como pol\u00edticas sociales o de \u00edndole prestacional que aseguren la vida que est\u00e1 en proceso de gestaci\u00f3n mediante la garant\u00eda de cuidados m\u00e9dicos, alimentaci\u00f3n o de ingresos de la mujer embarazada. Al respecto cabe anotar, que corresponde en primer lugar al legislador decidir entre el universo de medidas posibles aquellas m\u00e1s adecuadas para proteger los bienes jur\u00eddicos de relevancia constitucional y su decisi\u00f3n, en principio, s\u00f3lo podr\u00e1 ser objeto de control cuando resulte manifiestamente desproporcionada o irrazonable\u201d.<\/p>\n
8. La protecci\u00f3n de la vida en gestaci\u00f3n es una finalidad constitucional imperiosa (art\u00edculos 11 de la Constituci\u00f3n y 4.1 de la CADH)<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
264. Para la Corte, el art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal persigue una finalidad constitucional imperiosa que consiste en proteger la vida en gestaci\u00f3n, ya que mediante la amenaza de imponer una pena de prisi\u00f3n a la mujer \u201cque causare su aborto o permitiere que otro se lo cause\u201d, y a \u201cquien, con el consentimiento de la mujer, realice la conducta\u201d, pretende que esta no se realice y, por tanto, busca que el embarazo culmine con el nacimiento de un nuevo ser.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
265. El car\u00e1cter imperioso de esta finalidad se deriva de lo dispuesto en los art\u00edculos 11 de la Constituci\u00f3n y 4.1 de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos. De conformidad con el primero, \u201cEl derecho a la vida es inviolable\u201d y de acuerdo con el segundo, \u201cToda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estar\u00e1 protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepci\u00f3n\u201d. Estas disposiciones pretenden proteger la vida, incluyendo aquella que est\u00e1 en formaci\u00f3n durante la etapa de gestaci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
266. Como lo ha precisado la jurisprudencia constitucional e interamericana, la vida es un bien jur\u00eddico que se debe proteger en todas las etapas de su desarrollo, pero no necesariamente con la misma intensidad. De all\u00ed que la protecci\u00f3n de la vida en gestaci\u00f3n como finalidad constitucional imperiosa, incluso mediante el derecho penal, tambi\u00e9n deba ser gradual e incremental, seg\u00fan la etapa de desarrollo del embarazo, siendo especialmente relevante su garant\u00eda en la etapa m\u00e1s avanzada del periodo de gestaci\u00f3n en la que es posible una mayor protecci\u00f3n frente a otros bienes jur\u00eddicos con los que pudiera entrar en tensi\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
267. Ello por cuanto la vida, como lo ha indicado la Sala, \u201cno tiene el car\u00e1cter de un valor o de un derecho de car\u00e1cter absoluto\u201d o, en t\u00e9rminos de la jurisprudencia interamericana, \u201cla protecci\u00f3n del derecho a la vida [\u2026] no es absoluta, sino es gradual e incremental seg\u00fan su desarrollo, debido a que no constituye un deber absoluto e incondicional, sino que implica entender la procedencia de excepciones a la regla general\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
268. En este sentido, un uso id\u00f3neo, necesario y proporcional de la competencia del legislador en materia de pol\u00edtica criminal, exige reservarla para las conductas m\u00e1s lesivas, siempre que no sea posible acudir a \u201cotros controles menos gravosos\u201d que sean \u201cigualmente id\u00f3neos, y menos restrictivos de la libertad\u201d, o cuando ha ofrecido alternativas para el ejercicio de los derechos con los que la sanci\u00f3n penal entra en tensi\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
269. Corresponde al Legislador, en todo caso, \u201cdecidir entre el universo de medidas posibles aquellas m\u00e1s adecuadas para proteger los bienes jur\u00eddicos de relevancia constitucional y su decisi\u00f3n, en principio, s\u00f3lo podr\u00e1 ser objeto de control cuando resulte manifiestamente desproporcionada o irrazonable\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
270. Ahora bien, si el Legislador decide acudir al derecho penal para proteger la vida en gestaci\u00f3n, debido a la gravedad de este tipo de medidas y a su potencialidad restrictiva de otras garant\u00edas constitucionales, su margen de configuraci\u00f3n es m\u00e1s limitado. Por ello, en el caso de la vida en gestaci\u00f3n, su protecci\u00f3n implica el deber estatal de implementar medidas de pol\u00edtica p\u00fablica para salvaguardarla y, de estimarlo necesario, adoptar disposiciones complementarias de car\u00e1cter penal. Un uso indiscriminado del derecho penal resulta arbitrario y contrario a las exigencias adscritas al Estado Social de Derecho, en los t\u00e9rminos del pre\u00e1mbulo y de los art\u00edculos 1 y 2 de la Constituci\u00f3n. Como lo precis\u00f3 de manera reciente la Sala Plena al declarar la inexequibilidad del Acto Legislativo 1 de 2020:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201c[\u2026] el mandato constitucional de la prevalencia de los derechos de los NNA sobre los dem\u00e1s y la adopci\u00f3n de medidas con miras a lograr su protecci\u00f3n especial no implica cercenar otros principios de car\u00e1cter constitucional o abolir el goce y ejercicio de otros derechos, como la dignidad humana del infractor. El uso del derecho penal debe ser la ultima ratio dentro de un Estado de Derecho fundado en la dignidad humana\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
271. En relaci\u00f3n con la protecci\u00f3n de este bien jur\u00eddico es importante reiterar que, como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia constitucional, su protecci\u00f3n mediante disposiciones penales no es en principio irrazonable ni desproporcionada, lo que no significa que el legislador no se encuentre sujeto a l\u00edmites en su margen de configuraci\u00f3n. Dado que \u201cni la vida como valor, ni el derecho a la vida tienen un\u00a0car\u00e1cter absoluto\u201d el Legislador ha tipificado para su protecci\u00f3n diferentes conductas y las ha sancionado con diferente intensidad. Es decir, para salvaguardar el mismo inter\u00e9s constitucional, la tipificaci\u00f3n y la sanci\u00f3n punitiva han sido ponderadas teniendo en cuenta la gravedad de la lesi\u00f3n y los otros valores, principios y derechos comprometidos, como se evidencia a continuaci\u00f3n:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
272. Para proteger no solo la vida en gestaci\u00f3n, sino tambi\u00e9n la autonom\u00eda reproductiva de la mujer, su dignidad, salud y libertad de conciencia, el Legislador tipific\u00f3 el delito de aborto sin consentimiento, que regula el art\u00edculo 123 del C\u00f3digo Penal. De conformidad con este, \u201cEl que causare el aborto sin consentimiento de la mujer, incurrir\u00e1 en prisi\u00f3n de cuatro (4) a diez (10) a\u00f1os\u201d. Es por esta doble incidencia en los bienes jur\u00eddicos del que est\u00e1 por nacer y de la mujer gestante que a este delito es correlativa una elevada pena de prisi\u00f3n. En relaci\u00f3n con esta disposici\u00f3n, es importante precisar que no fue demandada y, por tanto, respecto de ella no corresponde a la Corte Constitucional realizar pronunciamiento alguno.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
273. Igual protecci\u00f3n, pero circunscrita a la vida en gestaci\u00f3n, pretenden garantizar los art\u00edculos 125 y 126 de la misma codificaci\u00f3n cuando se causan lesiones al feto. De conformidad con el primero, \u201cEl que por cualquier medio causare a un feto da\u00f1o en el cuerpo o en la salud que perjudique su normal desarrollo, incurrir\u00e1 en prisi\u00f3n de dos (2) a cuatro (4) a\u00f1os\u201d y de conformidad con el segundo, \u201cSi la conducta descrita en el Art\u00edculo anterior se realizare por culpa, la pena ser\u00e1 de prisi\u00f3n de uno (1) a dos (2) a\u00f1os\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
274. A diferencia del homicidio, el Legislador ha contemplado una pena diferencial para la \u201cmadre\u201d que abandona a su hijo dentro de los 8 d\u00edas siguientes al nacimiento, si la fecundaci\u00f3n fue consecuencia de acceso o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminaci\u00f3n artificial o transferencia de \u00f3vulo fecundado no consentidas. Como lo ha precisado la jurisprudencia constitucional, esta pena diferente se justifica en que la conducta tiene como causa no solo la vulneraci\u00f3n de la libertad sexual y la autonom\u00eda personal de la mujer, sino tambi\u00e9n la \u201cdesprotecci\u00f3n del Estado en prevenir ese tipo de atentados contra la integridad de la mujer\u201d. De hecho, en la Sentencia C-013 de 1997, al declarar la exequibilidad del art\u00edculo 348 del C\u00f3digo Penal de 1980 (Decreto Ley 100 de 1980), que regulaba circunstancias agravantes para los delitos de abandono, la Corte descart\u00f3 el argumento del demandante seg\u00fan el cual la citada disposici\u00f3n desconoc\u00eda \u201clos art\u00edculos 1, 2, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 16, 22, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 83, 94, 95, 96, 228 y 229 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u201d por cuanto, \u201csi a causa de una conducta omisiva de deberes se producen como resultados la muerte o las lesiones personales (art\u00edculo 348 del C\u00f3digo Penal), el tratamiento jur\u00eddico penal debe ser el de castigar la respectiva falta como homicidio y lesiones personales\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
275. Para fundamentar la declaratoria de exequibilidad de la disposici\u00f3n demandada en aquella oportunidad, la Corte consider\u00f3 que la tipificaci\u00f3n de un agravante era \u201cuna disposici\u00f3n que de ninguna manera puede tacharse de contraria a las prescripciones fundamentales, pues mediante ella no se hace nada diferente de atribuir unos efectos sancionatorios m\u00e1s fuertes cuando la lesi\u00f3n causada reviste mayor gravedad y causa peores efectos\u201d. Seg\u00fan precis\u00f3 la Sala, \u201cLa norma absoluta, que no establece distinciones, que otorga el mismo trato jur\u00eddico a situaciones diferentes, podr\u00eda ser objeto de glosa, con mayor propiedad, por romper la igualdad y por desvirtuar el concepto de justicia, que aqu\u00e9lla [sic] orientada a la gradaci\u00f3n y distinci\u00f3n fundada en hip\u00f3tesis diversas\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
276. De manera reciente y compatible con dicha interpretaci\u00f3n, al valorar la disposici\u00f3n suced\u00e1nea de aquella \u2013art\u00edculo 130 de la Ley 599 de 2000, en los t\u00e9rminos en que fue subrogado por el art\u00edculo 41 de la Ley 1453 de 2011\u2013, en la Sentencia C-093 de 2021, la Corte Constitucional declar\u00f3 inexequibles dos circunstancias de agravaci\u00f3n que hac\u00edan equivalente el delito de abandono de menores, en determinadas circunstancias, a \u201ctentativa de homicidio\u201d y a \u201chomicidio\u201d, por desconocer \u201cel mandato de lex stricta, definitorio del principio constitucional de legalidad y el mandato de proscripci\u00f3n de toda forma de responsabilidad objetiva, corolario del principio constitucional de culpabilidad penal\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
277. En la misma l\u00ednea de estos precedentes, se puede observar que en nuestro ordenamiento jur\u00eddico, por ejemplo, no se castiga con la misma severidad el homicidio simple que aquel cometido bajo circunstancias de agravaci\u00f3n punitiva o, en contraste, de manera preterintencional o culposa, ni el homicidio por piedad. Este grupo de disposiciones evidencian que en la protecci\u00f3n de la vida no solo debe valorarse el resultado de la afrenta \u2013la muerte\u2013, sino que deben considerarse las dem\u00e1s circunstancias, valores, principios y derechos, que puedan entrar en tensi\u00f3n con el recurso al derecho penal.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
279. En s\u00edntesis, como lo precis\u00f3 la Sala en la Sentencia C-327 de 2016, a partir del est\u00e1ndar interamericano previamente citado:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201cLa protecci\u00f3n del valor de la vida no impone el reconocimiento de la vida prenatal, como titular de los derechos de las personas desde la concepci\u00f3n. Ni implica un desconocimiento del deber de protecci\u00f3n de la vida en potencia, a pesar de lo cual, tal garant\u00eda envuelve un car\u00e1cter gradual e incremental [\u2026] la vida como valor es un bien constitucionalmente relevante, pero no tiene un car\u00e1cter absoluto, sino que tiene un protecci\u00f3n gradual e incremental seg\u00fan su desarrollo\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
280. A estas consideraciones se suma una precisi\u00f3n sem\u00e1ntica que tiene evidente repercusi\u00f3n en el debate jur\u00eddico. El art\u00edculo 11 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica advierte que \u201cel derecho a la vida es inviolable\u201d, t\u00e9rmino este, el de la inviolabilidad, que lleva impl\u00edcita la carga jur\u00eddica de la ilegitimidad. De manera que cuando la Constituci\u00f3n afirma que la vida es inviolable quiere decir que la vida no puede verse afectada \u201cileg\u00edtimamente\u201d y que el Estado debe protegerla contra cualquier violaci\u00f3n o, lo que es lo mismo, contra cualquier agresi\u00f3n antijur\u00eddica.\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
281. Si ello no se entendiera as\u00ed, por ejemplo, el r\u00e9gimen jur\u00eddico no habr\u00eda podido incluir la leg\u00edtima defensa en el r\u00e9gimen penal. Solo en tanto que el acto es antijur\u00eddico, es decir, ileg\u00edtimo, la agresi\u00f3n es injusta.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
282. Igualmente, a pesar de la evidente diferencia de grado, un supuesto constitucional semejante se regula en el art\u00edculo 15 de la Constituci\u00f3n. Este garantiza el derecho a la privacidad de la correspondencia y dem\u00e1s formas de comunicaci\u00f3n privada; por tanto, de conformidad con esta disposici\u00f3n, son inviolables. Ahora bien, esta garant\u00eda constitucional no impide que, por ejemplo, un juez de la Rep\u00fablica ordene levantar el velo de privacidad en busca de posibles actos delictivos.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
283. As\u00ed las cosas, el concepto de violaci\u00f3n, que se refiere a la afectaci\u00f3n injusta, no impide que tal derecho se vea afectado por acciones leg\u00edtimas, o autorizadas por el ordenamiento.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
284. Sirven tambi\u00e9n estas consideraciones para desvirtuar el argumento que recurre al sentido textual del art\u00edculo 11 constitucional para sostener que la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica colombiana establece una protecci\u00f3n absoluta del derecho a la vida desde la concepci\u00f3n, porque lo que se trata de resolver en el debate del aborto es si su afectaci\u00f3n es, precisamente, leg\u00edtima o no.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
285. A partir de esta caracterizaci\u00f3n de la vida en gestaci\u00f3n como finalidad constitucional imperiosa y meritoria de protecci\u00f3n penal, le corresponde valorar a la Corte c\u00f3mo la protecci\u00f3n de la citada garant\u00eda puede entrar en conflicto con aquellas garant\u00edas cuya protecci\u00f3n pretenden las demandantes.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
9. An\u00e1lisis del primer cargo: la obligaci\u00f3n de respeto al derecho a la salud y a los derechos reproductivos de las mujeres, las ni\u00f1as y las personas gestantes (art\u00edculos 49, 42 y 16 de la Constituci\u00f3n)<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
9.1. S\u00edntesis del argumento<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
286. La tipificaci\u00f3n del delito de aborto con consentimiento en el actual contexto normativo entra en fuerte tensi\u00f3n con el derecho a la salud y los derechos reproductivos de las mujeres, las ni\u00f1as y las personas gestantes, por las siguientes razones:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
287. El deber de respeto al derecho a la salud a cargo del Estado implica, entre otras cosas, la obligaci\u00f3n de remover los obst\u00e1culos normativos que impiden el acceso a los servicios necesarios para que mujeres, ni\u00f1as y personas gestantes gocen de salud reproductiva. Como lo se\u00f1alan m\u00faltiples organismos internacionales de derechos humanos, una de dichas barreras la constituye la penalizaci\u00f3n de la interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 122 de la Ley 599 de 2000, por tener incidencia en la pr\u00e1ctica de abortos inseguros en los que peligra la salud, integridad y vida de esta poblaci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
288. El derecho a la salud, que incluye la interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo en las causales previstas en la sentencia C-355 de 2006, es indispensable para la garant\u00eda de la vida digna de las mujeres, ni\u00f1as y personas gestantes. La criminalizaci\u00f3n del aborto, en los t\u00e9rminos categ\u00f3ricos de la norma objeto de control, las empuja a la pr\u00e1ctica de abortos inseguros y clandestinos, lo que se traduce en un grave problema de salud p\u00fablica que tiene incidencia en las tasas de mortalidad y morbilidad maternas, como se constata a partir de las cifras aportadas, entre otros, por el Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
289. Por tanto, a pesar de pretender realizar una finalidad constitucional imperiosa, como es la protecci\u00f3n de la vida en gestaci\u00f3n, la disposici\u00f3n demandada, como \u00fanica medida, afecta intensamente el derecho a la salud contemplado en el art\u00edculo 49 superior y los derechos reproductivos, cuyo reconocimiento se encuentra en los art\u00edculos 42 y 16 de la Constituci\u00f3n, pese a existir medios alternativos que, en su conjunto, resultar\u00edan m\u00e1s efectivos para proteger, respetar y garantizar aquella finalidad constitucional sin afectar intensamente estos derechos, como ser\u00eda la adopci\u00f3n de una pol\u00edtica p\u00fablica integral orientada a proteger la vida en gestaci\u00f3n por diversos medios que brinden verdaderas alternativas a la interrupci\u00f3n del embarazo, as\u00ed como para la realizaci\u00f3n de este procedimiento en el marco de los servicios de salud reproductiva, en las condiciones que se\u00f1ale el legislador. Es decir, el Legislador, ante una realidad f\u00e1ctica que afecta intensamente derechos fundamentales, cuenta con otras alternativas jur\u00eddicas, distintas a la penal \u2013sin excluirla en determinados casos, en ejercicio de su libertad de configuraci\u00f3n del ordenamiento, siempre que se trate de un ejercicio id\u00f3neo, necesario y proporcional\u2013, menos lesivas para esos derechos y que, por tanto, resulten proporcionales.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
9.2. Los deberes estatales para la satisfacci\u00f3n del derecho fundamental a la salud y sus elementos estructurales<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
290. Las sentencias iniciales de la Corte Constitucional se pronunciaron en torno a la importancia de la salud como servicio p\u00fablico a cargo del Estado \u2013en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 48 y 49 superiores\u2013, principalmente por su relaci\u00f3n con la garant\u00eda del derecho a la vida, y de manera excepcional como un derecho fundamental de las ni\u00f1as y ni\u00f1os, por expresa disposici\u00f3n del art\u00edculo 44 superior. Lo anterior, bajo una interpretaci\u00f3n basada en la divisi\u00f3n jer\u00e1rquica y artificial de los denominados derechos de primera generaci\u00f3n \u2013de aplicaci\u00f3n inmediata y protecci\u00f3n directa mediante acci\u00f3n de tutela (Cap\u00edtulo I del T\u00edtulo II de la Constituci\u00f3n)\u2013 y los de segunda \u2013de car\u00e1cter program\u00e1tico y de desarrollo progresivo (Cap\u00edtulo II del T\u00edtulo II de la Carta)\u2013.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
291. No obstante, esta Corporaci\u00f3n avanz\u00f3 hacia una concepci\u00f3n de los derechos fundamentales instituida en la dignidad de las personas y en la consecuente realizaci\u00f3n plena del Estado Social de Derecho. De esta manera, pese al car\u00e1cter de servicio p\u00fablico de la salud, se reconoci\u00f3 que su efectiva prestaci\u00f3n constitu\u00eda un derecho fundamental susceptible de ser protegido por medio de la tutela.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
292. En esta evoluci\u00f3n jurisprudencial, que coincide con el desarrollo de la protecci\u00f3n del derecho a la salud en el \u00e1mbito internacional, la Sentencia T-760 de 2008 representa un hito. En ella se avanz\u00f3 definitivamente desde la concepci\u00f3n prestacional del derecho a la salud a considerarlo como un derecho fundamental aut\u00f3nomo. Dicha providencia se ocup\u00f3 de caracterizar el derecho a la salud a partir del bloque de constitucionalidad, para lo cual hizo referencia a su contenido, alcance y a la clase de obligaciones estatales que exige.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
293. Para ese prop\u00f3sito, destac\u00f3 especialmente la Observaci\u00f3n General\u00a0No. 14 (2000) del Comit\u00e9 DESC, sobre \u201cel derecho al disfrute del m\u00e1s alto nivel posible de salud, por ser el m\u00e1s amplio desarrollo acerca del derecho a la salud, su alcance y significado\u201d. Esta observaci\u00f3n general precisa que la salud es un derecho fundamental e indispensable para el ejercicio de los dem\u00e1s derechos humanos, destaca los elementos que abarca, da cuenta del avance en su comprensi\u00f3n luego de su estipulaci\u00f3n en el PDCP y en el PIDESC, y esclarece el contenido de los deberes de los Estados para su efectiva satisfacci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
294. Igualmente, hace referencia a que el concepto del \u201cm\u00e1s alto nivel posible de salud\u201d de que trata el PIDESC no se restringe a la idea de que deba garantizar simplemente el goce de \u201cbuena salud\u201d, sino que, en atenci\u00f3n a las condiciones biol\u00f3gicas y socioecon\u00f3micas de toda persona, como los recursos con que cuenta el Estado, le corresponde a este proveer \u201ctoda una gama de facilidades, bienes y servicios\u201d que aseguren, precisamente, el \u201cm\u00e1s alto nivel posible de salud\u201d. A partir de esta caracterizaci\u00f3n, precisa:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201cEl derecho a la salud entra\u00f1a libertades y derechos. Entre las libertades figura el derecho [de las personas] a controlar su salud y su cuerpo, con inclusi\u00f3n de la libertad sexual y gen\u00e9sica, y el derecho a no padecer injerencias, como el derecho a no ser sometido a torturas ni a tratamientos y experimentos m\u00e9dicos no consensuales. En cambio, entre los derechos figura el relativo a un sistema de protecci\u00f3n de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del m\u00e1s alto nivel posible de salud\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
295. As\u00ed pues, dicha observaci\u00f3n general, al interpretar el PIDESC frente al cumplimiento de las obligaciones que emanan del derecho a la salud para los Estados, recuerda que estas son de tres tipos: (i)\u00a0de respeto, (ii)\u00a0de protecci\u00f3n y (iii)\u00a0de cumplimiento,\u00a0denominada tambi\u00e9n de\u00a0garantizar.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
296. La obligaci\u00f3n de\u00a0\u201crespetar\u00a0exige que los Estados se abstengan de injerir directa o indirectamente en el disfrute del derecho a la salud\u201d, lo cual implica, en particular:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201c[abstenerse]\u00a0de denegar o limitar el acceso igual de todas las personas, incluidos, los presos o detenidos, los representantes de las minor\u00edas, los solicitantes de asilo o los inmigrantes ilegales, a los servicios de salud preventivos, curativos y paliativos; abstenerse de imponer pr\u00e1cticas discriminatorias como pol\u00edtica de Estado; y abstenerse de imponer pr\u00e1cticas discriminatorias en relaci\u00f3n con el estado de salud y las necesidades de la mujer. Adem\u00e1s, las obligaciones de respetar incluyen la obligaci\u00f3n del Estado de abstenerse de prohibir o impedir los cuidados preventivos, las pr\u00e1cticas curativas y las medicinas tradicionales, comercializar medicamentos peligrosos y aplicar tratamientos m\u00e9dicos coercitivos, salvo en casos excepcionales para el tratamiento de enfermedades mentales o la prevenci\u00f3n de enfermedades transmisibles y la lucha contra ellas. || [\u2026]\u00a0Asimismo, los Estados deben abstenerse de limitar el acceso a los anticonceptivos u otros medios de mantener la salud sexual y gen\u00e9sica, censurar, ocultar o desvirtuar intencionalmente la informaci\u00f3n relacionada con la salud, incluida la educaci\u00f3n sexual y la informaci\u00f3n al respecto, as\u00ed como impedir la participaci\u00f3n del pueblo en los asuntos relacionados con la salud\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
297. Por su parte, la obligaci\u00f3n de\u00a0\u201cproteger\u00a0requiere que los Estados adopten medidas para impedir que terceros interfieran en la aplicaci\u00f3n de las garant\u00edas previstas en el art\u00edculo 12\u201d. Seg\u00fan se indica en la Observaci\u00f3n General No. 14, este tipo de obligaciones:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
298. Por \u00faltimo, la obligaci\u00f3n de\u00a0\u201ccumplir\u00a0requiere en particular que los Estados adopten medidas positivas que permitan y ayuden a los particulares y las comunidades disfrutar del derecho a la salud. Los Estados parte tambi\u00e9n tienen la obligaci\u00f3n de cumplir (facilitar) un derecho espec\u00edfico enunciado en el Pacto en los casos en que los particulares o los grupos no est\u00e1n en condiciones, por razones ajenas a su voluntad, de ejercer por s\u00ed mismos ese derecho con ayuda de los medios a su disposici\u00f3n\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
299. Adicionalmente, es importante resaltar que la citada observaci\u00f3n general tambi\u00e9n hizo referencia a algunas \u201cobligaciones b\u00e1sicas\u201d, las cuales se entender\u00edan incluidas dentro de los niveles esenciales de la salud, cuyo cumplimiento no puede ser diferido, as\u00ed como algunas de las \u201cobligaciones prioritarias\u201d en relaci\u00f3n con este derecho. Igualmente, se refiri\u00f3 a la obligaci\u00f3n que tienen los Estados de no adoptar medidas \u201cdeliberadamente regresivas\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
300. Para la Corte Constitucional, la clasificaci\u00f3n de las obligaciones derivadas del derecho a la salud resulta \u00fatil, entre otras razones, porque permite caracterizar las violaciones en su contra y las implicaciones jur\u00eddicas de las mismas. Sobre este particular, ha precisado, por ejemplo, que el Estado desprotege el derecho a la salud cuando mantiene vac\u00edos o lagunas en la regulaci\u00f3n, las cuales se constituyen en barreras de acceso a los servicios de salud, y que, en estricto sentido, se irrespeta este derecho cuando a pesar de que existe una regulaci\u00f3n aplicable, \u00e9sta se constituye en un obst\u00e1culo al acceso a los servicios de salud.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
301. As\u00ed mismo, esta clasificaci\u00f3n da cuenta de que todo derecho fundamental tiene facetas de car\u00e1cter positivo y de car\u00e1cter negativo. Dentro de las obligaciones de respeto, protecci\u00f3n y garant\u00eda, por ejemplo, pueden entremezclarse ambas facetas: obligaciones en las que se demanda \u201chacer\u201d algo (positivas) y obligaciones en las que se demanda \u201cdejar de hacer\u201d algo (negativas).<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
302. La Observaci\u00f3n General No. 14 tambi\u00e9n precisa que el derecho a la salud \u201cen todas sus formas y a todos los niveles\u201d abarca cuatro componentes b\u00e1sicos e interrelacionados: (i) disponibilidad, (ii) accesibilidad, (iii) aceptabilidad y (iv) calidad.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
303. La disponibilidad se refiere a que los Estados deben tener \u201cun n\u00famero suficiente de establecimientos, bienes y servicios p\u00fablicos de salud y centros de atenci\u00f3n de la salud, as\u00ed como de programas\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
304. La accesibilidad comprende los siguientes cuatro componentes que deben acreditar los establecimientos, bienes y servicios de salud:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201c(a) \u2018no discriminaci\u00f3n\u2019 los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles, de hecho y de derecho, a los sectores m\u00e1s vulnerables y marginados de la poblaci\u00f3n, sin discriminaci\u00f3n alguna; (b) \u2018accesibilidad f\u00edsica\u2019, los establecimientos, bienes y servicios de salud deber\u00e1n estar al alcance geogr\u00e1fico de todos los sectores de la poblaci\u00f3n, en especial los grupos vulnerables o marginados; (c) \u2018accesibilidad econ\u00f3mica\u2019 (asequibilidad), los establecimientos, bienes y servicios de salud deber\u00e1n estar al alcance de todos, en especial, la equidad exige que sobre los hogares m\u00e1s pobres no recaiga una carga desproporcionada, en lo que se refiere a los gastos de salud, en comparaci\u00f3n con los hogares m\u00e1s ricos; y (d) \u2018acceso a la informaci\u00f3n\u2019, el derecho de solicitar, recibir y difundir informaci\u00f3n e ideas acerca de las cuestiones relacionadas con la salud, sin perjuicio de la debida confidencialidad\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
305. La aceptabilidad hace alusi\u00f3n a que \u201clos establecimientos, bienes y servicios de salud deber\u00e1n ser (aceptables) respetuosos de la \u00e9tica m\u00e9dica y culturalmente apropiados, es decir respetuosos de la cultura de las personas, las minor\u00edas, los pueblos y las comunidades, a la par que sensibles a los requisitos del g\u00e9nero y el ciclo de vida, y deber\u00e1n estar concebidos para respetar la confidencialidad y mejorar el estado de salud de las personas de que se trate\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
306. Finalmente, la calidad exige que los establecimientos, bienes y servicios de salud deban ser \u201cde buena calidad\u201d y \u201capropiados desde el punto de vista cient\u00edfico y m\u00e9dico\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
307. La Sentencia T-760 de 2008, y los fallos posteriores de la Corte, junto con las demandas sociales y los avances internacionales en la materia, en especial contenidos en la observaci\u00f3n citada, inspiraron la expedici\u00f3n de la Ley 1751 de 2015, \u201cLey Estatutaria de Salud\u201d, la cual estableci\u00f3 la obligaci\u00f3n del Estado de adoptar todas las medidas necesarias para brindar a las personas acceso integral al servicio de salud. Respecto de esta, la Corte ha precisado:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201cLos art\u00edculos 1 y 2 de dicha ley establecieron la naturaleza y el contenido del derecho a la salud y lo reconocieron, por un lado, como derecho fundamental aut\u00f3nomo e irrenunciable, que comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservaci\u00f3n y la promoci\u00f3n de la salud; y por otro, como servicio p\u00fablico esencial obligatorio cuya prestaci\u00f3n eficiente, universal y solidaria se ejecuta bajo la responsabilidad del Estado\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
308. Respecto de su art\u00edculo 2, la jurisprudencia constitucional ha resaltado:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201cen primer lugar, [el citado art\u00edculo] caracteriza el derecho fundamental a la salud como aut\u00f3nomo e irrenunciable, tanto en lo individual como en lo colectivo. En segundo lugar, manifiesta que comprende los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservaci\u00f3n, el mejoramiento y la promoci\u00f3n de la salud. En tercer lugar, radica en cabeza del Estado el deber de adoptar pol\u00edticas que aseguren la igualdad de trato y oportunidades en el acceso a las actividades de promoci\u00f3n, prevenci\u00f3n, diagn\u00f3stico, tratamiento, rehabilitaci\u00f3n y paliaci\u00f3n para todas las personas. Finalmente, advierte que la prestaci\u00f3n de este servicio p\u00fablico esencial obligatorio se ejecuta bajo la indelegable direcci\u00f3n, supervisi\u00f3n, organizaci\u00f3n, regulaci\u00f3n, coordinaci\u00f3n y control del Estado\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
309. El art\u00edculo 5 dispone que el Estado es el responsable de (i) respetar, (ii) proteger y (iii) garantizar, el goce efectivo del derecho, obligaciones que se derivan de aquella caracterizaci\u00f3n hecha por el Comit\u00e9 DESC en la Observaci\u00f3n No. 14, previamente descrita. Frente a estas, advirti\u00f3 la Sala:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201cel precepto adoptado por el legislador debe comportar una interpretaci\u00f3n amplia del derecho objeto de regulaci\u00f3n, por ende, la norma, seg\u00fan la cual, \u00fanicamente ser\u00edan responsabilidad del Estado las tres obligaciones estipuladas en el enunciado legal, no es de recibo en el ordenamiento constitucional colombiano. En sentido distinto, cabe una lectura, seg\u00fan la cual, las responsabilidades consignadas en la preceptiva legal, no son taxativas, sino que hacen parte de un conjunto de obligaciones abierto y orientado por lo preceptuado en la observaci\u00f3n 14, de tal modo que las obligaciones legales espec\u00edficas, las obligaciones internacionales y las obligaciones b\u00e1sicas, incorporadas en el pronunciamiento internacional hacen parte de las obligaciones del Estado colombiano en materia de salud, acorde con los principios de progresividad y no regresividad, propios de derechos como el que aqu\u00ed se analiza.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
311. En suma, la regulaci\u00f3n estatutaria del derecho fundamental a la salud armoniza el ordenamiento jur\u00eddico interno con la caracterizaci\u00f3n de este derecho y los deberes estatales para su satisfacci\u00f3n, conforme a la interpretaci\u00f3n que se ha realizado en la Observaci\u00f3n General No. 14 del Comit\u00e9 DESC.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
9.3. Los deberes espec\u00edficos derivados del derecho a la salud reproductiva y su relaci\u00f3n con la IVE<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
312. Con fundamento en el derecho al libre desarrollo de la personalidad, reconocido en el art\u00edculo 16 de la CP, y en la facultad de las parejas a decidir libre y responsablemente el n\u00famero de sus hijos e hijas, prevista en el inciso noveno del art\u00edculo 42 de la Carta, la jurisprudencia de la Sala ha reconocido el car\u00e1cter fundamental de los derechos reproductivos y ha precisado que estos se concretan especialmente en dos garant\u00edas.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
313. La primera, relacionada con la autodeterminaci\u00f3n reproductiva, que se refiere a la potestad de toda persona para decidir si quiere o no tener hijos o hijas, as\u00ed como el momento para hacerlo. Esta garant\u00eda implica la prohibici\u00f3n de cualquier interferencia externa, de car\u00e1cter desproporcionado, en la toma de decisiones reproductivas, como son los actos de discriminaci\u00f3n, coacci\u00f3n o violencia f\u00edsica o psicol\u00f3gica. Cuando la mujer es la titular de esta garant\u00eda, ella comprende \u201cla facultad que tiene de tomar, libre y personalmente, la decisi\u00f3n de procrear o no\u201d, sin que pueda admitirse ning\u00fan tipo de coacci\u00f3n proveniente de terceros o del Estado. Espec\u00edficamente, la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado que \u201cse violenta la autodeterminaci\u00f3n reproductiva cuando se obstaculiza el ejercicio de la autonom\u00eda personal y se recurre a la coacci\u00f3n para obtener una decisi\u00f3n respecto del desarrollo de la progenitora. Igualmente, cuando no se ofrecen los medios y servicios necesarios para adoptar una determinaci\u00f3n en relaci\u00f3n con esta facultad; y finalmente, cuando no se suministra la informaci\u00f3n precisa para adoptar una decisi\u00f3n fundada en hechos ciertos, o se provee de forma falsa o inexacta\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
314. La segunda garant\u00eda comprende el derecho de acceso a servicios de salud reproductiva, el cual \u201cincluye tratamientos m\u00e9dicos para enfermedades del aparato reproductivo, embarazos libres de riesgos y el acceso a informaci\u00f3n y m\u00e9todos de anticoncepci\u00f3n\u201d. En relaci\u00f3n con esta garant\u00eda, el Comit\u00e9 DESC ha indicado que\u00a0la salud reproductiva (y sexual) es parte integrante del derecho a la salud consagrado en el art\u00edculo 12 del PIDESC, de lo que se deriva la obligaci\u00f3n para los Estados de respetarla, protegerla y garantizarla. As\u00ed mismo, ha resaltado que \u201cdebido a la capacidad reproductiva de las mujeres, la realizaci\u00f3n del derecho de las mujeres a la salud sexual y reproductiva es esencial para la realizaci\u00f3n de todos sus derechos humanos\u201d, de manera que \u201cpara suprimir la discriminaci\u00f3n contra la mujer, es necesario asegurarle, de forma particular, acceso a servicios en materia reproductiva por lo cual el Estado debe abstenerse de limitarlo y suprimir las barreras que impiden el mismo, incluso cuando provengan de terceros\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
315. En igual sentido, el Comit\u00e9 CEDAW ha indicado que \u201cel acceso a la atenci\u00f3n de la salud, incluida la salud reproductiva, es un derecho b\u00e1sico previsto en la Convenci\u00f3n sobre la eliminaci\u00f3n de todas las formas de discriminaci\u00f3n contra la mujer\u201d y ha precisado que\u00a0\u201cla negativa de un Estado Parte a prever la prestaci\u00f3n de determinados servicios de salud reproductiva a la mujer en condiciones legales resulta discriminatoria\u201d. A partir de estas consideraciones, ha se\u00f1alado que uno de los deberes estatales consiste en garantizar la eliminaci\u00f3n de todas las barreras al acceso de la mujer a los servicios de salud en la esfera de la salud sexual y reproductiva.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
316. De manera an\u00e1loga, la Corte IDH ha precisado que \u201cla salud sexual y reproductiva constituye ciertamente una expresi\u00f3n de la salud que tiene particulares implicancias para las mujeres debido a su capacidad biol\u00f3gica de embarazo y parto. Se relaciona, por una parte, con la autonom\u00eda y la libertad reproductiva, en cuanto al derecho a tomar decisiones aut\u00f3nomas sobre su plan de vida, su cuerpo y su salud sexual y reproductiva, libre de toda violencia, coacci\u00f3n y discriminaci\u00f3n. Por el otro lado, se refiere al acceso tanto a servicios de salud reproductiva como a la informaci\u00f3n, la educaci\u00f3n y los medios que les permitan ejercer su derecho a decidir de forma libre y responsable el n\u00famero de hijos que desean tener y el intervalo de nacimientos\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
317. En la Sentencia SU-096 de 2018, la Corte indic\u00f3 que los derechos sexuales y reproductivos en el ordenamiento jur\u00eddico se edifican sobre dos pilares: el primero, relacionado \u201ccon la libertad, que supone la imposibilidad del Estado y la sociedad de implantar restricciones injustificadas en contra de las determinaciones adoptadas por cada persona\u201d y, el segundo, de car\u00e1cter prestacional, \u201cque implica la responsabilidad de adoptar medidas positivas para garantizar el goce efectivo de estos derechos\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
318. A partir de esta caracterizaci\u00f3n, la jurisprudencia constitucional ha precisado que la IVE \u201cno se limita a la realizaci\u00f3n de un procedimiento m\u00e9dico, sino tambi\u00e9n supone componentes b\u00e1sicos de informaci\u00f3n, accesibilidad y disponibilidad en los servicios por parte de las EPS\u201d y, por tanto, dado que \u201cno se agota en la materializaci\u00f3n de un procedimiento m\u00e9dico que ponga fin al proceso de gestaci\u00f3n, en los tres casos previstos en la sentencia C-355 de 2006 [\u2026] su realizaci\u00f3n se vincula estrechamente con los derechos a la dignidad humana y a la autonom\u00eda individual (Art. 1 C. Pol.); a la vida digna (Art. 11 C. Pol.); a no ser sometido a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes (Art. 12); a la intimidad personal y familiar (Art. 15 C. Pol.); al libre desarrollo de la personalidad (Art. 16 C. Pol.); a las libertades de conciencia y religi\u00f3n (Art. 18 y 19 C. Pol.); a la seguridad social (Art. 48 C. Pol.), a la salud (Art. 48 y 49 C. Pol. ) y a la educaci\u00f3n (Art. 67 C. Pol.)\u201d. Es por esto por lo que ha precisado que \u201cla interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo protege la autonom\u00eda y la libertad de decisi\u00f3n de la mujer que, encontr\u00e1ndose en alguna de las tres causales de despenalizaci\u00f3n previstas en la sentencia C-355 de 2006, resuelve poner fin al proceso de gestaci\u00f3n humana\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
9.4. La actual forma de tipificaci\u00f3n del delito de aborto consentido entra en fuerte tensi\u00f3n con la obligaci\u00f3n de respeto que exige el derecho a la salud reproductiva de las mujeres, ni\u00f1as y personas gestantes<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
319. La actual concepci\u00f3n del derecho a la salud, de la salud reproductiva, y de la IVE en los supuestos de que trata la Sentencia C-355 de 2006 como uno de los componentes del derecho a la salud, constituye un escenario diferente al que se enfrent\u00f3 la Corte hace quince a\u00f1os cuando analiz\u00f3 la constitucionalidad del art\u00edculo 122 de la Ley 599 de 2000.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
320. Actualmente, existe un amplio desarrollo jurisprudencial sobre el derecho a la salud en relaci\u00f3n intr\u00ednseca con el goce de los dem\u00e1s derechos fundamentales, frente al que tambi\u00e9n se han pronunciado los \u00f3rganos especializados que supervisan la aplicaci\u00f3n de los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado colombiano, en relaci\u00f3n con la necesidad de evitar que las mujeres y ni\u00f1as acudan a abortos inseguros. Estas recomendaciones y observaciones, entre otras, adquieren la mayor relevancia, m\u00e1xime cuando las situaciones que se ponen de presente no son ajenas a la realidad nacional.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
321. Al respecto, el estudio realizado por el Ministerio de Salud y de la Protecci\u00f3n Social, denominado \u201cDeterminantes del aborto inseguro y barreras de acceso para la atenci\u00f3n de la interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo en mujeres colombianas\u201d destaca que la Organizaci\u00f3n Mundial de la Salud estima que en los pa\u00edses en los cuales el aborto es ilegal, las mujeres se ven obligadas a recurrir a la pr\u00e1ctica de procedimientos m\u00e9dicos inseguros que ponen en riesgo su vida y salud y que dan como resultado que \u201canualmente 67.000 mujeres mueren por abortos mal practicados, lo que equivale al 13% de la mortalidad materna. En Am\u00e9rica Latina, el aborto inseguro es el responsable del 17% de las muertes maternas\u201d. Igualmente, destaca que este organismo ha considerado que \u201clos avances m\u00e9dicos y de las tecnolog\u00edas seguras y eficaces, y la capacidad para realizar abortos inducidos en particular, podr\u00edan eliminar en su totalidad los abortos inseguros y las muertes relacionadas, siempre y cuando exista un acceso universal a estos servicios\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
322. Seg\u00fan las cifras del citado ministerio, se trata de una grave problem\u00e1tica si se tiene en cuenta que, \u201cen general, se estima que cada a\u00f1o, un total de 132.000 mujeres sufre complicaciones debido al aborto inducido practicado en condiciones clandestinas y probablemente inseguras, a pesar de existir una legislaci\u00f3n que despenaliza parcialmente el aborto\u201d. Al respecto, refiere que \u201cen los pa\u00edses donde el aborto es ilegal, el riesgo de muerte y lesi\u00f3n de las mujeres que buscan servicios de aborto es, en promedio, 30 veces m\u00e1s alto que en pa\u00edses donde el aborto es permitido por la ley. Las leyes restrictivas que penalizan el aborto no impiden que las mujeres se sometan a abortos inseguros para interrumpir embarazos no deseados\u201d. En todo caso, enfatiza en lo siguiente:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201clas leyes que legalizan o despenalizan parcialmente el aborto, no siempre garantizan el acceso a la prestaci\u00f3n de servicios de aborto, como sucede en Colombia. Despu\u00e9s de 7 a\u00f1os de haberse despenalizado parcialmente el aborto, la mayor\u00eda de los abortos se contin\u00faa realizando en forma clandestina. La legalizaci\u00f3n o despenalizaci\u00f3n parcial del aborto y las pol\u00edticas para evitar el aborto inseguro no bastan por s\u00ed solas para reducir la mortalidad materna. Las mujeres que desean interrumpir su embarazo dentro de las causales establecidas en la legislaci\u00f3n, o las mujeres que han tenido un aborto, necesitan recibir una atenci\u00f3n oportuna y de calidad dentro de los servicios de salud sexual y reproductiva, con el fin de evitar complicaciones que pongan en peligro su salud y sus vidas\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
323. La Comisi\u00f3n Asesora de Pol\u00edtica Criminal ha coincidido en esta valoraci\u00f3n del fen\u00f3meno al se\u00f1alar que:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201c[La] despenalizaci\u00f3n es constitucionalmente posible y la Comisi\u00f3n considera que es recomendable, puesto que en este campo, la experiencia comparada y los estudios de la realidad colombiana muestran que es mejor, tanto para reducir los abortos como para proteger los derechos de las mujeres, adoptar una perspectiva de salud p\u00fablica, que combine campa\u00f1as vigorosas para promover la salud sexual y reproductiva y para prevenir el embarazo no deseado, con una despenalizaci\u00f3n amplia de la interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo, que permita a las mujeres acceder a un aborto seguro en los casos en que tengan legalmente derecho a interrumpir el embarazo. Por el contrario, la penalizaci\u00f3n severa del aborto, sobre todo cuando no se acompa\u00f1a de campa\u00f1as para prevenir el embarazo no deseado, no evita los abortos y en cambio genera pr\u00e1cticas clandestinas de aborto que afectan la salud de las mujeres, en especial de aquellas m\u00e1s pobres, que son las que sufren m\u00e1s embarazos no deseados y tienen que abortar en las peores condiciones de salubridad\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
324. Durante los \u00faltimos quince a\u00f1os, el Comit\u00e9 DESC, el Comit\u00e9 CEDAW, el Comit\u00e9 de Derechos Humanos y el Relator sobre el derecho de toda persona al disfrute del m\u00e1s alto nivel posible de salud f\u00edsica y mental, se han pronunciado sobre el aborto, en especial, al advertir los riesgos que se derivan para la salud f\u00edsica y mental de las mujeres y ni\u00f1as, cuando debido a normas prohibitivas o sancionatorias como el art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal aqu\u00ed cuestionado, acuden a la realizaci\u00f3n de procedimientos clandestinos que representan una de las causas de mortalidad y morbilidad materna y de serias afectaciones a sus derechos.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
325. El Comit\u00e9 DESC, que emiti\u00f3 la Observaci\u00f3n No. 14 varias veces citada, en la Observaci\u00f3n No. 22, relativa al derecho a la salud sexual y reproductiva, luego de reflexionar en torno a la indivisibilidad e interdependencia de los derechos sexuales y reproductivos respecto de otros derechos humanos, indic\u00f3:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201cEl derecho a la salud sexual y reproductiva tambi\u00e9n es indivisible e interdependiente respecto de otros derechos humanos. Est\u00e1 \u00edntimamente ligado a los derechos civiles y pol\u00edticos que fundamentan la integridad f\u00edsica y mental de las personas y su autonom\u00eda, como los derechos a la vida; a la libertad y la seguridad de la persona; a no ser sometido a tortura ni otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; la privacidad y el respeto por la vida familiar; y la no discriminaci\u00f3n y la igualdad. Por ejemplo, la falta de servicios de atenci\u00f3n obst\u00e9trica de emergencia o la negativa a practicar abortos son causa muchas veces de mortalidad y morbilidad materna, que, a su vez, son una violaci\u00f3n del derecho a la vida o la seguridad, y, en determinadas circunstancias, pueden constituir tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
326. As\u00ed mismo, indic\u00f3 que dentro de las \u201cviolaciones de la obligaci\u00f3n de respetar\u201d, \u201c[c]abe mencionar como ejemplos [\u2026] el establecimiento de obst\u00e1culos legales que impiden el acceso de las personas a los servicios de salud sexual y reproductiva, como la criminalizaci\u00f3n de las mujeres que se sometan a un aborto\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201cLas violaciones de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, como la esterilizaci\u00f3n forzada, el aborto forzado, el embarazo forzado, la tipificaci\u00f3n como delito del aborto, la denegaci\u00f3n o la postergaci\u00f3n del aborto sin riesgo y la atenci\u00f3n posterior al aborto, la continuaci\u00f3n forzada del embarazo y el abuso y el maltrato de las mujeres y las ni\u00f1as que buscan informaci\u00f3n sobre salud, bienes y servicios sexuales y reproductivos, son formas de violencia por raz\u00f3n de g\u00e9nero que, seg\u00fan las circunstancias, pueden constituir tortura o trato cruel, inhumano o degradante\u201d .<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
328. A partir de esta premisa, recomend\u00f3 a los Estados parte derogar las disposiciones jur\u00eddicas que inducen la violencia basada en g\u00e9nero, entre las que se encuentran expresamente aquellas que penalizan el aborto.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
329. Este mismo \u00f3rgano, en las \u00faltimas Observaciones que hizo al Estado colombiano en 2019, indic\u00f3:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201cDe conformidad con su recomendaci\u00f3n general n\u00fam. 24 (1999) sobre la mujer y la salud, el Comit\u00e9 exhorta al Estado parte a que: [\u2026] || c) De conformidad con la sentencia C-355 de la Corte Constitucional, de 2006, apruebe una ley que legalice el aborto en los casos de violaci\u00f3n, incesto, riesgo para la salud f\u00edsica o mental o la vida de la mujer embarazada y malformaci\u00f3n grave del feto, y despenalice el aborto en todos los dem\u00e1s casos\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
330. De manera an\u00e1loga, en la Observaci\u00f3n General No. 36, sobre el derecho a la vida, el Comit\u00e9 de Derechos Humanos indic\u00f3 que, pese a que los Estados pueden adoptar medidas para regular la IVE, estas no se pueden traducir en una violaci\u00f3n a la vida ni a los dem\u00e1s derechos de las mujeres o ni\u00f1as gestantes, ni deben conducir a \u201csometerlas a sufrimientos o dolores f\u00edsicos o mentales que violen el art\u00edculo 7 del PDCP, ni suponer una discriminaci\u00f3n contra ellas o una injerencia arbitraria en su vida privada\u201d. As\u00ed, adem\u00e1s de las causales para permitir la realizaci\u00f3n de un aborto relacionadas con la afectaci\u00f3n a la salud f\u00edsica y mental, y a la violencia sexual que hayan podido padecer, se\u00f1al\u00f3:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201clos Estados partes no pueden regular el embarazo o el aborto en todos los dem\u00e1s supuestos de manera contraria a su deber de velar porque las mujeres y las ni\u00f1as no tengan que recurrir a abortos peligrosos, y deber\u00edan revisar en consecuencia la legislaci\u00f3n pertinente. Por ejemplo, no deber\u00edan adoptar medidas tales como [\u2026] la aplicaci\u00f3n de sanciones penales a mujeres y ni\u00f1as que se sometan a un aborto, ni a los proveedores de servicios m\u00e9dicos que las ayuden para ello, ya que, as\u00ed, las mujeres y ni\u00f1as se ver\u00edan obligadas a recurrir a abortos en condiciones de riesgo\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
331. Sobre este aspecto, el Comit\u00e9 de los derechos de las personas con discapacidad, al advertir los riesgos diferenciales y m\u00e1s gravosos a los que se encuentran sometidas cuando deben recurrir a abortos inseguros, precis\u00f3 que, \u201ccon el fin de respetar la igualdad de g\u00e9nero y los derechos de discapacidad, de conformidad con los Convenios CEDAW y CDPD, los Estados parte deben despenalizar el aborto en todas las circunstancias y legalizarlo de una manera que respete plenamente la autonom\u00eda de las mujeres, incluidas las mujeres con discapacidad\u201d. Por ello, junto con el Comit\u00e9 CEDAW solicitaron a los Estados parte que \u201cadopten un enfoque basado en los derechos humanos que proteja la elecci\u00f3n reproductiva y la autonom\u00eda de todas las mujeres, incluidas las mujeres con discapacidad\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
332. Finalmente, el Relator sobre el derecho de toda persona al disfrute del m\u00e1s alto nivel posible de salud f\u00edsica y mental, se pronunci\u00f3 en contra de la penalizaci\u00f3n absoluta del aborto consentido, tras se\u00f1alar que:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201clas leyes penales que castigan y restringen el aborto inducido son el ejemplo paradigm\u00e1tico de las barreras inaceptables que impiden a las mujeres ejercer su derecho a la salud y, por consiguiente, deben eliminarse. Estas leyes atentan contra la dignidad y autonom\u00eda de la mujer al restringir gravemente su libertad para adoptar decisiones que afecten a su salud sexual y reproductiva. Asimismo, generan invariablemente efectos nocivos para la salud f\u00edsica, al ser causa de muertes evitables, morbilidad y mala salud, y para la salud mental, entre otras cosas porque las mujeres afectadas se arriesgan a caer en el sistema de justicia penal. La promulgaci\u00f3n o el mantenimiento de leyes que penalicen el aborto puede constituir una violaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n de los Estados de respetar, proteger y hacer efectivo el derecho a la salud\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
333. Como se observa, el deber de respeto al derecho a la salud a cargo del Estado implica, entre otras cosas, el deber de remover los obst\u00e1culos normativos que impidan el acceso a los servicios necesarios para que mujeres y ni\u00f1as gocen de salud reproductiva. Una de dichas barreras la constituye la actual forma de penalizaci\u00f3n categ\u00f3rica y como \u00fanica medida de regulaci\u00f3n social de la compleja problem\u00e1tica social y de salud p\u00fablica que supone el aborto con consentimiento. Esta forma de regulaci\u00f3n, tal como lo han precisado los organismos internacionales de derechos humanos a los que se ha hecho referencia, tiene incidencia en la pr\u00e1ctica de abortos inseguros en los que peligra la salud, integridad y vida de las mujeres, las ni\u00f1as y las personas gestantes.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
334. Sancionar en forma categ\u00f3rica y sin alternativas a quienes acceden a la interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo, incluso en las primeras semanas, representa una seria injerencia del Estado en el disfrute del derecho a la salud de esta poblaci\u00f3n, la cual incrementa el riesgo de abortos inseguros que ponen en peligro aquellas garant\u00edas. Dicha pr\u00e1ctica constituye un grave problema de salubridad p\u00fablica, cuyos elevados \u00edndices en Colombia y en el mundo tiene serias consecuencias sobre los derechos de las mujeres, lo que ha motivado a que m\u00faltiples organismos de protecci\u00f3n de derechos humanos recomienden a los Estados adoptar medidas para desincentivarla, entre las que se destacan la despenalizaci\u00f3n del aborto consentido y la adopci\u00f3n de pol\u00edticas p\u00fablicas que incluyan disposiciones administrativas y sanitarias para la realizaci\u00f3n de este procedimiento en el marco de los servicios de salud reproductiva.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
335. Por las razones expuestas, la Corte constata que la penalizaci\u00f3n del aborto con consentimiento, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal y en el actual contexto normativo, caracterizado por la ausencia de una pol\u00edtica p\u00fablica integral orientada a la protecci\u00f3n de la vida en gestaci\u00f3n y, al mismo tiempo, de los derechos y garant\u00edas de las mujeres, las ni\u00f1as y las personas gestantes, entra en fuerte tensi\u00f3n con su derecho a la salud y con sus derechos reproductivos.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
10. An\u00e1lisis del segundo cargo: el derecho a la igualdad de las mujeres en situaci\u00f3n de vulnerabilidad y en situaci\u00f3n migratoria irregular (art\u00edculos 13 y 93 de la Constituci\u00f3n, 1 de la CADH y 9 de la Convenci\u00f3n de Belem do Par\u00e1)<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
10.1. S\u00edntesis del argumento<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
336. La tipificaci\u00f3n del delito de aborto consentido en el actual contexto normativo entra en fuerte tensi\u00f3n con el derecho a la igualdad de las mujeres en situaci\u00f3n de vulnerabilidad y en situaci\u00f3n migratoria irregular por las siguientes razones:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
337. La penalizaci\u00f3n del aborto con consentimiento se encuentra vigente desde el primer C\u00f3digo Penal de 1837, emitido poco despu\u00e9s de la organizaci\u00f3n de Colombia como rep\u00fablica independiente. Es decir, se regul\u00f3 bajo la influencia de ideas pol\u00edticas y concepciones jur\u00eddicas que no contemplaban los derechos de las mujeres y, desde entonces, se ha mantenido en el ordenamiento jur\u00eddico solo con algunas variaciones. Actualmente, salvo casos excepcional\u00edsimos identificados por el juez constitucional en la Sentencia C-355 de 2006, en el ejercicio del ius puniendi estatal se mantiene la pol\u00edtica de someter a la mujer, sin ofrecer alternativas para el ejercicio de sus derechos, a una pena privativa de la libertad si decide no continuar con el proceso de gestaci\u00f3n, penalizaci\u00f3n que impacta de manera diferente \u2013evidentemente m\u00e1s desproporcionada\u2013 a las mujeres m\u00e1s vulnerables, entre estas aquellas en situaci\u00f3n de migraci\u00f3n irregular, como se evidencia de la informaci\u00f3n aportada al proceso. Seg\u00fan se deriva de esta informaci\u00f3n oficial, las mujeres denunciadas por el delito de aborto consentido y quienes m\u00e1s graves consecuencias sufren en su salud est\u00e1n expuestas a factores interseccionales de discriminaci\u00f3n que las hacen a\u00fan m\u00e1s vulnerables. Por dichos factores interseccionales, la prohibici\u00f3n categ\u00f3rica del aborto con consentimiento, prevista en el contenido normativo objeto de control, afecta de manera particularmente grave y evidente a esta poblaci\u00f3n, cuya penalizaci\u00f3n agudiza su situaci\u00f3n de vulnerabilidad.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
338. La anterior consideraci\u00f3n es especialmente relevante, si se tiene en cuenta que son estas ni\u00f1as y mujeres las que menores probabilidades de acceso tienen a los servicios estatales asociados a su salud sexual y reproductiva, bien sea educativos, relacionados con la planificaci\u00f3n familiar o de interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo en los casos previstos por la Sentencia C-355 de 2006. Adem\u00e1s, son quienes est\u00e1n mayormente expuestas a la pr\u00e1ctica de abortos clandestinos en deplorables condiciones de salubridad, lo cual las expone a una mayor degradaci\u00f3n de su dignidad. El efecto discriminatorio de la prohibici\u00f3n categ\u00f3rica se hace a\u00fan m\u00e1s evidente, si se tiene en consideraci\u00f3n que la pr\u00e1ctica de abortos clandestinos es una de las principales causas de mortalidad materna. Es simplemente razonable inferir que la probabilidad de muerte por la realizaci\u00f3n de este tipo de procedimientos de manera insegura aumenta de manera exponencial.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
339. En este sentido, al Estado le corresponde, m\u00e1s que acudir primariamente a la penalizaci\u00f3n, promover y garantizar una pol\u00edtica con un enfoque de g\u00e9nero y un alcance interseccional, en el sentido de que beneficie especialmente a quienes est\u00e1n expuestas a m\u00e1s de un factor de vulnerabilidad, como son las mujeres, ni\u00f1as y personas gestantes que habitan el sector rural o comunidades remotas; aquellas en condici\u00f3n de discapacidad; las menores de edad desescolarizadas; aquellas que se encuentran en condici\u00f3n de desplazamiento forzado, refugiadas, migrantes irregulares o en situaci\u00f3n de indigencia; aquellas recluidas en instituciones o detenidas; ind\u00edgenas, afrodescendientes o miembros de poblaci\u00f3n Rom y aquellas que ya han tenido un embarazo y son cabeza de familia. La jurisprudencia constitucional ha reconocido que la convergencia de factores estructurales de vulnerabilidad repercute en la generaci\u00f3n de riesgos adicionales contra las mujeres y ni\u00f1as, de tal manera que su combinaci\u00f3n crea una situaci\u00f3n de naturaleza concreta con cargas de discriminaci\u00f3n mayores por la confluencia de tales factores.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
10.2. La afectaci\u00f3n del derecho a la igualdad por discriminaci\u00f3n indirecta y su impacto en las mujeres m\u00e1s vulnerables<\/p>\n
340. Las demandantes sostienen que las barreras estructurales de acceso al procedimiento de IVE que genera la norma demanda afectan de una manera evidentemente m\u00e1s desproporcionada a las mujeres y ni\u00f1as en situaci\u00f3n de vulnerabilidad y en situaci\u00f3n migratoria irregular. Esto, advierten, contrar\u00eda la obligaci\u00f3n del Estado de garantizar el acceso a la IVE en condiciones de igualdad y sin discriminaci\u00f3n. Para sustentar su argumento, afirman que el derecho a la igualdad contiene tanto un mandato de abstenci\u00f3n de tratos discriminatorios \u2013igualdad formal\u2013 como un mandato de intervenci\u00f3n que obliga al Estado a superar las condiciones de desigualdad \u2013igualdad material\u2013. Adem\u00e1s, que el art\u00edculo 13 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica proh\u00edbe la discriminaci\u00f3n indirecta, esto es, que la aplicaci\u00f3n de normas aparentemente neutras genere consecuencias adversas y desproporcionadas sobre grupos tradicionalmente marginados o discriminados.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
341. \u00a0La jurisprudencia constitucional se ha pronunciado sobre este tipo de normas y, en particular, sobre aquellas que contienen previsiones discriminatorias exclusivamente basadas en el g\u00e9nero. Por ejemplo, en la Sentencia C-754 de 2015, la Corte resolvi\u00f3 una demanda formulada en contra de la expresi\u00f3n \u201cfacultad\u201d contenida en el art\u00edculo 23 de la Ley 1719 de 2014, con base en la cual las entidades del sistema de salud pod\u00edan implementar el Protocolo y el Modelo de Atenci\u00f3n Integral en Salud para las V\u00edctimas de Violencia Sexual, sin que estuvieran obligadas a hacerlo. Los demandantes sosten\u00edan, entre otras razones, que dicha expresi\u00f3n generaba una discriminaci\u00f3n indirecta en contra de las mujeres, en especial de las m\u00e1s vulnerables, que implicaba una regresi\u00f3n en la garant\u00eda de su derecho a la salud, concretamente, en la obligaci\u00f3n de adoptar e implementar protocolos dirigidos a asegurar el derecho a la salud de las v\u00edctimas de violencia sexual bajo condiciones de disponibilidad, accesibilidad y calidad.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
342. En esa oportunidad, la Corte advirti\u00f3 que el Legislador no solo tiene prohibido proferir normas que discriminen o excluyan a ciertos grupos de personas de una manera abierta y directa con el objeto de anular o reducir el reconocimiento, disfrute o ejercicio de derechos fundamentales con base en criterios sospechosos como su g\u00e9nero, raza, condici\u00f3n socioecon\u00f3mica, etc., sino, adem\u00e1s, discriminarlas de manera indirecta mediante regulaciones que generen un impacto desproporcionado en la garant\u00eda de sus derechos. Al respecto, precis\u00f3 que \u201cla prohibici\u00f3n de discriminaci\u00f3n directa o indirecta y el deber reforzado de protecci\u00f3n, tambi\u00e9n se extiende a casos donde la acci\u00f3n u omisi\u00f3n del Estado se concreta en una discriminaci\u00f3n m\u00faltiple e interseccional. Es decir, a situaciones donde una persona es sometida a mayores riesgos o desventajas por la confluencia de diferentes criterios sospechosos que agravan o a\u00f1aden obst\u00e1culos en el ejercicio de un derecho fundamental\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
343. Con base en lo anterior, concluy\u00f3 que, aunque la disposici\u00f3n demandada ten\u00eda un contenido neutro, pues se refer\u00eda en general a las v\u00edctimas de violencia sexual, generaba una discriminaci\u00f3n indirecta e interseccional hacia las mujeres y, en particular, hacia las pertenecientes a grupos marginados, quienes sufr\u00edan los efectos m\u00e1s agudos y pronunciados de la falta de un protocolo de atenci\u00f3n en salud en casos de violencia sexual. En consecuencia, declar\u00f3 la inexequibilidad de la expresi\u00f3n demandada y, en su lugar, se\u00f1al\u00f3 que la adopci\u00f3n del referido protocolo era una \u201cobligaci\u00f3n\u201d de las entidades del sistema de salud.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
344. Posteriormente, en la Sentencia C-586 de 2016, que examin\u00f3 la constitucionalidad del numeral 3\u00ba (parcial) del art\u00edculo 242 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, que exclu\u00eda a las mujeres de la realizaci\u00f3n de ciertas labores peligrosas, insalubres o que requer\u00edan grandes esfuerzos, la Corte reiter\u00f3 que existe discriminaci\u00f3n indirecta \u201ccuando de tratamientos formalmente no discriminatorios, se derivan consecuencias f\u00e1cticas desiguales para algunas personas, que lesionan sus derechos o limitan el goce efectivo de los mismos. En tales casos, medidas neutrales que en principio no implican factores diferenciadores entre personas, pueden producir desigualdades de facto entre unas y otras, por su efecto adverso exclusivo, constituyendo un tipo indirecto de discriminaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
345. La sentencia explic\u00f3 que esta modalidad de discriminaci\u00f3n se compone de dos criterios: (i) la existencia de una medida o pr\u00e1ctica que se aplica a todos de una manera aparentemente neutra, y (ii) el hecho de que esa medida o pr\u00e1ctica pone en una situaci\u00f3n de desventaja a un grupo de personas protegido. En tales casos, agreg\u00f3, el an\u00e1lisis de la discriminaci\u00f3n no se focaliza en la existencia de un trato diferencial, sino en los efectos diferenciales que genera la norma cuestionada. Esta vez, la Corte declar\u00f3 inexequible la norma demandada, argumentando, entre otras razones, que la prohibici\u00f3n adoptada por el legislador era innecesaria y desproporcionada y, por tanto, contraria al derecho a la igualdad.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
346. De manera reciente, la Sentencia C-117 de 2018 declar\u00f3 inexequible la partida contenida en el art\u00edculo 185 de la Ley 1819 de 2016 que gravaba las toallas higi\u00e9nicas y los tampones con una tarifa del 5% de IVA y, en consecuencia, orden\u00f3 incluir esos productos en el listado de bienes exentos de ese impuesto. Esta vez, la Corte advirti\u00f3 que cuando se alega una discriminaci\u00f3n contra las mujeres por una circunstancia espec\u00edfica, es necesario verificar: \u201c(i) El contexto y los diferentes factores que puedan contribuir o determinar la situaci\u00f3n; y || (ii) El impacto que tiene la medida, no solo respecto de las mujeres en general, sino desde una perspectiva interseccional, que analice las consecuencias en relaci\u00f3n con otras posibles categor\u00edas de discriminaci\u00f3n como la raza o el estatus socioecon\u00f3mico\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
347. En el caso analizado, la Corte concluy\u00f3 que gravar con IVA las toallas higi\u00e9nicas y los tampones, que son productos de aseo exclusivamente femeninos, ten\u00eda un impacto desproporcionado sobre las mujeres, en particular sobre las mujeres pobres. En ese sentido, indic\u00f3 que si bien la norma tributaria era aparentemente abstracta y general, solo afectaba a una porci\u00f3n de la poblaci\u00f3n con fundamento en su g\u00e9nero, ya que impon\u00eda una carga tributaria exclusivamente a las mujeres, lo que afectaba en mayor medida a las de escasos recursos econ\u00f3micos. As\u00ed las cosas, concluy\u00f3 que la medida resultaba irrazonable y desproporcionada y, por tanto, era inconstitucional.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
348. En suma, aunque, en ocasiones, la normas que expide el Legislador tienen apariencia de neutralidad, pues no est\u00e1n expl\u00edcitamente dirigidas a un grupo social determinado, terminan por excluir y discriminar de manera indirecta a ciertos grupos vulnerables, sobre los cuales generan efectos diferenciados, desproporcionados o exclusivos, que obstaculizan el disfrute de sus derechos fundamentales.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
10.3. El impacto de la penalizaci\u00f3n del aborto con consentimiento en las mujeres m\u00e1s vulnerables<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
349. Tal como se indic\u00f3 previamente, la pol\u00edtica de someter a la mujer, sin ofrecer alternativas para el ejercicio de sus derechos, a una pena privativa de la libertad si decide no continuar con el proceso de gestaci\u00f3n, impacta de manera diferente \u2013evidentemente m\u00e1s desproporcionada\u2013 a las mujeres m\u00e1s vulnerables por su condici\u00f3n socioecon\u00f3mica, su origen rural, su edad o su situaci\u00f3n migratoria, entre otros factores. Dicho de otra manera, si bien el tipo penal de aborto voluntario prev\u00e9 una pena privativa de la libertad para toda mujer que cause su aborto o permita que otro se lo cause, la medida pone en una particular situaci\u00f3n de desventaja a aquellas que, debido a su situaci\u00f3n de vulnerabilidad, no tienen facilidades de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, incluido el procedimiento de la IVE en las tres circunstancias que, seg\u00fan la Sentencia C-355 de 2006, no constituyen ese tipo penal. En efecto, de la informaci\u00f3n aportada al proceso, es posible derivar que las mujeres denunciadas por el delito de aborto consentido y quienes m\u00e1s graves consecuencias sufren en su salud por la pr\u00e1ctica irregular de ese procedimiento est\u00e1n expuestas a factores interseccionales de discriminaci\u00f3n que incrementan su condici\u00f3n de vulnerabilidad.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
350. De acuerdo con las cifras sobre procesos penales por el delito de aborto consentido aportadas al proceso por Profamilia, el 75% de las condenas fueron impuestas a mujeres mayores de edad, en su mayor\u00eda en condiciones de vulnerabilidad por su origen rural, su situaci\u00f3n de pobreza o su condici\u00f3n de migrantes irregulares. La informaci\u00f3n correspondiente a Bogot\u00e1, por ejemplo, revela que \u201cel 85% de las entradas de aborto al Sistema Penal, son de mujeres pertenecientes a estratos 1, 2 y 3. Es decir, son las mujeres m\u00e1s vulnerables a quienes m\u00e1s afecta la persecuci\u00f3n penal del delito de aborto\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
351. Seg\u00fan el informe sobre la judicializaci\u00f3n del aborto en Colombia, emitido por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, hasta el a\u00f1o 2020, el 50,93% de las mujeres denunciadas eran menores de 28 a\u00f1os, de las cuales el 31,7% eran menores de edad. La mayor\u00eda de las mujeres indiciadas ejerc\u00edan actividades relacionadas con el hogar o servicios dom\u00e9sticos (34,3%), eran estudiantes (13,6%), otras se encontraban en situaci\u00f3n de desempleo (2,75%) o de trabajo sexual (2,75%). A la vez, cuatro registros de noticias criminales por el delito de aborto hacen referencia a ni\u00f1as menores de 14 a\u00f1os, pero, de manera incomprensible, no se refieren a ellas como v\u00edctimas de violencia sexual en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 209 del C\u00f3digo Penal, que regula el delito de \u201c[a]ctos sexuales con menor de catorce a\u00f1os\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
352. Adicionalmente, en el m\u00e1s reciente informe allegado a la Corte en el a\u00f1o 2021, consta que \u201c[d]e los 5.646 procesos por el delito de aborto (art. 122) que se han registrado en los sistemas misionales de la [Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n] desde 2006, 1.675 registran el lugar de los hechos como una zona rural y 1.611 como una zona urbana\u201d. Es decir que, de acuerdo con las cifras aportadas, se trata de una conducta que proporcionalmente tiene su mayor incidencia en las \u00e1reas rurales. Este n\u00famero es especialmente acuciante si se tiene en cuenta que, de conformidad con el \u201ccenso nacional de poblaci\u00f3n y vivienda 2018\u201d, el 22.9 % de la poblaci\u00f3n del pa\u00eds vive \u00e1reas rurales \u2013\u201ccentros poblados\u201d (7.1 %) y zonas \u201crurales dispersas\u201d (15.8 %)\u2013, en comparaci\u00f3n con el 77.1 % que reside en las \u201ccabeceras municipales\u201d o \u00e1reas urbanas.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
353. La penalizaci\u00f3n del aborto con consentimiento, sin embargo, no evidencia una incidencia relevante en su disminuci\u00f3n ni, por tanto, en una mayor protecci\u00f3n a la vida en gestaci\u00f3n. Por el contrario, fomenta la pr\u00e1ctica irregular del procedimiento de la IVE, lo que da lugar a graves perjuicios para para las mujeres, ni\u00f1as y personas gestantes, no solo como grupo discriminado y expuesto a m\u00faltiples factores de violencia, sino individualmente consideradas, con especial incidencia en las m\u00e1s vulnerables, entre ellas quienes se encuentran en situaci\u00f3n migratoria irregular. Estas mujeres, ni\u00f1as y personas gestantes afrontan un problema de salud p\u00fablica que las expone a sufrir complicaciones por el procedimiento e, incluso, a perder sus vidas.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
354. Sobre el particular, para el a\u00f1o 2012, la Comisi\u00f3n Asesora de Pol\u00edtica Criminal hab\u00eda se\u00f1alado lo siguiente:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201cLa penalizaci\u00f3n severa del aborto tiene consecuencias discriminatorias pues la evidencia en Colombia y en otros pa\u00edses muestra que las mujeres de pocos recursos econ\u00f3micos sufren mayoritariamente embarazos no deseados y son quienes acceden a abortos en peores condiciones. En efecto, en Colombia, seg\u00fan un reciente informe del Instituto Guttmacher, que desde 2009 es colaborador oficial en salud reproductiva de la OMS (Organizaci\u00f3n Mundial de la Salud), cada a\u00f1o, un total estimado de 132.000 mujeres sufren complicaciones que pueden ser muy riesgosas debido al aborto clandestino. Esto representa un 30% de las mujeres que abortan en esas condiciones, pero ese porcentaje llega a 53% en el caso de las mujeres rurales pobres y es menor (\u2018s\u00f3lo\u2019 24%) en el caso de las mujeres de las ciudades que no son pobres\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
355. En cuanto a las complicaciones posteriores al aborto, el Ministerio de Salud ha precisado que:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201cCada a\u00f1o, el sistema de salud colombiano ofrece tratamiento postaborto a 93.000 mujeres [\u2026]. En la actualidad, nueve mujeres por cada 1.000 reciben atenci\u00f3n postaborto en instituciones de salud. La tasa m\u00e1s alta de tratamiento y de mayor carga en el sistema de salud ocurre en la regi\u00f3n Pac\u00edfica, en donde cada a\u00f1o, 16 de cada 1000 mujeres reciben tratamiento postaborto\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
356. Estos datos coinciden con otros aportados al proceso. En Colombia se registran unos 400.400 abortos clandestinos al a\u00f1o. \u201cLas consecuencias del aborto inseguro y clandestino se traducen en 132.000 mujeres con complicaciones que anualmente deben atenderse en el sistema de salud colombiano por eventos que pod\u00edan haberse evitado\u201d. En este \u00faltimo grupo de casos, el 53 % de las afectadas son mujeres de origen rural. Este \u00faltimo porcentaje acredita la incidencia diferenciada que para las mujeres rurales tiene la pr\u00e1ctica de abortos inseguros y clandestinos, en comparaci\u00f3n con las mujeres que habitan sectores urbanos, ya que, como se indic\u00f3 supra, solo el 22.9 % de la poblaci\u00f3n del pa\u00eds vive en \u00e1reas rurales \u2013\u201ccentros poblados\u201d (7.1 %) y zonas \u201crurales dispersas\u201d (15.8 %)\u2013.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
357. Ahora bien, la informaci\u00f3n correspondiente a la regi\u00f3n pac\u00edfica del pa\u00eds es relevante, si se tiene en cuenta que, en ella, seg\u00fan Profamilia, la posibilidad de acceder a servicios de salud, incluidos los servicios de salud sexual y reproductiva, es de solo el 11,7%. Cabe destacar que, seg\u00fan datos del DANE publicados en 2018, las mujeres afrocolombianas viven en promedio 11 a\u00f1os menos que el resto de las mujeres y la tasa de mortalidad materna para este grupo poblacional es de 109,18 casos por cada 100.000 nacidos vivos, lo que contrasta con la tasa de 51 casos por cada 100.000 nacidos de la poblaci\u00f3n en general.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
358. De hecho, el efecto discriminatorio de la prohibici\u00f3n categ\u00f3rica del aborto voluntario se hace a\u00fan m\u00e1s evidente, si se tiene en consideraci\u00f3n que la pr\u00e1ctica de abortos consentidos es, precisamente, una de las principales causas de mortalidad materna. En efecto, es simplemente razonable inferir que la probabilidad de muerte por la realizaci\u00f3n de este tipo de procedimientos de manera insegura aumenta de forma exponencial. Seg\u00fan la informaci\u00f3n reportada por el DANE, entre las afectaciones obst\u00e9tricas clasificadas, el \u201cembarazo terminado en aborto\u201d fue la cuarta causa de defunci\u00f3n materna en el a\u00f1o 2019.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
360. Los datos antes referidos son especialmente relevantes, si se tiene en cuenta que los abortos clandestinos que se practicaban antes del a\u00f1o 2006 \u2013en espec\u00edfico, antes de la expedici\u00f3n de la Sentencia C-355 del citado a\u00f1o\u2013, actualmente se siguen llevando a cabo \u2013ceteris paribus, seg\u00fan los datos ampliamente referidos en esta providencia\u2013 y producen graves consecuencias para los derechos de las mujeres y las ni\u00f1as. As\u00ed, ante la eficacia meramente formal del derecho penal, el Estado termina convirtiendo en v\u00edctima a la autora de la interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo, pues sus derechos fundamentales se ven seriamente afectados.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
361. En este orden de idas, cabe recordar la recomendaci\u00f3n de despenalizaci\u00f3n del delito de aborto voluntario que en el a\u00f1o 2012 \u2013con posterioridad a la expedici\u00f3n de la Sentencia C-355\u2013 efectu\u00f3 la Comisi\u00f3n Asesora para el Dise\u00f1o de la Pol\u00edtica Criminal del Estado colombiano, al considerarlo un tipo penal injustificado, contrario a los est\u00e1ndares internacionales y a los compromisos adquiridos por Colombia. Seg\u00fan precis\u00f3, dicha criminalizaci\u00f3n, incluso despu\u00e9s del a\u00f1o 2006, propici\u00f3 abortos inseguros y clandestinos, adem\u00e1s, refiri\u00f3 que reg\u00edmenes penales menos restrictivos ten\u00edan una relaci\u00f3n directa con menos abortos inseguros y con menores tasas de aborto.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
10.4. La actual forma de tipificaci\u00f3n del delito de aborto consentido entra en fuerte tensi\u00f3n con el derecho a la igualdad de las mujeres en situaci\u00f3n de vulnerabilidad y en situaci\u00f3n migratoria irregular<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
362. Para la Sala, de la informaci\u00f3n anterior puede inferirse que las mujeres denunciadas por el delito de aborto consentido \u2013quienes m\u00e1s graves consecuencias sufren en su salud\u2013, est\u00e1n expuestas a factores interseccionales de discriminaci\u00f3n que las hacen a\u00fan m\u00e1s vulnerables.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
363. En efecto, es posible sostener \u2013a partir de la experiencia y la observaci\u00f3n\u2013 que la poblaci\u00f3n femenina m\u00e1s vulnerable es la m\u00e1s afectada por la sanci\u00f3n penal. Lo anterior, porque son las mujeres rurales, las de los estratos socioecon\u00f3micos m\u00e1s bajos, las mujeres migrantes, las refugiadas, las desescolarizadas y otras, seguidas por ese largo etc\u00e9tera que ya fue enlistado en esta sentencia, las que menores recursos y alternativas tendr\u00edan para dar por terminado un embarazo no deseado sin que el hecho llegue al conocimiento de las autoridades penales. Contrario sensu, las condiciones socioecon\u00f3micas favorables pueden incidir en la impunidad de la conducta, pues gracias a aquellas es posible acceder a servicios m\u00e9dicos de calidad e informaci\u00f3n calificada sobre m\u00e9todos abortivos o viajar al exterior para interrumpir la gestaci\u00f3n donde la pr\u00e1ctica no es penalizada.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
364. Lo anterior, claro est\u00e1, sin contar con las desventajas que la precariedad socioecon\u00f3mica trae para las mujeres cuyas condiciones de vulnerabilidad les ha impedido acceder a educaci\u00f3n de calidad sobre el ejercicio responsable de sus derechos sexuales y reproductivos o para acceder a la IVE en los casos referidos en la Sentencia C-355 de 2006.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
365. Es visible, a partir de estos ejemplos, que la penalizaci\u00f3n acrecienta la vulnerabilidad de quienes ya ven afectada o amenazada su dignidad humana por esa situaci\u00f3n (de vulnerabilidad). Y el impacto no solo ya de la sanci\u00f3n penal, sino de la decisi\u00f3n de asumir la maternidad para las mujeres socioecon\u00f3micamente vulnerables, no lo reciben exclusivamente estas, como individuos, sino sus familias, que, en muchos casos, deben hacerse cargo de la alimentaci\u00f3n, crianza y educaci\u00f3n de un nuevo miembro de la familia, ante la disminuci\u00f3n de la fuerza de trabajo de la mujer en la proporci\u00f3n de sus nuevas responsabilidades como madre.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
366. Si, en atenci\u00f3n a estas realidades, que no hace falta contrastar con estad\u00edsticas, pues, como se dijo, son evidentes a partir de la observaci\u00f3n y la experiencia, la \u00fanica respuesta del Estado es la penal, podr\u00eda resultar contraria al r\u00e9gimen constitucional en cuanto desprotege la dignidad de las mujeres que han sido discriminadas o marginadas por la adversidad de las circunstancias.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
367. Por dichos factores interseccionales, la prohibici\u00f3n categ\u00f3rica del aborto consentido, prevista en el contenido normativo objeto de control, afecta de manera particularmente grave y evidente a esta poblaci\u00f3n, cuya penalizaci\u00f3n, como \u00fanica medida de pol\u00edtica p\u00fablica, agudiza m\u00e1s su situaci\u00f3n de vulnerabilidad.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
368. La anterior consideraci\u00f3n es especialmente relevante, si se tiene en cuenta que son estas ni\u00f1as y mujeres las que menores probabilidades de acceso tienen a los servicios estatales asociados a su salud sexual y reproductiva, bien sea educativos, relacionados con la planificaci\u00f3n familiar o de interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo en los casos previstos por la Sentencia C-355 de 2006. Adem\u00e1s, son quienes est\u00e1n mayormente expuestas a la pr\u00e1ctica de abortos clandestinos en deplorables condiciones de salubridad, lo cual las expone a una mayor degradaci\u00f3n de su dignidad.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
369. En consecuencia, mantener la actual tipificaci\u00f3n del aborto consentido y, por tanto, utilizar el derecho penal como prima ratio, expone a las mujeres a una de las principales causas de muerte materna, esto es, a la pr\u00e1ctica de abortos inseguros, que pueden lesionar su integridad personal, salud y vida y que afectan de una manera m\u00e1s evidentemente desproporcionada a aquellas en situaci\u00f3n de vulnerabilidad socioecon\u00f3mica. Por estas razones, la Corte constata que el art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal en el actual contexto normativo en que se inserta entra en fuerte tensi\u00f3n con el derecho a la igualdad de las mujeres en situaci\u00f3n de vulnerabilidad y en situaci\u00f3n migratoria irregular.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
11. An\u00e1lisis del tercer cargo: la libertad de conciencia de las mujeres, las ni\u00f1as y las personas gestantes, en especial, frente a la posibilidad de actuar conforme a sus convicciones en relaci\u00f3n con su autonom\u00eda reproductiva (art\u00edculo 18 de la Constituci\u00f3n)<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
370. La tipificaci\u00f3n del delito de aborto con consentimiento en el actual contexto normativo entra en fuerte tensi\u00f3n con la libertad de conciencia de las mujeres, ni\u00f1as y personas gestantes, por las siguientes razones:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
371. La potestad del Legislador en materia penal no es absoluta y sus l\u00edmites se hacen m\u00e1s evidentes cuando la tipificaci\u00f3n de conductas como delitos interfiere en el ejercicio de libertades intr\u00ednsecamente asociadas a la dignidad humana, entre ellas, la libertad de conciencia, disposici\u00f3n aut\u00f3noma constitucional, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 18 de la Carta.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
372. Para evaluar si una persona, en abstracto, puede leg\u00edtimamente actuar o abstenerse de hacerlo con el fin de preservar su sistema de convicciones y creencias, debe valorarse la importancia del bien jur\u00eddico que se quiere preservar con la penalizaci\u00f3n frente a los sacrificios que se derivan de ella. En este ejercicio, la garant\u00eda y el peso de la libertad de conciencia ser\u00e1 mayor en tanto m\u00e1s intensa sea la conexi\u00f3n con la integridad corporal, f\u00edsica y emocional de la persona que alega su protecci\u00f3n y con su dignidad humana.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
373. La libertad de conciencia, en lo atinente a la decisi\u00f3n de procrear o de no hacerlo, y, por tanto, de asumir la maternidad o paternidad, es un asunto personal\u00edsimo, individual e intransferible que se corresponde con una de las dimensiones de los derechos reproductivos, concretamente, la autonom\u00eda reproductiva, respecto de la cual le est\u00e1 prohibido prima facie intervenir al Estado y a los particulares haciendo uso de la coacci\u00f3n o de la violencia.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
374. En el caso de las mujeres, la decisi\u00f3n de asumir la maternidad es un asunto que las impacta de manera personal\u00edsima, porque afecta su proyecto de vida; es un asunto individual, pues tiene consecuencias f\u00edsicas y emocionales sobre su propia existencia, y es intransferible, porque la autonom\u00eda de la decisi\u00f3n no puede ser trasladada a un tercero, salvo casos excepcionales en los que se ha provisto un previo consentimiento o existen razones s\u00f3lidas para inferirlo. Es, entonces, una decisi\u00f3n \u00edntima y estrechamente vinculada al sistema de valores de quien puede gestar y constituye una de las principales expresiones de la naturaleza humana, y tanto quienes deciden asumir la maternidad como quienes optan por no hacerlo ejercen su libertad y ponen en pr\u00e1ctica su sistema individual de creencias y valores. Esta decisi\u00f3n, a todas luces \u00edntima, constituye una manifestaci\u00f3n de la autonom\u00eda reproductiva, incluso de las parejas, ligada estrechamente al sistema de valores personales.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
375. En el presente asunto, la norma demandada permite juzgar y sancionar a la mujer que, durante el embarazo, decide actuar conforme a sus juicios morales o \u00edntimas convicciones, lo que genera una evidente tensi\u00f3n de relevancia constitucional con la citada libertad, ya que da lugar a la imposici\u00f3n de una manera espec\u00edfica de proceder que, en este caso, implica el deber de asumir la maternidad, aun en contra de la propia voluntad, sin que, entre otras, pondere el conocimiento de la mujer acerca de su estado ni el avance del proceso gestacional. Estas dos circunstancias son especialmente relevantes, si se tiene en cuenta que el ejercicio de esta libertad supone, de un lado, conocer el estado de embarazo para que sea posible tomar una decisi\u00f3n acerca de su continuidad o no y, de otro, actuar conforme al deber de protecci\u00f3n gradual e incremental de la vida en gestaci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
11.2. Caracterizaci\u00f3n constitucional de la libertad de conciencia<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
376. La libertad de conciencia se encuentra consagrada en el art\u00edculo 18 de la Constituci\u00f3n, en los siguientes t\u00e9rminos: \u201cSe garantiza la libertad de conciencia. Nadie ser\u00e1 molestado por raz\u00f3n de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
377. Esta libertad protege la autonom\u00eda de pensamiento y de acci\u00f3n individual, voluntaria y consciente, en contraposici\u00f3n a la imposici\u00f3n de un determinado proceder. De este modo, permite que cada persona regule su vida de acuerdo con sus creencias y convicciones, que no necesariamente con un credo, confesi\u00f3n o religi\u00f3n determinada. Por tanto, no protege un sistema moral determinado, o una regla objetiva de moralidad, sino que ampara el conjunto de creencias y convicciones de cada individuo, salvaguardando su propio sistema de valores y la manera en que determina sus acciones.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
378. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el concepto de conciencia al que hace referencia la disposici\u00f3n constitucional en cita comprende el propio e \u00edntimo discernimiento acerca de lo que est\u00e1 bien y lo que est\u00e1 mal; de all\u00ed que la disposici\u00f3n proteja el derecho a\u00a0la conciencia moral, es decir, al juicio moral sobre la propia conducta. Es por esta raz\u00f3n que esta libertad avala la facultad de formular juicios pr\u00e1cticos en relaci\u00f3n con lo que resulta ser una acci\u00f3n correcta frente a un determinado evento. En otras palabras, hace referencia a la potestad de cada persona para discernir entre lo que resulta ser el bien o el mal moral en o frente a una determinada situaci\u00f3n y, conforme a esta, guiar su conducta, sin que alguna de tales determinaciones pueda ser incentivada u objeto de una intervenci\u00f3n desproporcionada por parte del Estado o de terceros. En relaci\u00f3n con este \u00faltimo aspecto, como se ha precisado por la jurisprudencia constitucional, el ejercicio de esta libertad debe realizarse siempre dentro del marco de la Constituci\u00f3n y de la ley y del deber de respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios, de conformidad con lo dispuesto por su art\u00edculo 95, \u201csobre la base, impl\u00edcita en todo derecho y en toda libertad, de que sus expresiones est\u00e1n limitadas por los derechos de los dem\u00e1s y por las necesidades propias del orden p\u00fablico, la tranquilidad, la salubridad y la seguridad colectivas\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
379. Esta libertad ampara tres garant\u00edas fundamentales: en primer lugar, la de conservar las convicciones en secreto, sin que nadie pueda ser obligado o violentado para revelarlas. Por tanto, proh\u00edbe la intromisi\u00f3n estatal y de particulares en el fuero individual y, salvo que se cuente con la voluntad expresa del titular, no es posible acceder a sus pensamientos. En segundo lugar, una vez los pensamientos se expresan o comunican, la garant\u00eda se extiende a no ser presionado o molestado por la manifestaci\u00f3n de dichas convicciones. Por \u00faltimo, ampara la prerrogativa de no ser obligado a actuar en contra de sus \u00edntimas convicciones personales, de donde se ha derivado la objeci\u00f3n de conciencia.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
380. Igualmente, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, esta libertad se ejerce de modo individual, es una prerrogativa personal o, mejor, es la regla subjetiva de moralidad que rige a una persona, al margen e incluso en contra de los usos y convenciones sociales en las que est\u00e9 inmersa.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
381. A partir de lo dicho, la configuraci\u00f3n tripartita de pensamiento, manifestaci\u00f3n y comportamiento, que caracterizan a la libertad de conciencia es fundamental no solo para el desarrollo individual, sino tambi\u00e9n para la interacci\u00f3n e integraci\u00f3n social. En relaci\u00f3n con este \u00faltimo aspecto es importante hacer referencia a la importancia que la jurisprudencia constitucional le ha reconocido a esta libertad para edificar el car\u00e1cter democr\u00e1tico, participativo y plural del Estado colombiano. As\u00ed, ha indicado que la f\u00f3rmula pluralista que caracteriza a la democracia se manifiesta en tres dimensiones: \u201c(i) la diversidad que se admite y promueve (art. 7\u00ba CP.); (ii) las distintas aspiraciones y valoraciones que se aprecian de modo positivo, de manera especial, la libertad religiosa, de conciencia y pensamiento as\u00ed como la libertad de expresi\u00f3n y (iii) los cauces jur\u00eddicos, pol\u00edticos y sociales que servir\u00e1n para dirimir los posibles conflictos que se presenten en virtud de las diferentes concepciones\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
11.3. La coerci\u00f3n derivada de las normas penales puede incidir de manera intensa en la libertad de conciencia<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
382. La libertad de conciencia garantiza un primer \u00e1mbito de intangibilidad en el cual su titular puede configurar y acoger un sistema propio de convicciones y creencias que pueden ser tan \u00edntimas y privadas como lo desee, el cual nadie tiene derecho a conocer o a interferir, a menos que su titular consienta en ello.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
383. El segundo \u00e1mbito de protecci\u00f3n de esta libertad implica que, en relaci\u00f3n con el sistema propio de convicciones y creencias, su titular no puede ser molestado. Esto no significa que el Estado no pueda establecer limitaciones asociadas a la libertad de expresi\u00f3n, difusi\u00f3n y comunicaci\u00f3n p\u00fablica de los pensamientos y opiniones (art\u00edculo 20 CP). En todo caso, asume dos deberes para su garant\u00eda: uno positivo, asociado al deber de proteger a quienes han divulgado total o parcialmente sus convicciones y creencias, y otro negativo, referido a la obligaci\u00f3n de abstenerse de ejecutar acciones encaminadas a modificarlas.<\/p>\n
384. El tercer \u00e1mbito que protege esta libertad se relaciona con la garant\u00eda individual de no actuar en contra del sistema de valores y creencias propio. Esta faceta est\u00e1 asociada, en particular, a la objeci\u00f3n de conciencia y encuentra su punto cr\u00edtico cuando su ejercicio interfiere con otros bienes jur\u00eddicos \u2013derechos, principios y valores\u2013, ya que entra en tensi\u00f3n con la propia integridad, f\u00edsica o espiritual, de quien se ve en el dilema de actuar o no en contra de su conciencia. Como l\u00edmite a la acci\u00f3n estatal, la objeci\u00f3n de conciencia ha sido objeto de an\u00e1lisis por parte de la jurisprudencia constitucional. De manera reciente, en la Sentencia C-370 de 2019, la Corte reiter\u00f3:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201cla objeci\u00f3n de conciencia, en general, es un derecho aut\u00f3nomo y nominado en el apartado final del art\u00edculo 18 de la Constituci\u00f3n que reza que las personas tienen derecho a no ser obligadas a actuar contra su conciencia. || Esta posibilidad de objetar conciencia no es absoluta, puede ser leg\u00edtimamente limitada por el Legislador, siempre y cuando respete el principio de proporcionalidad y las limitaciones no sean en exceso restrictivas como para hacer nugatorio este derecho, pero tampoco sean demasiado amplias como para desconocer el principio de igualdad ante la ley y las necesidades que se quieran satisfacer, en la medida que los bienes jur\u00eddicos que se pretenden proteger con la obligaci\u00f3n tengan respaldo constitucional o legal\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
385. Dada la \u00edntima relaci\u00f3n que tiene la objeci\u00f3n de conciencia con el sistema propio de convicciones y creencias, su ejercicio puede fundarse en motivos religiosos, morales, \u00e9ticos, humanitarios o de \u00edndole similar. No obstante, es posible que el Legislador establezca restricciones a este derecho, siempre que sean razonables y proporcionadas; en otras palabras, es posible limitar la procedencia de la objeci\u00f3n de conciencia a ciertas creencias, siempre que resulte necesario para resguardar un bien jur\u00eddico superior. Esto significa, entonces, que el principio general es que, ante el silencio del Legislador en relaci\u00f3n con las caracter\u00edsticas de las creencias, cualquier convicci\u00f3n profunda que se oponga al bien jur\u00eddico garantizado por la norma que establece un deber jur\u00eddico, de hacer o de abstenerse de actuar, puede ser aducida para excusarse de su cumplimiento. La objeci\u00f3n de conciencia, sin embargo, no puede ser alegada por autoridades judiciales y notarios en el cumplimiento de funciones p\u00fablicas o, en algunos casos, por m\u00e9dicos en casos de interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo, entre otros eventos.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
386. Como regla de principio, entonces, el Legislador puede interferir en el alcance de la libertad de conciencia por medio de normas penales en aquellas situaciones en las que la intervenci\u00f3n en las convicciones \u00edntimas y morales de la persona no sea tan intensa que las desconozca. Es por esto por lo que la facultad punitiva del Estado no es absoluta; de hecho, es excepcional, en atenci\u00f3n al car\u00e1cter de ultima ratio que la caracteriza.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
387. Esta caracterizaci\u00f3n es relevante, ya que las normas penales pueden dar lugar a una coerci\u00f3n tal que determine la conducta de las personas, aun en contra de su conciencia. Esto es as\u00ed, ya que en ellas se manifiesta la capacidad de ordenar el comportamiento social por medio de reglas con fuerza de ley y cuyo incumplimiento o realizaci\u00f3n acarrea una sanci\u00f3n que restringe un amplio abanico de derechos fundamentales, en especial los derechos de libertad.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
388. Dichas disposiciones dan cuenta de un ideal de sociedad adoptado por quienes gozan de la autorizaci\u00f3n constitucional para establecerlas por v\u00eda legal y, en la generalidad de casos, plasman y son reflejo de la moral social o p\u00fablica que resulta mayoritariamente aceptada. Casi siempre suelen estar vigentes en tanto gocen de dicho respaldo; de lo contrario, al tomar distancia del citado est\u00e1ndar, terminan siendo expulsadas del ordenamiento jur\u00eddico, como ocurri\u00f3, entre otros, con los delitos de estupro, bigamia y adulterio. Esto es as\u00ed, ya que el sistema de valores y creencias de la poblaci\u00f3n, en general, y de la ciudadan\u00eda, en particular, cambia a lo largo del tiempo por diferentes influjos.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
389. Dentro de las normas de orden p\u00fablico, aquellas que contemplan los tipos penales se caracterizan fundamentalmente por establecer un castigo derivado de la realizaci\u00f3n de una determinada conducta. La sanci\u00f3n penal que contienen por incurrir en un comportamiento incide, si bien de una forma no absoluta, en un cambio en las conductas p\u00fablicas de las personas. De all\u00ed la finalidad de prevenci\u00f3n general de las penas.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
390. Por tanto, uno de los factores que afecta el proceso de toma de decisi\u00f3n sobre la realizaci\u00f3n de ciertas acciones tiene que ver con la posibilidad de ser castigado o sancionado penal y socialmente. Esto, pese a que la propia normativa legal permite que no en todos los casos en los que se incurra en una conducta t\u00edpica se genere una sanci\u00f3n, y que la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad, deban ser valoradas por la autoridad judicial competente en cada caso.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
391. Por esta especial afectaci\u00f3n a la autonom\u00eda, el juicio de constitucionalidad respecto de los tipos penales generales, impersonales y abstractos, debe realizarse de una manera m\u00e1s estricta y rigurosa cuando interfieren en el ejercicio de libertades intr\u00ednsecamente asociadas a la dignidad humana, en especial cuando aquellos implican coerci\u00f3n sobre convicciones \u00edntimas y personales que gozan de protecci\u00f3n constitucional.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
392. Si la conducta penalizada no fuera excepcional, sino practicada de forma masiva y general, la respuesta penal como \u00fanica medida no ser\u00eda compatible con la exigencia de \u00faltimo recurso o ultima ratio del derecho penal, al suponer una restricci\u00f3n desproporcionada a la dignidad de las personas, tal como se deriva de lo dispuesto por el pre\u00e1mbulo y los art\u00edculos 1 y 2 de la Constituci\u00f3n. En este supuesto, m\u00e1s que un problema delincuencial, se estar\u00eda en presencia de un problema cultural que debe ser resuelto mediante una combinaci\u00f3n de estrategias en las que la apuesta por la educaci\u00f3n resulta fundamental.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
11.4. La actual forma de tipificaci\u00f3n del delito de aborto consentido entra en fuerte tensi\u00f3n con la libertad de conciencia de las mujeres, ni\u00f1as y personas gestantes<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
393. Sin perjuicio de la cl\u00e1usula de que trata el art\u00edculo 42, inciso noveno, de la Constituci\u00f3n, la decisi\u00f3n de asumir la maternidad o de no hacerlo es un asunto personal\u00edsimo, individual e intransferible. Como se mencion\u00f3 en el an\u00e1lisis del cargo sobre la vulneraci\u00f3n del derecho a la salud, se corresponde con una de las dimensiones de los derechos reproductivos, concretamente, con la autonom\u00eda reproductiva, respecto de la cual prima facie le est\u00e1 prohibido intervenir al Estado o a los particulares. Como lo advirti\u00f3 la Corte en la Sentencia C-355 de 2006, cuando tal interferencia se fundamenta en el ejercicio de la violencia o la coerci\u00f3n, encuentra una prohibici\u00f3n categ\u00f3rica:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201cCabe recordar nuevamente, que el derecho a estar libre de todas las formas de violencia y coerci\u00f3n que afecten la salud sexual y reproductiva, por su parte, tiene una clara perspectiva de g\u00e9nero y se desprende de diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, principalmente la Convenci\u00f3n para la Eliminaci\u00f3n de Todas las formas de Discriminaci\u00f3n contra la Mujer. Implica el derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducci\u00f3n sin discriminaci\u00f3n, coacciones o violencia, en esa medida guarda estrecha relaci\u00f3n con el derecho a la integridad personal\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
394. La decisi\u00f3n de asumir la maternidad, en consecuencia, es (i) personal\u00edsima, porque impacta el proyecto de vida de la mujer, ni\u00f1a, adolescente o persona gestante que decide continuar y llevar a t\u00e9rmino un embarazo, no solo durante el periodo de gestaci\u00f3n, sino m\u00e1s all\u00e1 de \u00e9l; (ii) individual, por el impacto f\u00edsico y emocional que supone el desarrollo de la gestaci\u00f3n en su experiencia vital y su propia existencia, e (iii) intransferible, porque la autonom\u00eda de la decisi\u00f3n de asumir la maternidad no puede ser trasladada a un tercero, salvo casos excepcionales en los que se haya previsto un previo consentimiento o existan razones s\u00f3lidas para inferirlo. De este modo, se comprende que esta sea una decisi\u00f3n no susceptible de apropiaci\u00f3n por parte del Estado o de otros particulares, sin perjuicio del deber constitucional de protecci\u00f3n gradual e incremental de la vida en gestaci\u00f3n cuyo cumplimiento compromete no s\u00f3lo al Estado y a la sociedad, sino a las personas, en general, incluso a las mujeres, ni\u00f1as y personas gestantes.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
395. Como se advierte, la decisi\u00f3n de asumir o no la maternidad es un asunto \u00edntimo y estrechamente vinculado al sistema de valores personales y de convicciones \u00e9ticas y religiosas de quien puede gestar y constituye una de las principales expresiones de la naturaleza humana, y tanto quienes deciden hacerlo como quienes no lo hacen ejercen su libertad sexual y reproductiva y en ella ponen en pr\u00e1ctica su sistema individual de creencias y valores.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
396. La importancia de esta relaci\u00f3n tiene que ver con la intensidad en la que puede ser afectado el proyecto de vida personal, que tiene incidencia en el tipo de relaciones humanas, sociales, culturales y jur\u00eddicas, que se perfeccionar\u00e1n a partir del nacimiento, muchas de ellas de car\u00e1cter indefinido. El impacto de estas relaciones, que pueden caracterizarse en privilegios, derechos, cargas y obligaciones de diferente tipo, y que deben ser asumidas en primer lugar por quien decide asumir la maternidad, implica el respeto pleno a su fuero individual y a su decisi\u00f3n personal. De hecho, tal la decisi\u00f3n tiene m\u00faltiples y profundas implicaciones personales, familiares, sociales, culturales y religiosas. Es por esta raz\u00f3n que las consecuencias de una decisi\u00f3n tan determinante en la vida de una persona solo pueden ser sopesadas de manera individual por la persona que se encuentra en esta espec\u00edfica situaci\u00f3n, porque es precisamente ella quien asumir\u00e1 primeramente sus efectos.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
397. En este punto, que el Estado coaccione de manera categ\u00f3rica a una mujer, ni\u00f1a, adolescente o persona gestante, para que lleve un embarazo a t\u00e9rmino so pena de incurrir en un delito y, eventualmente, aplicarle una sanci\u00f3n, da lugar a una evidente tensi\u00f3n constitucional con la finalidad imperiosa que pretende proteger la norma demandada.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
398. De este modo, m\u00e1s all\u00e1 de los tres eventos en los que la Corte Constitucional, de manera general y abstracta, estableci\u00f3 que su sanci\u00f3n es inconstitucional, se observa que existen casos adicionales en los que la tipificaci\u00f3n gen\u00e9rica y absoluta del aborto consentido, contenida en el art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal, sin alternativas para el ejercicio de la libertad de conciencia, resulta excesiva y supraincluyente, por la intensidad de la afectaci\u00f3n a dicha libertad protegida por el art\u00edculo 18 de la Constituci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
399. Esta tensi\u00f3n es evidente, ya que la norma que se demanda implica una imposici\u00f3n estatal de una decisi\u00f3n no necesariamente compartida y que puede atentar contra las \u00edntimas y profundas convicciones de la mujer, ni\u00f1a, adolescente o persona gestante, incluso de las parejas, y sustituye en parte su derecho a elegir c\u00f3mo quieren vivir y definir su plan de vida. En \u00faltimas, restringe, con aquellos caracteres \u2013exceso y suprainclusi\u00f3n\u2013, la potestad de estas personas para discernir entre lo que resulta ser el bien o el mal moral en o frente a la decisi\u00f3n de continuar o no con el embarazo, a partir de una imposici\u00f3n estatal que no pondera el conocimiento de la mujer acerca de su estado ni el avance del proceso gestacional ni, mucho menos, que la protecci\u00f3n de la vida en gestaci\u00f3n es un deber de cumplimiento gradual e incremental.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
12. An\u00e1lisis del cuarto cargo: la finalidad preventiva de la pena y las exigencias constitucionales adscritas al car\u00e1cter de ultima ratio del derecho penal (pre\u00e1mbulo y art\u00edculos 1 y 2 de la Constituci\u00f3n)<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
12.1. S\u00edntesis del argumento<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
400. La actual forma de tipificaci\u00f3n del delito de aborto consentido en el contexto normativo en que se inserta entra en fuerte tensi\u00f3n con la finalidad constitucional de prevenci\u00f3n general de la pena y la caracter\u00edstica constitucional adscrita al derecho penal como mecanismo de \u00faltimo recurso o ultima ratio, por las siguientes razones:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
401. La pol\u00edtica criminal encuentra l\u00edmites formales y materiales de car\u00e1cter constitucional que se derivan de las prescripciones del pre\u00e1mbulo y de los art\u00edculos 1 y 2 de la Carta, en cuanto erigen a la dignidad humana como fundamento del Estado y a la protecci\u00f3n de los derechos de las personas como su finalidad esencial, de all\u00ed que se trate de dos mandatos vinculantes en el ejercicio de las competencias de las autoridades, entre ellas, el Legislador, al tipificar los delitos.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
402. La funci\u00f3n preventiva del poder punitivo del Estado constituye un \u201cest\u00e1ndar constitucional m\u00ednimo que debe cumplir la pol\u00edtica criminal colombiana para respetar los derechos humanos y constitucionales\u201d. De esta manera, en caso de que se resuelva adoptar medidas penales, su idoneidad debe estar fundamentada en que permitan proteger de manera eficaz los bienes jur\u00eddicos amparados y disuadir a las personas de incurrir en las conductas que reprochan \u2013finalidad de prevenci\u00f3n general de la pena\u2013.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
403. A pesar de que el art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal persigue una finalidad constitucional imperiosa, que consiste en proteger la vida en gestaci\u00f3n \u2013bien jur\u00eddico que ampara la disposici\u00f3n\u2013, la actual forma de tipificaci\u00f3n del delito de aborto consentido no es adecuada para la consecuci\u00f3n de los fines de la pena ya que, a pesar de que el tipo penal busca realizar aquel imperativo constitucional, no resulta claro que esta forma de penalizaci\u00f3n sea efectivamente conducente \u2013esto es, id\u00f3nea\u2013 para la consecuci\u00f3n de aquellos fines, en particular el de prevenci\u00f3n general, como s\u00ed es evidente la intensa afectaci\u00f3n que produce en los derechos a la salud y los derechos reproductivos, la igualdad y la libertad de conciencia a que se ha hecho referencia. En otros t\u00e9rminos, no es claro que la penalizaci\u00f3n del aborto con consentimiento resulte efectivamente conducente para proteger la vida en gestaci\u00f3n, si se tiene en cuenta su poca incidencia en el cumplimiento de la finalidad de prevenci\u00f3n general de la pena adscrita a su tipificaci\u00f3n. De all\u00ed la evidente tensi\u00f3n constitucional que se presenta entre la disposici\u00f3n demandada y la finalidad preventiva de la pena.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
405. La primera raz\u00f3n se asocia con la omisi\u00f3n del Legislador de regular de manera positiva e integral la compleja problem\u00e1tica social, de relevancia constitucional, que supone el aborto consentido, y no \u00fanicamente mediante el recurso al derecho penal. La forma de regulaci\u00f3n actual de esta problem\u00e1tica social, en los t\u00e9rminos exclusivos del art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal, ha supuesto una omisi\u00f3n del ejercicio democr\u00e1tico en uno de los temas m\u00e1s sensibles para la sociedad colombiana, lo cual resulta incompatible con un ejercicio constitucional adecuado del derecho penal como \u00faltimo recurso.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
406. La segunda raz\u00f3n tiene que ver con la mayor exigencia de regulaci\u00f3n a cargo del Legislador con posterioridad a la expedici\u00f3n de la Sentencia C-355 de 2006, cuya sistem\u00e1tica omisi\u00f3n ha sido evidenciada de manera tr\u00e1gica por la jurisprudencia constitucional en la revisi\u00f3n de casos concretos.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
407. La tercera raz\u00f3n tiene que ver con dos circunstancias constitucionalmente relevantes que exig\u00edan una regulaci\u00f3n integral de esta problem\u00e1tica por parte del Legislador, que no exclusivamente por la v\u00eda penal: (i) la dignidad humana, como criterio material que explica el car\u00e1cter de ultima ratio del derecho penal y (ii) que la tipificaci\u00f3n de la conducta se fundamenta en un criterio sospechoso de discriminaci\u00f3n: el sexo.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
408. La cuarta raz\u00f3n tiene que ver con la existencia de mecanismos alternativos menos lesivos de los derechos a la salud, reproductivos, igualdad y libertad de conciencia que, al mismo tiempo, protejan en forma gradual e incremental la vida en gestaci\u00f3n, que aquel que brinda la penalizaci\u00f3n categ\u00f3rica del aborto como la contemplada en la disposici\u00f3n demandada.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
12.2. La competencia legislativa para tipificar qu\u00e9 conductas constituyen delitos y cu\u00e1les deben ser las penas aplicables, encuentra l\u00edmites formales y materiales de car\u00e1cter constitucional<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
409. La pol\u00edtica criminal comprende el conjunto de respuestas que el \u201cEstado estima necesario adoptar para hacerle frente a conductas consideradas reprochables o causantes de perjuicio social con el fin de garantizar la protecci\u00f3n de los intereses esenciales del Estado y de los derechos de los residentes en el territorio bajo su jurisdicci\u00f3n\u201d. Uno de los medios para su concreci\u00f3n lo constituye el ejercicio de la competencia legislativa para tipificar qu\u00e9 conductas constituyen delitos y cu\u00e1les deben ser las penas aplicables, como medidas id\u00f3neas, necesarias y proporcionales, para proteger determinados bienes jur\u00eddicos.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
410. Tal competencia, sin embargo, como ya se dijo, encuentra l\u00edmites formales y materiales de car\u00e1cter constitucional.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
411. Los l\u00edmites formales se asocian, en particular, a las exigencias que se derivan del principio de legalidad, seg\u00fan el cual, los delitos y las penas no solo deben estar previamente determinados por el Legislador \u2013reserva legal como expresi\u00f3n del principio democr\u00e1tico\u2013, sino que deben serlo de manera inequ\u00edvoca, clara, espec\u00edfica y precisa.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
412. Los l\u00edmites materiales se asocian al ejercicio necesario del ius puniendi, ligado al concepto de ultima ratio del derecho penal, tendiente al cumplimiento de las funciones o fines de la pena y a su ejercicio proporcional. Como lo ha precisado la jurisprudencia constitucional, cuando se acude al derecho penal, que debe ser el \u00faltimo recurso, se exige que, para definir los delitos y las penas, el Legislador debe garantizar que \u201cla respuesta penal no sea un recurso contingente que el poder pol\u00edtico utiliza a discreci\u00f3n, sin debate\u201d. De all\u00ed que el empleo de esta disciplina jur\u00eddica presuponga \u00a0acudir, de ser posible, a \u201cotros controles menos gravosos existentes\u201d, que sean \u201cigualmente id\u00f3neos, y menos restrictivos de la libertad\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
413. Lo anterior, se debe a que la dignidad humana \u2013a que se refiere el art\u00edculo 1 de la Carta\u2013 y los dem\u00e1s valores, principios y derechos fundamentales \u2013de que tratan el pre\u00e1mbulo y el art\u00edculo 2 de la Constituci\u00f3n\u2013, son l\u00edmites sustantivos del ius puniendi, constituyen un par\u00e1metro teleol\u00f3gico de racionalizaci\u00f3n de su ejercicio y, por tanto, castigar un comportamiento con una sanci\u00f3n penal sin que el Legislador valore y pondere la afectaci\u00f3n que tiene respecto de aquellos, puede desconocerlo. De lo dicho se sigue que el derecho penal no puede tornarse en el mecanismo prima ratio de la pol\u00edtica criminal. En el Estado Social de Derecho, \u201cs\u00f3lo la utilizaci\u00f3n medida, justa y ponderada de la coerci\u00f3n estatal, destinada a proteger los derechos y libertades, es compatible con los valores y fines del ordenamiento\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
414. Aplicar el criterio de ultima ratio en la tipificaci\u00f3n de los delitos implica considerar que, en tanto \u201clos tipos penales son comportamientos humanos [\u2026] (mandato de determinaci\u00f3n)\u201d, establecer que una conducta sea susceptible de sanci\u00f3n penal y, por tanto, deba ser reprimida mediante la limitaci\u00f3n de la libertad no puede ser sino la excepci\u00f3n. Este mandato proscribe que la penalizaci\u00f3n sea la alternativa general y primera para proteger intereses jur\u00eddicos relevantes \u2013bienes jur\u00eddicos\u2013 y, en virtud de la prohibici\u00f3n de exceso, adem\u00e1s, la clasificaci\u00f3n de conductas como delitos debe recaer \u00fanicamente sobre aquellas que constituyan los ataques m\u00e1s graves contra estos, se reitera, siempre que no sea posible acudir a \u201cotros controles menos gravosos\u201d, que sean \u201cigualmente id\u00f3neos, y menos restrictivos de la libertad\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
415. Solo de esta manera el ejercicio del poder punitivo es compatible con la dignidad humana y los dem\u00e1s valores, principios y derechos fundamentales \u2013de que tratan el pre\u00e1mbulo y los art\u00edculos 1 y 2 de la Constituci\u00f3n\u2013, debido a que la tipificaci\u00f3n de la conducta mantiene presente que cada persona es \u201cun fin en s\u00ed mismo y no puede ser considerado un medio en relaci\u00f3n con fines ajenos a \u00e9l\u201d y sus conductas no pueden ser objeto de una intromisi\u00f3n indebida del Estado. En consecuencia, el uso necesario del derecho penal exige que este sea compatible con las funciones o fines sociales de la pena. Al reiterar la jurisprudencia constitucional, de manera reciente, la Sala ha precisado que \u201clas penas no son fines en s\u00ed mismas; la consagraci\u00f3n de la dignidad de la persona humana como fundamento del jus puniendi, hace que las mismas lleven adscritas espec\u00edficas funciones y, por ello, excluyen el capricho legislativo o judicial\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
416. En estos t\u00e9rminos, garantizar el cumplimiento de la ultima ratio del derecho penal concuerda con la necesidad de que la pena cumpla ciertos fines o funciones sociales, de prevenci\u00f3n general, retribuci\u00f3n justa, prevenci\u00f3n especial, reinserci\u00f3n social y protecci\u00f3n al condenado, las cuales, al estar \u201catadas a los contenidos de dignidad humana, se ofrecen como una limitaci\u00f3n al ejercicio del ius puniendi en todas sus expresiones (legislativa, judicial y de ejecuci\u00f3n)\u201d. Lo contrario, esto es, la penalizaci\u00f3n de una determinada conducta que no sea compatible con los fines sociales de la pena supone instrumentalizar a los individuos para un pretendido beneficio social, lo cual es a todas luces contrario a la dignidad inherente a la condici\u00f3n humana, eje axial de la Constituci\u00f3n, tal como se deriva del pre\u00e1mbulo y los art\u00edculos 1 y 2 de la Carta.<\/p>\n
417. Finalmente, al igual que todas las competencias que se atribuyen al Legislador, el ejercicio de la competencia penal debe ser razonable y proporcional. En relaci\u00f3n con esta exigencia, ha sido copiosa la jurisprudencia constitucional al se\u00f1alar, por ejemplo, que la definici\u00f3n de los delitos y de las penas est\u00e1 sujeta a l\u00edmites expl\u00edcitos e impl\u00edcitos. Entre los primeros, seg\u00fan ha precisado, se encuentra \u201cla decisi\u00f3n pol\u00edtica de imponer la pena de muerte (CP art\u00edculo 11), la tortura o los tratos crueles, inhumanos o degradantes (CP art\u00edculo 12), la esclavitud (CP art\u00edculo 17), el destierro, la prisi\u00f3n perpetua o la confiscaci\u00f3n (CP art\u00edculo 34)\u201d. Entre los impl\u00edcitos, se ha indicado que \u201cel legislador penal debe propender por la realizaci\u00f3n de los fines esenciales del Estado como son los de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes constitucionales, y asegurar la convivencia pac\u00edfica y la vigencia de un orden justo\u201d. Adem\u00e1s, ha referido que, en su ejercicio, el Legislador debe respetar, proteger y garantizar los derechos humanos estipulados en la Constituci\u00f3n y en los tratados internacionales de que trata el art\u00edculo 93, inciso 1\u00b0 superior; y, as\u00ed mismo, los criterios atinentes a la prohibici\u00f3n de exceso, relacionados con la idoneidad, necesidad y proporcionalidad, y el principio de estricta legalidad.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
418. Adem\u00e1s de lo dicho, habr\u00eda que resaltar que la norma demandada no solo sanciona penalmente la conducta de la mujer que da por terminado su embarazo, sino que lo hace con pena privativa de la libertad, circunstancia que agrava a\u00fan m\u00e1s la condici\u00f3n personal de quien toma esa decisi\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
419. Si, de conformidad con los argumentos previstos, la sanci\u00f3n penal constituye un medio extremo a la luz del ordenamiento constitucional, o de \u00faltimo recurso, con mayor raz\u00f3n lo es cuando la sanci\u00f3n corresponde a la p\u00e9rdida de la libertad personal, pues al reproche jur\u00eddico que de por s\u00ed implica la sanci\u00f3n penal, al reproche social que conlleva y a la pena natural que suele acompa\u00f1ar la experiencia negativa del procedimiento abortivo se suma la p\u00e9rdida transitoria del derecho fundamental a la libertad personal, requisito de ejercicio de muchos otros derechos fundamentales.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
420. En tales condiciones, y no obstante que el establecimiento de la pena privativa de la libertad podr\u00eda ser objeto de an\u00e1lisis constitucional independiente, es claro que la circunstancia de constituir la modalidad punitiva del tipo penal que aqu\u00ed se estudia, agrava el juicio que recae sobre la norma demandada. Esto es as\u00ed, ya que la mujer que interrumpe voluntariamente su embarazo enfrenta la sanci\u00f3n m\u00e1s severa dise\u00f1ada por el ordenamiento jur\u00eddico para las conductas m\u00e1s graves contra el orden social.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
421. Este agravamiento del juicio tiene fundamento en el car\u00e1cter subsidiario, fragmentario o de \u00faltimo recurso del derecho penal \u2013ultima ratio\u2013, as\u00ed como de la tendencia internacional de esta disciplina de reservar la privaci\u00f3n de la libertad para las conductas merecedoras del mayor reproche social.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
422. En cuanto al car\u00e1cter de ultima ratio del derecho penal, el Estado puede acudir a la sanci\u00f3n penal cuando ha agotado todos los mecanismos preventivos a su disposici\u00f3n para reducir la comisi\u00f3n de conductas que atentan contra los intereses leg\u00edtimamente protegidos o cuando ha ofrecido alternativas para el ejercicio de los derechos con los que la sanci\u00f3n penal entra en tensi\u00f3n. Su car\u00e1cter fragmentario impone al Estado ejercer su poder punitivo en los casos que con mayor gravedad afectan el inter\u00e9s social (Sentencia C-356 de 2003). Seg\u00fan este rasgo del derecho penal, solo es posible aplicar la sanci\u00f3n penal de p\u00e9rdida de la libertad a los casos m\u00e1s graves de afectaci\u00f3n de los intereses protegidos.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
423. Finalmente, es preciso recordar c\u00f3mo la comunidad internacional ha entendido la importancia de estas caracter\u00edsticas del derecho penal al aprobar, por ejemplo, en el marco de las Naciones Unidas, reglas que buscan incrementar los requisitos para imponer la sanci\u00f3n privativa de la libertad, sobre la convicci\u00f3n de que esta medida dilata la obtenci\u00f3n de los fines resocializadores de la pena.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
424. Sobre el particular, las llamadas Reglas de Tokio, aprobadas por la Asamblea de las Naciones Unidas mediante la Resoluci\u00f3n 45\/110 del 14 de diciembre de 1990, resaltan la importancia de que las legislaciones nacionales encuentren alternativas penales a la sanci\u00f3n privativa de la libertad y reduzcan la aplicaci\u00f3n innecesaria de esta, consultando las necesidades de rehabilitaci\u00f3n del delincuente, la protecci\u00f3n de la sociedad y las necesidades de la v\u00edctima.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
425. En su art\u00edculo 9, por ejemplo, dicho instrumento internacional ofrece una serie de alternativas a la pena de prisi\u00f3n, que deben ser contempladas por los Estados miembros a fin de evitar la reclusi\u00f3n y con el prop\u00f3sito de asistir a los delincuentes en su proceso de reinserci\u00f3n social.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
426. Las Reglas de Tokio prescriben, as\u00ed, un est\u00e1ndar de configuraci\u00f3n legislativa en materia penal que busca reducir al m\u00e1ximo las sanciones con pena privativa de la libertad, seg\u00fan el enfoque resocializador de la pena y conforme al prop\u00f3sito de reservar este tipo de sanciones para los autores de las conductas que con mayor gravedad afectan el inter\u00e9s colectivo.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
12.3. La actual forma de tipificaci\u00f3n del delito de aborto consentido entra en fuerte tensi\u00f3n con la finalidad preventiva de la pena<\/p>\n
427. La funci\u00f3n preventiva del poder punitivo del Estado \u2013sobre la cual hace especial \u00e9nfasis la demanda\u2013 constituye un \u201cest\u00e1ndar constitucional m\u00ednimo que debe cumplir la pol\u00edtica criminal colombiana para respetar los derechos humanos y constitucionales\u201d. De esta manera, en caso de que se resuelva adoptar medidas penales, su idoneidad debe estar fundamentada en que permitan proteger de manera eficaz los bienes jur\u00eddicos amparados y disuadir a las personas de incurrir en las conductas que reprochan \u2013finalidad de prevenci\u00f3n general de la pena\u2013.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
12.3.1. La idoneidad o eficacia de los tipos penales como presupuesto de su finalidad preventiva<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
428. En relaci\u00f3n con la idoneidad o eficacia de los tipos penales como exigencia necesaria para su compatibilidad con la Constituci\u00f3n, son antecedentes especialmente relevantes en la jurisprudencia constitucional los siguientes:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
429. En la Sentencia C-542 de 1993, la Corte consider\u00f3 que no era id\u00f3neo ni eficaz penalizar el pago de rescates por secuestros extorsivos \u2013art\u00edculos 18, 19, 20, 21 y 24 de la Ley 40 de 1993\u2013, porque, entre otros, \u201cen escenarios extremos en los que la vida de familiares o de personas cercanas est\u00e1 en inminente peligro, la amenaza de una pena carece de toda eficacia, y porque en todo caso el combate al fen\u00f3meno del secuestro exige otro tipo de medidas, especialmente mediante la sofisticaci\u00f3n de las herramientas de investigaci\u00f3n y sanci\u00f3n\u201d. Seg\u00fan precis\u00f3 la Corte, desconoce \u201cla Constituci\u00f3n una norma que erige en delito la conducta razonable de los particulares encaminada a proteger la vida y la libertad, propias o de un semejante\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
430. En id\u00e9ntico sentido, en la Sentencia C-107 de 2018, la Corte Constitucional declar\u00f3 la inexequibilidad de una disposici\u00f3n mediante la cual se dispuso que, en el delito de lesiones con agentes qu\u00edmicos, \u00e1cido o sustancias similares, la duraci\u00f3n de las medidas de seguridad para inimputables ser\u00eda, al menos, la misma que la de la pena contemplada para ese tipo penal (art\u00edculo 116A de la Ley 599 de 2000, adicionado por el art\u00edculo primero de la Ley 1773 de 2016). Para la Corte Constitucional, \u201caunque con esta medida el legislador pretendi\u00f3 evitar que los responsables de este delito simularan su inimputabilidad para eludir la pena, una medida de esta naturaleza no tendr\u00eda la potencialidad de evitar los fraudes al sistema judicial y mucho menos la comisi\u00f3n de dicho delito, [\u2026] en cambio, a trav\u00e9s de tipos penales como el fraude procesal, falsedad en documento p\u00fablico o privado o el falso testimonio, se podr\u00eda sancionar y evitar este tipo de conductas\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
431. Otro antecedente jurisprudencial relevante lo constituye la Sentencia C-061 de 2008. En ella, la Corte Constitucional declar\u00f3 inexequible el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 48 de la Ley 1098 de 2006,\u00a0\u201cC\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia\u201d, que daba soporte jur\u00eddico a los denominados \u201cmuros de la infamia\u201d, que impon\u00edan a los concesionarios de los servicios de radiodifusi\u00f3n, televisi\u00f3n y espacios electromagn\u00e9ticos, el deber de incluir, por lo menos una vez a la semana, los nombres completos y foto reciente de las personas que hubieran sido condenadas en el \u00faltimo mes por cualquiera de los delitos contemplados en el T\u00edtulo\u00a0IV, \u201cDelitos contra la Libertad, Integridad y Formaci\u00f3n Sexuales\u201d, de la citada ley, cuando la v\u00edctima hubiera sido un menor de edad. La Sala Plena evidenci\u00f3 que no se trataba de una medida id\u00f3nea para al alcanzar el fin propuesto \u2013proteger a los menores de edad\u2013, al considerar que no se hab\u00eda allegado al tr\u00e1mite legislativo evidencia suficiente para demostrar que las citadas publicaciones disuadieran o disminuyeran aquel tipo de delitos.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
432. Finalmente, de manera reciente, en la Sentencia C-294 de 2021, al sustentar la sustituci\u00f3n de la Constituci\u00f3n que supuso el Acto Legislativo 1 de 2020, \u201cPor medio del cual se modifica el art\u00edculo 34 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, suprimiendo la prohibici\u00f3n de la Pena de Prisi\u00f3n Perpetua y estableciendo la prisi\u00f3n perpetua revisable\u201d, y que dio lugar a su inexequibilidad, uno de los argumentos a los cuales acudi\u00f3 la Corte fue el relacionado con la falta de idoneidad de la cadena perpetua como medio para disuadir la comisi\u00f3n de los delitos que pretend\u00eda prevenir, al se\u00f1alar \u201cque la pena de prisi\u00f3n perpetua revisable incluida en el art\u00edculo 34 de la Constituci\u00f3n no es una medida id\u00f3nea para asegurar la protecci\u00f3n de los NNA v\u00edctimas de los delitos que regula; y en contraste, genera efectos tan graves a la dignidad humana de la persona condenada y al sistema penitenciario actual, que no es una medida proporcional ni efectiva\u201d. De manera extensa, en la providencia en cita se se\u00f1ala:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201cLa Sala encuentra que durante el tr\u00e1mite legislativo que dio lugar a la reforma constitucional el objetivo principal de modificar la Constituci\u00f3n fue disminuir la comisi\u00f3n de delitos contra la vida e integridad f\u00edsica y sexual cometidos contra NNA y, en consecuencia, establecer la pena m\u00e1s severa. Como argumento gen\u00e9rico, la pena de prisi\u00f3n perpetua revisable se sustent\u00f3 como una medida de protecci\u00f3n del inter\u00e9s superior del menor. No obstante lo anterior, se observa una ausencia de evidencia emp\u00edrica que demuestre que esta pena es la medida m\u00e1s adecuada para disminuir la reincidencia de estos delitos, as\u00ed como su prevenci\u00f3n eficaz. As\u00ed mismo, no es claro por qu\u00e9 para alcanzar la protecci\u00f3n de la ni\u00f1ez, esta pena es preferible a otras de posible menor impacto para la persona condenada\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
433. Para justificar este razonamiento, entre otras, en la providencia en cita se resalt\u00f3 lo siguiente:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201cEl Consejo Superior de Pol\u00edtica Criminal ha resaltado que a\u00fan con la entrada en vigencia de leyes que aumentaron las penas contra los delitos de acceso carnal abusivo con menor de catorce a\u00f1os (pasaron de 12 a\u00f1os a un m\u00e1ximo de 20 a\u00f1os con la Ley 1236 de 2008), no persuadi\u00f3 a la poblaci\u00f3n de no incurrir en este tipo de conductas penales. [\u2026] Por ello, ha recomendado \u2018robustecer\u2019 las capacidades operativas de las autoridades competentes de la judicializaci\u00f3n de los delitos contra los NNA y concentrar los esfuerzos en pol\u00edticas p\u00fablicas dirigidas a proteger esta poblaci\u00f3n a trav\u00e9s de medidas de prevenci\u00f3n del delito. [\u2026] || Cabe se\u00f1alar que los delitos sexuales contra NNA son un fen\u00f3meno multifactorial, en el que inciden el acceso a la educaci\u00f3n, las oportunidades socioecon\u00f3micas, la red social, familiar e institucional de la persona menor de edad, entre otros. De manera que el tratamiento y prevenci\u00f3n de estos delitos requiere del Estado una respuesta integral y con atenci\u00f3n desde diferentes \u00e1ngulos y perspectivas\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
12.3.2. No es claro que la penalizaci\u00f3n del aborto con consentimiento resulte efectivamente conducente para proteger la vida en gestaci\u00f3n, si se tiene en cuenta su poca incidencia en el cumplimiento de la finalidad de prevenci\u00f3n general de la pena adscrita a su tipificaci\u00f3n<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
434. A pesar de que el art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal persigue una finalidad constitucional imperiosa, que consiste en proteger la vida en gestaci\u00f3n \u2013bien jur\u00eddico que ampara la disposici\u00f3n\u2013, la actual forma de tipificaci\u00f3n del delito de aborto consentido no es adecuada para la consecuci\u00f3n de los fines de la pena ya que, a pesar de que el tipo penal busca realizar aquel imperativo constitucional, no resulta claro que esta forma de penalizaci\u00f3n sea efectivamente conducente \u2013esto es, id\u00f3nea\u2013 para la consecuci\u00f3n de aquellos fines, en particular el de prevenci\u00f3n general, como s\u00ed es evidente la intensa afectaci\u00f3n que produce en los derechos a la salud y los derechos reproductivos, la igualdad y la libertad de conciencia a que se ha hecho referencia. En otros t\u00e9rminos, no es claro que la penalizaci\u00f3n del aborto consentido resulte efectivamente conducente para proteger la vida en gestaci\u00f3n, si se tiene en cuenta su poca incidencia en el cumplimiento de la finalidad de prevenci\u00f3n general de la pena adscrita a su tipificaci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
435. Como se precisa seguidamente, la protecci\u00f3n de la vida en gestaci\u00f3n por medio de la penalizaci\u00f3n del aborto consentido, en los t\u00e9rminos que actualmente lo contempla el art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal, no ha tenido una incidencia relevante en la disminuci\u00f3n de la pr\u00e1ctica de los abortos consentidos y, por el contrario, ha inducido a su pr\u00e1ctica de manera insegura y clandestina.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
436. Seg\u00fan los datos nacionales y comparados aportados al proceso, la prohibici\u00f3n categ\u00f3rica de la conducta no evidencia una incidencia relevante en su disminuci\u00f3n y, por tanto, en la mayor protecci\u00f3n que otorga al bien jur\u00eddico que pretende garantizar. Por el contrario, como se indic\u00f3 al valorar el primer cargo admitido de la demanda \u2013relacionado con el derecho a la salud reproductiva de las mujeres, las ni\u00f1as y las personas gestantes\u2013 y como se hace igualmente expl\u00edcito m\u00e1s adelante, fomenta su pr\u00e1ctica irregular, por fuera del sistema de salud, que da lugar a graves perjuicios para las mujeres y las ni\u00f1as, no solo como grupo discriminado y expuesto a m\u00faltiples factores de violencia, sino individualmente consideradas, con especial incidencia en las m\u00e1s vulnerables por sus condiciones socioecon\u00f3micas, su origen rural o su situaci\u00f3n migratoria, debido a que quedan expuestas a sufrir complicaciones por el procedimiento e, incluso, a perder sus vidas, como se precis\u00f3 al estudiar el cargo relacionado con el derecho a la igualdad de las mujeres en situaci\u00f3n de vulnerabilidad y en situaci\u00f3n migratoria irregular.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
437. De conformidad con la informaci\u00f3n valorada por la Comisi\u00f3n Asesora de Pol\u00edtica Criminal, \u201clos datos comparados muestran que las leyes altamente restrictivas contra el aborto no est\u00e1n asociadas con bajos \u00edndices de abortos efectuados. Y es que la prohibici\u00f3n absoluta del aborto no los evita. Por el contrario, hace que estos se realicen en condiciones precarias de clandestinidad\u201d. Para sustentar los citados datos, resalt\u00f3: \u201cla tasa de abortos es de 29 por cada 1.000 mujeres en edad de gestaci\u00f3n en \u00c1frica y de 32 por cada 1.000 en Am\u00e9rica Latina, donde el aborto tiende a estar fuertemente penalizado en la mayor parte. En cambio, esta tasa es de 12 por 1.000 mujeres en Europa Occidental donde el aborto es generalmente permitido en la mayor parte de pa\u00edses. La raz\u00f3n explicativa de esa diferencia es la amplitud de las pol\u00edticas de salud sexual y reproductiva en Europa Occidental\u201d. M\u00e1s adelante, en el mismo sentido, indic\u00f3:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201cla penalizaci\u00f3n severa del aborto conduce a abortos clandestinos, que afectan gravemente la salud de las mujeres, ocasionando en no pocas ocasiones su muerte. Por ello, en todos los pa\u00edses en donde ha habido una despenalizaci\u00f3n m\u00e1s amplia del aborto, el resultado ha sido una reducci\u00f3n significativa de las graves complicaciones de salud asociadas a las pr\u00e1cticas clandestinas. Por ejemplo, en Sud\u00e1frica, el n\u00famero de muertes ligadas al aborto cay\u00f3 en 91% luego de una liberalizaci\u00f3n de las leyes que regulaban la interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
439. A partir de los mismos datos, del total de 5.833 noticias criminales por este delito, 76,60% de los procesos se encuentran inactivos. Seg\u00fan se se\u00f1ala, la principal causa son los archivos y las preclusiones (75%). Las sentencias condenatorias, por su parte, solo ascienden al 10% de los casos. Por ende, del reducido n\u00famero de procesos finalizados es posible inferir, a su vez, la baja idoneidad de la penalizaci\u00f3n categ\u00f3rica que contempla la norma demandada para proteger de manera eficaz la vida en gestaci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
440. En el mismo informe, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n se\u00f1ala que solamente el 23,4% de los procesos se encuentran activos, de los cuales 94% no tienen imputaci\u00f3n y, de estos, el 23,05% se refieren a hechos ocurridos hace cinco a\u00f1os o m\u00e1s, por lo cual, \u201cson hechos que han cumplido el tiempo de prescripci\u00f3n\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
441. Por su parte, seg\u00fan las cifras del Instituto Guttmacher, citadas por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y el Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social, a las que ya se ha hecho referencia en esta providencia, el 44% de los embarazos no planeados terminan en un aborto inducido, lo que se traduce en 400.400 abortos al a\u00f1o, de los cuales solo 322 son practicados en instituciones de salud. Si esto es as\u00ed, no es claro que la penalizaci\u00f3n del delito como herramienta jur\u00eddica prima ratio para proteger la vida en gestaci\u00f3n resulte id\u00f3nea, pues no solo no permite una protecci\u00f3n eficaz para este bien jur\u00eddico, sino que tampoco disuade la ejecuci\u00f3n de la conducta y, en contraste, genera un efecto altamente lesivo para los derechos a la salud, los derechos reproductivos, la igualdad y la libertad de conciencia de las mujeres, tal como se precis\u00f3 in extenso supra, y se enfatiza seguidamente. Por tanto, no es claro que la norma demandada cumpla con la finalidad de prevenci\u00f3n general que debe caracterizar el ejercicio de esta competencia legislativa.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
442. En relaci\u00f3n con esta \u00faltima idea, seg\u00fan se se\u00f1ala en la iniciativa legislativa presentada por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n para despenalizar de manera parcial el delito de aborto (Proyecto de Ley 209 de 2016, C\u00e1mara de Representantes), la \u201ccriminalizaci\u00f3n no influye en la pr\u00e1ctica de abortos ilegales\u201d, pero s\u00ed es un factor que incide en la mortalidad materna y genera complicaciones en la salud de la mujer que sobrevive. Por estas razones, para la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, en la citada iniciativa, \u201cLo \u00fanico que logra su criminalizaci\u00f3n es someter la pr\u00e1ctica de la IVE a condiciones riesgosas\u201d. A partir de estas cifras, en la iniciativa se consider\u00f3 que \u201cla persecuci\u00f3n penal como la \u00fanica herramienta jur\u00eddica para el tratamiento de la conducta\u201d resulta lesiva y, por tanto, es necesaria la adopci\u00f3n de otras medidas para afrontar la problem\u00e1tica social derivada de la pr\u00e1ctica del aborto consentido y abordarlo, de manera principal, como un asunto de salud p\u00fablica.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
443. As\u00ed las cosas, no es claro que la actual forma de tipificaci\u00f3n de la conducta proteja de manera eficaz la vida en gestaci\u00f3n y, por tanto, incida en su funci\u00f3n preventiva \u2013como lo evidencian los datos anteriores\u2013, pero s\u00ed es claro que genera intensas afectaciones a otros bienes constitucionales relevantes y da lugar a graves problemas de salud p\u00fablica porque la penalizaci\u00f3n indiscriminada y las barreras que de ella se derivan obligan a las mujeres a acudir a procedimientos clandestinos e inseguros para la interrupci\u00f3n de sus embarazos. Esta situaci\u00f3n tiene un mayor impacto respecto de aquellas en situaci\u00f3n de vulnerabilidad que, por tener escasos recursos, residir en el sector rural o encontrarse en situaci\u00f3n migratoria, acuden preferentemente a estos procedimientos riesgosos. Estas inferencias justifican las recomendaciones del Comit\u00e9 CEDAW que, desde el a\u00f1o de 1992, ha se\u00f1alado que los Estados parte de la Convenci\u00f3n deben \u201casegurar que las mujeres no se vean obligadas a buscar procedimientos m\u00e9dicos riesgosos, tales como los abortos ilegales, por falta de servicios apropiados en materia de control de la natalidad\u201d, recomendaci\u00f3n que reiter\u00f3 en 1999 al se\u00f1alar que \u201cEn la medida de lo posible, deber\u00eda enmendarse la legislaci\u00f3n que castigue el aborto\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
12.4. La actual forma de tipificaci\u00f3n del delito de aborto consentido entra en fuerte tensi\u00f3n con la caracter\u00edstica constitucional adscrita al derecho penal como mecanismo de \u00faltimo recurso \u2013ultima ratio\u2013 por cuatro razones<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
444. Como se precis\u00f3 con amplitud en el t\u00edtulo 8 supra, la vida es un bien jur\u00eddico susceptible de protecci\u00f3n gradual e incremental incluso mediante el poder punitivo del Estado. En todo caso, un uso id\u00f3neo, necesario y proporcional de esta potestad exige reservarla para las conductas m\u00e1s lesivas, siempre que no sea posible acudir a \u201cotros controles menos gravosos\u201d o a medidas alternativas para garantizar el ejercicio de los derechos con los cuales entra en tensi\u00f3n la penalizaci\u00f3n de la interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo. Por tanto, en caso de existir \u201cotros medios preventivos igualmente id\u00f3neos, y menos restrictivos de la libertad\u201d, la intervenci\u00f3n penal debe ceder ante ellos.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
445. A partir de estas premisas, en el caso de la protecci\u00f3n de la vida en gestaci\u00f3n y dada la tensi\u00f3n que surge frente a la obligaci\u00f3n constitucional de proteger otros derechos, el Estado tiene el deber de adoptar medidas de pol\u00edtica p\u00fablica que respondan adecuadamente a esa tensi\u00f3n teniendo en cuenta el car\u00e1cter gradual e incremental de la protecci\u00f3n de la vida en gestaci\u00f3n y, por tanto, tipificar \u00fanicamente las conductas m\u00e1s graves que atenten contra ella. En esto consiste el car\u00e1cter subsidiario, fragmentario o de \u00faltimo recurso de las sanciones penales. En contraste, un uso indiscriminado \u2013y, por tanto, prima ratio del derecho penal\u2013 resulta arbitrario y contrario a las exigencias adscritas al Estado Social de Derecho.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
446. En el presente asunto, por las cuatro razones que seguidamente se justifican, si bien la disposici\u00f3n demandada pretende realizar una finalidad constitucional imperiosa, cual es proteger la vida en gestaci\u00f3n, efect\u00faa un uso prima ratio del derecho penal que evidentemente entra en conflicto con la caracter\u00edstica constitucional adscrita al derecho penal como mecanismo de ultima ratio, y no ofrece respuestas a la tensi\u00f3n con los bienes jur\u00eddicos a que se ha hecho referencia y que la Constituci\u00f3n protege.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
12.4.1. La primera raz\u00f3n se asocia con la omisi\u00f3n del Legislador de regular de manera positiva e integral la compleja problem\u00e1tica social, de relevancia constitucional, que supone el aborto consentido, y no \u00fanicamente mediante el recurso al derecho penal<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
447. La forma de regulaci\u00f3n actual de esta problem\u00e1tica social, en los t\u00e9rminos exclusivos del art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal, ha supuesto una omisi\u00f3n de regulaci\u00f3n en uno de los temas m\u00e1s sensibles para la sociedad colombiana, que dista de su compatibilidad con un ejercicio constitucional adecuado del derecho penal como \u00faltimo recurso. Adem\u00e1s, esta visi\u00f3n unidimensional del fen\u00f3meno ha dado lugar a una situaci\u00f3n de infra protecci\u00f3n para la vida en gestaci\u00f3n y a amplios m\u00e1rgenes de desprotecci\u00f3n para la dignidad y los derechos de la mujer, incluso de las parejas en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 42 de la Constituci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
448. La regulaci\u00f3n del aborto consentido en los c\u00f3digos penales colombianos, las propuestas en la Asamblea Nacional Constituyente sobre la libre opci\u00f3n a la maternidad y los principales proyectos de ley presentados en la materia desde 1975 hasta la fecha \u2013y con especial \u00e9nfasis, luego de la expedici\u00f3n de la Sentencia C-355 de 2006\u2013 permiten evidenciar que, a pesar de que han existido m\u00faltiples iniciativas legislativas y constitucionales para regular de una manera positiva la problem\u00e1tica social que supone el aborto con consentimiento, esta finalmente se ha regulado a partir de un uso del derecho penal como mecanismo prima ratio.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201cEn ese sentido, el ejercicio del ius puniendi se considera uno de los \u00e1mbitos extremos del poder estatal para la regulaci\u00f3n de la vida social, raz\u00f3n por la cual suele denominarse el \u00faltimo recurso (o la ultima ratio). Ese car\u00e1cter marginal que deber\u00eda tener el derecho penal se debe a su capacidad para interferir intensamente en el derecho fundamental a la libertad personal y para afectar otros, debido a las condiciones de cumplimiento de la pena para la persona, raz\u00f3n por la cual aquella caracter\u00edstica adscrita al ius puniendi estatal encuentre su fundamento y l\u00edmite en la dignidad de la persona humana [\u2026] || Los derechos fundamentales, por otra parte, constituyen pretensiones justificadas de los ciudadanos frente al poder, que lo limitan y lo vinculan, y que deben realizarse en la mayor medida posible, por los cauces de los que disponen los \u00f3rganos del poder para alcanzar fines establecidos desde la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. || As\u00ed las cosas, en contraste con el car\u00e1cter esencialmente limitado del derecho penal, los derechos humanos exigen esfuerzos amplios de concreci\u00f3n, tanto positivos como negativos, en cabeza de las autoridades p\u00fablicas y los particulares. La ampliaci\u00f3n constante de su marco de protecci\u00f3n justifica tambi\u00e9n el ejercicio judicial amplio y creativo destinado a la comprensi\u00f3n y goce efectivo de todas sus esferas: para su goce efectivo. Los derechos fundamentales, adem\u00e1s de tener esa fuerza expansiva, solo pueden ser limitados de manera razonable (para alcanzar fines constitucionales); y proporcionada (de modo que cada restricci\u00f3n satisfaga con mayor intensidad otro principio constitucional)\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
450. La descripci\u00f3n que se hace en los t\u00edtulos siguientes pretende evidenciar no solo que ha existido un creciente consenso acerca de la relevancia de regular de manera positiva e integral esta problem\u00e1tica social \u2013que no \u00fanicamente mediante un uso prima ratio del derecho penal\u2013, sino que, adem\u00e1s, la v\u00eda penal no se ha considerado suficientemente id\u00f3nea, ni la \u00fanica, ni la principal alternativa para proteger los bienes jur\u00eddicos en juego, m\u00e1s all\u00e1 de los tres supuestos extremos que consider\u00f3 la Corte Constitucional que no pod\u00edan ser objeto del derecho penal o, en los t\u00e9rminos de la Sentencia C-355 de 2006, de las \u201chip\u00f3tesis extremas de afectaci\u00f3n de [la] dignidad\u201d de la mujer. En relaci\u00f3n con este \u00faltimo aspecto, es importante resaltar que una de las razones \u2013no determinantes\u2013 de la citada decisi\u00f3n fue la ausencia de una regulaci\u00f3n integral de esta problem\u00e1tica, luego de quince a\u00f1os de expedici\u00f3n de la Constituci\u00f3n de 1991 y, por tal raz\u00f3n, la Corte,<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201cse limit\u00f3 a se\u00f1alar las tres hip\u00f3tesis extremas violatorias de la Constituci\u00f3n, en las que, con la voluntad de la mujer y previo el cumplimiento del requisito pertinente, se produce la interrupci\u00f3n del embarazo. Sin embargo, adem\u00e1s de estas hip\u00f3tesis, el legislador puede prever otras en las cuales la pol\u00edtica p\u00fablica frente al aborto no pase por la sanci\u00f3n penal, atendiendo a las circunstancias en las cuales \u00e9ste es practicado, as\u00ed como a la educaci\u00f3n de la sociedad y a los objetivos de la pol\u00edtica de salud p\u00fablica\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
451. Desde la expedici\u00f3n de la sentencia en cita han transcurrido, nuevamente, quince a\u00f1os de omisi\u00f3n legislativa en regular de manera integral la problem\u00e1tica compleja que involucra el aborto consentido, que ahora comprende llamados espec\u00edficos y concretos de la Corte Constitucional en ejercicio del control concreto de constitucionalidad para ejercer tal competencia, y que llevan a inferir la fuerte tensi\u00f3n entre la opci\u00f3n legislativa vigente \u2013estatuida en el art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal\u2013 y el car\u00e1cter de ultima ratio que debe caracterizar el uso del derecho penal como medio de control social.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
12.4.1.1. Desde la organizaci\u00f3n de Colombia como Rep\u00fablica, la tipificaci\u00f3n del delito de aborto consentido en los c\u00f3digos penales se ha caracterizado por ser el mecanismo prima ratio para regular esta compleja problem\u00e1tica social<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
452. Los c\u00f3digos penales de 1837, 1890, 1936, 1980 y 2000 han sancionado con pena de prisi\u00f3n el aborto consentido por la mujer. Si bien, ha habido diferencias entre ellos, siempre se ha recurrido al derecho penal como mecanismo primordial para regular esta problem\u00e1tica social.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
453. Los c\u00f3digos penales de 1837 y 1890, adem\u00e1s de sancionar la citada conducta regulaban un supuesto de reducci\u00f3n de la sanci\u00f3n penal o de justificaci\u00f3n de la conducta para \u201cproteger\u201d el \u201chonor\u201d de las mujeres \u2013y, en vigencia del C\u00f3digo Penal de 1936, tambi\u00e9n de los hombres\u2013, denominado por la doctrina y la jurisprudencia como \u201caborto honoris causa\u201d. Igualmente, regulaban una causal de justificaci\u00f3n de la conducta denominada \u201caborto terap\u00e9utico\u201d. Esta causal estuvo vigente hasta la expedici\u00f3n del C\u00f3digo Penal de 1936 que no la reiter\u00f3. Desde entonces, y solo hasta la expedici\u00f3n de la Sentencia C-355 de 2006, 70 a\u00f1os despu\u00e9s, fue posible considerar esta circunstancia como un supuesto at\u00edpico, ya que en los restantes se valoraba como un caso de antijuridicidad de la conducta, asociado a un estado de necesidad.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
454. El Decreto Ley 100 de 1980 regul\u00f3 uno de los reg\u00edmenes m\u00e1s dr\u00e1sticos en la materia, que se reprodujo posteriormente por la Ley 599 de 2000, salvo algunas variaciones. Este estatuto excluy\u00f3 la circunstancia asociada al \u201caborto honoris causa\u201d y no contempl\u00f3 la causal de justificaci\u00f3n relacionada con el \u201caborto terap\u00e9utico\u201d. Solo dispuso como atenuante de la conducta del aborto con consentimiento el acceso carnal violento, abusivo o de inseminaci\u00f3n artificial no consentida.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
455. Esta misma regulaci\u00f3n se conserv\u00f3 en el C\u00f3digo Penal de 2000, en cual se agreg\u00f3 como una nueva circunstancia de atenuaci\u00f3n de la conducta la transferencia de \u00f3vulo fecundado no consentida \u2013art\u00edculo 124\u2013; adem\u00e1s, en relaci\u00f3n con todas las circunstancias de atenuaci\u00f3n, se dispuso que en tales supuestos el funcionario judicial podr\u00eda \u201cprescindir de la pena\u201d cuando el aborto consentido se diera por \u201cextraordinarias condiciones anormales de motivaci\u00f3n\u201d \u2013disposici\u00f3n ibidem\u2013. Esta \u00faltima regulaci\u00f3n fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-355 de 2006 al considerar, entre otras, que en todos los supuestos all\u00ed regulados la actuaci\u00f3n de la mujer que aborte no puede considerarse t\u00edpica, dado que en todas ellas es v\u00edctima de un delito. En la citada providencia, la Corte precis\u00f3:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201cTodas las hip\u00f3tesis se\u00f1aladas como generadoras de atenuaci\u00f3n punitiva en la norma acusada quedan incluidas, en virtud de la presente sentencia, junto con otras no contempladas en tal disposici\u00f3n, como situaciones no constitutivas del delito de aborto. || En consecuencia y precisamente en raz\u00f3n de tal decisi\u00f3n, pierden su raz\u00f3n de ser tanto la disposici\u00f3n acusada como su respectivo par\u00e1grafo, por cuanto, en lugar de la atenuaci\u00f3n de la pena, lo que se declara es la inexistencia del delito de aborto en las precisas y excepcionales circunstancias anotadas, raz\u00f3n por la cual la disposici\u00f3n acusada ha de retirarse del ordenamiento por consecuencia\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
456. Es importante resaltar que, a diferencia de la regulaci\u00f3n sobre el aborto consentido, la Ley 599 de 2000 despenaliz\u00f3 ciertas conductas relacionadas con la libertad sexual, a partir de considerar el car\u00e1cter de ultima ratio del derecho penal.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
457. En primer lugar, en el Decreto Ley 100 de 1980 se penalizaba el \u201cestupro\u201d, como un delito contra \u201cla libertad y el pudor sexual\u201d, as\u00ed: \u201cArt\u00edculo 301. Acceso carnal mediante enga\u00f1o. El que mediante enga\u00f1o obtenga acceso carnal con persona mayor de catorce a\u00f1os y menor de dieciocho, incurrir\u00e1 en prisi\u00f3n de uno (1) a cinco (5) a\u00f1os\u201d. En el debate legislativo que concluy\u00f3 con la expedici\u00f3n de la Ley 599 de 2000, en el que se abstuvo de tipificar esta conducta, se indic\u00f3 que se adoptaron modificaciones como esta, \u201ccon el fin de encontrar un adecuado equilibrio entre la protecci\u00f3n de los menores y el car\u00e1cter de m\u00ednima ratio del derecho penal [\u2026] Lo anterior no significa desconocer la necesidad de que se establezca una regulaci\u00f3n total de la materia, sino que implica una decisi\u00f3n de pol\u00edtica criminal orientada a que cada sistema se regule con los medios adecuados al mismo y as\u00ed no hacer inocua la protecci\u00f3n por la inidoneidad del mecanismo\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
458. As\u00ed mismo, el art\u00edculo 260 del Decreto Ley 100 de 1980 penalizaba la \u201cbigamia\u201d, como un delito \u201ccontra la familia\u201d, en los siguientes t\u00e9rminos: \u201cBigamia. El que ligado por matrimonio v\u00e1lido contraiga otro, o el que siendo libre contraiga matrimonio con persona v\u00e1lidamente casada, incurrir\u00e1 en prisi\u00f3n de uno (1) a cuatro (4) a\u00f1os\u201d. En el debate legislativo, en relaci\u00f3n con los \u201cdelitos contra la familia\u201d, que dio lugar a la expedici\u00f3n del C\u00f3digo Penal de 2000 y que se abstuvo de tipificar esta conducta, se destac\u00f3 como un aspecto relevante las \u201cluchas feministas de los a\u00f1os sesenta\u201d, a partir de las cuales \u201ctodo lo que suceda en el \u00e1mbito de la vida privada tiene la posibilidad de hacerse p\u00fablico cuando se lesionen bienes jur\u00eddicos de los ciudadanos\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
459. La Ley 599 de 2000 tambi\u00e9n conserv\u00f3 algunos cambios relevantes, en cuanto al ejercicio del derecho penal como ultima ratio en la materia, introducidos previamente por la Ley 360 de 1997. Entre estos se destaca que en el C\u00f3digo Penal de 1980 se regulaba en su art\u00edculo 307 la \u201cextinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal por matrimonio\u201d en los siguientes t\u00e9rminos: \u201cSi cualquiera de los autores o part\u00edcipes de los delitos descritos en los cap\u00edtulos anteriores contrajere matrimonio v\u00e1lido con el sujeto pasivo, se extinguir\u00e1 la acci\u00f3n penal para todos ellos\u201d. En los cap\u00edtulos anteriores a que se hace referencia se regulaban delitos tales como el acceso carnal y el acto sexual violento. Esta disposici\u00f3n fue derogada de manera expresa por la Ley 360 de 1997 y no fue retomada por la Ley 599 de 2000.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
12.4.1.2. La Asamblea Nacional Constituyente y la libre opci\u00f3n de la maternidad<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
460. La \u201clibre opci\u00f3n de la maternidad\u201d fue objeto de una especial discusi\u00f3n en la Asamblea Nacional Constituyente. Si bien la propuesta de regulaci\u00f3n finalmente no se adopt\u00f3, puso de presente las aristas fundamentales para una regulaci\u00f3n de la problem\u00e1tica social relevante que supone el aborto con consentimiento y no \u00fanicamente a partir de una visi\u00f3n del derecho penal como mecanismo prima ratio de control social.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
461. En la Asamblea Nacional Constituyente se hizo referencia al concepto citado a partir de propuestas espec\u00edficas de art\u00edculos que deb\u00edan integrar la Constituci\u00f3n, as\u00ed: (i) \u201cEs privilegio de la mujer la opci\u00f3n libre a la maternidad\u201d; (ii) \u201cEs privilegio de la mujer la opci\u00f3n libre de la maternidad, el Estado garantizar\u00e1 a las mujeres en embarazo el derecho al trabajo\u201d; (iii) \u201cProtecci\u00f3n de la maternidad. Se protege la maternidad como libre elecci\u00f3n de la mujer\u201d; (iv) \u201cEl Estado protege la maternidad. [\u2026] || Toda persona tiene derecho a decidir sobre el n\u00famero de hijos que est\u00e9 en condici\u00f3n de procrear, mantener y educar. Es decisi\u00f3n de la mujer la opci\u00f3n libre de la maternidad [\u2026]\u201d; (v) \u201cLa maternidad cumple una funci\u00f3n social y no puede ser causa de discriminaci\u00f3n. La mujer es libre de elegir la opci\u00f3n de la maternidad, en los t\u00e9rminos de la Ley\u201d; (vi) \u201cProtecci\u00f3n a la maternidad. La reproducci\u00f3n humana es un derecho y responsabilidad de quienes lo determinan y de la sociedad. El Estado estar\u00e1 en la obligaci\u00f3n de brindar especial protecci\u00f3n a la maternidad. || El privilegio de la mujer a la opci\u00f3n libre de la maternidad. El Estado garantizar\u00e1 a las mujeres gestantes su manutenci\u00f3n, asistencia y protecci\u00f3n, por un periodo no inferior a dos a\u00f1os a partir del momento de la concepci\u00f3n. El Estado garantizar\u00e1 a la mujer trabajadora en proceso de gestaci\u00f3n, el derecho al trabajo. Se proh\u00edben los despidos del empleo en raz\u00f3n del embarazo\u201d y (vii) \u201cEl Estado proteger\u00e1 especialmente a las mujeres contra toda violencia y discriminaci\u00f3n, y les garantizar\u00e1 [\u2026] 2\u00ba) La libre opci\u00f3n de la maternidad y la atenci\u00f3n en los periodos de embarazo, parto y lactancia\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
462. Las propuestas espec\u00edficas de que da cuenta el apartado anterior se presentaron en relaci\u00f3n con proyectos de art\u00edculos relacionados con la protecci\u00f3n de la familia, la maternidad y la igualdad.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
464. La propuesta para reconocer la \u201clibre opci\u00f3n a la maternidad\u201d fue presentada en los siguientes t\u00e9rminos ante la Comisi\u00f3n Quinta:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201c- Protecci\u00f3n a la maternidad. La reproducci\u00f3n humana es un derecho y responsabilidad de quienes lo determinan y de la sociedad. El Estado estar\u00e1 en la obligaci\u00f3n de brindar especial protecci\u00f3n a la maternidad.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
– El privilegio de la mujer a la opci\u00f3n libre de la maternidad. El Estado garantizar\u00e1 a las mujeres gestantes su manutenci\u00f3n, asistencia y protecci\u00f3n, por un periodo no inferior a dos a\u00f1os a partir del momento de la concepci\u00f3n. El Estado garantizar\u00e1 a la mujer trabajadora en proceso de gestaci\u00f3n, el derecho al trabajo. Se proh\u00edben los despidos del empleo en raz\u00f3n del embarazo.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
– Protecci\u00f3n a la familia. Toda la estructura familiar gozar\u00e1 de una especial protecci\u00f3n. El Estado garantizar\u00e1 las condiciones econ\u00f3micas y sociales para el cumplimiento de ciertas obligaciones. La patria potestad ser\u00e1 respetada y no podr\u00e1 perderse por razones de \u00edndole econ\u00f3mica; en tales casos, el Estado garantizar\u00e1 la plena autonom\u00eda e igualdad de los padres y las madres en la decisi\u00f3n sobre el orden de los apellidos en el registro civil de los hijos []. El Estado garantizar\u00e1 a los hijos extramatrimoniales los mismos derechos que le corresponden a los hijos nacidos dentro del matrimonio. Tambi\u00e9n se consagran otros aspectos que tienen que ver con la seguridad social relativa a la ni\u00f1ez y a la mujer\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
465. En la Gaceta de la Asamblea Nacional Constituyente, tomo 134, p. 9, se registra que la votaci\u00f3n fue secreta, con 25 votos afirmativos, 40 negativos y 3 abstenciones. Resalta la Sala que la no aprobaci\u00f3n de las referidas propuestas solo indica que no se incorporaron a la Constituci\u00f3n, pero de ello no se desprende una prohibici\u00f3n de regulaci\u00f3n por parte del Legislador. Cabr\u00eda se\u00f1alar, por otra parte, que los fundamentos que sustentaron las propuestas han sido argumentos, entre otros, para desarrollos jurisprudenciales importantes en torno a la protecci\u00f3n de la mujer, como la opci\u00f3n igualitaria de la madre y el padre de elegir el orden de los apellidos de sus hijos, acogida de manera reciente por la Corte Constitucional en la Sentencia C-519 de 2019.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
12.4.1.3. Principales proyectos de ley presentados desde 1975 para regular la compleja problem\u00e1tica social que supone la regulaci\u00f3n del aborto consentido, que no exclusivamente a partir de un uso del derecho penal como mecanismo prima ratio<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
466. Desde 1975 hasta la fecha se han presentado aproximadamente 39 proyectos de ley y de acto legislativo relacionados con esta materia, y, en particular, tendientes al uso del derecho penal como ultima ratio. La discusi\u00f3n de estas iniciativas tiene un punto de inflexi\u00f3n en la Sentencia C-355 de 2006.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
467. La siguiente descripci\u00f3n pone de presente la importancia que en el escenario del debate legislativo ha tenido la protecci\u00f3n de la vida en gestaci\u00f3n y las garant\u00edas que se adscriben a la libre opci\u00f3n de la maternidad de la mujer, relacionadas con la dignidad y sus derechos \u2013en particular, a la salud, los derechos reproductivos, a la igualdad y a la libertad de conciencia\u2013, que justifican un uso del derecho penal como ultima ratio.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
468. En varios proyectos de ley anteriores a la Sentencia C-355 de 2006 se impulsaron propuestas de despenalizaci\u00f3n, por causales similares a aquellas reconocidas como supuestos de atipicidad en la citada providencia: el peligro \u201cgrave\u201d para la vida o la salud de la madre, f\u00edsica o ps\u00edquica; la evidencia cient\u00edfica de malformaci\u00f3n o \u201canomal\u00edas del feto\u201d o graves procesos patol\u00f3gicos; el embarazo producto de acceso carnal violento o acto sexual abusivo, incesto o maniobra enga\u00f1osa, inseminaci\u00f3n artificial o transferencia de \u00f3vulo fecundado no consentidas, y las condiciones socioecon\u00f3micas de la mujer, su pareja o su familia, tras consulta con personal m\u00e9dico. Tambi\u00e9n se han presentado proyectos de ley tendientes a proteger por la v\u00eda del derecho penal los atentados m\u00e1s graves contra la vida en gestaci\u00f3n cuando esta adquiere un mayor nivel de autonom\u00eda a partir de un determinado n\u00famero de semanas posteriores a la concepci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
469. A partir de la Sentencia C-355 de 2006 el debate en el Congreso de la Rep\u00fablica cambia y las discusiones se plantean, en buena medida, a partir de las consideraciones y la decisi\u00f3n de la providencia y no solo en relaci\u00f3n con el aborto consentido, sino tambi\u00e9n a partir del enfoque de la salud sexual y reproductiva de la mujer \u2013aspectos, estos \u00faltimos, que tambi\u00e9n fueron objeto de debate legislativo antes de la expedici\u00f3n de la sentencia en cita\u2013.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
470. Entre aquellas iniciativas se ha propuesto incluir en el art\u00edculo 11 de la Constituci\u00f3n que \u201c[l]a interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo podr\u00e1 realizarse en los casos autorizados por la ley\u201d; despenalizar el aborto consentido dentro de un determinado n\u00famero de semanas posteriores a la gestaci\u00f3n y la no imputabilidad \u201ccuando su realizaci\u00f3n tard\u00eda se deba a causas ajenas a la voluntad de la mujer\u201d, sin perjuicio de las causales previstas en la jurisprudencia; sancionar disciplinaria y administrativamente la dilaci\u00f3n de la pr\u00e1ctica de la IVE en los tres supuestos en que la Corte consider\u00f3 que eran incompatibles con la Constituci\u00f3n; garantizar el acceso a este procedimiento a favor de las v\u00edctimas de violencia sexual, en especial con ocasi\u00f3n del conflicto armado; clasificar los supuestos que no pueden ser objeto de persecuci\u00f3n penal, de conformidad con la Sentencia C-355 de 2006, como una \u201curgencia vital\u201d; garantizar la educaci\u00f3n sexual y reproductiva, as\u00ed como promover la planificaci\u00f3n familiar, con \u00e9nfasis en la responsabilidad que tambi\u00e9n les asiste a los hombres y que pueden asumir mediante la pr\u00e1ctica de la vasectom\u00eda.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
471. Los fundamentos centrales de estos proyectos de ley han sido los siguientes: la prevalencia del derecho a la vida digna de la mujer y su autonom\u00eda; la diferencia entre los conceptos: derecho a la vida y \u201cvida humana\u201d, as\u00ed como la dependencia que tiene el feto de la mujer en ciertas etapas de gestaci\u00f3n; la inexistencia de garant\u00edas constitucionales absolutas y la ponderaci\u00f3n en el ejercicio del derecho penal para proteger de manera compatible la vida en gestaci\u00f3n y el libre desarrollo de la personalidad de la mujer; la prohibici\u00f3n estatal de interferir mediante el ejercicio del derecho penal en los derechos sexuales y reproductivos y en los proyectos de vida de las mujeres; la equidad de g\u00e9nero y la importancia de mayores garant\u00edas a favor de las mujeres porque, com\u00fanmente, afrontan \u201cel costo social y de salud respecto a la planificaci\u00f3n familiar\u201d; la garant\u00eda de no discriminaci\u00f3n al optar por la IVE; la adopci\u00f3n de medidas a favor de la igualdad material en consideraci\u00f3n de aquellas mujeres que habitan el sector rural y con menor capacidad econ\u00f3mica, as\u00ed como quienes tienen mayores dificultades de acceso a la educaci\u00f3n, informaci\u00f3n y a la atenci\u00f3n en salud; la necesidad de una regulaci\u00f3n m\u00e1s alineada con criterios jur\u00eddicos y cient\u00edficos, que con tendencias espirituales o morales; el impacto desproporcionado sobre los derechos de la mujer, a pesar de la escasa protecci\u00f3n que ofrece el derecho penal al bien jur\u00eddico de la vida en gestaci\u00f3n y la alta incidencia de una tipificaci\u00f3n categ\u00f3rica de la conducta en la mortalidad materna, en su salud y en la salud p\u00fablica.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
472. A la par de estas iniciativas, tambi\u00e9n se ha propuesto establecer en el art\u00edculo 11 de la Constituci\u00f3n que \u201cel derecho a la vida es inviolable y recibir\u00e1 igual protecci\u00f3n desde la fecundaci\u00f3n hasta la muerte natural. No habr\u00e1 pena de muerte\u201d; eliminar los eximentes de responsabilidad en la \u201cmuerte del ni\u00f1o o ni\u00f1a que est\u00e1 por nacer\u201d, con incremento de la pena despu\u00e9s de los dos meses de gestaci\u00f3n; declarar un d\u00eda del a\u00f1o como el d\u00eda nacional del \u201cni\u00f1o o ni\u00f1a por nacer y de la mujer embarazada\u201d, destinado a concientizar a las personas acerca de los riesgos en la salud f\u00edsica y mental que sufren las mujeres que abortan y la responsabilidad individual de iniciar la vida sexual, as\u00ed como generar sensibilidad frente a la vida del \u201cni\u00f1o o ni\u00f1a por nacer\u201d; brindar opciones de adopci\u00f3n de quien est\u00e1 por nacer y cunas de vida para reci\u00e9n nacidos; proteger a la mujer durante el embarazo y luego de su culminaci\u00f3n mediante la asesor\u00eda jur\u00eddica y psicosocial, as\u00ed como en casos de abandono familiar; apoyar a la mujer en estado de gestaci\u00f3n, proteger al que est\u00e1 por nacer y garantizar un parto digno; acompa\u00f1ar a la mujer en estado de embarazo \u201cfruto de una conducta no consentida\u201d, mediante un apoyo econ\u00f3mico equivalente a un salario m\u00ednimo desde la fecundaci\u00f3n hasta los 18 a\u00f1os; y tambi\u00e9n acompa\u00f1ar a las mujeres que se encuentren en alguna de las tres causales de que trata la Sentencia C-355 de 2006, mediante programas de promoci\u00f3n de \u201cacogida de la vida\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
473. Entre las razones que han fundamentado estas \u00faltimas iniciativas se encuentran las siguientes: la prevalencia inviolable de la vida; la protecci\u00f3n del derecho a la vida desde la concepci\u00f3n; el nasciturus como ser humano que debe recibir igual o mayor protecci\u00f3n que los dem\u00e1s, por el inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os y ni\u00f1as; la Asamblea Nacional Constituyente no incluy\u00f3 la posibilidad de abortar sin acudir a la sanci\u00f3n penal, a pesar de que fue un asunto objeto de debate; la Sentencia C-355 de 2006 constituye una excepci\u00f3n a la jurisprudencia tradicional de la Corte que hab\u00eda declarado la constitucionalidad del delito; la protecci\u00f3n jur\u00eddica internacional, particularmente derivada del art\u00edculo 4.1. de la CADH; la protecci\u00f3n a la vida del que est\u00e1 por nacer en el C\u00f3digo Civil; el derecho a la salud f\u00edsica y mental de la mujer durante y despu\u00e9s del embarazo; el derecho a la maternidad, en contraste con el impacto f\u00edsico, psicol\u00f3gico y social del aborto; la mortalidad materna por este procedimiento; la adopci\u00f3n como una alternativa para proteger al \u201cmenor\u201d frente al aborto consentido o el abandono, sin desconocer los derechos de libertad y autonom\u00eda de la mujer; el derecho a decidir el n\u00famero de hijos tiene alcance hasta antes de la concepci\u00f3n; el alcance limitado de la libertad de conciencia o de cultos; la \u201ccultura de la vida\u201d con preeminencia sobre la \u201ccultura facilista que acoja opciones de muerte\u201d; lo discutible de considerar el aborto como un m\u00e9todo de planificaci\u00f3n familiar; la despenalizaci\u00f3n parcial del aborto consentido no ha disminuido su pr\u00e1ctica y la falta de apoyo del Estado como una causal que conduce al proceso de aborto voluntario cuando la mujer ha quedado en embarazo por casusas \u201cno consentidas\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
474. Este recuento de iniciativas legislativas y constitucionales pone de presente la importancia que en el escenario legislativo tiene la protecci\u00f3n de la vida en gestaci\u00f3n y las garant\u00edas que se adscriben a la libre opci\u00f3n a la maternidad de la mujer, relacionadas con su dignidad y derechos, que justifican un uso del derecho penal como ultima ratio. En este ejercicio regulatorio, como lo evidencia la anterior descripci\u00f3n, ha sido fundamental la valoraci\u00f3n de medidas id\u00f3neas, necesarias y compatibles con la dignidad de la mujer, no \u00fanicamente desde un ejercicio del derecho penal como mecanismo de control social prima ratio.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
475. En suma, mediante la Ley 599 de 2000, el Legislador mantuvo el est\u00e1ndar material vigente desde 1837 y especialmente aquel dispuesto desde el C\u00f3digo Penal de 1980, sin valorar ni ponderar los intereses jur\u00eddicos de las mujeres y las ni\u00f1as en la tipificaci\u00f3n del delito de aborto consentido. En esta tipificaci\u00f3n no tuvo en cuenta las relevantes discusiones en la Asamblea Nacional Constituyente, los nuevos par\u00e1metros materiales que introdujo la Constituci\u00f3n de 1991 ni la interpretaci\u00f3n constitucional, como tampoco las observaciones que la comunidad internacional, hab\u00eda hecho hasta ese momento. Esta problem\u00e1tica social tampoco ha sido objeto de regulaci\u00f3n positiva luego de la expedici\u00f3n de la Sentencia C-355 de 2006, ni con posterioridad a los reiterados llamados de esta Corte para tales efectos.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
476. De manera consecuente con estas razones, es posible concluir que la pol\u00edtica p\u00fablica ofrecida por el Estado para proteger los intereses involucrados en la problem\u00e1tica del aborto consentido se reduce, hoy en d\u00eda, a la sanci\u00f3n penal de la mujer gestante. As\u00ed, el Derecho Penal ha sido utilizado no como recurso de ultima ratio, sino, podr\u00eda decirse, como \u00fanica ratio.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
477. La referida inactividad legislativa para buscar soluciones de fondo a la situaci\u00f3n de cientos de mujeres que enfrentan un embarazo no deseado y la falta de protecci\u00f3n y oportunidades para las que desean asumir la maternidad, no obstante las dificultades materiales para garantizar su manutenci\u00f3n, educaci\u00f3n, seguridad y bienestar, hacen de la sanci\u00f3n penal la \u00fanica pol\u00edtica p\u00fablica visible, incumpliendo de esta manera el Estado su obligaci\u00f3n constitucional de garantizar asistencia y protecci\u00f3n a la mujer durante el embarazo y despu\u00e9s del parto, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 42 de la Constituci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
478. Aunque es entendible que incluir una norma en el C\u00f3digo Penal es menos costoso que dise\u00f1ar, implementar y mantener una pol\u00edtica p\u00fablica que tienda a la reducci\u00f3n del n\u00famero de embarazos no deseados, el Estado no puede ignorar que su obligaci\u00f3n fundamental y primigenia es garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de sus habitantes.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
12.4.2. La segunda raz\u00f3n tiene que ver con la mayor exigencia de regulaci\u00f3n a cargo del Legislador con posterioridad a la expedici\u00f3n de la Sentencia C-355 de 2006, cuya sistem\u00e1tica omisi\u00f3n ha sido evidenciada de manera tr\u00e1gica por la jurisprudencia constitucional en la revisi\u00f3n de casos concretos<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
479. La falta de regulaci\u00f3n legislativa positiva de la problem\u00e1tica social que supone la pr\u00e1ctica del aborto consentido ha sido m\u00e1s evidente con posterioridad a la expedici\u00f3n de la Sentencia C-355 de 2006, ya que ha dado lugar a barreras de acceso a la IVE en los tres supuestos en los que la Corte encontr\u00f3 parcialmente incompatible el art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal con la Constituci\u00f3n, circunstancia que, a su vez, entra en tensi\u00f3n con la dignidad de la mujer y, por tanto, con el car\u00e1cter de ultima ratio que debe caracterizar a la regulaci\u00f3n penal.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
480. Lo dicho se corrobora, en primer lugar, a partir del estudio de la l\u00ednea jurisprudencial de la Corte en la materia, constituida por las sentencias T-171 de 2007, T-988 de 2007, T-209 de 2008, T-946 de 2008, T-388 de 2009, T-585 de 2010, T-636 de 2011, T-959 de 2011, T-841 de 2011, T-627 de 2012, T-532 de 2014, T-301 de 2016, T-731 de 2016, T-697 de 2016, T-931 de 2016 y SU-096 de 2018. En el estudio de estos casos, las salas de revisi\u00f3n y la Sala Plena de la Corte Constitucional han evidenciado que son m\u00faltiples los obst\u00e1culos impuestos para realizar el procedimiento de la IVE \u2013en los tres supuestos de que trata la declaratoria de exequibilidad condicionada del art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal, en la Sentencia C-355 de 2006\u2013, que han terminado frustrando la protecci\u00f3n constitucional y han tornado inoperantes las excepciones destinadas a salvaguardar la dignidad de las mujeres, ni\u00f1as y personas gestantes y sus dem\u00e1s derechos. De hecho, como bien lo ha precisado aquella jurisprudencia, este tipo de barreras tambi\u00e9n afectan de manera intensa el bien jur\u00eddico que pretende amparar el delito de aborto voluntario, ya que la dilaci\u00f3n en la pr\u00e1ctica del citado procedimiento ha permitido que la edad gestacional avance y sea mucho m\u00e1s cara a los intereses que pretende proteger su realizaci\u00f3n oportuna.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
481. En segundo lugar, las cifras aportadas por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n al proceso reflejan un n\u00famero importante de mujeres que son procesadas a pesar de encontrase en alguna de las causales descritas en la Sentencia C-355 de 2006. Si bien, tales investigaciones han terminado en archivo, esta decisi\u00f3n no restablece el conjunto de consecuencias adversas que ya se han ocasionado, tales como la estigmatizaci\u00f3n, la p\u00e9rdida de privacidad, el estr\u00e9s y la ansiedad, como resultado de una multitud de factores, incluida la posible alteraci\u00f3n de la vida familiar, social y laboral, los costos legales y la incertidumbre sobre el resultado del proceso y la posible sanci\u00f3n futura.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
482. La jurisprudencia constitucional de revisi\u00f3n ha evidenciado barreras en el \u00e1mbito interno, familiar, social e institucional, este \u00faltimo comprendido por el sector m\u00e9dico, administrativo, administrativo-asistencial y judicial, que han afectado de manera grave la posibilidad de materializar la IVE en los tres supuestos en los que la Corte encontr\u00f3 parcialmente incompatible el art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal con la Constituci\u00f3n \u2013Sentencia C-355 de 2006\u2013 lo que evidencia, a su vez, la falta de idoneidad relativa de la resoluci\u00f3n judicial, por factores ajenos a ella.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
483. Seg\u00fan se indica en las sentencias T-627 de 2012, T-301 de 2016 y SU-096 de 2018, las barreras inician con el desconocimiento del contenido de la Sentencia C-355 de 2006 y de sus desarrollos jurisprudenciales posteriores, muchas veces causados por la vulneraci\u00f3n del derecho a la informaci\u00f3n en que incurren las entidades de seguridad social y otras instituciones, al no suministrar informaci\u00f3n objetiva, oportuna, suficiente y adecuada, lo cual repercute en el temor a incurrir en un delito. Por ejemplo, en la Sentencia T-627 de 2012, la Corte debi\u00f3 ordenar \u201cal Procurador General de la Naci\u00f3n, [\u2026] RECTIFICAR, en las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de la presente sentencia, su comunicado de prensa de 21 de octubre de 2009, de manera personal, p\u00fablica y con despliegue y relevancia equivalente, en el sentido de explicar que incurri\u00f3 en una equivocaci\u00f3n al referirse a las campa\u00f1as ordenadas en la sentencia T-388 de 2009 como \u2018campa\u00f1as masivas de promoci\u00f3n del aborto como derecho\u2019 ya que, en realidad, \u00e9stas buscan promover que las mujeres colombianas conozcan el contenido de sus derechos sexuales y reproductivos, dentro de los cuales se encuentra la interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo en las hip\u00f3tesis despenalizadas\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
484. Seg\u00fan se precisa en las sentencias T-585 de 2010, T-388 de 2009 y T-532 de 2014, desde lo personal, las barreras se presentan por la falta de capacidad econ\u00f3mica para acceder a la pr\u00e1ctica de la IVE, en los supuestos no penalizados en la Sentencia C-355 de 2006. Seg\u00fan se se\u00f1ala en la Sentencia T-388 de 2009, las barreras tambi\u00e9n se presentan por la ubicaci\u00f3n geogr\u00e1fica que les impide a ciertas mujeres el acceso f\u00edsico y oportuno a las entidades del Sistema de Seguridad Social en Salud, al igual que en la estigmatizaci\u00f3n que se deriva de prejuicios en la materia, que generan presiones indebidas sobre las mujeres.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
485. En el sector salud, se encuentran dificultades relacionadas con la negaci\u00f3n de certificaciones y autorizaciones m\u00e9dicas; la desacreditaci\u00f3n de certificados m\u00e9dicos externos o emitidos por psic\u00f3logos; la objeci\u00f3n de conciencia indebidamente tramitada y la falta de remisi\u00f3n a otro profesional de la salud o la objeci\u00f3n de conciencia de una persona jur\u00eddica; personal m\u00e9dico insuficiente o no capacitado para realizar el procedimiento; ausencia, deficiencia o falla en los protocolos; desacreditaci\u00f3n de una denuncia por un acto sexual no consentido; desestimaci\u00f3n del da\u00f1o a la salud mental: \u201chay que aguantar\u201d; imposici\u00f3n de requisitos improcedentes como los siguientes: \u00f3rdenes judiciales, autenticaciones de documentos, realizaci\u00f3n de juntas m\u00e9dicas, conceptos de m\u00e9dicos especialistas o psicol\u00f3gicos, ex\u00e1menes m\u00e9dicos innecesarios o adicionales a los prescritos por el m\u00e9dico tratante; estigmatizaci\u00f3n por parte del personal m\u00e9dico y de los prestadores del servicio de salud. A la par, se presentan circunstancias de acoso y estigmatizaci\u00f3n a los prestadores del servicio de salud que s\u00ed realizan el procedimiento.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
486. En el sector judicial, las barreras se presentan por la valoraci\u00f3n de objeciones de conciencia indebidamente formuladas y decididas; por la realizaci\u00f3n de juicios de valor contra la mujer y su salud sexual y reproductiva; por no presumir la buena fe en las declaraciones que realizan las mujeres; la asunci\u00f3n de competencias propias del personal m\u00e9dico, por ejemplo, a pesar de que las mujeres se encuentran en alguno de los tres supuestos declarados incompatibles con la Constituci\u00f3n en la Sentencia C-355 de 2006, se ha negado el acceso al procedimiento de IVE, al valorar, de manera inadecuada, como incompatible con aquellas, cierta edad gestacional.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
487. Las barreras que se acaban de mencionar no se presentan de manera independiente; por lo general, se evidencian de manera simult\u00e1nea y se traducen, en muchas ocasiones, en la falta de realizaci\u00f3n oportuna del procedimiento, que, como se ha precisado, tiene un efecto lesivo potencialmente elevado para la dignidad y derechos de las mujeres y las ni\u00f1as, al igual que para la protecci\u00f3n gradual e incremental que debe otorgarse a la vida en gestaci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
488. Precisamente, por la intersecci\u00f3n de estas barreras se presenta una adicional: la presunta imposibilidad de realizaci\u00f3n del procedimiento ante cierta edad gestacional. As\u00ed, aun cuando la vida y la salud de la mujer o la ni\u00f1a se ha encontrado en evidente peligro, o aun cuando la vida del feto se ha considerado inviable \u2013en los t\u00e9rminos del condicionamiento contenido en la Sentencia C-355 de 2006\u2013, mujeres y ni\u00f1as deben someterse al azar del parto, por la falta de atenci\u00f3n m\u00e9dica oportuna. Esta situaci\u00f3n parad\u00f3jica ha conducido a que esta Corte insista en lo siguiente:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201cLa jurisprudencia en vigor no impone l\u00edmites a la edad gestacional para la realizaci\u00f3n del procedimiento de interrupci\u00f3n del embarazo. Los profesionales de la salud informar\u00e1n a la mujer embarazada sobre los alcances y riesgos del procedimiento, atendiendo a la edad gestacional, para que esta adopte su decisi\u00f3n de manera instruida\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
489. Un caso paradigm\u00e1tico lo representa la Sentencia T-946 de 2008, en la que la Corte estudi\u00f3 el caso de Ana, una mujer en condici\u00f3n de discapacidad, v\u00edctima de acceso carnal no consentido y oportunamente denunciado ante la autoridad competente. En representaci\u00f3n de ella, su madre solicit\u00f3 que se llevara a cabo el procedimiento de IVE cuando Ana ten\u00eda 18 semanas de gestaci\u00f3n. El ginec\u00f3logo tratante se neg\u00f3 a realizar el procedimiento al aducir objeci\u00f3n de conciencia y no remiti\u00f3 a la paciente a otro profesional. Ante la negativa del profesional tratante y la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite, la madre de Ana present\u00f3 una solicitud de tutela que en ambas instancias fue negada. Puntualmente, el juez de segunda instancia indic\u00f3:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201cDe haberse actuado cuando estaba empezando el embarazo, no se ve\u00eda riesgo alguno tanto para lo joven, como para el feto. || Pero resulta, adem\u00e1s, que para este funcionario ya es muy tarde para ordenar la interrupci\u00f3n del embarazo, puesto que como antes se anotara, ya \u2018Ana\u2019 cuenta con 25 o 26 semanas de gestaci\u00f3n, en donde el feto se encuentra casi totalmente desarrollado\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
490. Estos obst\u00e1culos y dilaciones dieron lugar a que el parto no deseado de Ana, aun cuando se encontraba en una de las hip\u00f3tesis descritas en la Sentencia C-355 de 2006, se produjera.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
491. En la revisi\u00f3n de las decisiones de instancia, la Corte Constitucional se\u00f1al\u00f3 que no era competencia del juez \u201cdeterminar la oportunidad para realizar la IVE\u201d y declar\u00f3 vulnerada la dignidad de Ana y orden\u00f3 a la instituci\u00f3n prestadora de salud abstenerse de interponer obst\u00e1culos para realizar la IVE en casos como el valorado, compuls\u00f3 copias para que se adelantaran las investigaciones penales y disciplinarias en contra la entidad, el m\u00e9dico tratante y los jueces que conocieron del caso.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
492. Posteriormente, en un caso semejante, en la Sentencia T-841 de 2011, ante la dilaci\u00f3n en la realizaci\u00f3n del procedimiento de IVE \u2013en uno de los supuestos previstos en la Sentencia C-355 de 2006\u2013, una ni\u00f1a de 12 a\u00f1os, para quien continuar con el embarazo significaba un peligro para su salud, seg\u00fan dos certificaciones m\u00e9dicas, de psiquiatra y ginec\u00f3logo-obstetra, fue forzada a llevar a t\u00e9rmino el proceso de gestaci\u00f3n. Cuando se present\u00f3 la solicitud ante la empresa promotora de salud, la menor ten\u00eda 5 meses de embarazo y la entidad tard\u00f3 casi un mes en responder y cuando lo hizo exigi\u00f3 copia de la historia cl\u00ednica de la menor. El juez de tutela de instancia resolvi\u00f3 negar el amparo con fundamento en lo siguiente:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201cseg\u00fan las pruebas aportadas [\u2026], la interrupci\u00f3n terap\u00e9utica del embarazo puede realizarse sin riesgo para la vida de la madre y el feto en las primeras 8 semanas de gestaci\u00f3n y a la fecha la menor AA cuenta aproximadamente con 21 semanas de gestaci\u00f3n, situaci\u00f3n que sin duda pondr\u00eda en peligro la vida de la menor y del feto\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
493. Al revisar la decisi\u00f3n, la Corte Constitucional descart\u00f3 los argumentos del juez de instancia, ya que, primero, no era cierto que en el expediente hubiera tal prueba, ni que el juez tuviera \u201clos conocimientos t\u00e9cnicos necesarios para certificarlo\u201d. En segundo lugar, precis\u00f3 que \u201cni la sentencia C-355 de 2006 ni ninguna norma legal ha fijado l\u00edmite temporal alguno para la realizaci\u00f3n de la IVE en los casos despenalizados, lo que no permite que el juez \u2013u otra autoridad o particular que participe en el sistema de salud\u2013 establezca una regla general que la impida despu\u00e9s de cierto tiempo de gestaci\u00f3n, como lo sugiri\u00f3 el juez de instancia\u201d. Debido a lo anterior, conden\u00f3 en abstracto a la entidad a pagar el da\u00f1o emergente y todos los dem\u00e1s perjuicios causados a la menor por la negativa ileg\u00edtima de la pr\u00e1ctica de la IVE, y adopt\u00f3 diferentes medidas tendientes a garantizar la salud y seguridad social de la menor de edad y del reci\u00e9n nacido y a prevenir la reiteraci\u00f3n de estos hechos.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
494. Luego, en la Sentencia T-731 de 2016, la Corte conoci\u00f3 el caso de Amalia, una adolescente de 14 a\u00f1os, residente en un \u00e1rea rural cercana al municipio de Leticia, quien solicit\u00f3 la interrupci\u00f3n de su embarazo con fundamento en que padec\u00eda de una depresi\u00f3n profunda y que hab\u00eda tenido relaciones sexuales consentidas con un hombre de 22 a\u00f1os con quien no ten\u00eda un \u201cv\u00ednculo sentimental o relaci\u00f3n estable\u201d. La menor fue remitida a diferentes especialistas y, finalmente, la instituci\u00f3n prestadora de servicios de salud, como persona jur\u00eddica, declar\u00f3 la objeci\u00f3n de conciencia institucional y afirm\u00f3 no contar con personal capacitado para practicar el procedimiento. El juez de instancia neg\u00f3 el amparo al considerar que, entre otras, seg\u00fan dictamen del ICBF \u201cla ni\u00f1a no presenta alteraciones graves en su estado emocional, y se recomienda su valoraci\u00f3n por psiquiatr\u00eda\u201d. En el tr\u00e1mite de revisi\u00f3n, la Corte Constitucional declar\u00f3 la carencia actual de objeto en relaci\u00f3n con el procedimiento, debido a que este finalmente fue llevado a cabo en una cl\u00ednica de Bogot\u00e1; no obstante, resalt\u00f3 que, \u201cla tardanza en la atenci\u00f3n de su solicitud, como resultado de la actuaci\u00f3n lenta y omisiva de todas las entidades que conocieron de \u00e9l en el municipio de Leticia, implicaron que el ejercicio del derecho a la autonom\u00eda reproductiva [\u2026] tuviera para la interesada un costo desproporcionadamente alto, principalmente en la esfera emocional\u201d. Finalmente, resolvi\u00f3 compulsar copias a las autoridades competentes con el fin de que se evaluara la posibilidad de investigar \u201cla actuaci\u00f3n que en este caso tuvieron las entidades accionadas y\/o los profesionales de la medicina que en este caso intervinieron\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
495. En el caso m\u00e1s reciente del cual conoci\u00f3 la Sala Plena de la Corte Constitucional, Sentencia SU-096 de 2018, que ha sido citada en varias ocasiones en esta providencia, Emma, de consuno con su esposo, solicitaron la interrupci\u00f3n del embarazo en raz\u00f3n a los dict\u00e1menes m\u00e9dicos que diagnosticaron una malformaci\u00f3n fetal \u201cincompatible con la vida\u201d que, a su vez, le gener\u00f3 una grave afectaci\u00f3n a su salud mental. El personal m\u00e9dico por el cual fue atendida obstaculiz\u00f3 la realizaci\u00f3n del procedimiento y, finalmente, le indic\u00f3 que no era posible realizarlo por el avance gestacional. El juez de instancia dict\u00f3 una medida provisional tendiente a que se practicara el procedimiento m\u00e9dico omitido; d\u00edas antes de la notificaci\u00f3n de la medida, la entidad prestadora de salud lo realiz\u00f3 y en la providencia se declar\u00f3 un hecho superado. En el tr\u00e1mite de revisi\u00f3n, la Corte Constitucional encontr\u00f3 acreditadas dos de las causales de que trata la Sentencia C-355 de 2006: \u201ccuando la continuaci\u00f3n del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada por un m\u00e9dico y cuando exista grave malformaci\u00f3n del feto que haga inviable su vida, certificada por un m\u00e9dico\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
496. A pesar de que la Sala confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del juez de instancia, en consideraci\u00f3n a las circunstancias particulares del caso resolvi\u00f3 estudiarlo de fondo y se\u00f1al\u00f3 los est\u00e1ndares m\u00ednimos que deb\u00edan tenerse en consideraci\u00f3n en este tipo de casos y exhort\u00f3 al Congreso a que regulara la materia, para lo cual precis\u00f3:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201cLa Corte advierte que pasados m\u00e1s de doce a\u00f1os de reconocido el derecho a la Interrupci\u00f3n Voluntaria del Embarazo y a pesar de la claridad de las reglas establecidas en la sentencia C-355 de 2006, como lo demuestra este caso, a\u00fan existe todo tipo de trabas y barreras para que las mujeres que solicitan la IVE no puedan acceder de manera oportuna y en las condiciones adecuadas, con consecuencias irreversibles o que obligan a que se practique en forma indebida con grave peligro para su salud, teniendo que acudir a la acci\u00f3n de tutela para lograr que se garantice su derecho a la atenci\u00f3n debida. Esta situaci\u00f3n implica, un evidente incumplimiento de los compromisos internacionales que asumi\u00f3 el Estado colombiano como lo ha observado la Comisi\u00f3n sobre la Eliminaci\u00f3n de todas las formas de Discriminaci\u00f3n contra la Mujer (CEDAW), para garantizar el derecho de las mujeres a decidir de manera aut\u00f3noma la pr\u00e1ctica de la IVE, en los casos permitidos. Pues tal y como se desarroll\u00f3 en la parte dogm\u00e1tica, la imposici\u00f3n de barreras para este tipo de procedimiento constituye violencia y discriminaci\u00f3n contra la mujer\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
12.4.2.2. Las estad\u00edsticas judiciales y la acuciante necesidad de una regulaci\u00f3n integral del aborto voluntario<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
497. Las cifras de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n reflejan un n\u00famero importante de mujeres que son procesadas a pesar de encontrase en alguna de las causales descritas en la Sentencia C-355 de 2006. Si bien tales investigaciones han terminado en archivo, esta decisi\u00f3n no restablece el conjunto de consecuencias adversas que ya se han ocasionado. Al respecto, la entidad se\u00f1al\u00f3:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201cLa principal causal de archivo registrada en este tipo de investigaciones es la atipicidad: el 67,3% de los archivos est\u00e1n sustentados en esta causal. Estas decisiones son congruentes con la aplicaci\u00f3n de los supuestos de despenalizaci\u00f3n enunciados por la sentencia C-355 de 2006 o con el hallazgo de alguna otra circunstancia que no coincida con lo dispuesto en el art\u00edculo de Aborto del C\u00f3digo Penal (Art. 122)\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
498. Esta, sin lugar a duda, es una de las barreras m\u00e1s evidentes ya que supone que, a pesar de que la mujer o ni\u00f1a, en principio, pudo acceder a un procedimiento seguro ante su entidad prestadora del servicio de salud, no solo debi\u00f3 exponerse a un aborto clandestino, sino que debi\u00f3 sobrellevar la carga del proceso penal, a pesar de haber realizado una conducta at\u00edpica. En relaci\u00f3n con este tipo de inferencias, en la Sentencia SU-096 de 2018 la Corte precis\u00f3: \u201cla Corte ha evidenciado que, ante la inactividad de las EPS, las pacientes se han visto en la obligaci\u00f3n de acudir a abortos clandestinos, con las implicaciones que estos conllevan\u201d. Para fundamentar esta afirmaci\u00f3n tuvo en consideraci\u00f3n lo se\u00f1alado en la Sentencia T-988 de 2007, en la cual se analiz\u00f3 el caso de una mujer en condici\u00f3n de discapacidad cognitiva severa, v\u00edctima de abuso sexual, quien pretendi\u00f3 acceder al procedimiento de IVE. En el tr\u00e1mite de revisi\u00f3n, la Corte se comunic\u00f3 con la agente oficiosa de esta mujer, su madre, quien inform\u00f3 que \u201cla joven ya no se encontraba en estado de gestaci\u00f3n y que tampoco hab\u00eda dado a luz. La actora solicit\u00f3 que, en vista de las circunstancias del caso concreto y de lo perturbadora que hab\u00eda resultado la situaci\u00f3n para la joven, no se continuara con los tr\u00e1mites de tutela por cuanto \u00e9stos carec\u00edan ya de objeto\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
499. Un caso similar se examin\u00f3 en la Sentencia T-585 de 2010, en la cual la Corte constat\u00f3 que la accionante \u201cya no se encontraba en estado de gestaci\u00f3n y que tampoco hab\u00eda dado a luz; concretamente manifest\u00f3 que\u00a0no hab\u00eda continuado con el embarazo\u201d. En esta decisi\u00f3n se resolvi\u00f3 declarar la carencia actual de objeto y se precis\u00f3 que esta \u201cno se deriva de la presencia de un hecho superado o de un da\u00f1o consumado pues la pretensi\u00f3n de la actora de acceder a una IVE dentro del sistema de salud en condiciones de calidad fue rechazada, pero, al mismo tiempo, el nacimiento tampoco se produjo. Aqu\u00ed la carencia actual de objeto surge de una modificaci\u00f3n en los hechos que originaron la acci\u00f3n de tutela que hace que la pretensi\u00f3n sea imposible de llevar a cabo\u201d.\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201cEntre el 1 de enero de 2004 y el 31 de agosto de 2019 fueron realizadas 636 capturas por parte de la Polic\u00eda Nacional 34 por el art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal, de las cuales el 87,57% corresponden a capturas en flagrancia y el 12,4% corresponden a capturas por orden judicial. Esto quiere decir que, de las 4.581 personas indiciadas desde 2004 a 2019, el 13,8% fue capturada. La mayor parte de las personas capturadas (80%) fueron mujeres. En relaci\u00f3n con la edad, el 77,5% de las personas capturadas era mayor de edad, el 12,4% eran personas menores de edad y no se pudo determinar en los registros la edad del 10% de las personas capturadas\u201d .<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
501. El hecho de que la mayor cantidad de personas capturadas por el delito de aborto sean mujeres y, algunas de ellas menores de edad, quienes en su mayor\u00eda pudieran encontrarse en alguno de los supuestos de que trata la Sentencia C-355 de 2006 \u2013recu\u00e9rdese que, seg\u00fan la informaci\u00f3n suministrada por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, \u201c[l]a principal causal de archivo registrada en este tipo de investigaciones es la atipicidad: el 67,3% de los archivos est\u00e1n sustentados en esta causal\u201d\u2013, se ven sometidas a una vulneraci\u00f3n grave de su derecho a la intimidad.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
502. Este tipo de circunstancias, tanto aquellas de que da cuenta la jurisprudencia de las salas de revisi\u00f3n de la Corte Constitucional, como las estad\u00edsticas aportadas por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n en materia de aborto voluntario, permiten inferir la falta de idoneidad relativa de la resoluci\u00f3n judicial contenida en la Sentencia C-355 de 2006, por razones especialmente asociadas a la ausencia de una pol\u00edtica p\u00fablica integral en la materia, con evidentes efectos de persecuci\u00f3n criminal y de estigmatizaci\u00f3n por parte del Estado y de la sociedad hacia las mujeres que se encuentran en alguno de los supuestos previstos en la citada decisi\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
503. Esta percepci\u00f3n distorsionada impide que se brinde informaci\u00f3n clara y precisa a las mujeres y al personal de la salud sobre la IVE, lo que da lugar a una sobreexposici\u00f3n de todos ellos a reproches sociales, rechazo, acoso e intromisiones contrarias a la intimidad de la mujer y de desconocimiento del secreto profesional del personal de la salud. Este conjunto de circunstancias no solo restringe el acceso de las mujeres a servicios de salud adecuados, sino que excusa o amedrenta al personal m\u00e9dico para llevar a cabo el procedimiento en los casos previstos en la Sentencia C-355 de 2006. Ambas situaciones dan lugar a la demora en su realizaci\u00f3n, circunstancia que expone a las mujeres a un trato que lesiona de manera m\u00e1s grave su dignidad, vida y salud, en la medida en que avanza el proceso gestacional, y que, a pesar de la relevancia de tales escenarios, la regulaci\u00f3n primaria de esta problem\u00e1tica social contin\u00faa circunscrita a un uso prima ratio del derecho penal.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
12.4.3. La tercera raz\u00f3n tiene que ver con dos circunstancias constitucionalmente relevantes que exigen una regulaci\u00f3n integral de esta problem\u00e1tica por parte del Legislador, que no exclusivamente por la v\u00eda penal<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
504. Estas dos circunstancias constitucionalmente relevantes son: (i) la dignidad humana, como criterio material que explica el car\u00e1cter de ultima ratio del derecho penal y (ii) que la tipificaci\u00f3n de la conducta se fundamenta en un criterio sospechoso de discriminaci\u00f3n: el sexo.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
505. En relaci\u00f3n con lo primero, acudir a la penalizaci\u00f3n del aborto consentido como mecanismo prima ratio para proteger la vida en gestaci\u00f3n y sin consideraci\u00f3n alguna de la dignidad de la mujer, da lugar a que esta se reduzca a un mero instrumento \u201cde reproducci\u00f3n de la especie humana\u201d, incompatible con su dignidad y, por tanto, en evidente tensi\u00f3n con el car\u00e1cter de ultima ratio del derecho penal.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
506. En relaci\u00f3n con lo segundo, el Legislador ha omitido considerar que la tipificaci\u00f3n de la conducta del aborto consentido se fundamenta en un criterio sospechoso de discriminaci\u00f3n: el sexo. Esta forma de penalizaci\u00f3n desconoce que, en principio, toda distinci\u00f3n originada en esta circunstancia, por expresa prescripci\u00f3n del art\u00edculo 13, inciso 1\u00b0, de la Constituci\u00f3n es, prima facie, discriminatoria y desconoce que el Estado debe garantizarles a las mujeres una vida libre de violencias. No considerar esta circunstancia para la regulaci\u00f3n de la problem\u00e1tica de relevancia constitucional que supone el aborto voluntario, especialmente luego de la expedici\u00f3n de la Sentencia C-355 de 2006, respalda la tesis de que en la actual tipificaci\u00f3n del delito se acude al derecho penal como mecanismo prima ratio.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
12.4.3.1. Una regulaci\u00f3n integral de la problem\u00e1tica de relevancia constitucional asociada al aborto con consentimiento \u2013que no exclusivamente mediante el derecho penal\u2013, exige que el Legislador considere como especialmente relevante la dignidad de la mujer<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
507. La dignidad humana exige utilizar el poder punitivo del Estado como \u00faltimo recurso, de all\u00ed que explique el principio de m\u00ednima intervenci\u00f3n y la naturaleza fragmentaria del derecho penal. En el presente asunto, emplear el derecho penal como prima ratio para regular en forma de prohibici\u00f3n absoluta, sin ning\u00fan tipo de ponderaci\u00f3n, la compleja problem\u00e1tica social que supone el aborto consentido, genera una fuerte tensi\u00f3n con la dignidad de las mujeres y las ni\u00f1as y con sus derechos a la salud, reproductivos, igualdad y libertad de conciencia.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
508. El reconocimiento de la dignidad de las mujeres y las ni\u00f1as y, por tanto, el ejercicio de la libertad que esta supone, implica que el Legislador valore como un bien jur\u00eddico relevante su libre opci\u00f3n de la maternidad. El ejercicio del ius puniendi estatal es incompatible con esta garant\u00eda cuando en la regulaci\u00f3n del delito del aborto con consentimiento tal circunstancia no se tiene en cuenta, ya que la tipificaci\u00f3n en forma de prohibici\u00f3n absoluta y sin ning\u00fan tipo de ponderaci\u00f3n, da lugar a una instrumentalizaci\u00f3n de la mujer para un fin reproductivo por medio de la amenaza del derecho penal. En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha precisado:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201cEl ejercicio de la autonom\u00eda sexual de la mujer no puede reducirse a convertirse en instrumento o medio para lograr la conformaci\u00f3n de familias; o para la procreaci\u00f3n.\u00a0Por el contrario, en tanto que manifestaci\u00f3n de la libertad individual, que se reconoce por igual a hombres y mujeres, el sentido con el cual se ejerce dicha autonom\u00eda estar\u00e1 definido de manera individual, por su proyecto de vida\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
509. La imposici\u00f3n de medidas penales, tal y como se advirti\u00f3 al estudiar el cargo de inconstitucionalidad por violaci\u00f3n de la libertad de conciencia, entra en tensi\u00f3n con el plan de vida de las personas gestantes y, por tanto, la tipificaci\u00f3n irrestricta del aborto consentido \u2013como se regula en la actualidad\u2013, es doblemente lesiva para las expectativas y proyectos que tienen derecho a trazarse, conforme a sus aspiraciones. De un lado, al ser sujetos pasivos de una sanci\u00f3n que, en el caso de las mujeres, puede limitar su libertad en un centro de reclusi\u00f3n hasta por 54 meses y, de otro, al sancionar, sin alternativas para su ejercicio, una conducta que hace parte de la libre escogencia de su plan de vida.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
510. Como lo refiri\u00f3 la Sala en la Sentencia C-355 de 2006, la elecci\u00f3n de un plan de vida \u201cconstituye un l\u00edmite a la libertad de configuraci\u00f3n del legislador en materia penal\u201d, de all\u00ed que sea relevante ponderar aquella al momento de tipificar una conducta penal como la del aborto voluntario. Lo contrario puede conducir a tolerar y perpetuar una conducta discriminatoria contra las mujeres y las ni\u00f1as, ya que por su capacidad reproductiva y gestacional son calificadas como sujeto activo del delito. Para estas, la definici\u00f3n de su plan de vida se encuentra estrechamente ligado a la decisi\u00f3n de asumir o no la maternidad, conforme con su libre determinaci\u00f3n, esta \u00faltima, sin duda, moldeada por factores sociales, culturales, religiosos, econ\u00f3micos y educativos.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
511. Estas consideraciones no han sido ajenas al debate judicial en el marco internacional sobre la tipificaci\u00f3n del aborto consentido. Las sentencias que han revisado el asunto bajo estudio y que han avalado o determinado su despenalizaci\u00f3n en distintos pa\u00edses han hecho referencia a la dignidad de la mujer como un criterio fundamental en la ponderaci\u00f3n de intereses jur\u00eddicos, aspecto que explica el car\u00e1cter de ultima ratio del derecho penal. Como se se\u00f1ala en otros apartados de esta providencia, se acude tanto a la normativa como a la jurisprudencia comparada \u00fanicamente para efectos de ilustrar la forma en que otros ordenamientos jur\u00eddicos han abordado la problem\u00e1tica de relevancia constitucional que supone el aborto consentido, sin que tal descripci\u00f3n tenga una pretensi\u00f3n de exhaustividad, de sujeci\u00f3n del razonamiento de la Corte a tales ideas o constituya un fundamento decisorio de esta providencia.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
512. Para ilustrar la relevancia de la dignidad humana, en particular, de la mujer, como raz\u00f3n que explica el uso como ultima ratio del derecho penal, se hace referencia a los apartados m\u00e1s relevantes en la materia de los casos Roe vs. Wade (1973), Planned Parenthood vs. Casey (1992) \u2013Estados Unidos\u2013 y Morgentaler vs. The Queen (1988) \u2013Canad\u00e1\u2013, que han hecho referencia al citado valor fundante del Estado liberal, social y democr\u00e1tico de Derecho. En relaci\u00f3n con los dos primeros casos, es importante precisar que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos no valor\u00f3 un caso semejante al que en esta oportunidad ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, en que se demanda la compatibilidad de la disposici\u00f3n penal que tipifica el delito de aborto consentido con la Constituci\u00f3n, como s\u00ed lo hizo la Corte Suprema de Justicia de Canad\u00e1 en el caso Morgentaler vs. The Queen (1988).<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
513. En el caso Roe vs. Wade, la demandante \u2013una mujer soltera que se present\u00f3 bajo el seud\u00f3nimo de Jane Roe\u2013 solicito\u0301 que se le permitiera abortar, tras afirmar que su embarazo hab\u00eda sido producto de una violaci\u00f3n y que las leyes del Estado de Texas penalizaban esta conducta, salvo que fuera necesaria para salvar la vida de la mujer embarazada. La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos se\u00f1al\u00f3 que prohibir totalmente el aborto afectaba de manera grave la dignidad de la mujer:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201cEs evidente el perjuicio que el Estado impondr\u00eda a la gestante al negar por completo esta opci\u00f3n. Existe un da\u00f1o directo y espec\u00edfico que puede encontrarse involucrado y que puede ser m\u00e9dicamente diagnosticado, aun en las etapas tempranas del embarazo. La maternidad puede forzar a la mujer a una vida y a un futuro angustiosos. El da\u00f1o psicol\u00f3gico puede ser inminente. La salud f\u00edsica y mental puede ser agravada por el cuidado del menor. Tambi\u00e9n existe la angustia, para todos los interesados, asociada con la maternidad no deseada, y existe el problema de llevar al nuevo ser a una familia que ya no puede, psicol\u00f3gicamente o de otro modo, cuidarlo. En otros casos, como en este, las dificultades adicionales y el estigma continuo de la mujer no casada pueden estar involucrados\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
514. M\u00e1s adelante, en el caso Planned Parenthood vs. Casey, la Corte Suprema de Justicia revis\u00f3 la constitucionalidad de cinco medidas previstas en la Ley de Control del Aborto de Pensilvania de 1982 que los demandantes consideraban contrarias al precedente del caso Roe vs. Wade, entre ellas, el deber de que las mujeres casadas notificaran a sus c\u00f3nyuges de su voluntad de abortar. La Corte se\u00f1al\u00f3 que las decisiones relacionadas \u201ccon el matrimonio, la procreaci\u00f3n, la anticoncepci\u00f3n, la familia, la crianza de los hijos y su educaci\u00f3n\u201d involucran las decisiones m\u00e1s \u00edntimas y personales que una persona pueda asumir, \u201cson decisiones centrales a la dignidad y la autonom\u00eda personal\u201d. Por tanto, precis\u00f3 que \u201cel inter\u00e9s de un Estado en la protecci\u00f3n de la vida no llega a justificar cualquier anulaci\u00f3n plenaria de la libertad individual\u201d y que la decisi\u00f3n asumida en el caso Roe vs. Wade, 20 a\u00f1os atr\u00e1s, hab\u00eda impactado en \u201c[l]a capacidad de las mujeres para participar en pie de igualdad en la vida econ\u00f3mica y social de la Naci\u00f3n [que] se ha visto facilitada por su capacidad para controlar su vida reproductiva\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
515. En la revisi\u00f3n del caso Morgentaler vs. The Queen, le correspondi\u00f3 a la Corte Suprema de Justicia de Canad\u00e1 estudiar la constitucionalidad de la secci\u00f3n 251 del C\u00f3digo Penal que tipificaba el delito de aborto con consentimiento, excepto en los casos de peligro para la vida o la salud de la mujer, siempre que en este \u00faltimo supuesto existiera certificaci\u00f3n m\u00e9dica de un hospital acreditado. Ante esta restricci\u00f3n, un grupo de m\u00e9dicos abri\u00f3 una cl\u00ednica para ofrecer el servicio de interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo a mujeres que no hab\u00edan obtenido tal certificado. La Corte declar\u00f3 inconstitucional la disposici\u00f3n y liberaliz\u00f3 la pr\u00e1ctica del aborto voluntario, por considerar que era contraria a la \u201cseguridad personal\u201d, al exponer a las mujeres a da\u00f1os en su integridad f\u00edsica y psicol\u00f3gica por la inoperancia del procedimiento administrativo, y dispuso que la soluci\u00f3n no podr\u00eda ser eliminar la opci\u00f3n del procedimiento, en raz\u00f3n a que ello implicar\u00eda una protecci\u00f3n desproporcionada para el embri\u00f3n o feto y el desconocimiento total de los derechos de la mujer, motivo por el cual determin\u00f3 que ser\u00eda el Legislador el que deb\u00eda regular el asunto, atendiendo a los criterios definidos en la citada providencia. Una de las razones que fundament\u00f3 la decisi\u00f3n fue que la disposici\u00f3n implicaba la \u201celiminaci\u00f3n del poder de decisi\u00f3n\u201d y el desconocimiento de las aspiraciones y prioridades de la mujer, a causa de la obligaci\u00f3n de someter a consideraci\u00f3n del personal m\u00e9dico la posibilidad de acceder al aborto.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
516. En el debate, el juez Wilson J. indic\u00f3 que la restricci\u00f3n \u201ces tambi\u00e9n una interferencia directa con su \u2018persona\u2019 f\u00edsica [hace referencia a la mujer].\u00a0Verdaderamente est\u00e1 siendo tratada como un medio, un medio para un fin que no desea, pero sobre el que no tiene control.\u00a0Ella es la receptora pasiva de una decisi\u00f3n tomada por otros sobre si su cuerpo se utilizar\u00e1 para nutrir una nueva vida.\u00a0\u00bfPuede haber algo que se relacione menos con la dignidad humana y el autorrespeto?\u201d. En ese sentido, citando doctrina que consider\u00f3 autorizada en la materia, resalt\u00f3 que el derecho a ejercer la capacidad reproductiva de la mujer hac\u00eda parte integral de la lucha por \u201cafirmar su dignidad y valor como ser humano\u201d. As\u00ed mismo, indic\u00f3 que la opci\u00f3n de planificar la propia vida estaba amparada por el derecho a la dignidad, que inclu\u00eda la libertad de conciencia de cada mujer y que deb\u00eda primar sobre la \u201cconciencia del Estado\u201d. Por tal raz\u00f3n, precis\u00f3:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201cque el Estado tome partido en el tema del aborto, como lo hace en la legislaci\u00f3n impugnada al tipificar como delito que la mujer embarazada ejerza una de sus opciones, no es solo respaldar sino tambi\u00e9n hacer cumplir, bajo pena de una mayor p\u00e9rdida de libertad a trav\u00e9s del encarcelamiento real, un punto de vista sostenido concienzudamente a expensas de otro\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
517. Acudir a la penalizaci\u00f3n del aborto con consentimiento como mecanismo prima ratio para proteger la vida en gestaci\u00f3n, negando por completo la opci\u00f3n de su interrupci\u00f3n voluntaria, en los t\u00e9rminos de la regulaci\u00f3n actual del art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal, sin consideraci\u00f3n alguna acerca de la dignidad de la mujer, no solo resulta lesivo de ella, sino que entra en evidente tensi\u00f3n con el car\u00e1cter de ultima ratio del derecho penal. Esta comprensi\u00f3n supone que en el ejercicio del derecho penal como ultima ratio, en un \u00e1mbito tan particular, propio e \u00edntimo de las mujeres, es indispensable valorar su dignidad, consider\u00e1ndolas como fines en s\u00ed mismas, capaces de definir su plan de vida.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
12.4.3.2. La tipificaci\u00f3n de la conducta se fundamenta en un criterio sospechoso de discriminaci\u00f3n: el sexo<\/p>\n
518. Como consecuencia de la discriminaci\u00f3n hist\u00f3rica que han sufrido las mujeres, la Constituci\u00f3n dispuso que ellas no podr\u00e1n ser sometidas \u201ca ninguna clase de discriminaci\u00f3n\u201d (art\u00edculo 43 de la Constituci\u00f3n) y, a la par, proscribi\u00f3 toda forma de discriminaci\u00f3n basada en el sexo (art\u00edculo 13, inciso 1\u00b0).<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
519. En armon\u00eda con lo anterior, el Estado se ha comprometido a garantizar el derecho de las mujeres, por su condici\u00f3n de tales, a vivir libres de violencia . Por ejemplo, la Convenci\u00f3n sobre la Eliminaci\u00f3n de Todas las Formas de Discriminaci\u00f3n Contra la Mujer (aprobada por el Congreso mediante la Ley\u00a051 de 1981), precisa que la expresi\u00f3n \u201cdiscriminaci\u00f3n contra la mujer\u201d proscribe, \u201ctoda distinci\u00f3n, exclusi\u00f3n o restricci\u00f3n basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas pol\u00edtica, econ\u00f3mica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera\u201d (art\u00edculo 1).<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
520. Con el fin de eliminar esta pr\u00e1ctica, los Estados se comprometieron, entre otras, a \u201cadoptar todas las medidas adecuadas incluso de car\u00e1cter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y pr\u00e1cticas que constituyen discriminaci\u00f3n contra la mujer, [d]erogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminaci\u00f3n contra la mujer\u201d (art\u00edculo 2, secciones f y g), as\u00ed como \u201c[e]stablecer la protecci\u00f3n jur\u00eddica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otras instituciones p\u00fablicas, la protecci\u00f3n efectiva de la mujer contra todo acto de discriminaci\u00f3n\u201d (art\u00edculo 32, secci\u00f3n c). Estas disposiciones pretenden \u201casegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre\u201d (art\u00edculo 3).<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
521. Con la ratificaci\u00f3n de este instrumento internacional que reconoce derechos humanos, Colombia se comprometi\u00f3 tambi\u00e9n a garantizarles a las mujeres el derecho a \u201cdecidir libre y responsablemente el n\u00famero de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la informaci\u00f3n, la educaci\u00f3n y los medios que les permitan ejercer estos derechos\u201d (art\u00edculo 16, secci\u00f3n e).<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
522. Otro instrumento internacional ratificado por Colombia en la materia es la Convenci\u00f3n Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de Bel\u00e9m do Par\u00e1 \u2013aprobada por el Congreso de la Rep\u00fablica mediante la Ley 248 de 1995\u2013, en la cual se reconoce que el derecho de una mujer a vivir una vida libre de violencia comprende el derecho a \u201cser libre de toda forma de discriminaci\u00f3n y este, a su vez, incluye el derecho a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y pr\u00e1cticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
523. A partir de estos instrumentos que reconocen derechos humanos, la jurisprudencia constitucional ha precisado que (i) \u201cla violencia de g\u00e9nero es un fen\u00f3meno social vigente que se fundamenta en la discriminaci\u00f3n de la mujer y tiene serias consecuencias para el goce de sus derechos fundamentales\u201d; (ii) las mujeres tienen derecho a \u201cestar libres de violencia, que a su vez comporta el deber estatal de adoptar todas las medidas para protegerlas de la violencia y atender de forma integral a sus sobrevivientes\u201d, y que (iii) el Estado tiene el deber de \u201cprevenir, atender, investigar y sancionar la violencia contra la mujer\u201d, inclusive por medio de medidas de car\u00e1cter penal, as\u00ed como aquellas de naturaleza social, econ\u00f3mica y cultural que sean id\u00f3neas y efectivas para \u201crevertir las condiciones sociales que fomentan los estereotipos negativos de g\u00e9nero y\u00a0precluyen el goce de la igualdad sustantiva, particularmente en el \u00e1mbito de la administraci\u00f3n de justicia\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
524. A partir de estos elementos normativos y jurisprudenciales, se evidencia que la disposici\u00f3n demandada estatuye un tipo penal a partir de una diferencia fundada en un criterio sospechoso, el sexo. Esta forma de penalizaci\u00f3n desconoce que toda distinci\u00f3n originada en el sexo, que menoscabe o anule el ejercicio de otros derechos, puede ser una medida discriminatoria y desconocer que el Estado debe garantizar a las mujeres una vida libre de violencias. Esta inferencia se corrobora a partir de la valoraci\u00f3n de los datos aportados al proceso de constitucionalidad por parte de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, seg\u00fan los cuales, \u201cDesde 2006, se han registrado en los sistemas misionales de la FGN 5.646 procesos por el delito de aborto (art\u00edculo 122). En dichos procesos se registran 4.510 personas indiciadas\u201d, de las cuales \u201c2.963 son mujeres y 767 son hombres\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
525. La valoraci\u00f3n de estas razones y este tipo de datos, como seguidamente se argumenta, representan injerencias indebidas en la dignidad de las mujeres que se basan, fundamentalmente, en estereotipos de g\u00e9nero, asociados a su capacidad reproductiva y que tienen fuerte incidencia en los \u00e1mbitos familiar, social, p\u00fablico, institucional y legal en que desarrollan sus vidas.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
526. Acudir al derecho penal como recurso prima ratio, sin ninguna distinci\u00f3n de grado que pondere la libre opci\u00f3n a la maternidad, constituye una imposici\u00f3n susceptible de causar da\u00f1o y sufrimiento a la mujer por el solo hecho de serlo \u2013como consecuencia de su capacidad reproductiva y gestacional\u2013 y, por ende, entra en tensi\u00f3n con la prohibici\u00f3n de tolerar la violencia y la discriminaci\u00f3n en su contra.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
527. Conforme al marco constitucional y a los compromisos internacionales adquiridos, el Estado tiene el deber de adoptar medidas adecuadas para eliminar del ordenamiento jur\u00eddico disposiciones que legitimen par\u00e1metros contrarios a la dignidad de la mujer, lo cual incluye la obligaci\u00f3n de modificar o adecuar disposiciones legislativas que la desconozcan y que legitimen la violencia y los actos de discriminaci\u00f3n por su constituci\u00f3n biol\u00f3gica o que deriven de estereotipos de g\u00e9nero. Por la grave violencia y discriminaci\u00f3n hist\u00f3rica que ha sufrido, en primer lugar, el poder punitivo del Estado debe ser empleado para contrarrestar esas pr\u00e1cticas de las que ha sido v\u00edctima. En contraste, en segundo lugar, cuando el sexo se emplea en la descripci\u00f3n de una conducta t\u00edpica para identificar el sujeto activo del delito, sin duda, se acude a un criterio sospechoso, prima facie prohibido por el art\u00edculo 13, inciso 1\u00b0, de la Constituci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
528. En cumplimiento de aquella primera exigencia, por ejemplo, el Legislador tipific\u00f3 el delito de feminicidio, en los siguientes t\u00e9rminos: \u201cQuien causare la muerte a una mujer, por su condici\u00f3n de ser mujer o por motivos de su identidad de g\u00e9nero [\u2026] incurrir\u00e1 en prisi\u00f3n de doscientos cincuenta (250) meses a quinientos (500) meses\u201d. La Sala declar\u00f3 la exequibilidad de la disposici\u00f3n, luego de considerar, entre otras razones, que los patrones estructurales de discriminaci\u00f3n,<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201cse manifiestan en diversas formas de violencia, que pueden tener un car\u00e1cter sistem\u00e1tico o no. Esta violencia se evidencia tanto en elementos de periodicidad como en tratos que suponen una visi\u00f3n de roles de g\u00e9nero estereotipados o arraigados en la cultura que posicionan a la mujer como un objeto o una propiedad desechable con ciertas funciones que se ven inferiores a las del hombre. La realidad indica que las condiciones de discriminaci\u00f3n que sufren las mujeres no siempre son abiertas, expl\u00edcitas, y directas, no porque no est\u00e9n presentes, sino porque hacen parte de din\u00e1micas culturales que se han normalizado\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
530. En relaci\u00f3n con el segundo aspecto, como se precis\u00f3 con antelaci\u00f3n, el marco constitucional proscribe todo tipo de discriminaci\u00f3n por raz\u00f3n del sexo. Por consiguiente, las distinciones que realice el Legislador con fundamento en este elemento constituyen un criterio sospechoso, que, prima facie, se presume inconstitucional, salvo que se trate de medidas que propendan por una igualdad material. En relaci\u00f3n con este aspecto, son especialmente relevantes los precedentes contenidos en las sentencias C-117 de 2018, C-519 de 2019 y C-038 de 2021.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
531. En el primer caso, la Corte Constitucional declar\u00f3 la inexequibilidad de las disposiciones que gravaban con IVA las toallas higi\u00e9nicas y los tampones, al considerar que tales medidas ten\u00edan \u201cun impacto desproporcionado para las mujeres y, en especial, para aquellas de escasos recursos\u201d, ya que, \u201cel uso exclusivo de estos productos se restrinja a las mujeres en edad f\u00e9rtil implica una distinci\u00f3n respecto de las cargas que deben asumir los hombres. As\u00ed, dado a que estos bienes particulares no son de libre escogencia, se trata de la imposici\u00f3n de un tributo a un solo grupo\u201d que no encontraba justificaci\u00f3n constitucional.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
532. En el segundo caso, la Sala Plena declar\u00f3 la inexequibilidad con efectos diferidos de la expresi\u00f3n \u201cseguido del\u201d, contenida en el art\u00edculo 53 del Decreto 1260 de 1970 (subrogado por el art\u00edculo 1 de la Ley 54 de 1989), al evidenciar el desconocimiento del principio de igualdad, como consecuencia del trato discriminatorio que otorgaba a las mujeres, por su condici\u00f3n de tales, ya que la disposici\u00f3n privilegiaba que en el registro civil de nacimiento se inscribiera como primer apellido el del padre\u00a0seguido del\u00a0primero de la madre. En la s\u00edntesis de la decisi\u00f3n, la Sala Plena resalt\u00f3 las siguientes razones que fundamentaron el decisum:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201cEn el caso concreto y en aplicaci\u00f3n de un test estricto de igualdad, la Sala Plena concluy\u00f3 que el trato diferente entre destinatarios iguales que propone el art\u00edculo 1 de la Ley 54 de 1989 es inconstitucional, toda vez que carece de justificaci\u00f3n priorizar el apellido del hombre sobre el de la mujer a la hora de inscribir a sus hijos e hijas en el registro civil. Esa irrazonabilidad de tratamiento dis\u00edmil se sustenta en que la finalidad de la medida establecida para lograr la certeza y la seguridad jur\u00eddica en el registro civil de los hijos e hijas desatiende el principio de necesidad. Lo anterior, en raz\u00f3n de que existen otras alternativas que no entra\u00f1an una discriminaci\u00f3n y que garantizan los fines buscados por el legislador, por ejemplo precisar que todos los hijos de una pareja posean el mismo orden de los apellidos. Adem\u00e1s, ese trato dispar se fundamenta en estereotipos y prejuicios del rol disminuido que deber\u00edan jugar las mujeres en la familia, representaci\u00f3n a todas luces contraria a la Constituci\u00f3n de 1991 y su visi\u00f3n de igualdad sustantiva. || La Sala Plena encuentra que, conforme con la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la Convenci\u00f3n sobre la Eliminaci\u00f3n de Todas las Formas De Discriminaci\u00f3n contra la Mujer \u2013CEDAW\u2013 y la Convenci\u00f3n Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de Belem do Para, el Estado debe remover esos estereotipos, a partir de par\u00e1metros de constitucionalidad que corren en los art\u00edculos 13 y 43 de la Constituci\u00f3n, como tambi\u00e9n en el bloque de constitucionalidad, como aqu\u00ed sea [sic] explicado en las Sentencias C-355 de 2006, C-776 de 2010, C-586 de 2016, C-659 de 2016, entre otras. El juez constitucional tiene vedado avalar visiones que se funden simplemente en la tradici\u00f3n y en estereotipos, porque en el pasado se haya podido invisibilizar pr\u00e1cticas discriminatorias que aparejan tratos desiguales injustificados, entre otros, en relaci\u00f3n con las mujeres. Se trata de eliminar las barreras y las pr\u00e1cticas sociales que impiden la realizaci\u00f3n o reconocimiento de las mujeres\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
533. En la tercera providencia, la Corte Constitucional declar\u00f3 inexequible\u00a0la expresi\u00f3n\u00a0\u201clas mujeres y\u201d\u00a0contenida en el numeral 13 del art\u00edculo 108 del Decreto Ley 2663 de 1950 (C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo), que permit\u00eda al Estado y a los empleadores especificar en los reglamentos de trabajo las actividades que les estaba prohibido realizar a las mujeres, al evidenciar que esta facultad se otorgaba sin otra justificaci\u00f3n distinta que el recurso a un tratamiento fundado en el sexo. En uno de los fundamentos principales de la providencia se se\u00f1ala:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201cEn fin, dejar en manos del Estado o del empleador la posibilidad de que \u2013sin otra justificaci\u00f3n distinta a la de su sexo\u2013, especifique en el reglamento de trabajo las actividades que les est\u00e1 prohibido realizar a las mujeres, desconoce su dignidad. Se insiste, esto implica sustituirlas en el \u00e1mbito de decisi\u00f3n aut\u00f3noma y dejar de considerar que est\u00e1n en condici\u00f3n para resolver de manera libre lo que tienen razones para valorar. Esa circunstancia, no hace m\u00e1s que reproducir en el imaginario social y cultural un referente patriarcal que parte de desconocer que las mujeres pueden evaluar por ellas mismas a qu\u00e9 actividades laborales desean dedicarse, sin que el empleador las suplante en esa decisi\u00f3n existencial.\u00a0Adem\u00e1s,\u00a0vulnera los objetivos de justicia e igualdad en el entorno laboral de las mujeres y desconoce el Pre\u00e1mbulo de la Constituci\u00f3n al traicionar y hacer inocuos los principios que orientan la convivencia estatal que incluye a hombres y mujeres por igual y les garantiza los mismos derechos\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
534. En el presente asunto, el art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal estatuye un tipo penal que recae en las mujeres por su condici\u00f3n de tales, no solo en la medida en que, a diferencia del hombre, ellas son las \u00fanicas \u2013por su constituci\u00f3n biol\u00f3gica\u2013 capaces de gestar, sino, adem\u00e1s, porque el delito exige que sea esta quien \u201ccausare su aborto\u201d o que, con su consentimiento, \u201cpermitiere que otro se lo cause\u201d \u2013de all\u00ed la expresi\u00f3n \u201caborto consentido\u201d o \u201caborto voluntario\u201d, utilizada en la presente sentencia\u2013.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
535. As\u00ed las cosas, la forma en que se regula este tipo penal no solo se fundamenta en un criterio sospechoso de discriminaci\u00f3n, sino que su tipificaci\u00f3n pareciera soportarse en el estereotipo hist\u00f3rico que considera el cuerpo de la mujer desde su utilidad reproductiva. Estos dos elementos son evidentes en la medida en que la disposici\u00f3n expl\u00edcitamente excluye de la tipificaci\u00f3n de la conducta el obrar de los hombres, a pesar de que tambi\u00e9n pueden incidir en la decisi\u00f3n de abortar \u2013como integrantes de la pareja que adopta tal decisi\u00f3n o en la condici\u00f3n de determinadores de la conducta punible\u2013 sino que impl\u00edcitamente los legitima para denunciar a la mujer que realice la conducta o permita que otro la \u201ccause\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
536. La informaci\u00f3n aportada al proceso evidencia que no solo ning\u00fan hombre ha sido condenado por la conducta de aborto consentido, en la condici\u00f3n de determinador, sino que el 40,71% de las denuncias por la conducta de aborto han sido presentadas por hombres. Lo dicho constata que la forma en que actualmente se tipifica el delito agrava la diferencia de g\u00e9nero en que se fundamenta y, por tanto, perpet\u00faa la discriminaci\u00f3n hist\u00f3rica que ha padecido la mujer, que se compadece m\u00e1s con un uso del derecho penal como prima ratio, que con su uso constitucionalmente admisible de ultima ratio.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
537. Es por lo dicho que tiene sentido reiterar la idea, seg\u00fan la cual, \u201clas normas tradicionales del derecho no pueden, ni deben [\u2026] leerse sin enfoques de g\u00e9nero que adecuen la justicia en escenarios tradicionalmente discriminatorios\u201d. En este tipo de asuntos, asumir una lectura de g\u00e9nero y de desigualdad estructural \u2013o de igualdad como integraci\u00f3n o no exclusi\u00f3n\u2013 evita legitimar normas discriminatorias, pero aparentemente razonables. Seg\u00fan lo ha precisado la Sala Plena:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201cLa discriminaci\u00f3n contra la mujer es [\u2026] una de las m\u00e1s insidiosas formas de exclusi\u00f3n y segregaci\u00f3n, pues, a diferencia de otras, originadas tambi\u00e9n en prejuicios, es ciertamente silenciosa, en la medida en que las condiciones y estereotipos que la hacen posible est\u00e1n de tal manera extendidos en los \u00e1mbitos p\u00fablico y privado, que inhiben la capacidad de rechazo de la sociedad o, por lo menos, en la misma intensidad con que se manifiesta contra inequidades que afectan otros grupos, lo que, adem\u00e1s, favorece su continuidad\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
538. Para efectos de lo anterior, es importante resaltar que la penalizaci\u00f3n del aborto con consentimiento se encuentra vigente desde el primer C\u00f3digo Penal de 1837, emitido poco despu\u00e9s de la organizaci\u00f3n de Colombia como rep\u00fablica independiente. Es decir, se regul\u00f3 cuando la representaci\u00f3n de la mujer en las instancias legislativas era nula y desde entonces se ha mantenido en el ordenamiento jur\u00eddico solo con algunas variaciones, como antes se precis\u00f3. Actualmente, salvo casos excepcional\u00edsimos identificados por el juez constitucional, en el ejercicio del ius puniendi estatal se mantiene la pol\u00edtica de someter a la mujer, sin ofrecer alternativas para el ejercicio de sus derechos, a una pena privativa de la libertad si decide no continuar con el proceso de gestaci\u00f3n y calificarla como una delincuente, en un claro ejercicio prima ratio del derecho penal, y que, adem\u00e1s, impacta de manera diferente \u2013evidentemente m\u00e1s desproporcionada\u2013 a las mujeres m\u00e1s vulnerables, como se precis\u00f3 al analizar el cargo relacionado con el presunto desconocimiento del derecho a la igualdad de las mujeres en situaci\u00f3n de vulnerabilidad y en situaci\u00f3n migratoria irregular.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
12.4.4. La cuarta raz\u00f3n tiene que ver con la existencia de mecanismos alternativos menos lesivos para garantizar la protecci\u00f3n gradual e incremental de la vida en gestaci\u00f3n<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
539. La penalizaci\u00f3n del aborto consentido, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo demandado, no es en todos los casos una medida necesaria, ya que existen mecanismos alternativos menos lesivos para garantizar la protecci\u00f3n gradual e incremental de la vida en gestaci\u00f3n y m\u00e1s respetuosos de los derechos a la salud y los derechos reproductivos, la igualdad y la libertad de conciencia, as\u00ed como de la consecuci\u00f3n de los fines de la pena, en particular el de prevenci\u00f3n general. Como lo ha precisado la jurisprudencia constitucional, del car\u00e1cter subsidiario de las sanciones penales se sigue que, de existir \u201cotros medios preventivos igualmente id\u00f3neos, y menos restrictivos de la libertad\u201d, la intervenci\u00f3n penal como \u00fanico mecanismo no encuentra ninguna justificaci\u00f3n si no ofrece alternativas para el ejercicio de los derechos con los cuales entra en tensi\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
540. Dos casos relevantes en los cuales la Corte Constitucional declar\u00f3 la inexequibilidad de tipos penales que no acreditaban la exigencia de necesidad fueron objeto de estudio en las sentencias C-897 de 2005 y C-575 de 2009.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
541. En la primera se declar\u00f3 inconstitucional la disposici\u00f3n que penalizaba la decisi\u00f3n de los asistentes a las audiencias de no cumplir deliberadamente las \u00f3rdenes de jueces y magistrados. La Sala Plena consider\u00f3 que el mismo objetivo perseguido por la norma pod\u00eda ser logrado \u201ca trav\u00e9s de medidas de eficacia semejante y menos lesivas de los derechos de las personas -como las correccionales-\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
542. Por su parte, en la Sentencia C-575 de 2009 la Corte declar\u00f3 inconstitucional la penalizaci\u00f3n del \u201cultraje a emblemas y s\u00edmbolos patrios\u201d (art\u00edculo 461 de la Ley 599 de 2000) despu\u00e9s de considerar que \u201cexisten disposiciones que permiten la misma finalidad, [\u2026] de naturaleza administrativa, que no llevan aparejadas las consecuencias negativas de la condena penal aun cuando la sanci\u00f3n impuesta sea la misma\u201d. Seg\u00fan precis\u00f3 la Sala, \u201cal tratarse de conductas que no comprometen directamente la existencia o la seguridad del Estado sino de comportamientos simb\u00f3licos y puntuales mediante los cuales se expresan diferentes tipos de inconformidad pol\u00edtica, la amenaza de un proceso penal carece de efectos disuasivos, mientras que medidas de tipo policivo, antecedidas de procedimientos \u00e1giles y sin mayores ritualidades, que adem\u00e1s conllevan un reproche social, pueden atender satisfactoriamente este tipo de pr\u00e1cticas\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
543. Las siguientes razones permiten evidenciar que existen alternativas para garantizar, proteger y respetar la finalidad constitucional imperiosa que pretende proteger la disposici\u00f3n que se demanda \u2013la vida en gestaci\u00f3n\u2013 y, adem\u00e1s, menos lesivas de la dignidad, los derechos a la salud y reproductivos, la igualdad y la libertad de conciencia de las mujeres, incluso de los derechos de las parejas a decidir libre y responsablemente el n\u00famero de sus hijos, que acudir al derecho penal como \u00fanica medida de protecci\u00f3n sin consideraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n de garantizar los derechos con los cuales entra en tensi\u00f3n dicha medida. Por tanto, la v\u00eda penal no es la \u00fanica ni puede ser la primera alternativa a la que acuda el Legislador para lograr los fines que persigue la tipificaci\u00f3n de la conducta que se enjuicia. Debe acudir a otras medidas como aquellas que se enuncian y que, entre otras, han sido objeto de un incipiente debate legislativo o han orientado la pr\u00e1ctica internacional para lograr la protecci\u00f3n de la vida en gestaci\u00f3n teniendo en cuenta que se trata de una obligaci\u00f3n gradual e incremental y que se debe ponderar con las dem\u00e1s obligaciones constitucionales de protecci\u00f3n de otros derechos. Asumir opciones alternativas, antes que aquellas de naturaleza exclusivamente penal, resulta de especial relevancia constitucional porque permiten ofrecer una soluci\u00f3n proporcionada con la dignidad y los derechos de las mujeres, en especial de las m\u00e1s vulnerables.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
12.4.4.1. La orientaci\u00f3n legislativa, en el \u00e1mbito nacional, tendiente a regular la problem\u00e1tica social que suscita el aborto consentido<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
544. Ha existido consenso acerca de la relevancia de regular de manera positiva e integral la problem\u00e1tica social que suscita el aborto consentido, que no \u00fanicamente mediante un uso prima ratio del derecho penal, ya que se ha considerado que la v\u00eda penal no es suficientemente id\u00f3nea, ni la \u00fanica, ni la mejor alternativa para proteger los bienes jur\u00eddicos en tensi\u00f3n. En efecto, como antes se precis\u00f3, de un lado, desde 1975 hasta la fecha se han presentado por lo menos 39 proyectos de ley relacionados con esta problem\u00e1tica, especialmente orientados al uso del derecho penal como ultima ratio -y no, como en la actualidad, como medio principal de control social o prima ratio-, relacionadas con la educaci\u00f3n sexual y reproductiva y la planificaci\u00f3n familiar, al igual que alternativas de asistencia social, psicosocial y jur\u00eddica para las mujeres y ni\u00f1as en estado de gestaci\u00f3n. De otro lado, en las discusiones en la Asamblea Nacional Constituyente sobre la libre opci\u00f3n a la maternidad esta garant\u00eda fue objeto de una especial discusi\u00f3n, y si bien la propuesta de regulaci\u00f3n no logr\u00f3 las mayor\u00edas necesarias, puso de presente las aristas fundamentales para una regulaci\u00f3n positiva de la problem\u00e1tica social relevante que supone el aborto voluntario, y no \u00fanicamente a partir de una visi\u00f3n del derecho penal como mecanismo prima ratio para el control social.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
545. En este sentido, en el Congreso de la Rep\u00fablica se han promovido diferentes iniciativas que han perseguido proteger la vida en gestaci\u00f3n sin acudir a las sanciones penales como mecanismo prima ratio. As\u00ed, se encuentran algunas iniciativas relacionadas con la salud y la educaci\u00f3n sexual y reproductiva, las cuales conducen a considerar la vida tras una decisi\u00f3n consciente de su valor e implican igual responsabilidad para hombres y mujeres. En el mismo sentido, otras han promovido la planificaci\u00f3n familiar, al fomentar la pr\u00e1ctica de la vasectom\u00eda como forma de \u201csolidaridad\u201d con las mujeres y la definici\u00f3n responsable de la cantidad de hijos de la pareja, de conformidad con lo dispuesto en el inciso noveno del art\u00edculo 42 de la Constituci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
546. Este tipo de iniciativas son consecuentes con las disposiciones de la Convenci\u00f3n sobre la Eliminaci\u00f3n de Todas las Formas de Discriminaci\u00f3n Contra la Mujer, conforme con la cual los Estados parte se comprometen a que \u201cla educaci\u00f3n familiar incluya una comprensi\u00f3n adecuada de la maternidad como funci\u00f3n social y el reconocimiento de la responsabilidad com\u00fan de hombres y mujeres en cuanto a la educaci\u00f3n y al desarrollo de sus hijos\u201d.<\/p>\n
547. En este sentido, vale recordar que desde el a\u00f1o de 1999 el Comit\u00e9 CEDAW, se\u00f1al\u00f3 que los Estados parte en la convenci\u00f3n deben \u201c[d]ar prioridad a la prevenci\u00f3n del embarazo no deseado mediante la planificaci\u00f3n de la familia y la educaci\u00f3n sexual y reducir las tasas de mortalidad derivada de la maternidad mediante servicios de maternidad sin riesgo y asistencia prenatal\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
548. Por su parte, la Comisi\u00f3n Asesora de Pol\u00edtica Criminal ha se\u00f1alado:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201csi el Estado pretende proteger la vida desde la concepci\u00f3n, deber\u00eda razonablemente optar por adoptar medidas de gran impacto en el objetivo perseguido. Es el caso de las campa\u00f1as de salud para prevenir embarazos no deseados, capacitaci\u00f3n en materia de salud sexual y reproductiva, servicios gratuitos de salud y asesor\u00eda en materia de planificaci\u00f3n familiar como medios para prevenir embarazos no deseados\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
549. La autoridad en cita se\u00f1al\u00f3 que, conforme con la experiencia comparada y los estudios de la realidad colombiana, la educaci\u00f3n sexual y reproductiva es una de las soluciones m\u00e1s efectivas, en la medida en que conduce tanto a evitar embarazos no deseados como a salvaguardar los derechos de las mujeres y las ni\u00f1as si se combina con la despenalizaci\u00f3n del aborto:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201cPor el contrario, la penalizaci\u00f3n severa del aborto, sobre todo cuando no se acompa\u00f1a de campa\u00f1as para prevenir el embarazo no deseado, no evita los abortos y en cambio genera pr\u00e1cticas clandestinas de aborto que afectan la salud de las mujeres, en especial de aquellas m\u00e1s pobres, que son las que sufren m\u00e1s embarazos no deseados y tienen que abortar en las peores condiciones de salubridad\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
550. Si bien, existen pol\u00edticas p\u00fablicas relacionadas con la educaci\u00f3n sexual integral enfocada en las ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes, con \u00e9nfasis en el \u00e1mbito educativo y una Pol\u00edtica Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos formulada en 2014, como se desprende de las recomendaciones internacionales y del concepto de t\u00e9cnicos en la materia \u2013a que seguidamente se hace referencia\u2013, la implementaci\u00f3n de una pol\u00edtica integral y articulada que le permita a las mujeres y ni\u00f1as ejercer sus derechos a la salud sexual y reproductiva exige la articulaci\u00f3n de aquellas con el ejercicio del derecho penal, verdaderamente, como ultima ratio.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
551. En este sentido, al Estado le corresponde m\u00e1s que acudir primariamente a la penalizaci\u00f3n, promover y garantizar una pol\u00edtica con un enfoque de g\u00e9nero y un alcance interseccional, en el sentido que proteja especialmente a quienes est\u00e1n expuestas a m\u00e1s de un factor de vulnerabilidad, como son las mujeres, ni\u00f1as y personas gestantes que habitan el sector rural o comunidades remotas, aquellas en condici\u00f3n de discapacidad, las menores de edad desescolarizadas, aquellas que se encuentran en condici\u00f3n de desplazamiento forzado, refugiadas, migrantes o en situaci\u00f3n de indigencia, aquellas recluidas en instituciones o detenidas, ind\u00edgenas, afro descendientes o miembros de poblaci\u00f3n Rom y aquellas que ya han tenido un embarazo y son cabeza de familia. Al respecto, la Corte Constitucional ha reconocido que la convergencia de factores estructurales de vulnerabilidad repercute en la generaci\u00f3n de riesgos adicionales contra las mujeres y ni\u00f1as, de tal manera que su combinaci\u00f3n crea \u201cuna situaci\u00f3n de naturaleza concreta con cargas de discriminaci\u00f3n mayores por la confluencia de los factores\u201d. En consecuencia, ante la \u201cinterseccionalidad, los Estados est\u00e1n obligados a adoptar medidas diferentes para los distintos grupos poblacionales de mujeres discriminadas\u201d. En estos casos, se trata de mujeres y ni\u00f1as expuestas a m\u00e1s de un factor de discriminaci\u00f3n y, por ende, requieren de medidas especiales como la sistematizaci\u00f3n de soluciones en su beneficio, que articulen medidas pol\u00edticas y legislativas para garantizar, entre otras, su salud reproductiva.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
552. En adici\u00f3n a las medidas de educaci\u00f3n sexual y reproductiva, cabe destacar alternativas como la asistencia social, psicosocial y prestacional en favor de la mujer gestante, lo cual tiene incidencia directa en la vida en formaci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
553. As\u00ed mismo, se pueden resaltar proyectos de ley encaminados a brindar orientaci\u00f3n psicosocial, de forma no presencial, a las mujeres para atender y hacer seguimiento a su salud mental \u201ccon enfoque promocional de calidad de vida\u201d, tendiente a reducir su vulnerabilidad durante el embarazo. Por ejemplo, se ha propuesto brindar atenci\u00f3n telef\u00f3nica, de car\u00e1cter psicosocial y jur\u00eddico, a las mujeres en embarazo para prevenir riesgos, as\u00ed como para \u201cpromocionar, atender integralmente y hacer seguimiento a las intervenciones en salud mental con enfoque promocional de calidad de vida\u201d, de tal forma que reduzcan la vulnerabilidad de aquellas y el abandono de menores. Igualmente, se ha planteado la adopci\u00f3n desde el vientre materno como una alternativa frente al \u201cembarazo no deseado\u201d y la creaci\u00f3n de \u201ccunas de vida para reci\u00e9n nacidos\u201d. Sin que suponga un juicio de constitucionalidad respecto de tales iniciativas, se trata de medidas que buscan el equilibrio de la penalizaci\u00f3n con los derechos de las mujeres y las ni\u00f1as.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
554. Igualmente, se resaltan las iniciativas legislativas relacionadas con la garant\u00eda de la IVE en los casos en los que la Corte Constitucional en la Sentencia C-355 de 2006 consider\u00f3 manifiestamente desproporcionado el ejercicio del derecho penal, y, por tanto, imponer a la mujer el deber de finalizar el embarazo, al tratarse de supuestos relacionados con: (i) peligro para la vida o la salud de la mujer; (ii) grave malformaci\u00f3n del feto que haga inviable su vida y, (iii) cuando el embarazo sea el resultado de una conducta constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminaci\u00f3n artificial o transferencia de \u00f3vulo fecundado no consentidas, o de incesto.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
555. En relaci\u00f3n con estos, se ha propuesto imponer sanciones disciplinarias y administrativas contra la violencia obst\u00e9trica derivada de la dilataci\u00f3n de la pr\u00e1ctica de la IVE en los casos no penalizados y garant\u00edas de acceso a esta pr\u00e1ctica a favor de las v\u00edctimas de violencia sexual, en especial de aquella derivada del conflicto armado. En relaci\u00f3n con esta \u00faltima, una de las pocas iniciativas que ha logrado consolidarse se introdujo en la Ley 1719 de 2014, mediante la cual se dispusieron medidas como el derecho de la mujer embarazada, v\u00edctima de acceso carnal violento con ocasi\u00f3n y en desarrollo del conflicto armado, a ser informada, asesorada y atendida sobre la posibilidad de continuar o interrumpir su embarazo; la \u201cobligaci\u00f3n\u201d de las entidades del Sistema General de Seguridad Social en Salud \u201cde implementar el Protocolo y el Modelo de Atenci\u00f3n Integral en Salud para las V\u00edctimas de Violencia Sexual, que contendr\u00e1 dentro de los procedimientos de interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo la objeci\u00f3n de los m\u00e9dicos y la asesor\u00eda de la mujer en continuar o interrumpir el embarazo\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
556. Finalmente, es preciso hacer referencia a las iniciativas legislativas que han pretendido estipular condiciones de atipicidad del aborto consentido cuando tienen como causa las condiciones sociales y econ\u00f3micas de la mujer, de su pareja o de su familia, tras consulta con personal m\u00e9dico, planteadas con anterioridad a la expedici\u00f3n Sentencia C-355 de 2006.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
12.4.4.2. La orientaci\u00f3n internacional hacia un uso menos intensivo del derecho penal para regular la problem\u00e1tica social, de relevancia constitucional, que supone el aborto voluntario<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
557. En las siguientes l\u00edneas se presentan razones adicionales a las referidas para evidenciar el uso innecesario del derecho penal, ante la existencia de mecanismos alternativos menos lesivos para lograr un est\u00e1ndar an\u00e1logo de protecci\u00f3n para la vida en gestaci\u00f3n, y m\u00e1s respetuosos con los derechos de las mujeres, las ni\u00f1as y las personas gestantes.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
558. Si bien, en el derecho comparado la mayor\u00eda de los modelos de regulaci\u00f3n del aborto consentido se debaten entre el uso m\u00e1s o menos intenso del derecho penal, lo cierto es que existe una tendencia legislativa y jurisprudencial para reducir su utilizaci\u00f3n y avanzar hacia sistemas legales que protejan y garanticen los derechos de las mujeres, las ni\u00f1as y las personas gestantes. En general, se ha transitado hacia la despenalizaci\u00f3n parcial mediante tres tipos de regulaci\u00f3n: el modelo de causales, el modelo de plazos y el sistema mixto, lo que ha supuesto una huida paulatina del derecho penal hacia pol\u00edticas p\u00fablicas que incluyen disposiciones administrativas y sanitarias para la regulaci\u00f3n de esta problem\u00e1tica social, en el marco de los servicios de salud reproductiva. En otras palabras, se ha optado por regulaciones graduales e incrementales que protegen la vida en gestaci\u00f3n, pero al mismo tiempo resultan garantes de los derechos que entran en tensi\u00f3n con dicha garant\u00eda.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
559. En este contexto, es posible afirmar que surge una forma de regular la problem\u00e1tica social que supone el aborto consentido, que combina pol\u00edticas p\u00fablicas administrativas y sanitarias con la despenalizaci\u00f3n total o parcial, que permiten proteger el bien jur\u00eddico que se pretende amparar con la penalizaci\u00f3n \u2013la vida en gestaci\u00f3n\u2013, y que, al mismo tiempo, evita los amplios m\u00e1rgenes de desprotecci\u00f3n para la dignidad y los derechos de la mujer, ampliamente descritos en esta providencia. A continuaci\u00f3n, la Sala dar\u00e1 cuenta de la forma en que este nuevo modelo regulatorio se ha implementado. Como se se\u00f1al\u00f3 supra, se acude al derecho comparado solamente para ilustrar la forma como otros ordenamientos jur\u00eddicos han abordado el tema.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
560. En Canad\u00e1, por ejemplo, como se puso de presente p\u00e1rrafos atr\u00e1s, el aborto consentido dej\u00f3 de ser delito en 1988 con la decisi\u00f3n Morgentaler vs. The Queen. A partir de ese momento, esta problem\u00e1tica social se ha regulado de manera exclusiva por medio de normas sanitarias. Con posterioridad a la citada decisi\u00f3n, la Corte Suprema ha proferido varias providencias que abordan el tema como un problema de salud p\u00fablica; a la par, se han expedido distintas leyes y regulaciones sanitarias que buscan brindar condiciones para la realizaci\u00f3n de abortos seguros. Al ser un asunto de salud p\u00fablica, la realizaci\u00f3n del procedimiento de interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo depende de las capacidades m\u00e9dicas de cada instituci\u00f3n habilitada. Por tanto, dado que el acceso a los servicios y recursos de salud reproductiva no es igual en todo el territorio canadiense, la regulaci\u00f3n territorial se ha fundamentado en las capacidades m\u00e9dicas y t\u00e9cnicas de sus hospitales y cl\u00ednicas. Finalmente, de conformidad con las estad\u00edsticas del Instituto Canadiense para la Informaci\u00f3n en Salud (Canadian Institute for Health Information \u2013 CIHI) m\u00e1s del 90% de los abortos con consentimiento se producen en el primer trimestre del embarazo.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
561. En el caso de Australia, concretamente en el territorio de la capital (Australian Capital Territory), un distrito especial dentro del Estado de Nueva Gales del Sur, el aborto consentido esta\u0301 completamente despenalizado. Este cambio de modelo en la regulaci\u00f3n se dio a partir de comprender la problem\u00e1tica del aborto consentido como un asunto de salud p\u00fablica. Al igual que en el caso de Canad\u00e1, las posibles barreras que pueden subsistir obedecen a que no todas las cl\u00ednicas y hospitales tienen la capacidad para realizar el procedimiento m\u00e1s all\u00e1 de las 15 semanas de gestaci\u00f3n; no obstante, lo que s\u00ed se garantiza es la remisi\u00f3n de la paciente a alguna instituci\u00f3n que dentro del citado territorio pueda prestar el servicio. Seg\u00fan se indica en el mencionado estudio, en una de las investigaciones realizadas se evidenci\u00f3 que el 92% de los abortos voluntarios se efect\u00faa dentro de las primeras 14 semanas de gestaci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
562. En el caso del Estado de Nueva York (Estados Unidos), desde 1970 exist\u00eda una regulaci\u00f3n que permit\u00eda el aborto consentido hasta la semana 24, salvo cuando estuviera en riesgo la vida de la mujer, evento en el que no hab\u00eda l\u00edmites relacionados con la edad gestacional. Posteriormente, con la decisi\u00f3n Roe vs. Wade de 1973 de la Corte Suprema de los Estados Unidos se interpret\u00f3 que se hab\u00eda despenalizado el aborto consentido, e inducido en las primeras 24 semanas, para todos los estados de ese pa\u00eds. Ahora, de manera reciente, en el a\u00f1o 2019, el Estado de Nueva York elimino\u0301 el delito federal de aborto y actualiz\u00f3 su legislaci\u00f3n. Los datos que existen sobre abortos consentidos en el estado de Nueva York son anteriores a la ley de 2019; sin embargo, seg\u00fan el Centro para el Control y la Prevenci\u00f3n de Enfermedades (Center for Disease Control and Prevention), para el a\u00f1o 2019, el 91,4% de los abortos consentidos en el Estado de Nueva York se realizaron antes de la semana 14 de gestaci\u00f3n y solo el 2.2% se realizaron luego de la semana 21.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
563. En el caso de M\u00e9xico, en septiembre de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n, al conocer de una acci\u00f3n de inconstitucionalidad contra algunos art\u00edculos del C\u00f3digo Penal del Estado de Coahuila, declar\u00f3 de manera un\u00e1nime la inconstitucionalidad de la criminalizaci\u00f3n absoluta del aborto; una decisi\u00f3n en la que, tras haber superado m\u00e1s de ocho votos a favor resulta vinculante para todos los jueces y tribunales de la Naci\u00f3n.<\/p>\n
564. Pese a que el texto de la sentencia a\u00fan no se encuentra disponible, de las versiones taquigr\u00e1ficas de las sesiones en las que se adopt\u00f3 la decisi\u00f3n, se evidencia que parte de la discusi\u00f3n estuvo orientada a entender la relaci\u00f3n que tiene el aborto consentido con la salud p\u00fablica en M\u00e9xico. En particular, se destac\u00f3 el impacto que su criminalizaci\u00f3n ten\u00eda en los derechos a la vida, a la integridad personal y a la dignidad de las mujeres, al suprimir totalmente sus derechos y dejarlas sin alternativas para decidir. As\u00ed mismo, se destac\u00f3 el impacto que tuvo la decisi\u00f3n del Tribunal en el a\u00f1o 2007, en la que se despenaliz\u00f3 la interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo durante las primeras 12 semanas de gestaci\u00f3n en la Ciudad de M\u00e9xico, al conducir a que para el a\u00f1o 2021 hubiese disminuido en un 15% la utilizaci\u00f3n de esta intervenci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
565. Los tres primeros casos dan cuenta de modelos de regulaci\u00f3n del aborto con consentimiento que han optado por su despenalizaci\u00f3n total \u2013que no de otras modalidades de aborto, como aquel sin consentimiento de la mujer gestante\u2013; a su vez, en los cuatro modelos se ha hecho evidente la necesidad de una regulaci\u00f3n sanitaria que sustituya un ejercicio prima ratio del derecho penal que persigue a las mujeres, ni\u00f1as y personas gestantes que acceden a un aborto o al personal m\u00e9dico que lo practica.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
566. En otros pa\u00edses donde el aborto est\u00e1 permitido, ya sea bajo un sistema de causales, de plazos, mixto o a solicitud, se han previsto mecanismos para garantizar que la mujer conozca los riesgos y las consecuencias de este procedimiento, as\u00ed como las alternativas a su realizaci\u00f3n. Incluso, como lo indic\u00f3 la organizaci\u00f3n Dejusticia en el concepto t\u00e9cnico presentado en este proceso, algunos Estados han optado por un modelo de \u201casesoramiento\u201d, en el que la gestante debe ser informada sobre las alternativas a la interrupci\u00f3n del embarazo, \u201ccomo medio para conciliar la protecci\u00f3n de la expectativa de vida y la garant\u00eda de los derechos de la mujer\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
567. En Alemania, por ejemplo, est\u00e1 permitida la interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo sin sujeci\u00f3n a causales hasta la semana 12 de gestaci\u00f3n, siempre y cuando la mujer demuestre, mediante un certificado, que recibi\u00f3 asesor\u00eda por parte de una entidad legalmente reconocida para esos efectos, al menos tres d\u00edas antes de la intervenci\u00f3n. De acuerdo con el C\u00f3digo Penal alem\u00e1n, esa asesor\u00eda busca proteger la vida prenatal, animar a la mujer a continuar con el embarazo, abrirle perspectivas para una vida con su hija o hijo y contribuir a que tome una decisi\u00f3n responsable y consciente.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
568. En Italia, el embarazo puede ser interrumpido de manera voluntaria dentro de los primeros 90 d\u00edas de la gestaci\u00f3n, bajo un sistema de causales. Para llevar a cabo el procedimiento, la mujer se debe dirigir, en primer lugar, a un consultorio p\u00fablico, a una estructura socio-sanitaria o a su m\u00e9dico de confianza, quienes le deben brindar informaci\u00f3n dirigida a \u201cremover las causas que la llevar\u00edan a la interrupci\u00f3n del embarazo\u201d, en especial cuando obedezca a sus condiciones econ\u00f3micas, sociales o familiares. Una vez realizada la consulta, y a menos que se acredite que es urgente realizar la intervenci\u00f3n, el m\u00e9dico debe certificar el estado de embrazo y la solicitud de interrumpirlo e invitar a la mujer \u201ca desistir por siete d\u00edas\u201d. Transcurrido ese periodo de \u201creflexi\u00f3n\u201d, la mujer puede acceder a la interrupci\u00f3n del embarazo en las instituciones autorizadas para ello.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
569. En Espa\u00f1a, es posible interrumpir el embarazo dentro de las primeras 14 semanas de gestaci\u00f3n, sin sujeci\u00f3n a causales, siempre y cuando (i) la mujer haya sido informada sobre los derechos, prestaciones y ayudas p\u00fablicas de apoyo a la maternidad y (ii) haya transcurrido un plazo de al menos tres d\u00edas desde que se le suministr\u00f3 dicha informaci\u00f3n. Concretamente, la mujer debe recibir, en un sobre cerrado, informaci\u00f3n sobre (a) las ayudas p\u00fablicas disponibles para las mujeres embarazadas y la cobertura sanitaria durante el embarazo y el parto; (b) los derechos laborales vinculados al embarazo y la maternidad, las prestaciones y ayudas p\u00fablicas para el cuidado y atenci\u00f3n de las hijas e hijos, los beneficios fiscales y dem\u00e1s informaci\u00f3n relevante sobre incentivos y ayudas al nacimiento; (c) datos sobre los centros disponibles para recibir informaci\u00f3n adecuada sobre anticoncepci\u00f3n y sexo seguro y (d) datos sobre los centros en los que pueda recibir voluntariamente asesoramiento antes y despu\u00e9s de la interrupci\u00f3n del embarazo.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
570. En l\u00ednea con lo previsto en legislaciones como la espa\u00f1ola acerca de las prestaciones, ayudas y derechos, a los que es posible acceder en caso de que se desee continuar con el embarazo, algunos pa\u00edses han adoptado regulaciones dirigidas a garantizar la asistencia estatal durante este periodo y durante los primeros a\u00f1os de vida de la hija o hijo, con el fin de garantizar derechos como la salud y la vida en condiciones dignas, tanto de las gestantes como de los menores de edad.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
571. Por ejemplo, a finales de 2020, el Congreso de Argentina aprob\u00f3 la \u201cLey Nacional de Atenci\u00f3n y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia\u201d (Ley 27611 de 2020, tambi\u00e9n conocida como Ley de los 1.000 d\u00edas). Entre otras medidas, prev\u00e9 subvenciones econ\u00f3micas para las gestantes y para quienes tengan a su cargo ni\u00f1as o ni\u00f1os menores de tres a\u00f1os (ya sea por nacimiento o por adopci\u00f3n). Adem\u00e1s, ordena la provisi\u00f3n p\u00fablica y gratuita de insumos esenciales para el embarazo y la primera infancia, como medicamentos, vacunas y alimentos.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
572. En cuanto a las subvenciones, la ley (i) aument\u00f3 de seis a nueve las mensualidades de la asignaci\u00f3n por embarazo que reciben las gestantes a partir de la semana 12 de embarazo; (ii) flexibiliz\u00f3 los requisitos y ampli\u00f3 los beneficiarios de la asignaci\u00f3n por nacimiento de un hijo o hija y (iii) cre\u00f3 la asignaci\u00f3n por cuidado de salud integral, que consiste en el pago anual de una suma de dinero por cada ni\u00f1a o ni\u00f1o menor de tres a\u00f1os que tengan a cargo las personas beneficiarias. De otro lado, dispone que el Estado \u201cdeber\u00e1 implementar la provisi\u00f3n p\u00fablica y gratuita de insumos fundamentales para las mujeres y otras personas gestantes durante el embarazo y para los ni\u00f1os y las ni\u00f1as hasta los tres (3) a\u00f1os\u201d. En particular, se\u00f1ala que se atender\u00e1 la provisi\u00f3n de medicamentos esenciales, vacunas, leche y alimentos para el crecimiento y desarrollo saludable en el embarazo y la ni\u00f1ez.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
573. Por su parte, en junio de 2021, la Comunidad de Madrid (Espa\u00f1a) anunci\u00f3 la puesta en marcha de una \u201cEstrategia de apoyo a la natalidad, protecci\u00f3n a la maternidad y a la conciliaci\u00f3n de la vida familiar, laboral y personal\u201d, que empezar\u00eda a regir en enero de 2022, una vez sea definida y aprobada por el Consejo de Gobierno. De acuerdo con informaci\u00f3n oficial preliminar, dicha estrategia prev\u00e9 una subvenci\u00f3n mensual de 500 euros para \u201clas mujeres gestantes menores de 30 a\u00f1os desde el quinto mes de embarazo y hasta que su hijo cumpla dos a\u00f1os\u201d, que es compatible con el ejercicio de una actividad laboral remunerada. Adem\u00e1s, prev\u00e9 que las mujeres embarazadas de hasta 35 a\u00f1os tengan prioridad en la presentaci\u00f3n de solicitudes de alquiler de vivienda y que todas las madres de la Comunidad de Madrid que est\u00e9n desempleadas, con independencia de su edad, participen en \u201cbolsas de trabajo espec\u00edficas adaptadas a sus necesidades y en planes de formaci\u00f3n con soporte educativo en caso de que quieran completar sus estudios\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
574. As\u00ed las cosas, el dise\u00f1o de pol\u00edticas p\u00fablicas y la regulaci\u00f3n, tanto a nivel legal como de reglamentos administrativos y sanitarios \u2013con un enfoque interseccional, en el sentido de que beneficie especialmente a quienes est\u00e1n expuestas a m\u00e1s de un factor de vulnerabilidad\u2013, son medidas id\u00f3neas para proteger la vida en gestaci\u00f3n y menos lesivas para los derechos de las mujeres, las ni\u00f1as y las personas gestantes. Por tanto, antes que acudir exclusivamente al derecho penal como medio principal de control social, los Estados deben promover medidas relacionadas, entre otras, con la salud y la educaci\u00f3n sexual y reproductivas; la prevenci\u00f3n de embarazos no deseados; la planificaci\u00f3n familiar y la definici\u00f3n responsable del momento para procrear y el n\u00famero de hijas e hijos deseados; la maternidad sin riesgos y asistencia prenatal y las distintas alternativas para mujeres, ni\u00f1as y personas gestantes que se encuentren en conflicto con el embarazo.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
13. Soluci\u00f3n de la tensi\u00f3n constitucional que se evidencia<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
575. En este caso se encuentran en tensi\u00f3n, de un lado, la finalidad constitucional imperiosa que pretende realizar el art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal, conforme al condicionamiento de que fue objeto en la Sentencia C-355 de 2006: proteger la vida en gestaci\u00f3n, mediante la penalizaci\u00f3n del aborto con consentimiento \u2013salvo en los tres supuestos de que trata la citada sentencia\u2013 y, de otro lado, los valores y principios constitucionales a que se hizo referencia al examinar los cargos de la demanda.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
576. Por las razones expuestas en el an\u00e1lisis de cada uno de estos cargos, en la actualidad, a pesar del condicionamiento de que fue objeto en la Sentencia C-355 de 2006, el art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal da lugar a afectaciones intensas en los valores, principios y derechos constitucionales a que se ha hecho referencia. De una parte, porque mantener la penalizaci\u00f3n en la forma actual y sin que dicha medida forme parte de una pol\u00edtica integral, constituye una barrera estructural para acceder a la IVE en las tres causales que actualmente autoriza la disposici\u00f3n demandada. De la otra, porque no contempla ning\u00fan tipo de ponderaci\u00f3n en la soluci\u00f3n de la tensi\u00f3n evidenciada entre el deber de protecci\u00f3n gradual e incremental de la vida en gestaci\u00f3n y los derechos a la salud y reproductivos, a la igualdad y a la libertad de conciencia de las mujeres gestantes. Desconocer esta realidad constitucional supone otorgar una preferencia t\u00e1cita a la finalidad constitucional imperiosa que pretende realizar la disposici\u00f3n demandada, sin valorar estas relevantes afectaciones.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
577. Ahora bien, considerar el caso como una mera comparaci\u00f3n entre valores, principios, derechos e intereses, con la protecci\u00f3n que otorga la disposici\u00f3n demandada al bien jur\u00eddico que pretende proteger \u2013la vida en gestaci\u00f3n\u2013, es simplificar en demas\u00eda la competencia de control constitucional que ejerce la Corte y sacrificar en un alto grado la competencia Legislativa, tan cara al Estado de Derecho.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
578. Por tanto, esta tensi\u00f3n constitucional no es posible resolverla mediante la preferencia de alguna de estas garant\u00edas, porque supondr\u00eda el sacrificio absoluto de la otra. En otros t\u00e9rminos, la preferencia de alguna de ellas genera el sacrificio absoluto de la otra, lo que, sin lugar a duda, resta eficacia material a la Constituci\u00f3n \u2013como un todo\u2013, con independencia de la preferencia.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
579. Si la preferencia le corresponde a la vida en gestaci\u00f3n \u2013y, por tanto, se resuelve declarar la exequibilidad simple de la norma\u2013, se dejan de considerar las importantes razones expuestas al examinar los cargos que en esta providencia se analizan, que evidencian la intensidad en que la actual tipificaci\u00f3n del delito de aborto voluntario \u2013conforme al condicionamiento de que fue objeto en el a\u00f1o 2006\u2013 afecta los valores, principios y derechos constitucionales que cada uno de ellos supone. Si la preferencia se otorga a estos \u00faltimos, por las pot\u00edsimas razones desarrolladas al analizar cada uno de estos cargos \u2013y, por tanto, se resuelve declarar la inexequibilidad con efectos inmediatos de la disposici\u00f3n\u2013, se elimina una medida de protecci\u00f3n que se ha considerado relevante para desincentivar la pr\u00e1ctica del aborto consentido que, en \u00faltimas, frustra la expectativa del nacimiento de un nuevo ser.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
581. En otros t\u00e9rminos, se obtiene un \u00f3ptimo constitucional cuando, en vez de sacrificar completamente uno de los extremos en tensi\u00f3n, se busca una f\u00f3rmula intermedia que, a pesar de sus cesiones rec\u00edprocas, da lugar a un mejor resultado constitucional agregado: que evite los amplios m\u00e1rgenes de desprotecci\u00f3n de las garant\u00edas en que se fundan los cargos analizados y, a su vez, proteja la vida en gestaci\u00f3n sin desconocer tales garant\u00edas.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
582. Esta interpretaci\u00f3n es consecuente con la que de manera reciente adopt\u00f3 la Sala en la Sentencia C-233 de 2021, al analizar la compatibilidad del tipo penal de homicidio por piedad \u2013art\u00edculo 106 de la Ley 599 de 2000, C\u00f3digo Penal\u2013 con la Constituci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
583. Al igual que en esta oportunidad, el caso resuelto en la citada providencia ten\u00eda como antecedente la declaratoria de exequibilidad condicionada de una norma con un contenido normativo semejante al valorado en la Sentencia C-239 de 1997: el art\u00edculo 326 del Decreto Ley 100 de 1980 (anterior C\u00f3digo Penal). En la sentencia de 1997, la Corte declar\u00f3 la exequibilidad condicionada del tipo penal de homicidio por piedad \u2013disposici\u00f3n que, al igual que en el presente caso, protege el derecho a la vida, aunque no en gestaci\u00f3n\u2013, para indicar que no podr\u00eda derivarse responsabilidad penal para el m\u00e9dico autor de la conducta, si concurr\u00eda la voluntad del sujeto pasivo de la misma, siempre y cuando se tratara de \u201cenfermos terminales\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
584. En la reciente sentencia de 2021, la Corte Constitucional ampli\u00f3 el alcance del condicionamiento a que se encontraba sujeto el tipo penal, ya no solo para amparar la situaci\u00f3n de los \u201cenfermos terminales\u201d, sino para quienes padecen \u201cun intenso sufrimiento f\u00edsico o ps\u00edquico, proveniente de lesi\u00f3n corporal o enfermedad grave e incurable\u201d, as\u00ed calificado m\u00e9dicamente. De manera expl\u00edcita, se indic\u00f3:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201cEn criterio de la Sala Plena, es necesario ampliar el precedente establecido, de manera que la autonom\u00eda y la autodeterminaci\u00f3n al momento de la muerte se ejerzan tambi\u00e9n ante enfermedades que no son terminales, pero que son graves e incurables y producen intensos sufrimientos, tal como lo exige el art\u00edculo 106 de la Ley 599 de 2000\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
585. Esta idea se justific\u00f3 en la necesidad de maximizar los derechos, principios y valores constitucionales en tensi\u00f3n, a partir del est\u00e1ndar jurisprudencial definido en el a\u00f1o 1997, a ra\u00edz de la evidencia aportada en el an\u00e1lisis de los cargos propuestos por el demandante, as\u00ed:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201cEn este orden de ideas, la ponderaci\u00f3n realizada en 1997 constituy\u00f3 un hito trascendental en torno al derecho fundamental a la dignidad, en especial, en lo que tiene que ver con la dimensi\u00f3n de autonom\u00eda y autodeterminaci\u00f3n de las personas; as\u00ed como en la comprensi\u00f3n de la vida a partir de una concepci\u00f3n que supera la mera subsistencia y ata\u00f1e a condiciones m\u00ednimas de existencia. || En ese orden de ideas, al observar que el tipo penal de homicidio por piedad exige, desde su configuraci\u00f3n legislativa, un conjunto de condiciones de salud extremas, as\u00ed como una experiencia de sufrimiento intenso, que aseguran que las prestaciones para la muerte digna se dirijan, \u00fanicamente, a personas ante cuyas condiciones la medicina no tiene actualmente respuestas distintas al intento de manejar el dolor intenso, como se explicar\u00e1 con m\u00e1s detalle en los p\u00e1rrafos siguientes, en criterio de la Sala la exigencia adicional de un pron\u00f3stico de muerte pr\u00f3xima (o\u00a0enfermedad en fase terminal)\u00a0no contribuye a maximizar la autonom\u00eda y la auto determinaci\u00f3n y, en cambio, s\u00ed puede imponer la continuaci\u00f3n de la vida en condiciones que la persona considera indignas o humillantes\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
586. Seg\u00fan se indica en la citada sentencia, la ampliaci\u00f3n del alcance del condicionamiento a que se encontraba sujeto el tipo penal se justific\u00f3, en especial, en la siguiente idea que recapitula los fundamentos de la decisi\u00f3n:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201cEn vista del d\u00e9ficit de protecci\u00f3n se\u00f1alado y con el objeto de optimizar los derechos fundamentales en juego, la Sala reiter\u00f3 que la Constituci\u00f3n no privilegia ning\u00fan modelo de vida y, en cambio, s\u00ed asume un serio compromiso con la autonom\u00eda y el libre desarrollo de la personalidad que implica contar con la opci\u00f3n libre de elegir un modo de muerte digna. En ese sentido, precis\u00f3, la dignidad humana protege al sujeto que se encuentra en circunstancias de salud que le producen intensos sufrimientos de la degradaci\u00f3n f\u00edsica o moral, o de una exposici\u00f3n prolongada e indefinida a una condici\u00f3n de salud que considera cruel, dada la intensidad del dolor y el sufrimiento\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
587. Por las razones citadas, la Sala propondr\u00e1 una f\u00f3rmula que, a diferencia de restar protecci\u00f3n constitucional \u2013por el resultado que se seguir\u00eda de otorgar preferencia a alguno de los extremos en tensi\u00f3n a que se ha hecho referencia\u2013, logre una mayor realizaci\u00f3n de la totalidad de valores que se involucran, a partir de la idea regulativa de evitar los amplios m\u00e1rgenes de desprotecci\u00f3n para las garant\u00edas de que tratan los cargos que decide la Corte en esta oportunidad y, a su vez, proteja en forma gradual e incremental la vida en gestaci\u00f3n. Esta f\u00f3rmula u \u00f3ptimo constitucional, en el actual contexto normativo en que se inserta la disposici\u00f3n demandada, se integra de tres elementos:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
588. El primero, constituido por las tres \u201chip\u00f3tesis extremas de afectaci\u00f3n de [la] dignidad\u201d de la mujer evidenciadas por la Corte en la Sentencia C-355 de 2006.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
589. El segundo, constituido por el concepto de \u201cautonom\u00eda\u201d, que permite la maximizaci\u00f3n abstracta de los bienes en tensi\u00f3n, pues se refiere al momento en el que es posible evidenciar que se rompe la dependencia de la vida en formaci\u00f3n de la persona gestante, lo que justifica su protecci\u00f3n reforzada por el derecho penal en el actual contexto normativo.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
590. El tercero, que promueve el di\u00e1logo en las instancias de representaci\u00f3n democr\u00e1tica, para que, en atenci\u00f3n al condicionamiento de la disposici\u00f3n examinada, formulen e implementen una pol\u00edtica p\u00fablica integral que evite los amplios m\u00e1rgenes de desprotecci\u00f3n para la dignidad y los derechos de las mujeres gestantes, profusamente descritos en esta providencia, y, a su vez, proteja en forma gradual e incremental la vida en gestaci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
591. La decisi\u00f3n de la Corte parte del supuesto de la competencia del Legislador para adoptar una regulaci\u00f3n integral orientada a proteger de manera eficaz los bienes jur\u00eddicos en tensi\u00f3n, pues esta decisi\u00f3n se adopta teniendo en cuenta el actual contexto normativo en que se inserta la disposici\u00f3n demandada, el cual resultar\u00eda modificado por el Legislador al adoptar la pol\u00edtica integral a la que lo exhorta la Corte.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
13.1. El primer elemento o punto de partida de este \u00f3ptimo constitucional es la Sentencia C-355 de 2006<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201cDeclarar EXEQUIBLE el art\u00edculo 122 de la Ley 599 de 2000, en el entendido que no se incurre en delito de aborto, cuando con la voluntad de la mujer, la interrupci\u00f3n del embarazo se produzca en los siguientes casos: (i) Cuando la continuaci\u00f3n del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada por un m\u00e9dico; (ii) Cuando exista grave malformaci\u00f3n del feto que haga inviable su vida, certificada por un m\u00e9dico; y, (iii) Cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminaci\u00f3n artificial o transferencia de \u00f3vulo fecundado no consentidas, o de incesto\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
593. Este est\u00e1ndar debe integrar el \u00f3ptimo constitucional, ya que fue estatuido por la jurisprudencia a partir de la idea de que estos supuestos constituyen las \u201chip\u00f3tesis extremas de afectaci\u00f3n de [la] dignidad\u201d de la mujer.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
594. Es importante resaltar que una de las razones \u2013no determinantes\u2013 de la citada decisi\u00f3n fue la ausencia de intervenci\u00f3n legislativa activa en la regulaci\u00f3n de la problem\u00e1tica social que supone el aborto voluntario luego de quince a\u00f1os de haberse expedido la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991. Por tal raz\u00f3n, la Corte:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201cse limit\u00f3 a se\u00f1alar las tres hip\u00f3tesis extremas violatorias de la Constituci\u00f3n, en las que, con la voluntad de la mujer y previo el cumplimiento del requisito pertinente, se produce la interrupci\u00f3n del embarazo. Sin embargo, adem\u00e1s de estas hip\u00f3tesis, el legislador puede prever otras en las cuales la pol\u00edtica p\u00fablica frente al aborto no pase por la sanci\u00f3n penal, atendiendo a las circunstancias en las cuales \u00e9ste es practicado, as\u00ed como a la educaci\u00f3n de la sociedad y a los objetivos de la pol\u00edtica de salud p\u00fablica\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
595. En relaci\u00f3n con este aspecto, la Corte precis\u00f3 que \u201cse podr\u00eda discutir si la naturaleza de estas medidas de protecci\u00f3n de la vida en gestaci\u00f3n han de ser de car\u00e1cter penal o si ser\u00edan m\u00e1s efectivas previsiones de otro tipo como pol\u00edticas sociales o de \u00edndole prestacional que aseguren la vida que est\u00e1 en proceso de gestaci\u00f3n mediante la garant\u00eda de cuidados m\u00e9dicos, alimentaci\u00f3n o de ingresos de la mujer embarazada\u201d. Seg\u00fan indic\u00f3 la Sala, la definici\u00f3n de este tipo de medidas le corresponde en primer lugar al Legislador, de all\u00ed que sea este el que deba \u201cdecidir entre el universo de medidas posibles aquellas m\u00e1s adecuadas para proteger los bienes jur\u00eddicos de relevancia constitucional y su decisi\u00f3n, en principio, s\u00f3lo podr\u00e1 ser objeto de control cuando resulte manifiestamente desproporcionada o irrazonable\u201d. De manera amplia, precis\u00f3:<\/p>\n
<\/p>\n
\u201cEn efecto, no corresponde al juez constitucional determinar el car\u00e1cter o la naturaleza de las medidas de protecci\u00f3n que debe adoptar el legislador para proteger un bien jur\u00eddico concreto; se trata de una decisi\u00f3n eminentemente pol\u00edtica reservada al poder que cuenta con legitimidad democr\u00e1tica para adoptar este tipo de medidas, siendo la intervenci\u00f3n del juez constitucional a posteriori y exclusivamente para analizar si la decisi\u00f3n adoptada por el legislador no excede los l\u00edmites de su potestad de configuraci\u00f3n\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
596. Desde la expedici\u00f3n de la sentencia en cita han transcurrido quince a\u00f1os de omisi\u00f3n legislativa en la regulaci\u00f3n integral de esta problem\u00e1tica compleja y de relevancia constitucional que supone el aborto consentido, raz\u00f3n por la que en esta oportunidad se hace un nuevo llamado al Congreso para que ejerza su competencia dentro del margen de configuraci\u00f3n que le confiere la Constituci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
597. Este punto de partida, adem\u00e1s, se justifica en el alcance particular de las sentencias moduladas, en particular las integradoras aditivas, como la C-355 de 2006. Este tipo de providencias establecen una relaci\u00f3n intr\u00ednseca con la norma objeto de control, pues el pronunciamiento en cuesti\u00f3n pasa a ser parte de su contenido prescriptivo \u2013esto es, integra el contenido de la disposici\u00f3n\u2013. As\u00ed, cuando el fallo conlleva la exclusi\u00f3n de determinadas opciones o consecuencias, de acuerdo con el art\u00edculo 243 superior, ello implica que en relaci\u00f3n con estas \u201cninguna autoridad podr\u00e1 reproducir el contenido material del acto jur\u00eddico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontaci\u00f3n entre la norma ordinaria y la Constituci\u00f3n\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
598. En este sentido, cuando en el a\u00f1o 2006 la Corte se pronunci\u00f3 sobre el delito de aborto voluntario, excluy\u00f3 la posibilidad de castigar penalmente a las mujeres que deseen interrumpir su gestaci\u00f3n estando en cualquiera de las tres causales determinadas en dicho pronunciamiento, de suerte que ninguna autoridad puede restablecer la sanci\u00f3n respecto de los supuestos introducidos por el fallo en menci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
599. Por tanto, respecto de tal est\u00e1ndar, en los t\u00e9rminos del citado art\u00edculo constitucional, no es posible que ninguna otra autoridad \u2013cualquiera que sea, legislativa, administrativa o judicial\u2013 reproduzca el contenido material del acto jur\u00eddico incompatible con la Constituci\u00f3n. En todo caso, de que esto sea as\u00ed no se sigue que esta Corporaci\u00f3n no pueda pronunciarse de fondo acerca de otros aspectos de la disposici\u00f3n que contin\u00faan generando una tensi\u00f3n constitucional relevante, como lo evidencia el estudio que se realiz\u00f3 respecto de los cargos examinados en esta oportunidad.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
600. Ahora bien, dado este punto de partida en el contexto normativo del que forma parte la disposici\u00f3n demandada, pueden ser dos los elementos que complementen el \u00f3ptimo constitucional, mediante una intervenci\u00f3n adicional de la Corte en dicha disposici\u00f3n: (i) la definici\u00f3n de un sistema de plazos para que la pr\u00e1ctica del aborto consentido no sea considerada una conducta t\u00edpica, o (ii) una regulaci\u00f3n de pol\u00edtica p\u00fablica que contemple medidas relacionadas, entre otras, con la salud y la educaci\u00f3n sexual y reproductivas; la prevenci\u00f3n de embarazos no deseados; la planificaci\u00f3n familiar y la definici\u00f3n responsable del momento para procrear y el n\u00famero de hijos deseado; la maternidad sin riesgos, la asistencia prenatal y las distintas alternativas para mujeres, ni\u00f1as y personas gestantes que se encuentren en conflicto con el embarazo, ampliamente referidas a lo largo de esta providencia y muchas de ellas contempladas en decenas de proyectos legislativos sobre la materia presentados desde 1975.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
601. Ambas corresponden a alternativas que consideran constitucionalmente relevantes los argumentos de los cuatro cargos analizados y que, por tanto, pretenden un mejor equilibrio que el actual arreglo institucional definido por el art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal \u2013incluido el condicionamiento de que fue objeto en la Sentencia C-355 de 2006\u2013.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
602. La primera alternativa permite resolver de una manera m\u00e1s adecuada la tensi\u00f3n constitucional abstracta que se presenta en el actual contexto normativo en el que se inserta la disposici\u00f3n demandada, como se precisa seguidamente, y que fundamenta la declaratoria de exequibilidad condicionada de la disposici\u00f3n demandada.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
603. La segunda alternativa permite justificar el exhorto que se hace en la parte resolutiva al Legislativo y al Gobierno nacional, teniendo en cuenta, como lo precis\u00f3 la Corte en la Sentencia C-355 de 2006, que la definici\u00f3n de este tipo de medios le corresponde en primer lugar al Legislador, de all\u00ed que sea este el que deba \u201cdecidir entre el universo de medidas posibles aquellas m\u00e1s adecuadas para proteger los bienes jur\u00eddicos de relevancia constitucional y su decisi\u00f3n, en principio, s\u00f3lo podr\u00e1 ser objeto de control cuando resulte manifiestamente desproporcionada o irrazonable\u201d. Sobre el particular agreg\u00f3 la Corte en la precitada decisi\u00f3n:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201csi el legislador decide adoptar disposiciones de car\u00e1cter penal para proteger determinados bienes constitucionalmente relevantes, debido a la gravedad de este tipo de medidas y a su potencialidad restrictiva de la dignidad humana y de la libertad individual, su margen de configuraci\u00f3n es m\u00e1s limitado. En el caso del aborto se trata sin duda de una decisi\u00f3n en extremo compleja porque este tipo penal enfrenta diversos derechos, principios y valores constitucionales, todos los cuales tienen relevancia constitucional, por lo que definir cu\u00e1l debe prevalecer y en qu\u00e9 medida, supone una decisi\u00f3n de hondas repercusiones sociales, que puede variar a medida que la sociedad avanza y que las pol\u00edticas p\u00fablicas cambian, por lo que el legislador puede modificar sus decisiones al respecto y es el organismo constitucional llamado a configurar la respuesta del Estado ante la tensi\u00f3n de derechos, principios y valores constitucionales. || Por una parte est\u00e1n diversos derechos, principios y valores constitucionales en cabeza de la mujer gestante, a los cuales se hizo extensa alusi\u00f3n en ac\u00e1pites anteriores, tales como la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la salud, e incluso su integridad y su propia vida, cada uno con sus contenidos espec\u00edficos; por el otro, la vida en gestaci\u00f3n como un bien de relevancia constitucional que debe ser protegido por el legislador\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
13.2. El segundo elemento que integra la f\u00f3rmula de decisi\u00f3n del caso comprende la declaratoria de exequibilidad condicionada de la disposici\u00f3n, a partir del concepto de \u201cautonom\u00eda\u201d<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
605. El segundo elemento que integra el \u00f3ptimo constitucional tiene que ver con la elecci\u00f3n de un concepto normativo que permita maximizar los bienes jur\u00eddicos en tensi\u00f3n durante las distintas etapas del periodo de gestaci\u00f3n. A diferencia de la elecci\u00f3n legislativa para resolver este tipo de tensiones, que es mucho m\u00e1s amplia, la del juez constitucional es m\u00e1s restrictiva, ya que su decisi\u00f3n no puede fundamentarse en razones de conveniencia u oportunidad, sino en razones jur\u00eddicas, de all\u00ed que deba acudir, en el presente caso, a un concepto normativo que permita resolver, en el actual contexto normativo, la tensi\u00f3n a que se hace referencia. Ahora bien, en el sistema de plazos, son esencialmente dos los conceptos normativos, con relevancia constitucional, que les sirven de fundamento a modelos alternativos para resolver la tensi\u00f3n entre los bienes jur\u00eddicos a que se ha hecho referencia:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
606. (i) El concepto de existencia, que se asocia con el momento en el que inicia la vida, que puede tener como fundamento las nociones de \u201cfecundaci\u00f3n\u201d \u2013momento de la fusi\u00f3n del \u00f3vulo y del espermatozoide\u2013, \u201cconcepci\u00f3n\u201d \u2013momento en el que se forma el cigoto, proceso que, se estima, culmina en las 23 horas siguientes a la fecundaci\u00f3n\u2013 e \u201cimplantaci\u00f3n\u201d o \u201canidaci\u00f3n\u201d \u2013proceso en el que el cigoto avanza por las trompas, \u00a0penetra en el \u00fatero y se implanta all\u00ed, que puede durar alrededor de 14 d\u00edas posteriores a la fecundaci\u00f3n\u2013.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
607. (ii) El concepto de autonom\u00eda, que se asocia con el momento a partir del cual es posible considerar que se rompe la dependencia de la vida en formaci\u00f3n respecto de la persona gestante, esto es, cuando se acredita una mayor probabilidad de vida aut\u00f3noma extrauterina (cercana a un 50%), circunstancia que se ha evidenciado con mayor certeza a partir de la semana 24 de gestaci\u00f3n, que corresponde al estado m\u00e1s avanzado del desarrollo embrionario.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
608. Para la Sala, el concepto que en el actual contexto normativo permite un \u00f3ptimo constitucional para resolver la tensi\u00f3n a que se ha hecho referencia es el de autonom\u00eda, que corresponde al momento en el que existe una mayor probabilidad de vida aut\u00f3noma extrauterina del feto. Adem\u00e1s, es el concepto que mejor se corresponde con la idea de la protecci\u00f3n gradual e incremental de la vida en gestaci\u00f3n, a que se hizo referencia.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
609. En efecto, despenalizar totalmente el aborto con consentimiento en el actual contexto normativo, sin que existan medidas alternativas de protecci\u00f3n de la vida en gestaci\u00f3n, colocar\u00eda al Estado colombiano en situaci\u00f3n de incumplimiento de su obligaci\u00f3n constitucional e internacional de adoptar medidas con dicha finalidad. A ello se suma el hecho, puesto de presente en la jurisprudencia de revisi\u00f3n de tutelas citada en esta providencia, de que las barreras actualmente existentes impiden la pr\u00e1ctica en las primeras semanas de la IVE en las tres causales previstas en la Sentencia C-355 de 2006, raz\u00f3n por la que despenalizar s\u00f3lo hasta las primeras semanas, sin garant\u00edas para el ejercicio de los derechos de las mujeres gestantes, no permitir\u00eda resolver en las condiciones actuales la tensi\u00f3n constitucional a que se ha hecho referencia.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
610. Este t\u00e9rmino tambi\u00e9n es consecuente con la informaci\u00f3n aportada al proceso de constitucionalidad, ampliamente referida, seg\u00fan la cual la pr\u00e1ctica de abortos consentidos tiene menor incidencia porcentual en ese momento, lo que supone, por tanto, una mayor protecci\u00f3n in genere de la vida en gestaci\u00f3n, incluso por la v\u00eda penal. En este sentido, seg\u00fan precisa Profamilia en el concepto t\u00e9cnico aportado al proceso, a partir de datos comparados, la mayor\u00eda de los abortos se practican en el primer trimestre. Este dato comparado lo contrasta con datos propios, as\u00ed:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201cEn Profamilia, del total de abortos practicados entre 2017 y 2019, el 93,77% correspondieron al primer trimestre, el 4,47% al segundo trimestre, y tan solo el 1,75% fueron en el \u00faltimo trimestres [sic], estos \u00faltimos, como consecuencia de m\u00faltiples barreras y circunstancias socioecon\u00f3micas que dificultan el acceso temprano para estas mujeres\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
611. El otro concepto, el de existencia, no permite un \u00f3ptimo constitucional, dado que no otorga una adecuada relevancia a las razones que fundamentan los cargos de inconstitucionalidad que fueron ampliamente analizados. Adem\u00e1s, le es propio un problema de indefinici\u00f3n, de car\u00e1cter moral, filos\u00f3fico o \u00e9tico, acerca de en qu\u00e9 momento inicia la vida, aspecto que escapa a la competencia de esta Corte. Igualmente, en cualquiera de los supuestos que le sirven de fundamento, es el m\u00e1s restrictivo, no solo por la inminencia del tiempo para su configuraci\u00f3n, sino por la menor posibilidad de que la persona gestante conozca su estado, as\u00ed como que en las citadas etapas de gestaci\u00f3n se presenta el mayor porcentaje de abortos espont\u00e1neos y no tiene ninguna injerencia la voluntad, lo que restringe de manera intensa la posibilidad de tomar decisiones aut\u00f3nomas antes de dicho momento.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
612. Dada la relevancia del concepto de autonom\u00eda, que se asocia con la capacidad de vida extrauterina, la Sala ampliar\u00e1 las razones expuestas y, para los citados efectos, har\u00e1 referencia (i) a este concepto en la jurisprudencia constitucional, (ii) a la viabilidad fetal como uno de los criterios relevantes en dos casos emblem\u00e1ticos de la Corte Suprema de Estados Unidos y (iii) a la relaci\u00f3n de algunas legislaciones que restringen el aborto cuando el feto es \u201cviable\u201d o, en otros t\u00e9rminos, cuando es probable su existencia aut\u00f3noma, esto es, con independencia de la persona gestante. Estas razones adicionales evidencian que el concepto de autonom\u00eda, de vida aut\u00f3noma extrauterina o de viabilidad no es extra\u00f1o al lenguaje de este tribunal, como tampoco de la jurisprudencia y normativa comparada.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
613. Hasta el momento, la jurisprudencia constitucional colombiana no ha abordado a profundidad el concepto de autonom\u00eda o viabilidad fetal como criterio para determinar la validez constitucional de la penalizaci\u00f3n del aborto consentido ni, mucho menos, ha se\u00f1alado a partir de qu\u00e9 etapa gestacional es posible considerar que la vida extrauterina es viable.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
614. En la Sentencia C-133 de 1994, que declar\u00f3 exequible el art\u00edculo 343 del Decreto 100 de 1980 (C\u00f3digo Penal), que tipificaba el aborto consentido, la Corte sostuvo que la Constituci\u00f3n protege la vida desde la gestaci\u00f3n, pues este proceso \u201ces condici\u00f3n necesaria para la vida independiente del ser humano fuera del vientre de la madre\u201d. Adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que la concepci\u00f3n \u201cgenera un tercer ser que existencialmente es diferente de la madre, y cuyo desarrollo y perfeccionamiento para adquirir viabilidad de vida independiente, concretada con el nacimiento, no puede quedar al arbitrio de la libre decisi\u00f3n de la embarazada\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
615. La Sentencia C-355 de 2006, que revalu\u00f3 la tesis expuesta en la Sentencia C-133 de 1994 y consider\u00f3 que no era t\u00edpica la interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo en tres circunstancias excepcionales, se refiri\u00f3 al concepto de viabilidad para hacer referencia a uno de los supuestos que consider\u00f3 at\u00edpicos de la conducta del aborto voluntario: \u201cCuando exista grave malformaci\u00f3n del feto que haga inviable su vida, certificada por un m\u00e9dico\u201d. Al respecto, se\u00f1al\u00f3 que, en tales casos, el deber estatal de proteger la vida del nasciturus pierde peso, \u201cpor estarse ante la situaci\u00f3n de una vida inviable\u201d, y agreg\u00f3 que obligar a una mujer a llevar a t\u00e9rmino un embarazo de esta naturaleza significa someterla a tratos crueles, inhumanos y degradantes.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
616. Al proferir la Sentencia SU-096 de 2018, que analiz\u00f3 el caso de una mujer que solicit\u00f3 la interrupci\u00f3n de su embarazo por graves malformaciones del feto incompatibles con la vida, la Corte recogi\u00f3 algunos conceptos cient\u00edficos y acad\u00e9micos relacionados con la probabilidad de vida aut\u00f3noma extrauterina aportados por la Federaci\u00f3n Colombiana de Obstetricia y Ginecolog\u00eda, la Sociedad de Cirug\u00eda de Bogot\u00e1, la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad Nacional de Colombia.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
617. En esa oportunidad, la Federaci\u00f3n Colombiana de Obstetricia y Ginecolog\u00eda sostuvo que la viabilidad del feto depende de la tecnolog\u00eda disponible para asistirlo de forma artificial con el fin de llevarlo a un punto en el que su vida pueda ser verdaderamente aut\u00f3noma. No obstante, indic\u00f3 que el Colegio Real de Ginecolog\u00eda y Obstetricia del Reino Unido \u201csostiene que hay consenso internacional sobre la ausencia de esperanza de vida extrauterina a las 22 semanas y que las 22 semanas 6 d\u00edas se considera el l\u00edmite de la viabilidad extrauterina humanada con condiciones de m\u00e1ximo soporte tecnol\u00f3gico\u201d. A pesar de ello, agreg\u00f3, \u201cla incidencia de secuelas severas para los sobrevivientes que han nacido en esta edad gestacional es muy alta: al menos una secuela mayor en 66% de los nacidos entre las 22 y 23 semanas\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
618. La Sociedad de Cirug\u00eda de Bogot\u00e1, por su parte, se\u00f1al\u00f3 que la viabilidad del feto se alcanza \u201ca partir de 24 a 26 semanas\u201d, y a\u00f1adi\u00f3 que por encima de las 24 semanas de gestaci\u00f3n ser\u00eda obligatorio realizar un feticidio para interrumpir el embarazo, pues dicho t\u00e9rmino \u201ccorresponde al l\u00edmite de la viabilidad fetal\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
619. La Pontificia Universidad Javeriana, a su turno, explic\u00f3 que un neonato apto para realizar la transici\u00f3n de la vida fetal a la vida extrauterina es \u201caquel que tiene 37 semanas o m\u00e1s de gestaci\u00f3n (esto es contando desde el primer d\u00eda de la \u00faltima regla) y\/o 2500 gramos de peso\u201d. En contraste, la Universidad Nacional de Colombia sostuvo que \u201cla definici\u00f3n de feto viable se considera a partir de la semana 24 en pa\u00edses desarrollados y en Colombia dependiendo de la instituci\u00f3n adoptan la definici\u00f3n internacional o en consenso de expertos que es de 26 semanas o 650 gramos de peso\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
620. Incluso, en uno de los salvamentos de voto respecto de la precitada sentencia se advirti\u00f3 que la Corte al no haber fijado l\u00edmites temporales para la pr\u00e1ctica de la IVE incurri\u00f3 en un \u201cvac\u00edo de protecci\u00f3n respecto de las vidas aut\u00f3nomas y viables a partir de la semana 24 de gestaci\u00f3n\u201d. En ese sentido, se explic\u00f3 que, en el estado actual de la ciencia, existe consenso en que \u201ca partir de la semana 24 de gestaci\u00f3n el feto tiene el desarrollo suficiente para lograr su viabilidad aut\u00f3noma\u201d. Despu\u00e9s de este periodo, se agreg\u00f3, si bien la gestaci\u00f3n es importante para el desarrollo del feto, \u201cno es indispensable para su supervivencia\u201d. Por lo tanto, concluy\u00f3 que la Corte \u201cdebi\u00f3 reconocer que a partir de la semana 24 de gestaci\u00f3n en que la viabilidad aut\u00f3noma de un ser humano permite al nasciturus no depender de la persona gestante, la vida e integridad de ese ser humano aut\u00f3nomo es ampliamente protegida constitucionalmente\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
13.2.2. La viabilidad fetal como uno de los criterios relevantes en dos casos emblem\u00e1ticos de la Corte Suprema de Estados Unidos<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
621. El concepto de viabilidad fetal fue relevante en los casos Roe vs. Wade y Planned Parenthood vs. Casey, decididos por la Corte Suprema de Estados Unidos el 22 de enero de 1973 y el 29 de junio de 1992, respectivamente.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
622. En Roe vs. Wade, el alto tribunal se\u00f1al\u00f3 que la viabilidad del feto \u201cgeneralmente se ubica alrededor de los siete meses (28 semanas), pero puede ocurrir antes, incluso a las 24 semanas\u201d. En ese sentido, concluy\u00f3 que:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201c(a) Para la etapa anterior a aproximadamente el final del primer trimestre [de gestaci\u00f3n], la decisi\u00f3n del aborto y su realizaci\u00f3n debe quedar al criterio del m\u00e9dico tratante de la gestante. || (b) Para la etapa posterior a aproximadamente el final del primer trimestre [de gestaci\u00f3n], el Estado, para promover su inter\u00e9s en la salud de la mujer, puede, si lo desea, regular el procedimiento de aborto de maneras que est\u00e9n razonablemente relacionadas con la salud materna. || (c) Para la etapa posterior a la viabilidad, el Estado, para promover su inter\u00e9s en la potencialidad de la vida humana, puede, si as\u00ed lo desea, reglamentar e incluso prohibir el aborto, excepto cuando sea necesario, seg\u00fan un apropiado criterio m\u00e9dico, para la preservaci\u00f3n de la vida o la salud de la mujer\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
623. En Planned Parenthood vs. Casey, el alto tribunal reiter\u00f3 los fundamentos esenciales del caso Roe vs. Wade, y en cuanto al concepto de viabilidad se\u00f1al\u00f3:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201cHay que decir desde un principio y con claridad que la regla jurisprudencial de Roe, que reafirmamos, consta de tres partes. La primera es un reconocimiento del derecho de la mujer a optar por un aborto antes de la viabilidad [del feto] y a obtenerlo sin la injerencia indebida del Estado. Antes de la viabilidad, los intereses del Estado no son lo suficientemente fuertes como para apoyar una prohibici\u00f3n del aborto o la imposici\u00f3n de un obst\u00e1culo sustancial al derecho efectivo de la mujer a optar por ese procedimiento. La segunda es una confirmaci\u00f3n del poder del Estado de restringir los abortos despu\u00e9s de la viabilidad fetal, si la ley contiene excepciones para los embarazos que ponen en peligro la vida o la salud de la mujer. Y la tercera es el principio de que desde el inicio del embarazo el Estado tiene intereses leg\u00edtimos en proteger la salud de la mujer y la vida del feto que puede llegar a ser una nueva vida. Estos principios no se contradicen entre s\u00ed; y nos adherimos a cada uno de ellos\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
13.2.3. Algunas legislaciones que restringen el aborto consentido a partir de las nociones de \u201cviabilidad\u201d o \u201cautonom\u00eda\u201d<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
624. Las legislaciones de varios Estados, incluso las m\u00e1s flexibles, restringen la interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo cuando la gestaci\u00f3n se encuentra en una etapa avanzada y, en general, se considera que la vida extrauterina es viable (esto es, entre las 20 y 24 semanas de gestaci\u00f3n).<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
625. En Holanda, est\u00e1 permitido practicar un aborto, con el consentimiento de la mujer, hasta la semana 24 de gestaci\u00f3n. Con posterioridad a este l\u00edmite temporal, solo es posible interrumpir el embarazo por razones m\u00e9dicas, entre ellas, la inviabilidad del feto por fuera del vientre materno. En tal caso, el m\u00e9dico debe observar criterios de debido cuidado para la interrupci\u00f3n tard\u00eda del embarazo.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
626. En Australia, la legislaci\u00f3n del Estado de Victoria permite que un m\u00e9dico registrado practique un aborto hasta la semana 24 de gestaci\u00f3n. Para interrumpir el embarazo m\u00e1s all\u00e1 de ese l\u00edmite temporal, es necesario que el m\u00e9dico crea razonablemente que dicho procedimiento es apropiado y haya consultado al menos a otro m\u00e9dico que tenga la misma opini\u00f3n. Para ello, es necesario tener en cuenta todas las circunstancias m\u00e9dicas que sean relevantes, as\u00ed como las circunstancias f\u00edsicas, sicol\u00f3gicas y sociales actuales y futuras de la mujer embarazada.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
627. El Estado de Nueva York (Estados Unidos) elimin\u00f3 de su legislaci\u00f3n el delito de aborto, el 22 de enero de 2019. Desde entonces, ninguna persona puede ser perseguida penalmente por la interrupci\u00f3n consentida de un embarazo, incluso despu\u00e9s de la semana 24 de gestaci\u00f3n. No obstante, el aborto practicado con posterioridad a dicho periodo se considera ilegal, a menos que sea necesario para preservar la vida o la salud de la mujer embarazada o el feto no sea viable.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
629. En Alemania, no es delito que una mujer interrumpa su embarazo hasta la semana 22 de gestaci\u00f3n, si se encuentra en una situaci\u00f3n excepcional, ha recibido asesoramiento previo y el procedimiento de aborto es realizado por un m\u00e9dico.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
630. Espa\u00f1a autoriza de manera excepcional la interrupci\u00f3n del embarazo despu\u00e9s de la semana 22 de gestaci\u00f3n, cuando exista un grave riesgo para la vida o la salud de la mujer embarazada o riesgo de graves anomal\u00edas en el feto. Si se detectan anomal\u00edas fetales incompatibles con la vida dictaminadas por un m\u00e9dico especialista o una enfermedad del feto extremadamente grave e incurable confirmada por un comit\u00e9 cl\u00ednico, la posibilidad de interrumpir el embarazo no tiene l\u00edmite temporal.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
631. La legislaci\u00f3n de Sud\u00e1frica prev\u00e9 que despu\u00e9s de la semana 20 de gestaci\u00f3n es posible interrumpir el embarazo, si su continuaci\u00f3n pone en peligro la vida de la mujer embarazada, da lugar a una malformaci\u00f3n grave del feto o supone un riesgo de lesi\u00f3n al feto.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
632. India, por su parte, autoriza la interrupci\u00f3n del embarazo entre las semanas 20 y 24 de gestaci\u00f3n, si su continuaci\u00f3n implica un riesgo para la vida de la mujer embarazada, un da\u00f1o grave para su salud f\u00edsica o mental o existe un riesgo sustancial de que la ni\u00f1a o el ni\u00f1o que nazca sufra alguna anormalidad f\u00edsica o mental grave.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
633. Finalmente, aunque en Canad\u00e1 est\u00e1 permitido el aborto en cualquier etapa del embarazo, con independencia de su motivaci\u00f3n, en la pr\u00e1ctica, es poco com\u00fan que ese procedimiento se lleve a cabo m\u00e1s all\u00e1 de la semana 23 de gestaci\u00f3n. Esto solo ocurre en los Estados de Quebec, donde se ofrecen servicios de interrupci\u00f3n del embarazo hasta dicha semana; Alberta y Ontario, hasta la semana 24, y Columbia Brit\u00e1nica, hasta las 24 semanas y 6 d\u00edas de gestaci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
13.2.4. La declaratoria de exequibilidad condicionada de la disposici\u00f3n demandada y sus efectos inmediatos<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
634. Si se pretende un \u00f3ptimo constitucional que proteja de manera ponderada los bienes jur\u00eddicos en tensi\u00f3n a que se ha hecho referencia, el punto fundamental de la distinci\u00f3n en el actual contexto normativo no puede ser otro que aquel en el que es posible considerar que se rompe la dependencia de la vida en formaci\u00f3n de la persona gestante. Dada la mayor probabilidad de vida independiente extrauterina, la preferencia de la protecci\u00f3n de la finalidad constitucional imperiosa que pretende el art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal se maximiza. Esto es as\u00ed, dado que habr\u00e1 una mayor probabilidad de protecci\u00f3n de la finalidad constitucional imperiosa que pretende lograr el tipo penal: que el embarazo culmine con el nacimiento de un nuevo ser. Si se da preferencia a la protecci\u00f3n de la vida en formaci\u00f3n en estadios anteriores, sin alternativas para la realizaci\u00f3n de los derechos de las mujeres gestantes, terminar\u00edan afect\u00e1ndose intensamente tales derechos, pues, como ya se dijo, las barreras actualmente existentes impiden la pr\u00e1ctica en las primeras semanas de la IVE en las tres causales previstas en la Sentencia C-355 de 2006, raz\u00f3n por la que despenalizar s\u00f3lo hasta las primeras semanas, sin garant\u00edas para el ejercicio de los derechos de las personas gestantes, no resolver\u00eda en las condiciones actuales la tensi\u00f3n constitucional a que se ha hecho referencia.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
635. Esta idea de privilegiar el concepto de autonom\u00eda es igualmente consecuente con la tesis seg\u00fan la cual la vida es un bien jur\u00eddico que se protege en todas las etapas de su desarrollo, pero no con la misma intensidad, dado que no se trata de un derecho absoluto. Es por esto que su protecci\u00f3n mediante el derecho penal, como finalidad constitucional imperiosa, tambi\u00e9n es gradual e incremental. Es esta doble condici\u00f3n la que permite una soluci\u00f3n jur\u00eddica \u2013y no moral\u2013 a la tensi\u00f3n que se evidencia y la que permite un \u00f3ptimo constitucional en el actual contexto normativo que d\u00e9 respuesta tanto a la situaci\u00f3n de desprotecci\u00f3n de los derechos y garant\u00edas de las mujeres, ni\u00f1as y personas gestantes, como a la ineficacia de la respuesta penal para proteger la vida en gestaci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
636. Por las razones expuestas, el \u00f3ptimo constitucional al que se ha hecho referencia se obtiene al declarar la exequibilidad condicionada de la norma que se demanda, en el sentido de que la conducta de abortar all\u00ed prevista solo es punible, en el actual contexto normativo en que se inserta la norma, cuando se realice despu\u00e9s de la vig\u00e9simo cuarta (24) semana de gestaci\u00f3n, l\u00edmite temporal que no resulta aplicable a los supuestos en los que la Sentencia C-355 de 2006 dispuso que no se incurre en delito de aborto.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
637. Esta decisi\u00f3n tiene efectos inmediatos. Los efectos temporales de las sentencias proferidas por esta Corte en virtud del control abstracto de constitucionalidad, por regla general, son ex nunc e inmediatos. Lo primero hace referencia a que, salvo que se indique expresamente algo diferente en el fallo, las sentencias tienen efectos hacia el futuro, \u201clo que encuentra sustento, seg\u00fan lo ha explicado esta Corte, en los principios de seguridad jur\u00eddica y democr\u00e1tico, los cuales implican la presunci\u00f3n de constitucionalidad de las normas que integran el sistema jur\u00eddico mientras ella no sea desvirtuada por este Tribunal mediante una sentencia con efectos erga omnes\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
638. Por otra parte, en relaci\u00f3n con el momento a partir del cual las sentencias producen efectos, la Corte ha se\u00f1alado que \u201ccuando no se ha modulado el efecto del fallo, esto es, cuando expresamente no se han diferido sus efectos, estos se producen a partir del d\u00eda siguiente a la fecha en que la Corte ejerci\u00f3, en ese caso espec\u00edfico, la jurisdicci\u00f3n de que est\u00e1 investida\u201d, esto es, desde el d\u00eda siguiente a aquel en el que la Sala Plena toma la decisi\u00f3n, y no a partir de la fecha en que se suscribe el texto que a ella corresponde, o el de su notificaci\u00f3n \u2013mediante edicto\u2013 o ejecutoria.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
639. En consecuencia, una vez se divulga oficialmente la sentencia, esto es, se publica su texto completo o, en su defecto, el respectivo comunicado de prensa, el conocimiento y cumplimiento del decisum de la providencia es exigible a todos los operadores jur\u00eddicos. En nuestro ordenamiento jur\u00eddico los ciudadanos tienen derecho a participar en el control del poder pol\u00edtico mediante el ejercicio, entre otros mecanismos, de la acci\u00f3n p\u00fablica de inconstitucionalidad (art\u00edculo 40.6 de la Constituci\u00f3n). En ejercicio de esta acci\u00f3n, controlan el poder de configuraci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico que la Constituci\u00f3n atribuye al Congreso y, excepcionalmente, al presidente de la Rep\u00fablica, para lo cual pueden demandar ante la Corte Constitucional las leyes y los decretos con fuerza de ley, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formaci\u00f3n. En este tipo de procesos, los ciudadanos tambi\u00e9n tienen derecho a intervenir como impugnadores o defensores de las normas sometidas a control \u2013art\u00edculo 242 de la Constituci\u00f3n\u2013. Dado su car\u00e1cter p\u00fablico y el hecho de que es la sociedad la destinataria de las decisiones de constitucionalidad, resulta imperioso garantizar el principio de publicidad mediante su divulgaci\u00f3n. Para tal fin, la Corte Constitucional acude a los comunicados de prensa, que no reemplazan el texto completo de la sentencia, pero que, en todo caso, \u201cconsignan tanto los argumentos que configuran la raz\u00f3n de la decisi\u00f3n como el texto \u00edntegro y definitivo de la parte resolutiva del fallo correspondiente\u201d y permiten equilibrar la necesidad de contar con el texto \u00edntegro de la decisi\u00f3n, con la obligaci\u00f3n de comunicar de inmediato el sentido de esta y sus razones, \u201chabida cuenta de su v\u00ednculo inescindible con los principios de legalidad y seguridad jur\u00eddica\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
640. Los fundamentos de las reglas descritas son esencialmente dos: por una parte, la guarda de la integridad y la supremac\u00eda de la Constituci\u00f3n y, por otra, la preservaci\u00f3n de los principios de legalidad, seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada.<\/p>\n
641. Ahora bien, esto no quiere decir que la notificaci\u00f3n de la sentencia de constitucionalidad\u00a0\u2013que por mandato del art\u00edculo 16 del Decreto Ley 2067 de 1991 debe hacerse por edicto\u2013\u00a0o que el t\u00e9rmino de ejecutoria que corre a partir de la desfijaci\u00f3n del edicto sean irrelevantes. Si bien son intrascendentes para la determinaci\u00f3n de los efectos temporales de la decisi\u00f3n, permiten definir, por ejemplo, el t\u00e9rmino dentro del cual se puede alegar la nulidad de la decisi\u00f3n, por una vulneraci\u00f3n \u201costensible, probada, significativa y trascendental\u201d del debido proceso, \u201ces decir que tenga repercusiones sustanciales y directas en la decisi\u00f3n o en sus efectos\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
642. Para la Sala, la declaratoria de exequibilidad condicionada de la disposici\u00f3n en los t\u00e9rminos previamente citados no genera un vac\u00edo o laguna normativa. De un lado, la conducta que regula contin\u00faa siendo punible cuando se realice despu\u00e9s de la vig\u00e9simo cuarta (24) semana de gestaci\u00f3n. Esto es as\u00ed, porque a partir de dicho momento se evidencia la necesidad de mantener, en el actual contexto normativo, la protecci\u00f3n penal de la vida en gestaci\u00f3n. De otro lado, el Legislador conserva un importante margen de configuraci\u00f3n para determinar cu\u00e1l debe ser el tratamiento legal de esta problem\u00e1tica de relevancia constitucional en cada una de las etapas del embarazo, atendiendo el car\u00e1cter gradual e incremental de la protecci\u00f3n de la vida en gestaci\u00f3n. De hecho, es este reconocimiento el que fundamenta el tercer elemento que integra el \u00f3ptimo constitucional a que se hizo referencia, como se explica seguidamente.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
13.3. El tercer elemento que integra el \u00f3ptimo constitucional a que se ha hecho referencia supone la adopci\u00f3n de una pol\u00edtica p\u00fablica integral en la materia<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
643. El tercer elemento que integra el \u00f3ptimo constitucional a que se hizo referencia tiene que ver con la adopci\u00f3n de una pol\u00edtica p\u00fablica integral, que no \u00fanicamente penal, respecto de la problem\u00e1tica de relevancia constitucional que supone el aborto voluntario, para lo cual se exhortan al Congreso de la Rep\u00fablica y al Gobierno nacional.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
644. La Corte no puede obviar la ausencia de pol\u00edticas espec\u00edficamente dirigidas a garantizar la protecci\u00f3n de la vida en gestaci\u00f3n que, en contraste con la sanci\u00f3n penal que se declara condicionalmente exequible en esta sentencia, sean respetuosas de los derechos de mujeres, ni\u00f1as y personas gestantes, y brinden verdaderas alternativas a la interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo y, al mismo tiempo, protejan la vida en gestaci\u00f3n. Ante la grave omisi\u00f3n del Legislador en regular la materia, pese a los exhortos realizados por este Tribunal, la Corte reitera su llamado y lo extiende al Gobierno nacional para que, sin perjuicio del cumplimiento inmediato de esta sentencia y en el menor tiempo posible, formulen e implementen una pol\u00edtica p\u00fablica integral en la materia.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
645. Adem\u00e1s, la Sala no puede pasar por alto \u2013porque as\u00ed qued\u00f3 acreditado en el proceso\u2013 que mujeres, ni\u00f1as y personas gestantes, sufren actualmente un d\u00e9ficit de protecci\u00f3n respecto de sus derechos a la salud sexual y reproductiva, que va m\u00e1s all\u00e1 de las barreras para acceder a la IVE en las tres hip\u00f3tesis previstas en la Sentencia C-355 de 2006, y que han sido identificadas por esta corporaci\u00f3n en sentencias de revisi\u00f3n de tutela, como da cuenta su extensa l\u00ednea jurisprudencial en la materia, ampliamente referida en esta providencia. Ante esta realidad las instituciones p\u00fablicas no pueden ser meras espectadoras del fen\u00f3meno y, por el contrario, exige su acci\u00f3n, de manera \u201carm\u00f3nica\u201d, como lo dispone el art\u00edculo 113 de la Carta, para lograr la superaci\u00f3n de aquel estado de cosas. Adem\u00e1s, exige considerar que una garant\u00eda efectiva de los derechos impone un entendimiento que integre a los diferentes \u00f3rganos del Estado. Esta visi\u00f3n propugna por una concepci\u00f3n dial\u00f3gica de la relaci\u00f3n entre el juez constitucional y los dem\u00e1s poderes p\u00fablicos e instituciones sociales, intr\u00ednseca al funcionamiento de nuestro modelo democr\u00e1tico.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
646. En este sentido, la Corte Constitucional considera que, dentro de los l\u00edmites que le impone la Constituci\u00f3n, el Legislador tiene una amplia facultad de configuraci\u00f3n para dise\u00f1ar medidas de protecci\u00f3n de la vida del que est\u00e1 por nacer, atendiendo al car\u00e1cter gradual e incremental de dicha protecci\u00f3n, y, al mismo tiempo, medidas para garantizar la realizaci\u00f3n de los derechos de mujeres, ni\u00f1as y personas gestantes, incluidas alternativas a la interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo seg\u00fan la etapa de su desarrollo.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
647. Finalmente, conviene precisar que esta decisi\u00f3n no constituye un juicio de valor sobre el aborto, pues lo que se decide es acerca de la constitucionalidad de su penalizaci\u00f3n en el actual contexto normativo, con fundamento en los cargos de inconstitucionalidad formulados por las demandantes. En este sentido, resulta pertinente reiterar lo dicho por la Corte en la Sentencia C-355 de 2006, por cuanto se trata de consideraciones que mantienen su vigencia y resultan pertinentes en el actual debate sobre el aborto:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201c9.5.1.\u00a0Es necesario romper los mitos sobre el tema, para poder abordarlo de manera responsable y clara. En primer lugar, debe dejarse en claro que como dicen Anibal Fa\u00fandes y Jos\u00e9 Barzelatto en su libro\u00a0\u2018El drama del aborto[5]\u2019, no es cierta la pretendida confrontaci\u00f3n entre quienes est\u00e1n a favor y quienes est\u00e1n en contra del aborto. Por el contrario, hay una coincidencia generalizada en el sentido de que debe evitarse el aborto,\u00a0 nadie lo propone como una\u00a0 alternativa deseable o como un m\u00e9todo m\u00e1s de planificaci\u00f3n.\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
La diferencia\u00a0 entre unas y otras posiciones estar\u00eda en que si bien para nadie es deseable, algunos niegan totalmente tal posibilidad y con base en valores absolutos, de car\u00e1cter religioso o filos\u00f3fico, argumentan a favor de la penalizaci\u00f3n dejando toda la responsabilidad de la decisi\u00f3n sobre su embarazo no deseado, no consentido,\u00a0 no viable o riesgoso a la mujer, quien se encuentra ante lo que se ha llamado en derecho una\u00a0\u2018decisi\u00f3n tr\u00e1gica\u2019\u00a0o asume una maternidad que le resulta afrentosa o lesiva para su salud f\u00edsica o\u00a0 mental o a\u00fan para su vida o se expone a ser castigada por el Estado y a someterse a tratamientos abortivos antit\u00e9cnicos al margen de la protecci\u00f3n estatal, a riesgo igualmente de su salud o de su vida.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
9.5.2.\u00a0La otra posici\u00f3n,\u00a0 es la de aquellos para quienes el aborto es una infortunada decisi\u00f3n en la que se enfrentan valores que deben ser ponderados y a la cual la mujer es llevada generalmente por circunstancias ajenas a su voluntad o propiciadas por la naturaleza, la negligencia del Estado y las desigualdades de g\u00e9nero, econ\u00f3micas o sociales. Para estos \u00faltimos, las medidas m\u00e1s eficaces para prevenir\u00a0 el aborto no son las represivas, por el contrario, estas \u00faltimas se convierten en un reproche de car\u00e1cter moral que en nada contribuye a la soluci\u00f3n del problema.\u00a0<\/p>\n
Desde esta perspectiva, la responsabilidad no puede ser exigida s\u00f3lo a la mujer mientras que el Estado ha incumplido sus obligaciones de promoci\u00f3n de los derechos de la mujer, de educaci\u00f3n, de protecci\u00f3n, de prevenci\u00f3n, de orientaci\u00f3n y de asistencia previos a la gestaci\u00f3n, que no le garantizan el acceso a los servicios de salud\u00a0 y que no le ofrece apoyo durante el embarazo ni posterior al parto.\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Es desde esta \u00faltima perspectiva que se cuestiona la legitimidad del Estado para penalizar la interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo. Al evaluar la legitimidad del Estado para penalizar el aborto en los t\u00e9rminos que est\u00e1 consagrado, es inevitable evaluar la responsabilidad del Estado, su diligencia\u00a0 para prevenir con mecanismos diferentes a la represi\u00f3n, el hecho de que la mujer tenga que estar en tal dif\u00edcil situaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
. S\u00cdNTESIS DE LA DECISI\u00d3N<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
648. Antes de abordar el estudio de los cargos de la demanda y en atenci\u00f3n a los planteamientos de algunos intervinientes y del Procurador General de la Naci\u00f3n, la Corte examin\u00f3 cuestiones previas relacionadas con la omisi\u00f3n legislativa y la cosa juzgada, respecto de las cuales concluy\u00f3 que, en el presente caso, (i) no se presenta una omisi\u00f3n legislativa absoluta en la regulaci\u00f3n del aborto consentido; y (ii) a pesar de que, en la Sentencia C-355 de 2006 la Corte ya hab\u00eda decidido sobre la constitucionalidad del art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal, es procedente un nuevo pronunciamiento, por tres razones: en primer lugar, la demanda que ahora se decide formula cargos de inconstitucionalidad distintos a las que se examinaron en la Sentencia C-355 de 2006 y, por tanto, no fueron resueltos en esa oportunidad. En segundo lugar, ha operado una modificaci\u00f3n en el significado material de la Constituci\u00f3n respecto de la problem\u00e1tica constitucional que plantea el delito de aborto consentido. En tercer lugar, se constat\u00f3 un cambio en el contexto normativo del que forma parte el art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal. La primera raz\u00f3n explica el car\u00e1cter relativo de la cosa juzgada en el presente asunto y las dos \u00faltimas, como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia constitucional, permiten, de manera excepcional, un nuevo pronunciamiento de fondo, aunque se trate de una disposici\u00f3n que fue objeto de control constitucional en el pasado, pues en tales casos la cosa juzgada se entiende superada.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
649. Al examinar los cargos de la demanda la Corte encontr\u00f3 que reun\u00edan los requisitos y que, por tanto, le correspond\u00eda decidir sobre (i) el desconocimiento de la obligaci\u00f3n de respeto al derecho a la salud y a los derechos reproductivos de las mujeres, las ni\u00f1as y las personas gestantes (art\u00edculos 49, 42 y 16 de la Constituci\u00f3n); (ii) la violaci\u00f3n del derecho a la igualdad de las mujeres en situaci\u00f3n de vulnerabilidad y en situaci\u00f3n migratoria irregular (art\u00edculos 13 y 93 de la Constituci\u00f3n, 1 de la CADH y 9 de la Convenci\u00f3n de Belem do Par\u00e1); (iii) la vulneraci\u00f3n de la libertad de conciencia de las mujeres, las ni\u00f1as y las personas gestantes, frente a la posibilidad de actuar conforme a sus convicciones en relaci\u00f3n con su autonom\u00eda reproductiva (art\u00edculo 18 de la Constituci\u00f3n), y (iv) la incompatibilidad de la penalizaci\u00f3n del aborto consentido con la finalidad preventiva de la pena y no satisfacci\u00f3n de las exigencias constitucionales adscritas al car\u00e1cter de ultima ratio del derecho penal (pre\u00e1mbulo y art\u00edculos 1 y 2 de la Constituci\u00f3n).<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
650. La Corte evidenci\u00f3 que exist\u00eda una tensi\u00f3n de relevancia constitucional entre, por un lado, la protecci\u00f3n de la vida en gestaci\u00f3n \u2013finalidad constitucional imperiosa que pretende proteger el art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal, aun luego del condicionamiento de que fue objeto en la Sentencia C-355 de 2006\u2013 y, por otro, los derechos a la salud y los derechos reproductivos; la igualdad de las mujeres en situaci\u00f3n de vulnerabilidad y en situaci\u00f3n migratoria irregular; la libertad de conciencia; y la finalidad constitucional de prevenci\u00f3n general de la pena, as\u00ed como con el car\u00e1cter de \u00faltimo recurso \u2013ultima ratio\u2013 del derecho penal.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
651. Para la Corte, esta tensi\u00f3n constitucional no puede resolverse otorg\u00e1ndole preferencia a alguna de las garant\u00edas en tensi\u00f3n, pues esto supone el sacrificio absoluto de las otras. Por tal raz\u00f3n, consider\u00f3 necesario adoptar una f\u00f3rmula que reconozca la relevancia constitucional de cada una de dichas garant\u00edas, de tal forma que, a diferencia de restarles protecci\u00f3n \u2013por el resultado que se seguir\u00eda de otorgar preferencia a alguna de ellas\u2013 se logre una mayor realizaci\u00f3n de la totalidad de los derechos, principios y valores en pugna.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
652. La Corte resolvi\u00f3 esta tensi\u00f3n teniendo en cuenta el actual contexto normativo en que se inserta la disposici\u00f3n demandada, mediante la identificaci\u00f3n de un punto \u00f3ptimo en el t\u00e9rmino de gestaci\u00f3n que, en abstracto, evite los amplios m\u00e1rgenes de desprotecci\u00f3n para la dignidad y los derechos de las mujeres \u2013a que se refieren los cargos estudiados en esta oportunidad\u2013 y, a su vez, proteja en la mayor medida posible la vida en gestaci\u00f3n, a partir de tres elementos:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
653. El primero, constituido por las tres \u201chip\u00f3tesis extremas de afectaci\u00f3n de [la] dignidad\u201d de la mujer evidenciadas por la Corte en la Sentencia C-355 de 2006.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
654. El segundo, constituido por el concepto de \u201cautonom\u00eda\u201d, que permite la maximizaci\u00f3n abstracta de los bienes en tensi\u00f3n, pues se refiere al momento en el que es posible evidenciar que se rompe la dependencia de la vida en formaci\u00f3n respecto de la persona gestante, lo que justifica su protecci\u00f3n reforzada por el derecho penal en el actual contexto normativo. En efecto, despenalizar totalmente el aborto con consentimiento, sin que existan medidas alternativas de protecci\u00f3n de la vida en gestaci\u00f3n, colocar\u00eda al Estado colombiano en situaci\u00f3n de incumplimiento de su obligaci\u00f3n constitucional e internacional de adoptar medidas con dicha finalidad. A ello se suma el hecho, puesto de presente en la jurisrudencia de revisi\u00f3n de tutelas citada en esta providencia, de que las barreras actualmente existentes impiden la pr\u00e1ctica de la IVE, en las primeras semanas, en las causales previstas en la Sentencia C-355 de 2006, raz\u00f3n por la que despenalizar s\u00f3lo hasta las primeras semanas, sin garant\u00edas para el ejercicio de los derechos de las personas gestantes, no permitir\u00eda resolver en las condiciones actuales la tensi\u00f3n constitucional a que se ha hecho referencia.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
655. El tercero, que promueve un di\u00e1logo en las instancias de representaci\u00f3n democr\u00e1tica, para que, en atenci\u00f3n al condicionamiento de la disposici\u00f3n demandada, formulen e implementen una pol\u00edtica p\u00fablica integral que evite los amplios m\u00e1rgenes de desprotecci\u00f3n para la dignidad y los derechos de las mujeres gestantes, ampliamente descritos en esta providencia, y, a su vez, proteja en forma gradual e incremental la vida en gestaci\u00f3n, sin afectar intensamente tales garant\u00edas.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
656. La decisi\u00f3n de la Corte parte del supuesto de la competencia del Legislador para adoptar una regulaci\u00f3n integral orientada a proteger de manera eficaz los bienes jur\u00eddicos en tensi\u00f3n, en relaci\u00f3n con la cual reiter\u00f3 lo dicho en la Sentencia C-355 de 2006, en el sentido de que \u201cse podr\u00eda discutir si la naturaleza de estas medidas de protecci\u00f3n de la vida en gestaci\u00f3n han de ser de car\u00e1cter penal o si ser\u00edan m\u00e1s efectivas previsiones de otro tipo como pol\u00edticas sociales o de \u00edndole prestacional que aseguren la vida que est\u00e1 en proceso de gestaci\u00f3n mediante la garant\u00eda de cuidados m\u00e9dicos, alimentaci\u00f3n o de ingresos de la mujer embarazada\u201d. Seg\u00fan indic\u00f3 la Sala en aquella oportunidad y lo reitera ahora, la definici\u00f3n de este tipo de medidas corresponde al Legislador, de all\u00ed que sea este el que deba \u201cdecidir entre el universo de medidas posibles aquellas m\u00e1s adecuadas para proteger los bienes jur\u00eddicos de relevancia constitucional y su decisi\u00f3n, en principio, s\u00f3lo podr\u00e1 ser objeto de control cuando resulte manifiestamente desproporcionada o irrazonable\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
657. Finalmente, en cuanto al car\u00e1cter de ultima ratio del derecho penal, la Corte reafirm\u00f3 su jurisprudencia en el sentido de que el Estado puede acudir a la sanci\u00f3n penal cuando ha agotado todos los mecanismos preventivos a su disposici\u00f3n para reducir la comisi\u00f3n de conductas que atentan contra los intereses leg\u00edtimamente protegidos o cuando ha ofrecido alternativas para el ejercicio de los derechos con los que la sanci\u00f3n penal entra en tensi\u00f3n. Esto por cuanto su car\u00e1cter fragmentario impone al Estado ejercer su poder punitivo en los casos que con mayor gravedad afectan el inter\u00e9s social. Seg\u00fan este rasgo del derecho penal, solo es posible aplicar la sanci\u00f3n penal de p\u00e9rdida de la libertad a los casos m\u00e1s graves de afectaci\u00f3n de los intereses protegidos.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
. DECISI\u00d3N<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n,<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
RESUELVE<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
PRIMERO: Declarar la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del art\u00edculo 122 de la Ley 599 de 2000 \u201cpor medio de la cual, se expide el C\u00f3digo Penal\u201d, en el sentido de que la conducta de abortar all\u00ed prevista solo ser\u00e1 punible cuando se realice despu\u00e9s de la vig\u00e9simo cuarta (24) semana de gestaci\u00f3n y, en todo caso, este l\u00edmite temporal no ser\u00e1 aplicable a los tres supuestos en los que la Sentencia C-355 de 2006 dispuso que no se incurre en delito de aborto, esto es, \u201c(i) Cuando la continuaci\u00f3n del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada por un m\u00e9dico; (ii) Cuando exista grave malformaci\u00f3n del feto que haga inviable su vida, certificada por un m\u00e9dico; y, (iii) Cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminaci\u00f3n artificial o transferencia de \u00f3vulo fecundado no consentidas, o de incesto\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
SEGUNDO. EXHORTAR al Congreso de la Rep\u00fablica y al Gobierno nacional, para que, sin perjuicio del cumplimiento inmediato de esta sentencia y, en el menor tiempo posible, formulen e implementen una pol\u00edtica p\u00fablica integral \u2013incluidas las medidas legislativas y administrativas que se requieran, seg\u00fan el caso\u2013, que evite los amplios m\u00e1rgenes de desprotecci\u00f3n para la dignidad y los derechos de las mujeres gestantes, descritos en esta providencia y, a su vez, proteja el bien jur\u00eddico de la vida en gestaci\u00f3n sin afectar tales garant\u00edas, a partir del condicionamiento de que trata el resolutivo anterior. Esta pol\u00edtica debe contener, como m\u00ednimo, (i) la divulgaci\u00f3n clara de las opciones disponibles para la mujer gestante durante y despu\u00e9s del embarazo, (ii) la eliminaci\u00f3n de cualquier obst\u00e1culo para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos que se reconocen en esta sentencia, (iii) la existencia de instrumentos de prevenci\u00f3n del embarazo y planificaci\u00f3n, (iv) el desarrollo de programas de educaci\u00f3n en materia de educaci\u00f3n sexual y reproductiva para todas las personas, (v) medidas de acompa\u00f1amiento a las madres gestantes que incluyan opciones de adopci\u00f3n, entre otras, y (vi) medidas que garanticen los derechos de los nacidos en circunstancias de gestantes que desearon abortar.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
CRISTINA PARDO SCHLESINGER<\/p>\n
Presidente<\/p>\n
Con salvamento de voto<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
DIANA FAJARDO RIVERA<\/p>\n
Magistrada<\/p>\n
Con aclaraci\u00f3n de voto<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Magistrado<\/p>\n
Con salvamento de voto<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
ANTONIO JOS\u00c9 LIZARAZO OCAMPO<\/p>\n
Magistrado<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA<\/p>\n
Magistrada<\/p>\n
Con salvamento de voto<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO<\/p>\n
Magistrada<\/p>\n
Con salvamento de voto<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
JULIO ANDR\u00c9S OSSA SANTAMAR\u00cdA<\/p>\n
Conjuez<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 FERNANDO REYES CUARTAS<\/p>\n
Magistrado<\/p>\n
Con aclaraci\u00f3n de voto<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
ALBERTO ROJAS R\u00cdOS<\/p>\n
Magistrado<\/p>\n
Con aclaraci\u00f3n de voto<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
MARTHA VICTORIA S\u00c1CHICA M\u00c9NDEZ<\/p>\n
Secretaria General<\/p>\n
ANEXOS<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Anexo 1. Solicitudes de audiencia p\u00fablica<\/p>\n
Anexo 2. Solicitudes de participaci\u00f3n ciudadana en el proceso<\/p>\n
Anexo 3. Solicitudes de inhibici\u00f3n por falta de requisitos m\u00ednimos de la demanda<\/p>\n
Anexo 4. Intervenciones y conceptos de ciudadanos y organizaciones privadas, durante el t\u00e9rmino de fijaci\u00f3n en lista y para rendir concepto, que hacen referencia a falta de competencia de la Corte Constitucional para pronunciarse en la materia<\/p>\n
Anexo 5. Conceptos e intervenciones que hacen referencia a la existencia de cosa juzgada<\/p>\n
Anexo 6. Intervenciones y conceptos de ciudadanos, organizaciones privadas, autoridades p\u00fablicas y amicus curiae que hacen referencia a la inexistencia de cosa juzgada constitucional<\/p>\n
Anexo 7. Intervenciones y conceptos de ciudadanos, organizaciones privadas y amicus curiae que solicitan la constitucionalidad de la norma demandada<\/p>\n
Anexo 8. Intervenciones y conceptos de ciudadanos, organizaciones privadas y amicus curiae que solicitan la inexequibilidad de la norma demandada<\/p>\n
Anexo 9. N\u00famero de intervenciones y conceptos, seg\u00fan su origen<\/p>\n
Anexo 10. Otros anexos.<\/p>\n
Anexo 10.1. Manifestaciones generales en contra del aborto y a favor de mantener su penalizaci\u00f3n<\/p>\n
Anexo 10.2. Escritos que solicitan el archivo de la demanda, antes de su admisi\u00f3n<\/p>\n
Anexo 10.3. Escritos que solicitan el archivo de la demanda, despu\u00e9s de la admisi\u00f3n y antes de la fijaci\u00f3n en lista<\/p>\n
Anexo 10.5. Escritos enviados antes de la fijaci\u00f3n en lista, que hacen referencia a la falta de competencia de la Corte Constitucional para pronunciarse en la materia<\/p>\n
Anexo 10.6. Manifestaciones generales remitidas antes de la fijaci\u00f3n en lista, a favor de mantener la penalizaci\u00f3n del aborto<\/p>\n
Anexo 10.7. Correos en blanco remitidos antes de la fijaci\u00f3n en lista, en cuyo asunto se presentan manifestaciones generales en contra del aborto<\/p>\n
Anexo 10.8. Escritos que hacen referencia a la existencia de cosa juzgada, remitidos despu\u00e9s del t\u00e9rmino de fijaci\u00f3n en lista<\/p>\n
Anexo 10.9. Escritos que hacen referencia a la inexistencia de cosa juzgada, remitidos despu\u00e9s del t\u00e9rmino de fijaci\u00f3n en lista<\/p>\n
Anexo 10.10. Escritos que solicitan la constitucionalidad de la norma demandada, remitidos despu\u00e9s del t\u00e9rmino de fijaci\u00f3n en lista<\/p>\n
Anexo 10.11. Escritos que solicitan la inexequibilidad de la norma demandada, remitidos despu\u00e9s del t\u00e9rmino de fijaci\u00f3n en lista<\/p>\n
Anexo 10.12. Manifestaciones generales en contra del aborto y a favor de mantener su penalizaci\u00f3n, remitidas despu\u00e9s del t\u00e9rmino de fijaci\u00f3n en lista<\/p>\n
Anexo 10.13. Correos en blanco en cuyo asunto se presentan manifestaciones generales en contra del aborto y a favor de mantener su penalizaci\u00f3n<\/p>\n
Anexo 10.14. Informaci\u00f3n remitida en respuesta al auto de pruebas<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
ANEXO 1<\/p>\n
SOLICITUDES DE AUDIENCIA P\u00daBLICA<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
N\u00daM. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
SOLICITANTE \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
FECHA DE REMISI\u00d3N DE LA SOLICITUD<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
David Alejandro D\u00e1vila Guti\u00e9rrez de Pi\u00f1eres \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
20\/10\/2020<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Bernardo Henao Jaramillo y Martha Cecilia Rodr\u00edguez Neira \/ presidente Junta Directiva y directora ejecutiva de las Asociaci\u00f3n \u00danete por Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
29\/10\/2020<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Juan Carlos Novoa Buend\u00eda \/ Asociaci\u00f3n Colombiana de Juristas Cat\u00f3licos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
29\/11\/2020<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Valeria Alejandra Guti\u00e9rrez Urbano, Daniela Alejandra Lara Montoya, Camilo Cuitiva Corena, Diego Guti\u00e9rrez, Karen Herrera Gudi\u00f1o, Gilma Fiorella Guti\u00e9rrez Urbano, Claudia Urbano, Nicol\u00e1s Hern\u00e1ndez, Reinaldo \u00c1ngel, Daniel Smith Useche, Isabel D\u00edaz Galvis, Jos\u00e9 Gabriel Perlaza Grueso, Laura Ramos Bocanegra, Jenifer Carolina Fl\u00f3rez Manrique, Manuel A. Contreras, Karen Yesenia Quintero Parra, \u00c1ngela Milena \u00c1vila, Katherine Arg\u00fcello, Lina Andrea P\u00e1ez F\u00e9lix , Eduar H. de la Cruz Villora, Liseth Patricia Guardo Pua, Andr\u00e9s Benavidez S\u00e1nchez, Diana Patricia Castilla, Sol Angie Murcia, Geidy Lozano Castro, Luisa Fernanda Guzm\u00e1n, Ender Mel\u00e9ndez Julio, Hadison Zavala, Paula Balcarcel Jaimes, Mar\u00eda Isabel Villalba, Ana Paola Mora, Jonathan Garc\u00eda Parra, Aldo Mauricio Chaparro S\u00e1nchez, M\u00f3nica \u00c1ngel D\u00edaz, Angie \u00c1ngel D\u00edaz, David Reinaldo \u00c1ngel D\u00edaz, Angie Carolina Serrano Bamba, Cristofer Ramos Rodr\u00edguez, Camila Mendoza, Carmen Patricia Mayo, Jenny Fernanda Rodr\u00edguez, Jhon Cubillos, Jocabed Ca\u00f1avera Casanova, \u00c1lvaro Quiceno Gil, Rut Saray Guti\u00e9rrez, Elizabeth Villota, Mauricio Mart\u00ednez, Sandra Margarita Garc\u00eda Hern\u00e1ndez, Josu\u00e9 Oliveros, Leybis Fragozo Arias, Sebasti\u00e1n Benavidez, Rut Arroyave, Leidy Herrera Moreno, Geber Villareal Becerra, Nancy Gonz\u00e1lez, Marta Sol\u00eds, James Alberto Rave, Andr\u00e9s Jos\u00e9 Rave, Ang\u00e9lica Maria Montero, Jesica Gonz\u00e1lez, Juan Marcos Heredia, Iza Mar\u00eda Calder\u00f3n Melo, Samuel David Calder\u00f3n Mel\u00f3, Victoria Mel\u00f3 Correa y Claudia Maria Espitia \/ Red Jucum Provida \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
30\/10\/2020<\/p>\n
Gloria Yolanda Mart\u00ednez Rivera \/miembro de Vida por Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
8\/11\/2020<\/p>\n
6 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Joel David Gaona \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Juana Acosta \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
8 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Diana Rodr\u00edguez Franco \/ Secretar\u00eda Distrital de la Mujer (Bogot\u00e1) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020 y 24\/11\/2020<\/p>\n
9 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Alejandra Coll \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
10 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mayra Rodr\u00edguez y Catalina Guti\u00e9rrez \/ ex directora de una cl\u00ednica de abortos de la IFPP amicus CURIAE y coordinadora general de Provida Latinoam\u00e9rica -Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
11 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Martha Esther T\u00e9llez C\u00e1mara Asociaci\u00f3n Ben\u00e9fico Cristiana Promotora de Desarrollo Integral \u2013 ABC \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
PRODEIN<\/p>\n
12 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Claire Culwel y \u00c1ngela V\u00e9lez Escall\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
13 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Patricia E. Gallo \/ coordinadora del Proyecto Esperanza para la sanaci\u00f3n del aborto inducido y del duelo gestacional post IVE \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
14 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Martha Elena Soto Rojas \/ representante legal de la Fundaci\u00f3n Derecho a Nacer \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
15 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00c1ngela Mar\u00eda Anduquia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
17 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Carlos Eduardo Corsi Otalor y Andr\u00e9s Forero Medina de Laicos por Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
18 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ana Mar\u00eda Id\u00e1rraga, Jos\u00e9 Miguel Rueda, Cindy Vanessa Espitia, Johan Caldas, Sof\u00eda Barrera, Michelle Infante, Catherine Pe\u00f1a, Mar\u00eda Jos\u00e9 Trib\u00edn, Sandra Mart\u00ednez, Silvana Jim\u00e9nez, Luis Fernando Rodr\u00edguez, Carolina Ortiz, Camila Heredia y Jessika Puerto \/ miembros de la Cl\u00ednica Jur\u00eddica de Inter\u00e9s P\u00fablico y Derechos Humanos de la Universidad de La Sabana, en conjunto con Crist\u00f3bal Soto, Ver\u00f3nica Hern\u00e1ndez, David Ram\u00edrez y Catalina Rodr\u00edguez, estudiantes de la Universidad de La Sabana \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
19 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Elsa Eugenia Hurtado Hurtado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
24\/11\/2020<\/p>\n
20 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Francisco Javier Higuera \/ miembro de Vida por Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
25\/11\/2020<\/p>\n
21 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Javier Alejandro Acevedo Guerrero\/director de la Escuela de Derecho y Ciencia Pol\u00edtica de la Universidad Industrial de Santander (UIS), Alicia Toloza Pab\u00f3n, Carolina Isabel Montes Perea, Paula Alejandra Mart\u00ednez Rodr\u00edguez, Doris Fernanda Cardona Gelvez, Julieth Vanessa Sanabria Almeyda, Ramiro Pinz\u00f3n Asela, Brayan Andr\u00e9s Vargas Benavides y Jos\u00e9 Jans Carretero Pardo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27\/11\/2020<\/p>\n
22 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Emma Claudia Castellanos y \u00c1ngela Patricia S\u00e1nchez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ana Cristina Gonz\u00e1lez V\u00e9lez, Mariana Ardila Trujillo, Cristina Rosero Arteaga, Aura Carolina Cuasapud Arteaga, Ang\u00e9lica Cocom\u00e1 Ricaurte y Valeria Pedraza Benavides \/ demandantes \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
16\/12\/2020<\/p>\n
23 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Catalina Guti\u00e9rrez y Samuel Andr\u00e9s \u00c1ngel \/ coordinadora legal Provida Latinoam\u00e9rica y presidente del Instituto de Investigaci\u00f3n Social Solidaridad \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
4\/02\/2021<\/p>\n
24 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Isabel Cristina Jaramillo Sierra \/ profesora Universidad de Los Andes \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
25\/02\/2021<\/p>\n
25 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Juan Ernesto M\u00e9ndez \/ profesor residente Washington College of Law, American University \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
25\/02\/2021<\/p>\n
26 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jasm\u00edn Romero Epiayu \/ Representante Legal del Movimiento Feminista Mujeres, ni\u00f1as Way\u00fc\u00fc \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
26\/02\/2021<\/p>\n
27 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Natalia Andrea Diaz Restrepo \/ Apoyo Coordinaci\u00f3n M\u00e9dica de M\u00e9dicos sin Fronteras \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1\/03\/2021<\/p>\n
28 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Camila Correa Fl\u00f3rez \/ profesora de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1\/03\/2021<\/p>\n
29 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Paula Houghton Mart\u00ednez \/ socia Fundadora del Grupo M\u00e9dico por el Derecho a Decidir \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1\/03\/2021<\/p>\n
30 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Roberto Gargarella \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1\/03\/2021<\/p>\n
31 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Lady Alejandra Vera Laguado \/ directora ejecutiva de la Corporaci\u00f3n Mujer Denuncia y Mu\u00e9vete \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3\/03\/2021<\/p>\n
32 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3\/03\/2021<\/p>\n
33 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Orlando Enrique Santamar\u00eda Echeverr\u00eda, Jorge Alberto Ram\u00edrez G\u00f3mez, Natalia Rueda Vallejo y Sim\u00f3n Rodr\u00edguez Serna \/ Centro de Estudios sobre Gen\u00e9tica y Derecho de la Universidad Externado de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3\/03\/2021<\/p>\n
34 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Juliana Mart\u00ednez Londo\u00f1o \/ secretaria de despacho \/ Secretar\u00eda de las Mujeres de la Alcald\u00eda de Medell\u00edn \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3\/03\/2021<\/p>\n
35 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Aida Ver\u00f3nica Sim\u00e1n \/ representante del Fondo de Poblaci\u00f3n de las Naciones Unidas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
5\/03\/2021<\/p>\n
36 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Arianne Van Andel y Nicol\u00e1s Panotto de la Fundaci\u00f3n Otros Cruces \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
8\/03\/2021<\/p>\n
37 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Silvia Serrano Guzm\u00e1n y Oscar A. Cabrera \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
9\/03\/2021<\/p>\n
38 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Dayana Blanco Acendra \/ directora general de ILEX Acci\u00f3n Jur\u00eddica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/03\/2021<\/p>\n
39 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
N\u00e9stor Iv\u00e1n Javier Osuna Pati\u00f1o \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
17\/03\/2021<\/p>\n
40 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Anand Grover \/ ex relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho de toda persona al disfrute del m\u00e1s alto nivel posible de salud f\u00edsica y mental \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
19\/03\/2021<\/p>\n
41 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Susana Peralta Ram\u00f3n \/ abogada del \u00c1rea de Paz y Justicia Transicional de Colombia Diversa \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
19\/03\/2021<\/p>\n
42 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Paula S\u00e1nchez Mejorada Ibarra \/ codirectora de cat\u00f3licas por el Derecho a Decidir – M\u00e9xico \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/03\/2021<\/p>\n
43 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Susheela Singh \/ vicepresidenta instituto Guttmacher \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
24\/03\/2021<\/p>\n
44 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ang\u00e9lica Lisbeth Lozano Correa \/ senadora de la Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
45 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Juan Carlos Lozada Vargas \/ representante a la C\u00e1mara \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
25\/03\/2021<\/p>\n
46 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00c1ngela Robledo \/ representante a la C\u00e1mara \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
25\/03\/2021<\/p>\n
47 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mauricio Andr\u00e9s Toro Orjuela \/ representante a la C\u00e1mara \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
26\/03\/2021<\/p>\n
48 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Daniel Gonz\u00e1lez P\u00e9rez \/ Coordinador del \u00c1rea de Investigaciones Fundaci\u00f3n Grupo de Acci\u00f3n y Apoyo a personas Trans (GAAT) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
26\/03\/2021<\/p>\n
49 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Joanna Erdman MacBain Chair in Health Law and Policy and Associate Professor \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
13\/04\/2021<\/p>\n
50 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Leidy Johanna Cepeda Saavedra \/ cofundadora \/ Grupo de Enfermer\u00eda por el Derecho a Decidir \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14\/04\/2021<\/p>\n
51 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Catalina Guti\u00e9rrez \/coordinadora general de Provida Latinoam\u00e9rica piden que sea invitado a la audiencia Leandro Rodr\u00edguez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
15\/04\/2021<\/p>\n
52 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Juliana Bustamante Reyes \/coordinadora del Programa de Acci\u00f3n por la Igualdad y la Inclusi\u00f3n Social -PAIIS de la Universidad de Los Andes \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
19\/04\/2021<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
ANEXO 2<\/p>\n
SOLICITUDES DE PARTICIPACI\u00d3N CIUDADANA EN EL PROCESO<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
N\u00daM. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
SOLICITANTE \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
FECHA DE REMISI\u00d3N DE LA SOLICITUD<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Sergio Moreno \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Carmen Alicia Mart\u00ednez Rivera \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
21\/07\/2021<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Henry Eduardo Pati\u00f1o Bueno \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
David Rafael Lacouture M\u00e9ndez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Diana V. Baquero F. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
6 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Gloria Cristina Sierra Yepes \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jenaro enrique de Jes\u00fas Qui\u00f1ones Jim\u00e9nez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
8 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Luisa Fernanda Cruz Rey \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
Mar\u00eda del Pilar Angarita D\u00edaz \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
10 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mariano Ord\u00f3\u00f1ez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
11 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Adriana Prieto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
12 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Alexandra Pinto Rubio \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
13 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Martha Luc\u00eda Barrera Garz\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
14 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Paloma Valencia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
15 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Martha Zapata \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
16 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Shirley In\u00e9s Gonz\u00e1lez F\u00fanez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
17 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Alexandra D\u00edaz Vento \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
18 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Sandra Milena Angarita Vargas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
24\/07\/2021<\/p>\n
19 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ma. Carolina Orteg\u00f3n Monroy \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
26\/07\/2021<\/p>\n
20 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Pablo Gonz\u00e1lez Gait\u00e1n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
26\/07\/2021<\/p>\n
21 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
H\u00e9ctor Sa\u00fal Mantilla Serrano \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27\/07\/2021<\/p>\n
22 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Lucero Castelblanco Reyes \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27\/07\/2021<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
ANEXO 3<\/p>\n
SOLICITUDES DE INHIBICI\u00d3N POR FALTA DE REQUISITOS M\u00cdNIMOS DE LA DEMANDA<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
N\u00daM. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
INTERVINIENTES E INVITADOS \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
FECHA DE REMISI\u00d3N DE LA SOLICITUD<\/p>\n
Ana Mar\u00eda Id\u00e1rraga, Jos\u00e9 Miguel Rueda, Cindy Vanessa Espitia, Johan Caldas, Sof\u00eda Barrera, Michelle Infante, Catherine Pe\u00f1a, Mar\u00eda Jos\u00e9 Trib\u00edn, Sandra Mart\u00ednez, Silvana Jim\u00e9nez, Luis Fernando Rodr\u00edguez, Carolina Ortiz, Camila Heredia y Jessika Puerto \/ miembros de la Cl\u00ednica Jur\u00eddica de Inter\u00e9s P\u00fablico y Derechos Humanos de la Universidad de La Sabana, en conjunto con Crist\u00f3bal Soto, Ver\u00f3nica Hern\u00e1ndez y David Ram\u00edrez, estudiantes de la Universidad de La Sabana \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Harold Eduardo Sua Monta\u00f1a \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Carlos Eduardo Corsi Otalor \/ presidente \/ y Andr\u00e9s Forero Medina \/ director ejecutivo \/ Laicos por Colombia. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Francisco Jos\u00e9 Chaux Donado \/ viceministro de Promoci\u00f3n de la Justicia del Ministerio de Justicia y del Derecho \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Camila Ospina Navarro, Pedro Daniel Contreras y Mateo Arana Brando \/ Plataforma C\u00edvica Nueva Democracia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
6 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Emma Claudia Castellanos y \u00c1ngela Patricia S\u00e1nchez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27\/11\/2020<\/p>\n
7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ilva Myriam Hoyos Casta\u00f1eda \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
8 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Fernando Vel\u00e1squez Vel\u00e1squez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
9 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Claudia Carbonell Fern\u00e1ndez y Juliana Mej\u00eda Quintana \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
5\/11\/2020<\/p>\n
10 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Red Futuro Colombia \/Andr\u00e9s Forero Medina \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
11 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Edith del Carmen Bonilla Bonilla \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
12 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Johana \u00c1lvarez Botero \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
13 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Elizabeth Garc\u00e9s S\u00e1nchez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
14 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Isabela Dom\u00ednguez Guzm\u00e1n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
15 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Alba Matilde Ch\u00e1vez Ot\u00e1lora y Fredy Enrique Alvarado Benavides \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
16 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ana Mar\u00eda Dom\u00ednguez Guzm\u00e1n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
17 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Carlos Eduardo Corsi Ot\u00e1lora \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
18 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Gloria Lucia Lagos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
19 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Leopoldo Varela Acosta \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
20 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Martha Roc\u00edo Montoya Murillo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
21 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Claudia Bellaiza \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
22 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Daniela Salazar Silva \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
23 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Maritza Guzm\u00e1n Velasco \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
24 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Clemencia Salamanca Mari\u00f1o \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
Yolanda Albany \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
26 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Juan Carlos Navarrete Navarrete \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
27 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Martha Elena Guerrero Ram\u00edrez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
28 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Laura Dom\u00ednguez Guzm\u00e1n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
29 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Carlos Gilberto Leiva Rizzo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
30 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jean Carlos Botina \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
31 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Lizeth Benavides \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
32 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Paola Ch\u00e1vez, Wilson Montoya y Roc\u00edo Gonzales \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
33 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Paola Ch\u00e1vez, Wilson Montoya, Roc\u00edo Gonzales, Jhon Jairo Botinw y Hermes Botina \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
34 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00c1ngela Mart\u00ednez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
35 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Gladys Mireya Castro Mu\u00f1oz \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
36 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Rodolfo Mart\u00ednez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
37 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Martha Elena Soto Rojas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
38 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Elker Montoya Pizarro \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
39 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Astrid Pantoja Cer\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
40 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00c1lvaro Infante Haro, \u00c1ngela Monta\u00f1o, Carol Stefanny Borda Acevedo, Jonathan Steven Silva Mocet\u00f3n, Carolina Rugeles Linares, Elizabeth Garc\u00e9s S\u00e1nchez, Esperanza Guerrero Oviedo, Jes\u00fas Maga\u00f1a, Mar\u00eda Elker Montoya Pizarro, Martha Yaneth Mart\u00ednez, Yolanda Albany \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
11\/11\/2020<\/p>\n
41 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Francisco Jos\u00e9 Tamayo Collins \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
42 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Claudia Carbonell Fern\u00e1ndez y Juliana Mej\u00eda Quintana \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
5\/11\/2020<\/p>\n
43 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Juan del Valle Arellano \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
44 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Sonia Dabeiba C\u00e1rdenas, Ang\u00e9lica Mar\u00eda Ospina Romero, Paola Sarmiento, Astrid Viviana Robayo y Gloria Carvajal Carrascal \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
45 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Raquel Sarria Acosta, Fabio Pulido Ortiz, Paola Garc\u00eda \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
11\/11\/2020<\/p>\n
46 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Amanda Janneth Rodr\u00edguez L\u00f3pez\/jefe departamento de Afectividad y Sexualidad Universidad de la Sabana \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
ESCRITOS DE INHIBICI\u00d3N POR FALTA DE REQUISITOS M\u00cdNIMOS DE LA DEMANDA<\/p>\n
N\u00daM. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
SOLICITANTE \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
FECHA DE REMISI\u00d3N DEL ESCRITO<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Cristina Amparo C\u00e1rdenas de Boh\u00f3rquez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Magali Portilla Villamizar \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Alba Liliana Restrepo Ocampo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Magali Portilla Villamizar, Yolanda Paredes \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
11\/11\/2020<\/p>\n
5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Teresa P\u00e9rez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
6 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ver\u00f3nica Rodr\u00edguez Blanco, Susana Mosquera, Mar\u00eda del Pilar Zambrano, Laura Victoria Chavista Diaz, Laura Sof\u00eda Serrato Pedraza, Juan Cianciardo, Frederico Bonaldo, Luis Castillo-C\u00f3rdoba y Luciano D. Laise e Isabel Trujillo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
11\/11\/2020<\/p>\n
7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ilva Gema Alfonso Mugno \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
8 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jeannethe Mart\u00ednez \/representante legal de la Fundaci\u00f3n Creo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
9 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Catalina Rodr\u00edguez, estudiante de la Universidad de La Sabana \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
ANEXO 4<\/p>\n
INTERVENCIONES Y CONCEPTOS DE CIUDADANOS Y ORGANIZACIONES PRIVADAS, DURANTE EL T\u00c9RMINO DE FIJACI\u00d3N EN LISTA Y PARA RENDIR CONCEPTO, QUE HACEN REFERENCIA A FALTA DE COMPETENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA PRONUNCIARSE EN LA MATERIA<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
N\u00daM. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
INTERVINIENTES E INVITADOS \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
FECHA REMISI\u00d3N ESCRITO<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Adriana Marcela Su\u00e1rez Parra, \u00c1ngela Marcela Jim\u00e9nez Guzm\u00e1n, Cecilia Jim\u00e9nez, Esperanza Guerrero Oviedo, Luisa Fernanda Rinc\u00f3n C\u00e1ceres, Mar\u00eda Esther Garz\u00f3n Ayala, Rosa Consuelo Garz\u00f3n Amaya, Martha Emilia Ovalle Burgos, Olga Luc\u00eda Mu\u00f1oz R\u00edos y \u00d3scar Stewill Amaya Castillo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
29\/10\/2020<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ana Carolina Alzate Cianci, Andrea Giraldo Mera, Diana D\u00edaz, In\u00e9s Fabiola Garc\u00eda, Juan Camilo Roncallo Sarmiento, Lina Cristina Pe\u00f1a Rico, Mariana Mora Barranco, Martha Soleida Garc\u00eda y Nathalia Andrade Valdez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
29\/10\/2020<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Martha In\u00e9s Garc\u00eda San\u00edn \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
29\/10\/2020<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ana Mar\u00eda Cabanzo Huertas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
30\/10\/2020<\/p>\n
5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00c1ngela Rodr\u00edguez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
30\/10\/2020<\/p>\n
6 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Catalina Mar\u00eda Cauca Gonz\u00e1lez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
30\/10\/2020<\/p>\n
7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Daniela Duque Aristiz\u00e1bal \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
30\/10\/2020<\/p>\n
8 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
In\u00e9s Fabiola Garc\u00eda \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
30\/10\/2020<\/p>\n
9 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Nathalia Andrade Valdez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
30\/10\/2020<\/p>\n
10 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
30\/10\/2020<\/p>\n
11 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Claudia Cristina Capacho Covelli \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
31\/10\/2020<\/p>\n
12 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ivonne Elena Linares Cort\u00e9s \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
31\/10\/2020<\/p>\n
13 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
H\u00e9ctor Hernando Arango Mu\u00f1oz \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1\/11\/2020<\/p>\n
14 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Santiago Valencia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1\/11\/2020<\/p>\n
15 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Diana Henao Rodr\u00edguez, Emerita Barrera Mancilla, Francisco Javier Higuera, Liliana Patricia Cardona Berrio, Lorena Patricia Alzate, Mar\u00eda de los \u00c1ngeles Blanco Bar\u00f3n y Mar\u00eda Cristina \u00a0Ram\u00edrez Arias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2\/11\/2020<\/p>\n
16 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Yenifer Vanesa M\u00e1rquez G\u00f3mez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2\/11\/2020<\/p>\n
17 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Adriana Beatriz Gonz\u00e1lez Guerrero, Alexandra Osorio Navarro, Fanny Morales Leal, Joba Navarro D\u00edaz, Catalina Vergara Chaves, Constanza Patricia Leal Rozo, Daisy Garc\u00eda, Germ\u00e1n Esteban Pineda Castillo, Leonardo Rebolledo Ru\u00edz, Liliana Cort\u00e9s, Lina Mar\u00eda Garc\u00eda Guti\u00e9rrez, Marta In\u00e9s Posada, Miguel \u00c1ngel Aguilar G\u00f3mez, Martha Socorro del Rosario C\u00e1rdenas, Nery Andrea Gil Penagos, Juan Carlos Poveda Bayona, Jos\u00e9 Isidro Gil Mojica, Mar\u00eda Camila Penagos Triana, Nery Marleny Penagos Castellanos \u00a0y N\u00e9stor Edgardo Rada Leal \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3\/11\/2020<\/p>\n
18 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Daniela Elisa Rodr\u00edguez Ocampo, Diana Mar\u00eda Loaiza Valencia, Geraldine Murcia Posada, Jenifer Ram\u00edrez, Juliana Hern\u00e1ndez Roa y Pamela Delgado Carrasquilla \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3\/11\/2020<\/p>\n
19 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Olga Luc\u00eda Cubides Cruz \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3\/11\/2020<\/p>\n
20 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Alba Nubia R\u00edos Aguirre \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
4\/11\/2020<\/p>\n
21 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Blanca Delia R\u00edos Aguirre \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
4\/11\/2020<\/p>\n
22 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Elizabeth Ortiz \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
4\/11\/2020<\/p>\n
23 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Islen Alarc\u00f3n Cifuentes \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
4\/11\/2020<\/p>\n
N\u00e9stor Edgardo Rada Leal \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
4\/11\/2020<\/p>\n
25 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Johana \u00c1lvarez Botero \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
6\/11\/2020<\/p>\n
26 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
L\u00eda Salom\u00e9 S\u00e1nchez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
6\/11\/2020<\/p>\n
27 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda del Pilar Castellanos Pab\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
6\/11\/2020<\/p>\n
28 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Miguel \u00c1ngel Galeano Mar\u00edn \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
6\/11\/2020<\/p>\n
29 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Paola Andrea Casta\u00f1o Montes \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
6\/11\/2020<\/p>\n
30 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Clemencia Salamanca Mari\u00f1o \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
9\/11\/2020<\/p>\n
31 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Diego Fernando Ru\u00edz Oviedo, Dilia In\u00e9s Mart\u00edn Herrera, Erika Duarte, Karen Julieth Guevara Torres, Nelly Patricia Ortiz y Sandra Patricia Duarte Atuesta \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
9\/11\/2020<\/p>\n
32 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
V\u00edctor Fernando G\u00f3mez Tabares \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
9\/11\/2020<\/p>\n
33 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Alba In\u00e9s Alzato Giraldo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
34 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Alba Liliana Restrepo Ocampo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
35 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Alba Matilde Ch\u00e1vez Ot\u00e1lora y Fredy Enrique Alvarado Benavides \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
36 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ana Mar\u00eda Dom\u00ednguez Guzm\u00e1n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
37 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00c1ngela Mart\u00ednez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
38 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Astrid Pantoja Cer\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
39 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Carlos Eduardo Corsi Ot\u00e1lora \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
40 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Carlos Gilberto Leiva Rizzo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
41 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Claudia \u00a0Bellaiza \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
42 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Clemencia Salamanca Mari\u00f1o \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
43 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Daniela Salazar Silva \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
44 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Edith del Carmen Bonilla Bonilla \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
45 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Elizabeth Garc\u00e9s S\u00e1nchez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
46 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Gladys Mireya Castro Mu\u00f1oz \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
47 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Gloria Lucia Lagos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
48 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Isabela Dom\u00ednguez Guzm\u00e1n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
49 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Javier Armando Su\u00e1rez Pascagaza \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
50 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jean Carlos Botina \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
51 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Johana \u00c1lvarez Botero \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
52 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Juan Carlos Navarrete Navarrete \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
53 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Kelly G\u00f3mez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
54 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Laura Dom\u00ednguez Guzm\u00e1n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
55 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Laura Valentina Salinas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
56 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Leopoldo Varela Acosta \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
57 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Lizeth Benavides \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
58 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Magali Portilla Villamizar \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
59 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda de los \u00c1ngeles Serna Botero \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
60 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Elker Montoya Pizarro \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
61 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Maritza Guzm\u00e1n Velasco \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
62 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Martha Elena Guerrero Ram\u00edrez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
63 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Martha Elena Soto Rojas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
64 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Martha Rocio Montoya Murillo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
65 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Paola Ch\u00e1vez, Wilson Montoya y Roc\u00edo Gonzales \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
66 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Paola Ch\u00e1vez, Wilson Montoya, Roc\u00edo Gonzales, Jhon Jairo Botinw y Hermes Botina \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
67 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Rodolfo Mart\u00ednez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
68 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Sonia Vega Calder\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
69 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Xiomara Cadena Herrera \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
70 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Yenifer Reyes Quesada \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
71 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Yolanda Albany \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
72 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Adriana Morales Valero, Alba Luc\u00eda Valenzuela Correa, Albeiro G\u00e1lvez \u00c1vila, Alinxon Scarpetta Scarpetta, Anamar\u00eda Guti\u00e9rrez Su\u00e1rez, Anny Carolina Espinosa Ospina, Astolfo Eduardo Moreno C., Carlos Arturo Rojas Bermeo, Claudia Ribero Rinc\u00f3n, Diana Isabel Chaves Varela, Edith Mireya Montealegre Carrasco, Iv\u00e1n Mauricio Jim\u00e9nez Castro, Juanita Pardo Luengas, Luis Fernando Uribe G\u00f3mez, Luz Mariela Prieto Vanegas, Mar\u00eda Luz \u00c1ngela Izquierdo Chaves, \u00a0Martha Cecilia Rodr\u00edguez Cruz, Martha Luc\u00eda Ortiz, Martha Rivera, Migdonia Villamil Montoya, M\u00f3nica Patricia Vel\u00e1squez Conde, Norma del Socorro L\u00f3pez Gonz\u00e1lez, Rubiela Villamil Montoya \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
73 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00c1lvaro Infante Haro, \u00c1ngela Monta\u00f1o, Carol Stefanny Borda Acevedo, Jonathan Steven Silva Mocet\u00f3n, Carolina Rugeles Linares, Elizabeth Garc\u00e9s S\u00e1nchez, Esperanza Guerrero Oviedo, Jes\u00fas Maga\u00f1a, Mar\u00eda Elker Montoya Pizarro, Magali Portilla Villamizar*, Martha Yaneth Mart\u00ednez, Yolanda Albany, Yolanda Paredes* \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
11\/11\/2020<\/p>\n
74 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Birgit Scharfenort \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
11\/11\/2020<\/p>\n
75 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Carolina S\u00e1nchez y Diego Arias S\u00e1nchez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
11\/11\/2020<\/p>\n
76 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Claudia Posada Ar\u00e9valo, Laura G\u00f3mez, Laura G\u00f3mez, Omar Mart\u00edn Blanco Preciado y Yudi Ang\u00e9lica Ciro D\u00edaz \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
11\/11\/2020<\/p>\n
77 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Lina Patricia Ram\u00edrez Toro \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
11\/11\/2020<\/p>\n
78 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Raquel Sarria Acosta, Fabio Pulido Ortiz, Paola Garc\u00eda \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
11\/11\/2020<\/p>\n
79 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Adriana Cely, Agust\u00edn Rueda Gaviria, Aida Roc\u00edo Monta\u00f1ez Boh\u00f3rquez, Roberto Alexander Mora Mora, Ana Mercedes Mora D\u00edaz, Andr\u00e9s Arias, Andr\u00e9s Felipe Arias Astorquiza, Carlos Parra, Diana Carolina Salas Carvajal, \u00c9dison Gerleins Hern\u00e1ndez Bernal, Esperanza M. Astorquiza, Federico Hern\u00e1ndez, Ginna Ivonne Alvarado Pedroza, Ismael Mart\u00ednez Guerrero, Jes\u00fas David Ram\u00edrez Casta\u00f1o, Juliana Osorio Posada, Luisa Mar\u00eda Villegas L\u00f3pez, Lyda Jimena Castillo, Martha Cecilia Baham\u00f3n Z., Jos\u00e9 Nicol\u00e1s Torres, Sandra Patricia Frasser Escall\u00f3n, Gloria Gallo, Sandra Lilia Zamora S\u00e1nchez y Susana Rueda Gaviria \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
80 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Adriana Garc\u00eda L\u00f3pez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
81 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Adriana Mar\u00eda Am\u00f3rtegui Gonz\u00e1lez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
82 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Alida del Socorro Becerra Gonz\u00e1lez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
83 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ana Ximena Halabi \u00a0Echeverry \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
84 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00c1ngela D\u00edaz \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
85 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00c1ngela Mar\u00eda Anduquia Sarmiento \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
86 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00c1ngela Viviana S\u00e1nchez Cubides, Yohana Marcela y John \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
87 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Astrid Pantoja Cer\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
88 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Camilo Andr\u00e9s Serrano Velandia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
89 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Carlos Alberto Parra, Ang\u00e9lica Mar\u00eda L\u00f3pez Alarc\u00f3n, Catherine Maldonado Villarreal, Claudia Garavito, Diana Luc\u00eda Guti\u00e9rrez \u00c1lvarez, Dora Mar\u00eda Silva Arias, Esther Vargas Fern\u00e1ndez, Jos\u00e9 Fernando Naspir\u00e1n \u00c1vila, Mar\u00eda Ang\u00e9lica Martelo, Olga Isabel Vargas, Ram\u00f3n Rojas Puello, \u00a0Sandra Patricia Alarc\u00f3n Villar y Sandra Lilia Zamora S\u00e1nchez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
90 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Carmen Cecilia Rojas Miranda \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
91 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Carolina Castiblanco Rojas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
92 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
93 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Clemencia Gallo Castillo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
94 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Comunidad Citizen Go, Lilia Rodr\u00edguez y otras personas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
95 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Cristina Restrepo Pati\u00f1o \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
96 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Daniel Felipe Garc\u00eda C\u00e1rdenas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
97 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Danna Sof\u00eda Su\u00e1rez Su\u00e1rez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
98 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Diana Giovanna Garz\u00f3n Cadena \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
99 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Diana Patricia Cuartas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
100 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Diego Vargas D\u00edaz \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
101 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Dilma Nahir Boh\u00f3rquez Coronado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
102 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Elizabeth Garc\u00e9s S\u00e1nchez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
103 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Esperanza Hern\u00e1ndez Corso \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
104 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Fabiola Ca\u00f1\u00f3n Mart\u00ednez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
105 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Francisco Jos\u00e9 Chaux Donado – Viceministro de Promoci\u00f3n de la Justicia del Ministerio de Justicia y del Derecho \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
106 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Francisco Jos\u00e9 Tamayo Collins \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
107 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Hermes Botina \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
108 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ilva Myriam Hoyos Casta\u00f1eda \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
109 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
In\u00e9s Elvira D\u00edaz \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
110 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ingrid Yesenia Zapata Su\u00e1rez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
111 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jaime Facundo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
112 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jean Carlos Botina \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
113 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jes\u00fas Ladino Vargas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
114 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jhon Alexander Rosero Aranda \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
115 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jhon Jailer Botina \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
116 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Juan Manuel Su\u00e1rez Nemoc\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
117 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Juliana Hern\u00e1ndez Roa \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
118 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Laicos por Colombia\/Carlos Eduardo Corsi Otalor, presidente; Andr\u00e9s Forero Medina, director ejecutivo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
119 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Laura Vanessa Mora Monta\u00f1ez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
120 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Libia Paternina \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
121 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Lina Mar\u00eda Olmos Carre\u00f1o \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
122 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Lizeth Benavides \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
123 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Luis Jos\u00e9 Serna Zuluaga \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
Luz Stella Fl\u00f3rez Patarroyo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
125 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Margarita Castro \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
126 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Ang\u00e9lica Martelo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
127 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Ang\u00e9lica Moreno Herrera \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
128 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Camila Ospina Navarro, Pedro Daniel Contreras y Mateo Arana Brando de Plataforma C\u00edvica Nueva Democracia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
129 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda de los \u00c1ngeles Mu\u00f1oz Motta \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
130 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Fabiola Rojas Carrillo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
131 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda In\u00e9s Espinosa Calle \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
132 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Isabel Arenas Ovalle \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
133 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Jos\u00e9 Vargas T\u00e9llez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
134 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Margarita Vivas Mart\u00ednez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
135 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Teresa Villaveces \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
136 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Martha Castro \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
137 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Martha Elena Soto \/representante legal de la Fundaci\u00f3n Derecho a Nacer \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
138 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Michele Daniela Mora M\u00e9ndez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
139 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Nataly Rodr\u00edguez Tello \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
140 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Olga Teresa Alay\u00f3n Varas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
141 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
142 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Patricia Mac\u00edas M \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
143 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Paula Lozada \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
144 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Piedad Rodr\u00edguez Salazar \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
145 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Roc\u00edo Gonz\u00e1lez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
146 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Sandra Liliana Rubiano Fontecha \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
147 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Susana Baena \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
148 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Viviana Andrea Caballero Navajas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
149 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Yilneth Dayana Tobos P\u00e9rez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
150 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Yineth Lily Bermeo Cardoso \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
151 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Yineth Lorena Beltr\u00e1n Esquinas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
152 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jos\u00e9 Antonio Monta\u00f1ez G\u00f3mez y Gloria Mar\u00eda Boh\u00f3rquez Coronado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
153 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00c1ngela Mar\u00eda Anduquia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
154 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Guillermo Alberto Rosero Melo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
155 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Armando Zabara\u00edn D\u00b4Arce \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
25\/11\/2020<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
ESCRITOS PRESENTADOS DURANTE EL T\u00c9RMINO DE FIJACI\u00d3N EN LISTA, QUE HACEN REFERENCIA A FALTA DE COMPETENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA PRONUNCIARSE EN LA MATERIA<\/p>\n
N\u00daM. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
SOLICITANTE \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
FECHA REMISI\u00d3N ESCRITO<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Agustina Camargo Mart\u00ednez, Beatr\u00edz Gonz\u00e1lez de Uribe, Clemencia Salamanca Mari\u00f1o \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
29\/10\/2020<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Martin\u00e9s Posada \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Carmen Elvira Castellanos De Penagos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3\/11\/2020<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Delly Ram\u00edrez, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3\/11\/2020<\/p>\n
5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Elizabeth Alejo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
8\/11\/2020<\/p>\n
6 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Atilia Reyes \u00c1lvarez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
8\/11\/2020<\/p>\n
7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Orlando Quintero Arias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
8\/11\/2020<\/p>\n
8 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Rubi P\u00e9rez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
8\/11\/2020<\/p>\n
9 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mayte Brotons \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
9\/11\/2020<\/p>\n
10 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Adriana Rangel \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
11 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ana Rud Bastidas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
12 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Angie Prieto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
13 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Cristina Amparo C\u00e1rdenas de Boh\u00f3rquez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
14 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Diego Parra F. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
15 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Dinacela Mar\u00edn Rend\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
Jhon Milton Rodr\u00edguez, Mar\u00eda del Rosario Guerra, Eduardo Emilio Pacheco Cuello, Paola Holgu\u00edn, Santiago Valencia, Esperanza Andrade de Osso, Milla Patricia Romero Soto, Germ\u00e1n Blanco \u00c1lvarez, Carlos Felipe Mej\u00eda, Carlos Eduardo Acosta Lozano, Jos\u00e9 Jaime Usc\u00e1tegui, Edwin Ballesteros, Juan Espinal, \u00c1ngela S\u00e1nchez Leal, \u00c1lvaro Hern\u00e1n Prada, Margarita Restrepo, Erwin Arias Betancur, Christian Garc\u00e9s, Jonatan Tamayo P\u00e9rez, Juan Manuel Daza Iguar\u00e1n, Gabriel Jaime Vallejo Chujfi y Edgar Enrique Palacio Mizrahi \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
17 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Stephanie Berm\u00fadez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
18 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ruth Acosta \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
11\/11\/2020<\/p>\n
19 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Usuario Gerencia Maka \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
11\/11\/2020<\/p>\n
20 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Usuario Music & Friends COMEDY, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
11\/11\/2020<\/p>\n
21 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ver\u00f3nica Rodr\u00edguez Blanco, Susana Mosquera, Mar\u00eda del Pilar Zambrano, Laura Victoria Chavista Diaz, Laura Sof\u00eda Serrato Pedraza, Juan Cianciardo, Federico Bonaldo, Luis Castillo-C\u00f3rdoba y Luciano D. Laise e Isabel Trujillo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
11\/11\/2020<\/p>\n
22 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ana Milena M\u00e9ndez Camacho, Benny Cheka Cheka, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
23 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Judith T\u00e9llez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
24 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Marco Acosta Rico, Emel Rojas Castillo, Diana Marcela Diago Guaquet\u00e1, Gloria Elsy D\u00edaz Mart\u00ednez, Luz Marina Gordillo Salinas, Sara Jimena Castellanos Guerra, Adriana Carolina Arbel\u00e1ez, Humberto Rafael Am\u00edn Martelo, Oscar Ram\u00edrez Vahos, Andr\u00e9s Eduardo Forero Molina, Jorge Luis Colmenares, Nelson Cubides Salazar, Yefer Yesid Vega Bobadilla y Rolando Gonz\u00e1lez Garc\u00eda \/ concejales de Bogot\u00e1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
25 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Silvia Castiblanco \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
26 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Teresa P\u00e9rez Osorio \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
ANEXO 5<\/p>\n
CONCEPTOS E INTERVENCIONES QUE HACEN REFERENCIA A LA EXISTENCIA DE COSA JUZGADA<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
N\u00daM. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
INTERVINIENTES E INVITADOS \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
FECHA DE REMISI\u00d3N DEL CONCEPTO O INTERVENCI\u00d3N<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Adriana Marcela Su\u00e1rez Parra, \u00c1ngela Marcela Jim\u00e9nez Guzm\u00e1n, Cecilia Jim\u00e9nez, Esperanza Guerrero Oviedo, Luisa Fernanda Rinc\u00f3n C\u00e1ceres, Mar\u00eda Esther Garz\u00f3n Ayala, Rosa Consuelo Garz\u00f3n Amaya, Martha Emilia Ovalle Burgos, Olga Luc\u00eda Mu\u00f1oz R\u00edos y \u00d3scar Stewill Amaya Castillo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
29\/10\/2020<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ana Mar\u00eda Cabanzo Huertas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Vivianne Parra Cadena \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
30\/10\/2020<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ivonne Elena Linares Cort\u00e9s \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
31\/10\/2020<\/p>\n
5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Diana Henao Rodr\u00edguez, Emerita Barrera Mancilla, Francisco Javier Higuera, Liliana Patricia Cardona Berrio, Lorena Patricia Alzate, Mar\u00eda de los \u00c1ngeles Blanco Bar\u00f3n y Mar\u00eda Cristina Ram\u00edrez Arias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
02\/11\/2020<\/p>\n
6 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Adriana Beatriz Gonz\u00e1lez Guerrero, Alexandra Osorio Navarro, Fanny Morales Leal, Joba Navarro D\u00edaz, Catalina Vergara Chaves, Constanza Patricia Leal Rozo, Daisy Garc\u00eda, Germ\u00e1n Esteban Pineda Castillo, Leonardo Rebolledo Ru\u00edz, Liliana Cort\u00e9s, Lina Mar\u00eda Garc\u00eda Guti\u00e9rrez, Marta In\u00e9s Posada, Miguel \u00c1ngel Aguilar G\u00f3mez, Martha Socorro del Rosario C\u00e1rdenas, Nery Andrea Gil Penagos, Juan Carlos Poveda Bayona, Jos\u00e9 Isidro Gil Mojica, \u00a0Mar\u00eda Camila Penagos Triana, Nery Marleny Penagos Castellanos \u00a0y N\u00e9stor Edgardo Rada Leal \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
03\/11\/2020<\/p>\n
7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Olga Luc\u00eda Cubides Cruz \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
03\/11\/2020<\/p>\n
8 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
N\u00e9stor Edgardo Rada Leal \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
04\/11\/2020<\/p>\n
9 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Esperanza Andrade Serrano y John Milton Rodr\u00edguez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
05\/11\/2020<\/p>\n
10 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Miguel \u00c1ngel Galeano Mar\u00edn \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
06\/11\/2020<\/p>\n
11 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Johana \u00c1lvarez Botero \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
06\/11\/2020<\/p>\n
12 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda del Pilar Castellanos Pab\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
06\/11\/2020<\/p>\n
13 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Esperanza Andrade Serrano, John Milton Rodr\u00edguez, Juan Carlos Garc\u00eda G\u00f3mez, Mar\u00eda Cristina Soto de G\u00f3mez, Buenaventura Le\u00f3n Le\u00f3n, Mar\u00eda del Rosario Guerra, Adriana Magali Matiz Vargas, Nora Garc\u00eda Burgos, Myriam Paredes Aguirre y Mar\u00eda Fernanda Cabal Molina. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
09\/11\/2020<\/p>\n
14 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Esperanza Andrade Serrano, John Milton Rodr\u00edguez, Juan Carlos Garc\u00eda G\u00f3mez, Mar\u00eda Cristina Soto de G\u00f3mez, Buenaventura Le\u00f3n Le\u00f3n y Adriana Magali Matiz Vargas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
09\/11\/2020<\/p>\n
Diego Fernando Ru\u00edz Oviedo, Dilia In\u00e9s Mart\u00edn Herrera, Erika Duarte, Karen Julieth Guevara Torres, Nelly Patricia Ortiz y Sandra Patricia Duarte Atuesta \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
09\/11\/2020<\/p>\n
16 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda de los \u00c1ngeles Serna Botero \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
17 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Birgit Scharfenort \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
11\/11\/2020<\/p>\n
18 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Lina Patricia Ram\u00edrez Toro \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
11\/11\/2020<\/p>\n
19 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Esperanza Andrade Serrano, John Milton Rodr\u00edguez, Juan Carlos Garc\u00eda G\u00f3mez, Mar\u00eda Cristina Soto de G\u00f3mez, Buenaventura Le\u00f3n Le\u00f3n, Mar\u00eda del Rosario Guerra, Adriana Magali Matiz Vargas, Nora Garc\u00eda Burgos, Myriam Paredes Aguirre y Diela Liliana Benavides. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
11\/11\/2020<\/p>\n
20 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Adriana Morales Valero, Alba Luc\u00eda Valenzuela Correa, Albeiro G\u00e1lvez \u00c1vila, Alinxon Scarpetta Scarpetta, Anamar\u00eda Guti\u00e9rrez Su\u00e1rez, Anny Carolina Espinosa Ospina, Astolfo Eduardo Moreno C., Carlos Arturo Rojas Bermeo, Claudia Ribero Rinc\u00f3n, Diana Isabel Chaves Varela, Edith Mireya Montealegre Carrasco, Iv\u00e1n Mauricio Jim\u00e9nez Castro, Juanita Pardo Luengas, Luis Fernando Uribe G\u00f3mez, Luz Mariela Prieto Vanegas, Mar\u00eda Luz \u00c1ngela Izquierdo Chaves, \u00a0Martha Cecilia Rodr\u00edguez Cruz, Martha Luc\u00eda Ortiz, Martha Rivera, Migdonia Villamil Montoya, M\u00f3nica Patricia Vel\u00e1squez Conde, Norma del Socorro L\u00f3pez Gonz\u00e1lez, Rubiela Villamil Montoya \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
11\/11\/2020<\/p>\n
21 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Fabiola Rojas Carrillo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
22 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jes\u00fas Ladino Vargas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
23 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Adriana Mar\u00eda Am\u00f3rtegui Gonz\u00e1lez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
24 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Piedad Rodr\u00edguez Salazar \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
25 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ingrid Yesenia Zapata Su\u00e1rez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
26 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Alida del Socorro Becerra Gonz\u00e1lez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
27 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Laura Vanessa Mora Monta\u00f1ez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
28 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Ang\u00e9lica Martelo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
29 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Michele Daniela Mora M\u00e9ndez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
30 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Paula Lozada \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
31 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Yilneth Dayana Tobos P\u00e9rez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
Yineth Lorena Beltr\u00e1n Esquinas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
33 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ana Ximena Halabi Echeverry \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
34 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Camilo Andr\u00e9s Serrano Velandia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
35 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Carmen Cecilia Rojas Miranda \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
36 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Carolina Castiblanco Rojas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
37 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Daniel Felipe Garc\u00eda C\u00e1rdenas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
38 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Danna Sof\u00eda Su\u00e1rez Su\u00e1rez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
39 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Cristina Restrepo Pati\u00f1o \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
40 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Luis Jos\u00e9 Serna Zuluaga \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
Mar\u00eda In\u00e9s Espinosa Calle \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
42 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Patricia Mac\u00edas M \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
43 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Viviana Andrea Caballero Navajas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
44 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Susana Baena \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
45 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Carlos Alberto Parra, Ang\u00e9lica Mar\u00eda L\u00f3pez Alarc\u00f3n, Catherine Maldonado Villarreal, Claudia Garavito, Diana Luc\u00eda Guti\u00e9rrez \u00c1lvarez, Dora Mar\u00eda Silva Arias, Esther Vargas Fern\u00e1ndez, Jos\u00e9 Fernando Naspir\u00e1n \u00c1vila, Mar\u00eda Ang\u00e9lica Martelo, Olga Isabel Vargas, Ram\u00f3n Rojas Puello, Sandra Patricia Alarc\u00f3n Villar y Sandra Lilia Zamora S\u00e1nchez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
46 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Teresa Villaveces \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
47 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Isabel Arenas Ovalle \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
48 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Sheyla Rodr\u00edguez Real \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
09\/11\/2020<\/p>\n
49 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Sheyla Rodr\u00edguez Real y Yolanda Mu\u00f1oz G\u00f3mez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
09\/11\/2020<\/p>\n
50 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Diva In\u00e9s Serrano Ram\u00edrez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
51 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ver\u00f3nica Uribe Ram\u00edrez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
52 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Elvia Mar\u00eda del Pilar Mart\u00ednez Neira \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
53 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Esther Mar\u00eda Tous Rodr\u00edguez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
Alexandra D\u00edaz, Ana Luz Ceballos L\u00f3pez, Arturo Herre\u00f1o Mar\u00edn, Belkis Karina Erazo Polania, \u00a0Berenice Vel\u00e1squez G\u00f3mez, Carolina Cubides Plazas, Claudia Lorena Zapata Mar\u00edn, Claudia Velasco, Diana Marcela Mesa Acosta, Diana Marcela Giraldo L\u00f3pez, \u00a0Francy Yuliana Casta\u00f1o, Gloria Edith Herre\u00f1o Mar\u00edn, Jos\u00e9 Fernando Ram\u00edrez Prada, Jos\u00e9 Luis Le\u00f3n Ledesma, Juan Carlos Caicedo Moreno, Marcela Su\u00e1rez Ruano, M\u00f3nica \u00c1lvarez Cruz, Natalia Lorena \u00c1lvarez Morales, Natalia Ram\u00edrez \u00c1lvarez, Sandra Dignora Estupi\u00f1\u00e1n Alzate, Sandra Milena Troncoso Rojas y Yorleny Alvarado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
11\/11\/2020<\/p>\n
55 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Claudia Marcela Dom\u00ednguez Rodr\u00edguez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
56 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Adriana Eugenia Galvis G\u00f3mez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
57 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Andr\u00e9s Naranjo Cruz \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
58 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Hasblade Ardila \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
59 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Johana Cristina Santana Valero \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
60 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Berta Luz Arbel\u00e1ez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
61 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Diana Cristina Marulanda Giraldo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
62 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Fernanda Valoyes \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
63 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Adriana Rivadeneira \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
64 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Alejandra Rivadeneira \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
65 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Raquel Chocu\u00e9 Pillimue \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
66 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Estefani Chocu\u00e9 Pillimue \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
67 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mari Luz Beltr\u00e1n Mart\u00ednez, Fredy Santamar\u00eda Machado y Giseth Paola Santamar\u00eda Beltr\u00e1n. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
68 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Paula Mariana V\u00e1squez Ar\u00e9valo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
69 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Sandra Milena Villafe Torres \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
Teresa de Jes\u00fas Berm\u00fadez Restrepo, Carlos E. Posso, Margarita Restrepo de Berm\u00fadez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
71 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Tom\u00e1s Estupi\u00f1\u00e1n Murillo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
72 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Flor Rodr\u00edguez Villamar\u00edn \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
73 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Adriana Carolina Rangel Rojas, Ana Mar\u00eda G\u00f3mez Rojas, Assenth Serna Alzate, Dar\u00edo Villegas Echeverry, Gabriela Gallo Mart\u00ednez, Jaime Eduardo Villegas Serna y Nancy Helena Velandia Acosta \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
74 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Adriana Marcela Orozco Silva \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
04\/11\/2020<\/p>\n
75 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Clemencia Salamanca Mari\u00f1o \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
09\/11\/2020<\/p>\n
76 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Claudia Posada Ar\u00e9valo, Laura G\u00f3mez, Laura G\u00f3mez, Omar Mart\u00edn Blanco Preciado y Yudi Ang\u00e9lica Ciro D\u00edaz \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
11\/11\/2020<\/p>\n
77 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Juliana Hern\u00e1ndez Roa \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
78 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Nataly Rodr\u00edguez Tello \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
79 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Jos\u00e9 Vargas T\u00e9llez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
80 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Diego Vargas D\u00edaz \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
81 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jaime Facundo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
82 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Diana Patricia Cuartas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
83 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Elizabeth Garc\u00e9s S\u00e1nchez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
Libia Paternina \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
85 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Lizeth Benavides \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
86 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda de los \u00c1ngeles Mu\u00f1oz Motta \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
87 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Roc\u00edo Gonz\u00e1lez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
88 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Sandra Liliana Rubiano Fontecha \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
89 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00c1ngela D\u00edaz \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
90 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Esperanza Hern\u00e1ndez Corso \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
91 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Fabiola Ca\u00f1\u00f3n Mart\u00ednez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
92 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Hermes Botina \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
93 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jhon Jailer Botina \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
94 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jhon Alexander Rosero Aranda \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
95 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Lina Mar\u00eda Olmos Carre\u00f1o \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
96 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Luz Stella Fl\u00f3rez Patarroyo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
97 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Martha Castro \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
Claudia Patricia Talero Rodr\u00edguez, Edgar Alfredo P\u00e9rez Azuero, Eraida Rubiela Mart\u00ednez Mu\u00f1oz, Gloria Luc\u00eda Lagos Castellanos, Magda Yamile Ramos L\u00f3pez, Marco Andr\u00e9s Gil, Martha Roc\u00edo Montoya Murillo y Sandra Liliana Ipujan Getial \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
99 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jean Carlos Botina \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
100 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Astrid Pantoja Cer\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
101 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Edith del Carmen Bonilla Bonilla \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
102 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Johana \u00c1lvarez Botero \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
103 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Elizabeth Garc\u00e9s S\u00e1nchez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
104 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Isabela Dom\u00ednguez Guzm\u00e1n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
105 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Alba Matilde Ch\u00e1vez Ot\u00e1lora y Fredy Enrique Alvarado Benavides \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
106 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ana Mar\u00eda Dom\u00ednguez Guzm\u00e1n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
107 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Carlos Eduardo Corsi Ot\u00e1lora \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
108 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Gloria Lucia Lagos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
109 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Leopoldo Varela Acosta \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
110 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Martha Roc\u00edo Montoya Murillo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
111 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Claudia Bellaiza \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
112 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Daniela Salazar Silva \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
113 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Maritza Guzm\u00e1n Velasco \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
114 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Clemencia Salamanca Mari\u00f1o \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
Yolanda Albany \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
116 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Juan Carlos Navarrete Navarrete \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
117 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Martha Elena Guerrero Ram\u00edrez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
118 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Laura Dom\u00ednguez Guzm\u00e1n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
119 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Carlos Gilberto Leiva Rizzo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
120 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jean Carlos Botina \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
121 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Lizeth Benavides \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
122 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Paola Ch\u00e1vez, Wilson Montoya y Roc\u00edo Gonzales \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
123 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Paola Ch\u00e1vez, Wilson Montoya, Roc\u00edo Gonzales, Jhon Jairo Botinw y Hermes Botina \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
124 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00c1ngela Mart\u00ednez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
125 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Gladys Mireya Castro Mu\u00f1oz \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
126 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Rodolfo Mart\u00ednez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
127 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Martha Elena Soto Rojas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
128 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Elker Montoya Pizarro \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
129 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Astrid Pantoja Cer\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
130 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00c1lvaro Infante Haro, \u00c1ngela Monta\u00f1o, Carol Stefanny Borda Acevedo, Jonathan Steven Silva Mocet\u00f3n, Carolina Rugeles Linares, Elizabeth Garc\u00e9s S\u00e1nchez, Esperanza Guerrero Oviedo, Jes\u00fas Maga\u00f1a, Mar\u00eda Elker Montoya Pizarro, Martha Yaneth Mart\u00ednez, Yolanda Albany \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
11\/11\/2020<\/p>\n
131 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Francisco Jos\u00e9 Tamayo Collins \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
132 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ana Mar\u00eda Orozco Silva \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
03\/11\/2020<\/p>\n
133 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Raquel Sarria Acosta, Fabio Pulido Ortiz \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
11\/11\/2020<\/p>\n
134 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Joaqu\u00edn El\u00edas Cano Vallejo \/ representante judicial y extrajudicial del Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
18\/11\/2020<\/p>\n
135 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Andrea Elizabeth Hurtado Neira \/ directora t\u00e9cnica de la Direcci\u00f3n Jur\u00eddica del Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
24\/11\/2020<\/p>\n
136 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Francisco Jos\u00e9 Chaux Donado \/ viceministro de Promoci\u00f3n de la Justicia del Ministerio de Justicia y del Derecho \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
137 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00d3scar Urbina Ortega\/ arzobispo de Villavicencio, presidente de la Conferencia Episcopal \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
138 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Comisi\u00f3n Legal para la Equidad de la Mujer \/ Mar\u00eda Cristina Rosado Sarabia \/ coordinadora Comisi\u00f3n Legal para la Equidad de la Mujer – Congreso de la Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
28\/10\/2020<\/p>\n
139 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Emma Claudia Castellanos y \u00c1ngela Patricia S\u00e1nchez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27\/11\/2020<\/p>\n
140 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Nidia Marcela Osorio Salgado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
141 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Armando Zabara\u00edn D\u00b4Arce \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
25\/11\/2020<\/p>\n
142 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Fernando Vel\u00e1squez Vel\u00e1squez| \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
13\/11\/2020<\/p>\n
143 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Red Futuro Colombia \/ Andr\u00e9s Forero Medina \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
144 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Luis Gustavo Fierro Maya \/ jefe Oficina Asesora Jur\u00eddica – Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
145 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Gina Roc\u00edo Meyer Ar\u00e9valo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
06\/11\/2020<\/p>\n
146 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Martha In\u00e9s Garc\u00eda San\u00edn \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
29\/10\/2020<\/p>\n
147 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Joel David Gaona Cruz \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
148 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Carlos Felipe Castrill\u00f3n Mu\u00f1oz \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
ESCRITOS QUE HACEN REFERENCIA A LA EXISTENCIA DE COSA JUZGADA<\/p>\n
N\u00daM. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
SOLICITANTE \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
FECHA DE REMISION DEL ESCRITO<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Agustina Camargo Mart\u00ednez, Beatriz Gonz\u00e1lez de Uribe, Clemencia Salamanca Mari\u00f1o \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
29\/10\/2020<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Martin\u00e9s Posada \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
30\/10\/2020<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Carmen Elvira Castellanos De Penagos, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
03\/11\/2020<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
11\/11\/2020<\/p>\n
5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Judith T\u00e9llez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
6 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Adriana Cely \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
11\/11\/2020<\/p>\n
7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Claudia Suescun \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
8 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Catalina Ramos Orozco, Laura Marcela Ramos Orozco y Natalia Ramos Orozco \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
05\/11\/2020<\/p>\n
9 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Usuario Music & Friends COMEDY \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
11\/11\/2020<\/p>\n
10 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Olga Teresa Alay\u00f3n Varas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
11 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ana Milena M\u00e9ndez Camacho, Benny Cheka Cheka \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
12 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Cristina Amparo C\u00e1rdenas de Boh\u00f3rquez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
13 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Magali Portilla Villamizar \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
14 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Alba Liliana Restrepo Ocampo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
15 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Magali Portilla Villamizar, Yolanda Paredes \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
11\/11\/2020<\/p>\n
16 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Teresa P\u00e9rez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
17 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ver\u00f3nica Rodr\u00edguez Blanco, Susana Mosquera, Mar\u00eda del Pilar Zambrano, Paola Garc\u00eda, Laura Victoria Chavista Diaz, Laura Sof\u00eda Serrato Pedraza, Juan Cianciardo, Frederico Bonaldo, Luis Castillo-C\u00f3rdoba y Luciano D. Laise e Isabel Trujillo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
11\/11\/2020<\/p>\n
18 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Usuario taxcafe Barranquilla \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
19 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
11\/11\/2020<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
ANEXO 6<\/p>\n
INTERVENCIONES Y CONCEPTOS DE CIUDADANOS, ORGANIZACIONES PRIVADAS, AUTORIDADES P\u00daBLICAS Y AMICUS CURIAE QUE HACEN REFERENCIA A LA INEXISTENCIA DE COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
N\u00daM. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
INTERVINIENTES E INVITADOS<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jos\u00e9 Fernando Perdomo Torres<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00c1ngela Mar\u00eda Buitrago Ru\u00edz<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Gabriela Cala Porras, Isabella L\u00e9bolo Bula, Sof\u00eda Machado Parra, Isabel Gaviria Ormaza y Mar\u00eda Valencia Ib\u00e1\u00f1ez<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
M\u00f3nica Arango Olaya, Viviana Boh\u00f3rquez Monsalve y Mar\u00eda Paula Saffon San\u00edn<\/p>\n
5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Juanita Mar\u00eda Goebertus Estrada, Ang\u00e9lica Lozano Correa, \u00c1ngela Mar\u00eda Robledo G\u00f3mez, Katherine Miranda Pe\u00f1a, Mar\u00eda Jos\u00e9 Pizarro Rodr\u00edguez, Catalina Ortiz Lalinde, Juan Carlos Lozada Vargas, Juan Fernando Reyes Kuri, Inti Ra\u00fal Asprilla Reyes, Gustavo Bol\u00edvar Moreno, Abel David Jaramillo Largo, Wilson Neber Arias Castillo, Le\u00f3n Fredy Mu\u00f1oz Lopera, Antonio Sanguino P\u00e1ez, Carlos Germ\u00e1n Navas Talero, Mauricio Toro Orjuela, Luis Alberto Alb\u00e1n Urbano, David Racero Mayorca, Wilmer Leal P\u00e9rez, Juli\u00e1n Gallo Cubillos y Jorge G\u00f3mez Gallego \/ representantes y senadores de la Rep\u00fablica<\/p>\n
6 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Angie Daniela Yepes Garc\u00eda, coordinadora del Grupo de Acciones P\u00fablicas (GAP) de la Universidad del Rosario, y Mar\u00eda Jos\u00e9 Motta, Lorena Pardo Rojas y Viviana Basto Vergara integrantes del GAP<\/p>\n
7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Alejandra Ram\u00edrez Arias, Lina R\u00edos Ortiz, Natalia Andrea Gonz\u00e1lez Barreto \/ estudiantes del Grupo de Incidencia y Acci\u00f3n Social del Consultorio Jur\u00eddico de la Universidad de los Andes y Carlos Juli\u00e1n Mantilla Copete asesor del Grupo de Incidencia y Acci\u00f3n Social<\/p>\n
8 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Luz \u00c1ngela G\u00f3mez Jutinico y otros \/ directora del Semillero G\u00e9nero y Equidad Universidad Libre de Bogot\u00e1<\/p>\n
9 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jos\u00e9 Alejandro Ram\u00edrez Chac\u00f3n, Diana Valentina Amado Vega y Jorge Hernando Galeano Arias \/ miembros y coordinador Acad\u00e9mico, respectivamente, del Grupo de Investigaci\u00f3n \u201cMenos Delitos, Mejor Justicia\u201d adscrito a la Facultad de Derecho, Ciencias Pol\u00edticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia<\/p>\n
10 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jorge Kenneth Burbano Villamar\u00edn \/ director del Observatorio de Intervenci\u00f3n Ciudadana Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre y David Andr\u00e9s Murillo Cruz\/ docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre y miembro del Observatorio; Camila Alejandra Rozo Ladino \/ abogada y miembro del Observatorio y Leydy Jazm\u00edn Ru\u00edz Herrera \/ estudiante y miembro del Observatorio<\/p>\n
Viviana Rodr\u00edguez Pe\u00f1a \/ coordinadora jur\u00eddica y Mar\u00eda Fernanda Herrera Burgos, Karen Esmeralda Mora Chaparro y Marcia Rojas Moreno \/ abogadas de la Corporaci\u00f3n Humanas \u2013 Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de G\u00e9nero-<\/p>\n
12 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Wilson de Jes\u00fas Casta\u00f1eda Castro \/ representante legal y director de Caribe Afirmativo<\/p>\n
13 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Marcela S\u00e1nchez Buitrago \/ directora ejecutiva, Mar\u00eda Susana Peralta, Beldys Hern\u00e1ndez, Juan Felipe Rivera Osorio y Alejandro Barreiro \/ integrantes del \u00c1rea Legal de Colombia Diversa y Laura Frida Weinstein, Directora y Tom\u00e1s Anzola, Camila Becerra, Laura Fl\u00f3rez y Daniel Gonz\u00e1lez, integrantes de la Fundaci\u00f3n Grupo de Acci\u00f3n y Apoyo a Personas Trans (GAAT)<\/p>\n
14 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00c1lvaro Bermejo \/ director general International Planned Parenthood Federation \u2013 IPPF<\/p>\n
15 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00c9rika Guevara Rosas \/ directora de la Oficina Regional para las Am\u00e9ricas de Amnist\u00eda Internacional Secretariado Internacional<\/p>\n
16 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Diana Cristina Caicedo Naranjo \/ directora ejecutiva de la Cooperaci\u00f3n Gea Jurisgeneristas y Carolina Espitia Becerra Colaboradora de las \u00c1reas de Fortalecimiento de Capacidades y Gesti\u00f3n<\/p>\n
17 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Diana Rodr\u00edguez Franco \/ Secretar\u00eda Distrital de la Mujer (Bogot\u00e1)<\/p>\n
19 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Gustavo Gall\u00f3n Giraldo, Juli\u00e1n Gonz\u00e1lez Escall\u00f3n, David Fernando Cruz, Enith Bula Bele\u00f1o y Sibelys Mej\u00eda Rodr\u00edguez – Comisi\u00f3n Colombiana de Juristas<\/p>\n
19 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Viviana Rodr\u00edguez Pe\u00f1a, Karen Esmeralda Mora Chararro, Mar\u00eda Fernanda Herrera Burgos Y Marcia Rojas Moreno \/ Corporaci\u00f3n Humanas \u2013 Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de G\u00e9nero<\/p>\n
20 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Universidad Externado de Colombia, por intermedio del Centro de estudios sobre Gen\u00e9tica y Derecho y del Observatorio de Migraciones Internacionales del Departamento de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho\/ Orlando Enrique Santamar\u00eda Echeverr\u00eda, Jorge Alberto Ram\u00edrez G\u00f3mez, Natalia Rueda Vallejo y Sim\u00f3n Rodr\u00edguez Serna<\/p>\n
21 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Felipe Chica Duque, Miguel \u00c1ngel D\u00edaz Ochoa, Mar\u00eda Acelas Celis, Sof\u00eda Ramos L\u00f3pez y Andr\u00e9s Rodr\u00edguez Morales<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
ANEXO 7<\/p>\n
INTERVENCIONES Y CONCEPTOS DE CIUDADANOS, ORGANIZACIONES PRIVADAS Y AMICUS CURIAE QUE SOLICITAN LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA DEMANDADA<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Fundamentos: (1) se deben proteger los derechos del nasciturus o feto; (2) el aborto desconoce los derechos humanos; (3) prevalencia de los derechos de las ni\u00f1as y de los ni\u00f1os; (4) inexistencia del derecho fundamental a la IVE; (5) derecho de los padres (pareja) a decidir el n\u00famero de hijos y (6) naturaleza no vinculante de las normas de soft law en que se fundamenta la demanda<\/p>\n
N\u00daM. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
INTERVINIENTES E INVITADOS \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
FUND. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
OTROS \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
FECHA REMISI\u00d3N CONCEPTO O INTERVENCI\u00d3N<\/p>\n
Juan Carlos Novoa Buend\u00eda \/ Asociaci\u00f3n Colombiana de Juristas Cat\u00f3licos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 4, 6 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
El delito del aborto no desconoce los fines y funciones de la pena. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Camila Ospina Navarro, Pedro Daniel Contreras y Mateo Arana Brando \/ Plataforma C\u00edvica Nueva Democracia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
El aborto constituye un grave peligro tanto para la salud, como para la vida de las mujeres gestantes. El aborto no soluciona la violaci\u00f3n de derechos humanos de los migrantes ni erradica la pobreza. El aborto es violento y discriminatorio si se impone a una mujer, a una familia, en condiciones extraordinarias y vulnerables como \u00fanica alternativa. La existencia del aborto clandestino no justifica su despenalizaci\u00f3n. El n\u00famero de hijos es susceptible de ser elegido hasta antes del momento de la concepci\u00f3n. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Pamela Delgado \/ vocera en Colombia de 40 d\u00edas por la Vida \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
La legalizaci\u00f3n del aborto no mejora el riesgo de muerte de la mujer que aborta. La decisi\u00f3n del n\u00famero de hijos es una decisi\u00f3n previa a la existencia del nasciturus. La creaci\u00f3n de un derecho jurisprudencial al aborto, adem\u00e1s, vulnera la libertad de conciencia y convierte en ilegal al movimiento PROVIDA. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Deisy Johana \u00c1lvarez Toro \/ representante legal de la Corporaci\u00f3n Uno M\u00e1s -Red Antioquia Pro-Vida \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 3, 4, 5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Las complicaciones gineco-obst\u00e9tricas existen sea o no el aborto clandestino. El aborto conlleva riesgos f\u00edsicos y psicol\u00f3gicos que amenazan la integridad de la mujer. La inexequibilidad de la norma conllevar\u00eda una interpretaci\u00f3n abusiva del art\u00edculo 42 constitucional, toda vez que admitir\u00eda que el ejercicio de un derecho cuya titularidad es compartida (la pareja) se efect\u00fae en detrimento y evidente desventaja para una de las partes, aunque el mismo ordenamiento luego pueda enrostrarle un incumplimiento de deberes a la parte negada de la titularidad del derecho; estimular\u00eda el abandono y descarte de los hijos cuando no fueren deseados; enviar\u00eda un mensaje a la sociedad de est\u00edmulo a la irresponsabilidad paternal. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Deisy Johana \u00c1lvarez Toro \/ representante legal de la Corporaci\u00f3n Uno M\u00e1s -Red Antioquia Pro-Vida \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
La despenalizaci\u00f3n del aborto profundizar\u00e1 la desprotecci\u00f3n institucional de las mujeres embarazadas que atraviesan una crisis. El ser humano tiene derecho a la vida, desde la concepci\u00f3n. El aborto no es un m\u00e9todo anticonceptivo. Pone en riesgo la vida y la salud de las mujeres que atraviesan un embarazo en crisis. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
6 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Martha Elena Soto \/ representante legal de la Fundaci\u00f3n Derecho a Nacer \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
El aborto vulnera la integridad, salud f\u00edsica, espiritual, psicol\u00f3gica, emocional y social de la mujer y de quien lo practica. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Luis Alfonso Pizarro Jaramillo \/ representante legal de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los \u00daltimos D\u00edas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
El matrimonio entre el hombre y la mujer es ordenado por Dios y la familia es fundamental en el plan del Creador para el destino eterno de sus hijos. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
8 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Oscar Urbina Ortega \/ arzobispo de Villavicencio, presidente de la Conferencia Episcopal \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 3, 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
El aborto no es un mecanismo de control de natalidad \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
9 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Esperanza Andrade Serrano, John Milton Rodr\u00edguez, Juan Carlos Garc\u00eda G\u00f3mez, Mar\u00eda Cristina Soto de G\u00f3mez, Buenaventura Le\u00f3n Le\u00f3n, Mar\u00eda del Rosario Guerra, Adriana Magali Matiz Vargas, Nora Garc\u00eda Burgos, Myriam Paredes Aguirre y Diela Liliana Benavides \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Se debe proteger el derecho a la vida del que est\u00e1 por nacer (tambi\u00e9n alegan que existe cosa juzgada constitucional) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
11\/11\/2020<\/p>\n
10 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Esperanza Andrade Serrano, John Milton Rodr\u00edguez, Juan Carlos Garc\u00eda G\u00f3mez, Mar\u00eda Cristina Soto de G\u00f3mez, Buenaventura Le\u00f3n Le\u00f3n, Mar\u00eda del Rosario Guerra, Adriana Magali Matiz Vargas, Nora Garc\u00eda Burgos, Myriam Paredes Aguirre y Mar\u00eda Fernanda Cabal Molina \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Se debe proteger el derecho a la vida del que est\u00e1 por nacer (tambi\u00e9n alegan que existe cosa juzgada constitucional) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
09\/11\/2020<\/p>\n
11 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Esperanza Andrade Serrano y John Milton Rodr\u00edguez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Se debe proteger el derecho a la vida del que est\u00e1 por nacer (tambi\u00e9n alegan que existe cosa juzgada constitucional) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
05\/11\/2020<\/p>\n
12 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Esperanza Andrade Serrano, John Milton Rodr\u00edguez, Juan Carlos Garc\u00eda G\u00f3mez, Mar\u00eda Cristina Soto de G\u00f3mez, Buenaventura Le\u00f3n Le\u00f3n y Adriana Magali Matiz Vargas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Se debe proteger el derecho a la vida del que est\u00e1 por nacer (tambi\u00e9n alegan que existe cosa juzgada constitucional) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
09\/11\/2020<\/p>\n
13 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Juana Acosta L\u00f3pez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
No existen fundamentos jur\u00eddicos para afirmar la existencia aut\u00f3noma del derecho fundamental a la IVE. Declarar la procedencia de las pretensiones de la demanda podr\u00eda dar lugar a un hecho il\u00edcito internacional al implicar la existencia de un derecho absoluto en cabeza de las madres frente a la supresi\u00f3n absoluta del derecho del no nacido. El uso del aborto como \u00fanica alternativa para resolver problemas estructurales relacionados con los derechos de las mujeres demuestra el fracaso de los ideales del feminismo. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
14 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00c1ngela Roc\u00edo Mart\u00ednez Rivera \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
03\/11\/2020<\/p>\n
15 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00c1ngela Paola Rada Mart\u00ednez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
16 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ana Carolina Alzate Cianci, Andrea Giraldo Mera, Diana D\u00edaz, In\u00e9s Fabiola Garc\u00eda, Juan Camilo Roncallo Sarmiento, Lina Cristina Pe\u00f1a Rico, Mariana Mora Barranco, Martha Soleida Garc\u00eda y Nathalia Andrade Valdez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Rechazo social \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
29\/10\/2020<\/p>\n
17 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
In\u00e9s Fabiola Garc\u00eda \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Rechazo social \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
30\/10\/2020<\/p>\n
18 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Catalina Mar\u00eda Cauca Gonz\u00e1lez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
30\/10\/2020<\/p>\n
19 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Daniela Duque Aristiz\u00e1bal \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Rechazo social \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
30\/10\/2020<\/p>\n
20 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Nathalia Andrade Valdez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Rechazo social \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
30\/10\/2020<\/p>\n
21 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00c1ngela Rodr\u00edguez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Rechazo social \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
30\/10\/2020<\/p>\n
22 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Claudia Cristina Capacho Covelli \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Rechazo social \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
31\/10\/2020<\/p>\n
23 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
H\u00e9ctor Hernando Arango Mu\u00f1oz \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Rechazo social \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
01\/11\/2020<\/p>\n
24 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Santiago Valencia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Rechazo social \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
01\/11\/2020<\/p>\n
25 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Yenifer Vanesa M\u00e1rquez G\u00f3mez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Rechazo social \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
02\/11\/2020<\/p>\n
26 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Daniela Elisa Rodr\u00edguez Ocampo, Diana Mar\u00eda Loaiza Valencia, Geraldine Murcia Posada, Jenifer Ram\u00edrez, Juliana Hern\u00e1ndez Roa y Pamela Delgado Carrasquilla \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Rechazo social \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
03\/11\/2020<\/p>\n
27 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Alba Nubia R\u00edos Aguirre \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Rechazo social \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
28 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Blanca Delia R\u00edos Aguirre \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Rechazo social \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
04\/11\/2020<\/p>\n
29 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Islen Alarc\u00f3n Cifuentes \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Rechazo social \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
04\/11\/2020<\/p>\n
30 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
L\u00eda Salom\u00e9 S\u00e1nchez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Rechazo social \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
06\/11\/2020<\/p>\n
31 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Paola Andrea Casta\u00f1o Montes \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Rechazo social \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
06\/11\/2020<\/p>\n
32 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
V\u00edctor Fernando G\u00f3mez Tabares \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Rechazo social \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
09\/11\/2020<\/p>\n
33 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Sonia Vega Calder\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Rechazo social \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
34 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Laura Valentina Salinas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Rechazo social \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
35 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Alba In\u00e9s Alzate Giraldo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Rechazo social \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
36 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Kelly G\u00f3mez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Rechazo social \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
37 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Xiomara Cadena Herrera \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Rechazo social \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
38 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Yenifer Reyes Quesada \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Rechazo social \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
39 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Carolina S\u00e1nchez y Diego Arias S\u00e1nchez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Rechazo social \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
11\/11\/2020<\/p>\n
40 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Ang\u00e9lica Moreno Herrera \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Rechazo social \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
41 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Margarita Castro \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Rechazo social \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
42 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Diana Giovanna Garz\u00f3n Cadena \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Rechazo social \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
43 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Dilma Nahir Boh\u00f3rquez Coronado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Rechazo social \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
44 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Juan Manuel Su\u00e1rez Nemoc\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Rechazo social \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
45 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Adriana Garc\u00eda L\u00f3pez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Rechazo social \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
46 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Margarita Vivas Mart\u00ednez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Rechazo social \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
47 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Clemencia Gallo Castillo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Rechazo social \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
48 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Yineth Lily Bermeo Cardoso \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Rechazo social \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
49 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Adriana Cely, Agust\u00edn Rueda Gaviria, Aida Roc\u00edo Monta\u00f1ez Boh\u00f3rquez, Roberto Alexander Mora Mora, Ana Mercedes Mora D\u00edaz, Andr\u00e9s Arias, Andr\u00e9s Felipe Arias Astorquiza, Carlos Parra, Diana Carolina Salas Carvajal, Edisson Gerleins Hern\u00e1ndez Bernal, Esperanza M. Astorquiza, Federico Hern\u00e1ndez, Ginna Ivonne Alvarado Pedroza, Ismael Mart\u00ednez Guerrero, Jes\u00fas David Ram\u00edrez Casta\u00f1o, Juliana Osorio Posada, Luisa Mar\u00eda Villegas L\u00f3pez, Lyda Jimena Castillo, Martha Cecilia Baham\u00f3n Z., Jos\u00e9 Nicol\u00e1s Torres, Sandra Patricia Frasser Escall\u00f3n, Gloria Gallo, Sandra Liliana Zamora S\u00e1nchez y Susana Rueda Gaviria \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Rechazo social \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
50 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00c1ngela Viviana S\u00e1nchez Cubides, Yohana Marcela y John \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Rechazo social \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
51 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jos\u00e9 Antonio Monta\u00f1ez G\u00f3mez y Gloria Mar\u00eda Boh\u00f3rquez Coronado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Rechazo social \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2021<\/p>\n
52 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Vilma Graciela Mart\u00ednez Rivera \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Destrucci\u00f3n de la familia, encubrimiento de abandono estatal \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
08\/11\/2020<\/p>\n
53 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Carmen Alicia Mart\u00ednez Rivera \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2, 7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Destrucci\u00f3n de la familia, encubrimiento de abandono estatal \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
08\/11\/2020<\/p>\n
54 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00c1ngela Mart\u00ednez y Fanny Estupi\u00f1\u00e1n Ayala \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2, 7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
09\/11\/2020<\/p>\n
55 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mario Garc\u00eda Isaza \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2, 7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Destrucci\u00f3n de la familia, encubrimiento de abandono estatal \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
56 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Adriana Elena \u00c1lvarez Rivera \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2, 7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Destrucci\u00f3n de la familia, encubrimiento de abandono estatal \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
57 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Andrea Montealegre Cu\u00e9llar \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2, 7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Destrucci\u00f3n de la familia, encubrimiento de abandono estatal \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
11\/11\/2020<\/p>\n
58 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Anyuley Barrag\u00e1n Rodr\u00edguez y Diana del Socorro Daza Ardila \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2, 7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Destrucci\u00f3n de la familia, encubrimiento de abandono estatal \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
11\/11\/2020<\/p>\n
59 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Myriam Burgos y Orlando D\u00edaz Prada \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2, 7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Destrucci\u00f3n de la familia, encubrimiento de abandono estatal \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
11\/11\/2020<\/p>\n
60 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Blanca Victoria Prada Gil \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2, 7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Destrucci\u00f3n de la familia, encubrimiento de abandono estatal \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
61 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Carmenza Pi\u00f1eros Z\u00fa\u00f1iga \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2, 7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Destrucci\u00f3n de la familia, encubrimiento de abandono estatal \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
62 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Elizabeth Nayibe Morales Rivera \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2, 7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Destrucci\u00f3n de la familia, encubrimiento de abandono estatal \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
63 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ana Ruth Rivera P\u00e9rez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2, 7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Destrucci\u00f3n de la familia, encubrimiento de abandono estatal \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
64 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Martha Cecilia Morales Rivera \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Destrucci\u00f3n de la familia, encubrimiento de abandono estatal \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
65 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Nelson Yesid Mart\u00ednez Rivera \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2, 7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Destrucci\u00f3n de la familia, encubrimiento de abandono estatal \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
66 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Clemencia Salamanca Mari\u00f1o \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
IVE encubre problem\u00e1tica social, afecta la salud de la madre, promueve pr\u00e1cticas censurables \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
09\/11\/2020<\/p>\n
67 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Claudia Posada Ar\u00e9valo, Laura G\u00f3mez, Laura G\u00f3mez, Omar Mart\u00edn Blanco Preciado y Yudi Ang\u00e9lica Ciro D\u00edaz \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 3, 7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
IVE encubre problem\u00e1tica social, afecta la salud de la madre, promueve pr\u00e1cticas censurables \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
11\/11\/2020<\/p>\n
68 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Juliana Hern\u00e1ndez Roa \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 3, 7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
IVE encubre problem\u00e1tica social, afecta la salud de la madre, promueve pr\u00e1cticas censurables \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
69 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Nataly Rodr\u00edguez Tello \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 3, 7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
IVE encubre problem\u00e1tica social, afecta la salud de la madre, promueve pr\u00e1cticas censurables \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
70 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Jos\u00e9 Vargas T\u00e9llez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 3, 7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
IVE encubre problem\u00e1tica social, afecta la salud de la madre, promueve pr\u00e1cticas censurables \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
71 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Diego Vargas D\u00edaz \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 3, 7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
IVE encubre problem\u00e1tica social, afecta la salud de la madre, promueve pr\u00e1cticas censurables \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
72 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jaime Facundo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 3, 7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
IVE encubre problem\u00e1tica social, afecta la salud de la madre, promueve pr\u00e1cticas censurables \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
73 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 3, 7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
IVE encubre problem\u00e1tica social, afecta la salud de la madre, promueve pr\u00e1cticas censurables \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
74 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Elizabeth Garc\u00e9s S\u00e1nchez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 3, 7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
IVE encubre problem\u00e1tica social, afecta la salud de la madre, promueve pr\u00e1cticas censurables \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
75 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Libia Paternina \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 3, 7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
IVE encubre problem\u00e1tica social, afecta la salud de la madre, promueve pr\u00e1cticas censurables \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
76 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Lizeth Benavides \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 3, 7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
IVE encubre problem\u00e1tica social, afecta la salud de la madre, promueve pr\u00e1cticas censurables \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
77 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda de los \u00c1ngeles Mu\u00f1oz Motta \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 3, 7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
IVE encubre problem\u00e1tica social, afecta la salud de la madre, promueve pr\u00e1cticas censurables \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
78 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Roc\u00edo Gonz\u00e1lez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 3, 7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
IVE encubre problem\u00e1tica social, afecta la salud de la madre, promueve pr\u00e1cticas censurables \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
79 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Sandra Liliana Rubiano Fontecha \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 3, 7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
IVE encubre problem\u00e1tica social, afecta la salud de la madre, promueve pr\u00e1cticas censurables \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
80 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00c1ngela D\u00edaz \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 3, 7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
IVE encubre problem\u00e1tica social, afecta la salud de la madre, promueve pr\u00e1cticas censurables \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
81 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Esperanza Hern\u00e1ndez Corso \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 3, 7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
IVE encubre problem\u00e1tica social, afecta la salud de la madre, promueve pr\u00e1cticas censurables \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
82 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Fabiola Ca\u00f1\u00f3n Mart\u00ednez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 3, 7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
83 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Hermes Botina \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 3, 7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
IVE encubre problem\u00e1tica social, afecta la salud de la madre, promueve pr\u00e1cticas censurables \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
84 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jhon Jailer Botina \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 3, 7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
IVE encubre problem\u00e1tica social, afecta la salud de la madre, promueve pr\u00e1cticas censurables \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
85 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jhon Alexander Rosero Aranda \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 3, 7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
IVE encubre problem\u00e1tica social, afecta la salud de la madre, promueve pr\u00e1cticas censurables \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
86 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Lina Mar\u00eda Olmos Carre\u00f1o \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 3, 7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
IVE encubre problem\u00e1tica social, afecta la salud de la madre, promueve pr\u00e1cticas censurables \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
87 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Luz Stella Fl\u00f3rez Patarroyo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 3, 7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
IVE encubre problem\u00e1tica social, afecta la salud de la madre, promueve pr\u00e1cticas censurables \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
88 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Martha Castro \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 3, 7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
IVE encubre problem\u00e1tica social, afecta la salud de la madre, promueve pr\u00e1cticas censurables \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
89 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Claudia Patricia Talero Rodr\u00edguez, Edgar Alfredo P\u00e9rez Azuero, Eraida Rubiela Mart\u00ednez Mu\u00f1oz, Gloria Luc\u00eda Lagos Castellanos, Magda Yamile Ramos L\u00f3pez, Marco Andr\u00e9s Gil, Martha Roc\u00edo Montoya Murillo y Sandra Liliana Ipujan Getial \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
IVE encubre problem\u00e1tica social, afecta la salud de la madre, promueve pr\u00e1cticas censurables \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
90 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Astrid Pantoja Cer\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 3, 7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
IVE encubre problem\u00e1tica social, afecta la salud de la madre, promueve pr\u00e1cticas censurables \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
91 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Vilma Graciela Mart\u00ednez Rivera \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
El derecho a la vida es inviolable \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
30\/10\/2020<\/p>\n
92 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ana Mar\u00eda S\u00e1nchez Musella \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 3, 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
01\/11\/2020<\/p>\n
93 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ana Mar\u00eda Orozco Silva \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Cosa juzgada (C-355\/06) sobre los casos en que se permite el aborto legal, seguro \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
03\/11\/2020<\/p>\n
94 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Elizabeth Ortiz \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
La vida es un asunto \u201cdivino\u201d \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
04\/11\/2020<\/p>\n
95 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Claudia Carbonell Fern\u00e1ndez y Juliana Mej\u00eda Quintana \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Corte no cuenta con elementos multidisciplinares de juicio; evitar normalizaci\u00f3n de la violencia; el IVE no ataca causas estructurales de la problem\u00e1tica. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
05\/11\/2020<\/p>\n
96 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Gina Roc\u00edo Meyer Ar\u00e9valo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 3, 5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
No es factible importar modelos implementados al respecto bajo realidades sociales ajenas a la colombiana; el IVE produce secuelas en la madre; derecho a la vida de la madre \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
06\/11\/2020<\/p>\n
97 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Amanda Rosas Camero, Mar\u00eda Elsa Rosas Camero, Adriana Mar\u00eda Lozano Rosas, Eleanor Rosas Camero, Guillermo Rosas Camero, Diana Carolina Le\u00f3n Rosas y Jorge Alejandro Le\u00f3n Rosas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
98 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Carlos Alberto Soto Perea \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
99 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Raquel Sarria Acosta, Fabio Pulido Ortiz \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 4, 6 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
El alcance de \u201cderecho viviente\u201d que atribuye la parte accionante carece de fundamente emp\u00edrico, jur\u00eddico. El Congreso no tiene obligaci\u00f3n de eliminar por completo el delito de aborto; no hay mandato normativo o judicial. A lo sumo existe un \u201cexhorto\u201d contenido en la cuestionable Sentencia SU-096\/18, para desarrollar las 3 excepciones establecidas en la C-355\/06 con fuerza de cosa juzgada. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
11\/11\/2020<\/p>\n
100 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00c1ngela V\u00e9lez Escall\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
En subsidio, solicitan que se declare la exequibilidad de la norma por las razones 1 y 2.<\/p>\n
Se debe considerar la experiencia personal, los estragos que el aborto ha generado a sus sobrevivientes (como es su caso personal); se debe considerar el dolor, el sufrimiento que el procedimiento causa en el que est\u00e1 por nacer; se debe mostrar a la mujer que existen otros caminos. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
101 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Joel David Gaona Cruz \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 4, 5, 6 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Las excepciones contempladas en la sentencia C-355\/06 deber\u00edan ser eliminadas, por no superar el test de proporcionalidad. As\u00ed deber\u00eda declararlo la Corte en el sub judice. El Estado puede limitar la libertad de profesi\u00f3n, oficio en pro del inter\u00e9s general. Es constitucional pedir que los profesionales de la salud se apeguen a los par\u00e1metros de la C-355\/06. La estigmatizaci\u00f3n no puede ser un criterio de despenalizaci\u00f3n, pues es connatural a todo tipo penal.<\/p>\n
No se pueden confundir los fines de la pena con el tipo penal. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
102 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Carlos Felipe Castrill\u00f3n Mu\u00f1oz \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, \u00a06 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
103 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00c1ngela Mar\u00eda Anduquia Sarmiento \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0El derecho al libre desarrollo de la personalidad no es absoluto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
104 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Juan del Valle Arellano \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3 y 5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
105 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Felipe Chica Duque, Miguel \u00c1ngel D\u00edaz Ochoa, Mar\u00eda Acelas Celis, Sof\u00eda Ramos L\u00f3pez y Andr\u00e9s Rodr\u00edguez Morales \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Solicitan que, en subsidio, se declare la exequibilidad condicionada de la norma demandada, donde se declare legal el aborto hasta la semana 16 de gestaci\u00f3n. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
106 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1 y 2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0el derecho a la vida es inviolable y el Estado est\u00e1 en el deber de garantizarlo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
107 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Valeria Alejandra Guti\u00e9rrez Urbano, Daniela Alejandra Lara Montoya, Camilo Cuitiva Corena, Diego Guti\u00e9rrez, Karen Herrera Gudi\u00f1o, Gilma Fiorella Guti\u00e9rrez Urbano, Claudia Urbano, Nicol\u00e1s Hern\u00e1ndez, Reinaldo \u00c1ngel, Daniel Smith Useche, Isabel D\u00edaz Galvis, Jos\u00e9 Gabriel Perlaza Grueso, Laura Ramos Bocanegra, Jenifer Carolina Fl\u00f3rez Manrique, Manuel A. Contreras, Karen Yesenia Quintero Parra, \u00c1ngela Milena \u00c1vila, Katherine Arg\u00fcello, Lina Andrea P\u00e1ez F\u00e9lix , Eduar H. de la Cruz Villora, Liseth Patricia Guardo Pua, Andr\u00e9s Benavidez S\u00e1nchez, Diana Patricia Castilla, Sol Angie Murcia, Geidy Lozano Castro, Luisa Fernanda Guzm\u00e1n, Ender Mel\u00e9ndez Julio, Hadison Zavala, Paula Balcarcel Jaimes, Mar\u00eda Isabel Villalba, Ana Paola Mora, Jonathan Garc\u00eda Parra, Aldo Mauricio Chaparro S\u00e1nchez, M\u00f3nica \u00c1ngel D\u00edaz, Angie \u00c1ngel D\u00edaz, David Reinaldo \u00c1ngel D\u00edaz, Angie Carolina Serrano Bamba, Cristofer Ramos Rodr\u00edguez, Camila Mendoza, Carmen Patricia Mayo, Jenny Fernanda Rodr\u00edguez, Jhon Cubillos, Jocabed Ca\u00f1avera Casanova, \u00c1lvaro Quiceno Gil, Rut Saray Guti\u00e9rrez, Elizabeth Villota, Mauricio Mart\u00ednez, Sandra Margarita Garc\u00eda Hern\u00e1ndez, Josu\u00e9 Oliveros, Leybis Fragozo Arias, Sebasti\u00e1n Benavidez, Rut Arroyave, Leidy Herrera Moreno, Geber Villareal Becerra, Nancy Gonz\u00e1lez, Marta Sol\u00eds, James Alberto Rave, Andr\u00e9s Jos\u00e9 Rave, Ang\u00e9lica Maria Montero, Jesica Gonz\u00e1lez, Juan Marcos Heredia, Iza Mar\u00eda Calder\u00f3n Melo, Samuel David Calder\u00f3n Mel\u00f3, Victoria Mel\u00f3 Correa y Claudia Maria Espitia \/ miembros de Red JUCUM Provida \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
La vida empieza desde la concepci\u00f3n, desde ese momento el Estado tiene la obligaci\u00f3n de protegerla. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
30\/10\/2020<\/p>\n
108 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Magda Milena Gonz\u00e1lez, Alejandro Cotes, Andr\u00e9s Felipe Ovalle, Nahum Arroyabe, Valentina Cruz Oyola, Leonor Mu\u00f1oz Vargas, Janner Colon Correa, Anais Blanes Su\u00e1rez, Efra\u00edn Espinosa, Mar\u00eda Fernanda Vargas, Yerminson Perdomo, Ingrid Arroyo, Natalia Toro, Daniel Castro Henao, \u00c1ngelo David Cordero, Stephanie Escudero, Janebis Rodelo, Britney Dayana M\u00e1rquez, Sebasti\u00e1n D\u00edaz Galeano, Jos\u00e9 Samuel Castro Caballero, \u00a0Sof\u00eda Buitrago Mart\u00ednez, Camila Dechamps S\u00e1ez, Brandon Felipe Carrero Mora, Mar\u00eda Ang\u00e9lica Forero Vargas, Karen Julieth Camacho, Diana Mar\u00eda Rodr\u00edguez, Perla Iveth Murillo, Daniela Su\u00e1rez y otros dos ciudadanos firmantes \/ miembros Colectivo ciudadano en Defensa de la Vida \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
La vida empieza desde la concepci\u00f3n, desde ese momento el Estado tiene la obligaci\u00f3n de protegerla. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
02\/11\/2020<\/p>\n
109 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Gloria Yolanda Mart\u00ednez Rivera \/ miembro de Vida por Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2, 3, 5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
La vida se protege desde la concepci\u00f3n; la norma demandada es exequible como lo se\u00f1al\u00f3 la Corte en pronunciamientos anteriores; permitir el aborto atenta contra la familia. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
08\/11\/2020<\/p>\n
110 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Daniel Felipe Garc\u00eda, Melisa Castro D\u00edaz y Andrea Catalina Su\u00e1rez Jim\u00e9nez \/ Fundaci\u00f3n Choose Life Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
La vida se protege desde la concepci\u00f3n; riesgos para la salud f\u00edsica y mental de la mujer. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
111 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Kemel A. Ghotme \/ profesor e investigador de la Universidad de la Sabana y Eduardo Cort\u00e9s S. \/ profesor de Medicina y Neurocirug\u00eda de la Universidad de Antioquia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
09\/11\/2020<\/p>\n
112 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Juli\u00e1n Camilo Sol\u00f3rzano S\u00e1nchez \/ coordinador Cl\u00ednica de Movilidad Humana Transfronteriza, Ingrid Liliana Palacios R\u00edos y Andrea Galvis Malag\u00f3n \/ integrantes de la mencionada cl\u00ednica de la Universidad del Rosario \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Se debe declarar la exequibilidad condicionada de la disposici\u00f3n, bajo el entendido de que no se solicitar\u00e1 el requisito de denuncia del acceso carnal violento o acto sexual abusivo o prueba de acceso al sistema de salud a las mujeres migrantes en situaci\u00f3n migratoria irregular, para acceder a la IVE, sin configurar el delito de aborto, atendiendo a su condici\u00f3n de vulnerabilidad. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
11\/11\/2020<\/p>\n
113 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Olga Isabel Restrepo Castro, Marco Fidel Castillo Zamora, Mar\u00eda Paula Prieto, Yuly Tatiana Cuadros Duarte, Ana Carolina Rojas, Ana Mar\u00eda Osorio, Catalina Vanegas, Juliana Hern\u00e1ndez y Daniel Felipe Pardo \/ docentes y m\u00e9dicos de la Universidad de la Sabana \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Objeci\u00f3n de conciencia; consecuencias f\u00edsicas y psicol\u00f3gicas adversas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
11\/11\/2020<\/p>\n
114 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Grupo de acad\u00e9micos y acad\u00e9micas de la Universidad de La Sabana y de profesionales de otras instituciones: Mar\u00eda de los \u00c1ngeles Manzzanti, Juana Jaramillo G\u00f3mez, \u00c1lvaro Enrique Romero Tapia, Yahira Rossini Guzm\u00e1n Sabogal, Gloria Carvajal Carrascal, Ana Mar\u00eda C\u00f3rdoba Hern\u00e1ndez, Sandra Patricia Jarro Sanabria, Geraldine Bustos Zamora, Rosa Helena Bustos Cruz, Yuly Tatiana Cuadros Duarte, Ana Mar\u00eda Moreno Arciniegas, Madenis Agudelo Urina, Mar\u00eda \u00a0Victoria Medina Arteaga, Melissa G\u00f3mez \u00c1viles y \u00a0Gilberto Gamboa Bernal \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Consecuencias f\u00edsicas y sicol\u00f3gicas adversas a la madre. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
11\/11\/2020<\/p>\n
115 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Martha Roc\u00edo Gonz\u00e1lez \/ decana Facultad de Psicolog\u00eda – Universidad de la Sabana \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Consecuencias psicol\u00f3gicas adversas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
116 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Carmelina Londo\u00f1o L\u00e1zaro \/ directora de la Maestr\u00eda en Derecho Internacional de la Universidad de la Sabana y Andr\u00e9s Felipe L\u00f3pez Latorre, Carlos Enrique Ar\u00e9valo Narv\u00e1ez, Mar\u00eda Camila Ospina, Paula Andrea Roa Sanchez \/ profesores Derecho Internacional de la Universidad de La Sabana, entre otras instituciones. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 4, 6 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Liberalizaci\u00f3n del aborto discrimina, en especial por discapacidad. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
117 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
118 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Esther T\u00e9llez C\u00e1mara \/ directora ABC Prodein \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Presi\u00f3n a las mujeres para abortar; s\u00edndrome postaborto; el Congreso es el que debe debatir el asunto. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
119 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Carol Stefanny Borda Acevedo y Jonathan Steven Silva Mocet\u00f3n \/directores de NAZER<\/p>\n
Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
El derecho a la vida es inviolable. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
120 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Margarita Gnecco de Forero \/ directora Fundaci\u00f3n Camino \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 5, 6 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
El derecho al libre desarrollo de la personalidad no es absoluto; falta de competencia de la Corte. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
121 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Vicente Jos\u00e9 Carmona Pertuz \/ presidente de la Fundaci\u00f3n Colombiana de \u00c9tica y Bio\u00e9tica – FUCEB \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
El derecho a la vida es inviolable. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
122 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Armando Su\u00e1rez Pascagaza \/ representante legal y presidente de La Fundaci\u00f3n Marido y Mujer \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 5, 6 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
El derecho a la vida es inviolable; no se cumple con la carga argumentativa necesaria. La Corte no tiene competencia; no hay vulneraci\u00f3n del derecho al libre desarrollo de la personalidad ni de los derechos sexuales. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
123 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jes\u00fas Maga\u00f1a \/ director de la plataforma ciudadana Unidos por la Vida, y Santiago Luna Rubio \/ miembro del equipo jur\u00eddico Unidos por la Vida. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Protecci\u00f3n de seres sintientes; profundiza el problema del invierno demogr\u00e1fico. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
124 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Patricia Edith Gallo S\u00e1nchez \/ coordinadora del proyecto Esperanza \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Consecuencias f\u00edsicas y psicol\u00f3gicas adversas. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
125 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
126 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Andr\u00e9s Felipe Monsalve S\u00e1nchez \/ director Alianza Juvenil Provida, Ahora S\u00ed \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
127 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Johan Mauricio Caldas Garc\u00eda y Polonia M. Castellanos Fl\u00f3rez de la Asociaci\u00f3n Espa\u00f1ola de Abogados Cristianos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
El derecho internacional protege la vida desde la concepci\u00f3n; la tasa de abortos aumenta con la legalizaci\u00f3n. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
128 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Carolina Orteg\u00f3n representante legal de Red Familia Colombia y Ligia de Jes\u00fas Castaldi del Institute for International Solidarity and Human Rights y profesora de derecho en Ave Mar\u00eda School \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 4, 6 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
129 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mayra Rodr\u00edguez y Catalina Guti\u00e9rrez de Pro vida Latinoam\u00e9rica Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Consecuencias f\u00edsicas, psicol\u00f3gicas adversas; el aborto como negocio. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
130 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Soledad Bertelsen Simonetti \/ profesora asistente de la Facultad de Derecho de Universidad de los Andes de Chile y \u00c1lvaro Pa\u00fal D\u00edaz de la Pontificia Universidad Cat\u00f3lica de Chile \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
6 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
131 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00c1lvaro Isidro Pa\u00fal D\u00edaz \/ profesor de derecho internacional de la Pontificia Universidad Cat\u00f3lica de Chile \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
6 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
A nivel regional no hay deber de regular en favor del aborto. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
132 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jes\u00fas Maga\u00f1a presenta el amicus Jos\u00e9 Mar\u00eda Fern\u00e1ndez Abril de la Asociaci\u00f3n \u00a0Centro Internacional para la Defensa de la Vida Humana Cidevida \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Intereses econ\u00f3micos ocultos tras los promotores del aborto. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
133 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Tom\u00e1s Henr\u00edquez y Neydy Casillas \/ representantes de ADF International y \u00c1ngela V\u00e9lez Escall\u00f3n \/ abogada ADF International \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 6 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
134 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
In\u00e9s Elvira D\u00edaz<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2 y 4<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
135 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Camila Alejandra Rozo Ladino \/ abogada e integrante del Observatorio de Intervenci\u00f3n Ciudadana Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre y Leydy Jazm\u00edn Ru\u00edz Herrera \/ estudiante e integrante del mismo Observatorio \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
ESCRITOS DE PERSONAS, ORGANIZACIONES PRIVADAS Y AUTORIDADES P\u00daBLICAS QUE SOLICITAN LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA<\/p>\n
Fundamentos: (1) Se deben proteger los derechos del nasciturus o feto; (2) el aborto desconoce los derechos humanos; (3) prevalencia de los derechos de las ni\u00f1as y de los ni\u00f1os; (4) inexistencia del derecho fundamental a la IVE; (5) derecho de los padres (pareja) a decidir el n\u00famero de hijos y (6) naturaleza no vinculante de las normas de soft law en que se fundamenta la demanda<\/p>\n
N\u00daM. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
SOLICITANTE \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
FUND. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
OTROS \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
FECHA REMISI\u00d3N ESCRITO<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
V\u00edctor Ra\u00fal Mart\u00ednez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
29\/10\/2020<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Delly Ram\u00edrez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Rechazo social \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
03\/11\/2020<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Elizabeth Alejo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Rechazo social \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
08\/11\/2020<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Atilia Reyes \u00c1lvarez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Rechazo social \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
08\/11\/2020<\/p>\n
5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Orlando Quintero Arias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Rechazo social \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
08\/11\/2020<\/p>\n
6 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Rubi P\u00e9rez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Rechazo social \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
08\/11\/2020<\/p>\n
7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mayte Brotons \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Rechazo social \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
09\/11\/2020<\/p>\n
8 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Adriana Rangel \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Rechazo social \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
9 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ana Rud Bastidas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Rechazo social \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
10 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Angie Prieto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Rechazo social \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
11 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Diego Parra F. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Rechazo social \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
12 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Dinacela Mar\u00edn Rend\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Rechazo social \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
13 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Stephanie Berm\u00fadez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Rechazo social \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
14 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Silvia Castiblanco \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Rechazo social \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
15 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Usuario Music & Friends COMEDY \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 3, 7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
IVE encubre problem\u00e1tica social, afecta la salud de la madre, promueve pr\u00e1cticas censurables. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
11\/11\/2020<\/p>\n
16 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Olga Teresa Alay\u00f3n Varas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 3, 7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
IVE encubre problem\u00e1tica social, afecta la salud de la madre, promueve pr\u00e1cticas censurables. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
17 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ana Milena M\u00e9ndez Camacho, Benny Cheka Cheka \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 3, 7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
IVE encubre problem\u00e1tica social, afecta la salud de la madre, promueve pr\u00e1cticas censurables. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
18 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Secuelas emocionales en la madre. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
30\/10\/2020<\/p>\n
19 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mayra Figueredo Prada \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Permitir el IVE abrir\u00eda la puerta a pr\u00e1cticas inaceptables. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
09\/11\/2020<\/p>\n
20 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ver\u00f3nica Rodr\u00edguez Blanco, Susana Mosquera, Mar\u00eda del Pilar Zambrano, Paola Garc\u00eda, Laura Victoria Chavista Diaz, Laura Sofia Serrato Pedraza, Juan Cianciardo, Frederico Bonaldo, Luis Castillo-C\u00f3rdoba y Luciano D. Laise e Isabel Trujillo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 4, 6 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
El alcance de \u201cderecho viviente\u201d que atribuye la parte accionante carece de fundamente emp\u00edrico, jur\u00eddico.<\/p>\n
<\/p>\n
El Congreso no tiene obligaci\u00f3n de eliminar por completo el delito de aborto; no hay mandato normativo o judicial. A lo sumo, existe un \u201cexhorto\u201d contenido en la cuestionable Sentencia SU-096\/18, para desarrollar las 3 excepciones establecidas en la C-355\/06 con fuerza de cosa juzgada. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
11\/11\/2020<\/p>\n
21 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Claire Culwell \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
En subsidio, solicita que se declare la exequibilidad de la norma por las razones 1 y 2.<\/p>\n
Se debe considerar la experiencia personal, los estragos que el aborto ha generado a sus sobrevivientes (como es su caso personal); se debe considerar el dolor, el sufrimiento que el procedimiento causa en el que est\u00e1 por nacer; se debe mostrar a la mujer que existen otros caminos. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
22 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Pedro Nel Rueda Garc\u00e9s \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 4, 5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
23 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jhon Milton Rodr\u00edguez, Mar\u00eda del Rosario Guerra, Eduardo Emilio Pacheco Cuello, Paola Holgu\u00edn, Santiago Valencia, Esperanza Andrade de Osso, Milla Patricia Romero Soto, Germ\u00e1n Blanco \u00c1lvarez, Carlos Felipe Mej\u00eda, Carlos Eduardo Acosta Lozano, Jos\u00e9 Jaime Usc\u00e1tegui, Edwin Ballesteros, Juan Espinal, \u00c1ngela S\u00e1nchez Leal, \u00c1lvaro Hern\u00e1n Prada, Margarita Restrepo, Erwin Arias Betancur, Christian Garc\u00e9s, Jonatan Tamayo P\u00e9rez, Juan Manuel Daza Iguar\u00e1n, Gabriel Jaime Vallejo Chujfi y Edgar Enrique Palacio Mizrahi \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
24 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Rodrigo Cuevas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Objeci\u00f3n de conciencia: consecuencias f\u00edsicas y psicol\u00f3gicas adversas. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
11\/11\/2020<\/p>\n
Pier Paolo Pigozzi, \/ profesora de Derecho Internacional de la Universidad de La Sabana, entre otras \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 4, 6 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Liberalizaci\u00f3n del aborto discrimina, en especial por discapacidad. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
26 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jorge Kenneth Burbano Villamar\u00edn \/ director del Observatorio de Intervenci\u00f3n Ciudadana Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre y David Andr\u00e9s Murillo Cruz \/ docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre y miembro del Observatorio; \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Se debe declarar la exequibilidad condicionada de la disposici\u00f3n, en el entendido que: (i): se garantiza constitucionalmente el derecho fundamental a la IVE legal, libre, gratuita, sin causales ni condiciones, hasta la semana 16 de gestaci\u00f3n, (ii) se garantiza constitucionalmente a las mujeres, a partir de la semana 17 de gestaci\u00f3n, sin l\u00edmite en ellas, el derecho fundamental a la IVE bajo las hip\u00f3tesis contenidas en la Sentencia C-355 de 2006, gozando del derecho a decidir libre de presi\u00f3n, coacci\u00f3n, apremio, manipulaci\u00f3n, en general, cualquier suerte de intervenciones inadmisibles respecto de su decisi\u00f3n a la interrupci\u00f3n voluntaria de su embarazo. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
27 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Bernardo Henao Jaramillo \/ presidente Junta Directiva y Martha Cecilia Rodr\u00edguez Neira \/ directora del Centro de Pensamiento de \u00danete por Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
28 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Comunidad Citizen Go: Deicy Mart\u00ednez, Lilia Rodr\u00edguez, Juan Diego Casta\u00f1o, Mar\u00eda Clemencia Tangarife, Alejandra Trujillo Aristiz\u00e1bal, Irene Manrique, Daniel P\u00e9rez, Ismanda Correa Pati\u00f1o, Mar\u00eda Pena, Luzdary Arias, Nancy Guevara, Yeimi S\u00e1nchez, Adriana Jim\u00e9nez, Carolina Parra, Rosa Alicia Le\u00f3n, Laura Isabel Tob\u00f3n Gallego, Mar\u00eda V Castillo Laverde, Diana Gil, Wilma Karime Osma Sarmiento, Celina Jaramillo, Sof\u00eda Jaramillo, Magda Aguilera, Mar\u00eda Osorio, Magnolia Sep\u00falveda V, Myriam Buitrago, Mar\u00eda Marcela Clavijo Monta\u00f1o, Norma Yolanda Arango Silva, Diana Qui\u00f1ones, Diana Marcela F\u00faquenez Valencia, Mar\u00eda Cristina Linares L, Mery Merlano, M\u00f3nica Esguerra, Yolanda Marlene Pinto P\u00e9rez, Rafael Rodr\u00edguez, Kelly Raigosa, Christian Gaviria, Jairo Esparza, M\u00f3nica Merlano, Mercedes Hern\u00e1ndez, Natalia Londo\u00f1o, Iv\u00e1n Guti\u00e9rrez, Mar\u00eda Paula S\u00e1nchez Espitia, Adriana Merlano, Esperanza Astorquiza, Marcela Carvajal, Consuelo Fonseca Perdomo, Mar\u00eda Fernanda Barajas, Mar\u00eda Eugenia Santa Hern\u00e1ndez, Adriana Carolina Ni\u00f1o Fl\u00f3rez, Julio L\u00f3pez, Lewis Gilver Avella G\u00f3mez, Mar\u00eda Eugenia Giraldo G\u00f3mez, Luisa Fernanda Arias Hern\u00e1ndez, Mar\u00eda Antonia Guerrero Beltr\u00e1n, Mauricio Franco, Erika Aguirre Olaya, Sandra Marcela Rojas C\u00f3rdova, Uriel G\u00f3mez Molina, Andrea Espinosa, Leydi Saray Hern\u00e1ndez, Luis Ernesto Pe\u00f1a, Carlos Guillermo Sosa Ram\u00edrez, Duver Esteban Loaiza S\u00e1nchez, Diana Mar\u00eda Alzate, Mar\u00eda Fernanda Aguilar Ram\u00edrez, Adriana Duque, Isabel Rodr\u00edguez, Irene R\u00edos, Angie Truque, Diego Cruz, Eduardo Medina G\u00f3mez, Jhon Alfredo Guti\u00e9rrez Jim\u00e9nez, Dora Molano De Guampe, Ninfa Rubiela Zorro Herrera, David Erazo, Ximena Lorena Arias, Wilfredo Cifuentes Basallo, Ana Milena Duque Garz\u00f3n, Ra\u00fal Eduardo C\u00e1ceres Sastoque, Eliana Carolina Mendoza, Reina Ruiz, Mile Lorena Pi\u00f1eros, Arvey Zamora, Yaneth Araque Salamanca, Nubia Luc\u00eda Chaparro Benavides, Jos\u00e9 Gildardo Montes Rivera, Robert Rodr\u00edguez Garc\u00eda, Mar\u00eda Alzate, Diana Paola Cardoso M, Marina Caycedo, William Roldan, Clemencia Morales, Adriana Mar\u00eda Upegui Vallejo, Nubia Esperanza Ruiz Rodr\u00edguez, Luz Elena \u00a0D\u00edaz Moreno, Adriana Quintero, Patricia Jaimes, Yesid de Infante, Claudia Carrillo, Irma Suarez, Marlyn Ordo\u00f1ez, Katerine Berm\u00fadez, Patricia Casta\u00f1o, Bibiana Cat\u00f3lico, Mar\u00eda Del Pilar Cifuentes Mar\u00edn, Nora Clemencia Pati\u00f1o Ospina, Miguel Arias Contreras, Nixon Arias Mora, Mariana Salas Obando, Laura Torres, Omaira Contreras Villamizar, Gladys Cardona Orozco, Libia Linares Laverde, Mar\u00eda Posada, Daniela Mej\u00eda, Julia Tovar Rojas, Jeannette Rodr\u00edguez Santos, Alejandra Correa, Dorian Augusto Calder\u00f3n S\u00e1nchez, Doralia Carrillo Preciado, Patricia Bahillo, Beatriz Del Hierro, N\u00e9stor Fabio Cardona Cifuentes, Gustavo Adolfo Casta\u00f1o Garc\u00eda, Elizabeth Guti\u00e9rrez Yepes, Martha Avella, Luz Stella Tuta Diaz, Janeth Rivera Pacheco, Luz Mery Ortiz Rodr\u00edguez, Nohora Casta\u00f1eda Rozo, Mar\u00eda Cristina Amador Neira, Pedro Hernando Rivera Ben\u00edtez, Sof\u00eda P\u00e1ez, Blanca Fabiola Valbuena Pati\u00f1o, Constanza Torres, Brayan L\u00f3pez, Jorge Pulido, Martha In\u00e9s Londo\u00f1o Borda, Esperanza Ariza, Olga Ardila, Flor Esmira Buitrago Rodr\u00edguez, Jalima Shaker, Juan Gonz\u00e1lez, Elizabeth Montoya, Olga San\u00edn, M\u00f3nica Eugenia Montoya Arias, Mar\u00eda Eddy Hurtado Forero, Carolina Uribe, Sonia Vel\u00e1squez, Mar\u00eda Rodr\u00edguez, Irma Ernestina P\u00e9rez Rodr\u00edguez, Ayda Tous Salgado, Elsy De G\u00f3mez, Carmen Santos, Jaime Camacho Garc\u00eda, Francisco Javier Cristancho C\u00e1ceres, Yohanna Osorio Echeverri, Daniela Pati\u00f1o, Merceditas Salamanca, Nicol\u00e1s Menjura, Viviana Calero Rodr\u00edguez, Emma Neira, Sandra Calvache, Martha Luc\u00eda Gonz\u00e1lez Cely, Mar\u00eda Camila Sarmiento Mej\u00eda, Esmeralda Hoyos, Zulma Lisbeth Ascencio Mesa, Ana Mar\u00eda Orozco, Ana Mar\u00eda Tapias, Gina Marcela Mar\u00edn Herrera, Luisa Fernanda Ruiz G\u00f3mez, Lady Moyano, Emma Ch\u00e1vez Vanegas, Mar\u00eda Del Pilar G\u00f3mez Arango, Liz Dayan Barranco Hern\u00e1ndez, Lina Carre\u00f1o, Celina Guerra, Paola Peralta D\u00edaz, Martha Judith Hern\u00e1ndez Mu\u00f1oz, Oscar Holgu\u00edn, Sandra Milena Galvis Carvajal, Graciela Ram\u00edrez, Nancy Garz\u00f3n, Martha Landines, Patricia G\u00f3mez Iza, Lucero Pi\u00f1eros Parra, Carolina Guzm\u00e1n, Luz Marina Naranjo Valencia, Juliana Yamal Barreto, Karen Tatiana Rodr\u00edguez Riveros, Carlos Enrique Uribe Lozada, Guiomar Chaura, Jaime Andr\u00e9s Cuellar Facundo, Vilma Milena Angarita, Lina Jara, Carolina Hoyos Su\u00e1rez, Luz Daza, Laura Galindo, Nury Vivas, Cristhian Felipe Acevedo Alzate, Eugenia Cardoso, Fabio Cortes, Harold Larrahondo Barona, Juan Carlos Escobar Estrada, Mar\u00eda Alejandra Hoyos Mu\u00f1oz, Mar\u00eda Possos, Paola Orjuela, Luisa Fernanda Bernal, Nicole Brice\u00f1o, Diana \u00c1lvarez, Laura Vanessa Cruz Camargo, Daniela R\u00fageles Dur\u00e1n, Gustavo Orjuela, Anna Portilla Estrella, Magda Montoya, Miguel Matamoros Costilla, Ricardo Cardona Casta\u00f1o, Marl\u00e9n Pe\u00f1a, Cindy Milena T\u00e9llez Rodr\u00edguez, Ignacio Murgueitio, Martha Losada, Paola Nigrinis, Jeimmy Roc\u00edo Soler Soler, Ana Mar\u00eda Mej\u00eda Wills, Mar\u00eda Camila Galeano Ariza, Sandra Castilla Anaya, Alejandra Mar\u00eda Alba Corredor, Yuly Consuelo Pamplona Gil, Nidya Rodr\u00edguez, Alejandra Torres Lopera, Ignacio Jaramillo, Mar\u00eda Elvira Jimeno Garc\u00e9s, Marco Fidel Murillo Rodr\u00edguez, Carlos Andr\u00e9s Herrera Diaz, Adriana Collantes, Belinda Su\u00e1rez Ar\u00e1mbula, Karem Josefina Palma Carbonell, Martha C\u00e1rdenas, V\u00edctor Julio Calder\u00f3n Salamanca, Marta Cecilia Hern\u00e1ndez Alvarado, Clara Eugenia Megudan M\u00e9ndez, Silvia Greco, Rosalba Romero Morales, Jane Echenique, Ximena Garc\u00eda, Paulina Mu\u00f1oz Criollo, Fabio Nelson Petrel Aristiz\u00e1bal, Javier Mauricio Pe\u00f1afort Camacho, Carolina Pineda Hern\u00e1ndez, Laura Nohelia Murcia Rueda, Sol \u00c1ngela Ordo\u00f1ez Delgado, Cristina Pe\u00f1afort, Ivonne Guti\u00e9rrez, Carolina Carvajal, Rosa Cadena, Ligia Galvis, Gregorio Chac\u00f3n Villamizar, Mar\u00eda Fr\u00edas, Carlos Calero Arcila, Mar\u00eda Teresa Medina, Ricardo Zambrano, Claudia Marcela Morales Morales, Daniela Burbano Galvis, Yisel Morales, Mireya Latriglia Vargas, Patricia Bustamante, Luz Maribel Due\u00f1as Valderrama, Adriana T\u00e9llez, Marta Susana Sarmiento de Torres, Martha Parada, Luz Mary Zabaleta, Sandra Correa, Oscar Mauricio Linares Velandia, Mar\u00eda Silva, Mar\u00eda Jaramillo, Mar\u00eda Constanza Silva, Ana Mar\u00eda Tobar, Alfredo Ram\u00f3n, Gloria Rodr\u00edguez J\u00e1come, Sandra Le\u00f3n, Iv\u00e1n Posada, Cynthia Florida Monroy de Luengas, Juliana Sorany Casta\u00f1o Raigosa, Ximena Villalobos, Oscar Iv\u00e1n Buritic\u00e1, Eliany Marcela Rodr\u00edguez Rico, Nelcy Velasco, Javier Perea, Berta Elena Tenorio Arango, Luis Felipe Arango, Mar\u00eda Jimena Angarita, Doris Carrillo Josa, Olga Lucia Valero Olarte, Azael Garc\u00eda Aristiz\u00e1bal, Mar\u00eda Claudia \u00c1vila Romero, Lisbeth S\u00e1nchez, Diana Villamil Ruiz, Ximena Camacho, Fabi\u00e1n Mahecha, Sonia Bernal, Ana Mar\u00eda Alvarado, Natalia Bedoya, Gloria Piedad Casta\u00f1o Giraldo, Alexandra Ot\u00e1lora, Paola Castelblanco, Jimena Jara, Lucy Sandoval, Sandra G\u00f3mez Teuta, Jorge L\u00f3pez, Rodrigo Pulido, Jenny Londo\u00f1o Villada, Nathalia Andrade, Carlos Jurado, Alexandra Pineda Gonz\u00e1lez, Ligia Durango, Emmanuel Restrepo, Katherin L\u00f3pez Ram\u00edrez, Agust\u00edn Alonso L\u00f3pez Arteaga, Ivonne Rojas, Mar\u00eda Constanza Perico-Ram\u00edrez Guizado, Mar\u00eda Consuelo Ardila, Alfredo P\u00e9rez, Danner Uribe, Dora Eunice Rend\u00f3n Jim\u00e9nez, Luis Stevenson, Steffan\u00eda Ruiz Tamayo, Julio C\u00e9sar Mu\u00f1oz, Marisol Rengifo, Yineth Milena Nore\u00f1a Aristiz\u00e1bal, Daniel G\u00f3mez, Carolina Ram\u00edrez, Mar\u00eda Nelly Gonz\u00e1lez Arias, Jos\u00e9 Salinas Parra, Martha Edith Guanumen Su\u00e1rez, Iv\u00e1n Dar\u00edo Enciso Congote, Juan Garc\u00eda, Yennifer Nataly Jaramillo Cardona, Ximena Poveda, H\u00e9ctor Aguilar, Jorge Montenegro Caicedo, Carmen Roci\u00f3 Rodr\u00edguez Olarte, Luz Stella Pinz\u00f3n S\u00e1nchez, Martha Isabel P\u00e1ez Arciniegas, Marcela Rinc\u00f3n, Daniela Echeverry, Gloria Fl\u00f3rez Bland\u00f3n, Gilma Ochoa Pinz\u00f3n, Sandra Arjona, Rina Tarantino, Patricia Beltr\u00e1n Ochoa, Juan David Arango Mu\u00f1oz, Amanda Castro, Sandra Gil, Diana Moreno, Claudia Murillo Parra, Adriana Arboleda V\u00e9lez, Iv\u00e1n Neira, \u00c1lvaro Enrique \u00c1lvarez Pardo, Diana Carolina P\u00e1ez L\u00f3pez, Sandra Butterfield, Silvia L\u00f3pez, Adriana Barrero, Karen Blesgraeft, Liliana M\u00e9ndez, Luzdy Johana S\u00e1nchez Daza, Carolina Mora, Juan Pablo Rojas L\u00f3pez, Elisabeth Cort\u00e9s Restrepo, Iv\u00e1n Dar\u00edo Matamoros Acosta, Mar\u00eda Rivera, Mar\u00eda Jaqueline Guevara Ordu\u00f1a, Laura Mercado, Paulina L\u00f3pez, Eduardo Walker, Martha Doris R\u00faa R\u00edos, Juan Manuel Correa Sanabria, Luz Adriana Cardona, Beatriz Elena Garc\u00e9s Balvin, Sindy Sanabria, Diana Ospina Gallego, Leonardo G\u00f3mez Cort\u00e1zar, Alejandra G\u00f3mez, Sandra Rodr\u00edguez, Fernando Mu\u00f1oz, Roci\u00f3 Parra, Cendy Molina Le\u00f3n, Jos\u00e9 Andr\u00e9s \u00a0Ram\u00edrez Monta\u00f1a, Marleny Roa, Andr\u00e9s Felipe \u00c1ngel Gallo, Marta Pe\u00f1alosa, Catalina Mart\u00ednez, Leo Parra, Dora Leonor Parra, Nelson Rocha Urbina, Luz Marina Tiga C\u00f3rdoba, Marcela Gonz\u00e1lez Lozano, Maritza Pilar Parra B\u00e1ez, Rodrigo Gonz\u00e1lez Lesmes, Anyi Silva, Lyda Melgarejo, Martha Arriola, Claudia Cristina Valencia \u00c1lvarez, Jorge Mario Cardona Osorio, N\u00e9stor Fernando Serrano, Adelina Duarte Mar\u00edn, David Vargas, Diana Carolina Mart\u00ednez Castellanos, Luis Alirio Guti\u00e9rrez Cu\u00e9llar, Lina Restrepo, Mar\u00eda Beatriz Saavedra Gonz\u00e1lez, Niny Yohana Sterling Medina, John Ferney Valencia, Robinson Sep\u00falveda, Mar\u00eda Rubiela P\u00e9rez De Beltr\u00e1n, Claudia Pulido, Claudia Hern\u00e1ndez, Lucely Pallares, Nataly M\u00e9ndez Morales, Sandra Rodr\u00edguez, Esther Mar\u00eda Vargas Gonz\u00e1lez, Liz Rey, Keith Tello Mogoll\u00f3n, M\u00f3nica Sierra, Juan Andr\u00e9s Zarama, Claudia Valencia, Camilo Vargas, Alicia Meneses, Laura Marcela Pulido Avenda\u00f1o, Carolina Pati\u00f1o, Margarita Corzo, Ana S\u00e1nchez de Sarmiento, Mar\u00eda Jacqueline Avenda\u00f1o, Flordiomar Arango Mu\u00f1oz, Martha Isabel Guadr\u00f3n Torres, Carlina Victoria Paz Palmariny, Olga Londo\u00f1o Arango, Mar\u00eda Fernanda Zambrano Endara, Nury Yolanda Guevara Rojas, Mar\u00eda Paula Vargas, Martha Arregoces, Claudia Esperanza Sana Ni\u00f1o, Viviana Andrea Villamil Rojas, Carolina Aristiz\u00e1bal, Olga Casta\u00f1eda, Betty Caldas, Paola Vargas, Viviana G\u00f3mez, Luz Dary Moreno Gonz\u00e1lez, Adriana Pinilla Guzm\u00e1n, Jaime Pardo, Mar\u00eda Margarita Salazar La Rota, Martha Lucia M\u00e9ndez \u00c1lvarez, Melba Prada, Mayra Huertas, Germ\u00e1n Montenegro Caicedo, Jimena Gonz\u00e1lez, German Pati\u00f1o Ballen, Gloria Morales, Mar\u00eda Margarita Salazar S\u00e1nchez, Mar\u00eda Camila G\u00f3mez Lora, Sonia Dur\u00e1n, Ingrid Luc\u00eda Camacho Pati\u00f1o, \u00c1ngela Patricia V\u00e9lez Echeverry, Stivalis Melo, \u00c1ngela Mar\u00eda Luna, Magda Alejandra P\u00e9rez Casta\u00f1eda, Marta Lucia Barrera, Paola L\u00f3pez, \u00c1ngela Fernanda Gonz\u00e1lez L\u00f3pez, Laura Estefan\u00eda Moscoso Moreno, Ligia Cubides de Espa\u00f1ol, Mar\u00eda Nubia Polania Andrade, Jenny Roc\u00edo Hoyos Pineda, Renny Jos\u00e9 Seco Mora, Doris Zambrano De Contreras, Luz Marina Rujana Gonz\u00e1lez, Mar\u00eda Teresa Pinz\u00f3n Pinilla, Edith Mireya Montealegre Carrasco, Elisabeth Montoya, Liliana Mu\u00f1oz, Diana Margarita L\u00f3pez Avenda\u00f1o, Germ\u00e1n Esteban Pineda Castillo, Leydi Sanabria, Mercedes C\u00e1rdenas Ojeda, Gloria Arango Mu\u00f1oz, Soraya Cano, Juliana Mart\u00ednez, Gloria Amparo Lizarazo De Barrag\u00e1n, Erika Ochoa C\u00f3rdoba, Rub\u00e9n Dar\u00edo Su\u00e1rez Arias, Esperanza Mel\u00e9ndez P\u00e9rez, Olga Luc\u00eda Uribe Su\u00e1rez, Carolina Riveros, C C\u00f3rdoba Rodr\u00edguez, Araceli Gaspar, Daniel Bland\u00f3n, Alexandra T\u00e9llez, Mar\u00eda Fl\u00f3rez Fl\u00f3rez, John Jairo Morales Mart\u00ednez, Vilma Cupa, Natalia Su\u00e1rez, Mili Fernanda \u00c1lvarez Banguero, Laureano Mosquera Murillo, Flor Catalina Novoa Borda, Melby C\u00e1rdenas Moreno, Vanessa Bautista, Juan de Dios Durango Garro, Martha Moreno, Juan De J Vargas Arias, Olga Cecilia Barajas Meneses, Brenda Marina Pinedo Parodi, Socorro Arango, Iv\u00f3n Maritza Ram\u00edrez Leal, Luz Ang\u00e9lica Malpica Fl\u00f3rez, Nubia Clavijo, Rosa Mercedes Moreno Su\u00e1rez, Luz Marina Pulido, Amparo Polania, Eddy Ram\u00edrez, Dolly Esperanza Restrepo Toro, Yerlin Pineda Pereira, Aura Baquero, Andrea Vivas, Laura Milena Zuluaga, Ana Mar\u00eda Jim\u00e9nez Zuluaga, Alejandra Mar\u00eda Rojas Cort\u00e9s, Luis Fernando Escobar Duque, Neydi Carolina Cruz, Teresita Montoya, Liliy Vargas, Rodrigo Durango Escobar, Abelardo C\u00e1rdenas C\u00e1rdenas, Yaneth S\u00e1nchez Y\u00e1\u00f1ez, Carmen Mesa, Yesika L\u00f3pez, Tairis Carolina Guti\u00e9rrez Jim\u00e9nez, Marleny Calder\u00f3n Bernal, Adriana Gantiva Guerrero, Juan Pablo Suarez Villada, Jaime Alberto Manjarrez Palacio, Jasm\u00edn S\u00e1nchez, Mar\u00eda V\u00e1squez, Sandra Nore\u00f1a, Patricia Gonz\u00e1lez R Gonz\u00e1lez Ruiz, Lucy Ruiz, Ligia Jazm\u00edn Hern\u00e1ndez L\u00f3pez, Jordyn Gonz\u00e1lez, Jenny L\u00f3pez, Amparo Gonz\u00e1lez, \u00c1ngela Mar\u00eda Uribe Restrepo, Constanza Ruiz, \u00darsula Cristoffel, Julia Rosa Palacio Hincapi\u00e9, Ana Catalina \u00c1vila Romero, Wendy Ben\u00edtez, Marco Tulio Hincapi\u00e9 Giraldo, Mar\u00eda Victoria Pineda G\u00f3mez, Otilia Vanegas Rodr\u00edguez, Ana Mar\u00eda Guisao Zapata, Beatriz Ortiz, Elizabeth Rodr\u00edguez Monsalve, Mar\u00eda Teresa Palacio Arias, Catalina Vergara Chaves, Yeny Porras, Mar\u00eda Guar\u00edn Duque, Miguel Baquero, Leidy Garc\u00e9s Ram\u00edrez, Mary Isabel Franco Torres, Berta Luz Arbel\u00e1ez Zuluaga, Sandra Jaramillo, Gloria Patricia Chac\u00f3n Rodr\u00edguez, Adela Guio, Laura Guerra Salcedo, Ileana Cortina, Angie L\u00f3pez Duque, Myriam Torres, Soledad S\u00e1nchez Artunduaga, Angelica Guevara, Nancy Gallego, Elizabeth G\u00f3mez Mancipe, Alba Nelcy Miranda Miranda, Eliana Figueroa, Henry Porras Fl\u00f3rez, Edilma Giraldo Ram\u00edrez, Alejandra Vega Rozo, Juan Jos\u00e9 G\u00f3mez, Amelia Morales Esquivel, Rosa Ram\u00edrez, Cristian Cepeda, Jos\u00e9 Armando Sosa Cardona, Carmen Pe\u00f1a, Jhonnatan Camilo Cepeda Chaparro, Carlos Mario Hurtado Llano, Luz Elena Fern\u00e1ndez, Miriam \u00a0Murcia, Elvia Mar\u00eda Romero Aponte, Carlos Javier Calder\u00f3n Lesmes, Gema Isabel Tocachucha, Adri\u00e1n Torres Viloria, Luz Marina Salguero Jim\u00e9nez, Luis Fernando Escobar Jim\u00e9nez, Melisa Marulanda G\u00f3mez, Nancy Hern\u00e1ndez, Michel Andrea Herrera Echavarr\u00eda, Mar\u00eda del Pilar Fonseca Londo\u00f1o, Cindy Stephanie Rinc\u00f3n Chaves, Mar\u00eda Camila Moreno Castillo, Clara In\u00e9s Vel\u00e1squez Lemus, Mar\u00eda Erlinda S\u00e1nchez Mancilla, Bibiana Dique, Laura G\u00f3mez, Estefan\u00eda G\u00f3mez Melo, Diana Yuliet Castellanos, Jos\u00e9 Antonio Romero Barliza, Diana Carolina Vargas Rivera, Lina Zipa, Camila Gil, Marta Cecilia Duque G\u00f3mez, Iv\u00f3n Daniela Sep\u00falveda P\u00e9rez, Liliana Salcedo, Martha Sierra, Carolina L\u00f3pez, Marcela Pinz\u00f3n Maldonado, Mar\u00eda Cristina Romero Sierra, Juliana Osorio Posada, Numidia G\u00f3mez M\u00e9ndez, Maribel Henao, Alex Rodr\u00edguez, Nidia Ayala S\u00e1nchez, Lady Johana Orozco Amaya, Mar\u00eda Teresa Rodr\u00edguez Franco, Amelia Triana, Marta Lucila Arias Piedrahita, Jhon Zapata, Luzmila Hern\u00e1ndez Mu\u00f1oz, Isabel Rozo, Jos\u00e9 Arturo Gallo Contreras, Humberto Franco, Alicia Guti\u00e9rrez Acosta, Carmen Cecilia Granados Osorio, Luz Mery Vaquero Ospina, Diego Mauricio Morales Gonz\u00e1lez, Jorge Luis Alfonso Cucaita, Yolanda Acero, Luz \u00a0Marina Giraldo Zuluaga, Juan Carlos Duarte, Wilbert Pineda, Ofelia Mej\u00eda Bustamante, Jorge Enrique Espa\u00f1ol S., Diana Mar\u00eda L\u00f3pez Carvajal, Diana Pineda, Yoany de Jes\u00fas L\u00f3pez Buritic\u00e1, Carmenza C\u00e9spedes Villa, Mar\u00eda Katherine Cardona Tob\u00f3n, Yeh\u00edmy Aguilera Sarmiento, Diana Esperanza Ariza Bonilla, Fernando Varela, Adriana Iris Garc\u00eda Rodr\u00edguez, Jorge Arboleda, Sandra Villamizar, Dora L\u00f3pez, Claudia Sierra, Edwin Rodr\u00edguez, Henry Acosta Pulido, Jhon Torres, Ana Elva Rangel Ortiz, Martha Mart\u00ednez Valencia, Daniela Restrepo, Sonia Huertas, Teresa De Jes\u00fas Salcedo Guti\u00e9rrez, Julieth Raba, William Ospina V\u00e1squez, Melquisedec Navarrete Rodr\u00edguez, Jaime Alberto Monta\u00f1o Ram\u00edrez, Wilson Guti\u00e9rrez Acosta, Juan Camilo M\u00fanera Carmona, Nancy Blanco, Cenaida Verdugo Gil, Lina Luna, Sandra Villamizar, Astrid Sierra, Fernando Garc\u00eda Rivera, Olga Luc\u00eda Mora B\u00e1ez, \u00c1ngela Duque Ocampo, Ana Lucia Garc\u00eda, Andrea Barreto, Myriam Bar\u00f3n, Oscar Rodr\u00edguez, Sandra Rodr\u00edguez Moreno, Diana Carolina Salas Carvajal, Abi Garc\u00eda, Sorelly Bustamante, Vivian Fernanda L\u00f3pez Arango, Lina Isadora Ram\u00edrez Gonz\u00e1lez, Germ\u00e1n Dar\u00edo Garc\u00eda, Luisa Fernanda Jaimes Figueroa, Adriana Marcela Meola Pati\u00f1o, Erika Pineda, Ra\u00fal Garc\u00eda, Paola Andrea Chag\u00fcendo Z\u00fa\u00f1iga, Aura Luisa Camargo, Anderson Monsalve, Oscar Humberto Sastoque Vel\u00e1squez, Manuel Antonio Carmona Duque, Mar\u00eda Victoria Acosta Pulido, Bernardo Moreno, Dionicio Manchola, Jeison Larrea Herrera, Jos\u00e9 Absal\u00f3n Soto Medina, Yancy Mar\u00edn, Gladys Cer\u00f3n, Leidy Natalia Vergara Ocampo, Guillermo Antonio Bar\u00f3n Chaparro, Mar\u00eda De Los \u00c1ngeles Gonz\u00e1lez Arias, Rubiela Cartagena, Yuly Calvo, Karol Tatiana Suta Orjuela, Erika Mar\u00eda Mu\u00f1oz Giraldo, Claudia Patricia Gantiva Guerrero, Leidy Pe\u00f1a, Cindy Vanessa Mu\u00f1oz Olarte, Luisa Natalia Pineda Mart\u00ednez, Yanceli Naranjo Botero, Giovanni De Jes\u00fas Ocampo Galeano, David Stiben Ram\u00edrez Poveda, Ana Mart\u00ednez, Andr\u00e9s David Giraldo Quintero, Milena Alejandra G\u00f3mez Rodr\u00edguez, Leidy Viviana Cifuentes Pinto, Jhonn Alexander Morales Salazar, Jully Tatiana L\u00f3pez Ram\u00edrez, Waldina Sanabria \u00c1vila, Alba Sep\u00falveda, Flor Marina Cardona F, Ana Obdulia Quintero Alvarado, German Vera, Cristian Alejandro Rodr\u00edguez, Harlem Yaneth Solano Rodr\u00edguez, Nora Pineda Restrepo, Mar\u00eda Gilma Mu\u00f1oz Ospina, Olga Lucia Ot\u00e1lvaro de Arboleda, Jeymmy Viviana Vargas, Paula Andrea Pulido Moreno, Emilce Garc\u00eda Duque, Edwin Giraldo, Anny Carolina Ochoa Tabares, Andr\u00e9s Flori\u00e1n, Ledis Vibiana Arias Alzate, Diana Yamile Meneses Zapata, Juana Buitrago, Anita Molano, Teresa Yesmin Monsalve Fuentes, Mar\u00eda Stella Arroyave Lema, Enrique Medina Gonz\u00e1lez, Sandra Milena L\u00f3pez Ram\u00edrez, Silvana Alexandra Usme Cardona, Carmen Cardona, Andr\u00e9s \u00c1lvarez, Claudia Patricia Giraldo Campi\u00f1o, Esperanza Luque, Nataly Salazar, Diana Paola Morales Ram\u00edrez, Eylem Epifan\u00eda Bran Vargas, Yenni P Pulido, Adalberto Franco Torres, Camilo Boh\u00f3rquez, Mar\u00eda Socorro Vesga Rodr\u00edguez, Edwin Gauta Torres, Laura Cristina Mart\u00ednez Ram\u00edrez, Blanca Beltr\u00e1n, Marta Lucia Jim\u00e9nez Alzate, Wilson Arango, Luz Adriana Aristiz\u00e1bal P\u00e9rez, Carlos Andr\u00e9s Correa Guzm\u00e1n, Diana Patricia Ram\u00edrez Mar\u00edn, Gloria L\u00f3pez, Luz Belia Garc\u00eda Pimiento, Pablo Bar\u00f3n, Ana Rosa Galvis, Lady Katerine Rave Amaya, Sof\u00eda Moreno Garz\u00f3n, Andrea Forero, Jaime Alfonso C\u00f3rdoba, Oscar Andr\u00e9s Arag\u00f3n Montenegro, Nubia Amparo Guzm\u00e1n L\u00f3pez, Adriana Tabares, Carmen Pineda, Carol Vanessa Buritic\u00e1 Rueda, Jurley Cristina Garc\u00eda Zuluaga, Diego Le\u00f3n Arango Giraldo, Tatiana Saucedo Bello, Amaury Argumedo, Nubia Mireya Barreto \u00c1lvarez, Harol V\u00e9lez Rodr\u00edguez, Johanna Alzate Arenas, Soranlly Bran Vargas, Martha Vivas, Yohana Aristiz\u00e1bal Zuluaga, Paulo Sebasti\u00e1n Garc\u00eda Vargas, Diana Moreno Triana, Erlaine Zapata, Sandra Luc\u00eda Becerra Camargo, Gloria Medina, Jes\u00fas Ram\u00edrez, Gerald Ng, Mitchell Samanta Villa Botero, Yolanda Becerra Camargo, Juan Pablo Mar\u00edn Carmona, Leonel Santiago G\u00f3mez Higuera, Rafael Amaya, Johan Alexis Toro Arango, Yuly Correa Pizarro, Ang\u00e9lica Zuluaga Cort\u00e9s, Jhorman Daniel Benjumea Alzate, Omar Fisgativa Sierra, Jorge Armando Gonz\u00e1lez Rodr\u00edguez, Beatriz Elena Gallego Sierra, M\u00f3nica Ruiz, Mar\u00eda Consuegra, Nohemy Zapata Rinc\u00f3n, Javier Vesga, Paola Fl\u00f3rez, Tatiana Zapata Figueroa, Katherine Gallego, C\u00e9sar Garc\u00eda, Patricia Vargas Blanco, Ver\u00f3nica Luc\u00eda Vel\u00e1squez Zapata, Yo Yo [sic], Nancy Due\u00f1as, David Garc\u00eda Carmona, Maryory R\u00edos Giraldo, Aura Gonz\u00e1lez, Mar\u00eda S\u00e1nchez, Sandra Patricia Ib\u00e1\u00f1ez Guzm\u00e1n, Karla Patricia Vera Lagos, Camilo Alvarado, Claudia Pi\u00f1eros, Blanca Nelly Le\u00f3n Berm\u00fadez, Luz \u00c1ngela Guti\u00e9rrez Rivera, Bibiana Andrea Molina G\u00f3mez, Santiago Echeverry, Rodrigo Le\u00f3n Correa Guzm\u00e1n, Rigo Aristiz\u00e1bal, Andr\u00e9s Acosta Llorente, Sandra Diaz, \u00c1ngela G\u00f3mez, Ernesto Sanz, Clara Lee Lee, Marcela Zuluaga, Olga Rodr\u00edguez Mart\u00ednez, Marisol G\u00f3mez R\u00edos, Martha Orozco, Alejandra Suarez, Javier Salazar, Adriana Marcela Herrera Fuenmayor, Lore Velasco, Juan Pablo Giraldo Vega, Alejandra Montenegro, Cecilia Urrea Giraldo, Liliana Maryery Herrera, Luz Marina Vel\u00e1squez Casta\u00f1eda, Beatriz Adriana Vanegas Monsalve, David Vidales, German Rodr\u00edguez, Magda Garc\u00eda, Mar\u00eda Victoria V\u00e9lez Su\u00e1rez, Mar\u00eda Ligia Gallego De Marulanda, Beatriz Elena Tamayo Zuluaga, Daniel Garc\u00eda, Laura Beatriz Samac\u00e1 Giraldo, Nury Elena Zuluaga Yepes, Edwin Ferney Aristiz\u00e1bal Jim\u00e9nez, Sandra S\u00e1nchez, Juan Castro B, Oswaldo Fabio Urrego Montes, Viviana Uribe C, Gloria Amparo M Moreno Naranjo, Ana Hilda Rodr\u00edguez Pach\u00f3n, Liliana Bola\u00f1os, Ingrid Bautista Quesada, Luz Londo\u00f1o, Mario Andr\u00e9s C\u00f3rdoba Acosta, Claudia Forero, Cristina P\u00e9rez, Yulieth Casta\u00f1o Echeverri, Carolina Delgado, Biviana Urrego Montes, Sabine Heyer, Lina Mar\u00eda Velasco, Lina Patricia Negrete Guzm\u00e1n, Lida Patricia Gallego G\u00f3mez, Liliana Ossa, Luis Jaime Salazar Tamayo, Martha Elena Soto Rojas, Diana Luc\u00eda Padierna Alzate, Cristian Camilo S\u00e1nchez Sierra, Santiago L\u00f3pez Bonilla, Luisa Paulina Guti\u00e9rrez Gonz\u00e1lez, Elizabeth Rinc\u00f3n, Karla C\u00e1rdenas, Mari Luz Cristancho, Sirley Vasco, Maria Molano, Jenny Marcela Cano Ospina, Ana Barrera, Gina Mar\u00eda Bol\u00edvar, Diana Rojas Ram\u00edrez, Fabiola Ruiz, Johanna Stella Bola\u00f1o Chaparro, \u00c1lvaro Carrizosa, Luz Marina Laverde, Sandra M\u00fanera, Gilma In\u00e9s Murillo Lopera, Sandra Patricia Cartagena Echavarr\u00eda, M\u00f3nica Escobar, Jos\u00e9 Fernando Jim\u00e9nez Vald\u00e9s, John Carlos Rojas Jara, Hern\u00e1n Dar\u00edo Arboleda Toro, Jaider Garc\u00eda, Ximena Salamanca Porras, Mar\u00eda Alejandra Cabrera, Diego Londo\u00f1o Gallego, Catalina Ram\u00edrez Vallejo, Yeny B\u00e1ez, Linda Tatiana Murcia Arias, Felipe Arboleda Ibarra, Guillermo Alberto Rosero Melo, Katherine Giselle Delgado Torres, Carolina Terranova Arango, Yeide Gisela Pulgar\u00edn Guevara, Andrey P\u00e9rez, Laura Victoria Duque, Sor M\u00e9lida Ram\u00edrez Rodr\u00edguez, Diana Carolina Moncayo Varela, Yuliana Solarte Mart\u00ednez, Darlene Londo\u00f1o Garc\u00eda, \u00c1ngela Viviana Moncayo Varela, Yesid Danilo Quintero Mu\u00f1oz, Maribel Jerez Torres, Fabi\u00e1n Alberto Orozco Amaya, Luz Yanet Acevedo Serna, Daniel Eduardo Arias P\u00e9rez, Adriana Mar\u00eda Echeverri G\u00f3mez, Olga Ortiz, Zulma Raigosa Saldarriaga, Marisol Orozco Rojas, Jennifer Plazas Castelblanco, Rodrigo De Jes\u00fas Giraldo Restrepo, Orlando Rodr\u00edguez L\u00f3pez, Carlos Andr\u00e9s G\u00f3mez Rodas, Cindy M\u00fanera, Carmencita Elena Leal Fl\u00f3rez, Yorman Estith Ayala Pe\u00f1a, Mar\u00eda del Pilar Villamil, Leidy Ossa, Henry Cano, Doris Urrego Cossio, Carmen Oliva Lizarazo De C\u00e1rdenas, Diana Consuelo Mu\u00f1oz Guerrero, F\u00e9nix Rojas Palacios, Alba Luz Cely Robles, Carlos Mario Ram\u00edrez V\u00e9lez, Diomar Gustavo Suarez Torres, Alex Paz, Gabriel Jaime V\u00e9lez P\u00e9rez, Alexander Hern\u00e1ndez Guisao, Mar\u00eda Alejandra G\u00f3mez Pereira, Juan Manuel Daza, Julio Erazo, Rosana Valdivieso S\u00e1nchez, Mar\u00eda Elena Salazar A., Michelle Johanna Carre\u00f1o Fajardo, Nicole Vanessa Palacios Daza, Emilsen Taborda, Juliana Cardona, Daniella Zabala Avella, Nelson G\u00f3mez, Omaris Zapata Duque, Gloria Estela G\u00f3mez Cuartas, Adriana Palma G\u00f3mez, Carlos Geovany Lopera, Nelson Ortiz, Luz Mary Urrego Arg\u00e1ez, Diana Maritza Rodr\u00edguez C\u00e1rdenas, Daniel Restrepo Colorado, Henry Velandia Chegwin, Gerardo Ball\u00e9n, Nancy Toro, Isabel Zapata, Luis Alberto Vidales Holgu\u00edn, Luisa Fernanda Ram\u00edrez Ortiz, Elizabeth Quintero Garc\u00eda, Marcela Ferreira Cristancho, Brayan Daniel Rinc\u00f3n Giraldo, Yuri Durango, Wilinton L\u00f3pez Vasco, Mar\u00eda Teresa Polanco Cardona, Gheraldin Tocora, Luz Montes, Martha Luc\u00eda Arguello Delgado, Sonia Gaviria, Julio C\u00e9sar \u00c1ngel G\u00f3mez, Socorro Garc\u00eda Giraldo, Luis Fernando Urrego Argaez, Catalina L\u00f3pez, Paola Raicillas, Alecxis Zapata, Liliana Escobar, Carlos Rodrigo Castro Gordillo, Sandra Milena Galvis Quintero, Mar\u00eda Eugenia Berm\u00fadez Romero, Patricia Mesa, Nicolle Su\u00e1rez Rodr\u00edguez, Juliana \u00c1lvarez, Iv\u00e1n Ram\u00edrez, Luis Fernando Gonz\u00e1lez \u00c1lvarez, Jos\u00e9 Iv\u00e1n Arango Franco, Carmen Roc\u00edo Obreg\u00f3n Salazar, Nerissa Soto, Aracelly Ospina, Jerome Sanabria Herrera, Otilia Bechara Garc\u00e9s, Jessica Murphy, Patricia Esponda, Juliana R\u00edos Conde, Luisa Mar\u00eda Rivera, Luz Marina Buitrago Grajales, Magdinayibe Santofimio Cardoso, Mar\u00eda Ester T\u00e9llez C\u00e1mara, Shirley Montoya, Dayana Olascuaga Vargas, Miguel \u00c1ngel C\u00e1rdenas, Clara Betancourt, Yeraldin Hern\u00e1ndez Castillo, Elsa Mireya Salazar Ram\u00edrez, Edith Rivas, Eduardo Alfredo Ospina Angarita, Jhon Castellanos, Sandra Clavijo Buitrago, Cecilia Valbuena J., Magdalena C\u00e1rdenas, Viviana Andrea Rojas, Emperatriz Ram\u00edrez, Myriam Ramos Villalobos, Rosario Acosta, Dinacela Mar\u00edn Rend\u00f3n, Angie Prieto, Ana Rud Bastidas, Adriana Rangel, M\u00f3nica Sep\u00falveda, It\u00e9l Atencio Antol\u00ednez, Margarita Mar\u00eda G\u00f3mez Uribe, Juliana Jaramillo, Domingo Eduardo Orteg\u00f3n Orteg\u00f3n, Martha Isabel Casas C\u00e1rdenas, Lucia \u00c1lvarez Acero, Mar\u00eda Atilia Reyes \u00c1lvarez, Elizabeth Alejo, Orlando Quintero Arias, Loancy Becerra Mayorga, Gloria Mart\u00ednez, Edna Margarita Jim\u00e9nez Urbano, Kathia Am\u00edn Bajaire, Paula Tatiana Arias Osorio, Diana G\u00f3mez, Sonia Gonz\u00e1lez, Nelza Zambrano, Alba Nohora Osorio Giraldo, Aida Yolanda Cardona Bedoya, Flor Mar\u00eda Ni\u00f1o Mu\u00f1oz, Irene Gracia, Roc\u00edo Ospina Restrepo, Mar\u00eda Teresa Guerrero Ram\u00edrez, Oscar Tob\u00f3n Salazar, Martha Rodr\u00edguez, Mar\u00eda Eugenia Castro G\u00f3mez, Sandra Gelvez Gonz\u00e1lez, Gilberto Osorio, Marta Patricia Ram\u00edrez Mirque, Mar\u00eda Claudia Cubillos de Arango, Andrea G\u00f3mez Tabares, Ahixa Chaves, Bellssy S\u00e1nchez, Kelly Rodr\u00edguez, Sandra Milena M\u00e1rquez Ochoa, Julieta Moreno, Martha Zapata, Jorge Humberto C\u00e1rdenas Moreno, V\u00edctor Fernando G\u00f3mez Tabares, Javier Onofre Lancheros P\u00e1ez, David Rivera L\u00f3pez, Luz Adriana Pastrana, Luisa Pastrana, Amalia Mendoza Caicedo, Sara D\u00edaz, Adriana Giraldo, Isabella Ardila Pardo, Mar\u00eda Ruiz, Mar\u00eda Consuelo Salcedo Cruz, Ana Mar\u00eda Salcedo, Beatriz Casta\u00f1o, Ayde Fl\u00f3rez, Leidy Katherinne Hern\u00e1ndez Pab\u00f3n, Yenis Parra Ch\u00e1vez, Eliana Mar\u00eda Castrill\u00f3n Rojas, Yane Mar\u00eda Ca\u00f1as Ortiz, Martha Susana Alfonso Rodr\u00edguez, Martha Mendoza, Jenny Leila Orrego, Guillermo Alberto Rosero Melo, Liliana Pardo, Mariela Guti\u00e9rrez Arcila, Jimena Santos, Mar\u00eda Lucia G\u00f3mez, Lina Patricia Mu\u00f1oz, Danelia R\u00edos de Aguilera, \u00c1ngela Jimena Aguilera R\u00edos, Juan Gil, Ana Tilia Fl\u00f3rez P\u00e1ez, Jes\u00fas Alexander Gaviria Mu\u00f1oz, Mar\u00eda Laborde, Ana Avella de Garavito, Imelda Ruiz Zald\u00faa, Juan Duarte, Juan Jos\u00e9 Cabezas, Jeannette Samper Alum, Santiago Gonz\u00e1lez, Isaura Rend\u00f3n de Muriel, Norma Cardona, Margarita Mar\u00eda Pineda Cardona, Eucaris Santa Jaramillo, Sandra Zamora, Ana Karina Carrero Lamus, Mar\u00eda In\u00e9s Espinosa Calle, Mar\u00eda Helena Cabezas, Santiago Medina Panesso, Mar\u00eda Mercedes G\u00f3mez, Camila Espinosa, Gonzalo Hoyos, Beatriz Posada, Silvia Janneth P\u00e9rez Negro, Alfredo Sogamoso Cardona, Juan Fernando Monsalve Tavera, Bibiana Arias Naranjo, Mar\u00eda C. Ram\u00edrez, Martha G\u00f3mez L\u00f3pez, Jenny Novoa, Mar\u00eda Del Pilar Rodr\u00edguez Pinilla, Elsa Suarez, Carolina Nossa, Jes\u00fas Antonio Navarro Mart\u00ednez, Marcela Betancourt, Marcela Rubio, Mar\u00eda Cristina Mari\u00f1o De Uribe, Jonathan Portilla, Margoth L\u00f3pez L\u00f3pez, Myriam Mercado de Pugliese, Mar\u00eda Samara S\u00e1nchez, Carolina Salazar Uricoechea, Carolina D\u00edaz, Gloria Luz Cano, Henry V\u00e1squez V\u00e1squez HevasanS\u00e1nchez , Mar\u00eda Emilia Naranjo Ramos, Purita Quintero Castilla, Elsie Duque de Ram\u00edrez, Laura Vargas Fern\u00e1ndez, Rosa Hern\u00e1ndez, M\u00f3nica Salazar De Quintana, Fadyia Am\u00edn, Santiago Zapata Mart\u00ednez, Jos\u00e9 Ben\u00edtez Ben\u00edtez, H\u00e9ctor Nicol\u00e1s Ortiz Soto, Martha Tello B\u00e1rcenas, Liliana Mar\u00eda Gaviria Mu\u00f1oz, Elizabeth Franky, Blanca Rubiela Molina, Lucia Esperanza Rodr\u00edguez Cruz, Cesar Uguer Le\u00f3n Medina, Lina Marcela L\u00f3pez Flori\u00e1n, Le\u00f3nidas Torres Benavides, Daniela Mu\u00f1oz Mu\u00f1oz, Martha Mera, Concepci\u00f3n Guar\u00edn, Hern\u00e1n Quintero, Vanessa Rojas, Luz Aida Parra Duran, Melva Liliana Mar\u00edn Garc\u00eda, Mar\u00eda Elena Casta, Alcides Duque Ocampo, Gabriele Prandi, Olga Rodr\u00edguez, Luz Andrea G\u00e1lvez, Nury Isabel S\u00e1nchez Casas, Gladys Galvis, Luz Dary C\u00f3rdoba Morales, Mar\u00eda Cristina Tosne Rojas, Juan Yamith Sandoval Covaleda, Norma P\u00e9rez, Ligia Le\u00f3n S\u00e1nchez, Pilar Constanza G\u00f3mez Gil, Eva Isabel \u00c1lvarez Betancur, Cecilia C\u00f3rdoba Osorio, Claudia Jim\u00e9nez, Emelina Morales Bernal Mor, Luis Alfredo Becerra Samudio, Imelda Hern\u00e1ndez Navarrete, Yenny Marcela Sierra Rojas, Luz Dary Orjuela, Mar\u00eda Cristina Arias, Azucena Cervantes, Andr\u00e9s S\u00e1nchez Castiblanco, \u00c1ngela Consuelo Pe\u00f1uela Mar\u00edn, Lucia Guerra Campos, Osmerys Mar\u00eda Garrido Niebles, Diana Yaneth Holgu\u00edn Plazas, H\u00e9ctor Villa, Elton Calder\u00f3n, Reinaldo Augusto Buitrago \u00c1lvarez, Zulima Pulido Pardo, Carolina Guti\u00e9rrez, Lizbeth L\u00f3pez, Adolfo Rebolledo Ruiz, Martha Cecilia G\u00f3mez L\u00f3pez, Roc\u00edo del Pilar Palacio Villegas, Daniel Andr\u00e9s Mar\u00edn, Jonathan S\u00e1enz M\u00e9ndez, Lyda Gaviria, Sandra Milena Betancur G\u00f3mez, Sara Medina Ardila, Liliana Figueroa, Elizabeth Aparicio, Bibiana Goyeneche, Clara Contreras, Carlos Rey, Jeyson Pedraza, Adriana Mar\u00eda Arismendy Montoya, Carla Rojas F, Alicia Orozco, Margarita Mar\u00eda Arias Restrepo, Juliana Campo Funieles, Margarita Santos Rodr\u00edguez, Magda Liceth Rodr\u00edguez Ortiz, David Garc\u00eda, Nicol\u00e1s Henao V\u00e1squez, Juan Guillermo Ram\u00edrez R, Yeison Felipe Tabares Buitrago, Soledad Benavides G, Joaqu\u00edn Alberto Villa Marciales, Jos\u00e9 Ferm\u00edn Silva Ariza, Ver\u00f3nica Johana Salazar Guti\u00e9rrez, Myriam Fern\u00e1ndez, Mar\u00eda Helena Ram\u00edrez, Mirastelly Arenas Le\u00f3n, \u00c1gueda Torres Cudriz, Juan Carlos Giraldo Hoyos, Juan Mario Rodr\u00edguez Montealegre, Nora Lucia Cardona Alzate, Mar\u00eda Eugenia Castro Ospina, Deysa Patricia Vargas Vivas, Beatriz De La Espriella, Ana Pedraza, Yulieth Manzano, Rodrigo Becerra, Ram\u00f3n Z\u00fa\u00f1iga, Katherine Mand\u00f3n, Nubia Mar\u00eda Robles Mar\u00fan, Gloria Nancy Bustos S\u00e1nchez, Mercy Ruiz, Sandra Angarita, Deicy Milena Huertas, Jos\u00e9 Manuel Garz\u00f3n Rocha, Leonardo Rebolledo Ruiz, Mar\u00eda Rebolledo, Margarita Pineda, Ana Mar\u00eda Orozco Silva, Nenfy Esther Jim\u00e9nez Marzal, Carmen Libia Veloza Torres, Luz M Torres Sabogal, Diana Montealegre, Gloria G\u00f3mez, M\u00f3nica Amaya, Andr\u00e9s N\u00fa\u00f1ez, Andr\u00e9s Garc\u00eda Herrera, Sonia Teresa Castrill\u00f3n Giraldo, Lida Mar\u00eda Santos Mej\u00eda, Edgar Daniel Alfonso Vargas, Sandra Pereira, Cielo Bastidas, Oscar Soto Pe\u00f1a, Yina Soto Escalante, Jasm\u00edn Manrique, Bol\u00edvar Melo Bastidas, Gilberto Cardona Arango, Carlos Eduardo Morales Torres, Martha Luz Alvarado Donado, Lucy Gallego, Martha Lucia G\u00f3mez Rojas, Liliana Gaviria, Martha Sarmiento De Giraldo, Michael Steven S\u00e1nchez Caro, Blanca In\u00e9s Beltr\u00e1n, Maribel Caycedo Linares, Mar\u00eda Amaya, In\u00e9s Mac\u00edas, Mar\u00eda Elena Camacho, Ana Mar\u00eda Garz\u00f3n Ramos, Natalia Pel\u00e1ez, Marco Salcedo, Ruby Johanna Cruz Ledesma, Isabel Judith Rivera De Jim\u00e9nez, Mar\u00eda Clara N\u00fa\u00f1ez, Jenifer Ram\u00edrez Anaya, Gersain T\u00e9llez, Patricia Gallego, Luz Stella Plaza Manzano, Enrique Gordo, Rosangela Vitola Almario, Rom\u00e1n Valenzuela, Rosa Duarte, Henry Blain, Paula Espinosa, Claudia Mar\u00eda L\u00f3pez Echavarr\u00eda, Cristina Garc\u00e9s, Diana Riveros, Lorena Delgado G\u00f3mez, Nicol\u00e1s Sierra, Diana Mar\u00eda Plaza Manzano, Daniel Vanegas Zapata, Mar\u00eda \u00c1lvarez, Clara In\u00e9s Ortiz Cabal, Mar\u00eda Delfina Ortiz Cabal, Ana Lopera, Flor Edith Aguilar Romero, Shirley Rivera Cano, Osvaldo Ram\u00edrez Trujillo, Pilar Rozo Salamanca, Juan Gabriel Durango, Dilsa Luc\u00eda Berm\u00fadez Betancourt, William Ren\u00e9 Rivera, Mar\u00eda Teresa L\u00f3pez Montoya, Mauricio Espinosa, Martha Cecilia Zuluaga De \u00c1lvarez, Magdinayibe Santofimio, Hilda Beatriz Moreno Agudelo, Luz Stella Osorio Salazar, Augusto Zuleta, Humberto G\u00f3mez Morales, Andrea Mesa, Mar\u00eda Magdalena Durango David, Mariana Durango David, Paula Catalina D\u00edaz, \u00c1ngela Patricia Espinosa, Luz Mar\u00eda Estrada Estrada, Marl\u00e9n Tovar Puentes, Susana Ria\u00f1o, Mar\u00eda Hericinda Barreto Ni\u00f1o, Catalina Zuluaga, Sandra Reyes, Tatiana L\u00f3pez, Sonia Dalila R\u00edos L\u00f3pez, Claudia Pe\u00f1uela, Martha Campos, Rosalba Giraldo G\u00f3mez, Claudia Mercedes Granados Rojas, Alexander Robledo, Mar\u00eda Dur\u00e1n, Viviana Cuartas, Mar\u00eda Hermosa, Gabriela Henao Henao, Sof\u00eda Henao Salazar, Jorge Orlando Garc\u00eda Garc\u00eda, Amalia Podada De Bernal, Amalia Bernal Posada, Mar\u00eda Augusta Marenco N\u00fa\u00f1ez, Andr\u00e9 Robert, Ana Mar\u00eda Echavarr\u00eda, Pedro Abelardo Ospina Hern\u00e1ndez, Edison Giraldo Lozano, Luisa Mar\u00eda Hincapi\u00e9 Pino, Natalia Salazar G\u00f3mez, Subaida Gallego Marulanda, Aydee Hurtado, Marisol Diaz Torres, Dora Mar\u00eda Campuzano Palacio, N\u00e9stor Gonz\u00e1lez, Clara G\u00f3mez, Sonia Patricia Rivas Bastidas, Sandra Monsalve, Luz Helena Palacio Diaz, Vidalia Osorio Daza, Carolina Manrique Ortiz, Margarita G\u00f3mez, Marta Mesa, Mar\u00eda Bosc\u00e1n, Marta Cecilia Echeverri Garc\u00eda, Gabriela Escobar C., Samanta S\u00e1nchez, Jos\u00e9 Restrepo, Teresa G\u00f3mez, Navier Alonso Restrepo Cuervo, Mar\u00eda De Los \u00c1ngeles G\u00f3mez Giraldo, Luz Marina L\u00f3pez Upegui, Gloria Nancy Casta\u00f1o G\u00f3mez, Edna Faisully Mac\u00edas Calder\u00f3n, Pablo Solano Isaacs, Adriana Jimena Montes \u00c1lzate, Clara Mar\u00eda Zorro, Luz Andrea Sep\u00falveda, Francisco Antonio Hincapi\u00e9 Valencia, Nohora Luzmith Ortiz Salas, Hugo Ni\u00f1o, Martha Patricia Garc\u00e9s Villalobos, Luz Andrea D\u00edaz Valencia, Juan Vigoya, Daneris Tasc\u00f3n Cortes, Mar\u00eda Fernanda de Los R\u00edos, Myriam Judith Moreno De Samudio, Yarledy Cardona Acevedo, Mar\u00eda Luisa Ram\u00edrez, Mar\u00eda L\u00f3pez, Bel\u00e9n Andrea Oma\u00f1a Rodr\u00edguez, Dilia Del Roci\u00f3 Ball\u00e9n, Mar\u00eda Luisa Correa Ardila, Nelly Amparo Bello Remolina, Leidy Constanza Clavijo Giraldo, Lina Clemencia Rivera Ocampo, Libia L\u00f3pez Rojas, Olga Luc\u00eda Olga Luc\u00eda Mej\u00eda Riveros, Jenniffer Quintero, Mar\u00eda Cristina Garc\u00eda Diaz, Julio P\u00e9rez Cura, Claudia Londo\u00f1o, Andrea Naranjo Quintero, Laura Andrea C\u00f3rdoba Parrado, Beatriz Elena Mesa, Sandra Suarez Moncada, Estefan\u00eda Mogoll\u00f3n, Sara Berm\u00fadez Alvarado, Laura Valentina G\u00f3mez Cely, Luis Eduardo Suza L\u00f3pez, Martha Cecilia Orozco Ospina, Luz Marina Pedraza Reyes, Hugo Salcedo, Mar\u00eda Fernanda Correales Olarte, Carolina G\u00f3mez Suarez, Diana Paola Pedraza, Patricia Ram\u00edrez, Maribel Carmona Hern\u00e1ndez, Sonia Roc\u00edo Vanegas, Francisco Pedraza Reyes, Mar\u00eda del Carmen Ram\u00edrez Meneses, Cristian David Guzm\u00e1n Cardozo, Luis Carlos Ocampo Villamizar, Marta Luc\u00eda Jim\u00e9nez Ram\u00edrez, Yajaira Becerra, Marinella Ruiz Villalba \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0El aborto es contrario a la Constituci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jeannethe Mart\u00ednez \/ representante legal Fundaci\u00f3n Creo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 9 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mayra Figueredo Prada \/ miembro del equipo cient\u00edfico Unidos por la Vida \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Protecci\u00f3n de seres sintientes; profundiza el problema del invierno demogr\u00e1fico \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Marco Acosta Rico, Emel Rojas Castillo, Diana Marcela Diago Guaquet\u00e1, Gloria Elsy D\u00edaz Mart\u00ednez, Luz Marina Gordillo Salinas, Sara Jimena Castellanos Guerra, Adriana Carolina Arbel\u00e1ez, Humberto Rafael Am\u00edn Martelo, Oscar Ram\u00edrez Vahos, Andr\u00e9s Eduardo Forero Molina, Jorge Luis Colmenares, Nelson Cubides Salazar, Yefer Yesid Vega Bobadilla y Rolando Gonz\u00e1lez Garc\u00eda \/ concejales de Bogot\u00e1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Consecuencias f\u00edsicas, psicol\u00f3gicas adversas; ausencia de pol\u00edtica p\u00fablica de prevenci\u00f3n. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
ANEXO 8<\/p>\n
INTERVENCIONES Y CONCEPTOS DE CIUDADANOS, ORGANIZACIONES PRIVADAS Y AMICUS CURIAE QUE SOLICITAN LA INEXEQUIBILIDAD DE LA NORMA DEMANDADA<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Fundamentos: (1) inexistencia de cosa juzgada constitucionalidad; (2) evoluci\u00f3n del contexto normativo; (3) vulneraci\u00f3n del principio de \u00faltima ratio del derecho penal; (4) l\u00edmites constitucionales para la libertad de configuraci\u00f3n legislativa; (5) derechos sexuales y reproductivos de la mujer; (6) derecho fundamental a la IVE; (7) naturaleza discriminatoria del aborto; (8) barreras estructurales para el acceso a la IVE; (9) impactos desproporcionados de los embarazos no deseados en la salud f\u00edsica y mental de las mujeres; (10) estigmatizaci\u00f3n del aborto y las mujeres que lo practican; (11) redacci\u00f3n excluyente de la norma frente a quienes no se identifican como mujeres; (12) principio de progresividad en garant\u00edas las iusfundamentales y (13) derecho internacional de los derechos humanos (DIDH, OMS, ONU y CEDAW).<\/p>\n
N\u00daM. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
INTERVINIENTES E INVITADOS \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
FUND. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
OTROS \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
FECHA REMISI\u00d3N CONCEPTO O INTERVENCI\u00d3N<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00c1ngela Mar\u00eda Robledo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
5, 10 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
La restricci\u00f3n de los derechos sexuales y reproductivos afecta otros derechos humanos de las mujeres; estigma que induce a la pr\u00e1ctica clandestina del aborto; afectaci\u00f3n de las mujeres en mayor condici\u00f3n de vulnerabilidad. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
28\/10\/2020<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Alejandro Arantegui \/M\u00e9dicos sin Fronteras<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
9 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
La penalizaci\u00f3n el aborto constituye una barrera para las mujeres vulnerables \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
30\/10\/2020<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Carolina Vergel Tovar \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
5,6,7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
La protecci\u00f3n y garant\u00eda de la sexualidad de la mujer y de su reproducci\u00f3n pasa tambi\u00e9n y necesariamente por el respeto y desarrollo efectivo del principio a la dignidad humana, del derecho a la igualdad y no discriminaci\u00f3n, del derecho a una vida libre de violencias. El derecho fundamental a la IVE resulta conforme al DIDH no s\u00f3lo como desarrollo del derecho a la salud. Es la garant\u00eda del derecho a la autonom\u00eda reproductiva de las mujeres la que no puede entenderse plenamente realizada si no se garantizan adem\u00e1s los derechos a la vida de las mujeres y ni\u00f1as, a la salud, a la educaci\u00f3n, al acceso a la justicia y a la informaci\u00f3n. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27\/11\/2020<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Iv\u00e1n Cepeda Castro \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Existe un d\u00e9ficit de protecci\u00f3n de los derechos de las mujeres, especialmente de aquellas en condiciones m\u00e1s vulnerables. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27\/11\/2020<\/p>\n
5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Joanna N. Erdman y Rebecca Cook \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Consenso internacional sobre descriminalizaci\u00f3n del aborto. Tendencia en Am\u00e9rica Latina sobre los est\u00e1ndares de derechos humanos en cuanto al aborto. Violaciones a los derechos humanos causados por la criminalizaci\u00f3n del aborto (inseguridad, estigma, desigualdad social, da\u00f1os inherentes). Arbitrariedad y desproporcionalidad de la criminalizaci\u00f3n del aborto a partir de los est\u00e1ndares de del DIDH. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
11\/11\/2020<\/p>\n
6 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Macarena S\u00e1ez Torres \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
5, 7, 13 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Obligaciones convencionales de Colombia en materia de derechos humanos en cuanto a igualdad, no discriminaci\u00f3n, autonom\u00eda personal, privacidad y salud. La prohibici\u00f3n de la IVE constituye un acto discriminatorio que vulnera el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las mujeres en igualdad de condiciones con el hombre, a la luz del Sistema Universal de Protecci\u00f3n de los Derechos Humanos \u2013SUDH\u2013 y el SIDH \u2013Sistema Interamericano de Derechos Humanos\u2013. Derecho de cada mujer a la autodeterminaci\u00f3n reproductiva y a elegir el n\u00famero de hijos, entre ellos, su intervalo. Interferencia estatal frente a dicho derecho. La mujer que practica la IVE tiene derecho a la privacidad y el derecho a la libre decisi\u00f3n de acuerdo con el DIDH. El derecho al disfrute m\u00e1s alto de salud f\u00edsica y mental abarca tambi\u00e9n la salud sexual y reproductiva. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
09\/11\/2020<\/p>\n
7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Juan Ernesto M\u00e9ndez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
5,10 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
La obligaci\u00f3n de prevenir la tortura obliga a los Estados a proteger a las mujeres m\u00e1s vulnerables de la denegaci\u00f3n de servicios de aborto en instituciones de salud. Tambi\u00e9n obliga a prevenir las humillaciones, el estigma y los malos tratos que enfrenan las mujeres al acudir a la IVE. La eliminaci\u00f3n del tipo penal ser\u00eda una medida efectiva para la protecci\u00f3n de las mujeres m\u00e1s vulnerables y prevenir el maltrato y la tortura institucional hacia aquellas que acuden a la IVE. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
8 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Line Bareiro \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
El SUDH (salvo el Comit\u00e9 de Derechos Humanos) se han pronunciado a favor de la despenalizaci\u00f3n del aborto y no han objetado el establecimiento de reglas sobre el plazo para llevar a cabo el aborto. No existen recomendaciones desde el SUDH sobre la penalizaci\u00f3n. Observaci\u00f3n General 22 del Comit\u00e9 DESC incluye accesibilidad al aborto como obligaci\u00f3n de prevenci\u00f3n. Observaci\u00f3n General 36 del Comit\u00e9 de Derechos Humanos se\u00f1ala que la regulaci\u00f3n de la IVE no debe violar el derecho a la vida de la mujer ni de la ni\u00f1a embarazada. Recomendaci\u00f3n General 35 del comit\u00e9 CEDAW califica la penalizaci\u00f3n de la IVE como violencia de g\u00e9nero. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
26\/11\/2020<\/p>\n
9 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Lina Malag\u00f3n Penen y Sergio Alejandro Fern\u00e1ndez Parra \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
La penalizaci\u00f3n del aborto afecta al Estado Laico. El uso ileg\u00edtimo de la objeci\u00f3n de conciencia es una forma de desobediencia civil del cristianismo conservador para hacer ineficaz el derecho fundamental a la IVE en las causales despenalizadas. A nivel internacional, existe una correlaci\u00f3n entre despenalizaci\u00f3n del aborto, nivel de religiosidad y laicidad estatal. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
25\/11\/2020<\/p>\n
10 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Alejandro Gaviria Uribe \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
9 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Identifica como barreras de acceso a la IVE las que tienen que ver con el desconocimiento del marco legal (C-355\/06, normas sobre derechos de las mujeres y obligaciones respecto a la IVE), interpretaciones restrictivas del marco legal (exigencia de nuevos requisitos, limitaci\u00f3n de la prestaci\u00f3n seg\u00fan edad gestacional, objeci\u00f3n de conciencia institucional, interpretaci\u00f3n restrictiva de la causal) y fallas en la prestaci\u00f3n del servicio. La eliminaci\u00f3n del delito de aborto ayudar\u00eda a superar dichas barreras. La despenalizaci\u00f3n podr\u00eda reducir los abortos y mejorar las condiciones en las que se practican. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
04\/11\/2020<\/p>\n
11 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00d3scar A. Cabrera<\/p>\n
Silvia Serrano Guzm\u00e1n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3, 9 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
La penalizaci\u00f3n absoluta del aborto y la falta de acceso a la IVE en casos extremos es fuente de responsabilidad internacional del Estado. Las barreras de acceso al aborto legal en Colombia violan el derecho a la salud y otros derechos relacionados. Es necesario realizar un an\u00e1lisis de proporcionalidad sobre la penalizaci\u00f3n del aborto en los dem\u00e1s casos que tenga en cuenta la libertad de configuraci\u00f3n legislativa, la legitimidad de la finalidad de proteger la vida en gestaci\u00f3n, la relaci\u00f3n de idoneidad y necesidad entre protecci\u00f3n y derecho penal. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
12 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Yesid Reyes Alvarado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Guiado por su pretensi\u00f3n de salvaguardar la vida del nasciturus penalizando el aborto, el legislador no solo no ha conseguido su prop\u00f3sito, sino que adem\u00e1s est\u00e1 poniendo en grave peligro otra vida: la de cada una de las madres que procuran abortar en las precarias condiciones que pueden encontrase a disposici\u00f3n de la mayor\u00eda de ellas en medio de la prohibici\u00f3n. La Comisi\u00f3n de Seguimiento de las Condiciones de Reclusi\u00f3n del Sistema Penitenciario y Carcelario recomend\u00f3 avanzar en la despenalizaci\u00f3n del aborto, pero no ha habido avances, ni siquiera a partir de los exhortos de la Corte Constitucional. La forma adecuada para resolver la tensi\u00f3n entre vida del nasciturus y la libertad y dignidad de la madre requiere dos actuaciones del Estado: la garant\u00eda del libre ejercicio de derechos fundamentales y la oferta de toda la ayuda necesaria para enfrentar las cargas de la maternidad. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
11\/11\/2020<\/p>\n
13 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Camila Correa Fl\u00f3rez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3, 4, 7, 10 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Esta pol\u00edtica criminal del Estado colombiano en materia de aborto excede los l\u00edmites a la libertad de configuraci\u00f3n del legislador en materia penal, toda vez que genera una evidente desprotecci\u00f3n de los derechos de las mujeres. Por medio de la penalizaci\u00f3n parcial del aborto se reproducen<\/p>\n
estereotipos de g\u00e9nero discriminatorios que refuerzan el estigma social que enfrentan las mujeres que deciden abortar. El bien jur\u00eddico \u201cvida en<\/p>\n
gestaci\u00f3n o expectativa de vida\u201d puede ser protegido de otras maneras menos intrusivas y respetuosas del principio de m\u00ednima intervenci\u00f3n del derecho penal. El tipo penal de aborto es una norma discriminatoria por razones de g\u00e9nero. El tipo penal no obedece a los fines de la pena establecidos en el art\u00edculo 4 del C\u00f3digo<\/p>\n
Penal, lo que contrar\u00eda abiertamente el principio de \u00faltima ratio o de derecho penal<\/p>\n
m\u00ednimo. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
14 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Isabel Cristina Jaramillo Sierra \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
05\/11\/2020<\/p>\n
15 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ana Labandera Monteblanco \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
9 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Con posterioridad a la despenalizaci\u00f3n, los resultados de la implementaci\u00f3n del modelo muestran que las mujeres consultan precozmente, se asesoran, usan misoprostol (\u201caborto m\u00e9dico\u201d) de manera segura y adoptan un m\u00e9todo anticonceptivo moderno posteriormente al aborto. Igualmente, las mujeres auto gestionan su<\/p>\n
proceso de manera informada. La penalizaci\u00f3n del aborto lleva a la mujer a incurrir en riesgos altos de morbimortalidad en la clandestinidad y en procesos inseguros que determinan que la decisi\u00f3n tomada vulnere sus derechos humanos b\u00e1sicos: la vida y la salud, llegando a su invalidez o muerte. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
16 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Diana Green Foster, Antonia Biggs, Lori Freedman y Rosalyn Schroeder \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
9,10 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
La comunidad cient\u00edfica ha refutado y demostrado que el aborto no causa da\u00f1os psicol\u00f3gicos. \u00a0Es mayor el riesgo f\u00edsico por llevar a t\u00e9rmino un embarazo no deseado que el practicarse un aborto. La pr\u00e1ctica del aborto s\u00ed supone un estigma que puede conducir a problemas de salud mental. La criminalizaci\u00f3n del aborto compromete el cuidado del paciente. El estigma del aborto tiene impactos no solo en la mujer, sino tambi\u00e9n en la vida personal, familiar y profesional de la mujer. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
29\/10\/2020<\/p>\n
17 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Diana Rodr\u00edguez Franco \/ Secretar\u00eda Distrital de la Mujer (Bogot\u00e1) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
06\/11\/2020<\/p>\n
18 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Paula Houghton \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
8, 9,10 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
No hay legislaci\u00f3n que proteja a prestadores de salud por el estigma asociado al aborto, mientras que s\u00ed hay legislaci\u00f3n que protege a objetores de conciencia. Carga desproporcionada para los m\u00e9dicos que practican la IVE. Las barreras de acceso son graves y aumentan conforme avanza la edad gestacional. El certificado m\u00e9dico es una autorizaci\u00f3n de un tercero que ejerce sobre la mujer, convirti\u00e9ndose en un elemento de suerte para aquella interesada en practicarse el aborto. Las mujeres pobres tienen mayores riesgos. La maternidad forzada es un factor de riesgo comprobado para la afectaci\u00f3n a corto, mediano y largo plazo de la salud de quien la padece. El aborto que se realiza en condiciones m\u00e9dicas \u00f3ptimas es un<\/p>\n
procedimiento seguro y efectivo. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
06\/11\/2020<\/p>\n
19 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
P\u00edo Iv\u00e1n G\u00f3mez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
8,9 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
No hay mayores riesgos para la salud mental a ra\u00edz de la IVE. No existe el s\u00edndrome de Postaborto. Son mayores los riesgos derivados de la falta de pr\u00e1ctica del aborto en la medida en que conducen a un mayor nivel de pobreza y aumenta los riesgos y mortalidad. Existen diferentes barreras de acceso como la convocatoria de juntas m\u00e9dicas y la objeci\u00f3n de conciencia. Los profesionales de la salud enfrentan problemas a la hora de practicar la IVE por falta de conocimiento de la normativa vigente. Existe un estigma social hacia los profesionales que practican \u00a0 la IVE. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/10\/2020<\/p>\n
Johana Cepeda Saavedra \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
9, 10 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
La penalizaci\u00f3n del aborto afecta la pr\u00e1ctica de los profesionales de la salud, y espec\u00edficamente del \u00e1rea de enfermer\u00eda al atentar contra las pr\u00e1cticas que la constituyen; impone una dicotom\u00eda entre la denuncia y el secreto profesional y favorece el uso indebido de la objeci\u00f3n de conciencia (el cual, adem\u00e1s, no se reconoce para los enfermeros). La tipificaci\u00f3n del aborto genera efectos negativo s f\u00edsicos y psicol\u00f3gicos en la salud de las mujeres y tambi\u00e9n en los profesionales que prestan el servicio de IVE. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
18\/11\/2020<\/p>\n
21 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mois\u00e9s Wasserman \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
5, 13 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Las mujeres tienen derecho a decidir sobre sus cuerpos. Es un presupuesto para el ejercicio de su ciudadan\u00eda plena y es elemento de los derechos al libre desarrollo de la personalidad y de la autonom\u00eda de la voluntad. La pregunta en torno al principio de la vida no tiene respuesta sencilla y la vida de la madre debe ser incluida en la ecuaci\u00f3n. Existen diferentes acercamientos filos\u00f3ficos sobre cu\u00e1ndo debe protegerse la vida. Los derechos individuales son un l\u00edmite para las mayor\u00edas parlamentarias. El Estado tiene el deber de asegurar la mejor atenci\u00f3n en salud posible \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27\/10\/2020<\/p>\n
22 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Isabel Fanlo Cort\u00e9s \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
4, 5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
La intervenci\u00f3n regulatoria por parte de las instituciones estatales no debe ser un pretexto para introducir l\u00edmites regulatorios al acceso a la IVE y activar mecanismos de control sobre la esfera decisional de las mujeres que quieren abortar, vulnerado as\u00ed sus derechos fundamentales. Ante la inactividad del Legislador, la Corte Constitucional tiene plena legitimidad para actuar en su rol de garante de los derechos<\/p>\n
fundamentales vulnerados. El derecho de cada individuo a decidir sobre el propio cuerpo, que tanta relevancia asume en la<\/p>\n
esfera sexual y reproductiva, constituye un elemento clave del m\u00e1s amplio derecho a la autonom\u00eda personal. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
23 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Susana Pozzolo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
4, 7, 13 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
24 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Universidad de los Andes \/ Luis Jorge Hern\u00e1ndez F. \/ profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
7, 8, 9 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
03\/11\/2020<\/p>\n
25 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Universidad Nacional \/ Grupo de Investigaci\u00f3n en Violencia y Salud adscrito al Departamento de Salud P\u00fablica de la Facultad de Medicina \/ Zulma Consuelo Urrego Mendoza, Gladys Roc\u00edo Ariza Sosa, Alejandra del Roc\u00edo Bello Urrego \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
9 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
No existe una real garant\u00eda a la IVE (C-355\/06): existe una negaci\u00f3n del servicio por objeci\u00f3n de conciencia. La tipificaci\u00f3n actual afecta de manera negativa la salud<\/p>\n
mental y f\u00edsica de las mujeres obligadas a continuar forzadamente con un embarazo no deseado. Existe un mayor riesgo de experimentar desenlaces adversos en salud mental si se les obligaba a las mujeres a continuar forzadamente con el embarazo no deseado, que si se les permit\u00eda interrumpirlo voluntariamente. La continuaci\u00f3n forzada de un embarazo no deseado, por negaci\u00f3n del acceso a un servicio de IVE deseado por la mujer, genera deterioro en su disfrute del derecho a la salud y a la vida digna. La negaci\u00f3n de la autonom\u00eda de la persona gestante para decidir sobre un proceso biol\u00f3gico que ocurre sobre su cuerpo y que tendr\u00e1 consecuencias f\u00edsicas, psicol\u00f3gicas, sociales y econ\u00f3micas que afectar\u00e1n su proyecto de vida se corresponde con un momento hist\u00f3rico ya superado en el que se consider\u00f3 que las mujeres ten\u00edan un estatus jur\u00eddico inferior, por el hecho de ser mujeres. El reconocimiento efectivo de las mujeres como sujetas de derecho en condiciones de igualdad frente a los hombres amerita una pronta actualizaci\u00f3n del orden jur\u00eddico del Estado. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
26 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Universidad Externado de Colombia, por intermedio del Centro de estudios sobre Gen\u00e9tica y Derecho y del Observatorio de Migraciones Internacionales del Departamento de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho \/ Orlando Enrique Santamar\u00eda Echeverr\u00eda, Jorge Alberto Ram\u00edrez G\u00f3mez, Natalia Rueda Vallejo y Sim\u00f3n Rodr\u00edguez Serna. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 4, 5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
El tipo penal impide la garant\u00eda de los principios de igualdad, libertad, autonom\u00eda y autodeterminaci\u00f3n reproductiva,<\/p>\n
que se concretan en el derecho a decidir libre y responsablemente el n\u00famero de hijos. Mantener las restricciones<\/p>\n
existentes en materia de acceso a la IVE, con fundamento en la protecci\u00f3n de la vida humana del feto, desconoce injustificadamente los derechos fundamentales a la intimidad y libertad de<\/p>\n
la mujer. La tipificaci\u00f3n de la conducta excede los l\u00edmites constitucionales para el dise\u00f1o de la pol\u00edtica criminal del Estado y no<\/p>\n
resulta eficaz, proporcional ni razonable. La prohibici\u00f3n penal de la interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo es violatoria de los derechos fundamentales a la salud, a la igualdad y a la libertad. No existe cosa juzgada constitucional. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
27 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Roberto Gargarella \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Corresponde a los tribunales un papel central en la conversaci\u00f3n colectiva sobre los derechos, su interpretaci\u00f3n, y los modos de protegerlos, frente a las violaciones que puedan sufrir, a partir de las acciones y omisiones de los \u00f3rganos pol\u00edticos. a Constituci\u00f3n no impone una resoluci\u00f3n espec\u00edfica y sustantiva en la materia, para los l\u00edmites de los derechos b\u00e1sicos, sino que establece un procedimiento para generar dicha resoluci\u00f3n. La consideraci\u00f3n del<\/p>\n
aborto como delito y, a la vez, como objeto de punici\u00f3n penal es parte del problema en discusi\u00f3n. Tales controvertidas afirmaciones no pueden ser tomadas como supuestos o puntos de partida de una discusi\u00f3n que involucra tales controversias. Existe una tensi\u00f3n entre la vida y la libertad y dignidad de las mujeres. Hay que distinguir entre persona y vida. La vida tiene un valor incremental y, por tanto, no es un derecho absoluto. Vale la pena utilizar para el an\u00e1lisis otras pr\u00e1cticas m\u00e9dicas que son ampliamente aceptadas como la fertilizaci\u00f3n in vitro o la reproducci\u00f3n asistida. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
03\/11\/2020<\/p>\n
28 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Sara Giraldo Posada y Andrea Zapata Serna \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
La norma demandada no protege la vida; castiga a la mujer por su capacidad de gestar. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
29 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ver\u00f3nica Siman, representante del Fondo de Poblaci\u00f3n de las Naciones Unidas \u2013UNFPA en Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
5, 6, 8, 9, 13 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
30 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jos\u00e9 Fernando Perdomo Torres \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10,13 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
31 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00c1ngela Mar\u00eda Buitrago Ru\u00edz \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 7, 8 9, 13 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
El derecho penal debe ser examinado sin los apremios de influjos morales, \u00e9ticos o religiosos de anta\u00f1o, para ser llevado al plano de la dignidad humana y los Derechos Humanos. Las libertades de la mujer no pueden ser eliminadas bajo una errada idea de protecci\u00f3n absoluta de la vida del nasciturus. Debe haber una justa ponderaci\u00f3n, que lleve a su justa proporci\u00f3n la criminalizaci\u00f3n como herramienta para los fines del Estado. Existen formas de violencia contra la mujer (econ\u00f3mica, cultural, social) que imponen, por lo menos, ampliar el espectro de casos en los que se permite la IVE. El aborto no puede equipararse al homicidio porque carece de sujeto pasivo. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
11\/11\/2020<\/p>\n
32 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Corporaci\u00f3n Mujer Denuncia y Mu\u00e9vete \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3, 5, 7, 8, 10 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
La criminalizaci\u00f3n del aborto constituye violencia de g\u00e9nero \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
11\/11\/2020<\/p>\n
33 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
N\u00e9stor Iv\u00e1n Javier Osuna Pati\u00f1o \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3, 5, 7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
El tipo penal restringe de forma severa, desproporcionada e innecesaria la libertad de las personas gestantes, quienes terminan siendo instrumentalizadas por el Estado. El nasciturus no es \u201csujeto\u201d, sino \u201cobjeto\u201d de derecho. La penalizaci\u00f3n del aborto no cumple con un factor preventivo, de \u00faltima ratio, y no cuenta con fundamentos s\u00f3lidos y de sana previsi\u00f3n de costos econ\u00f3micos y jur\u00eddicos. La medida legislativa tampoco refleja los fines de la pena (preventiva, retributiva, protectora y resocializadora). \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
11\/11\/2020<\/p>\n
34 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Martha Liliana Cu\u00e9llar Aldana \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3, 4, 6 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Sacrificio desproporcionado a las libertades de la mujer so pretexto de preservar el valor jur\u00eddico asociado a la vida del nasciturus. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
11\/11\/2020<\/p>\n
35 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Juan Camilo Boada Acosta \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3, 4, 7, 8, 9, 10 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Dr\u00e1stica limitaci\u00f3n a las libertades de la mujer, su sometimiento a riesgos intolerables ante procedimientos clandestinos. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
36 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Gabriela Cala Porras, Isabella L\u00e9bolo Bula, Sof\u00eda Machado Parra, Isabel Gaviria Ormaza y Mar\u00eda Valencia Ib\u00e1\u00f1ez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
La demanda cumple los requisitos para su estudio de fondo. El reconocimiento de que el aborto, bajo las tres causales definidas por la Corte Constitucional es<\/p>\n
un derecho, no siempre es la primera aproximaci\u00f3n de las mujeres cuando deciden abortar. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
37 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Laura Soranny Paredes y C\u00e9sar Augusto S\u00e1nchez Avella \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
5, 7, 8, 9 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Las mujeres han sido v\u00edctimas del modelo capitalista. La norma propicia la clandestinidad del aborto, que castiga severamente a las poblaciones m\u00e1s vulnerables. El derecho debe emplearse para lograr transformaciones positivas en la sociedad. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
38 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jerly Lorena L\u00f3pez L\u00f3pez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0La educaci\u00f3n sexual, reproductiva y de g\u00e9nero como soluci\u00f3n para evitar embarazos no<\/p>\n
deseados y reducir la probabilidad de practicar abortos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
39 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
M\u00f3nica Arango Olaya, Viviana Boh\u00f3rquez Monsalve y Mar\u00eda Paula Saffon San\u00edn \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2 , 5 y 6<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
40 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Alejandra Coll Agudelo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
9<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
El derecho penal no cumple su cometido de protecci\u00f3n de bien jur\u00eddico \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
41 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Felipe Chica Duque, Miguel \u00c1ngel D\u00edaz Ochoa, Mar\u00eda Acelas Celis, Sof\u00eda Ramos L\u00f3pez y Andr\u00e9s Rodr\u00edguez Morales \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 5<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
42 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Catalina Valencia Garc\u00eda\/representante legal Fundaci\u00f3n Mujer y Futuro; Tilcia Johanna Dur\u00e1n\/directora Fundaci\u00f3n Mujer y Futuro; Yulexy Paola Peralta D\u00edaz\/coordinadora de Proyecto Ruta de Protecci\u00f3n a Mujeres Migrantes Fundaci\u00f3n Mujer y Futuro; Yinny Paola Valencia Atuesta\/profesional jur\u00eddica Justicia de G\u00e9nero Fundaci\u00f3n Mujer y Futuro; Tatiana Cordero\/coordinadora de Proyecto Sex Truck Fundaci\u00f3n Mujer y Futuro<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
5, 8 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
La penalizaci\u00f3n del aborto vulnera el derecho a la vida en condiciones de dignidad humana de las mujeres migrantes \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14 y 19\/11\/20<\/p>\n
43 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Jos\u00e9 Pizarro Rodr\u00edguez \/ representante a la C\u00e1mara de Representantes \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
5, 7, 9, 13 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Libre desarrollo de la personalidad y educaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
30\/10\/2020<\/p>\n
44 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 3, 6 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
45 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Carolina Moreno \/ Cl\u00ednica Jur\u00eddica para Migrantes, Centro de Estudios en Migraci\u00f3n y Grupo de Investigaci\u00f3n Derecho, Migraci\u00f3n y Acci\u00f3n Social (DMAS) de la Universidad de los Andes \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
8 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Cargas desproporcionadas a mujeres, ni\u00f1as migrantes y refugiadas para acceder al IVE \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
46 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Juli\u00e1n Camilo Sol\u00f3rzano S\u00e1nchez \/ coordinador Cl\u00ednica de Movilidad Humana Transfronteriza, Ingrid Liliana Palacios R\u00edos y Andrea Galvis Malag\u00f3n, miembros de la mencionada cl\u00ednica de la Universidad del Rosario \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
8 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Cargas desproporcionadas a mujeres, ni\u00f1as migrantes y refugiadas para acceder al IVE \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
11\/11\/2020<\/p>\n
47 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Lina C\u00e9spedes-B\u00e1ez, Vanessa Suelt Cock, y Karol Mart\u00ednez Mu\u00f1oz \/ profesoras de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
5, 6, 7, 13 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
La vida prenatal es compatible con la despenalizaci\u00f3n del aborto dentro del plazo razonable; libre desarrollo de la personalidad, educaci\u00f3n. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
11\/11\/2020<\/p>\n
48 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Programa de Protecci\u00f3n Internacional \u2013PPI- y el Semillero en Movilidad Humana Desarrollismo y Nuevas Violencias de la Facultad de Derecho y Ciencias Pol\u00edticas de la Universidad de Antioquia \/ Astrid Osorio \u00c1lvarez coordinadora del PPI, Alejandro G\u00f3mez Restrepo, \u00c1ngela Mar\u00eda Mesa y Juliana Betancur abogadas del PPI y Laura Mar\u00eda Arias Restrepo voluntaria del PPI; Sara M\u00e9ndez Niebles co-directora del colectivo feminista Bol\u00edvar en Falda; \u00a0Valentina Ortiz Aguirre, Manuel Dar\u00edo Cardona, miembros del Semillero de Litigio ante Sistemas Internacionales de Protecci\u00f3n de Derechos Humanos \u2013SELIDH\u2013 de la Universidad de Antioquia y los abogados Mar\u00eda Elena Hern\u00e1ndez y Federico Londo\u00f1o. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3, 5, 6, 7, 8, 9,13 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Educaci\u00f3n; violencia contra las mujeres; cargas desproporcionadas a mujeres, ni\u00f1as migrantes y refugiadas para acceder a la IVE \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
11\/11\/2020<\/p>\n
49 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Adriana Constanza Mu\u00f1oz Mu\u00f1oz y Yurley Karine Valderrama Cardona \/ estudiantes de la Cl\u00ednica Jur\u00eddica de Inter\u00e9s Social \u201cGrupo Investigativo de Intervenci\u00f3n Social -GIIS-\u201d, adscrito a la Facultad de Ciencias Jur\u00eddicas y Pol\u00edticas de la Universidad Surcolombiana \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3, 5, 6, 7, 10, 13 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Libre desarrollo de la personalidad \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
Angie Daniela Yepes Garc\u00eda, coordinadora del Grupo de Acciones P\u00fablicas (GAP) de la Universidad del Rosario, Lorena Pardo Rojas y Viviana Basto Vergara integrantes del GAP \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
51 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Luz \u00c1ngela G\u00f3mez Jutinico \/ directora del Semillero G\u00e9nero y Equidad Universidad Libre de Bogot\u00e1 y Aleyda Yaneth Caro Casta\u00f1eda, Daniela Paola Lugo Guevara, Laura Yislet Gait\u00e1n Castro, Sthefan\u00eda Meneses G\u00f3mez y Kimberly Guzm\u00e1n G\u00f3mez \/ Integrantes del citado semillero \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 4, 5, 6, 8, 10, 13 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
52 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jos\u00e9 Alejandro Ram\u00edrez Chac\u00f3n, \/ miembro y coordinador Acad\u00e9mico, respectivamente, del Grupo de Investigaci\u00f3n \u201cMenos Delitos, Mejor Justicia\u201d, adscrito a la Facultad de Derecho, Ciencias Pol\u00edticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 9 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
53 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Susana Pach\u00f3n Echeverri y Mar\u00eda Ang\u00e9lica Pombo \/ estudiantes de la Universidad del Norte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
5, 8, 10, 11, 12, 13 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Libre desarrollo de la personalidad; la penalizaci\u00f3n afecta de manera desproporcionada a la comunidad LGBT \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
54 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
John Jairo C\u00f3rdoba Urresty, John Jairo Rojas Pajoy, Diego Andr\u00e9s Mompotes Cepeda, \u00c9rica Lorena Anacona Galindez, Manuel Alejandro Mera L\u00f3pez y Ana Mar\u00eda Trujillo Cu\u00e9llar \/ estudiantes de la Universidad del Cauca y miembros de la Cl\u00ednica Jur\u00eddica en Derechos Constitucionales \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
6, 10 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Libertad de conciencia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
55 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Juliana Bustamante Reyes \/ directora y Mar\u00eda Alejandra D\u00edaz Salgar, Daniela G\u00f3mez Fern\u00e1ndez, Valentina Ni\u00f1o Campos \/ integrantes\u00a0<\/p>\n
del Programa de Acci\u00f3n por la Igualdad y la Inclusi\u00f3n Social PAIIS de la Facultad de Derecho<\/p>\n
de la Universidad de los Andes \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Carga desproporcionada para personas gestantes con discapacidad. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
56 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Lorena S\u00e1nchez Ferrer e Iv\u00e1n Dar\u00edo Hern\u00e1ndez Rodr\u00edguez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
57 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Viviana Rodr\u00edguez Pe\u00f1a \/ coordinadora jur\u00eddica y Mar\u00eda Fernanda Herrera Burgos, Karen Esmeralda<\/p>\n
Mora Chaparro y Marcia Rojas Moreno \/ abogadas de la Corporaci\u00f3n Humanas<\/p>\n
\u2013 Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de G\u00e9nero \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 3, 5, 7, 8, 9 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
58 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Wilson de Jes\u00fas Casta\u00f1eda Castro \/ representante legal y director de Caribe Afirmativo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 5, 6,7, 8, 10, 13 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
59 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Emilia M\u00e1rquez Pizano, Carolina Gonz\u00e1lez Garc\u00eda, Alicia Suaza Parada y Cam L\u00f3pez Duarte \/ en representaci\u00f3n de la organizaci\u00f3n Temblores \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
5, 10, 12 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
60 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Marcela S\u00e1nchez Buitrago \/ directora ejecutiva, Mar\u00eda Susana Peralta, Beldys Hern\u00e1ndez, Juan Felipe Rivera Osorio y Alejandro Barreiro \/ integrantes del \u00c1rea Legal de Colombia Diversa y Laura Frida Weinstein, Directora y Tom\u00e1s Anzola, Camila Becerra, Laura Fl\u00f3rez y Daniel Gonz\u00e1lez, integrantes de la Fundaci\u00f3n Grupo de Acci\u00f3n y Apoyo a Personas Trans (GAAT) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 5, 7, 8, 11 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
61 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Escuela de Estudios de G\u00e9nero Facultad de Ciencias Humanas Universidad Nacional de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
5,9 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
El aborto discrimina seg\u00fan estatus econ\u00f3mico; el derecho de la pareja de conformar una familia no puede estar por encima de los derechos fundamentales de la mujer; violencia de g\u00e9nero. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
62 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00c1lvaro Bermejo \/ director general International Planned Parenthood Federation \u2013 IPPF \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 6 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Inexistencia de correlaci\u00f3n entre despenalizaci\u00f3n de la IVE y aumento de abortos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
29\/10\/2020<\/p>\n
63 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Rebeca Ramos Duarte \/ directora del Grupo de Informaci\u00f3n en Reproducci\u00f3n Elegida -GIRE- \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Hace referencia a la experiencia de la despenalizaci\u00f3n del aborto en Ciudad de M\u00e9xico, Oxaca, y en la importancia de contar con una pol\u00edtica de aborto legal y seguro para garantizar los derechos a la salud, reproductivos de las mujeres. Resaltan la idea estereotipada de que la maternidad es la<\/p>\n
funci\u00f3n obligatoria de las mujeres; el acceso a una interrupci\u00f3n legal del embarazo es plenamente compatible con la protecci\u00f3n de la vida prenatal y la regulaci\u00f3n del aborto voluntario, en ning\u00fan caso, deber\u00eda ser objeto del Derecho Penal, sino ser considerado primordialmente un asunto de salud p\u00fablica y de garant\u00eda de los derechos humanos. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
29\/10\/2020<\/p>\n
64 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00c9rika Guevara Rosas \/ directora de la Oficina Regional para las Am\u00e9ricas de Amnist\u00eda Internacional Secretariado Internacional \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 5, 6 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Los Estados tienen la obligaci\u00f3n de tomar medidas efectivas para evitar que las personas<\/p>\n
embarazadas deban someterse a abortos realizados en condiciones inseguras. Las obligaciones de los Estados de tomar medidas para eliminar el estigma, as\u00ed como de<\/p>\n
respetar, proteger el derecho de las personas a recibir, buscar informaci\u00f3n sobre la salud<\/p>\n
basada en evidencias, ha sido establecida por distintos \u00f3rganos de los tratados de derechos<\/p>\n
humanos. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
30\/10\/2020<\/p>\n
65 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ver\u00f3nica Undurraga V. \/ Facultad de Derecho Universidad Adolfo Ib\u00e1\u00f1ez (Chile) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2, 4, 6 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Los reg\u00edmenes de criminalizaci\u00f3n del aborto<\/p>\n
que contemplan algunas excepciones de aborto legal no pueden cumplir con los<\/p>\n
requerimientos del rule of law; la penalizaci\u00f3n no es una variable que influya en<\/p>\n
las tasas de aborto de un pa\u00eds, pero s\u00ed tiene efecto en que las mujeres aborten en<\/p>\n
condiciones de mayor peligro para sus vidas. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
01\/11\/2020<\/p>\n
66 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Octavio Luiz Motta Ferraz \/ co-director Transnational Law Institute, School of Law, King\u2019s College London \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2, 6 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Los instrumentos internacionales ratificados por Colombia instan a la despenalizaci\u00f3n del aborto. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
03\/11\/2020<\/p>\n
67 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Alicia Ely Yamin \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Deben adoptarse medidas para erradicar los obst\u00e1culos pr\u00e1cticos y garantizar los derechos sexuales, reproductivos. El estigma y el miedo a la criminalizaci\u00f3n del aborto generan que los<\/p>\n
profesionales de la salud en muchos casos evadan la prestaci\u00f3n del servicio de IVE y que se produzcan<\/p>\n
06\/11\/2020<\/p>\n
68 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Diana Cristina Caicedo Naranjo \/ directora ejecutiva de la Corporaci\u00f3n Gea Jurisgeneristas y Carolina Espitia Becerra colaboradora de las \u00c1reas de Fortalecimiento de Capacidades y Gesti\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 6 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Los derechos reproductivos integran los derechos humanos. Existe<\/p>\n
un derecho a procrear, as\u00ed como un derecho a no procrear. Del marco internacional de los derechos humanos no se desprende un deber de protecci\u00f3n absoluto<\/p>\n
e incondicional de la vida en gestaci\u00f3n. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
08\/11\/2020<\/p>\n
69 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Susheela Singh \/ vicepresidente de Integraci\u00f3n Global de Ciencia y Pol\u00edtica del Instituto Guttmacher y Mariana Romero,<\/p>\n
Directora para Am\u00e9rica Latina de la Federaci\u00f3n Nacional del Aborto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
El aborto es menos seguro en aquellos lugares donde las leyes son m\u00e1s restrictivas. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
09\/11\/2020<\/p>\n
70 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Nicol\u00e1s Alejandro Dotta \/ coordinador general de la Organizaci\u00f3n M\u00e9dicos del Mundo -Francia en Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2, 3, 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
La despenalizaci\u00f3n parcial mantiene diferentes barreras de acceso a la IVE. Existe un estigma respecto al aborto. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
09\/11\/2020<\/p>\n
71 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Diana L\u00f3pez, Deirde Duffy y Megan Daigle \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Las mujeres enfrentan una variedad de barreras sociales, estructurales para acceder al aborto legal en Colombia, a saber: estigma, recursos econ\u00f3micos, distribuci\u00f3n geogr\u00e1fica de los servicios, objeci\u00f3n de conciencia institucional. entre otros. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
72 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Equipo de la C\u00e1tedra Extraordinaria Benito Ju\u00e1rez de la Universidad Nacional Aut\u00f3noma de M\u00e9xico \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Los derechos reproductivos de las mujeres son<\/p>\n
derechos humanos que est\u00e1n plenamente reconocidos, lo que se traduce en la<\/p>\n
obligaci\u00f3n de los Estados de desplegar todas las medidas y mecanismos que sean necesarios para garantizarlos dentro<\/p>\n
de su territorio. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
73 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jos\u00e9 Miguel Vivanco y Ximena Casas \/ representantes Human Rights Watch \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
La criminalizaci\u00f3n del aborto es incompatible con las obligaciones internacionales de Colombia en materia de derechos humanos. Los distintos comit\u00e9s de instrumentos internacionales ratificados por Colombia recomiendan la despenalizaci\u00f3n. Los \u00f3rganos que supervisan la aplicaci\u00f3n de las disposiciones de derechos humanos del sistema interamericano han interpretado que no existe un derecho absoluto a la vida antes del nacimiento. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
74 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jasm\u00edn Romero Epiayu \/ Representante Legal del Movimiento Feminista Mujeres, ni\u00f1as Way\u00fc\u00fc \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
7, 8, 9, 10 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
El tab\u00fa y la estigmatizaci\u00f3n hacia el aborto ocasionan se\u00f1alamientos frente a las personas sabedoras y m\u00e9dicas \/ o tradicionales que conocen de plantas para la interrupci\u00f3n del embarazo. Tambi\u00e9n promueve el debilitamiento de este conocimiento ancestral. Y la revictimizaci\u00f3n de ni\u00f1as y mujeres por parte del personal m\u00e9dico. La penalizaci\u00f3n del aborto impide que se de atenci\u00f3n integral a las v\u00edctimas de violencia sexual. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
75 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Andrea Tuana Nageli \/ directora Asociaci\u00f3n Civil El Paso de Uruguay \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
La severa restricci\u00f3n del aborto supone un grave problema de salud p\u00fablica. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
11\/11\/2020<\/p>\n
Edwin Herazo Acevedo \/ director del Instituto de Investigaci\u00f3n del Comportamiento Humano y Adalberto Campo Arias \/ director de investigaciones y publicaciones del mencionado instituto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Estigma, barreras para el acceso a la IVE. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
11\/11\/2020<\/p>\n
77 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Pauline Capdevielle \/ investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jur\u00eddicas de la Universidad Nacional Aut\u00f3noma de M\u00e9xico \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
5, 6, 7, 8, 13 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
11\/11\/2020<\/p>\n
78 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jorge Contesse Singh \/ profesor de Derecho Internacional y director del Centro por el Derecho Transnacional en la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey (Estados Unidos) y profesor visitante permanente en la Universidad Diego Portales (Chile) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
13 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
11\/11\/2020<\/p>\n
79 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Marta Lamas \/ doctora en Antropolog\u00eda e investigadora titular del Centro de Investigaciones y Estudios de G\u00e9nero de la Universidad Nacional Aut\u00f3noma de M\u00e9xico \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Maternidad voluntaria, no consecuencia no elegida. Reivindicaci\u00f3n de la autonom\u00eda personal. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
11\/11\/2020<\/p>\n
80 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Vernor Mu\u00f1oz Villalobos \/ director de pol\u00edticas, incidencia y campa\u00f1as de la Campa\u00f1a Mundial de Educaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Autonom\u00eda progresiva implica respeto por la autonom\u00eda en el \u00e1mbito de la salud sexual de las ni\u00f1as adolescentes y la posibilidad de decidir sobre su salud reproductiva \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
11\/11\/2020<\/p>\n
81 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Anand Grover \/ ex relator especial de las Naciones Unidas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
7, 8, 9,10 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
82 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Dee Redwine \/ vicepresidente y director regional Planned Parenthood Global \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
5, 6, 7, 8, 9, 10 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
83 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Celeste Leonardi \/ abogada y maestranda en derechos humanos de la Universidad Nacional de La Plata y asesora legal en la Direcci\u00f3n Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Naci\u00f3n de Argentina y Sonia Ariza Navarrete \/ abogada titulada, m\u00e1ster en derecho comparado por el Instituto Universitario Europeo y doctoranda de la Universidad de Palermo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
5, 8, 9, 10, 13 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
84 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Albert Louis Sachs \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
7, 8, 9 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Doctrina de la interseccionalidad \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
85 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Antonieta Alcalde Castro \/ directora de Ipas Centroam\u00e9rica y M\u00e9xico \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
5, 6, 7, 8, 9, 13 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
86 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Juliana Mart\u00ednez Londo\u00f1o \/ secretaria de despacho \/ Secretar\u00eda de las Mujeres de la Alcald\u00eda de Medell\u00edn \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3, 7, 9, 10 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Penalizaci\u00f3n del aborto es una forma de violencia contra la mujer \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
87 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Laura Castro\/coordinadora, Mar\u00eda Isabel Ni\u00f1o Contreras\/asesora jur\u00eddica y de incidencia, y Carolina Trivi\u00f1o Maldonado\/apoyo legal de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
5, 8, 9, 10 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
La protecci\u00f3n del nasciturus se realiza esencialmente a trav\u00e9s de la protecci\u00f3n de la vida y la decisi\u00f3n de la mujer. El aborto es un problema de salud p\u00fablica que debe atender de forma urgente el Estado. Impacto desproporcionado en mujeres y ni\u00f1as rurales y de escasos recursos. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
88 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Olga Amparo S\u00e1nchez G\u00f3mez \/ representante legal de la Casa de la Mujer \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3,7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
89 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Diana Esther Guzm\u00e1n, Mauricio Albarrac\u00edn Caballero, Rodrigo Uprimny Yepes, Maryluz Barrag\u00e1n Gonz\u00e1lez, Nina Chaparro Gonz\u00e1lez, Isabel Cristina Annear Camero, Mar\u00eda Ximena D\u00e1vila Contreras, y Sindy Castro Herrera \/ subdirectores e investigadores del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad -Dejusticia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
La protecci\u00f3n del nasciturus no es en la misma medida e intensidad que una persona humana \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
90 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda del Pilar Sanguino Reyes, Karla Roxana P\u00e9rez Garc\u00eda, Luisa Mar\u00eda Romero Montes, Mar\u00eda Camila Mart\u00ednez Galvis y Johanna Alejandra Garz\u00f3n Cort\u00e9s \/ integrantes de la Corporaci\u00f3n Sisma Mujer \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
5, 7, 8, 9, 12, 13 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
La penalizaci\u00f3n del aborto vulnera la dignidad humana, la intimidad personal, la vida digna, la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de conciencia, la educaci\u00f3n y constituye una violencia contra la mujer. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
91 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Gustavo Gall\u00f3n Giraldo, Juli\u00e1n Gonz\u00e1lez Escall\u00f3n, David Fernando Cruz, Enith Bula Bele\u00f1o Y Sibelys Mej\u00eda Rodr\u00edguez \/director, coordinador, abogado y abogadas del \u00e1rea de incidencia nacional de la Comisi\u00f3n Colombiana de Juristas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 3, 5, 9, 12 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
92 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Dayana Blanco Acendra y Eliana Alcal\u00e1 de \u00c1vila, directora general e investigadora de Ilex Acci\u00f3n Jur\u00eddica, Luz Marina Becerra, coordinadora mujeres afrocolombianas desplazadas en resistencia La Comadre de AFRODES, \u00c1ngela Solange Ram\u00edrez, coordinadora de g\u00e9nero, La Comadre- Cali, Mar\u00eda Fernanda Escobar Rodr\u00edguez representante Corporaci\u00f3n Instituto Internacional de Raza, Igualdad y Derechos Humanos ( Raza e Igualdad) y Ana Mar\u00eda Valencia, presidenta de la Asociaci\u00f3n de Economistas Negras \u201cMano Cambiada\u201d \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Cargas desproporcionadas para las mujeres y ni\u00f1as afrodescendientes para poder acceder a la IVE segura. La penalizaci\u00f3n del aborto afecta de manera desproporcional a la poblaci\u00f3n transmasculina \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
Erika Lisseth Saldarriaga Gonz\u00e1lez, Sol Angy Cort\u00e9s P\u00e9rez, Dana Alejandra Barrera Yate, Claudia Marcela \u00c1lvarez y Marinela Romero Tovio \/Red Huilense de Defensa y Acompa\u00f1amiento en DSR -RHDA \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
8, 9, 10 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
94 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Marta Royo\/directora ejecutiva de Profamilia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
5,7,8,9,12 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
La penalizaci\u00f3n del aborto afecta a las mujeres vulnerables \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
95 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ana Cristina Vera S\u00e1nchez \/ directora ejecutiva Centro de Apoyo y Protecci\u00f3n de los Derechos Humanos SURKUNA \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3,7,9, 13 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Dignidad humana de la gestante; el embri\u00f3n o feto no es persona ni titular de todos los derechos. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
96 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Lisa Davis\/profesora asociada de Derecho y Coodirectora de la Cl\u00ednica de Derechos Humanos y Justicia de G\u00e9nero de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York (CUNY) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
5,7,9, 10,13 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
97 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Leticia Zenevich abogada de Derechos Humanos de Women on Web \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
7,9,10,13 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
98 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Camila Alejandra Rozo Ladino \/ abogada e integrante del Observatorio de Intervenci\u00f3n Ciudadana Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre y Leydy Jazm\u00edn Ru\u00edz Herrera \/ estudiante e integrante del mismo Observatorio \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1,6,11,13 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Violencia de g\u00e9nero; libre desarrollo de la personalidad \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
99 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mauricio Toro Orjuela\/Representante a la C\u00e1mara \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
5,6,9, 12 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Libertad de conciencia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
100 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Beatriz Galli \/ relatora nacional Plataforma Derechos Humanos Dhesca Brasil \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
5,9,10 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
El aborto es un asunto de salud p\u00fablica; protecci\u00f3n gradual de los derechos de los no nacidos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
101 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Arianne van Andel \/ coordinadora de capacitaci\u00f3n y Nicol\u00e1s Panotto \/ director del Grupo de Estudios Multidisciplinarios sobre Religi\u00f3n e Incidencia P\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
La despenalizaci\u00f3n del aborto no vulnera el principio de libertad religiosa, ya que no obliga a nadie a abortar; el no nacido no es sujeto jur\u00eddico independiente de la gestante; violencia de g\u00e9nero; el aborto es un asunto de salud p\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
102 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Natalia Gherardi \/ directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y G\u00e9nero (ELA) y Mariana Romero \/ directora ejecutiva del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
5,9,13 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
La tipificaci\u00f3n del aborto es violencia institucional; violencia por raz\u00f3n del g\u00e9nero \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
103 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Roberto Pablo Sabas \/profesor de las Universidades de Buenos Aires y Palermo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
La protecci\u00f3n gradual de los derechos de los no nacidos; la protecci\u00f3n de derechos no requiere inevitablemente de la aplicaci\u00f3n de sanciones penales; autonom\u00eda personal \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Fundamentos: (1) inexistencia de cosa juzgada constitucionalidad; (2) evoluci\u00f3n del contexto normativo; (3) vulneraci\u00f3n del principio de \u00faltima ratio del derecho penal; (4) l\u00edmites constitucionales para la libertad de configuraci\u00f3n legislativa; (5) derechos sexuales y reproductivos de la mujer; (6) derecho fundamental a la IVE; (7) naturaleza discriminatoria del aborto; (8) barreras estructurales para el acceso a la IVE; (9) impactos desproporcionados de los embarazos no deseados en la salud f\u00edsica y mental de las mujeres; (10) estigmatizaci\u00f3n del aborto y las mujeres que lo practican; (11) redacci\u00f3n excluyente de la norma frente a quienes no se identifican como mujeres; (12) principio de progresividad en garant\u00edas las iusfundamentales y (13) derecho internacional de los derechos humanos (DIDH, OMS, ONU y CEDAW).<\/p>\n
N\u00daM. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
INTERVINIENTE \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
FUND. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
OTROS \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
FECHA REMISI\u00d3N ESCRITO<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Daniel Samper Ospina, Ricardo Silva Romero, Mart\u00edn Santos, H\u00e9ctor Abad Faciolince, Mois\u00e9s Wasserman, Pascual Gaviria Uribe, Juan Sebasti\u00e1n Arag\u00f3n, Vladdo, Fernando Quiroz, Santiago Rivas Camargo, Omar Rinc\u00f3n, Gabriel Cifuentes, Carlos Cort\u00e9s, Mauricio Silva Guzm\u00e1n, Mauricio Arroyave del R\u00edo, Eduardo Arias Villa, H\u00e9ctor Fabio Cardona Guti\u00e9rrez, Luis Fernando Afanador, Antonio Morales Riveira, Jorge Iv\u00e1n Cuervo Restrepo, Giuseppe Caputo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
5,9 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Inti Ra\u00fal Asprilla Reyes \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 3,6 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Laura Cristina Dib Ayesta, Gracy Pelacani y Adriana Carolina Torres Bastidas \/ Cl\u00ednica Jur\u00eddica para Migrantes, Centro de Estudios en Migraci\u00f3n y Grupo de Investigaci\u00f3n Derecho, Migraci\u00f3n y Acci\u00f3n Social (DMAS) de la Universidad de los Andes \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
8 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Cargas desproporcionadas a mujeres, ni\u00f1as migrantes y refugiadas para acceder a la IVE. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Alma Luz Beltr\u00e1n y Puga Murai, y Natalia Soledad Aprile \u00a0 \/ profesoras de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
5, 6, 7, 13 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
La vida prenatal es compatible con la despenalizaci\u00f3n del aborto dentro del plazo razonable; libre desarrollo de la personalidad y educaci\u00f3n. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
11\/11\/2020<\/p>\n
5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mario Jos\u00e9 D\u2019Andrea Ca\u00f1as y Alfredo F\u00e9lix, abogado y asistente jur\u00eddico \/ organizaci\u00f3n Defiende Venezuela; Cynthia Ortiz Monroy \/ miembro del Semillero de Litigio ante Sistemas Internacionales de Protecci\u00f3n de Derechos Humanos \u2013SELIDH\u2013 de la Universidad de Antioquia y Marina Ditieri \/ coordinadora general de la Revista argentina G\u00e9nero y Derecho Actual \/ Tsai Ordo\u00f1ez. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3, 5, 6, 7, 8, 9, 13 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Educaci\u00f3n; violencia contra las mujeres; cargas desproporcionadas a mujeres, ni\u00f1as, migrantes y refugiadas para acceder a la IVE \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
11\/11\/2020<\/p>\n
6 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Jos\u00e9 Motta \/ integrante del GAP \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Alejandra Ram\u00edrez Arias, Lina R\u00edos Ortiz, Natalia Andrea Gonz\u00e1lez Barreto \/ estudiantes del Grupo de Incidencia y Acci\u00f3n Social del Consultorio Jur\u00eddico de la Universidad de los Andes y Carlos Juli\u00e1n Mantilla Copete \/ asesor del Grupo de Incidencia y Acci\u00f3n Social \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 3, 8, 10 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Aborto inseguro como problema de salud p\u00fablica; violencia basada en g\u00e9nero. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
8 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Diana Valentina Amado Vega y Jorge Hernando Galeano Arias; Miembros y Coordinador Acad\u00e9mico, respectivamente, del Grupo de Investigaci\u00f3n \u201cMenos Delitos, Mejor Justicia\u201d, adscrito a la Facultad de Derecho, Ciencias Pol\u00edticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 9 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
9 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jorge Kenneth Burbano Villamar\u00edn \/ director del Observatorio de Intervenci\u00f3n Ciudadana Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre y David Andr\u00e9s Murillo Cruz \/ docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre y miembro del Observatorio \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 6, 11, 13 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Violencia de g\u00e9nero; libre desarrollo de la personalidad. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
10 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jennifer Londo\u00f1o Jurado \/ jefe de la Unidad de G\u00e9nero de la Secretar\u00eda de las Mujeres y Equidad de G\u00e9nero de la Alcald\u00eda de Manizales \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1,7,8 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0El aborto discrimina seg\u00fan estatus econ\u00f3mico \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
11 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Angie Luc\u00eda Sol\u00f3rzano Aldana, Camila Alejandra Salguero Alfonso, Cristina Rodr\u00edguez de la Torre, Carolina Vizca\u00edno Parrado, Karen Viviana D\u00edaz Murillo, Mar\u00eda Camila Jaramillo Zapata, Mariana Botero Ruge, Natalia Su\u00e1rez Gonz\u00e1lez, Nicolle Vanessa Contreras Naranjo, Sara Paula Mosquera L\u00f3pez, Sof\u00eda Elisa Sierra Arteaga \/ Red Jur\u00eddica Feminista \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
5, 7, 10, 13 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
ANEXO 9<\/p>\n
N\u00daMERO DE INTERVENCIONES Y CONCEPTOS, SEG\u00daN SU ORIGEN<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Origen \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Cantidad<\/p>\n
Intervenciones ciudadanas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
249<\/p>\n
Organizaciones sociales \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
21<\/p>\n
Amicus curiae \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
37<\/p>\n
Concepto de expertos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
77<\/p>\n
Total \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
384<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
ANEXO 10<\/p>\n
OTROS ANEXOS<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
ANEXO 10.1<\/p>\n
MANIFESTACIONES GENERALES EN CONTRA DEL ABORTO Y A FAVOR DE MANTENER SU PENALIZACI\u00d3N<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
En estas, se proponen reflexiones sobre los siguientes aspectos: el aborto como crimen; la existencia de l\u00edmites a la libertad; inexistencia de causales para acabar con la vida de seres indefensos; el derecho a la vida como valor absoluto; la defensa del inocente; la manipulaci\u00f3n de estad\u00edsticas sobre muertes de mujeres, producto de abortos mal practicados; la obligaci\u00f3n de los jueces de defender la vida; la afectaci\u00f3n a la instituci\u00f3n de la familia; experiencias personales traum\u00e1ticas despu\u00e9s de la realizaci\u00f3n de abortos; responsabilidad en la sexualidad; papel de los padres ante la defensa de la vida; educaci\u00f3n sexual y razones religiosas acerca de la preservaci\u00f3n de la vida desde el vientre.<\/p>\n
N\u00daM. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
SOLICITANTE \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jhon Fredy Guzm\u00e1n Morales, Liliana Carvajal Gil, Olga Cecilia Corredor Corredor y Gloria Elena V\u00e9lez Zapata \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
29\/10\/2020<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Maricela Rojas Herrera \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
30\/10\/2020<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Stella Arango de Valencia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
31\/10\/2020<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Sim\u00f3n Roa Espinosa \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
02\/11\/2020<\/p>\n
5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Consuelo Restrepo Sep\u00falveda \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
02\/11\/2020<\/p>\n
6 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jhon Fredy Guzm\u00e1n Morales \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
03\/11\/2020<\/p>\n
7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Beatriz Elena S\u00e1nchez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
03\/11\/2020<\/p>\n
8 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ayda Borb\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
03\/11\/2020<\/p>\n
9 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00c1ngela Mar\u00eda Rodr\u00edguez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
08\/11\/2020<\/p>\n
10 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Gloria Patricia G\u00f3mez Nore\u00f1a \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
08\/11\/2020<\/p>\n
11 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Fanny Acevedo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
09\/11\/2020<\/p>\n
12 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Luis Fernando D\u00edaz, Mar\u00eda \u00c1ngela Soto, Mar\u00eda Cristina Berm\u00fadez Fern\u00e1ndez, Reinaldo Iriarte R\u00edos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
09\/11\/2020<\/p>\n
13 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Yuliana Andrea Mart\u00ednez Guti\u00e9rrez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
14 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Claire Stella de Castro Burhkardt \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
15 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Carlos Vega \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
16 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Dilia L\u00f3pez, Francisco Cartagena Mutis, Laura Milena C\u00e1ceres Pulido, Mar\u00eda Consuelo Acevedo Moreno y Mar\u00eda Teresa Villaveces \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
11\/11\/2020<\/p>\n
17 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Martha Mar\u00eda Garc\u00eda de Ar\u00e9valo, Martha Sarmiento de Giraldo, Nasly Caraballo, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
11\/11\/2020<\/p>\n
18 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jackmy S\u00e1nchez Delgado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
19 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jos\u00e9 Manuel Castro Mart\u00ednez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
20 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Francedy Archila Mosquera \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
21 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Clemencia Robayo Zubieta \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
22 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Magda Yamile Ramos L\u00f3pez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
23 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Yaqueline Carrera \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
24 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ang\u00e9lica Hern\u00e1ndez Osorio, Hirminia del Carmen Sanju\u00e1n Atencio, Luz Amelia Beltr\u00e1n Herrera, Mar\u00eda Ofelia Brice\u00f1o Garz\u00f3n, Martha Liz Cuello Pallares, Melany Rodr\u00edguez, Pedro Jos\u00e9 Dorado Varela, Yara Jennyfer Ospino Ospino \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
25 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Lilliana Mora Le\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
26 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ernelda Isabel Tapias Castro, Margarita Maldonado, Ram\u00f3n Barrandica, Wilson Jes\u00fas Aponte y Yara Jennyfer Ospino Ospino \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
27 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ana Mar\u00eda S\u00e1nchez Musella \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
01\/11\/2020<\/p>\n
28 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Elizabeth Ortiz \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
04\/11\/2020<\/p>\n
29 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Amanda Rosas Camero, Mar\u00eda Elsa Rosas Camero, Adriana Mar\u00eda Lozano Rosas, Eleanor Rosas Camero, Guillermo Rosas Camero, Diana Carolina Le\u00f3n Rosas y Jorge Alejandro Le\u00f3n Rosas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
MANIFESTACIONES GENERALES EN CONTRA DEL ABORTO Y A FAVOR DE MANTENER SU PENALIZACI\u00d3N<\/p>\n
N\u00daM. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
SOLICITANTE \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
FECHA REMISI\u00d3N ESCRITO<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Alix Mar\u00edn, Clara Garavito Triana, Isidro Vargas, Johan Camilo Arandia Rodr\u00edguez, Luis Carlos Quintero \u00c1lvarez, Mar\u00eda Elcy Monta\u00f1a \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
29\/10\/2020<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Yenni Patricia Benavides Erazo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
01\/11\/2020<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Cristina Correa de Arboleda \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
02\/11\/2020<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Dora Lilia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
03\/11\/2020<\/p>\n
5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Orlando L\u00f3pez D\u00edaz \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
03\/11\/2020<\/p>\n
6 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Padre Eduardo Achata \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
03\/11\/2020<\/p>\n
7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Diana Roc\u00edo Barato \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
06\/11\/2020<\/p>\n
8 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Usuario Pet antojos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
06\/11\/2020<\/p>\n
9 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Usuario Erika M \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
08\/11\/2020<\/p>\n
10 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Rafael Eduardo Navarro S\u00e1nchez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
09\/11\/2020<\/p>\n
Constanza Riveira, Irma Cecilia Mora Medina, Luc\u00eda Vergara Aguirre, Maritza Manrique, Martha Cecilia Rond\u00f3n Ord\u00f3\u00f1ez, Martha Tawa, Rosa Helena S\u00e1enz \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
09\/11\/2020<\/p>\n
12 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Elba In\u00e9s Gonz\u00e1lez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
13 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00c1lvaro Enrique Riveros, Antonio Boh\u00f3rquez, Antonio Hern\u00e1ndez, Consuelo Hidalgo, Elsy Turriago, Eugenia del Pilar Siabatto Rinc\u00f3n, Guillermo Riveros, Leonor Figueroa, Mar\u00eda Clara Osuna, Mar\u00eda Mercedes Gehr, Marleny Barajas Morales, Patricia Jaimes, Sonia Levy y Usuario Soporte T\u00e9cnico \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
11\/11\/2020<\/p>\n
14 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Eudpominia Mera Villa \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
11\/11\/2020<\/p>\n
15 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Leida Guerrero \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
16 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Usuario fifisito gamer \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
17 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Esteban Morales M\u00e1smelas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
18 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Aida Luz Doria Vega, Luis Fl\u00f3rez, Roc\u00edo Uribe \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
19 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Dalgi Amaris Palomino, Usuario Lore, Usuario lucialagosc, Usuario Mar\u00eda Liberatore \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
20 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Adriana Marcela Orozco Silva \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
04\/11\/2020<\/p>\n
21 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Usuario taxcafe Barranquilla \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
CORREOS EN BLANCO, EN CUYO ASUNTO SE PRESENTAN MANIFESTACIONES EN CONTRA DEL ABORTO Y A FAVOR DE MANTENER SU PENALIZACI\u00d3N<\/p>\n
N\u00daM. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
SOLICITANTE \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
FECHA REMISI\u00d3N ESCRITO<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
William Ricardo Castillo Cort\u00e9s, Luz Amparo y Mar\u00eda Victoria Montoya \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
29\/10\/2020<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Usuario Carmina458 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
31\/10\/2020<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Usuario Anaheliacastano \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
01\/11\/2020<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Clara Higuera, Jackeline Vanegas Soto, Luz Marlene S\u00e1nchez Guzm\u00e1n, Mar\u00eda Estupi\u00f1\u00e1n y William Ricardo Castillo Cort\u00e9s \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
02\/11\/2020<\/p>\n
5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Deisy Serna, Ana Victoria Fuentes, Landy Narv\u00e1ez Vargas, Maida Casado, Mar\u00eda EBC, Mar\u00eda Fernanda C\u00f3rdoba Fonseca, Mar\u00eda Margarita Ram\u00edrez Melo, Mary B.R., Silviasofia447, Viviana Valencia Grajales, Ricardo Jim\u00e9nez Delgado y Esneda Grajales \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
11\/11\/2020<\/p>\n
6 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Aura Leonor Nivia Mendoza \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
11\/11\/2020<\/p>\n
7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Nohema L\u00f3pez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
8 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mauro Carvajal Sossa \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
29\/10\/2020<\/p>\n
9 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Esperanza Ortiz, Margarita Mar\u00eda Bonilla Medina, Mar\u00eda Cristina Correa de Arboleda, Rosa Gonz\u00e1lez Amazo y William Ricardo Castillo Cort\u00e9s \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
03\/11\/2020<\/p>\n
10 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Zenaida Ariza de Centeno \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
09\/11\/2020<\/p>\n
11 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Emma Ligia Su\u00e1rez L\u00f3pez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
09\/11\/2020<\/p>\n
12 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Tertuliano Antidio Bastidas Portillo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
13 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Nazzer Galindo Estrada \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
14 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Esneda Grajales \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
ANEXO 10.2<\/p>\n
ESCRITOS QUE SOLICITAN EL ARCHIVO DE LA DEMANDA, ANTES DE SU ADMISI\u00d3N<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
N\u00daM. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
SOLICITANTE \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
FECHA REMISI\u00d3N ESCRITO<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Yudy Giraldo, Tairis Carolina Guti\u00e9rrez Jim\u00e9nez, Lizette Carvajal, Amparo Y\u00e1\u00f1ez, Kathia Molina de la Hoz, Liliana Cabrera Carvajal, Delfy L\u00f3pez, Ferm\u00edn Ram\u00edrez, Luz Rozo, Gladys Bastidas, Rodrigo Bernal Reina, Maritza M\u00e9ndez, Cruz Alberto Urrea Carvajal, Beatriz Elena Cardona de Velasquez, Luis Fernando Escobar Quijano, Mar\u00eda Edilma Aristiz\u00e1bal Giraldo, Fanny G\u00f3mez G\u00f3mez, Andrea Mart\u00ednez, Reinaldo Polanco, Lizzeth Flori\u00e1n, \u00c1lvaro Navia Perdomo, Luz Dary P\u00e1ez, Melissa Morantes, Alejandra Castillo, Edgar Alberto Franco Santos, Julieth Raba, Elizabeth Garc\u00e9s, Andrea Rodr\u00edguez Velasquez, Juan Ochoa, Mar\u00eda Dulfary Casta\u00f1o, Andrea Urrea Jim\u00e9nez, Juan Ernesto Molina, Patricia Garc\u00eda, Mar\u00eda Ang\u00e9lica Pineda Luna, Alba Rodr\u00edguez, Mirian Jaramillo Cardona, Luz Marina Arcila Tamayo, Socorro C\u00e1ceres, Camila L\u00f3pez, Elsa Patricia Guerra Pulido, Efra\u00edn Enrique Otero Arciniegas, Pili Emilce Pinz\u00f3n Caicedo, Victoria Eugenia G\u00f3mez Ram\u00edrez, Andr\u00e9s G\u00f3mez, Laura Ossa S\u00e1nchez, Mar\u00eda Eugenia Agudelo Duque, Mar\u00eda Margarita Ram\u00edrez Melo, Luis Norberto Hern\u00e1ndez Mar\u00edn, dgarc\u00eda@citizengo.net, Rosa Mar\u00eda Herrera Cort\u00e9s, Astrid Valentina Obando Carvajal, Hilda Mar\u00eda Hern\u00e1ndez de L\u00f3pez, Olga Luc\u00eda Franco Lizarazo, Carolina Garz\u00f3n, Orfa Restrepo, Alejandra G\u00f3mez, Danny Castillo, Juan Fernando Jim\u00e9nez G\u00f3mez, Melissa Montes, Mariana Hern\u00e1ndez Ni\u00f1o, Lina Rinc\u00f3n, Jairo Castro, Santiago Acebedo, Mar\u00eda Paula Vargas, Luc\u00eda Camacho, Marcela Ricaurte, Miguel \u00c1ngel Pira Vargas, Alicia Posada, Carmen Jeanet Acevedo Parada, Mart\u00edn Alonso Blanco Sanabria, Melissa G\u00f3mez Aristiz\u00e1bal, Mar\u00eda Victoria Castillo, Jhon Henry G\u00f3mez Osorio, Javier Vargas, Luz Adriana Zuluaga Mart\u00ednez, Luis Miguel Cardona G\u00f3mez, Martha Ibarra, Olga Onoria Burbano Montero, Horacio Hoyos Zapata, Fernando Santos Morales, Gloria In\u00e9s Delgado Giraldo, Mar\u00eda Teresa Castro, Lesly Parada, Eliana \u00c1ngela Velandia Valderrama, Mary Zuluaga, Mar\u00eda Ben\u00edtez, Jhon Gonz\u00e1lez, Nancy Amparo Giraldo Garc\u00eda, Stella Barrera, Milena Mora Herrera, Juan Carlos Gallego Lozano, M\u00f3nica Ferro, Adriana Ochoa Horo, Astrid Yesenia Granados Zorro, Osvaldo Guerra, Luzmila Hern\u00e1ndez Mu\u00f1oz, Rodrigo Vela Cerquera, Zamira Ram\u00edrez G\u00f3mez, Cindy Johanna Vacca salgado, Lina Gonz\u00e1lez, Temilda Gonzalez Diaz, Claudia Marcela N\u00fa\u00f1ez Mosos, Julio Andr\u00e9s L\u00f3pez Buitrago, Rosal\u00eda Aristiz\u00e1bal Serna, Andres Forero Medina, M\u00f3nica Sequera, Fernando Jaramillo, Silvia de La Rotta, Danilo de Jes\u00fas Porras Aguirre, Mauricio Morales, Esmeralda Calvo, Bibiana Ariza, Carlos Wilches, Alberto Villa, Sonia Hern\u00e1ndez, Sarah Bastidas, Gina Patricia Osman Olaya, Jaquelin Vargas, Ximena Lopez, Manuel Guiracocha, Lucia Mart\u00ednez, Mar\u00eda Carolina Ochoa Reales, Gloria Amparo Aristiz\u00e1bal Salazar, Nubia Sanchez, Esteban Cardona Londo\u00f1o, Augusta Duran, Sandra Anduquia, Gladys Elena V\u00e9lez de Baena, Nelly Argenis Restrepo, Maria Liliana Reina Olaya, M\u00f3nica Suarez Duque, Rosa Ardila S\u00e1nchez, Mar\u00eda Edy Ocampo Quintero, Maria Elvira Matheus Samper, Mar\u00eda Elena Garc\u00e9s Vieira, Fanny lucia Hernandez Quiroga, Mar\u00eda Lucero Arboleda R, Cecilia Leiva, Gonzalo Mosquera, Cesar Marulanda, Luz Amparo Henao Jaramillo, Clara De Duran, William Mauricio Quintero Perdomo, Camilo Garnica Gonz\u00e1lez, Mar\u00eda Yolanda Becerra Restrepo, Jairo Enrique Guzm\u00e1n Cort\u00e9s, Jessica Museux, Dora Gonz\u00e1lez, Ana Devis, Luz Hoyos, Myriam Gladys L\u00f3pez Torres, Nelsy Manzano, Maria de Carmen Pezonaga, Bertha Amelia Aristiz\u00e1bal Serna, Irma Romero Morales, Myriam Oliver, Erika Mendoza, Olga lucia Ot\u00e1lvaro de Arboleda, Mar\u00eda Victoria Palacio Urrea, Mar\u00eda Stella Rodriguez, Yolima Lopez, Martha Galindo Hoyos, Marco Francisco Gaviria Rueda, Gloria Ord\u00faz, Catalina Camelo, Elsie Clavijo, Claudia Garcia, Laura Sanchez, Maria Hernandez, Angie Diaz, Teresita Tabares Mart\u00ednez, Ana Mar\u00eda Araujo, Doris Pino Fl\u00f3rez, Sonia Mart\u00ednez, Ana Cecilia Quintero Silva, Yolanda P\u00e9rez Cardona, Abraham Aparicio, Roc\u00edo P\u00e9rez, Nancy Parra, Claudia Janneth Arenas Montoya, Mireya Obando Pineda, Doris Herrera, Carmen S\u00e1nchez, Juli\u00e1n Gavil\u00e1n, Luz Am\u00e9rica Chavarriaga Caicedo, Olga Rosa Fl\u00f3rez Benavides, Olga Nancy Fuertes Delgado, Diana Carolina Guerra Plazas, Iv\u00e1n Ramiro Ibarra Imbachi, Liliana Zapata, Mar\u00eda Elena Giraldo Gonz\u00e1lez, Marcia Gonz\u00e1lez, Karina \u00c1lvarez Garc\u00eda, Ana Mar\u00eda Vergara Zuluaga, Mar\u00eda Smith Su\u00e1rez Sandoval, Magda Patricia Reyes Parada, Mar\u00eda Teresa Holgu\u00edn S\u00e1nchez, Ver\u00f3nica Vargas, Cecilia Urrea Giraldo, Caren Mill\u00e1n, Luz Mary Rodr\u00edguez, Gustavo Castro, Mar\u00eda Camacho, Esperanza Ballesteros Lasso, Alejandro Qui\u00f1ones, Luz Gladys Acero G\u00f3mez, H\u00e9ctor Cano Ladino, Beatriz L\u00f3pez L\u00f3pez, \u00c1ngela Mar\u00eda Jaramillo, Stefanny Palacios, Nicol\u00e1s Vel\u00e1squez Mesa, Yubiseth Valencia, Paola Vanegas, Patricia Calvache Villota, Gilberto Rodr\u00edguez Ovalle, Cecilia Chac\u00f3n, N\u00e9stor Hernando S\u00e1nchez Ord\u00f3\u00f1ez, Alicia Posada, Marina del Carmen Fern\u00e1ndez Guzm\u00e1n, Alejandro Gonz\u00e1lez Pulido, Sol Cuello, Pilar Garz\u00f3n, Martha Teresa Pirazan Bonilla, Sandra Marciales, Blanca In\u00e9s Aristiz\u00e1bal G\u00f3mez, Susana Rueda, Ademir Guzm\u00e1n, Beatriz Mej\u00eda, Mar\u00eda Helena Orozco, Jhon Henry G\u00f3mez Osorio, Mirian Sua Dur\u00e1n, Sonia Morales, Miguel \u00c1ngel Amaya Cruz, \u00c1lvaro Antonio Tamara Angarita, Sonia del Carmen Mosquera Caicedo, \u00c1ngela Victoria Jim\u00e9nez Leal, Dora Gonz\u00e1lez, Luc\u00eda Adela Carracedo Casta\u00f1o, Blanca Yaneth Fandi\u00f1o S\u00e1nchez, Alexandra Franco, Michel S\u00e1nchez, Fabio S\u00e1nchez, Amparo Corrales, Karen R\u00edos, Juan Carlos Anguiano, Dora Alzate, Gladys Ramos Carre\u00f1o, Lucy Esperanza Ni\u00f1o Blanco, Karen V\u00e1squez Rogel, Daniel Fabi\u00e1n Mendoza Medina, Mar\u00eda Victoria Saldarriaga de Fern\u00e1ndez, Jorge Mogoll\u00f3n, Mar\u00eda Eugenia Fern\u00e1ndez, Magda Pinilla, Henry Hern\u00e1ndez, Ana Porras, \u00c1lvaro Jim\u00e9nez, Luc\u00eda Castellanos, Claudia Mercedes Calvache Villota, Hilda Marl\u00e9n Diaz Rojas, Maribel Giraldo, Jos\u00e9 Antonio Claros Labrador, Gladys Castro, Julia Luc\u00eda Garc\u00eda Quintero, Lina Mar\u00eda Gil, Alejandra Charry Torres, Maritza Guzm\u00e1n Velasco, Linda Rosas, Jorge Castro, Rosa Guerrero, Lida Castro, Alejandra Vanegas Castro, Zoraida Aristiz\u00e1bal, Mario Alejandro Lugo Amaya, H\u00e9ctor Alonso Ortega Hern\u00e1ndez, Luz Adriana Tovar L\u00f3pez, Adriana Yarce, \u00c1ngela V\u00e9lez, Silvia Juliana Calvete, Rogelio Bedoya, Cecilia Pulido, Luz Mery Mart\u00ednez, Pedro Castellanos, Miguel Andr\u00e9s Casta\u00f1eda Nieto, Jorge Pineda, Nancy Guti\u00e9rrez Ricaurte, Avelina Luque Luque, Mar\u00eda Escobar, Mac Eliuth \u00c1lvarez Boh\u00f3rquez, Mar\u00eda Botero Ospina, Cecilia Barliza Mac\u00edas, Mar\u00eda Cristina Mart\u00ednez Ru\u00edz, Alba Luz Motato Mart\u00ednez, Deisy Serna Giraldo, Adriana Calder\u00f3n, Luz Amanda Gordillo Daza, Juan Jos\u00e9 Castro M\u00e1rquez, \u00d3scar Orlando C\u00e9spedes Hern\u00e1ndez, Catalina Ossa, Marcela Ot\u00e1lvaro, Daniel Ibarra, Bibiana Ariza, Gladys Buitrago, Jenny Belilla, Nelly Argenis Restrepo, Juan Pablo Linares, Laura Le\u00f3n Villalobos, Olga Onoria Burbano Montero, Clemencia Eugenia La Rotta Spinel, Rodrigo Bernal Reina, Margarita Ord\u00faz, Olga Luc\u00eda Franco Lizarazo, Olga Mogoll\u00f3n, Chantal Reinoso, Mar\u00eda Ligia Zuluaga L\u00f3pez, Alexis Lozano Gonz\u00e1lez, Jorge Enrique Olano, Carolina Garaviz, Colombia Fl\u00f3rez Quezada, Jasm\u00edn Quintero Duque, Aida Vergara, Edgar Castillo, Maritza M\u00e9ndez, Yohan Romero, Paola Giraldo, Norman Polanco, Jose Mendivelso Cruz, Helida Aleyda Aguilar, Andr\u00e9s Alvarado Losada, dgarcia@citizengo.net, Javier Porras, Katerine Rodr\u00edguez, Claudia Magali Correa Delgado, Jorge Pulido, Ninfa Acu\u00f1a Murillo, Cecilia Quiroga Cabrera, Jaime Humberto Acosta Garz\u00f3n, Aura Silva, Irma Rojas Buitrago, \u00c1ngela Ram\u00edrez, Sandra Milena Morales Dimarco, Sandra Lucy Tobar Criollo, Alberto Villa, Adriana Mart\u00ednez, Dar\u00edo Garc\u00eda Botero, Gloria Ofelia Galvis Valencia, Irene Migranas Ortiz, Carolina Lopera, Javier Offnung, Rodolfo Londo\u00f1o, Hugo Ram\u00edrez Isaza, Ang\u00e9lica \u00c1lvarez, Carmenza Reina Ch\u00e1varro, Myriam Trujillo, Dora Vega Valencia, Rafael Rodr\u00edguez de Le\u00f3n, Victoria Pareja, Jineth Acevedo, Mar\u00eda Buend\u00eda, Clara In\u00e9s Franco Jaramillo, Ram\u00f3n de Jes\u00fas Mesa Cardona, \u00c1ngela Mar\u00eda Correa, M\u00f3nica Am, Mar\u00eda Esther de la Torre S\u00e1nchez, Andrea Morales, Jaime Hern\u00e1n Ospina S\u00e1nchez, Juanita Gaviria Bazzani, Deyssi Ram\u00edrez, Laura Natalia Cifuentes Sierra, Mar\u00eda Etelvina Prieto Rinc\u00f3n, Roc\u00edo Pretelt, Frank Jair Granados Naranjo, Martha Aguilar Piedrahita, Daniel Marino Pati\u00f1o, Viviana Vargas Cardona, Ana Milena Lopera Sep\u00falveda, Alicia Henao Uribe, Martha Teresa L\u00f3pez Silva, Ana Mar\u00eda Cabanzo Huertas, Maritza Roldan, Marilyn Naranjo Rinc\u00f3n, Luz Helena Mart\u00ednez P\u00e9rez, M Zarate, Teresita Hoyos Arango, H\u00e9ctor Rold\u00e1n, Martha Mayuly Ar\u00e9valo Rodr\u00edguez, Jorge Enrique Valencia Rodr\u00edguez, Carmen Luc\u00eda Rold\u00e1n Hoyos, Martha Elena Guerrero Ram\u00edrez, Domingo Eduardo Orteg\u00f3n Orteg\u00f3n, Jos\u00e9 Danilo Bueno Bueno, Mar\u00eda Elena Rold\u00e1n Hoyos, Gustavo Adolfo Duque Ocampo, Mar\u00eda Consuelo G\u00f3mez, Nora Jaramillo, Jenifer Reyes, Ver\u00f3nica Camacho, Scobar Heans, Ismaelina Moreno Baracaldo, Beatriz Ang\u00e9lica Mart\u00ednez, \u00c1lvaro Antonio Hern\u00e1ndez Soto, Mar\u00eda Luc\u00eda Mart\u00ednez Sierra, Laura Salazar Garc\u00eda, Myriam Ram\u00edrez, Mar\u00eda Lla\u00f1a, Pilar Ospina, Fanely del Carmen Giraldo Gonz\u00e1lez, Luis Alberto Gil Saballeth, Yuly Andrea Vargas Barrag\u00e1n, Yudy Giraldo, Jasm\u00edn Astrid Agudelo Arboleda, Francisco Puglisi, Giselle Pe\u00f1a, Olga Estefan, Martha Aurora Cuervo Fonseca, Maygrett Caicedo, Diana Mej\u00eda, Alba Nubia Cort\u00e9s Ar\u00e9valo, Mar\u00eda Paula Vargas, Bryan Baldion, Carlos Holgu\u00edn, Mar\u00eda Victoria Hincapi\u00e9 Ochoa, Lina Arango, Nubia Mej\u00eda de Echeverry, Mercedes Rojas, Catalina Orozco, Freddy Vera, Gloria Fuentes Castellar, Beatriz Cassan, Beatriz Mendoza, Angelita Rosito, Olga Carrero, Juan Carlos Gallego Lozano, Carolina Cuenca, Andr\u00e9s Mauricio, Elizabeth Rodr\u00edguez Monsalve, Mar\u00eda Fernanda Berm\u00fadez Salazar, Luz Marina Robledo Botero, Alicia Lara, Ana Esther Cordero Vargas, Luz Stella Zuluaga Zuluaga, Alba Rodr\u00edguez, Juli\u00e1n Esteban Alvarado Losada, Yolanda P\u00e9rez Cardona, Diana Patricia Arango Cardona, Carlos Poveda, Lauritza Beatriz Gonz\u00e1lez Rodr\u00edguez, Arm\u00edn Rodr\u00edguez Mart\u00ednez, Evelyn Barrera Garc\u00eda, Carolina Berm\u00fadez Figueroa, Lizzeth Flori\u00e1n, \u00c1ngela D\u00edaz, Mariela Mart\u00ednez Reyes, Gonzalo Mosquera, Javier G\u00f3mez Graterol, Paula Andrea Vergara Cuervo, Elpidio Pulido Cifuentes, Laura Caicedo, Bladimir Arboleda, Aura L\u00f3pez, Elsie Clavijo, Laura Isabel Tob\u00f3n Gallego, Maryuri Mej\u00eda, Erika Ducon Medrano, \u00c1ngela Escobar, Piedad D\u00edaz Granados Escobar, Juli\u00e1n Villamizar, Giovanni Ariza, Magola Pe\u00f1aranda, Adriana Reina Ch\u00e1varro, Concepci\u00f3n Gonz\u00e1lez, Karen Blesgraeft, Orlando Alvis, Maritza Jasb\u00f3n, Juan Jer\u00e9z, Wilinton Rodolfo Espitia Alfonso, Gloria Sep\u00falveda, Alberto G\u00f3mez Medina, Luis Felipe Pati\u00f1o Serrano, Claudia Leal, M\u00f3nica Quiceno Boh\u00f3rquez, Carlos Alzate, Gloria Luc\u00eda V\u00e9lez Montes, Jes\u00fas Manuel Medina, Amparo Orozco, Juan Ricardo Yangua Lapouble, Jos\u00e9 Jairo Vergara Rivera, C\u00e9sar Augusto Valencia, Rosa Hern\u00e1ndez, Sandra V\u00e1squez, Gloria Ilse Moncaleano Rodr\u00edguez, Yeni G\u00f3mez \u00c1lvarez, Alcides de los \u00c1ngeles, Mar\u00eda Astrid Maya de Caro, Patricia Idrobo, Beatriz Helena Villegas de Brigard, Fernando L\u00f3pez Valero, Anny Castillo, Beatriz Riascos, Over Hern\u00e1n Garz\u00f3n Garz\u00f3n, Jaime Alcides Zuluaga Quintero, Adriana Castrill\u00f3n, Ana Carolina Rojas Figueroa, Carmen Elena D\u00edaz del Castillo, Vivian Andrea Laverde Pulido, Eleonora Ana Milena Cer\u00f3n de Valencia, Efra\u00edn Enrique Otero Arciniegas, Teresita Tabares Mart\u00ednez, Francy Juliet \u00c1lvarez Yotagri, Ingrid Constanza Erazo Torres, Natalia Henao, Sof\u00eda Salazar, Norma Ortiz, Cecilia Capacho Vanegas, Juan Duque, Gloria In\u00e9s Mart\u00ednez, Rafael Eduardo Santana Ramos, Martha Rosa Ortiz Calder\u00f3n, Marcela Serna, Martha In\u00e9s Garc\u00eda San\u00edn, Elena Pita Torres, M\u00f3nica S\u00e1nchez Cer\u00f3n, Mar\u00eda Isabel L\u00f3pez de Jes\u00fas, Carlos Enrique P\u00e9rez, Sarah Bastidas, C\u00e9sar Chavarriaga, Luz Guti\u00e9rrez, Luis Morales, Estela Ca\u00f1\u00f3n, Sonia Silva, Francia Paredes, Vilma Castillo Tenjo, Ligia Ram\u00edrez, Luis Fernando Escobar Quijano, Luz Dary P\u00e1ez, Stella Barrera, Mar\u00eda Patricia Ar\u00e9valo, Jes\u00fas Ram\u00edrez Chamat, Alejandra Galvis, M\u00f3nica Oblea Guerrero, \u00c1ngelo Cordero, Jos\u00e9 Juli\u00e1n Fl\u00f3rez Sol\u00eds, Francisco Calvo, Myriam P\u00e9rez, Adriana Henao Agudelo, Elizabeth Sandoval Pinz\u00f3n, Adriana Reina, Amparo Buitrago, Marily Silgado Garc\u00eda, Sindy Miranda, Sandra Pinilla, Mar\u00eda Teresa Rozo de Mendoza, Ricardo Casta\u00f1eda, Rosa Beltr\u00e1n, Manuel Mojica G\u00f3mez, Luisa Gallego Lozano, Eugenia Orozco, Mar\u00eda Teresa Guerrero Ram\u00edrez, Ana Isabel M\u00fanera M\u00fanera, Claudia G\u00f3mez G\u00f3mez, Leonardo Gallego, Olga Molina, Alejandro Roma\u00f1a, Sandra Patricia de la Concepci\u00f3n Fl\u00f3rez, Magdalena Santamar\u00eda, Adriana Porras, Ferm\u00edn Ram\u00edrez, Dary Isabel Alfonso Coy, Marco Francisco Gaviria Rueda, Lourdes Zapata, Rodrigo Bernal, Catalina Camelo, H\u00e9ctor Ram\u00edrez, Juan Ochoa, Blanca Idalia G\u00f3mez Villarreal, Jaime Anaya, Sandra Carmenza Rojas Ospina, Victoria Mart\u00ednez Mart\u00ednez Mojica, Andr\u00e9s Sagra, Paola Moreno, Paula Zuluaga, Luis Avella, Fanny Vargas de Ar\u00e9valo, Yesika Ruiz, \u00c1ngela Mar\u00eda Rosillo Lascarro, Nubia Doris S\u00e1nchez Rodr\u00edguez, Soledad Pulido Barrera, Rosa Mar\u00eda Herrera Cort\u00e9s, Mirella Borrero Ch\u00e1varro, Carolina McAllister Arias, Isabella Ru\u00edz Pulido, Pablo Mazabuel, Lara Rodr\u00edguez, Claudia Alexandra Rojas Buitrago, Fallonbrigitte Bello Camargo, Claudia Liliana Hoyos Londo\u00f1o, Claudia Marcela N\u00fa\u00f1ez Mosos, Ana Mar\u00eda Santiago, Jos\u00e9 Diego Rold\u00e1n Hoyos, Carlos Mateo Najera Romero, Mar\u00eda Edilma Meneses Meneses, Luz Stella Lozano Gait\u00e1n, Orfa Restrepo, Hernando Var\u00f3n Cuartas, Segundo Rinc\u00f3n Fern\u00e1ndez, Isabel Saltaren, Balmer Maestre Molina, Diana Dur\u00e1n Villalba, Nidia Fl\u00f3rez, Alberto Rosario, Luis Vega, Mar\u00eda S\u00e1nchez, Clemencia Cotamo, \u00c1lvaro de Arco Amador, Alfonso L\u00f3pez Roca, Nathalia Garc\u00e9s Villalba, Clara Eufemia P\u00e9rez Barreta, Jos\u00e9 Alejandro Mart\u00ednez Sep\u00falveda, David Berm\u00fadez Sagre, Gabriel Ibarra, \u00c1lvaro Alvarado, Alexandra Losada, Claudia Isabel L\u00f3pez, Aura Libia Coral Rosero, Luisa Novoa Estrada, Guillermo Mart\u00ednez, Jos\u00e9 de Jes\u00fas Benavides Cornejo, Valentina Mar\u00edn Gonz\u00e1lez, Ra\u00fal Forigua, Jes\u00fas Alberto Ni\u00f1o Yepes, Martha Cardona, Mar\u00eda Oviedo, Adriana Alfaro, Eugenia Zuluaga, Bol\u00edvar Hidalgo, Henry Erazo Moreno, H\u00e9ctor Dar\u00edo Garc\u00eda Trujillo, Elizabeth Velasco, \u00c1ngela Cantillo, Laura Arandia, Francia Esmeralda \u00c1vila Mar\u00edn, Jazm\u00edn Vanessa L\u00f3pez Rodr\u00edguez, Humberto de Jes\u00fas Santa Valencia, Eduardo Zelaya, Mar\u00eda Mercedes Guerrero Erazo, Humberto Luna G\u00f3mez, Mar\u00eda Alejandra Iregui Serna, Luc\u00eda Casta\u00f1o, H\u00e9ctor Qui\u00f1onez Modesto, Ana Mar\u00eda Alzate, Lina Mar\u00eda Gil G\u00f3mez, Auda Barboza, Gustavo Quiroga, Catalina Sosa, Jairo Duarte, Clemencia Bautista M\u00e9ndez, Pilar Vega Ord\u00f3\u00f1ez, Carolina Castillo Gait\u00e1n, Amelia Sep\u00falveda, Mar\u00eda de las Nieves Cifuentes Riveros, Margarita Carrasco, Fabio Molina, Silvia Mej\u00eda, Mercy G\u00f3mez, Isabel Cristina Salazar Cardona, Mar\u00eda Victoria Ram\u00edrez D\u00edaz, Beatriz Helena Padilla Narv\u00e1ez, Mar\u00eda Paula Torres Salcedo, La Laureano Restrepo Ru\u00edz, Mar\u00eda Mercedes Rozo, Sebasti\u00e1n Suau Salva, Rubi Salcedo Cruz Rubi, Benildo Amado Z\u00e1rate, William C\u00e9sar Morales Rinc\u00f3n, M\u00f3nica Salcedo, A bueno, Diana Marcela Quintero, Paola Mar\u00eda Torres, Paola Andrea Alzate Castro, Rosa Anaya, Mar\u00eda Torres, Flor Alba Carre\u00f1o S\u00e1nchez, Mary Santos, Alison Nieto, Emilio Batlles Campos, Isabel Cristina Garavito Garc\u00eda, El\u00edas Manuel M\u00e1rquez Felia, John D\u00edaz, Liliana Amado Z\u00e1rate, Rosa Ang\u00e9lica G\u00f3mez Neira, Cecilia Jim\u00e9nez, William Ren\u00e9 Amado Z\u00e1rate, Felisa de Celis, Nelly Jasm\u00edn Tolosa Hern\u00e1ndez, Luz Amparo Contreras Jaimes, Maritza Almanza, Gonzalo Maximiliano Ferreiro, Patricia Castillo Alfonso, Sandra Patricia Alarc\u00f3n Villar, Mar\u00eda Virginia Becerra Castro, Andr\u00e9s Gaviria, M\u00f3nica Pacheco Santana, Miguel Carrillo, Mar\u00eda Isabel Cabrera, Danny Castillo, Javier Pascual Jim\u00e9nez, Leonor Tamayo Medina, \u00c1ngela Gonz\u00e1lez, Sandra Mart\u00ednez, Daniel Fernando Jaimes Escalante, Ligia Cuervo, Mabel del Carmen P\u00e9rez Villa, M\u00f3nica Orrego Ceballos, Oswaldo Ospino Pacheco, Sonia Cala, Jorge Aguilera, Jorge Mauricio L\u00f3pez Camacho, Julio Cesar Su\u00e1rez Sandoval, Gilde Aurora Gaviria Qui\u00f1ones, H\u00e9ctor Mantilla, Irina Bossa Vergara, Ana Graciela Gonz\u00e1lez, Carolina D\u00edaz Calder\u00f3n, Jos\u00e9 Jairo Vergara Rivera, Nancy Salazar, Diana Ximena Garc\u00eda Castro, Marco Antonio Cupa Arcos, Augusto Romero, Alberto Restrepo, Adriana Carolina Henao Rangel, Hugo Fernando Londo\u00f1o Cardona, Mariela Eugenia Rodr\u00edguez Jaramillo, Lupita Serrano, Gonzalo Gerardo D\u00edaz Campa\u00f1a, Gilbert Madrigal Campos, Sof\u00eda Valencia Ram\u00edrez, Viviana Rodr\u00edguez Carmen Offir P\u00e9rez Palacio, Roc\u00edo Ni\u00f1o, Laura Camila Bonilla Ram\u00edrez, Luz Elena Fl\u00f3rez Cort\u00e9s, Juan Jos\u00e9 Cort\u00e9s \u00c1lvarez, Fanny Trejos, Luc\u00eda Gavil\u00e1n, Fabiola D\u00edaz, Nancy Rodr\u00edguez, Mar\u00eda Concepci\u00f3n de la Hoz Mart\u00ednez, Eliana Garc\u00eda Arias, Germ\u00e1n Murcia, Diana Rinc\u00f3n, Susan Camargo, Isabel Rozo, Martha Lizarazo, Yolime Pinedo, Ximena Ninahualpa, Luz Marina Arcila Tamayo, Carlos Berrio, \u00c1lvaro Viloria Romero, Hernando Vanegas, Alberto Mogoll\u00f3n, Shirley Natalie Lazt, Mar\u00eda Antonia Guerrero Beltr\u00e1n, Anabelle Mora Vargas, Gustavo C\u00e1ceres Castellanos, Jaime Alberto Hern\u00e1ndez, Carlos Mauricio Mantilla, Mar\u00eda Duldary Casta\u00f1o, Sindy Paola Corredor Ar\u00e9valo, Tulio Castillo Hern\u00e1ndez, Shirley Mar\u00eda Ramos S\u00e1nchez, Alba Guzm\u00e1n Quevedo, William Donado Garc\u00eda, Augusta Dur\u00e1n, Elena C\u00f3rdoba, Jos\u00e9 Iborra Valero, Dar\u00edo Carrasco, Beatriz Betancur, Jorge Zabala, Gilma Zambrano, Mar\u00eda Juliana L\u00f3pez, Martha Luc\u00eda L\u00f3pez, Ingrid Santacruz, Alejandra G\u00f3mez, Edwin Iv\u00e1n Berrio Jim\u00e9nez, Diego L\u00f3pez, Alma Patricia P\u00e9rez Ortega, Elizabeth Mej\u00eda, Alejandra Forero, Nury Rojas, Omar Velandia, Julio Mart\u00ednez S\u00e1nchez, Juanita Rivas Vega, Sergio Arturo Mej\u00eda V\u00e9lez, Luz Edith Monta\u00f1a Moreno, \u00c1ngela Monroy Andrade, Juan Mart\u00ednez, N\u00e9stor Fabi\u00e1n Torres Mart\u00ednez, A\u00edda Luz V\u00e1squez, Gustavo L\u00f3pez Bustamante, Gloria Plata, Luc\u00eda Camacho, Juan Cardona, Marian G\u00f3mez Mart\u00ednez, Gerardo Carvajal Dorado, Andrea Montes, Ana Mar\u00eda Araujo, Diana Mar\u00eda Arbel\u00e1ez Ram\u00edrez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
25 al 28 \/09\/2020<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Continuaci\u00f3n del listado anterior. Orlando Rodr\u00edguez, Gladys Elena Mart\u00ednez Agudelo, Claudia Carrillo, Gabriel Zulbaran Bossio, Patricia Restrepo Herrera, Ana Viloria, Jeisob Sanchez, Ingrid Liliana Palacios Correa, Julyeth Yamile Cuervo Yanquen, Irene Gil Aponte, Nancy Uribe Estrada, \u00c1ngela Trujillo Yara, Jonatan Coneo, Vanessa Herrera, Emili Tovar, Ruth L\u00f3pez Puerta, Rodrigo Borda, Alba M\u00e1smela, Alicia Posada, Robinson Caraballo, Rodrigo de Jes\u00fas Giraldo, Alba Camacho, Gloria Ortiz, Mar\u00eda Patricia Correa Palacio, Andr\u00e9s David Chaparro Guaitero, Guillermina Sep\u00falveda, Mar\u00eda Stella Rodr\u00edguez, Carlos Alberto Mej\u00eda Lalinde, Gladys Bastidas, Paula Parra Osorio, Dora Beatriz Roa Vargas, Gloria Suaza Cuartas, Javier Vargas, Sabine Viertel, Nelsy Manzano, Francisco Dur\u00e1n, Victoria Eugenia G\u00f3mez Ram\u00edrez, Liliana Castro Aya, Patricia Moreno Bautista, Edilia S\u00e1nchez Corredor, Ingrid Celis Casta\u00f1eda, Manuel Am\u00f3rtegui Am\u00f3rtegui, M\u00f3nica Su\u00e1rez Osorio, Eliana Quijano, Aura Stella Murcia Cuesta, Nancy Rueda, Margarita Am\u00edn, Josu\u00e9 Reyes Ram\u00edrez, Abd\u00f3n Giovanny L\u00f3pez Hern\u00e1ndez, Carlos Andr\u00e9s Giraldo Molina, Junelys Mart\u00ednez, Patricia Angulo, Mauricio Loaiza Araque, Patricia Bernal, Gloria Eugenia Aristiz\u00e1bal Hoyos, Erika Arias Gonz\u00e1lez, Mar\u00eda Antonia G\u00f3mez, Mar\u00eda Elizabeth Pab\u00f3n Mora, Sebasti\u00e1n Morales, Ximena L\u00f3pez, \u00c1ngela Aguirre, Leticia Castillo Luque, Nora Dilia Zuluaga P\u00e9rez, Germ\u00e1n Enrique Ram\u00edrez Jurado, Julieth Raba, Sandra Mart\u00ednez, Mal\u00fa, Camila Izquierdo Villaveces, Bibiana Gonz\u00e1lez, Noreli Acevedo Serna, Rosa Ardila S\u00e1nchez, Leydy Medina, Sylvia Estrada, Guar\u00edn Zapata, Ana Milena Panesso, Diana Lorena G\u00f3mez Hincapi\u00e9, Martha Le\u00f3n, Nancy Sousa Brens, Carlos Alberto Rueda Carvajal, Clara Castillo, Luz Virginia Alfonso Coy, Lucy Reyes Ortega, Jessica Mart\u00ednez, Mary Carmen L\u00f3pez, \u00c1ngel Chaparro, Salma Gabriela Calder\u00f3n Tamayo, Patricia Espinosa Monta\u00f1a, Alexandra Viloria C\u00e1rdenas, Mar\u00eda Irma Cancino Galvis, Luis \u00c1ngel, Socorro C\u00e1ceres, Mirian Jaramillo Cardona, Gloria Veloza, Bibiana S\u00e1nchez, Gabriel Barrera, Nubia Esther Royero N\u00fa\u00f1ez, Carlos Andr\u00e9s Rueda Calle, Jos\u00e9 Laurencio Narv\u00e1ez Ord\u00f3\u00f1ez, Jair Alexander Anaya Alsina, Claudia Mar\u00eda \u00c1lvarez Vargas, Yolima L\u00f3pez, Nancy Galvis, Nikki Didri Cuenca Galindo, Nohelia \u00c1lvarez, Zoraida Ospina, Rosa Mar\u00eda Gallego Lozano, Rosaura Villarreal, Alejandra Aristiz\u00e1bal, Olga Milena Remolina, Clemencia Ortiz, Elver Alonso Callejas Quintero, Mar\u00eda Elvira Matheus Samper, Cristi\u00e1n Camilo Guerrero Jim\u00e9nez, Angie Viviana Moreno Lizarazo, Mar\u00eda Helena Merch\u00e1n Basto, Julieta Galeano Serna, Silvia de la Rotta, Martha Su\u00e1rez Mojica, Jos\u00e9 Joaqu\u00edn Landines Torres, Elizabeth Monta\u00f1ez, Leidy Arenas, Javier Vargas, William Eduardo Delgadillo Parra, Juan Vigoya, Martha Rodr\u00edguez, Emma Ligia Su\u00e1rez L\u00f3pez, Erika Angulo Ararat, Richard Prieto, Samir Garc\u00eda Rodr\u00edguez, Ana Luc\u00eda Jaramillo, Alfredo Derviso, Jairo Castro, Juan Hern\u00e1ndez, Catalina Roncancio, Tatiana Garc\u00eda, Paola Pumarejo, Miriam Carvajal Parra, Maribel Betancur, Gloria Montoya Ortiz, Mariana Hern\u00e1ndez Ni\u00f1o, Betty Largo, Nancy Mej\u00eda, Emmanuel Baena Vanegas, Mar\u00eda Victoria Castillo, Elizabeth Fierro, Marl\u00e9n C\u00e1ceres, Enith del Carmen Navas Verbel, Jenny Ang\u00e9lica Guerrero Rodr\u00edguez, Mar\u00eda Ben\u00edtez, Dar\u00edo Agudelo, Mafe Valencia Franco, Claudia Herre\u00f1o, Jenny Luque, Pilar Delgado Moreno, Livia Marino, Dainer \u00c1lvarez Castillo, Yolanda Acosta, Aminta C\u00e1rdenas, Claudia Patricia Galindo Rodr\u00edguez, Rafael G\u00f3mez Correa, Martha Cuevas, Alejandra Jaramillo, Cecilia, Alexander Gallego, Jes\u00fas Evelio Tob\u00f3n G\u00f3mez, Dehyra P\u00e9rez, Leonardo Antonio Bastidas Mahecha, Mar\u00eda Jos\u00e9 Ja\u00faregui Duarte, Diego Le\u00f3n, Luz Mery Posada Rodr\u00edguez, Ligia Moreno, Loida Gricelia Chac\u00f3n Anaya, Ximena Garc\u00eda, Benedicto Vaca, Le\u00f3n Vel\u00e1squez, Sonia Mart\u00ednez, Hugo Barona Becerra, Dilia Stella Salazar Fuentes, Rodrigo Vela Cerquera, Laura Malaver, Maritza Yamhure Kattah, Rolando Forero, Katherine Figueredo, Mar\u00eda Mercedes Soto Jim\u00e9nez, Juan Carlos Ochoa Rueda, Patricia Garc\u00eda, Laura Salazar, Danilo de Jes\u00fas Porras Aguirre, Maria Rosadelia Campos, Magdinayibe Santofimio, Marta Sof\u00eda Ortiz Apolinar, Dolly Lora, Regina Giraldo, Enrique de Moya, Andr\u00e9s Herrera Gonz\u00e1lez, Concepci\u00f3n Ardila, Jorge V\u00e1squez, Fanny Patricia G\u00f3mez Jurado, Victoria Obando, Luz Rozo, Horacio Gallego, Sandra Vega, N\u00e9stor Ra\u00fal Bernal, Juan Guillermo Serrano Lobos, Kelly Arana, Flor C\u00e1rdenas Quintana, Fabio Perea, Eduin G\u00f3mez, Katherine Von Arm\u00edn, Isabel Ruedas P\u00e9rez, Daniella Marthe, Ana D\u00edaz, Deyanira Carvajal, Ramiro Quintero, Mar\u00eda Leonor Vel\u00e1squez Arango, Julio Gregorio Blanco Beltr\u00e1n, Le\u00f3n Saldarriaga, Ileana Arturo Soto, Leonardo Rinc\u00f3n, Le\u00f3n Alberto Chavarria, Laura Turriago, Luz Adriana Zuloaga Mart\u00ednez, Carlos Enrique Or\u00f3stegui Gonz\u00e1lez, Mar\u00eda Cristina Reina Rond\u00f3n, Mar\u00eda Franco Chuaire, Esperanza Aguirre Valderrama, Norberto Alcib\u00edades Brea, Astrid Guti\u00e9rrez, Fernando Corredor G\u00f3mez, Be Ru\u00edz, Ana Lya Ru\u00edz Vallejo, Aida Amaya Miranda, Mar\u00eda L\u00f3pez, Cindy Carolina Loaiza Moncada, Mireya Galindo, Jos\u00e9 Luis Fl\u00f3rez Murcia, Yuli Urrego, Cecilia Torres Vargas, Carlos Castillo, Alexandra Melo, Iv\u00e1n Nivia, Beatriz Londo\u00f1o de Posada, Rosabel Zambrano, Mario Cardona, Nancy Monta\u00f1ez, Juana Cortes, Lucia Iregui, Mauricio Morales, Gloria Mar\u00eda Cardozo S\u00e1nchez, Jessica Luc\u00eda de la Hoz Dur\u00e1n, Ra\u00fal Gertel Moreno, Clara Yadira Suarez Hern\u00e1ndez, Patricia Rico, Laura Mar\u00eda Vel\u00e1squez Ca\u00f1as, Gloria Patricia Ospina Escobar, Jos\u00e9 Garc\u00eda-Mu\u00f1oz, Ovier Enrique Castro Higuita, Ovier Enrique Castro Higuita, Eliana Carolina Mendoza, M\u00f3nica Ferro, Daniel S\u00e1nchez, Miguel \u00c1ngel Pira Vargas, Claudia Garc\u00eda, Yomaira Monsalvo, Carlos Restrepo, Ximena Lorena Arias, Carlos Cardona Restrepo, Lidia G\u00f3mez, Edgardo Granados, C\u00e9sar Chaves, Diana Bejarano, Aisned Hern\u00e1ndez Fl\u00f3rez, Ana R, Valentina P\u00e9rez, Carmelita Medina de Posada, Camila L\u00f3pez, Martha Isabel Jim\u00e9nez de Parra, Marcela Zuluaga, Nidia Caicedo Herrera, Gherson Grajales, Mar\u00eda Ru\u00edz, Luz Stella Mar\u00edn L\u00f3pez, Rosa Duarte, Luc\u00eda Conti, Yamile Bustos Torres, Ra\u00fal Canal C\u00e1rdenas, Gloria Betancur, Daniela Ram\u00edrez P\u00e9rez, Cristian Camilo Ben\u00edtez Restrepo, M\u00f3nica Echavarr\u00eda, Claudia Cifuentes, Melissa Morantes, Hugo Hurtado, Carlos Andr\u00e9s Monta\u00f1ez Zuluaga, Karla Villegas, Mar\u00eda del Pilar Londo\u00f1o Machado, Nathaly P\u00e9rez, Jorge Enrique Mu\u00f1oz Ayala, Marina G\u00f3mez Gonz\u00e1lez, Mar\u00eda Natalia Pineda Ortiz, Leidy Johana Vargas Ram\u00edrez, Celmira D\u00edaz Ar\u00e9valo, rosalbasantas@gmail.com Santa, Ana Milena Escobar Corredor, Gloria Guerrero, Sandra Leguizam\u00f3n Salamanca, Alfredy Pimiento Ru\u00edz, Laura S\u00e1nchez, Fabiola Sarmiento, Hern\u00e1n Quintero, Carol Parra, Jorge Forero Rinc\u00f3n, Sandra Huertas, Jes\u00fas Germ\u00e1n Olivares Marcelino, Flor Marina Galindo Mendoza, Cristina Gil Pinz\u00f3n, Sandra Lugo Ot\u00e1lora, Nicol\u00e1s Fergunson, Jhon Mesa, Catalina de Santamar\u00eda, Angie D\u00edaz, Manuel Ospina Zuluaga, Nury L\u00f3pez Garc\u00eda, Jorge Arias, Paulo Garc\u00eda, Martha Isabel Medina Castillo, Adriana Mar\u00eda Diaz Mej\u00eda, Jennifer Castrill\u00f3n, Edilma Rosa Mu\u00f1oz Correa, Camila Botero, Gilberto Hoyos, Reinaldo Polanco, Luc\u00eda V\u00e9lez, Melania Gil Aponte, Vladimir Fernando Villamil Contreras, Ang\u00e9lica Yulieth Rodr\u00edguez Rojas, Jos\u00e9 Guanipa, Mauricio Herr\u00e1n, H\u00e9ctor Gaviria Cardona, Alfonso Rene Caicedo, Nelci Silva, David Mar\u00edn, Berenisze Moreno Delgado, Mar\u00eda Adelaida G\u00f3mez Lopera, Adalberto Franco Torres, Lauta Vanessa Celeita Pe\u00f1a, Diana Patricia Mar\u00edn Rodr\u00edguez, Liliana Quintero, Juan Esteban Gaviria Mu\u00f1oz, Anderson Ocampo, Mariela Castiblanco, Enrique Betances, Mar\u00eda Yolanda Becerra Restrepo, Eduardo C\u00e1rdenas Guaracao, Sandra Susana Ru\u00edz P\u00e9rez, Hercilia C\u00e1rdenas Le\u00f3n, Alejandro Vel\u00e1squez, Luz Esther Rodr\u00edguez Contreras, Sandra Barrero Rey, Claudia Reyes, Ana Mar\u00eda Garc\u00eda Garc\u00eda, Jaime Le\u00f3n Blanco Baldi\u00f3n, Carlos Alberto Parra Mesa, Lilia Rojas Mart\u00ednez, Ren\u00e9 Roa, Juan Ernesto Molina, \u00c1ngela Mej\u00eda, Isabel Cristina Garc\u00eda De D, Nelson Lombo, Natalia L\u00f3pez Botero, Fran Foronda, Guillermo Mari\u00f1o Forero, Paula Carvajal Jim\u00e9nez, Alba Nora Giraldo Giraldo, Mar\u00eda Hern\u00e1ndez, Robert Fl\u00f3rez Casta\u00f1o, Sigfredo Serrate Rivera, Camilo Bastidas Bernal, Martha Ligia Ceballos Mata, Viviana Lizeth Mack-wen G\u00f3mez, Ruth Gamboa Dom\u00ednguez, Gonzalo Alberto Rodr\u00edguez Hern\u00e1ndez, Alba Valencia, Martha Isabel Garc\u00eda, Adiela Vargas, Teresita Montoya, Mar\u00eda Mercedes Toledo Arenas, Giovanny Andres7 Astros Guerrero, Carlos Rangel, Alexandra Uribe Mu\u00f1oz, Nora Luz S\u00e1nchez Mar\u00edn, Sandra Vel\u00e1squez, Sugey Mar\u00eda L\u00f3pez Hurtado, Mar\u00eda Fernanda Lagos Salazar, \u00c1lvaro Javier Forero Villamizar, Adriana Marcela Su\u00e1rez Parra, Zamira Ram\u00edrez G\u00f3mez, Laura P\u00e9rez, Rigo Aristizabal, Diana Milena Diaz Cardona, Diana Marcela Ca\u00f1\u00f3n Hern\u00e1ndez, Martha Rojas, Luis Felipe M\u00e9ndez Dur\u00e1n, Mart\u00edn Arias Triana, Jorge Gonz\u00e1lez P\u00e9rez, Melissa Montes, Carlos Tasc\u00f3n, Esperanza P\u00e9rez Hern\u00e1ndez, Pilar Casallas, Jos\u00e9 Ricardo Monta\u00f1ez Prieto, Harold Polania G\u00f3mez, Karla Correa, Juan Gil, Carlos Rodr\u00edguez Ram\u00edrez, Lina Rinc\u00f3n, Ang\u00e9lica Mar\u00eda Cobos Hern\u00e1ndez, Ana Milena Bedoya Carvajal, Viviana Zuluaga Jim\u00e9nez, Gustavo Jim\u00e9nez, Norena Bustos, Luc\u00eda Mart\u00ednez, Sandra Milena Bustos Molina, Carinna Pati\u00f1o, Milena Patricia Moreno Parejo, Oscar Ria\u00f1o, Julio Andr\u00e9s Garc\u00eda, Uriel Salazar, Gelam Catalina Gonz\u00e1lez Morales, Jenny Malag\u00f3n, Juan Fernando Jim\u00e9nez G\u00f3mez, Haroldo Antonio Linero P\u00e9rez, Roberto Castro Rodr\u00edguez, Martha Solanye Maldonado Jim\u00e9nez, Maribel Ospina Arias, Alejandro Ram\u00edrez Riveros, Mario Bernal Varas, Nuno Aguiar, M\u00f3nica Su\u00e1rez, Benhur Hiler Mu\u00f1oz Uribe, Yomar Panteves Bautista, Franklin Yesid Mar\u00edn Gonz\u00e1lez, Luis Eduardo Franco Hern\u00e1ndez, Diana Cano Gil, Pilar Chaparro, Adriana Morales, Ana Francisca Garc\u00eda Loaiza, Iv\u00f3n Reyes, Carolina Garz\u00f3n, Alonso Saldarriaga, Lady Mar\u00eda Vald\u00e9s Garc\u00eda, Mar\u00eda Mercedes Ot\u00e1lora, Adriana Jim\u00e9nez, Pili Emilce pinz\u00f3n Caicedo, Carmen Jeanet Acevedo Parada, \u00c1ngela Beltr\u00e1n, Irma Suarez, Fernando Santos Morales, Consuelo Ar\u00e9valo, Marcela Ricaurte, \u00c1lvaro Navia Perdomo, Andrea Urrea Jim\u00e9nez, Elkin Montoya s., Andrea Mart\u00ednez, Bertha Amelia Aristizabal Serna, Neliana Medina Castro, Jaquelin Vargas, Esmeralda Calvo, Gladys Elena V\u00e9lez de Baena, Carmen Helena Hern\u00e1ndez Silva, \u00c1ngela Mar\u00eda Londo\u00f1o Jaramillo, Andres G\u00f3mez, Loren Bustos, Eugenia Ramirez, Mario Guar\u00edn Ramos, Rosal\u00eda Aristizabal serna, Sonia Hern\u00e1ndez, Omaira Garc\u00e9s Garc\u00e9s, Olga Lucia Hernandez Cardenas, Shirley Bri\u00f1ez, Mar\u00eda Carolina Ochoa Reales, Mar\u00eda Barba, Camilo Garnica Gonz\u00e1lez, Ana Correa Nieto, Olga lucia Ot\u00e1lvaro de Arboleds, Luz Hoyos, Martha Galindo Hoyos, Luz Mary Valderrama Pereira, Juan David Jim\u00e9nez Henao, Ana Cecilia Quintero Silva, Paola Gonz\u00e1lez Garc\u00eda, Stella Mar\u00edn, Marco Nava Villarreal, Jorge Lozano, Fernando Franco Rueda, Alexandra Juan Gurdela, Ignacio Turbay, Jessica Museux, Andres Forero Medina, Claudia Villamil, Juli\u00e1n Esteban Alvarado Losada, Myriam Diaz, Maria Jos\u00e9 Rodriguez Moreno, Jonatan Ayala, Ana Devis, Alfonso Chaves, Carlos David Bola\u00f1os Escobar, Francisca Gal\u00e1n, Ana Angelica Montoya Quiroz, Mar\u00eda Lucero Arboleda R, Olga Lucia Mu\u00f1oz Rengifo, Carmenza Reina, Oscar Alonso, Claudia Bedoya, Mar\u00eda Helena Barrera Delgadillo, Ruby Fabiola Restrepo Lopez, Edilma Giraldo Ramirez, Clara de Duran, Luz Ortiz becerra, Maria de Carmen Pezonaga, Mar\u00eda Edy Ocampo Quintero, Mario Arias Maya, Claudia Patricia \u00c1lvarez Larra\u00f1aga, Esteban Cardona Londo\u00f1o, Jhon Isaza Garcia, Yamile Cogollo, Vera Echenique, Irma Romero Morales, Liliana Ot\u00e1lora Silva, Aneira Estupi\u00f1\u00e1n, Diana Patricia Hincapi\u00e9 Quintero, Adriana Rivas Cede\u00f1o, Lina Marcela Arboleda Jaramillo, Mar\u00eda Mercedes Salazar Pach\u00f3n, Karina Fajardo Carvajal, Carlos Wilches, Osvaldo Guerra, Susana D\u00edaz Mercado, Temilda Gonzalez Diaz, Luz Elvira Cely Am\u00e9zquita, Daniel Arcila, Eduardo Restrepo Grajales, Patricia Pantano Poloche, Gloria Amparo Aristizabal Salazar, Oscar Alba Cruz, Helga Jim\u00e9nez Jerez, Jelen Mar\u00edn, Gina Patricia Osman Olaya, Gina Patricia Osman Olaya, M\u00f3nica Paredes, Nora Mejia, Claudia Ni\u00f1o, Gyna Murcia, Jairo Enrique Guzm\u00e1n Cort\u00e9s, Lorena Guti\u00e9rrez, Imelda Garc\u00eda Su\u00e1rez, Cindy johanna Vacca salgado, Alba Elizabeth Herrera Carrillo, Erika Mendoza, Mirian Almonacid, Amalia Mej\u00eda, Carlos Sarmiento, Wilinton Mejia, Maria Liliana Reina Olaya, Maria Rojas, \u00c1lvaro Gonz\u00e1lez Mart\u00ednez, Carmen Cecilia Andrade Mantilla, Neyla Florez, Yenis Carrillo, Manuel Guiracocha, Jovanny Trujillo, Elvira Jim\u00e9nez de Cardozo Jim\u00e9nez de Cardozo, Beatriz Elena Arango Cadavid, Martha E Naivia Navia Perdomo, Deysa Vargas Vivas, Gerardo D\u00edaz Ni\u00f1o, Adelaida Henao, Edith Yaneth Zuluaga Zuluaga, Luz Amparo Henao Jaramillo, Mira Alejandra Granados Su\u00e1rez, Myriam Oliver, Leonor Arias Ortiz, Ester Ramirez, Martha aurora Lopez Hern\u00e1ndez, Olga Beatriz Quintero Almeida, Jenny Patricia Veloza Rodriguez, \u00d3scar Mauricio Lavao Ortiz, Isabella Ben\u00edtez cerpa, Luis Enrique Mu\u00f1oz P\u00e9rez, Ubiely de Jes\u00fas Ram\u00edrez Ram\u00edrez, Gloria Garcia de Ruiz, Mar\u00eda Elena Garc\u00e9s Vieira, Olga Ante de Talero, Mary Zuluaga, Carlos Antonio Cadavid S\u00e1nchez, Nubia Hanson, Mar\u00eda Cristina Bermudez Fern\u00e1ndez, Olga Ramirez, Marcela Londo\u00f1o Tob\u00f3n, Fanny lucia Hernandez Quiroga, Lina Gonz\u00e1lez, Beatriz Elena Cardona de Vel\u00e1squez, Pedro Rodr\u00edguez, Juan Francisco Mantilla G\u00f3mez, Mar\u00eda Helena Trivi\u00f1o Pinz\u00f3n, Yolanda Pineda, Myriam Bar\u00f3n, Jes\u00fas Urrea Giraldo, Armando Iregui, Gina Casta\u00f1eda, Paola Vanegas Ortiz, Gabriela Forero Duarte, Mar\u00eda Rufina C\u00e1rdenas de Gonz\u00e1lez, Lina Mercedes S\u00e1nchez Moreno, Camila Castillo, Elizabeth Montoya, M\u00f3nica Sequera, Piedad Roc\u00edo Mart\u00ednez, Mar\u00eda Eugenia Fern\u00e1ndez Mej\u00eda, Ana Bertha Forero Vargas, Luz Dary Moreno Gonz\u00e1lez, Mar\u00eda Garz\u00f3n, Luz Adriana Saray, Mar\u00eda Elena Ramos, Carmen Mej\u00eda, Juan Guillermo Gallego Giraldo, Mar\u00eda Irene Figueroa Vargas, Jos\u00e9 Guillermo Ar\u00e9valo Pelayo, Laura Ord\u00f3\u00f1ez, Esperanza Vargas, Myriam Gladys L\u00f3pez Torres, William Jaramillo P\u00e1ez, Leonidas Zambrano, Sonia Mar\u00eda Jurado, Julio Andr\u00e9s L\u00f3pez Buitrago, Kathia Molina de la Hoz, Sandra Aguiar, Johnny Guerra, Jorge Blanco, Esperanza Zamora Gonz\u00e1lez, Lucila Arias Cano, Kimberly Yesenia Lara Camargo, Elvira del Portillo, Mar\u00eda del Carmen Caicedo Acosta, Patricia Ortiz Cort\u00e9s, Gloria Ord\u00faz, Erika Cano, Martha Mart\u00ednez, Fernando Isaacs, Adriana S\u00e1nchez, Estela Guadalupe Rodr\u00edguez P\u00e9rez, Sor Mar\u00eda Espinosa Jaramillo, Lourdes L\u00f3pez, Gloria In\u00e9s Delgado Giraldo, Beatr\u00edz Am\u00edn, Bibiana Conde, \u00c1lvaro C\u00e9spedes Jaime, Leidy Johanna Ch\u00e1varro Vergara, Mart\u00edn Perea, Jos\u00e9 Lizarazo, Faber Ameyi Agudelo Ochoa, M\u00f3nica Mu\u00f1oz Cea, Freddy Navarrete, Einer Teresa Becerra, Edith Rivas, Glt Panesso, Viviana Andrea Hurtado Mar\u00edn, Liliana Gallego, Fredy Jara Guti\u00e9rrez, F\u00e9lix Eduardo Carrera Leal, Gina Milena Guerrero Basabe, Edgar Alfredo Garz\u00f3n Garc\u00eda, Germ\u00e1n Osorio Zuluaga, Gloria Pinz\u00f3n Guti\u00e9rrez, Mar\u00eda de los \u00c1ngeles Mora de Mej\u00eda, Bernardo Durango Garro, Leidy Lozano, Gloria Salamanca, Marta Luc\u00eda Calder\u00f3n, Alexandra Castelblanco, Frael Pe\u00f1a Granada, Luis Norberto Hern\u00e1ndez Mar\u00edn, Jos\u00e9 Fernando Garc\u00eda G\u00f3mez, \u00c1ngela Mar\u00eda de Rueda, Luz Mar\u00eda Rangel, Alexandra Fonseca C\u00e1rdenas, Jenny Garc\u00e9s Rojas, Laura Ossa S\u00e1nchez, Carolina Ponssa, Luz Fabiola Restrepo Arboleda, Sonia Ambard de Massi, Francisco Jos\u00e9 Cort\u00e9s Mateus, Aura Luisa Camargo, Natalia P\u00e9rez, Alberto del Ni\u00f1o Jes\u00fas Botero y Mart\u00ednez de Sons\u00f3n, Claudia Pi\u00f1eres, Jos\u00e9 Vicente Franco, Astrid Yesenia Granados Zorro, Marta Patricia Ram\u00edrez Mirque, Naomi Barquero, Jonathan Garc\u00eda, Marcela Murcia, Noela Taborda, Jimena Sierra, Martha Beatr\u00edz Barandica, Jaime Castro Arenas, Amparo Uribe Poveda, Mar\u00eda del Carmen Romero, Marlen Ibeth Rhenals de Andreis, Nancy Su\u00e1rez, Claudia Urbano, Dora Elena Torres, Derly Patricia Ben\u00edtez Gonz\u00e1lez, Fredy Duque, Luzdary Guerrero Gust\u00edn, Nubia Luc\u00eda Chaparro Benavides, Karin Silva Ria\u00f1o, Nubia Rodr\u00edguez Yanquem, Luz Estella G\u00f3mez Hoyos, V\u00edctor Ra\u00fal Gonz\u00e1lez Rinc\u00f3n, Ingrid Carolina Roa Devia, Alexandra Garay Cano, C\u00e9sar Andr\u00e9s Aranza D\u00edaz, Ubiely Aid\u00e9 Ru\u00edz G\u00f3mez, Marcelas Zubieta, Jorge Jaime V\u00e1squez Guti\u00e9rrez, Tatiana Villamizar Cabeza, Roc\u00edo Maribel Ortega, Manuel Ortega Rosillo, Claudia Uribe Quintero, Jorge Armando Zuloaga Mart\u00ednez, Roc\u00edo Bernal, Carmen Trujillo, Mar\u00eda Sonia Ocampo L\u00f3pez, Betty S\u00e1nchez Londo\u00f1o, Mar\u00eda Teresa Punz\u00f3n Rinc\u00f3n, Gloria In\u00e9s Su\u00e1rez Loaiza, Jorge \u00c1lvarez Salazar, Victoria Mej\u00eda Gil, Fredy Vasco, Nora G\u00f3mez, Camilo Andr\u00e9s Fajardo Pedroza, Brithney Daniela Silva Pe\u00f1uela, M\u00f3nica Bernal, Nicol\u00e1s Giraldo, Sylvia Carrizosa, Bibiana Rend\u00f3n, Marcela Moreno, Lorena Gonz\u00e1lez, Claudia Vallejo, Claudia Luc\u2019a CortZs, \u00c9rica \u00c1lvarez Daza, Rodrigo Durango Escobar, Patricia Mart\u00ednez, Erika Arias, Hortensia Cruz Melo, Carolian cuervo Leal, Gilberto El\u00edas Becerra Reyea, Nubia Alvarado Bejarano, Marco Camargo, Nelson Humberto Ramos Bravo, Mercedes L\u00f3pez Sanz, Tulio Enrique S\u00e1nchez Garc\u00eda, Beatriz Estrada, Aura Edilma Hern\u00e1ndez Echeverri, Piedad Cecilia Granados Velasco, Mar\u00eda Elena Arcila Acosta, Tamara Saeteros, Laura Aya, Carolina Benavides Guzm\u00e1n, Adriana Duque, Luz Dari Sierra, Fanny G\u00f3mez G\u00f3mez, Galaxiux Casta\u00f1eda, Sara In\u00e9s Parra de Guar\u00edn, Mauricio Becerra, Diana Gil, Emilia Garc\u00eda Rocha, Rita In\u00e9s Garc\u00eda Mu\u00f1oz, Luz Elena Dur\u00e1n Tello, Mar\u00eda Ibeth Orozco Duque, Santiago Rodr\u00edguez, Sonia Murra, Lina Naranjo, Martha Claudia Guevara Ariza, Elena Mart\u00ednez Pineda, Merly Roa, Yubely Valenzuela, Luz Mila Rodr\u00edguez Gil, Mar\u00eda Amanda Osorio S\u00e1nchez, Alba Pe\u00f1a, Mayra Monta\u00f1a, Angie Prieto, Luz Andrea Garc\u00eda Rueda, Luis Alberto Alean Castillo, Sandra S\u00e1nchez Ru\u00edz, Pilar Sarmiento, Juan Gabriel Pedroza Bustos, Nancy C\u00e1rdenas, Luz Mar\u00eda Rocha Bello, Juli\u00e1n Vicente G\u00f3mez Arango, Esperanza Guevara Hort\u00faa, Daniel Antonio Valdez, Mar\u00eda Victoria Palacio Urrea, Martha Eugenia Ram\u00edrez Cardona, Adriana Merlano, Martha Luc\u00eda de San\u00edn, Miguel Melgarejo, Jos\u00e9 Gabriel Erazo, \u00c9dison Castillo, Heidy Porras, Nubia Morales de Gonz\u00e1lez, Mar\u00eda Yenny Y\u00e1\u00f1ez Yosa, Gladys Helena Aristiz\u00e1bal Zuluaga, Sandra Patricia Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez, Jasm\u00edn Padilla Rodr\u00edguez, Lina Barreto, Cristian Guillermo Cruz \u00c1vila, Erika Juliana Fern\u00e1ndez, Luis Miguel Cardona G\u00f3mez, Edgar Mej\u00eda, Alba Sep\u00falveda, John Mario Hurtado Botero, Sandra Carrera, Claribel Restrepo Su\u00e1rez, Laura Valentina G\u00f3mez Cely, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
25 al 28 \/09\/2020<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Continuaci\u00f3n del listado anterior: Gregorio Osorio, M\u00f3nica Ospina Osorio, Jennifer Ca\u00f1\u00f3n. Mar\u00eda Gonz\u00e1lez Rodr\u00edguez, Jos\u00e9 Darley Castrill\u00f3n Casta\u00f1o, M\u00f3nica Cristina Castro, Cristina L\u00f3pez Hoyos, Viviana Rodr\u00edguez, Carlos Qui\u00f1ones, Diana Arias, Sebasti\u00e1n Bedpya Aldana, Aura Vanessa L\u00f3pez Bar\u00f3n, Luis Adri\u00e1n Bravo, Lucrecia Victoria Gaviria Diez, Susana del Carmen Medina G\u00f3mez, luz Helena Montes, \u00c1ngela Ramos, Clara Patricia Espinal Gil, Carmen Alicia Hurtado D\u00edaz, Nubia S\u00e1nchez, Horacio Hoyos Zapata, Juan Carlos Arias Acevedo, Natalia Andrea Cardona Gaviria, William Mauricio Quintero Perdomo, Jorge Laverde, Juan Camilo Gallego Cano, Herminda Moreno Sereno, Dolly V\u00e9lez Hurtado, Martha Janneth Pulido Parada, Amelia Sof\u00eda Mart\u00ednez Zambrano, Katerine Berm\u00fadez, Luz \u00c1ngela Guti\u00e9rrez Rivera, Ligia Valderrama Durango, Isabel Rodr\u00edguez, Mary Janneth Padilla S\u00e1nchez, Camilo Forero, Hugo Vera, Martha Elizabeth del Socorro Le\u00f3n Vieda, Numa Vargas Vargas, Fredy Espitia, Angie Lorena Cabrera Osorio, Diana Vanegas, Sindy Aricapa, Gloria Fabiola Navarrete Rodr\u00edguez, Edgar Alberto Franco Santos, Marco P\u00e1ez, Cristian Romero Bautista, Elizabeth Luna, Margarita Mat\u00edas Mu\u00f1oz Hincapi\u00e9, Luz \u00c1ngela Urrego L\u00f3pez, Mar\u00eda Valentina Guzm\u00e1n Sarmiento, Beatriz Elena Arrieta Wiedmann, Fernando Jaramillo, Hern\u00e1n Gonz\u00e1lez S\u00e1nchez, Jes\u00fas Orlando Paredes Cabeza, Libia L\u00f3pez, Vidal Maldonado Granados, Norely R\u00edos, Fernando Giraldo Su\u00e1rez, Dar\u00edo Noguera, Cielo Quevedo, Marta Cecilia Heredia Soto, Sandra Anduquia, Leila Patricia Murillo Arag\u00f3n, Mar\u00eda Josefa Uribe V\u00e9lez, Oscar Bastos, Laura Hern\u00e1ndez Gil, Lilian Hurtado, Jackeline Salazar, Leider Alberto Mart\u00ednez Mart\u00ednez, Valentina Londo\u00f1o Vel\u00e1squez, Francelina Medina Hern\u00e1ndez, Meisel Monta\u00f1a, Magda Liliana Escalante, C\u00e9sar Marulanda, Claudia Ch\u00e1vez, Alina Mart\u00ednez Garc\u00eda, Mauricio Araque Gonz\u00e1lez, Barbarita del Carmen G\u00f3mez Gonz\u00e1lez, Gloria Delgado, Roc\u00edo Reyes, Mar\u00eda Liliana Ayala Cardona, Doris Pino Fl\u00f3rez, Claudia Liliana Zamudio Vaca, Karen Liliana Santamar\u00eda Castellanos, Xiomara Querales, Aura Milena Bedoya Monroy, Mar\u00eda del Carmen Rico Mart\u00ednez, Juan Henao, Luz Mery Molano Guzm\u00e1n, Guillermo Vacca, Isaac Betancourt, Lina Mar\u00eda Olmos, Martha Yanet Morato Ayala, Yeiny Yuliett Hern\u00e1ndez Pardo, Jair Restrepo, Germ\u00e1n Salgar, Juli\u00e1n Acosta, Leonor \u00c1vila, Carlos Alberto Gonz\u00e1lez D\u00edaz, Diana Eugenia Navarro Baena, Martha Rodr\u00edguez, Mar\u00eda de Lourdes P\u00e9rez Ter\u00e1n, Daniel Neuque \u00c1lvarez, Hugo Jaramillo Isaza, Elizabeth Cudris Urueta, Mirian Almonacid, Laura Estefan\u00eda Moscoso Moreno, Genith Rosero, Nelson Horacio Correa G\u00f3mez, Isabel Mar\u00eda Buend\u00eda Hern\u00e1ndez, Andrea Castiblanco Ortiz, Mar\u00eda Teresa Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez, Ger\u00f3nimo Calvette Oviedo, David Vel\u00e1squez, Luzmila Hern\u00e1ndez Mu\u00f1oz, Laura Boh\u00f3rquez, Javier Su\u00e1rez, Juan Gabriel Guti\u00e9rrez, Jorge Luis Walteros Soto, Lida Helda Jim\u00e9nez Jim\u00e9nez, Adela Vidal, Jane Echenique, Alejandro Llanos Gonz\u00e1lez, Camilo Monroy, Daniel Bernal, Mar\u00eda Marroqu\u00edn, Norabetty Arboleda Villegas, Clara In\u00e9s Rey Rivera, Hilda Mar\u00eda Hern\u00e1ndez de L\u00f3pez, Adriana Quintero, Sandra Luc\u00eda Becerra Camargo, Vanessa Almonacid Guzm\u00e1n, Beatriz Loaiza, Ernesto Armando Zuloaga, Alberto Luis Chagual\u00e1 Alape, Mar\u00eda Eugenia Tob\u00f3n Valderrama, Diana Mar\u00eda, Nubia L\u00f3pez, Jeniffer V\u00e9lez Bedoya, Henry Plutarco Aba\u00fanza Galvis, N\u00e9stor Ni\u00f1o, Rosalba Su\u00e1rez de Caso, Ivonne Ram\u00edrez, Jacob Mendoza Reyes, Carlos Andr\u00e9s Ru\u00edz Fl\u00f3rez, Guillermo Alfonso Mora Carre\u00f1o, Jimmy Quiroga, Nubia Stella Echavarr\u00eda Gallego, Ana Cristina Castrill\u00f3n, Yeinser Castro, Omar Guar\u00edn, Dalila Mendoza Neira, Gisede Lorena S\u00e1nchez S\u00e1nchez, Luis Mar\u00eda Rivera, Jahuyer Jaramillo, Nancy Roc\u00edo Espinosa Mendoza, M\u00f3nica Su\u00e1rez Duque, Laura Ram\u00edrez, Nuri Patricia Enciso, Luis Clemente Parra Palacio, Nelsy Belisa Apraez Legarda, Evelyn Marcela Villegas Giraldo, \u00c1ngela In\u00e9s Mar\u00edn Garc\u00e9s, Mar\u00eda Jos\u00e9 Hern\u00e1ndez Fuente, Jos\u00e9 Wilson C\u00f3rdoba Cuesta, Juan de Jes\u00fas Quintero Trujillo, Manuel Vargas, Gloria Ariza, Carmenza Patricia Guerrero Macualo, Alba Viviescas, Myriam Rond\u00f3n, Giovanna Reyes, Carlos Alfonso Vel\u00e1squez, Diego Rojas Pareja, Imelda Alfonso Fuentes, Gabriel Torres Buitrago, Paula Restrepo Llano, Barbarita del Carmen G\u00f3mez Gonz\u00e1lez, Gloria Delgado, Roc\u00edo Reyes, Mar\u00eda Liliana Ayala Cardona, Doris Pino Fl\u00f3rez, Claudia Liliana Zamudio Vaca, Karen Liliana Santamar\u00eda Castellanos, Xiomara Querales, Aura Milena Bedoya Monroy, Mar\u00eda del Carmen Rico Mart\u00ednez, Juan Henao, Luz Mery Molano Guzm\u00e1n, Guillermo Vacca, Isaac Betancourt, Lina Mar\u00eda Olmos, Martha Yanet Morato Ayala, Yeiny Yulieth Hern\u00e1ndez Pardo, Jair Restrepo, Germ\u00e1n Salgar, Juli\u00e1n Acosta, Leonor \u00c1vila, Carlos Alberto Gonz\u00e1lez D\u00edaz, Diana Eugenia Navarro Baena, Martha Rodr\u00edguez, Mar\u00eda de Lourdes P\u00e9rez Ter\u00e1n, Daniel Neuque \u00c1lvarez, Julio Jaramillo Isaza, Elizabeth Cudris Urueta, Mirian Almonacid, Laura Estefan\u00eda Moscoso Moreno, Genith Rosero, Nelson Horacio Correa G\u00f3mez, Isabel Mar\u00eda Buend\u00eda Hern\u00e1ndez, Mar\u00eda Teresa Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez, Andrea Castiblanco Ortiz, Jer\u00f3nimo Calvette Oviedo, David Vel\u00e1squez, Laura Boh\u00f3rquez, Luzmila Hern\u00e1ndez Mu\u00f1oz, Javier Su\u00e1rez, Juan Gabriel Guti\u00e9rrez, Jorge Luis Walteros Soto, Lida Helda Jim\u00e9nez Jim\u00e9nez, Adela Vidal, Jane Echenique, Alejandro Llanos Gonz\u00e1lez, Camilo Monroy, Daniel Bernal, Mar\u00eda Marroqu\u00edn, Norabetty Arboleda Villegas, Clara In\u00e9s Rey Rivera, Hilda Mar\u00eda Hern\u00e1ndez de L\u00f3pez, Adriana Quintero, Sandra Luc\u00eda Becerra Camargo, Vanessa Almonacid Guzm\u00e1n, Beatriz Loaiza, Ernesto Armando Zuloaga, Alberto Luis Chagual\u00e1 Alape, Mar\u00eda Eugenia Tob\u00f3n Valderrama, Diana Mar\u00eda, Nubia L\u00f3pez, Jeniffer V\u00e9lez Bedoya, Henry Plutarco Aba\u00fanza Galvis, N\u00e9stor Ni\u00f1o, Rosalba Su\u00e1rez de Caso, Ivonne Ram\u00edrez, Jacob Mendoza Reyes, Carlos Andr\u00e9s Ru\u00edz Fl\u00f3rez, Guillermo Alfonso Mora Carre\u00f1o, Jimmy Quiroga, Nubia Stella Echavarr\u00eda Gallego, Ana Cristina Castrill\u00f3n, Yeinser Castro, Omar Guar\u00edn, Dalila Mendoza Neira, Gisede Lorena S\u00e1nchez S\u00e1nchez, Luis Mar\u00eda Rivera, Jahuyer Jaramillo, Nancy Roc\u00edo Espinosa Mendoza, M\u00f3nica Su\u00e1rez Duque, Laura Ram\u00edrez, Nuri Patricia Enciso, Luis Clemente Parra Palacio, Nelsy Belisa Apraez Legarda, Evelyn Marcela Villegas Giraldo, \u00c1ngela In\u00e9s Mar\u00edn Garc\u00e9s, Mar\u00eda Jos\u00e9 Hern\u00e1ndez Fuente, Jos\u00e9 Wilson C\u00f3rdoba Cuesta, Juan de Jes\u00fas Quintero Trujillo, Manuel Vargas, Gloria Ariza, Carmenza Patricia Guerrero Macualo, Alba Viviescas, Myriam Rond\u00f3n, Giovanna Reyes, Carlos Alfonso Vel\u00e1squez, Diego Rojas Pareja, Imelda Alfonso Fuentes, Gabriel Torres Buitrago y Paula Restrepo Llano. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
25 al 28 \/09\/2020<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Adriana Henao Agudelo, Adriana Ochoa Horo, Alba Elizabeth Herrera Carrillo, Alejandra Castillo, Alexandra Uribe Mu\u00f1oz, \u00c1lvaro Navia Perdomo, Amparo Y\u00e1nez, Ana Milena Escobar Corredor, Ana Viloria, Andrea Rodr\u00edguez Vel\u00e1squez, \u00c1ngel Chaparro, \u00c1ngela Ramos, Angie Prieto, Astrid Valentina Obando Carvajal, Clara De Duran, Claudia Bedoya, Cruz Alberto Urrea Carvajal, Daniel Arcila, Delfy L\u00f3pez, Deyanira Carvajal, Diana Patricia Mar\u00edn Rodr\u00edguez, Edilma Giraldo Ramirez, Edith Yaneth Zuluaga Zuluaga, Elizabeth Garc\u00e9s, Elizabeth Montoya, Elsa Patricia Guerra Pulido, Ester Ram\u00edrez, Evelyn Marcela Villegas Giraldo, Francisca Gal\u00e1n, Fredy Jara Guti\u00e9rrez, Gloria Montoya Ortiz, Gloria Sep\u00falveda, Henry Hernandez, Irma Romero Morales, Isabel Ruedas P\u00e9rez, Isabella Ruiz Olpulido, Jair Restrepo, Jairo Enrique Guzm\u00e1n Cort\u00e9s, Jelen Mar\u00edn, Jes\u00fas Evelio Tob\u00f3n Gomez, Jhon Gonzalez, Jorge Arias, Lasly Parada, Leidy Johana Vargas Ram\u00edrez, Lilian Hurtado, Liliana Cabrera Carvajal, Lizette Carvajal, Lorena Castro, Lorena Guti\u00e9rrez, Lucia Iregui, Luis Alberto Alean Castillo, Luz Ortiz Becerra, Marcela Ibarra, Mar\u00eda Astrid Maya De Caro, Mar\u00eda De Carmen Pezonaga, Mar\u00eda De Los Dolores Guevara Segura, Mar\u00eda Edilma Aristiz\u00e1bal Giraldo, Mar\u00eda Eugenia Fern\u00e1ndez, Maria Fernanda Bermudez, Maria Helena Barrera Delgadillo, Mar\u00eda Jos\u00e9 Hern\u00e1ndez Fuente, Mar\u00eda Margarita Ram\u00edrez Melo, Mar\u00eda Mercedes Salazar Pach\u00f3n, Mario Arias Maya, Martha Solanye Maldonado Jim\u00e9nez, Mart\u00edn Arias Triana, Melissa G\u00f3mez Aristizabal, Mirian Almonacid, Natalia P\u00e9rez, Neyla Fl\u00f3rez, Nury L\u00f3pez Garcia, Oscar Alonso, Oscar Bastos, Paula Restrepo Llano, Piedad Cecilia Granados Velasco, Sandra Leguizam\u00f3n Salamanca, Sandra Luc\u00eda Becerra Camargo, Sandra Mart\u00ednez, Sandra Vel\u00e1squez, Sebasti\u00e1n Morales, Tulio Castillo Hern\u00e1ndez, Wilinton Mej\u00eda, Yenis Carrillo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
29\/09\/2021<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Adriana Reina, Alba Camargo, Alba Valencia, Alejandro Vel\u00e1squez, \u00c1lvaro Javier Forero Villamizar, Amalia Mej\u00eda, Ana Cristina Castrill\u00f3n, Ana Graciela Gonz\u00e1lez, Ana Lya Ruiz Vallejo, Anabelle Mora Vargas, Angelica \u00c1lvarez, Angie Viviana Moreno Lizarazo, Aslly Shirley Quintero Jim\u00e9nez, Beatriz Mendoza, Benedicto Vaca, Benhur Hiler Mu\u00f1oz Uribe, Camila Botero, Carlos Alberto Gonz\u00e1lez D\u00edaz, Carlos Alberto Parra Mesa, Carlos Alberto Rueda Carvajal, Carlos Antonio Cadavid S\u00e1nchez, Carlos Enrique Or\u00f3stegui Gonz\u00e1lez, Carlos Rangel, Carmen Alicia Hurtado Diaz, Carmen Trujillo, Carmenza Patricia Guerrero Macualo, Carolina Mcallister Arias, Celmira D\u00edaz Ar\u00e9valo, Claudia Patricia \u00c1lvarez Larra\u00f1aga, Claudia Reyes, Cristian Guillermo Cruz \u00c1vila, Daniel Bernal, Daniel Fernando Jaimes Escalante, Danilo De Jes\u00fas Porras Aguirre, Derlly Patricia Ben\u00edtez Gonz\u00e1lez, Dolly V\u00e9lez Hurtado, Edilma Rosa Mu\u00f1oz Correa, \u00c9dison Castillo, Elena C\u00f3rdoba, Elizabeth Fierro, Emma Ligia Su\u00e1rez L\u00f3pez, Erika Angulo Ararat, Erika Juliana Fern\u00e1ndez Ramos, Esperanza Guevara Hort\u00faa, Estela Guadalupe Rodr\u00edguez P\u00e9rez, Fabio S\u00e1nchez, Flor C\u00e1rdenas Quintana, Fredy Duque, Fredy Espitia, Gabriela Forero Duarte, Gerardo Carvajal Dorado, German Enrique Ram\u00edrez Jurado, Ger\u00f3nimo Calvette Oviedo, Gilde Aurora Gaviria Qui\u00f1ones, Gisede Lorena S\u00e1nchez S\u00e1nchez, Gyna Murcia, H\u00e9ctor Gaviria Cardona, Herminda Moreno Sereno, Hern\u00e1n Quintero, Irina Bossa Vergara, Iv\u00e1n Nivia, Jhon Henry Gomez Osorio, Jhon Isaza Garc\u00eda, Jhon Mesa, Jorge \u00c1lvarez Salazar, Jorge V\u00e1squez, Jos\u00e9 Guanipa, Jos\u00e9 Jairo Vergara Rivera, Juan Carlos Arias Acevedo, Juan Francisco Mantilla G\u00f3mez, Juan Gabriel Guti\u00e9rrez, Juan Guillermo Serrano Lobos, Juan Jos\u00e9 Castro M\u00e1rquez, Julieta Galeano Serna, Julio Cesar Su\u00e1rez Sandoval, Kathia Molina De La Hoz, Laura Aya, Laura Boh\u00f3rquez, Laura P\u00e9rez, Leonado Gallego, Liliana Quintero, Lina Arango, Lina Mercedes S\u00e1nchez Moreno, Loren Bustos, Lucia Camacho, Lucia Gavil\u00e1n, Lucila Arias Cano, Luz Adriana Saray, Luz Amanda Gordillo Daza, Luz Dary Moreno Gonz\u00e1lez, Luz Esther Rodr\u00edguez Contreras, Luz Mar\u00eda Rangel, Luz Stella G\u00f3mez Hoyos, Mar\u00eda Elena Ramos Q, Manuel Guiracocha, Marcela Ot\u00e1lvaro, Mar\u00eda Adelaida Gomez Lopera, Mar\u00eda De Lourdes P\u00e9rez Ter\u00e1n, Mar\u00eda Del Pilar Londo\u00f1o Machado, Mar\u00eda Elizabeth Pab\u00f3n Mora, Mar\u00eda Helena Trivi\u00f1o Pinz\u00f3n, Mar\u00eda Hern\u00e1ndez, Mar\u00eda Josefa Uribe V\u00e9lez, Mar\u00eda Patricia Correa Palacio, Mariana Hern\u00e1ndez Ni\u00f1o, Maria Rosadelia Campos, Mariella Borrero Ch\u00e1varro, Mario Bernal Varas, Martha Claudia Guevara Ariza, Martha Janneth Pulido Parada, Martha Lizarazo, Martha Mart\u00ednez, Mary Janneth Padilla S\u00e1nchez, Meisel Monta\u00f1a, Melania Gil Aponte, Mira Alejandra Granados Su\u00e1rez, Mireya Galindo, M\u00f3nica Cristina Castro, M\u00f3nica Suarez Duque, Myriam Trujillo, Nelson Lombo, Noela Taborda, Nora Mej\u00eda, Norma Ortiz, Nubia Alvarado Bejarano, Nubia Lucia Chaparro Benavides, Olga Ram\u00edrez, Orlando Alvis, Paula Parra Osorio, Piedad Roc\u00edo Mart\u00ednez, Rigo Aristiz\u00e1bal, Rita In\u00e9s Garcia Mu\u00f1oz, Roc\u00edo Reyes, Rodrigo Borda, Sandra Vega, Shirley Mar\u00eda Ramos S\u00e1nchez, Shirley Natalie Lazt, Sof\u00eda Salazar, Sonia Ambard De Massi, Sonia Murra, Tairis Carolina Guti\u00e9rrez Jim\u00e9nez, Ubiely Aid\u00e9 Ruiz G\u00f3mez, Vera Echenique, Viviana Zuluaga Jim\u00e9nez, William Jaramillo P\u00e1ez, Ximena L\u00f3pez, Yamile Cogollo, Yolima Pinedo, Yuli Urrego, Zoraida Aristiz\u00e1bal \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
01\/10\/2020<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Javier Vargas, Lina Marcela Arboleda Jaramillo, Cielo Quevedo, Leidy Arenas, Mariana G\u00f3mez Mart\u00ednez, Claudia Luc\u2019a Cort\u017ds, Ana Francisca Garc\u00eda Loaiza, Patricia Espinosa Monta\u00f1a, Uriel Salazar, Martha Yanet Morato Ayala, Jorge Mogoll\u00f3n, N\u00e9stor Fabi\u00e1n Torres Mart\u00ednez, Sylvia Estrada, Andrea Castiblanco Ortiz, Santiago Rodr\u00edguez, Jenny Patricia Veloza Rodr\u00edguez, Magda Liliana Escalante, Mar\u00eda Rojas, Germ\u00e1n Salgar, Elvira Jim\u00e9nez de Cardozo, Claudia Carrillo, Marcela Zuluaga, Laura Salazar, Carmen Mej\u00eda, Sandra Patricia Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez, Jos\u00e9 Wilson C\u00f3rdoba Cuesta, Margarita Fuchs Garc\u00eda, Alexander Gallego, Patricia Pulido Barrera, Rosabel Zambrano, Elver Alonso Callejas Quintero, Diana Bejarano, Mar\u00eda Valentina Guzm\u00e1n Sarmiento, Jos\u00e9 Lizarazo, Camilo Forero, Aisned Hern\u00e1ndez Fl\u00f3rez, Luz Andrea Garc\u00eda Rueda, Mar\u00eda Ruiz, Elena Mart\u00ednez Pineda, Fernando Giraldo Su\u00e1rez, Jeniffer V\u00e9lez Bedoya, Juana Cortes, M\u00f3nica Su\u00e1rez Osorio, Martha Le\u00f3n, \u00c1ngela Monroy Andrade, Francelina Medina Hern\u00e1ndez, Viviana Rodr\u00edguez, Carlos Sarmiento, Jorge Zabala, Naomi Barquero, Elizabeth Luna, Karla Correa, Jos\u00e9 Guillermo Ar\u00e9valo Pelayo, Bernardo Durango Garro, Carinna Pati\u00f1o, Catalina de Santamar\u00eda, Luz Mar\u00eda Rocha Bello, Esperanza P\u00e9rez Hern\u00e1ndez, Mar\u00eda Garz\u00f3n, Cindy Johanna Vacca Salgado, Alexandra Garay Caro, Jes\u00fas Orlando Paredes Cabeza, Concepci\u00f3n Ardila, Gloria In\u00e9s Delgado Giraldo, Rosa Ardila S\u00e1nchez, Adriana Porras, Alejandra Aristiz\u00e1bal, Zoraida Ospina, Alexandra Viloria C\u00e1rdenas, Mar\u00eda Patricia Ar\u00e9valo, Andrea Montes, Angie Lorena Cabrera Osorio, Augusto Romero, Irene Gil Aponte, Olga Estefan, Mauricio Araque Gonz\u00e1lez, Camilo Monroy, Rolando Forero, Dar\u00edo Noguera, Carlos Poveda, Carlos Andr\u00e9s Ru\u00edz Fl\u00f3rez, Lourdes Zapata, Luz Elena Dur\u00e1n Tello, Lina Mar\u00eda Olmos, Roc\u00edo Bernal, Alma Patricia P\u00e9rez Ortega, Piedad D\u00edaz Granados Escobar, Daniel Antonio Vald\u00e9s, Edilia S\u00e1nchez Corredor, Gustavo Jim\u00e9nez, Edgar Mej\u00eda, Carlos Alberto Mej\u00eda Lalinde, Jaime Le\u00f3n Blanco Baldi\u00f3n, Ximena Lorena Arias, Helida Aleyda Guti\u00e9rrez Aguilar, Dainer \u00c1lvarez Castillo, Adriana S\u00e1nchez, Mar\u00eda Juliana Ram\u00edrez Parada, Victoria Eugenia G\u00f3mez Ram\u00edrez, Mauricio Morales, David Mar\u00edn, Yubely Valenzuela, Nancy Monta\u00f1ez, Mar\u00eda Natalia Pineda Ortiz, Mar\u00eda de los \u00c1ngeles Mora de Mej\u00eda, Luz Mar\u00eda Rocha Bello, Elizabeth Cudris Urueta, Jorge Armando Zuloaga Mart\u00ednez, Carlos Andr\u00e9s Monta\u00f1ez Zuluaga, Claudia G\u00f3mez G\u00f3mez, Mar\u00eda Sonia Ocampo L\u00f3pez, Carlos Andr\u00e9s Rueda Calle, Marlen Ibeth Rhenals de Andreis, Norman Polanco, Erika Mendoza, Mar\u00eda Cristina Boh\u00f3rquez, Vladimir Fernando Villamil Contreras, Mar\u00eda Ben\u00edtez, Daniella Marthe, Camilo Andr\u00e9s Fajardo Pedroza, Mart\u00edn Perea, Guillermo Alfonso Mora Carre\u00f1o, Rodrigo de Jes\u00fas Giraldo, Jorge Enrique Mu\u00f1oz Ayala, Karen Liliana Santamar\u00eda Castellanos, Luis Felipe Mendez Dur\u00e1n, Nelsy Belisa Apraez Legarda, Alexandra Milena Guti\u00e9rrez Arrubla, Salma Gabriela Calder\u00f3n Tamayo, Robinson Caraballo, Einer Teresa Becerra, \u00c1lvaro Viloria Romero, Gladys Elena Mart\u00ednez Agudelo, Adelaida Henao, Eliana Carolina Mendoza, Yolima L\u00f3pez, Martha Elizabeth del Socorro Le\u00f3n Vieda, Ana Mar\u00eda Cabanzo Huertas, Jineth Acevedo, Gloria Fuentes Castellar, Alba Nora Giraldo Giraldo, Luz Edith Monta\u00f1a Moreno, Claudia Pi\u00f1eros, Martha Eugenia Ram\u00edrez Cardona, Vivian Andrea Laverde Pulido, Leonardo Rinc\u00f3n, Liana Naranjo, Andr\u00e9s David Chaparro Guaitero, Luz Mery Posada Rodr\u00edguez, Nancy Roc\u00edo Espinosa Mendoza, Brithney Daniela Silva Pe\u00f1uela, Alejandra G\u00f3mez, Heliana Quijano, Ana Ang\u00e9lica Montoya Quiroz, Paola Giraldo, Mar\u00eda Mercedes Soto Jim\u00e9nez, Marta Cecilia Heredia Soto, Martha Suarez Mojica, Jenny Malag\u00f3n, Daniela Ram\u00edrez P\u00e9rez, Alberto Restrepo, Luz Guti\u00e9rrez, Hugo Vera, William Donado Garc\u00eda, Katerine Bermudez, Jos\u00e9 Fernando Garc\u00eda G\u00f3mez, Laura Garc\u00eda Bonilla Ram\u00edrez, Lida Helda Jim\u00e9nez Jim\u00e9nez, Betty S\u00e1nchez Londo\u00f1o, Alejandro Roma\u00f1a, Martha Isabel Garc\u00eda, Javier Porras, Sandra Susana Ru\u00edz P\u00e9rez, Galaxiux Casta\u00f1eda, Margarita Ord\u00faz, William Eduardo Delgadillo Parra, Sandra Lugo Ot\u00e1lora, Beatriz Helena Villegas de Brigard, Martha Rojas, Mar\u00eda Yolanda Becerra Restrepo, Alicia Henao Uribe, Elizabeth Mej\u00eda, Ingrid Carolina Roa Devia, Laura Valentina G\u00f3mez Cely, Jorge Forero Rinc\u00f3n, Gloria Fabiola Navarrete Rodr\u00edguez, Leider Alberto Mart\u00ednez Mart\u00ednez, Javier Vargas, Evelyn Barrera Garc\u00eda, Tulio Enrique S\u00e1nchez Garc\u00eda, Jes\u00fas Urrea Giraldo, M\u00f3nica Su\u00e1rez, Mar\u00eda Mercedes Toledo Arenas, Angelina Rosito, Dar\u00edo Agudelo, Fanny Trejos, Viviana Rodr\u00edguez, Alejandra Jaramillo, Emmanuel Baena Vanegas, Carolina Berm\u00fadez Figueroa, Miguel \u00c1ngel Pira Vargas, Gina Casta\u00f1eda, Manuel Osuna Zuluaga, Mar\u00eda Marroqu\u00edn, \u00c1ngela Aguirre, Dar\u00edo Carrasco, Mar\u00eda del Carmen Rico Mart\u00ednez, Edgar Alfredo Garz\u00f3n Garc\u00eda, Guillermo Mari\u00f1o Forero, Jairo Castro, Claudia Cifuentes, Nubia Morales de Gonz\u00e1lez, Pablo Mazabuel, Mar\u00eda Rufina C\u00e1rdenas de Gonz\u00e1lez, Ligia Valderrama Durango, Mirian Almonacid, Luis Enrique Mu\u00f1oz P\u00e9rez, Ernesto Armando Zuloaga Ni\u00f1o, Andr\u00e9s Herrera Gonz\u00e1lez, Miguel Melgarejo, Jos\u00e9 Luis Fl\u00f3rez Murcia, Freddy Vera, Luz Dary P\u00e9rez, Martha Isabel Medina Castillo, Norberto Alcib\u00edades Brea, Michel S\u00e1nchez, Julio Gregorio Blanco Beltr\u00e1n, Ang\u00e9lica Mar\u00eda Cobos Hern\u00e1ndez, Junelys Mart\u00ednez, Mauricio Becerra, Nelci Silva, Ana Luc\u00eda Jaramillo, Ana Milena Bedoya Carvajal, Yomaira Monsalvo, Marcela Londo\u00f1o Tob\u00f3n, Nubia Mej\u00eda Echeverry, Gloria Salamanca, Gonzalo Gerardo D\u00edaz Campa\u00f1a, Hern\u00e1n Gonz\u00e1lez S\u00e1nchez, Roberto Castro Rodr\u00edguez, Margarita Mar\u00eda Mu\u00f1oz Hincapi\u00e9, Isabel Rodr\u00edguez, Sigifredo Serrate Rivera, Juan Guillermo Gallego Giraldo, Beatriz Riascos, Mar\u00eda Elena Garc\u00e9s Vieira, Leonardo Antonio Bastidas Mahecha, Alba Luz Motato Mart\u00ednez, Paola Vanegas Ortiz, Francisco Calvo, Genith Rosero, C\u00e9sar Chaves, Lorena Gonz\u00e1lez, Manuel Ortega Rosillo, Diana Patricia Arango Cardona, Ferm\u00edn Ram\u00edrez, Beatriz Londo\u00f1o de Posada, Jennifer Ca\u00f1\u00f3n, Abraham Aparicio, Mabel del Carmen P\u00e9rez Villa, Claudia Herre\u00f1o, Zamira Ram\u00edrez G\u00f3mez, Gherson Grajales, Gilberto El\u00edas Becerra Reyea, Victoria Pareja, Claudia Mar\u00eda \u00c1lvarez Vargas, Nora Luz S\u00e1nchez Mar\u00edn, Yolanda Pineda, Paola Pumarejo, Lilia Rojas Mart\u00ednez, Nubia Rodr\u00edguez Yanquen, Nubia L\u00f3pez, Patricia Angulo, Jos\u00e9 Vicente Franco, Elvira del Portillo, Mar\u00eda del Carmen Romero, Pilar Casallas, Lina Rinc\u00f3n, Dilia Stella Salazar Fuentes, Irma Su\u00e1rez, Adriana Carolina Henao Rangel, Efra\u00edn Enrique Otero Arciniegas, Johnny Guerra, Jes\u00fas Germ\u00e1n Olivares Marcelino, Carlos Rodr\u00edguez Ram\u00edrez, Milena Patricia Moreno Parejo, Jackeline Salazar, H\u00e9ctor Mantilla, Carmen Offir P\u00e9rez Palacio, Mar\u00eda Antonia Guerrero Beltr\u00e1n, Alberto G\u00f3mez Medina, Esperanza Vargas, Fredy Vasco, Fabiola Diaz, M\u00f3nica Orrego Ceballos, Luz Stella Mar\u00edn L\u00f3pez, Oscar Ria\u00f1o, Miriam Carvajal Parra, Patricia Moreno Bautista, Nelson Horacio Correa G\u00f3mez, Adiela Vargas, Victoria Mej\u00eda Gil, Martha In\u00e9s Garc\u00eda San\u00edn, Jorge Gonz\u00e1lez P\u00e9rez, Adriana Morales, Olga Molina, Anderson Pe\u00f1a, Juan Hern\u00e1ndez, Jahuyer Jaramillo, Diana Vargas, Santiago Acebedo, Juan Henao, Luz Dari Sierra, Alexandra Melo, Armando Iregui, Mar\u00eda Gonz\u00e1lez Rodr\u00edguez, Sonia Mar\u00eda Jurado, Lidia G\u00f3mez, Luis Fernando Escobar Quijano, Ana Mar\u00eda Araujo, Jos\u00e9 Gabriel Erazo, Clara Patricia Espinal Gil, Isaac Betancourt, Le\u00f3n Saldarriaga, Henry Plutarco Aba\u00fanza Galvis, Mirian Sua Dur\u00e1n, Nelson Humberto Ramos Bravo, Gabirle Zulbaran Bossio, Le\u00f3n Vel\u00e1squez, Giselle Pe\u00f1a, Beatriz Betancur, Alfredy Pimiento Ru\u00edz, Catalina Ossa, Mar\u00eda Elvira Matheus Samper, Maribel Betancur, Jair Alexander Anaya Alsina, Juan Mart\u00ednez, Mar\u00eda Stella Rodr\u00edguez, Clara Yadira Su\u00e1rez Hern\u00e1ndez, Mar\u00eda Victoria Palacio Urrea, Mar\u00eda Victoria Castillo, Jonathan Garc\u00eda, Diana Mar\u00eda, Claudia Chaves, Nora Dilia Zuluaga P\u00e9rez, Heidy Porras, Carlos Holgu\u00edn, Diana Lorena G\u00f3mez Hincapi\u00e9, Mirian Jaramillo Cardona, Luz Marina Arcilla Tamayo, Susana del Carmen Medina G\u00f3mez, Olga Onoria Burbano Montero, Tatiana Villamizar Cabeza, Marta Luc\u00eda Calder\u00f3n, Mar\u00eda L\u00f3pez, Marco Camargo, Jovanny Trujillo, Lupita Serrano, Nury Patricia Enciso, Chantal Reinoso, Mariela Castiblanco, Patricia Mart\u00ednez, Carmen Cecilia Andrade Mantilla, Camila L\u00f3pez, Martha Rodr\u00edguez, Horacio Hoyos Zapata, Mar\u00eda Liliana Reina Olaya, Juan Cardona, Magola Pe\u00f1aranda, Rosa Duarte, Leonor \u00c1vila, Hugo Jaramillo Isaza, Sandra Huertas, Fabio Perea, \u00c1ngela Mej\u00eda, Ivonne Ram\u00edrez, Mar\u00eda Franco Chuaire, Jimmy Quiroga, Eduardo C\u00e1rdenas Guaracao, Ana Bertha Forero Vargas, Carlos Mauricio Mantilla, Carolina Benavides Guzm\u00e1n, Alexandra Fonseca C\u00e1rdenas, Alfonso Chaves, Hercilia C\u00e1rdenas Le\u00f3n, Melissa Montes, Gloria Plata, Jos\u00e9 Aguilera, Mar\u00eda Cristina Berm\u00faez Fern\u00e1ndez, Susan Camargo, Diana Ximena Garc\u00eda Castro, Gloria Delgado, Carlos Castillo, Liliana Ot\u00e1lora Silva, Jos\u00e9 Ivorra Valero, Mar\u00eda Leonor Vel\u00e1squez Arango, Edgardo Granados, Doris Pino Fl\u00f3rez, Patricia Restrepo Herrera, Luz Mery Molano Guzm\u00e1n, Omar Guar\u00edn, Mauricio Loaiza Araque, Gelam Catalina Gonz\u00e1lez Morales, Mary Zuluaga, Isabella Ben\u00edtez Cerpa, Gonzalo Alberto Rodr\u00edguez Hern\u00e1ndez, Diana Milena D\u00edaz Cardona, Ubiely de Jes\u00fas Ram\u00edrez Ram\u00edrez, Bibiana S\u00e1nchez, Claudia Ni\u00f1o, Rodrigo Bernal Reina Dolly Lora, Laura Malaver, Nury Rojas, Luz \u00c1ngela Urrego L\u00f3pez, Diana Arias, Astrid Yesenia Granados Zorro, Luis Avella, Aura Luisa Camargo, Abd\u00f3n Giovanny L\u00f3pez Hern\u00e1ndez, Olga Ante de Talero, Nathaly P\u00e9rez, Luis Miguel Cardona G\u00f3mez, Juan Gabriel Pedroza Bustos, Luc\u00eda V\u00e9lez, Karla Villegas, Haroldo Antonio Linero P\u00e9rez, Beatr\u00edz Estrada, Alfredo Derviso, rosalbasantas@gmail, Isabel Cristina Garcia de D, Nohelia \u00c1lvarez, Berenisze Moreno Delgado, Adriana Yarce, Leidy Lozano, Ximena Ninahualpa, Angie D\u00edaz, Juan Esteban Gaviria Mu\u00f1oz, Jessica Luc\u00eda de la Hoz Dur\u00e1n, Aminta C\u00e1rdenas, Adriana Jim\u00e9nez, Wilson Herrera, William Mauricio Quintero Perdomo, Claudia Marcela N\u00fa\u00f1ez Mosos, Anderson Ocampo, Sandra Milena Bastos Molina, Sof\u00eda Valencia Ram\u00edrez, Gilberto Hoyos, Gloria Patricia Ospina Escobar, Diana Mej\u00eda, Elizabeth Monta\u00f1ez, Carolina Garz\u00f3n, Myriam Gladys L\u00f3pez Torres, Martha Luc\u00eda de San\u00edn, Temilda Gonz\u00e1lez D\u00edaz, \u00c1lvaro Gonz\u00e1lez Mart\u00ednez, Carmenza Reina Ch\u00e1varro, Pilar Delgado Moreno, Alba Viviescas, Aida Amaya Miranda, Sandra Aguiar, Laura Ossa S\u00e1nchez, Luz Elena Fl\u00f3rez Cortes, Marlen C\u00e1ceres, Laura Ram\u00edrez, Maygrett Caicedo, M\u00f3nica Paredes, Zamir Garc\u00eda Rodr\u00edguez, Nuno Aguiar, Emili Tovar, Yeniser Castro, Liliana Castro Aya, Mauricio Herr\u00e1n, Erika Arias Gonz\u00e1lez, Patricia Rico, Liliana Gallego, Sonia Cala, Olga Carrero, Germ\u00e1n Osorio Zuluaga, Marco P\u00e1ez, Dora Elena Torres, Yolanda Acosta, Vanessa Almonacid Guzm\u00e1n, Gloria In\u00e9s Ochoa Arango, Imelda Alfonso Fuentes, Nancy Uribe Estrada, Mar\u00eda Yenny Y\u00e1\u00f1ez Yosa, Adriana Reina Ch\u00e1varro, Juan Jos\u00e9 Cortes \u00c1lvarez, Luzmila Hern\u00e1ndez Mu\u00f1oz, Claudia Garc\u00eda, Cristian Camilo Ben\u00edtez Restrepo, Franklin Yesid Mar\u00edn Gonz\u00e1lez, Guar\u00edn Zapata \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
02\/10\/2020<\/p>\n
5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Edith Rivas, Sandra Barrero Rey, Dalila Mendoza Neira, Barbarita Del Carmen G\u00f3mez Gonz\u00e1lez, Fanny Luc\u00eda Hern\u00e1ndez Quiroga, Olga Luc\u00eda Mu\u00f1oz Rengifo, Ana R, Jorge Laverde S, Carlos Cardona Restrepo, Regina Giraldo, Edwin Iv\u00e1n Berrio Jim\u00e9nez, Rodrigo Vela Cerquera, Mar\u00eda Mercedes Ot\u00e1lora, Rosa Hern\u00e1ndez, Alberto Villa, Mar\u00eda Eugenia Agudelo Duque, Aura L\u00f3pez, Ana Mar\u00eda G\u00edmez, Nubia Esther Royero N\u00fa\u00f1ez, Clara In\u00e9s Franco Jaramillo, Eliana \u00c1ngela Velandia Valderrama, Jasm\u00edn Astrid Agudelo Arboleda, Martha Ibarra, Concepci\u00f3n Gonz\u00e1lez, Mar\u00eda Teresa Castro, Hernando Var\u00f3n Cuartas, Milena Mora Herrera, Laura Hern\u00e1ndez Gil, Pili Emilce Pinz\u00f3n Caicedo, Neliana Medina Castro, Laura Le\u00f3n Villalobos, Clara In\u00e9s Rey Rivera, Mart\u00edn Alonso Blanco Sanabria, Carmen Jeanet Acevedo Parada, Luz Hoyos, Olga Lucia Ot\u00e1lvaro De Arboleds, Camilo Garnica Gonz\u00e1lez, Martha Galindo Hoyos, Luz Mary Valderrama Pereira, Mar\u00eda Victoria Hincapi\u00e9 Ochoa, Catalina Camelo, Mar\u00eda Carolina Ochoa Reales, Ana Cecilia Quintero Silva, Mar\u00eda Barba, Olga Lucia Hernandez Cardenas, Julia Lucia Garcia Quintero, Carmen Sanchez, Manuel Mojica G\u00f3mez, Sonia Hern\u00e1ndez, Paola Gonz\u00e1lez Garc\u00eda, Yudy Giraldo, Mar\u00eda Jos\u00e9 Rodr\u00edguez Moreno, Rosal\u00eda Aristizabal Serna, Stella Mar\u00edn, Jorge Lozano, Gladys Elena V\u00e9lez De Baena, Fernando Franco Rueda, Esmeralda Calvo, Alexandra Juan Guardela, Jaquelin Vargas, Ignacio Turbay, Jessica Museux, Andres Forero Medina, Leticia Castillo Luque, Bertha Amelia Aristizabal Serna, Edgar Alberto Franco Santos, Miguel \u00c1ngel Amaya Cruz, Rosalba Su\u00e1rez De Caso, M\u00f3nica Bernal, Andrea Martinez, Juli\u00e1n Esteban Alvarado Losada, Andrea Urrea Jim\u00e9nez, Ana Devis, Marcela Ricaurte, Aida Vergara, Gina Milena Guerrero Basabe, Alicia Posada, Amparo Buitrago, Loida Gricelia Chac\u00f3n Anaya, Jonatan Ayala, Fernando Santos Morales, Magdinayibe Santofimio, \u00c1ngela Beltr\u00e1n, Carlos David Bola\u00f1os Escobar, Gloria Amparo Aristizabal Salazar, Gina Patricia Osman Olaya, Gerardo D\u00edaz Ni\u00f1o, Helga Jim\u00e9nez Jerez, Diana Patricia Hincapi\u00e9 Quintero, Leonor Arias Ortiz, Carlos Wilches, Hilda Mar\u00eda Hern\u00e1ndez De Lopez, Laura Ordo\u00f1ez, Myriam Oliver, Martha E Naivia Navia Perdomo, Carolina Cuervo Leal, Sylvia Carrizosa, Jane Echenique, Juan Ricardo Yangua Lapouble, Kimberly Yesenia Lara Camargo, Mar\u00eda Edy Ocampo Quintero, Claribel Restrepo Su\u00e1rez, Marcela Zubieta, Osvaldo Guerra, Patricia Pantano Poloche, Oscar Alba Cruz, Adriana Rivas Cede\u00f1o, Diana Eugenia Navarro Baena, Jacob Mendoza Reyes, Eduardo Restrepo Grajales, Imelda Garc\u00eda Su\u00e1rez, Vidal Maldonado Granados, Luz Amparo Henao Jaramillo, Lina Gonzalez, David Vel\u00e1squez, Esteban Cardona Londo\u00f1o, Beatriz Elena Arrieta Wiedman, Nubia Hanson, Monica Sequera, Claudia Janneth Arenas Montoya, Dora Vega Valencia, Margarita Am\u00edn, Emilia Garc\u00eda Rocha, Monica Mu\u00f1oz Zea, Vanessa Herrera, Blamir Arboleda, Jenny Luque, Bibiana Conde, Ingrid Santacruz, Fanny Patricia Gomez Jurado, Alexandra Castelblanco, Astrid Guti\u00e9rrez, Maria Eugenia Fern\u00e1ndez Mejia, Gloria Suaza Cuartas, Ingrid Constanza Erazo Torres, Carlos Andres Giraldo Molina, Mayra Monta\u00f1a, Julio Andres Garcia, Deisy Serna Giraldo, Jos\u00e9 Darley Castrill\u00f3n Casta\u00f1o, Camilo Bastidas Bernal, Roc\u00edo Ni\u00f1o, Julyeth Yamile Cuervo Yanquen, Gloria Ariza, Iv\u00f3n Reyes, Rodrigo Bernal, Catalina Roncancio, Mireya Obando Pineda, Gloria Pinzon Gutierrez, Eleonora Ana Milena Cer\u00f3n de Valencia, Gabriel Barrera, Over Hern\u00e1n Garz\u00f3n Garz\u00f3n, Gloria Guerrero, Nancy V Salazar, Diego Rojas Pareja, Luz Rozo, Jorge Luis Walteros Soto, Pilar Sarmiento, Viviana Lizeth Mack-Wen G\u00f3mez, Le\u00f3n Alberto Chavarria, Mar\u00eda Irma Cancino Galvis, Enrique De Moya, Oswaldo Ospino Pacheco, Frael Pe\u00f1a Granada, Nancy Rueda, Adela Vidal, Luzdari Guerrero Gustin, Clara Castillo, Elba Gonzalez, Carol Parra, Alba Sep\u00falveda, Alexandra Franco, Reinaldo Polanco, Mercedes Lopez Sanz, Aura Vanesa Lopez Bar\u00f3n, Myriam Bar\u00f3n, Ramiro Quintero, Myriam Rond\u00f3n, Gloria In\u00e9s Su\u00e1rez Loaiza, Nancy Su\u00e1rez, Diana Maria Arbel\u00e1ez Ram\u00edrez, Augusta Duran, Adriana Duque, Luis Norberto Hernandez Mar\u00edn, H\u00e9ctor Ram\u00edrez, Mar\u00eda Elena Arcila Acosta, Leidy Johanna Ch\u00e1varro Vergara, Ram\u00f3n De Jes\u00fas Mesa Cardona, Sandra Patricia De La Concepci\u00f3n Fl\u00f3rez, Freddy Navarrete, Marco Francisco Gaviria Rueda, Gilma Zambrano, Betty Largo, Elizabeth Sandoval Pinz\u00f3n, Patricia Ortiz Cort\u00e9s, Carolina D\u00edaz Calder\u00f3n, Valentina P\u00e9rez, Mar\u00eda Dulfary Casta\u00f1o, Gloria Maria Cardozo Sanchez, Manuel Am\u00f3rtegui Am\u00f3rtegui, Luz Marina Robledo Botero, Patricia Garcia, John Mario Hurtado Botero, Anny Castillo, Merly Roa, Maria Fernanda Lagos Salazar, Isabel Rozo, Leila Patricia Murillo Arag\u00f3n, Francisco Duran, Maritza Yamhure Kattah, Maria Amanda Osorio Sanchez, Erika Arias, Ana Milena Panesso, Alberto Del Ni\u00f1o Jes\u00fas Botero Y Mart\u00ednez De Sons\u00f3n, Bibiana Ariza, Enith Del Carmen Navas Verbel, Norena Bustos, Beatriz Parra, Luisa Mar\u00eda Rivera, Paula Carvajal Jim\u00e9nez, Carlos Qui\u00f1ones, Gustavo Lopez Bustamante, Aura Edilma Hern\u00e1ndez Echeverri, Mar\u00eda Cristina Reina Rond\u00f3n, Jenny Ang\u00e9lica Guerrero Rodr\u00edguez, \u00c1lvaro C\u00e9spedes Jaime, Gustavo Caceres Castellanos, Marcela Moreno, Martha Isabel Jim\u00e9nez De Parra, Gloria Eugenia Aristizabal Hoyos, Juan Vigoya, Olga Beatriz Quintero Almeida, Gregorio Osorio, Juan Ernesto Molina M, Melissa Morantes, Katherine Figueredo, Luz Mila Rodriguez Gil, Enrique Betances, Natalia Andrea Cardona Gaviria, A\u00edda Luz V\u00e1squez B, Fanny Gomez G\u00f3mez, Gladys Bastidas, Gloria Ortiz, Ren\u00e9 Roa, \u00c9rica \u00c1lvarez daza, Juli\u00e1n Vicente G\u00f3mez Arango, Aura Stella Murcia Cuesta, Gladys Ramos Carre\u00f1o, Julio Andr\u00e9s L\u00f3pez Buitrago, Juan Fernando Jim\u00e9nez Gomez, \u00c1ngela Trujillo Yara, Martha Rodriguez, Luz \u00c1ngela Gutierrez Rivera, Gabriel Torres Buitrago, Lucy Reyes Ortega, Guillermo Vacca, Nicol\u00e1s Fergunson, Martha aurora Lopez Hern\u00e1ndez, Hortensia Cruz Melo, Teresita Montoya, Cecilia Torres Vargas, Karin Silva Ria\u00f1o, Alba M\u00e1smela, Claudia Villamil, Hugo Hurtado, Diana Gil, Nancy Galvis, Olga Milena Remolina, Juan Jerez, Cesar Marulanda, Fernando Jaramillo, Lourdes L\u00f3pez, Sandra S\u00e1nchez Ruiz, Cindy Carolina Loaiza Moncada, Glt Panesso, Mar\u00eda Eugenia Tob\u00f3n Valderrama, Sandra Anduquia, Rosaura Villarreal, Erika Cano, Jose Joaqu\u00edn Landines Torres, Fabiola Sarmiento, Nancy Rodriguez, Pedro Rodr\u00edguez, Marina Gomez Gonzalez, Maribel Ospina Arias, Nancy Cardenas, Faber Armeyi Agudelo Ochoa, Carmelita Medina de Posada, Elpidio Pulido Cifuentes, Beatriz Am\u00edn, Bibiana Rend\u00f3n, Adriana Mar\u00eda D\u00edaz Mej\u00eda, Sara In\u00e9s Parra de Guar\u00edn, Alejandra Galvis, C\u00e9sar Andr\u00e9s Aranza Diaz, Francia Paredes, Diego Le\u00f3n, Nicol\u00e1s Giraldo, Luis Adri\u00e1n Bravo, Ingrid Celis Casta\u00f1eda, Manuel Vargas, Irma Rojas Buitrago, Jes\u00fas Ramirez Chamat, Karen Blesgraeft, Maria Helena Merch\u00e1n Basto, Nancy Mejia, Ruth Gamboa Dom\u00ednguez, Beatriz Elena Cardona de Vel\u00e1squez, Jorge Mauricio Lopez Camacho, Diana Marcela Ca\u00f1on Hernandez, Xiomara Querales, Camila Castillo, Rafael Gomez correa, Amparo Uribe Poveda, Ligia Ram\u00edrez, Lucrecia Victoria Gaviria Diez, Alba Guzm\u00e1n Quevedo, Josu\u00e9 Reyes Ram\u00edrez, Monica Ferro, Sonia Martinez, Juli\u00e1n Acosta, Cristian Romero Bautista, Adriana Castrill\u00f3n, Diana Cano Gil, Guillermina Sep\u00falveda, Adriana Merlano, Mar\u00eda Jos\u00e9 Jauregui Duarte, Alba Pe\u00f1a, Martha Aurora Cuervo Fonseca, Gloria Garcia de Ruiz, Juli\u00e1n Villamizar, Rodrigo Durango Escobar, Gloria Ord\u00faz, Luz Adriana Zuloaga Martinez, Mariela Eugenia Rodr\u00edguez Jaramillo, Guillermo Antonio Pi\u00f1eros, Sindy Paola Corredor Ar\u00e9valo, Mar\u00eda Irene Figueroa Vargas, Luz Helena Montes, Mar\u00eda Teresa Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez, \u00d3scar Mauricio Lavao Ortiz, Cecilia Leiva, Juan Gil \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
03\/10\/2020<\/p>\n
6 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Deysa Vargas Vivas. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
05\/10\/2020<\/p>\n
7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Gladys Buitrago B. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
05\/10\/2020<\/p>\n
Alejandro Llanos Gonz\u00e1lez, Mar\u00eda Ibeth Orozco Duque, Esperanza Zamora Gonz\u00e1lez, Mar\u00eda Camacho, Sergio Arturo Mej\u00eda V\u00e9lez, Francisco Jos\u00e9 Cort\u00e9s Mateus, Juan Carlos Ochoa Rueda, Beatriz Elena Arango Cadavid, Gloria Veloza, Martha Beatriz Barandica, Susana D\u00edaz Mercado, Mar\u00eda Smith Su\u00e1rez Sandoval, Magda Patricia Reyes Parada, Aneira Estupi\u00f1\u00e1n, Marcia Gonz\u00e1lez, Mar\u00eda Elena Giraldo Gonz\u00e1lez, Omaira Garc\u00e9s Garc\u00e9s, Iv\u00e1n Ramiro Ibarra Imbachi, Diana Carolina Guerra Plazas, Catalina Orozco, Paula Andrea Vergara Cuervo, Olga Rosa Fl\u00f3rez Benavides, Ana Carolina Rojas Figueroa, Juli\u00e1n Gavil\u00e1n, Sugey Mar\u00eda L\u00f3pez Hurtado, Cecilia Pulido, Roc\u00edo Lacera, Ingrid Liliana Palacios Correa, Nancy Parra, Roc\u00edo P\u00e9rez, Hilda Marlen D\u00edaz Rojas, Juan Pablo Linares, Ximena Garc\u00eda, Jenny Belilla, Juan Camilo Gallego Cano, Rafael Rodr\u00edguez De Le\u00f3n, Daniel Ibarra, Ligia Hern\u00e1ndez, Rosa Mar\u00eda Gallego Lozano, Marta Irene Pinz\u00f3n Caicedo, Martha Cuevas, Adriana Calder\u00f3n, \u00c1ngela Gonz\u00e1lez, Hugo Ram\u00edrez Isaza, Mar\u00eda Cristina Mart\u00ednez Ru\u00edz. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
07\/10\/2020<\/p>\n
9 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Cecilia Barliza Mac\u00edas, Mac Eliuth \u00c1lvarez Boh\u00f3rquez, Mar\u00eda Escobar, Avelina Luque Luque, Jorge Pineda, Diana Barato, Danny Castillo, Miguel Andr\u00e9s Casta\u00f1eda Nieto, Maritza Jasb\u00f3n, Pedro Castellanos, Luz Mery Mart\u00ednez, Magdalena Santamar\u00eda, Rogelio Bedoya, Silvia Juliana Calvete, Juli\u00e1n Esteban Alvarado Losada, Luz Adriana Tovar L\u00f3pez, Sandra Lozano, Lida Castro, Rosa Guerrero, Maria Botero Ospina, Jorge Castro, Karen Julieth Valero Quintero, Linda Rosas, Yubiseth Valencia, Nicol\u00e1s Velasquez Mesa, Paola Vanegas, Patricia Calvache Villota, Cecilia Chac\u00f3n, N\u00e9stor Hernando S\u00e1nchez Ordo\u00f1ez, Alicia Posada, Roberto Palavecino, Mar\u00eda Teresa Tello, Jose Blanco, Luis Torres, Sol Cuello, Pilar Garz\u00f3n, Martha Teresa Pirazan Bonilla, Sandra Marciales, Blanca In\u00e9s Aristiz\u00e1bal G\u00f3mez., Luis Morales, Jennifer Castrill\u00f3n, Carmen Helena Hern\u00e1ndez Silva, Magda Pinilla, Ana Porras, Maritza Guzm\u00e1n Velasco, Gilberto Rodr\u00edguez Ovalle, Leidy Giraldo, Gelber Stiven Rengifo, Juan Antonio Arbel\u00e1ez Buraglia, Maria Valero, Etel Cruz, Alessandro Bianchi, Jireth Ang\u00e9lica Segura Vargas, Yeiny Yuliett Hernandez Pardo, Elizabeth Rojas Ortiz, Maricela Gonzalez Mu\u00f1oz, Natalia Zambrano Barnes, Olga Silva, Claudia Hurtado, Alejandro Correa, Beatriz Mejia, Mar\u00eda Helena Orozco, Sonia Morales, Jorge Jaime V\u00e1squez Guti\u00e9rrez, \u00c1lvaro Antonio Tamara Angarita, Sonia Del Carmen Mosquera Caicedo, \u00c1ngela Victoria Jim\u00e9nez Leal, Jos\u00e9 Garc\u00eda-Mu\u00f1oz, Lucia Mart\u00ednez, Leonidas Zambrano Sep\u00falveda, Mafe Valencia Franco, Giovanni Rosania, Lucia Adela Carracedo Casta\u00f1o, Numa Vargas Vargas, Luz Fabiola Restrepo Arboleda, Noreli Acevedo Serna, Ademir Guzm\u00e1n, Blanca Yaneth Fandi\u00f1o S\u00e1nchez, Juanita Gaviria Bazzani, Alfonso Rene Caicedo, Alonso Saldarriaga, Amparo Corrales, Karen R\u00edos, Hugo Fernando Londo\u00f1o Cardona, Cristina L\u00f3pez Hoyos, Nubia Arroyave, Gregorio De Las L\u00f3pez, Mary Alba, Rolando C\u00f3rdoba, Mar\u00eda De Jes\u00fas Maytorena Gast\u00e9lum, Karla Sandoval, Juan Villatoro, Rosa Mar\u00eda Bueno \u00c1valos, Laura Gallego Londo\u00f1o, In\u00e9s Madrazo, Olga Escaff, Maria Venegas, Mar\u00eda Crotto, Faby Castillo, Silvia Pamela Pati\u00f1o V\u00e1squez, Isabel Saltaren, Nubia Doris S\u00e1nchez Rodriguez, Jos\u00e9 Danilo Bueno Bueno, Maria Elena Roldan Hoyos, Gustavo Adolfo Duque Ocampo, Luis Fernando Torres, Nora Jaramillo, Jenifer Reyes, Ver\u00f3nica Camacho, Scobar Heans, Ismaelina Moreno Baracaldo, Beatriz Angelica Martinez, \u00c1lvaro Antonio Hern\u00e1ndez Soto, Mar\u00eda Luc\u00eda Mart\u00ednez Sierra, Laura Salazar Garc\u00eda, Myriam Ramirez, Maria Lla\u00f1a, Pilar Ospina, Fanely Del Carmen Giraldo Gonzalez, Luis Alberto Gil Saballeth, Ligia Cuervo, Claudia Vallejo, Fran Foronda, Fernando Isaacs, Laura Mar\u00eda Vel\u00e1squez Ca\u00f1as, Julio Mart\u00ednez S\u00e1nchez, Adriana Marcela Su\u00e1rez Parra, Richard Prieto, Giovanny Andres Astros Guerrero, Caren Mill\u00e1n, Claudia Patricia Galindo Rodriguez, Juan David Jim\u00e9nez Henao, Tatiana Garc\u00eda, Marco Antonio Cupa Arcos, Rodolfo Londo\u00f1o, Lina Mar\u00eda Gil, Alejandra Charry Torres, Martha P\u00e9rez, \u00c1ngela Mar\u00eda Correa, Claudia Mercedes Calvache Villota, Lucia Castellanos, Mar\u00eda Victoria Saldarriaga de Fern\u00e1ndez, Stella Barrera, M\u00f3nica Echavarr\u00eda, Monica Am, Ra\u00fal Gertel Moreno, Mar\u00eda Esther De La Torre Sanchez, Jimena Sierra, \u00c1ngela Mar\u00eda De Rueda, Jaime Hern\u00e1n Ospina S\u00e1nchez, Deyssi Ram\u00edrez, Laura Natalia Cifuentes Sierra, Maria Etelvina Prieto Rinc\u00f3n, Rosario Pretelt, Franky Jair Granados Naranjo, Martha Aguilar Piedrahita, Martha Aguilar Piedrahita, Mar\u00eda Del Carmen N\u00fa\u00f1ez, Ana Mabel Pizarro Morales, Ruby Fabiola Restrepo Lopez, Maria Ligia Zuluaga L\u00f3pez, Claudia Alexandra Rojas Buitrago, Paula Zuluaga, Jaime Humberto Acosta Garz\u00f3n, Lauritza Beatriz Gonzalez Rodriguez, Marta Ligia Ceballos Maya, Mar\u00eda Paula Vargas, Giovanni Ariza, Horacio Gallego, Eduin G\u00f3mez, Sabine Viertel, Be Ruiz, Carmenza Reina, Maria Del Carmen Caicedo Acosta, Susana Rueda, \u00c1lvaro Jim\u00e9nez, Marina Del Carmen Fern\u00e1ndez Guzm\u00e1n, Domingo Eduardo Orteg\u00f3n Orteg\u00f3n, Martha Elena Guerrero Ram\u00edrez, Carmen Lucia Roldan Hoyos, Jorge Enrique Valencia Rodr\u00edguez, Martha Mayuly Ar\u00e9valo Rodr\u00edguez, H\u00e9ctor Erold\u00e1n H, Olga Nancy Fuertes Delgado, Andrea Morales, M Zarate, \u00c1ngela Mar\u00eda Londo\u00f1o Jaramillo, Luz Helena Mart\u00ednez P\u00e9rez, Marilyn Naranjo Rinc\u00f3n, Martha Teresa L\u00f3pez Silva, Ana Milena Lopera Sep\u00falveda, Viv\u00edana Vargas Cardona. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
07\/10\/2020<\/p>\n
10 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Alcides de Los \u00c1ngeles, Adalberto Franco Torres, Adriana Mart\u00ednez, Alina Mart\u00ednez Garc\u00eda, Amelia Sof\u00eda Mart\u00ednez Zambrano, Ana Correa Nieto, Ana Esther Cordero Vargas, Andr\u00e9 Mauricio, Andr\u00e9s Alvarado Losada, \u00c1ngela D\u00edaz, Arm\u00edn Rodr\u00edguez Mart\u00ednez, Bibiana Gonz\u00e1lez, Bryan Baldion, Carlos \u00c1lzate, Carlos Berr\u00edo, Carlos Enrique Perez, Carolina Garaviz, Cecilia, Cecilia Quiroga Cabrera, C\u00e9sar Augusto Valencia, Claudia Leal, Claudia Liliana Hoyos Londo\u00f1o, Claudia Magali Correa Delgado, Claudia Urbano, Dar\u00edo Garc\u00eda Botero, Dgarcia@Citizengo, Dora Beatriz Roa Vargas, Esperanza Aguirre Valderrama, Eugenia Ram\u00edrez, Fanny Vargas De Ar\u00e9valo, Fernando Corredor Gomez, German Murcia, Gladys Castro, Gladys Helena Aristiz\u00e1bal Zuluaga, Gloria Ilse Moncaleano Rodr\u00edguez, Harold Polania G\u00f3mez, Irene Migranas Ortiz, Isabel Maria Buend\u00eda Hernandez, Jaime Alcides Zuluaga Quintero, Javier Offnung, Javier Su\u00e1rez, Jessica Mart\u00ednez, Jes\u00fas Manuel Medina, Jos\u00e9 Antonio Claros Labrador, Jos\u00e9 Jairo Vergara Rivera, Jos\u00e9 Juli\u00e1n Fl\u00f3rez Sol\u00eds, Jos\u00e9 Ricardo Monta\u00f1ez Prieto, Juan Carlos Anguiano, Juan Carlos Gallego Lozano, Juan De Jes\u00fas Quintero Trujillo, Juan Ochoa, Juanita Rivas Vega, Katerine Rodr\u00edguez, Laura Caicedo, Laura Isabel Tob\u00f3n Gallego, Leonor Tamayo Medina, Libia Lopez, Livia Marino, Lucy Esperanza Ni\u00f1o Blanco, Luis Felipe Pati\u00f1o Serrano, Luz Stella Zuluaga Zuluaga, Luz Virginia Alfonso Coy, Mar\u00eda Buend\u00eda, Mar\u00eda Teresa Guerrero Ram\u00edrez, Mar\u00eda Teresa Rozo De Mendoza, Mariela Mart\u00ednez Reyes, Marily Silgado Garc\u00eda, Martha Lucia L\u00f3pez M, Maryuri Mej\u00eda, Myriam P\u00e9rez, Natalia Henao, N\u00e9stor Ni\u00f1o, N\u00e9stor Ra\u00fal Bernal, Nora G\u00f3mez, Nubia S\u00e1nchez, Olga Lucia Franco Lizarazo, Oscar Orlando C\u00e9spedes Hern\u00e1ndez, Ovier Enrique Castro Higuita, Patricia Idrobo, Rafael Eduardo Santana Ramos, Ra\u00fal Canal C\u00e1rdenas, Robert Florez Casta\u00f1o, Rosa Mar\u00eda Herrera Cortes, Sandra Carrera, Sandra Milena Morales Dimarco, Sandra V\u00e1zquez, Sarah Bastidas, Silvia De La Rotta, Sonia Silva, Sor Mar\u00eda Espinosa Jaramillo, Tamara Saeteros, Teresita Hoyos Arango, Victoria Obando, Yamile Bustos Torres, Jasm\u00edn Padilla Rodr\u00edguez, Yeni G\u00f3mez \u00c1lvarez, Yuly Andrea Vargas Barrag\u00e1n. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
09\/10\/2020<\/p>\n
11 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Carmen Elena D\u00edaz Del Castillo, Elkin Montoya S, Alicia Lara, Mar\u00eda Consuelo Gomez, Javier G\u00f3mez Graterol, Elizabeth Rodriguez Monsalve, Doris Herrera, Haime Anaya, Carolina Cuenca, Mario Alejandro Lugo Amaya, Paola Moreno, Ricardo Casta\u00f1eda, Ang\u00e9lica Yulieth Rodr\u00edguez Rojas, Beatriz Cassan, Mar\u00eda Antonia G\u00f3mez, Lucia V. Conti, Hernando Roa Moya, Alba Nubia Cortes Ar\u00e9valo, Carlos Tasc\u00f3n, Jenny Garc\u00e9s Rojas, Karen V\u00e1squez Rogel, Jorge Pulido N., Kelly Arana, Francisco Puglisi, Sandra Carmenza Rojas Ospina, Gloria Ofelia Galvis Valencia, Sindy Miranda, \u00c1ngelo Cordero, Balmer Maestre Molina, Cecilia Capacho Vanegas, \u00c1ngela Escobar, Segundo Rinc\u00f3n Fern\u00e1ndez, M\u00f3nica Quiceno Boh\u00f3rquez, Yudy Giraldo, Orfa Restrepo, Luz Stella Lozano Gait\u00e1n, Alejandro Gonz\u00e1lez Pulido, Marco Nava Villarreal, Maria Eugenia Giraldo Suarez, Carlos Mateo Najera Romero, Juan Duque, Sandra Lucy Tobar Criollo, H\u00e9ctor Alonso Ortega Hernandez, Ninfa Acu\u00f1a Murillo, Jose Diego Roldan Hoyos, Andres Gomez, Gonzalo Mosquera, Beatriz Loaiza, Jaime Alberto Hern\u00e1ndez, Mercedes Rojas, Leydy Medina, Fallonbrigitte Bello Camargo, Ana Diaz, Marcela Serna, Iara Rodriguez, Pilar Chaparro, Norely R\u00edos, Marta Patricia Ram\u00edrez Mirque, Orlando Rodriguez, \u00c1ngela Mar\u00eda Rosillo Lascarro, Yesika Ruiz, C\u00e9sar Chavarriaga, Aura Silva, Erika Ducon Medrano, \u00c1ngela In\u00e9s Mar\u00edn Garc\u00e9s, Jose Mendivelso Cruz, Gloria Betancur, Andres Sagra, Gloria Lucia V\u00e9lez Montes, Julieth Raba, Blanca Idalia Gomez Villarreal, Amparo Orozco, Nury Guti\u00e9rrez Ricaurte, Ana Milena Ria\u00f1o Galvis, M\u00f3nica S\u00e1nchez Cer\u00f3n, Maria Isabel Lopez de Jes\u00fas, \u00c1ngela V\u00e9lez, Jazmin Quintero Duque, Soledad Pulido Barrera, Lauta Vanessa Celeita Pe\u00f1a, F\u00e9lix Eduardo Carrera Leal, Ileana Arturo Soto, Laura Turriago, Mary Carmen Lopez, Ana Isabel M\u00fanera M\u00fanera, Elsie Clavijo, Eugenia Orozco, Maribel Giraldo, Mario Guar\u00edn Ramos, Teresita Tabares Mart\u00ednez, Wilinton Rodolfo Espitia Alfonso. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
13\/10\/2020<\/p>\n
12 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Alberto Mogoll\u00f3n, Camila Izquierdo Villaveces, Colombia Fl\u00f3rez Quezada, Dary Isabel Alfonso Coy, Dora \u00c1lzate, Estela Ca\u00f1\u00f3n, Gloria In\u00e9s Mart\u00ednez P, Jonatan Coneo, Jorge Antonio, Katherine Von Arm\u00edn, Lizzeth Flori\u00e1n, Luis \u00c1ngel, Mar\u00eda Concepci\u00f3n De La Hoz Mart\u00ednez, Mar\u00eda Edilma Meneses Meneses, Mario Cardona, Maritza Roldan, Nelly Argenis Restrepo, Omar Velandia, Sebasti\u00e1n Bedoya Aldana, Sindy Aricapa, Victoria Mart\u00ednez Mojica, Vilma Castillo Tenjo, Yohan Romero. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14\/10\/2020<\/p>\n
13 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Adriana Alfaro, Alexis Lozano Gonzalez, Alison Nieto, Amelia Sep\u00falveda, Ana Mar\u00eda \u00c1lzate, Ana Maria Santiago, Andr\u00e9s Gaviria, \u00c1ngela Cantillo, \u00c1ngela Ram\u00edrez, Auda Barboza, Beatriz Helena Padilla Narv\u00e1ez, Benildo Amado Z\u00e1rate, Bol\u00edvar Hidalgo, Carolina Castillo Gait\u00e1n, Catalina Sosa, Cecilia Jim\u00e9nez, Clemencia Bautista M\u00e9ndez, Consuelo Ar\u00e9valo, Diana Marcela Quintero, Edgar V. Castillo P., Eduardo Zelaya, El\u00edas Manuel M\u00e1rquez Felia, Elizabeth Velasco, Emilio Batlles Campos, Eugenia Zuluaga, Fabio Molina, Felisa De Celis, Flor Alba Carre\u00f1o S\u00e1nchez, Francia Esmeralda \u00c1vila Mar\u00edn, Gonzalo Maximiliano Ferreiro, Gustavo Quiroga, H\u00e9ctor Dar\u00edo Garc\u00eda Trujillo, H\u00e9ctor Qui\u00f1ones Modesto, Henry Erazo Moreno, Humberto De Jes\u00fas Santa Valencia, Humberto Luna G\u00f3mez, Isabel Cristina Garavito Garc\u00eda, Isabel Cristina Salazar Cardona, Jaime Castro Arenas, Jairo Duarte, Javier Pascual Jim\u00e9nez, Jazm\u00edn Vanessa L\u00f3pez Rodr\u00edguez, Jes\u00fas Alberto Ni\u00f1o Yepes, John D\u00edaz, Jos\u00e9 Laurencio Narv\u00e1ez Ord\u00f3\u00f1ez, Laureano Restrepo Ruiz, Lady Mar\u00eda Vald\u00e9s Garc\u00eda, Laura Arandia, Laura Estefan\u00eda Moscoso Moreno, Ligia Moreno, Liliana Amado Z\u00e1rate, Lina Mar\u00eda Gil G\u00f3mez, Lucia Casta\u00f1o, Luz Amparo Contreras Jaimes, Margarita Carrasco, Mar\u00eda Alejandra Iregui Serna, Mar\u00eda De Las Nieves Cifuentes Riveros, Mar\u00eda Isabel Cabrera, Mar\u00eda Mercedes Guerrero Erazo, Mar\u00eda Mercedes Rozo, Mar\u00eda Oviedo, Mar\u00eda Paula Torres Salcedo, Mar\u00eda Torres, Mar\u00eda Victoria Ram\u00edrez Diaz, Mar\u00eda Virginia Becerra Castro, Maritza Almanza, Martha Cardona, Mary Santos, Mercy Gomez, Miguel Carrillo, Monica Pacheco Santana, M\u00f3nica Salcedo, Nelly Jazm\u00edn Tolosa Hern\u00e1ndez, Nubia Stella Echavarr\u00eda Gallego, Paola Andrea \u00c1lzate Castro, Paola Mar\u00eda Torres, Patricia Castillo Alfonso, Paulo Garc\u00eda, Pilar Vega Ord\u00f3\u00f1ez, Rosa Anaya, Rosa Ang\u00e9lica G\u00f3mez Neira, Rub\u00ed Salcedo Cruz Rub\u00ed, Ruth L\u00f3pez Puerta, Sandra Patricia Alarc\u00f3n Villar, Sebastiana Suau Salva, Silvia Mej\u00eda, William C\u00e9sar Morales Rinc\u00f3n, William Ren\u00e9 Amado Z\u00e1ra \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
16\/10\/2020<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
ANEXO 10.3<\/p>\n
ESCRITOS QUE SOLICITAN EL ARCHIVO DE LA DEMANDA, DESPU\u00c9S DE LA ADMISI\u00d3N Y ANTES DE LA FIJACI\u00d3N EN LISTA<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
N\u00daM. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
SOLICITANTE \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
FECHA REMISI\u00d3N ESCRITO<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Cecilia Janeth Preciado Negrete, Cecilia Palma Figueroa, Cristina Rodr\u00edguez, Dimaichael Rodr\u00edguez, Elvira Arango Garc\u00e9s, Gersson Bautista, Gloria Mari\u00f1o, Griselda Bonilla, H\u00e9ctor Rodr\u00edguez, Leonor Molina, Lupita Cevallos Pouseaudlup, Luz Danelly C\u00f3rdoba Laverde, Macarena Sotillo Carrasco, Mar\u00eda Victoria Rodr\u00edguez \u00c1ngel, Miguel Estrada Senceb\u00e9, Miriam Olaya, Nohora Quinche, Paola Soto, Patricia Quirarte Ponce, Patricio Cortes Arredondo, Ricardo Stuart, Salome Pistulka, Silvia Medina, Ver\u00f3nica Cano Monroy, Wanda Vargas, Zulma Acosta \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
20\/10\/2020<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ana Valdez, Guadalupe Gonz\u00e1lez Reyes, Francisco Villaneda, Pedro Arancibia Galaz, Rosal\u00eda Cer\u00f3n Rodriguez, Pablo Torres Paredes, Luis Saito, Eli\u00e1n Diaz Podversich, Lenin Alarc\u00f3n, Arcelis Lozano, Manuel Facundo Grajea, Iv\u00e1n \u00c1lvarez, Silvia Hern\u00e1ndez, Guillermina Duhalde, Claudia Milena Quevedo Rocha, Blasa Williams, Horacio Gilot Mel\u00e9ndez, Mary Ann, Daniel Alvarado, Luis Marroqu\u00edn Serna, Mar\u00eda Teresa De Jes\u00fas Montoya Tinajero, Karen Morales Cardona, Rocio Rivera, Claudia Garc\u00eda, Mar\u00eda In\u00e9s Neri, Carlos Andr\u00e9s Parrado Reyes, Maria Teresa Iza Parres, Fabi\u00e1n Lopez Gomez, Consuelo Giraldo Osorio, Patricia Irene Nava L\u00f3pez, Alejandra Romero Jim\u00e9nez, Efra\u00edn Arellano L\u00f3pez, Floricel Ger\u00f3nimo, Maria Alicia Acu\u00f1a Valle, Fercho Gonzal\u00edas, Adriana Rodriguez, Pilar Montoya, Jos\u00e9 Rub\u00e9n S\u00e1nchez Mej\u00eda, William Rojas, Delfino S\u00e1nchez G\u00e1lvez, Marina Meza, Lis Bebo, Luz Londo\u00f1o, Olga Londo\u00f1o, Cecilia S\u00e1nchez, Mar\u00eda Jes\u00fas Linde Mercado, Claudia Patricia Espitia Rubiano, Jos\u00e9 Mar\u00eda D\u00e1vila Ponce De Le\u00f3n Alfaro, Luz Mirian Cuentas Solano, Magnolia De Los \u00c1ngeles R\u00edos Calle, Iv\u00e1n De La Hoz, Martha Arbel\u00e1ez, David L\u00f3pez, Adoraci\u00f3n Nocturna Colombiana, Susana Garc\u00eda Quintero, Sof\u00eda Orozco, Cristian Iv\u00e1n Castillo Gonz\u00e1lez, Alejandra Romero, Fernando Antonio Quiroz Quiero, Olga Luc\u00eda Zapata De Triana, Elizabeth Ahmad, Soraya \u00c1lvarez Guzm\u00e1n, Mar\u00eda Bel\u00e9n Acosta, Fabiola Alba Arias, Victoria Larumbe, Said Goyeneche, Eddi Moretti, Doris Piedad Goyeneche De La Cruz, Deisy Vanessa \u00c1lvarez Erazo, Mily Ortiz, Luz Piedad Valencia Montoya, Orlando N\u00e1jera Montiel, Jairo Moreno, Ang\u00e9lica Adame, Maria Stella Toro De Morales, Cristina Aguedo, Emiliano Rodr\u00edguez M Rodriguez, Antonio Jes\u00fas Mariscal Bautista, Eduardo Fern\u00e1ndez, Adri\u00e1n Galarza, Pau L\u00f3pez Navarro, Martha Bahamon, Marta Mauri, Octavio Sol\u00f3rzano Vera, Dylan Cortez, Gladys Rodr\u00edguez De Alba, Julia Castillo, Angelica Diaz, Luis Duran, \u00c1ngel Nazario Quiles, Clara Luz Pichardo Fern\u00e1ndez, Juanny Cavazos, Elvia Plata Moreira, Hilda Preciado, Lourdes Col\u00edn Delgado, Laura Zeron, Tania Mendez Villa, Gonzalo M\u00e9ndez Torres, Lorena Vaca Ayala, Mar\u00eda Alejandra Guti\u00e9rrez, Myriam Garc\u00eda Morales, Maribel Pulido Serrano, Mar\u00eda del Mar Armengou L\u00f3pez, Luz Dary Garc\u00eda Morales, Manuel Hernandez, Dora Salazar Gallego, Talpa Villagrana Guitron, Ana Mar\u00eda Mart\u00ednez, Dora Tiuso, \u00d3scar Quintairos Cid, Elsie Rebeca Rosas Jaime, Alejandro Fern\u00e1ndez Roa, Jair Li\u00f1an, Carlos Pasadore, Andr\u00e9s Sosa, Alejandra Sola, Emilio Alcal\u00e1 Gelices, Javier Bogado, Alejandra Pizano, Raquel Alonso And\u00fajar, Merl\u00edn Mel\u00e9ndez, Juan Bustamante, Pedro Jos\u00e9 P\u00e9rez Gonz\u00e1lez, William Alzamora, Carlos Alberto Barrios Restrepo, Victoria Castiblanco, Monica Elizabeth Tacle Navarrete, Joel Pineda, Daniel Bejarano, Erick Samata Quispe, Patricia Cant\u00f3n Tapia, Jorge Omar Panaciuk, Jorge S\u00e1nchez, Jhon Rosario, Rosa Mar\u00eda Manzo Ayala, Alondra Olvera Zarraga, Amayrani Berenice Gonz\u00e1lez Flores, Miriam M\u00e1rquez Vargas, Cruz Dom\u00ednguez, Laura Feria, Blanca Li\u00e9vano, Yudelka Hern\u00e1ndez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
21\/10\/2020<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Gilda Roldan, Ezequiel Varini,\u00a0Graciela Gomez,\u00a0Ignacio Iriarte Torres,\u00a0Nestury de Jes\u00fas Joya Quinayas,\u00a0Rafael D\u00e1vila,\u00a0Juan Valencia,\u00a0Anabel Tedino,\u00a0Yolanda Maza de Chac\u00f3n, Miguel \u00c1ngel Rubio Ben\u00edtez, Jos\u00e9 \u00c1ngel Vidal Herrera, Luxsora S\u00e1nchez, Alicia Gress, Hayder Espinoza, Sara Bonilla, Genaro Gordillo, Teresita Moreno Rivera, Camila Contador Hernandez, Oscar Vela Rom\u00e1n, Eduardo Puente S\u00e1nchez, Guillermo Castro Ruiz, Esteban Navarro Valenzuela, Jorge Eduardo Lerma Fern\u00e1ndez, Monica Alina Abuadili Contreras, Liz Verar Rol\u00f3n, Aleida Romero de Carruyo, Miguel Ahumada Chea, Deisi Huine, Beatriz Copello, Pedro Abell\u00f3 Sol\u00e9, Mauricio kernion, Marco Tulio Melo Ch\u00e1vez, Cenobia Mendoza, Trinidad Carazzo, Mai L\u00ednea Bastiansen, Jorge P\u00e9rez Hoyos, Rose Moreno, Gerardo Garrido Curiel, Jos\u00e9 Antonio Palacios P\u00e9rez, Pedro Lobos, Antoni Meli\u00e1 Fortuna, Jorge Alegre, Aldemar Sanchez, Lizbeth Gonzalez, Lina Gil, Scarlett Curamil Rojas, Gloria Pedd, Juan domingo Montanaro Talavera, \u00c1ngel de la Vega Diego, Jose Luis \u00c1lvarez Alario, Sof\u00eda Centanaro \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
21\/10\/2020<\/p>\n
Agustina Rigoni, Alejandro Pesquera, Antonio Quijano, Areli S\u00e1nchez, Arnulfo Herrera M\u00e9ndez, Arturo L\u00f3pez L\u00f3pez, Bismarck Schmidt, Daniel Felipe Zapata Berr\u00edo, Daniel L\u00f3pez, Daniel S\u00e1nchez, Diana Herr\u00e1n, Diana Sof\u00eda Melo Leyes, El\u00edas Inostroza, Eliot Daviglus Candela, Erika Ponce, Evelyn Rodr\u00edguez Moura, Francisco 2.0, Francisco Javier Heredia Cegarra, Frederic L\u00f3pez Mart\u00ednez, Giovanna Reyes, Guillermo De Sanctis Suarez, Hernando Venegas, Hillary L\u00f3pez S\u00e1nchez, Jorge Defensa, Julio C\u00e9sar Acevedo Mendoza, Lorena Ch\u00e1vez, M Dolores Gonz\u00e1lez Olivares, Margarita Amelio, Mar\u00eda Alejandra Giraldo Jaramillo, Mar\u00eda Ang\u00e9lica Rivas Morales, Mar\u00eda Ang\u00e9lica Zapatta Bergez, Mar\u00eda Antonia Alonso De La Pera, Mar\u00eda Liliana Ayala Cardona, Maribelly Bastardo G\u00f3mez, Martha Orozco, M\u00f3nica Ospina Osorio, Myriam Diaz, Nelly Contreras, Nora Betty Arboleda Villegas, Pastor Jurado, Pilar Gonz\u00e1lez L\u00f3pez, Priscila Steele, Rosa Aguilar, Roxana Urdapilleta, Sandra Fern\u00e1ndez Comellas, Sandra Mart\u00ednez, Socorro De Anda, Teresita Coronel, V\u00edctor Manver, V\u00edctor Ra\u00fal Gonz\u00e1lez Rinc\u00f3n, Vivian Rivera, Wolman Restrepo, Ximena Ruiz, Yomar Panteves Bautista, Yuliana Aristiz\u00e1bal \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/10\/2020<\/p>\n
5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda De La Luz R\u00edos Ram\u00edrez, Nadia Doktorovitch, Miriam Ruiz, Daniel Menazzi, Rub\u00e9n Guerrero Porcel, Mar\u00eda Luj\u00e1n Zarza Goitia, Ricardo Gabriel Panchana Farra, Liliana Pati\u00f1o, Juan D L, Esperanza Sara Calvillo Uriarte, Luis Alberto Machado Sanz, Elia Rojas, Pedro Navarro Mart\u00ednez, Margarita Piris Alonso, Adriana Grande, Felisa Rodr\u00edguez P\u00e9rez, Perla Yarit G\u00f3mez Cruz, Samuel Hof, Altagracia Guzm\u00e1n, Jaime \u00c1lvarez, Ricardo Adolfo Campos Pe\u00f1a, Jos\u00e9 Cort\u00e9s Heredia, Victoria Cortes Heredia, Mar\u00eda Helena P\u00e9rez, Andr\u00e9s Rafael Zafra Izquierdo, Gilberto Antonio Garz\u00f3n, Consuelo Garz\u00f3n, Pawe\u0142 G\u0142\u0119bocki, Diego Doncel, Roger Fern\u00e1ndez, Mar\u00eda Guadalupe Ramirez Luna, Hortensia Ram\u00edrez Soto, Ana Kite, Oscar Campi, Ver\u00f3nica V\u00e9liz, Raquel Duarte Romero, Maria Eugenia Plaza Lavezzar, Edward Fuentes, Isaac Alejandro Escobar Ram\u00edrez, H\u00e9ctor Gomez, Jos\u00e9 Antonio Garc\u00eda Moreno, Carlos Roberto Dionisio, Mario Salvador Coronado Negrete, F\u00e1tima Dom\u00ednguez Cortes, Maria Eugenia Tapia Aravena, Adolfo Siller, Monica Osorno, Zahira Ysabel Abreu De Veloz, Rosa Mar\u00eda Delgado Ort\u00edn, Alberto Enrique Gonz\u00e1lez Font, In\u00e9s Carranza, Yesenia Sanchez, Victor Alonso Moreno Granados, Sirley Vasco, Germ\u00e1n de Jes\u00fas Sarabia Puentes, Susana Median,G. D. G., Jaime Caicedo Vinasco, Lara Ortiz Rebori, Julio C\u00e9sar G\u00f3mez L\u00f3pez, Gabriel Jaime Lagoueyte G\u00f3mez, Fernando S\u00e1nchez, Julio Rodriguez Maur\u00edn, Lorena Rubio, Guadalupe Meza Mej\u00eda, Betty Galaviz, Rebeca Cardona, Willy Ernesto Perez Lavado, Luis Felipe Ochoa, Federico Subia, Laura Catalina Chaparro Ca\u00f1ola, Adela Medina, Edith Rodr\u00edguez, Connie Vasquez, Carolina Zazo Lopez, Rossana V\u00e9lez, Florencio Ram\u00f3n Sostoa Cabello, Alejandra Molina, Guillermo Carrera Martinez, Mariela Ulloa, Jorge Rojas, Hugo Iturrieta, Adelina V\u00e1zquez, Majo Michel, Maria Balestrini, Luis Escobar, Diana Quintero, Juan Manuel Laverde, Ang\u00e9lica Ram\u00edrez, Fredy \u00c1lvarez, Luis Alberto Facio, Magggie Martinez Torres, Sandra Patricia Doncel Alfonso, Gustavo Satarain Valenzuela, Nadia Sampayo, Gabriel Hernandez, Magda De Luna, Vicente Redolat, Oscar Mauricio Lavao Ortiz, Yerko Olivares, Lidia Perez, Pedro Delgado, Liz Audrey Monta\u00f1ez, Andr\u00e9s Restrepo R, Pablo Domeyko, Lili Lopez, Geraldo Rodr\u00edguez, No\u00e9 Rodr\u00edguez, Jes\u00fas Antonio Navarro Mart\u00ednez, Carmen Alicia Villarroel Almanza, Diana Garcia, Eliseo Alatorre Ch\u00e1vez, Rosangela Lozano Lezcano, Juan Fuce, Gemma L\u00f3pez, Gonzalo Rodr\u00edguez Morales, Adri\u00e1n Dar\u00edo Accinelli Sirochman, David Darling Quispe Jara, Juan Pe\u00f1aloza Ovalle, Marcela Infante, Maria Fernanda Bland\u00f3n Fajardo, Mariana Salamanca. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/10\/2020<\/p>\n
6 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Hwenly Arias, Alberto Aldallon, Nancy Rubiano Hincapi\u00e9, Anayibe Morales, Luz Dary Morales Cardozo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
25\/10\/2020<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Albeiro Gil Ruiz, Maria Carolina Vargas Higuera, Claudia Cahuana, Stephanie Berm\u00fadez, Gladys Cer\u00f3n, Jorge Gonz\u00e1lez, Ma. Eugenia Esparza Casta\u00f1eda, Socorro Castro, Cesar Cruz Cabrera, \u00a0Sof\u00eda Heredia, Josu\u00e9 Yovera Gonz\u00e1lez, Sonia Gonz\u00e1lez, Mar\u00eda Cristina Tosne Rojas, Consuelo Correa Salazar, Ana Maria Mu\u00f1oz Rodr\u00edguez, \u00a0Lorena Cabrera, Vero Perexcel, M\u00f3nica Monroy, Mar\u00eda Pes\u00e1ntez, Patricia Jalaf D\u00edaz, Hugo Segura Lara, Nerida Duin Cordido, Sara O\u00f1ate, Mar\u00eda Jim\u00e9nez, Claudia Rodr\u00edguez, Ana A Pico Hern\u00e1ndez, Jairo Humberto Cort\u00e9s Cort\u00e9s, Jorge Marti Santamar\u00eda, M\u00f3nica Ram\u00edrez, Mar\u00eda Vergara Aibar, Benigno Garavito Penagos, Mayda Mosconi, Martha Luc\u00eda Escobar, Beatriz Molina de Forero, Rosalba Loaiza Cortez, Olga Santos de Montenegro, Ana Bertha Castell\u00f3n, Olga Jaramillo mu\u00f1oz, Sandra Londo\u00f1o, Marisa Ortega, Gina Meyer, Diana Riveros Bernal, Ana Maria Mercado, Roberto Gordillo, Carmen Ortiz, Teresa Yesmin Monsalve Fuentes, Eliseo Quintero D., \u00a0Jes\u00fas Humberto L\u00f3pez Urrea, Silvia Elena Rueda Garc\u00e9s, Elsa Rivera, Consuelo Serna Rend\u00f3n, Rubiela Bola\u00f1os Rodr\u00edguez, Felipe Velandia, Aar\u00f3n Trivi\u00f1o Salazar, Guadalupe Almanza Reyes, Harold Garc\u00eda Muriel, Henry Guzm\u00e1n, Edgar Octavio R\u00edos S\u00e1nchez, Stella Pic\u00f3n, Cynthia de Concha, Cristina Pe\u00f1afort, Danilo Araque Soto, Juliana Rocha, Diana Marcela Guzm\u00e1n Alb\u00e1n, Constanza Remolina, Isabel Jaimes, Elena Noriega de Isaacs, Clara In\u00e9s Rueda M, Beatriz Mendoza D\u00e1vila, Jorge Basualdo, Mar\u00eda Marcela Lazara del Ni\u00f1o Jes\u00fas Perea, Olga Acosta, Camilo Urrea, Mar\u00eda Teresa Peroni, Mar\u00eda Alejandra Monta\u00f1o Guti\u00e9rrez, Marina Ferreira, Margarita Sanclemente de Morales, Ilva Alfonso, Mar\u00eda Beatriz Toro G, \u00a0Alicia Ver\u00f3nica Martin Caroca, Campo, Martha Baham\u00f3n, V\u00edctor Ra\u00fal Ruiz \u00c1lvarez, Valerie Diaz, Gina Paola Comba, Jos\u00e9 Francisco Su\u00e1rez Vigil, Ra\u00fal Guill\u00e9n, Ana Yanet Larada Vargas, Gladys Ivette Le\u00f3n Hurtado, Mar\u00eda Elena Valdivia Jim\u00e9nez, Ana Milena Blanco Garc\u00eda, Juan Carlos Ortiz corrales, Jos\u00e9 Armando Sosa Cardona, Nicoll Garrido, Juan Pablo Ma\u00f1alich Peralta \u2013 Palacios, Ariel Santin, Ignacio L\u00f3pez del Pozo, Felipa Catal\u00e1n, Mirna V\u00e9lez, Judith Campo Campo, Claudia Rativa, Patricia Stidham, Rodrigo Lima, Rolando Meneghetti, Luisa Mar\u00eda Guzm\u00e1n Bustamante, Yolanda Ivette Blas Zapata, Olvin Gonz\u00e1lez, \u00a0Gloria Garc\u00e9s, Marina Osorio, \u00c1ngel Matesanz \u00c1lvarez, Gabriela Gonz\u00e1lez Valenzuela, Vanessa Sol\u00eds Tejada y Mar\u00eda del Mar Mart\u00ednez Mart\u00ednez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
ANEXO 10.4<\/p>\n
ESCRITOS ENVIADOS ANTES DE LA FIJACI\u00d3N EN LISTA, QUE SOLICITAN LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Fundamentos: (1) se deben proteger los derechos del nasciturus o feto; (2) el aborto desconoce los derechos humanos; (3) prevalencia de los derechos de las ni\u00f1as y de los ni\u00f1os; (4) inexistencia del derecho fundamental a la IVE; (5) derecho de los padres (pareja) a decidir el n\u00famero de hijos y (6) naturaleza no vinculante de las normas de soft law en que se fundamenta la demanda<\/p>\n
N\u00daM. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
SOLICITANTE \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
FUND. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
FECHA REMISI\u00d3N CONCEPTO O INTERVENCI\u00d3N<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Isabel Cristina G\u00f3mez Duque \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27-10-2020<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jenniffer Alexandra Ram\u00edrez Ca\u00f1\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, y 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27-10-2020<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Ang\u00e9lica Cruz \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, y 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27-10-2020<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Odalmis Moreno Pe\u00f1aloza \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, y 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27-10-2020<\/p>\n
5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Yuly Patricia Montealegre Cuellar \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, y 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27-10-2020<\/p>\n
6 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Luis Agust\u00edn P\u00e9rez Moreno \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, y 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27-10-2020<\/p>\n
7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jorge Armando Milian Moreno \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, y 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27-10-2020<\/p>\n
8 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Marco Antonio Cort\u00e9s \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, y 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27-10-2020<\/p>\n
9 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jenny Milena Berm\u00fadez Casta\u00f1eda \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, y 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27-10-2020<\/p>\n
10 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
M\u00f3nica M\u00e1rquez Guti\u00e9rrez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, y 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27-10-2020<\/p>\n
11 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Johana \u00c1lvarez Botero \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2,5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27-10-2020<\/p>\n
12 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jos\u00e9 Luis Medina \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, y 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27-10-2020<\/p>\n
13 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jonnathan Ricardo Ram\u00edrez Espitia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27-10-2020<\/p>\n
14 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Stella Barbosa \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, y 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27-10-2020<\/p>\n
15 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ang\u00e9lica Rodr\u00edguez Mun\u00e9var \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, y 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27-10-2020<\/p>\n
16 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Claudia Posada Ar\u00e9valo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, y 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27-10-2020<\/p>\n
17 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Natalia Boh\u00f3rquez Alfonso \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, y 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27-10-2020<\/p>\n
18 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Yuli Andrea Rodr\u00edguez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, y 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27-10-2020<\/p>\n
19 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Felipe Reyes Triana \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, y 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27-10-2020<\/p>\n
20 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Yeny Paola Ocampo Toro \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, y 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27-10-2020<\/p>\n
21 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Ang\u00e9lica Cruz \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, y 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27-10-2020<\/p>\n
22 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Diana Mar\u00eda Ram\u00edrez Acevedo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, y 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27-10-2020<\/p>\n
23 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Daniela Echeverry P\u00e9rez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, y 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27-10-2020<\/p>\n
24 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Sergio S\u00e1nchez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, y 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27-10-2020<\/p>\n
25 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00c1nyela Yaya Murillo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, y 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27-10-2020<\/p>\n
Jos\u00e9 Negrete Genes \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, y 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27-10-2020<\/p>\n
27 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Rub\u00e9n Rinc\u00f3n Landines \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, y 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27-10-2020<\/p>\n
28 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Nayiver Alexandra Hincapi\u00e9 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, y 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27-10-2020<\/p>\n
29 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
M\u00f3nica Barona \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, y 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27-10-2020<\/p>\n
30 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Elizabeth Garc\u00e9s \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, y 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
28-10-2020<\/p>\n
31 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Anneliesse Garrido Paz \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, y 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
28-10-2020<\/p>\n
32 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Gilberto Borb\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, y 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
28-10-2020<\/p>\n
33 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Julieth Andrea hincapi\u00e9 S\u00e1nchez – Nayiver Alexandra hincapi\u00e9 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, y 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
28-10-2020<\/p>\n
34 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ruby G\u00f3mez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, y 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
28-10-2020<\/p>\n
35 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Alicia Stella Amado Rojas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, y 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
28-10-2020<\/p>\n
36 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Juan Diego Gamboa Puentes \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, y 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
28-10-2020<\/p>\n
37 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Camila Duque Aristiz\u00e1bal \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, y 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
38 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Fabio Le\u00f3n Duque \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, y 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
28-10-2020<\/p>\n
39 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Arnolia Aristiz\u00e1bal Rodr\u00edguez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, y 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
28-10-2020<\/p>\n
40 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Santiago G\u00f3mez Casta\u00f1o \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, y 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
28-10-2020<\/p>\n
41 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ana Mar\u00eda Cadavid \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, y 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
28-10-2020<\/p>\n
42 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Gloria Elena Restrepo Arango \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, y 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
28-10-2020<\/p>\n
43 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Viviana Andrea Hurtado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, y 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
28-10-2020<\/p>\n
44 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Astrid Paola Pastrana Burbano \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
28-10-2020<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
ANEXO 10.5<\/p>\n
ESCRITOS ENVIADOS ANTES DE LA FIJACI\u00d3N EN LISTA, QUE HACEN REFERENCIA A LA FALTA DE COMPETENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA PRONUNCIARSE EN LA MATERIA<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
N\u00daM. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
SOLICITANTE \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
FECHA REMISI\u00d3N ESCRITO<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Yolima Blanco \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27-10-2020<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Patricia Guzm\u00e1n Z\u00e1rate \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27-10-2020<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Leidy Johana Romero Cardona \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27-10-2020<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Dolly Cardona Espitia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27-10-2020<\/p>\n
5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Leyder Campo Moreno \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27-10-2020<\/p>\n
6 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Javier Alonso Prada Rangel \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27-10-2020<\/p>\n
7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Liliana Campo Moreno \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27-10-2020<\/p>\n
8 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Cristina Garc\u00eda D\u00edaz \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27-10-2020<\/p>\n
9 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Beatriz Botero \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27-10-2020<\/p>\n
10 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Livardo Edwin Bravo S\u00e1nchez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27-10-2020<\/p>\n
11 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Amanda Letty Bernal de Vergel \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27-10-2020<\/p>\n
12 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Agustina Camargo Mart\u00ednez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27-10-2020<\/p>\n
13 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Daniel Moreno Leal \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Diana Carolina Urrego Morera \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27-10-2020<\/p>\n
15 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Bibiana Patricia Cardona Cuervo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
28-10-2020<\/p>\n
16 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Laura Gallo Mart\u00ednez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
28-10-2020<\/p>\n
17 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Roc\u00edo Ospina \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
28-10-2020<\/p>\n
18 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda del Pilar Socorro Vergara \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
28-10-2020<\/p>\n
19 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Andr\u00e9s Pardo Rodr\u00edguez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
28-10-2020<\/p>\n
20 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Haydid Norfalia Salinas Echeverry \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
28-10-2020<\/p>\n
21 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Leyder Campo Moreno \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
28-10-2020<\/p>\n
22 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Stivalis Melo Albarrac\u00edn \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
28-10-2020<\/p>\n
23 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Margarita Solano de Fino \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
28-10-2020<\/p>\n
24 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Carlos Alberto Garc\u00eda Torres \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
28-10-2020<\/p>\n
25 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Esmeralda Gomez Ballesteros \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
28-10-2020<\/p>\n
26 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Maria Cristina G\u00f3mez Pab\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
28-10-2020<\/p>\n
27 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
28-10-2020<\/p>\n
28 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Zully Romero \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
28-10-2020<\/p>\n
29 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Orlando Casallas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
28-10-2020<\/p>\n
30 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Fredy Emiro Gonz\u00e1lez Cort\u00e9s \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
28-10-2020<\/p>\n
31 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Alexandra Moreno de Campo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
28-10-2020<\/p>\n
32 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Densy Moreno de Campo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
28-10-2020<\/p>\n
33 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Doris Roa Rodr\u00edguez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
28-10-2020<\/p>\n
34 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Erick David Castrill\u00f3n Campo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
28-10-2020<\/p>\n
35 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Franki Rodrigo L\u00f3pez Mera \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
28-10-2020<\/p>\n
36 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Juan Guillermo V\u00e1squez S\u00e1nchez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
28-10-2020<\/p>\n
37 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Leidy Johana Moreno Cardona \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
28-10-2020<\/p>\n
38 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Beatriz Gonz\u00e1lez de Uribe \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
28-10-2020<\/p>\n
39 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Lilia Campo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
28-10-2020<\/p>\n
40 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Aurora Ram\u00edrez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
28-10-2020<\/p>\n
41 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Dolly Cardona Espitia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
28-10-2020<\/p>\n
42 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Milena Pe\u00f1a Rojas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
28-10-2020<\/p>\n
43 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Martha Elena Londo\u00f1o Cadavid \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
28-10-2020<\/p>\n
Silvana Mar\u00eda Malabet Juliao \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
28-10-2020<\/p>\n
45 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Lisandro L\u00f3pez Mun\u00e9var \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
28-10-2020<\/p>\n
46 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Diana Karina Ram\u00edrez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
28-10-2020<\/p>\n
47 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Luz Stella Ram\u00edrez Barbety \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
28-10-2020<\/p>\n
48 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Diva In\u00e9s Serrano Ram\u00edrez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
28-10-2020<\/p>\n
49 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jenny Gaviria \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
28-10-2020<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
ANEXO 10.6<\/p>\n
MANIFESTACIONES GENERALES REMITIDAS ANTES DE LA FIJACI\u00d3N EN LISTA, A FAVOR DE MANTENER LA PENALIZACI\u00d3N DEL ABORTO<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
En estas, se proponen reflexiones sobre los siguientes aspectos: el aborto como crimen; la existencia de l\u00edmites a la libertad; inexistencia de causales para acabar con la vida de seres indefensos; el derecho a la vida como valor absoluto; la defensa del inocente; la manipulaci\u00f3n de estad\u00edsticas sobre muertes de mujeres, producto de abortos mal practicados; la obligaci\u00f3n de los jueces de defender la vida; la afectaci\u00f3n a la instituci\u00f3n de la familia; experiencias personales traum\u00e1ticas despu\u00e9s de la realizaci\u00f3n de abortos; responsabilidad en la sexualidad; papel de los padres ante la defensa de la vida; educaci\u00f3n sexual y razones religiosas acerca de la preservaci\u00f3n de la vida desde el vientre.<\/p>\n
N\u00daM. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
SOLICITANTE \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
FECHA REMISI\u00d3N ESCRITO<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Marisol Fern\u00e1ndez Vera \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27-10-2020<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Amanda Rosas Camero \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27-10-2020<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Luis Humberto Barajas Pita \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27-10-2020<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Sylvia Molina \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27-10-2020<\/p>\n
5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Alba Nory Salazar \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27-10-2020<\/p>\n
6 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Sandra Villafane \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27-10-2020<\/p>\n
7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Liliana Reyes \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27-10-2020<\/p>\n
8 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Juan Dar\u00edo Gonz\u00e1lez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27-10-2020<\/p>\n
9 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Olga Mar\u00eda Arias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27-10-2020<\/p>\n
Piedad Cardona \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27-10-2020<\/p>\n
11 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Martha Charria \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27-10-2020<\/p>\n
12 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Eugenia Giraldo Su\u00e1rez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27-10-2020<\/p>\n
13 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ingrid Guti\u00e9rrez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
28-10-2020<\/p>\n
14 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Teresa Cort\u00e9s Acosta \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
28-10-2020<\/p>\n
15 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jackmy S\u00e1nchez Delgado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
28-10-2020<\/p>\n
16 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Yina Marcela Heredia Borge \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
28-10-2020<\/p>\n
17 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Dennis Ostos \u00c1lvarez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
28-10-2020<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
ANEXO 10.7<\/p>\n
CORREOS EN BLANCO REMITIDOS ANTES DE LA FIJACI\u00d3N EN LISTA, EN CUYO ASUNTO SE PRESENTAN MANIFESTACIONES GENERALES EN CONTRA DEL ABORTO<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
N\u00daM. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
SOLICITANTE \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
FECHA REMISI\u00d3N ESCRITO<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Claudia Marcela Ram\u00edrez P\u00e9rez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27-10-2020<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27-10-2020<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
luchosar3511 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27-10-2020<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Pedro Rodr\u00edguez Moreno \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27-10-2020<\/p>\n
5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Liliana Quintero \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27-10-2020\u00a0<\/p>\n
6 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ofelia Parra \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
28-10-2020<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
ANEXO 10.8<\/p>\n
ESCRITOS QUE HACEN REFERENCIA A LA EXISTENCIA DE COSA JUZGADA, REMITIDOS DESPU\u00c9S DEL T\u00c9RMINO DE FIJACI\u00d3N EN LISTA<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
N\u00daM. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
SOLICITANTES \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
FECHA REMISI\u00d3N ESCRITO<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Eliana Mahecha \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
13\/11\/2020<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00c1ngela Pinilla Serrano \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Martha Luc\u00eda Bonilla Torres \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
13\/11\/2020<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ju\u00e1n Fernando Barrios \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
13\/11\/2020<\/p>\n
5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Carlos Alberto Barrios Restrepo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
13\/11\/2020<\/p>\n
6 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Teresa Cubillos Estivariz \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
13\/11\/2020<\/p>\n
7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Lina Montoya Pizarro \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
13\/11\/2020<\/p>\n
8 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Sonia Tatiana Rodr\u00edguez de Contreras \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
18\/11\/2020<\/p>\n
9 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00c1ngela Mercedes Murcia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
19\/11\/2020<\/p>\n
10 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Carlos Fernando Rojas L\u00f3pez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/11\/2020<\/p>\n
11 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Esmeralda G\u00f3mez Ballesteros \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/11\/2020<\/p>\n
12 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Otoniel Estrada Castrill\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/11\/2020<\/p>\n
13 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Blanca Elisa Acosta Su\u00e1rez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
24\/11\/2020<\/p>\n
14 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Eugenia Fajardo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
24\/11\/2020<\/p>\n
15 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Camilo Acosta Su\u00e1rez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
24\/11\/2020<\/p>\n
16 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Elsa Eugenia Hurtado Hurtado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
17 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Edilma P\u00e9rez de Giraldo, Mar\u00eda Elena Upegui Vallejo, Isabel Cristina Upegui Vallejo, \u00a0Vicencio Javier Upegui Latorre, Jhon Jairo Ceballos R\u00edos, Sonia Vallejo de Upegui, Adriana Mar\u00eda Upegui Vallejo, Luz Amparo \u00c1lvarez Giraldo, Adriana Giraldo \u00c1lvarez, Blanca In\u00e9s Arias de Buitrago, Elsa Cristina Buitrago, Hermelina Arias V\u00e9lez, Rodrigo Valencia Garc\u00eda, Martha Luc\u00eda Aristiz\u00e1bal Carmona, In\u00e9s Cano Molina, Beatriz Cardona Mar\u00edn, \u00a0Ruby Mar\u00edn De Cardona, Paula Andrea Cardona Mar\u00edn y Edith Mar\u00edn Villegas\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
26\/11\/2020<\/p>\n
18 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Adriana Pab\u00f3n Parra \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27\/11\/2020<\/p>\n
19 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Germ\u00e1n Antonio Giraldo P\u00e9rez, Mar\u00eda Clemencia Giraldo P\u00e9rez, Rubiela Pineda Henao, Nubia Ocampo Pineda, Cielo Giraldo P\u00e9rez, Mar\u00eda Cenelia Lotero, Gilberto Pineda Garc\u00eda, Mar\u00eda Elisa Rubio, Gladys del Socorro \u00c1lvarez Cano, Rosalba Garc\u00eda Gonz\u00e1lez, Ofelia Cardona, Luz Lorena Castro Ram\u00edrez, Edgar Uribe Piedrahita, Cielo G\u00f3mez Nieto, Luis Fernando Rivera Rodr\u00edguez, Dora Corrales Casta\u00f1eda, Elena Echeverri de Uribe, Luz Amparo P\u00e9rez Sep\u00falveda, \u00a0 \u00a0Gloria Matilde Rivas Serna, \u00c1ngela Mar\u00eda Ocampo Gonz\u00e1lez, Luis Fernando Ocampo Pineda, Ecelmery Aristiz\u00e1bal y \u00c1ngela Mar\u00eda Tob\u00f3n Jaramillo\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27\/11\/2020<\/p>\n
20 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Clara Mar\u00eda Gonz\u00e1lez Zabala \/ secretaria jur\u00eddica del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27\/11\/2020<\/p>\n
21 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Manuela Tob\u00f3n Rodr\u00edguez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
28\/11\/2020<\/p>\n
22 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Carlos Fradique M\u00e9ndez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
07\/12\/2020<\/p>\n
23 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Dennis Santiago Pinilla Ca\u00f1as y Kyara Valeria Mej\u00eda Mart\u00ednez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
17\/03\/2021<\/p>\n
24 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Erwin Alez Estupi\u00f1\u00e1n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
26\/03\/2021<\/p>\n
25 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Dora Solano Rodr\u00edguez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
26\/05\/2021<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
ANEXO 10.9<\/p>\n
ESCRITOS QUE HACEN REFERENCIA A LA INEXISTENCIA DE COSA JUZGADA, REMITIDOS DESPU\u00c9S DEL T\u00c9RMINO DE FIJACI\u00d3N EN LISTA<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
N\u00daM. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
SOLICITANTES \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
FECHA REMISI\u00d3N ESCRITO<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Luisa Rodr\u00edguez Pe\u00f1aranda \/ profesora asociada de tiempo completo de la Facultad de Derecho, Ciencias Pol\u00edticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, directora del Grupo de Investigaci\u00f3n Justicia Real -JURE- y Camilo Cueto \/ Investigador del mismo grupo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
13\/11\/2020<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Andr\u00e9s Abel Rodr\u00edguez Villabona \/ vicedecano acad\u00e9mico Facultad de Derecho, Ciencias Pol\u00edticas y Sociales Universidad Nacional de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
13\/11\/2020<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Luis Manuel Castro Novoa y Laura Fernanda Abril Mej\u00eda \/ miembros de la Corporaci\u00f3n Ius Digna \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27\/11\/2020<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Javier Alejandro Acevedo Guerrero\/director de la Escuela de Derecho y Ciencia Pol\u00edtica de la Universidad Industrial de Santander (UIS), Alicia Toloza Pab\u00f3n, Carolina Isabel Montes Perea, Paula Alejandra Mart\u00ednez Rodr\u00edguez, Doris Fernanda Cardona Gelvez, Julieth Vanessa Sanabria Almeyda, Ramiro Pinz\u00f3n Asela, Brayan Andr\u00e9s Vargas Benavides y Jos\u00e9 Jans Carretero Pardo. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
26\/03\/2021<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
ESCRITOS QUE SOLICITAN LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA DEMANDADA, REMITIDOS DESPU\u00c9S DEL T\u00c9RMINO DE FIJACI\u00d3N EN LISTA<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Fundamentos: (1) se deben proteger los derechos del nasciturus o feto; (2) el aborto desconoce los derechos humanos; (3) prevalencia de los derechos de las ni\u00f1as y de los ni\u00f1os; (4) inexistencia del derecho fundamental a la IVE; (5) derecho de los padres (pareja) a decidir el n\u00famero de hijos y (6) naturaleza no vinculante de las normas de soft law en que se fundamenta la demanda<\/p>\n
N\u00daM. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
SOLICITANTES \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
FUND. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
FECHA REMISI\u00d3N ESCRITO<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Gloria Alicia Rodr\u00edguez Cruz \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
13\/11\/2020<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
M\u00f3nica Andrea Sequera \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/11\/2020<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ernesto Armando Zuluaga \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
24\/11\/2020<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jorge Armando Zuluaga Mart\u00ednez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
24\/01\/1900<\/p>\n
5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
25\/11\/2020<\/p>\n
6 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Gloria In\u00e9s Lacouture Gonz\u00e1lez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27\/11\/2020<\/p>\n
7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Asceneth Gonz\u00e1lez Gil \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
28\/11\/2020<\/p>\n
8 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00c1ngela Rozo G\u00f3mez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2, 7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/11\/2020<\/p>\n
9 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Elicio Pulido Camacho \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2, 7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/11\/2020<\/p>\n
10 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Carlos Fernando Rojas L\u00f3pez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/11\/2020<\/p>\n
11 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ana Mar\u00eda S\u00e1nchez Musella \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/11\/2020<\/p>\n
12 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Magda Celena Torres \u00c1lvarez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2,7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
24\/11\/2020<\/p>\n
13 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Cristina Barbosa, Gloria Margarita Gonz\u00e1lez C\u00e1rdenas, Gloria Ulloa, Graciela Ram\u00edrez, Gustavo Rueda Ar\u00e9valo, Germ\u00e1n Ram\u00edrez y Yolanda de Chaustre \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2, 7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
24\/11\/2020<\/p>\n
14 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Gina Apraez Calder\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2, 7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
15 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Sandra Julieth Ibarra Ruiz \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2, 7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
25\/11\/2020<\/p>\n
16 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mariana Robayo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2, 7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
25\/11\/2020<\/p>\n
17 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ana Cristina Pulido Gonz\u00e1lez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2, 7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
25\/11\/2020<\/p>\n
18 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Luisa Fernanda Jim\u00e9nez Pulido \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2, 7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
25\/11\/2020<\/p>\n
19 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Martha Teresa Fl\u00f3rez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 4, 6 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
26\/11\/2020<\/p>\n
20 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Andr\u00e9s Felipe Roncancio Rodr\u00edguez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2 y 7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27\/11\/2020<\/p>\n
21 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Paola G\u00f3mez Riveros \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2 y 7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27\/11\/2020<\/p>\n
22 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Efra\u00edn Izquierdo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2 y 7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27\/11\/2020<\/p>\n
23 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Juan Jos\u00e9 Betancourt Tafur \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27\/11\/2020<\/p>\n
24 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Pedro Miguel Jaramillo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2 y 7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27\/11\/2020<\/p>\n
25 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Tatiana Rodr\u00edguez Jim\u00e9nez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2 y 7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27\/11\/2020<\/p>\n
26 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Luis Gabriel Jaramillo Abonado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2 y 7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27\/11\/2020<\/p>\n
27 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Cecilia Figueredo Mejia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2 y 7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27\/11\/2020<\/p>\n
28 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Javier Alfonso Roncancio Rachid \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2 y 7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27\/11\/2020<\/p>\n
29 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda del Socorro Bueno Mosquera \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27\/11\/2020<\/p>\n
30 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Gloria In\u00e9s Lacouture \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2 y 7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27\/11\/2020<\/p>\n
31 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Adriana Castillo Mari\u00f1o \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2 y 7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27\/11\/2020<\/p>\n
32 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Laura Isabel Gallo Mart\u00ednez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2, 3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27\/11\/2020<\/p>\n
33 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Sonia Zapata Herrera \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2,4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27\/11\/2020<\/p>\n
34 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Guillermo Alberto Rosero Melo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 3 y 7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27\/11\/2020<\/p>\n
35 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Hilba Judith Romero de Guar\u00edn \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2 y 7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
28\/11\/2020<\/p>\n
36 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jairo Ernesto Guzm\u00e1n Piperos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2 y 7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
28\/11\/2020<\/p>\n
37 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Manuela Tob\u00f3n Rodr\u00edguez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
28\/11\/2020<\/p>\n
38 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Teresa Cubillos Estivariz \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 3 y 7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
39 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Lina Montoya Pizarro \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 3 y 7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
13\/11\/2020<\/p>\n
40 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Otoniel estrada Castrill\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 2, 3 y 7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/11\/2020<\/p>\n
41 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Consuelo Arenas Arias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
01\/02\/2021<\/p>\n
42 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Leidy Yineth Guzm\u00e1n en representaci\u00f3n de Ana Catalina Manzano Guzm\u00e1n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
15\/03\/2021<\/p>\n
43 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Juan Carlos Rodr\u00edguez Arteaga y Alba Luc\u00eda Torres Quiroga en representaci\u00f3n de Juan Daniel Rodr\u00edguez Torres, Diego Alejandro Garz\u00f3n Garc\u00eda, Ju\u00e1n Jos\u00e9 P\u00e9rez Boh\u00f3rquez, Juan Camilo Cort\u00e9s Murillo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
16\/03\/2021<\/p>\n
44 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 3,4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
16\/03\/2021<\/p>\n
45 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Valentina Moreno Pinz\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
6 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
17\/03\/2021<\/p>\n
46 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mauricio Luna Visbal \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
06\/05\/2021<\/p>\n
47 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
L\u00edderes religiosos miembros de la Asamblea General del Cabildo Interreligioso de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1,2,3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14\/02\/2022<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
ANEXO 10.11<\/p>\n
ESCRITOS QUE SOLICITAN LA INEXEQUIBILIDAD DE LA NORMA DEMANDADA, REMITIDOS DESPU\u00c9S DEL T\u00c9RMINO DE FIJACI\u00d3N EN LISTA<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Fundamentos: (1) inexistencia de cosa juzgada constitucionalidad; (2) evoluci\u00f3n del contexto normativo; (3) vulneraci\u00f3n del principio de \u00faltima ratio del derecho penal; (4) l\u00edmites constitucionales para la libertad de configuraci\u00f3n legislativa; (5) derechos sexuales y reproductivos de la mujer; (6) derecho fundamental a la IVE; (7) naturaleza discriminatoria del aborto; (8) barreras estructurales para el acceso a la IVE; (9) impactos desproporcionados de los embarazos no deseados en la salud f\u00edsica y mental de las mujeres; (10) estigmatizaci\u00f3n del aborto y las mujeres que lo practican; (11) redacci\u00f3n excluyente de la norma frente a quienes no se identifican como mujeres; (12) principio de progresividad en garant\u00edas las iusfundamentales y (13) derecho internacional de los derechos humanos (DIDH, OMS, ONU y CEDAW).<\/p>\n
N\u00daM. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
SOLICITANTES \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
FUND. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
FECHA REMISI\u00d3N ESCRITO<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
M\u00f3nica Roa \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
6,7,8,10 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
13\/11\/2020<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ana Patricia Pab\u00f3n Mantilla \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3,6,7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
13\/11\/2020<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jaime Hern\u00e1n Urrego \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
8,10 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
25\/11\/2020<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Paola Lugo G\u00f3mez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2, 5, 6, 8 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
03\/12\/2020<\/p>\n
5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Juan Felipe Ter\u00e1n Rom\u00e1n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
6, 8 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
15\/03\/2021<\/p>\n
6 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
13 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
15\/03\/2021<\/p>\n
7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Juan David Escobar D\u00edaz \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2, 5 7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
16\/03\/2021<\/p>\n
8 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Juan Sebasti\u00e1n Guzm\u00e1n Alvis \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
7, 8, 9 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
16\/03\/2021<\/p>\n
9 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Valentina Parra Vigoya y Juanita Alejandra G\u00f3mez Mu\u00f1oz \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
6, 7, 8, 10 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
17\/03\/2021<\/p>\n
10 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mariana Jaramillo Casta\u00f1o \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2, 5, 6, 7, 8, 13 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
17\/03\/2021<\/p>\n
11 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Paula Stefan\u00eda C\u00f3rdoba Hern\u00e1ndez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2, 8, 10 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
17\/03\/2021<\/p>\n
12 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Nilxon Calder\u00f3n D\u00edaz en representaci\u00f3n de Mar\u00eda Alejandra Calder\u00f3n Herrera, Valentina Ar\u00e9valo Mar\u00edn y Stefany Camila Moreno Latorre \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
7, 8 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
17\/03\/2021<\/p>\n
13 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Michell Tatiana Vargas Berrio, Luz \u00c1ngela Sierra Barreto y Nicol Yurany Bustos Olarte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
8, 9 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
17\/03\/2021<\/p>\n
14 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Amanda Cleeve, Margit Endler y Kristina Gemzell Danielsson\/Karolinska Institutet \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
9<\/p>\n
Otras razones: la evidencia internacional indica que el aborto seguro tiene efectos positivos; las leyes de aborto restrictivas no disminuyen las tasas de aborto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/11\/2020<\/p>\n
15 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Eugenia Monte\/ doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de C\u00f3rdoba (Argentina) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
7,9<\/p>\n
Otras razones: protecci\u00f3n gradual de los derechos de los no nacidos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27\/11\/2020<\/p>\n
16 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Vanezza Escobar Behar y Dorian Juliet G\u00f3mez Osorio \/ abogada y directora de la Corporaci\u00f3n Colectiva Justicia Mujer \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10<\/p>\n
Otras razones: no supera el test de proporcionalidad; perpet\u00faa la violencia basada en el g\u00e9nero; vulnera la libertad de conciencia; la protecci\u00f3n al valor vida en el caso de los no nacidos son de titularidad de las mujeres u hombres, no del feto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27\/11\/2020<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
ANEXO 10.12<\/p>\n
MANIFESTACIONES GENERALES EN CONTRA DEL ABORTO Y A FAVOR DE MANTENER SU PENALIZACI\u00d3N, REMITIDAS DESPU\u00c9S DEL T\u00c9RMINO DE FIJACI\u00d3N EN LISTA<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
En estas, se proponen reflexiones sobre los siguientes aspectos: el aborto como crimen; la existencia de l\u00edmites a la libertad; inexistencia de causales para acabar con la vida de seres indefensos; el derecho a la vida como valor absoluto; la defensa del inocente; la manipulaci\u00f3n de estad\u00edsticas sobre muertes de mujeres, producto de abortos mal practicados; la obligaci\u00f3n de los jueces de defender la vida; la afectaci\u00f3n a la instituci\u00f3n de la familia; experiencias personales traum\u00e1ticas despu\u00e9s de la realizaci\u00f3n de abortos; responsabilidad en la sexualidad; papel de los padres ante la defensa de la vida; educaci\u00f3n sexual y razones religiosas acerca de la preservaci\u00f3n de la vida desde el vientre.<\/p>\n
N\u00daM. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
SOLICITANTE \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ivarelaa \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
13\/11\/2020<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Victoria Mazenett Granados \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
13\/11\/2020<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Nohora Hurtado Villalba \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
13\/11\/2020<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Silvia Mar\u00eda Duarte \u00c1lvarez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14\/11\/2020<\/p>\n
5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Yuly Andrea Barrag\u00e1n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
19\/11\/2020<\/p>\n
6 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Dora Elcy Quintero Urrea \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/11\/2020<\/p>\n
7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Eugenio Lara \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/11\/2020<\/p>\n
8 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jacqueline Silva Garc\u00eda \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27\/11\/2020<\/p>\n
9 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jackmy S\u00e1nchez Delgado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/11\/2020<\/p>\n
10 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ligia Jazm\u00edn Hern\u00e1ndez L\u00f3pez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/11\/2020<\/p>\n
11 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Nora Alba Buitrago Perilla \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/11\/2020<\/p>\n
12 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Paola Granada \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/11\/2020<\/p>\n
13 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Luis Guillermo Restrepo \u00c1lvarez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/11\/2020<\/p>\n
14 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Gloria Rodr\u00edguez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/11\/2020<\/p>\n
15 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Gloria Elena V\u00e9lez Zapata, Elvia Margarita Zapata Agudelo y \u00c1ngela Margarita V\u00e9lez Zapata \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/11\/2020<\/p>\n
16 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/11\/2020<\/p>\n
17 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Wilson Tafur \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/11\/2020<\/p>\n
18 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mariela Meneses de Morales \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/11\/2020<\/p>\n
19 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Maribel Ram\u00edrez Peralta \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
24\/11\/2020<\/p>\n
20 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Iv\u00e1n Marcelo Guevara Valbuena \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
24\/11\/2020<\/p>\n
21 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Luz Adriana Zuluaga Mart\u00ednez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
24\/11\/2020<\/p>\n
22 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Martha Cecilia Moreno Toro \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
25\/11\/2020<\/p>\n
23 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ismaelina Moreno Baracaldo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
25\/11\/2020<\/p>\n
24 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Francisco Javier Higuera \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
25\/11\/2020<\/p>\n
25 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Olga Liliana Ruiz Mart\u00ednez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
25\/11\/2020<\/p>\n
26 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Luz Dary Sanabria Cely \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
26\/11\/2020<\/p>\n
27 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mary Sanabria Cely \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
26\/11\/2020<\/p>\n
28 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Julio C\u00e9sar Perilla Ruiz \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
26\/11\/2020<\/p>\n
29 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Emma Nelly Cely \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
26\/11\/2020<\/p>\n
30 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Delio Jos\u00e9 Morales Meneses \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
26\/11\/2020<\/p>\n
31 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Caridad del Socorro Herrera Echeverri \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
26\/11\/2020<\/p>\n
32 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Hilda Meneses \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
26\/11\/2020<\/p>\n
33 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Narie Ocampo Mart\u00ednez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
26\/11\/2020<\/p>\n
Mary Luz Monta\u00f1o V\u00e1squez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
26\/11\/2020<\/p>\n
35 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ana Delia Jim\u00e9nez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
26\/11\/2020<\/p>\n
36 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Elena Aristiz\u00e1bal \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
26\/11\/2020<\/p>\n
37 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Carlos Danilo Meneses \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27\/11\/2020<\/p>\n
38 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
M\u00f3nica Fernanda Morales Ruiz \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27\/11\/2020<\/p>\n
39 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Teresa C\u00e1ceres Vel\u00e1squez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27\/11\/2020<\/p>\n
40 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Alba In\u00e9s Restrepo Tejos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27\/11\/2020<\/p>\n
41 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Alberto Pretelt \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27\/11\/2020<\/p>\n
42 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27\/11\/2020<\/p>\n
43 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jackeline Silva Garc\u00eda \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27\/11\/2020<\/p>\n
44 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Liliana Erazo L\u00f3pez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27\/11\/2020<\/p>\n
45 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Merly Yamiles M\u00e9ndez Rodr\u00edguez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27\/11\/2020<\/p>\n
46 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Paola Ferrer Salcedo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
29\/11\/2020<\/p>\n
47 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Luis Fernando Garibello Peralta \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
18\/02\/2021<\/p>\n
48 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Sergio Moreno \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
21\/07\/2021<\/p>\n
49 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Sara Yaize Rojas Larrotta \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
21\/07\/2021<\/p>\n
Carmen Alicia Mart\u00ednez Rivera \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
21\/07\/2021<\/p>\n
51 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Johanna Hurtado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
52 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Linda Kelly Sandoval \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
53 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Tadea Morales de Devis \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
54 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Sonia Consuelo Ortiz Morales \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
55 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Patricia Ramos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
56 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Roc\u00edo del Pilar Garc\u00eda Moreno \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
57 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Amanda Rojas Masso \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
58 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00c1ngela Mar\u00eda Rodr\u00edguez G \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
59 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Aquileo Alfonso Cristancho \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
60 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Aura Matilde Corredor Cuervo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
61 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Blanca Victoria Prada Gil \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
62 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
C\u00e9sar Sierra \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
63 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Claudia Patricia Murillo y Luis David Jim\u00e9nez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
64 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Alba Buritic\u00e1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
65 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Cristancho L\u00f3pez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
66 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
David Lacouture M\u00e9ndez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
67 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Elsy Gonz\u00e1lez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
Fabio Uribe \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
69 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Francisco Javier Micolta Hern\u00e1ndez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
70 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Gabriela Casta\u00f1o \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
71 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Henry Eduardo Pati\u00f1o Bueno \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
72 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Javier Dimat\u00e9 Ossa \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
73 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Esperanza Gonz\u00e1lez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
74 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Flor Le\u00f3n Orjuela \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
75 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Alba Luc\u00eda Pe\u00f1a Parra \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
76 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Alexandra O\u00f1ate \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
77 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ana Ruiz \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
78 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Astrid Sof\u00eda Galindo Godoy \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
79 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jenny Alexandra Ib\u00e1\u00f1ez Burbano \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
80 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Alba Luz Zed\u00e1n Mar\u00edn \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
81 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ana Mar\u00eda Villa \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
82 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Alexandra Pinto Rubio \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
83 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Bertha Durango Zapata \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
84 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Catalina de Zubir\u00eda de Santamar\u00eda \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
85 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Daisy Garc\u00eda Moreno \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
86 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Claudia Rodr\u00edguez Vel\u00e1squez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
87 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
David Rafael Lacouture Mendez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
88 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Carmen Elvira Rojas Garavito \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
89 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Diana Cubillos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
90 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Diana Marcela Tautiva Gonz\u00e1lez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
91 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Diana V. Baquero F. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
92 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Diva In\u00e9s Serrano Ram\u00edrez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
93 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Elsa Velandia Gracias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
94 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Elvia Vargas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
95 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
96 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Carlos Bello \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
97 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Claudia Sisa Martinez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
98 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Flor Le\u00f3n Orjuela \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
99 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Gladys Esperanza Mateus T\u00e9llez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
100 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Gloria Cristina Sierra Yepes \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
101 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Henry Hern\u00e1n Cuida Vargas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
102 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
In\u00e9s Cecilia Estrada \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
103 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Isa\u00edas M\u00e1rquez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
104 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Isnardo \u00c1lvarez \u00a0Mantilla \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
105 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
106 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Emilia Garc\u00eda Rocha \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
107 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jadir Moreno \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
108 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jaime Antonio Urrego Garc\u00eda \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
109 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jaime Sanz de Santamar\u00eda \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
110 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jos\u00e9 Antonio Bonilla \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
111 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jos\u00e9 Antonio Daza Ochoa \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
112 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ervin Leonardo D\u00edaz Paez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
113 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
114 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Humberto Reynales Londo\u00f1o \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
115 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jos\u00e9 Miguel P\u00e1ez Ospina \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
116 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Juan Pablo Bernal \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
117 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Juli\u00e1n Valencia Delgado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
118 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Karen Sof\u00eda Parra Granados \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
119 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Laura Isabel Gallo Mart\u00ednez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
120 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Lilia Mu\u00f1oz \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
121 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Lizana Correa Molina \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
122 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Aminta Lozano Godoy \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
123 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Beatriz Ospitia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
124 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Claudia Patricia Rodr\u00edguez Castillo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
125 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Elba Gonz\u00e1lez de Garc\u00eda \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
126 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Gloria In\u00e9s P\u00e9rez Villa \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
127 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Arminda Leal Leal \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
128 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Aura Rosa Carmona Villegas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
129 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Daniel Rubiano Pati\u00f1o \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
130 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Dilia Magali Toro Imbach\u00ed. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
131 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
132 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
H\u00e9ctor Manolo Pinz\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
133 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Laura Rojas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
134 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Fanny Hern\u00e1ndez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
135 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jenaro enrique de Jes\u00fas Qui\u00f1ones Jim\u00e9nez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
136 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Gladys Berm\u00fadez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
137 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Graciela Galvis Guevara \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
138 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
It\u00e9l Atencio \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
139 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Lida Johanna Barreto Ot\u00e1lora \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
140 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Daniel Peralta Mayorga \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
141 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jorge Enrique Cadavid Mej\u00eda \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
142 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Luce Schott \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
143 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Lucre Lozada Ortiz \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
144 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Lud Mina Uma\u00f1a \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
Luis E. Cadena \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
146 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Luis Eduardo Villamar\u00edn \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
147 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Luisa Fernanda Cruz Rey \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
148 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Luz Elena Ram\u00edrez Cort\u00e9s \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
149 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Magda L\u00f3pez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
150 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Marcela Baham\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
151 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Astolfo Eduardo Moreno \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
152 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Claudia Madri\u00f1\u00e1n Rivera \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
153 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Elsa Paris \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
154 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
155 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Marcos Castillo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
156 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Maria del Carmen Vela Prieto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
157 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda del Pilar Angarita D\u00edaz \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
158 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda del Pilar Vel\u00e1squez Baquero \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
159 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Guadalupe Taborda Rojas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
160 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda In\u00e9s Garc\u00eda Garavito \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
161 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Nancy L\u00f3pez Zuluaga \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
162 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Sierra \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
163 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Marianella G\u00f3mez Cadavid \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
164 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mariano Ord\u00f3\u00f1ez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
165 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Adriana Prieto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
166 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Claudia Patricia Garc\u00eda Gonz\u00e1lez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
167 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Janeth Baquero \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
168 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Martha Hern\u00e1ndez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
Katherine Llanos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
170 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Adriana Gonz\u00e1lez Guerrero \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
171 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Adriana Mar\u00eda Quintero Ossa \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
172 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Amparo Bernal \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
173 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Blanca Nelly Le\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
174 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Esperanza Jim\u00e9nez Acu\u00f1a \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
175 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Luz Marina Vel\u00e1squez Casta\u00f1eda \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
176 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Martha Cecilia Ceballos Mar\u00edn \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
177 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Martha In\u00e9s Cifuentes Bedoya \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
178 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Clemencia Santos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
179 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Cristina Valencia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
180 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ester Julia Ram\u00edrez Gonz\u00e1lez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
181 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Gloria L\u00f3pez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
182 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Isabel Cristina D\u00edaz \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
183 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Marcela Otero \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
184 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Martha In\u00e9s Morales Mora \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
185 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Martha Isabel Camacho Ortiz \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
186 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Alexandra Gonz\u00e1lez P\u00e9rez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
187 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Amanda Murillo Murillo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
188 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Bel\u00e9n Moreno \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
189 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Blanca Cecilia D\u00edaz Rodriguez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
190 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Blanca Cecilia Hurtado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
191 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Catalina Bedout \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
192 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Georgina Marcela Mel\u00e9ndez S\u00e1nchez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
193 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Gloria Esperanza Trujillo Tarazona \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
194 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Marlene Vega G\u00f3mez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
195 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
196 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Martha Ligia Cardona \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
197 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Martha Luc\u00eda Barrera Garz\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
198 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Martha Morales \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
199 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Martha Patricia D\u00edaz Herrera \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
200 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Massiel Galindo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
201 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mime Lucy Cardona \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
202 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mime Lucy Cardona \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
203 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
M\u00f3nica Escobar Viveros \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
204 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Myriam Ch\u00e1varro Guerrero \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
205 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Nancy Caicedo Vera \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
206 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Nancy Monta\u00f1ez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
207 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Natalia Agudelo C\u00e1rdenas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
208 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Nubia Rivera P\u00e9rez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
209 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Olga Cecilia Mart\u00ednez Henao \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
210 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Omar Cristancho \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
211 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Omar Salazar \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
212 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Oriana Ivone Mart\u00ednez Ram\u00edrez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
213 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Orlando Cardona \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
214 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Paloma Valencia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
215 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Pilar Galvis \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
216 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Pilar Ramos Gasca \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
217 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Pilar Tasson \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
218 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Rafael Antonio \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
219 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Religiosas Siervas de Mar\u00eda \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
220 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Robinson Rodr\u00edguez Torres \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
221 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Roc\u00edo Yanet Osorio Gil \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
222 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Rodrigo Durango Escobar \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
223 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Rodrigo Marmolejo Hoyos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
224 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Rosa Mar\u00eda Gamarra A\u00f1azco \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
225 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Rosa Mora \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
226 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Rosario Tamayo Veccino \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
Rubiela Pulido \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
228 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Sandra Mesa \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
229 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Sandra Milena Cristancho \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
230 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Sandra Troncoso Rojas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
231 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Silvia Pinz\u00f3n de Torres \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
232 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Sonia Giselle Rodr\u00edguez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
233 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Sonia Moreno \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
234 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Sonia Victoria Gal\u00e1n Pic\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
235 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Stuwart Medina \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
236 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Teresa del Carmen Alzate \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
237 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Teresa Villamizar \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
238 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Vicenta \u00c1lvarez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
239 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
V\u00edctor Perilla \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
240 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Viviana Villamil Rojas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
241 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Yamile G\u00e1mez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
242 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Yaneth Gonz\u00e1lez Cortes \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
243 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Yiliveth Mena Guzm\u00e1n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
244 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Yohani Quiroga \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
245 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Fernando del Catillo R\u00edos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
246 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Yvonne Mercedes Pereira Perdomo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
247 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Zoila Ar\u00e9valo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
248 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ana Mar\u00eda G\u00f3mez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
249 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
250 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Beatriz Eugenia Franco Hincapi\u00e9 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
251 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Isabella Andrade Barrag\u00e1n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
252 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Leonor Silva Duarte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
253 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Miguel Omar Garavito \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
254 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Adriana Caldas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
255 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Adriana del Pilar Luna Rueda \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
256 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jairo Cabezas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
257 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Lady Johanna Zuluaga \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
258 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Cristina Echeverry Zuluaga \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
259 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda del Pilar Rueda Galvis \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
260 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Miguel Ernesto Serna Bonilla \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
261 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Vilma Graciela Mart\u00ednez Rivera formato \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
262 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Carlos Andres Arias Mart\u00ednez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
263 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Carmen Ofelia Ram\u00edrez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
264 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Claudia Zuluaga \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
265 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Daniel Preciado Monta\u00f1ez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
266 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Dora Cely Garc\u00eda \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
267 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Fernando del Catillo R\u00edos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
268 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Gloria Elena Giraldo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
269 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Hermes Arturo Hern\u00e1ndez Cadena \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
270 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jes\u00fas Castellanos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
271 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Liborio Alberto Garc\u00eda Aguil\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
272 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Lorely Andrea Herrera Acosta \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
273 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Teresa Rodr\u00edguez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
274 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Olga Luc\u00eda Casta\u00f1o Torres \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
275 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
276 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Yesenia Guerrero \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
277 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Yesid Cabrejo Ortiz \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
278 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Luz Mary 519 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
279 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mal\u00fa \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
280 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Alegargu \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
281 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mery Lez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
282 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Miriam \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
283 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Yira 9062 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
284 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Luz Marina Algarra Garz\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
285 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Oswaldo Marriaga \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
286 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Magdalena In\u00e9s Valencia Monsalve \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
287 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Martha Patricia Blanco Bautista \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
288 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Beatriz Ni\u00f1o de Stand. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
289 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ximena Andrea Su\u00e1rez Monta\u00f1ez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
290 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Yenny Patricia Burbano \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
291 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mary Hern\u00e1ndez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
292 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Enit Cast\u00e1n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
293 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Luis C\u00e1rdenas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
294 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Lila Pareja \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
295 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Auxiliadora L\u00f3pez Vergara \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
296 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Claudia Patricia L\u00f3pez Vergara \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
297 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Arelis S\u00e1nchez Verlarde \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
298 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Julia Margarita Su\u00e1rez Ramos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
299 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Martha Campos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
300 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
301 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Nohora Izquierdo de C\u00e1rdenas. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
302 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Consuelo Gonz\u00e1lez Mart\u00ednez. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
303 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Stella Monroy \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
304 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Oliva Ni\u00f1o \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
305 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Pedro Ni\u00f1o \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
306 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Cristina Garc\u00eda y Mar\u00eda Sylvia Garc\u00eda \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
307 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
M\u00f3nica Alexandra Buitrago Flori\u00e1n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
308 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Adelaida Palencia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
309 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Helmer Ezequiel Torres Vela \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
310 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mireya Campos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
311 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Julia Cristina V\u00e1squez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
312 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Margarita Perdomo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
313 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Eva Cruz del \u00c1ngel \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
314 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Lilia Mu\u00f1oz \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
315 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Rodolfo Andr\u00e9s Silva Rodr\u00edguez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
316 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jessica Fern\u00e1ndez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
317 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Dolly Moreno \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
318 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Reynaldo S\u00e1nchez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
319 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Marilin Giraldo Durango \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
320 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00c1ngela Patricia Espinosa Mar\u00edn \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
321 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jhon Jairo Calder\u00f3n Arboleda \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
322 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Gilma Guette \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
323 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Carolina V\u00e9lez Ram\u00edrez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
324 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Lila Louis \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
325 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Stivalis Melo Albarrac\u00edn \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
326 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Lourdes Ot\u00e1lora Hurtado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
327 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Olga Luc\u00eda Camelo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
328 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Leonor Carlider \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
329 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Claudia Ru\u00edz Rueda \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
330 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Amanda P\u00e9rez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
331 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Nayibe Bechara \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
332 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Luz Stella Su\u00e1rez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
333 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Colombia Segura \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
Saray \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
335 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Julia Galofre Cano \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
336 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Yamile Beltr\u00e1n Ibarra \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
337 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Emilse Valenzuela \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
338 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Nohora del Pilar C\u00e1rdenas Izquierdo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
339 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Daniel Preciado Monta\u00f1ez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
340 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
H\u00e9ctor C\u00e1rdenas Due\u00f1as \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
341 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Esperanza Garc\u00eda Garavito \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
342 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Sonia Janeth Coral Dulcey \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
343 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Janneth Mun\u00e9var L\u00f3pez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
344 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00c1ngel Porfilio \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
345 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda de los \u00c1ngeles Mu\u00f1oz Motta \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
346 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Helena Restrepo de Su\u00e1rez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
347 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Silvia Elena Orozco Sep\u00falveda \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
348 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Cristina Cortes \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
349 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Antonia Pirac\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
350 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Alexandra D\u00edaz Vento \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
351 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mayerly L\u00f3pez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
352 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
M\u00f3nica M\u00e1rquez Guti\u00e9rrez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
353 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Martha L\u00f3pez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
354 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Santiago Laserna \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
Juana Mar\u00eda Matiz V\u00e1squez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
356 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Girleza Giraldo Gonz\u00e1lez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
357 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ren\u00e9 Solano Mac\u00edas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
358 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jorge Ruge S\u00e1nchez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
359 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Constanza Noriega \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
360 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jairo Ram\u00edrez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
361 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Rosalba Rojas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
362 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Diana Roc\u00edo Baratto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
363 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Adriana Morales Valero \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
24\/07\/2021<\/p>\n
364 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00c1lvaro Mej\u00eda Uribe \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
24\/07\/2021<\/p>\n
365 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Beatriz Elena Arango Cadavid \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
24\/07\/2021<\/p>\n
366 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Carmen Elisa Balanta \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
24\/07\/2021<\/p>\n
367 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Elena Peroni Cadavid \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
24\/07\/2021<\/p>\n
368 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Gina \u00c1ngel \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
24\/07\/2021<\/p>\n
369 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jairo Archila \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
370 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Janeth Urbano Cer\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
24\/07\/2021<\/p>\n
371 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jos\u00e9 Henry Cruz Bernal \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
24\/07\/2021<\/p>\n
372 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Luis Felipe Pi\u00f1eros Ospina \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
24\/07\/2021<\/p>\n
373 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Cristina Rodriguez Ardila \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
24\/07\/2021<\/p>\n
374 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Maria Teresa Gonz\u00e1lez de Uribe \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
24\/07\/2021<\/p>\n
375 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mary Quiroga \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
24\/07\/2021<\/p>\n
376 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Nilsa Mar\u00eda Guevara de Pinz\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
24\/07\/2021<\/p>\n
377 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Rosa Imelda \u00c1vila de G\u00f3mez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
24\/07\/2021<\/p>\n
Sandra Milena Angarita Vargas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
24\/07\/2021<\/p>\n
379 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jos\u00e9 Romero Ocampo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
24\/07\/2021<\/p>\n
380 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
In\u00e9s de Mantilla \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
25\/07\/2021<\/p>\n
381 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Maritza Arias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
25\/07\/2021<\/p>\n
382 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Laudises Jara \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
25\/07\/2021<\/p>\n
383 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Paula Andrea Chica Serna \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
25\/07\/2021<\/p>\n
384 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Rosa Mart\u00ednez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
25\/07\/2021<\/p>\n
385 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Arturo Pinz\u00f3n Medina \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
25\/07\/2021<\/p>\n
386 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Camilo Mej\u00eda Motta \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
25\/07\/2021<\/p>\n
387 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Concepci\u00f3n Ardila Sanabria \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
25\/07\/2021<\/p>\n
388 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jos\u00e9 Miguel \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
25\/07\/2021<\/p>\n
389 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
25\/07\/2021<\/p>\n
390 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Orlando Landaz\u00e1bal Esteban \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
25\/07\/2021<\/p>\n
391 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Myriam Quintero \u00c1lvarez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
25\/07\/2021<\/p>\n
392 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00c1ngela Mart\u00ednez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
26\/07\/2021<\/p>\n
393 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Dora Carolina Ayala \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
26\/07\/2021<\/p>\n
394 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Felisa Rubio \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
26\/07\/2021<\/p>\n
395 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Luisa Colmenares \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
26\/07\/2021<\/p>\n
396 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Carolina Orteg\u00f3n Monroy \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
26\/07\/2021<\/p>\n
397 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Miguel Antonio Olmos Mart\u00ednez y Dora Orlanda Carre\u00f1o de Olmos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
26\/07\/2021<\/p>\n
398 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Pablo Gonz\u00e1lez Gait\u00e1n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
26\/07\/2021<\/p>\n
399 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Orlando de Jes\u00fas Grajales Mar\u00edn \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
26\/07\/2021<\/p>\n
400 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Justo Sandoval \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27\/07\/2021<\/p>\n
401 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
H\u00e9ctor Sa\u00fal Mantilla Serrano \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27\/07\/2021<\/p>\n
402 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Imelda de Jes\u00fas Cort\u00e9s \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
403 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Adriana Elena \u00c1lvarez Rivera \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27\/07\/2021<\/p>\n
404 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00c1ngela Patricia Yaya Murillo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27\/07\/2021<\/p>\n
405 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jane Mar\u00eda Gordon Arango \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27\/07\/2021<\/p>\n
406 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Lucero Castelblanco Reyes \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27\/07\/2021<\/p>\n
407 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jos\u00e9 Guerrero Guerrero \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27\/07\/2021<\/p>\n
408 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Patricia Uribe \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
28\/07\/2021<\/p>\n
409 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Clara Elena Londo\u00f1o Escobar \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
29\/07\/2021<\/p>\n
410 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Olga Pach\u00f3n Manrique \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
30\/07\/2021<\/p>\n
411 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Helena Jim\u00e9nez Hilar\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
04\/08\/2021<\/p>\n
412 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Adriana de Arteaga \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
04\/08\/2021<\/p>\n
413 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Sonia Londo\u00f1o L\u00f3pez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14\/09\/2021<\/p>\n
414 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Eugenia Bri\u00f1ez Nino \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
15\/09\/2021<\/p>\n
415 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Diana Jazm\u00edn Mart\u00ednez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
16\/09\/2021<\/p>\n
416 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Elena Peroni Cadavid \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
30\/09\/2021<\/p>\n
417 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
30\/09\/2021<\/p>\n
418 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Gloria In\u00e9s Valenzuela \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
30\/09\/2021<\/p>\n
419 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Victoria Pardo Quintero \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
30\/09\/2021<\/p>\n
420 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Rosa Anaya \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
30\/09\/2021<\/p>\n
421 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Fredy Enrique Medina Quintero \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
30\/09\/2021<\/p>\n
422 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Berta Daly Gonz\u00e1lez Calder\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
30\/09\/2021<\/p>\n
423 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Milena Ca\u00f1as Gonz\u00e1lez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
30\/09\/2021<\/p>\n
424 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Gustavo V\u00e9lez Mej\u00eda \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
30\/09\/2021<\/p>\n
425 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Norberto Chac\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
30\/09\/2021<\/p>\n
426 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Susana Pardo Escall\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
427 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Catalina Vergara \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
30\/09\/2021<\/p>\n
428 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Nancy L\u00f3pez Zuluaga \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
30\/09\/2021<\/p>\n
429 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Itel Cruz Atencio Antol\u00ednez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
30\/09\/2021<\/p>\n
430 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Isidro Vargas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
30\/09\/2021<\/p>\n
431 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Paula Agudelo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
30\/09\/2021<\/p>\n
432 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Gloria de Polania \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
30\/09\/2021<\/p>\n
433 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Teresa Gnecco Ruiz \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
30\/09\/2021<\/p>\n
434 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
alhgamishca \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
30\/09\/2021<\/p>\n
435 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Fabiola Romero Daza \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
30\/09\/2021<\/p>\n
436 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Cristina L\u00f3pez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
30\/09\/2021<\/p>\n
437 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Valeria Esteban \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
30\/09\/2021<\/p>\n
438 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Elena Mej\u00eda Jaramillo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
30\/09\/2021<\/p>\n
439 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Luis Abd\u00f3n Su\u00e1rez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
30\/09\/2021<\/p>\n
440 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Martha Liliana Bustos Su\u00e1rez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
30\/09\/2021<\/p>\n
441 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Hilda Santander \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
30\/09\/2021<\/p>\n
442 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Prof. Omar \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
30\/09\/2021<\/p>\n
443 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Luis Eduardo Casta\u00f1eda Escobar \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
30\/09\/2021<\/p>\n
444 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
30\/09\/2021<\/p>\n
445 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Edilma Vera \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
30\/09\/2021<\/p>\n
446 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Claudia Zabala \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
30\/09\/2021<\/p>\n
447 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Diana Garc\u00eda \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
30\/09\/2021<\/p>\n
448 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00c1lvaro G\u00f3mez Rueda \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
30\/09\/2021<\/p>\n
449 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Yovana Herrera \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
30\/09\/2021<\/p>\n
450 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Gladys Patricia Ospina Restrepo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
30\/09\/2021<\/p>\n
451 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Consuelo Restrepo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
30\/09\/2021<\/p>\n
452 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Martha Beatriz Moreno Hern\u00e1ndez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
30\/09\/2021<\/p>\n
453 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Aldemar Roa \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
30\/09\/2021<\/p>\n
454 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Velasco Mendoza \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
30\/09\/2021<\/p>\n
455 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
30\/09\/2021<\/p>\n
456 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
drtp15 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
30\/09\/2021<\/p>\n
457 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ana Mar\u00eda Torres \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
30\/09\/2021<\/p>\n
458 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Eugenia Ram\u00edrez Cabrera \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
30\/09\/2021<\/p>\n
459 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ana Cristina Sandoval Moreno \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
30\/09\/2021<\/p>\n
460 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jos\u00e9 Adelmo Arias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
30\/09\/2021<\/p>\n
461 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Samofra \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
30\/09\/2021<\/p>\n
462 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda del Portillo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
30\/09\/2021<\/p>\n
Martha Luc\u00eda Hidalgo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
30\/09\/2021<\/p>\n
464 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00d3scar de Jes\u00fas L\u00f3pez Restrepo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
30\/09\/2021<\/p>\n
465 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Aminta Franco \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
30\/09\/2021<\/p>\n
466 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jahel Medina Rosas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
30\/09\/2021<\/p>\n
467 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mary Hope \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
30\/09\/2021<\/p>\n
468 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Luz Alba Rodr\u00edguez de Aponte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
30\/09\/2021<\/p>\n
469 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Cristina L\u00f3pez G\u00f3mez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
30\/09\/2021<\/p>\n
470 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Nidia Yesmith Cely Mart\u00ednez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
30\/09\/2021<\/p>\n
471 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
30\/09\/2021<\/p>\n
472 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Gloria Gallo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
30\/09\/2021<\/p>\n
473 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Hilda Santander \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
30\/09\/2021<\/p>\n
474 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Eva Arias Contreras \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
01\/10\/2021<\/p>\n
475 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Gloria Castilla \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
01\/10\/2021<\/p>\n
476 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Leopoldo Varela Acosta \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
01\/10\/2021<\/p>\n
477 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Lilia Rodr\u00edguez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
01\/10\/2021<\/p>\n
478 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda del Pilar Castro Caicedo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
01\/10\/2021<\/p>\n
479 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Nelly Barrera Maldonado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
01\/10\/2021<\/p>\n
480 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
M\u00f3nica Uribe \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
01\/10\/2021<\/p>\n
481 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Johanna Vivas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
01\/10\/2021<\/p>\n
482 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Nancy Cuenca \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
01\/10\/2021<\/p>\n
Nathalie Cer\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
01\/10\/2021<\/p>\n
484 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Omar D\u00edaz \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
01\/10\/2021<\/p>\n
485 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Liceth Arias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
01\/10\/2021<\/p>\n
486 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Nancy B Monta\u00f1ez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
01\/10\/2021<\/p>\n
487 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Sergio Carranza \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
01\/10\/2021<\/p>\n
488 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Myriam Janett Vivas Rodr\u00edguez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
01\/10\/2021<\/p>\n
489 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Alfonso Prieto Guzm\u00e1n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
04\/10\/2021<\/p>\n
490 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Carlota Arias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
04\/10\/2021<\/p>\n
491 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Gloria Jazm\u00edn Esparza Buitrago \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
04\/10\/2021<\/p>\n
492 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Argemiro Ortiz \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
04\/10\/2021<\/p>\n
493 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jairo Ram\u00edrez Cort\u00e9s \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
04\/10\/2021<\/p>\n
494 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ludy Yolima Herrera Mora \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
04\/10\/2021<\/p>\n
495 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda G\u00f3mez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
04\/10\/2021<\/p>\n
496 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
04\/10\/2021<\/p>\n
497 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Rosalba Bautista Parada \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
04\/10\/2021<\/p>\n
498 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Antonio Corrales Garc\u00eda \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
04\/10\/2021<\/p>\n
499 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Nidia Reyes Leal \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
04\/10\/2021<\/p>\n
500 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Olga Mar\u00eda Chicangana Bravo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
04\/10\/2021<\/p>\n
501 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Imelda de Jes\u00fas Cort\u00e9s \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
05\/10\/2021<\/p>\n
502 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Hern\u00e1n Dar\u00edo G\u00f3mez G\u00f3mez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
05\/10\/2021<\/p>\n
503 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00c1ngela Ladino \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
05\/10\/2021<\/p>\n
504 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Carlos Mauricio Orozco Serna \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
05\/10\/2021<\/p>\n
505 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Norma Echeverri de Arias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
05\/10\/2021<\/p>\n
506 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00d3scar Augusto Granados Garc\u00eda \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
05\/10\/2021<\/p>\n
507 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Beatriz Velilla \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
06\/10\/2021<\/p>\n
508 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda del Socorro Cu\u00e9llar Osorio \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
06\/10\/2021<\/p>\n
509 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Nelly Cortina Buelvas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
06\/10\/2021<\/p>\n
Martha Cecilia Rod\u00f3n Ord\u00f3\u00f1ez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
08\/10\/2021<\/p>\n
511 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Cecilia D\u00edaz \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
08\/10\/2021<\/p>\n
512 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mario Garc\u00eda Isaza \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
09\/10\/2021<\/p>\n
513 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
H\u00e9ctor Sa\u00fal Mantilla Quintero \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
11\/10\/2021<\/p>\n
514 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Diego Javier Hern\u00e1ndez Mondrag\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
11\/10\/2021<\/p>\n
515 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Beatriz Cadavid Clausen \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
13\/10\/2021<\/p>\n
516 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Gilma Luc\u00eda Parra Barajas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
13\/10\/2021<\/p>\n
517 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Margarita Vivas Mart\u00ednez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
13\/10\/2021<\/p>\n
518 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Martha Duarte Pereira \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
13\/10\/2021<\/p>\n
519 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Wiliam Ricardo Castillo Cort\u00e9s \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
13\/10\/2021<\/p>\n
520 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Alejandro Mart\u00ednez Rivera \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
13\/10\/2021<\/p>\n
521 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Alba Guerrero L\u00f3pez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14\/10\/2021<\/p>\n
522 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Aura Luc\u00eda Latorre \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14\/10\/2021<\/p>\n
Blanca Pinz\u00f3n Su\u00e1rez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14\/10\/2021<\/p>\n
524 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Claudia Patricia Ch\u00e1vez Mancera \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14\/10\/2021<\/p>\n
525 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Derlly Patricia Mart\u00ednez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14\/10\/2021<\/p>\n
526 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Elizabeth Garc\u00e9s S\u00e1nchez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14\/10\/2021<\/p>\n
527 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Erika Garc\u00eda Acosta \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14\/10\/2021<\/p>\n
528 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Esperanza Guerrero Oviedo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14\/10\/2021<\/p>\n
529 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Henry Hernando Giraldo Zuluaga \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14\/10\/2021<\/p>\n
530 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jairo Ch\u00e1vez Sol\u00eds \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14\/10\/2021<\/p>\n
531 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Luz Mery Ramos Bonilla \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14\/10\/2021<\/p>\n
532 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda de los \u00c1ngles Mu\u00f1oz Motta \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14\/10\/2021<\/p>\n
533 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Martha Bustos Su\u00e1rez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14\/10\/2021<\/p>\n
534 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Olga Luc\u00eda Pic\u00f3n J\u00e1come \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14\/10\/2021<\/p>\n
535 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
ONG Fundepaz \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14\/10\/2021<\/p>\n
536 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Patricia Quijano \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14\/10\/2021<\/p>\n
537 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Rafael Figeueredo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14\/10\/2021<\/p>\n
538 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Raga ATH \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14\/10\/2021<\/p>\n
539 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Santiago Dorronsoro Aguilar \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14\/10\/2021<\/p>\n
540 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Silvana Galindo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
541 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Angie Paola \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14\/10\/2021<\/p>\n
542 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Fredy Gonz\u00e1lez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14\/10\/2021<\/p>\n
543 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jessica Carolina M\u00fanera Daza \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14\/10\/2021<\/p>\n
544 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jheny Mabel Lasso Arcos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14\/10\/2021<\/p>\n
545 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Luis Felipe Pati\u00f1o Serrano \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14\/10\/2021<\/p>\n
546 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Silvia Patricia Cuanca Valenzuela \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14\/10\/2021<\/p>\n
547 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Catalina de Bedout \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14\/10\/2021<\/p>\n
548 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Eduardo Monroy Cort\u00e9s \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14\/10\/2021<\/p>\n
549 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Germ\u00e1n Esteban pineda Castillo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14\/10\/2021<\/p>\n
550 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Milton Alexander Monroy Castro \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14\/10\/2021<\/p>\n
551 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jaime Duarte Garz\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14\/10\/2021<\/p>\n
552 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jazm\u00edn Helena Rengifo Mongu\u00ed \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14\/10\/2021<\/p>\n
553 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Josefina Montoya \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
554 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Margarita Solano de Fino \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14\/10\/2021<\/p>\n
555 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Margarita Rosa Forero Chac\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14\/10\/2021<\/p>\n
556 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Betty Pedraza \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14\/10\/2021<\/p>\n
557 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Yessica Yolima Zorro Su\u00e1rez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14\/10\/2021<\/p>\n
558 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Larissa Le\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14\/10\/2021<\/p>\n
559 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Lida Hurtado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14\/10\/2021<\/p>\n
560 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Marlene Trujillo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14\/10\/2021<\/p>\n
561 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Raquel Arag\u00f3n Pinto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14\/10\/2021<\/p>\n
562 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Maria Claudia C de Ram\u00edrez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14\/10\/2021<\/p>\n
563 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
John Fredy Rodr\u00edguez Argote \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14\/10\/2021<\/p>\n
564 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Oscar Fernando Petecua \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14\/10\/2021<\/p>\n
565 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Alejandro Qui\u00f1\u00f3nez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14\/10\/2021<\/p>\n
566 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Adriana Mar\u00eda Garz\u00f3n Pinz\u00f3n, Adriana Merlano, Adriana Toro Acosta, Adriano Bol\u00edvar, Alba Mar\u00eda Rubio Fierro, Alba Constanza Monroy Sarmiento, Alberto Pretelt, Alexander Cabrera Rojas, Alfonso Correa \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14\/10\/2021<\/p>\n
567 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ana de Dios Garc\u00eda, Ana Obdulia Quintero, \u00c1ngela Mej\u00eda, Anneliesse Garrido, Araceli Londo\u00f1o Convers, Audelina Pepicano, Beatriz Ariza de Alarc\u00f3n, Bussiness01lorena, Carlos Frid Rivera Rodr\u00edguez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
568 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Carmen Yolima L\u00f3pez Ortiz, Carolina Caballero, Clara Isabel Barrero, Clara Luc\u00eda Loaiza, Claudia Janeth Obando Rodr\u00edguez, Claudia Jannethe Casas, Claudia Ortiz, Claudia Patricia Navia, Claudia Ribero \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14\/10\/2021<\/p>\n
569 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Clelia Henao, Coordinacioncentraljidemr, Daniela Londo\u00f1o Palacio, Dar\u00edo Garc\u00eda Botero, Delcy Eliana Lozano Albarrac\u00edn, Derlly Patricia Ben\u00edtez, Diana Barato, Diana Cabera Rojas, Diana Dominga G\u00f3mez, Diana Carolina Cabrera Rojas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14\/10\/2021<\/p>\n
570 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Diana P\u00e9rez, Diego Fernando Ruiz, Dora Prada, Elizabeth Burgos Murillo, elpicon, Erika Duarte, Evelyn L\u00f3pez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14\/10\/2021<\/p>\n
571 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Felisa R\u00edos, Felisa Rubio, Flor Mar\u00eda Ni\u00f1o, Flor Rojas, Florecita Amaya, Francia Elena Pretelt, \u00a0globepena, Gloria Cecilia Rodr\u00edguez Palacino \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14\/10\/2021<\/p>\n
572 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jaqueline Ramos Espinosa, Jeiny Licet Guataquira, Jennifer Maldonado, Jhoana Medina, Jhon Fredy Naranjo Ch\u00e1vez, Jorge V\u00e1squez, Josefa Pinto de Garc\u00eda, Juan Alberto Hurtado, Juan Carlos Gonz\u00e1lez Vargas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14\/10\/2021<\/p>\n
573 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Juan Vigoya, Julia Andrea Ria\u00f1o, Juliana D\u00edaz-Granados Ceballos, Leidy Jhoana Rodr\u00edguez, Leonidas Dom\u00ednguez Peralta, Ligia Abril Ronc\u00f3n, Liliana Benavides Salazar, Lina Cabrera, Lorena Cabrera Fierro, Lorena Gallego Mart\u00ednez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14\/10\/2021<\/p>\n
574 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Lucy Romero, Luc\u00eda L\u00f3pez Urrego, Luis Hernando Ortega Camacho, Luz \u00c1ngela Echeverri, Luz Arguello, Luz Betty Gonz\u00e1lez de M\u00e9ndez, Liz Clara del Pilar Escobar, Luz Dary Lozano Albarrac\u00edn \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14\/10\/2021<\/p>\n
575 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Luz Marina Castro, Luz Marina Rodr\u00edguez Mart\u00ednez, Luz Stella Giraldo Vargas, Luz Yaneth Su\u00e1rez, Lyda Olarte, Magally Echeverri, Marcela Mesa, Margarita Aspiazo Portocarrero, Margarita Villalobos, Mar\u00eda Alejandra Alzate \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14\/10\/2021<\/p>\n
576 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Ang\u00e9lica Moreno, Mar\u00eda Antonia Albarrac\u00edn, Mar\u00eda Camila C\u00e1rdenas, Mar\u00eda Cristina Ochoa, Mar\u00eda Emma Gallego Mar\u00edn, Mar\u00eda Emperatriz Arias, Mar\u00eda Graciela Talero Contreras, Mar\u00eda Janeth Alvarado, Mar\u00eda Ruth Jim\u00e9nez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14\/10\/2021<\/p>\n
577 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Maribel Sabogal Mora, Mar\u00eda V\u00e1squez, Mar\u00eda Virginia Romero, Mar\u00eda Yadira Granda Granda, Mar\u00eda Yenny Y\u00e1\u00f1ez, Marisol Forero, Maritza Beltr\u00e1n Marleny Quintero, Martha Ca\u00f1\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14\/10\/2021<\/p>\n
578 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Martha Cecilia Botero, Martha Cecilia Vivas, marthagarnica08, Mary Liz Santana, Merly Yamiles M\u00e9ndez, Mireya Aldana, M\u00f3nica Garrido, Myriam Helo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14\/10\/2021<\/p>\n
579 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Victoria Esquivel de Cipagauta, Magda Viviana Acosta, Wilington Ortiz Santana, Wilmar Pe\u00f1a Bola\u00f1os, Yaneth Velasco, Yara Torres, Yenifer Henao Ruiz, Yolanda Correa, Yudi Ang\u00e9lica Ciro \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14\/10\/2021<\/p>\n
580 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Andrea Ximena Guti\u00e9rrez Casas, Clara Estupi\u00f1\u00e1n, Clara Mabel Parra Rodr\u00edguez, Dina Paola Arcila, Evelia Lara Moreno, In\u00e9s Palacios, luisdres2020 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14\/10\/2021<\/p>\n
581 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Cecilia D\u00edaz \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
582 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Isabel Torres \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
15\/10\/2021<\/p>\n
583 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Padre Eduardo Achata \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
15\/10\/2021<\/p>\n
584 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Paula Daniela Garc\u00eda \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
15\/10\/2021<\/p>\n
585 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Carlos Uribe Reyes \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
15\/10\/2021<\/p>\n
586 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Evelyn Barrera Garc\u00eda \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
15\/10\/2021<\/p>\n
587 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Luz Stella Giraldo Vargas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
15\/10\/2021<\/p>\n
588 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Camila C\u00e1rdenas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
15\/10\/2021<\/p>\n
589 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
15\/10\/2021<\/p>\n
590 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Imelda de Jes\u00fas Cort\u00e9s \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
15\/10\/2021<\/p>\n
591 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Nancy Judith Ospina Motta \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
15\/10\/2021<\/p>\n
592 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Gustavo Adolfo Mesa Mesa \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
15\/10\/2021<\/p>\n
593 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jos\u00e9 Nepomuceno P\u00e9rez Suescun \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
19\/10\/2021<\/p>\n
594 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mario P\u00e1ez Chuquen \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
19\/10\/2021<\/p>\n
595 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Raquel Cruz Castillo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
19\/10\/2021<\/p>\n
596 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mario Garc\u00eda Isaza \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
19\/10\/2021<\/p>\n
597 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Alba Rosa Penagos Bernal \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
19\/10\/2021<\/p>\n
598 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Rosario Tamayo Veccino \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
19\/10\/2021<\/p>\n
599 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Agustina Parada Arias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
20\/10\/2021<\/p>\n
600 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jeimmy Aldana \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
20\/10\/2021<\/p>\n
601 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Consuelo Cely Vargas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
20\/10\/2021<\/p>\n
602 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mariluz Moreno \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
21\/10\/2021<\/p>\n
603 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Lina Dom\u00ednguez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
25\/10\/2021<\/p>\n
604 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Graciela Aguilar \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
25\/10\/2021<\/p>\n
605 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
28\/10\/2021<\/p>\n
606 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jaime Torijano \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12 y 16\/11\/2021<\/p>\n
607 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Eugenia Mancipe \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
16\/11\/2021<\/p>\n
608 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Andr\u00e9s Dur\u00e1n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
17\/11\/2021<\/p>\n
609 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Bayner Juli\u00e1n Ram\u00edrez Calder\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
17\/11\/2021<\/p>\n
610 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ernesto Armando Zuloaga Ni\u00f1o \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
17\/11\/2021<\/p>\n
611 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Paola Andrea Londo\u00f1o \u00c1lvarez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
17\/11\/2021<\/p>\n
612 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Adriana Gamboa \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
18\/11\/2021<\/p>\n
613 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Juan pablo Gonz\u00e1lez Escall\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
18\/11\/2021<\/p>\n
614 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Oscar Fernando Fetecua \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
18, 22 y 24\/11\/2021<\/p>\n
615 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Marcos Eugenio Wittig Wood \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
19\/11\/2021<\/p>\n
616 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Juan Gabriel Gallego \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
25\/11\/2021<\/p>\n
617 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Beatriz Elena Arango Cadavid \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
26\/11\/2021<\/p>\n
618 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Nelson Guti\u00e9rrez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
02\/12\/2021<\/p>\n
619 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Gloria Patricia G\u00f3mez Nore\u00f1a \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
20\/01\/2022<\/p>\n
620 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Guillermo Enrique Higuera Salcedo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
03\/02\/2022<\/p>\n
621 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
03\/02\/2022<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
ANEXO 10.13<\/p>\n
CORREOS EN BLANCO EN CUYO ASUNTO SE PRESENTAN MANIFESTACIONES GENERALES EN CONTRA DEL ABORTO Y A FAVOR DE MANTENER SU PENALIZACI\u00d3N<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
N\u00daM \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
SOLICITANTE \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
FECHA REMISI\u00d3N ESCRITO<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Nohema L\u00f3pez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
15\/11\/2020<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Gonzalo Tob\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
16\/11\/2020<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jaime Forero Sabogal \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
16\/11\/2020<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Celso Guatavita Cifuentes \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
17\/11\/2020<\/p>\n
5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Amparo Rodr\u00edguez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/11\/2020<\/p>\n
6 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Michelle Casta\u00f1eda \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
24\/11\/2020<\/p>\n
7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Blanca Elisa Acosta Su\u00e1rez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
24\/11\/2020<\/p>\n
8 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Laura Lizarazo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
25\/11\/2020<\/p>\n
9 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Alejandra Jim\u00e9nez Pulido \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
25\/11\/2020<\/p>\n
10 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
26\/11\/2020<\/p>\n
11 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Gabriel M\u00e9ndez Jaimes \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
03\/02\/2021<\/p>\n
12 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ilba Mar\u00eda Acero de Angulo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
13 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Luc\u00eda Mart\u00ednez Sierra \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
14 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Margarita Gonz\u00e1lez Gait\u00e1n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
15 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Marcela Rodr\u00edguez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
16 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Diego Quintero \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
17 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Marcela Rodr\u00edguez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
Marcela Rodr\u00edguez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
19 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00c1ngela Patricia Espinosa Mar\u00edn \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
20 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Gladys Ram\u00edrez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
21 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
N\u00e9stor Javier G\u00f3mez Pati\u00f1o \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
22 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Paquita Lizarazo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
23 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Pilar Rodr\u00edguez Garc\u00eda \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
24 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ram\u00f3n Ibarra \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
25 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ruby Taborda D\u00edaz \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
26 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Silvia Eugenia L\u00f3pez T\u00e9llez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
27 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
28 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Bernardino Carrero \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
29 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Guillermo de Jes\u00fas Giraldo S\u00e1nchez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
30 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
jm2008 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
31 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Myriam Galvis \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
32 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Maro Rodr\u00edguez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
33 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
San Jos\u00e9 Carpintero \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
34 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Gabriel Giraldo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22\/07\/2021<\/p>\n
35 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Sigifredo Ch\u00e1vez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
36 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Clara B \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
37 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
jeoc49 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
38 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Luz Botero Uribe \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
39 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
40 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
M\u00e9lida Unigarro Mi\u00f1o \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
41 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Janeth Castillo Mu\u00f1oz \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
42 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ana Serrato \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/07\/2021<\/p>\n
43 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Baruch Yidihs \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
24\/07\/2021<\/p>\n
44 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Elena Garc\u00eda \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
24\/07\/2021<\/p>\n
45 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Rosita Becsa \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
24\/07\/2021<\/p>\n
46 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Hercy C\u00e1rdenas Le\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
24\/07\/2021<\/p>\n
Luzmila Gil \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
26\/07\/2021<\/p>\n
48 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Olga Santos de Montenegro \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
26\/07\/2021<\/p>\n
49 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Bernarda Victoria \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27\/07\/2021<\/p>\n
50 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Teresa Castro Cotrino \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14\/10\/2021<\/p>\n
51 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Cristian Alejandro Rodr\u00edguez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14\/10\/2021<\/p>\n
52 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Cecilia Camacho \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14\/10\/2021<\/p>\n
53 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Silvia Fl\u00f3rez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14\/10\/2021<\/p>\n
54 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Amparo Sotomonte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14\/10\/2021<\/p>\n
55 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ana Rosario Arias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14\/10\/2021<\/p>\n
56 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Clara Lombo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14\/10\/2021<\/p>\n
57 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Doris Sanabria, Esperanza Canaria, Fabiola Garz\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14\/10\/2021<\/p>\n
58 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Gabriela Cantero Sandoval, Gloria Chavarria \u00c1lvarez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14\/10\/2021<\/p>\n
59 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ivonne Delgado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14\/10\/2021<\/p>\n
60 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Gallo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14\/10\/2021<\/p>\n
61 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mariangel Hern\u00e1ndez Alvarado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14\/10\/2021<\/p>\n
62 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mercedes Bar\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14\/10\/2021<\/p>\n
63 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Nubia Romero \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14\/10\/2021<\/p>\n
Suleima Benavides \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14\/10\/2021<\/p>\n
65 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Janeth Ojeda \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14\/10\/2021<\/p>\n
66 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ruby Villamar\u00edn \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
15\/10\/2021<\/p>\n
67 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Compa\u00f1\u00eda Colombiana e Ingenieros Constructores \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
19\/10\/2021<\/p>\n
68 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Gabriel M\u00e9ndez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
16\/11\/2021<\/p>\n
69 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ligia Tovar \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
16\/11\/2021<\/p>\n
70 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Cristina L\u00f3pez G\u00f3mez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
18\/11\/2021<\/p>\n
71 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Usuariojm2008 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
26\/11\/2021<\/p>\n
72 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Elba Gonz\u00e1lez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
19\/01\/2022<\/p>\n
73 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Usuarioelroncondegloria123@gmail.com \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
08\/02\/2022<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
ANEXO 10.14<\/p>\n
INFORMACI\u00d3N REMITIDA EN RESPUESTA AL AUTO DE PRUEBAS<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
N\u00daM \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
SOLICITANTE \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
FECHA REMISI\u00d3N ESCRITO<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Claudia Cecilia Puentes Ria\u00f1o directora de Pol\u00edticas y Estrategia de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
06\/11\/2020<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Edgar Leonardo Bojac\u00e1 Castro \/ jefe Oficina Asesora Jur\u00eddica ICBF \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
11\/11\/2020<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jos\u00e9 Antonio Carrillo Barreiro \u00a0\/ coordinador \u00a0Oficina Asesora Jur\u00eddica -Grupo de Defensa Judicial \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
17\/11\/2020<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Luis Andr\u00e9s Fajardo Arturo – Vicedefensor del Pueblo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Constanza Dorian Arias Perdomo \/ Defensora del Pueblo – Regional Huila \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
Germ\u00e1n Gamarra Hern\u00e1ndez\/Presidente Tribunal Nacional de \u00c9tica M\u00e9dica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/11\/2020 y 27\/11\/2020<\/p>\n
7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Luis Gustavo Fierro Maya – Jefe Oficina Asesora Jur\u00eddica – Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/11\/2020<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA CRISTINA PARDO SCHLESINGER A LA SENTENCIA C-055 DE 2022<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Con el debido respeto por las decisiones de la mayor\u00eda, salvo mi voto en el asunto de la referencia, por las razones que enseguida paso a exponer:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
La presente sentencia constituye un hito negativo en la evoluci\u00f3n de la jurisprudencia respecto de la protecci\u00f3n de la vida. Esta deja deja de ser objeto reconocido y protegido, para ser reemplazada por la nueva categor\u00eda de vida aut\u00f3noma, insuficiente para justificar la inviolabilidad del derecho a la vida en otros \u00e1mbitos distintos del de la gestaci\u00f3n. Se trata, como se ver\u00e1, de una banalizaci\u00f3n significativa del derecho a la vida, cuya protecci\u00f3n en las etapas de la gestaci\u00f3n es inferior a la que se reconoce a objetos no humanos como el medio ambiente, la vida animal e incluso la propiedad privada. Se introduce as\u00ed la idea de que existen vidas humanas disponibles y desechables. Vidas que se pueden eliminar por la raz\u00f3n m\u00e1s vana, pues, a pesar de las declaraciones de buenas intenciones que hace la sentencia, en ella no existe ning\u00fan argumento que se oponga a abortos por motivos como el racismo, eugenesia o misoginia (como es pr\u00e1ctica com\u00fan en pa\u00edses de oriente).<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Con todo lo anterior no solo se desdibuja el \u00e1mbito de protecci\u00f3n del derecho a la vida, originalmente reconocido por el Constituyente como un derecho de protecci\u00f3n absoluta (\u201cel derecho a la vida es inviolable\u201d), sino que se ven profundamente afectados los pilares del ordenamiento constitucional, como lo son la noci\u00f3n misma de persona, la idea de un Estado que reconoce y no crea los derechos inherentes de la persona humana, la dignidad humana, la igualdad y la libertad. Esta \u00faltima, a pesar de ser invocada constantemente, se desfigura totalmente, en la medida en que se la desvincula del deber de respeto de la coexistencia.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
1.Sobre el ocultamiento de la cuesti\u00f3n de la subjetividad jur\u00eddica del embri\u00f3n mediante la abstracci\u00f3n y el lenguaje<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
De la lectura de la sentencia llama la atenci\u00f3n la casi total omisi\u00f3n de cualquier referencia al ser humano por nacer, cuya vida termina con el aborto. Por el uso del lenguaje en la sentencia parece m\u00e1s bien que lo que se termina es una situaci\u00f3n (el embarazo) y que lo que est\u00e1 en juego es un valor et\u00e9reo y abstracto (\u201cel bien jur\u00eddico de la vida\u201d) m\u00e1s que la vida de seres humanos en gestaci\u00f3n. Se trata de un lenguaje eufem\u00edstico, que oculta una realidad relevante. \u201cLa vida\u201d no existe aut\u00f3nomamente, fuera de los seres vivientes. \u00a0Por ello, \u201cla vida humana como valor\u201d solo puede ser subsiguiente a la existencia de los seres vivientes, cuya vida se valora. Y los problemas relativos a los l\u00edmites y la ponderaci\u00f3n del derecho a la vida no son discusiones sobre los l\u00edmites conceptuales de la \u201cidea\u201d de vida, sino que son cuestiones que inciden directamente en la vida o muerte de seres vivientes de la especie humana. Adem\u00e1s, a diferencia de otros derechos que se refieren a la actividad de las personas (ej. los derechos de libertad) la vida no es algo que los seres humanos hagan sino lo que son. La vida de alguien se identifica con \u00e9l mismo, es su acto de ser. Y este acto no admite modulaci\u00f3n o restricciones temporales. La libertad se puede limitar y de hecho lo exige. Se puede tener m\u00e1s o menos libertad. Pero frente a la vida o se vive o se deja de vivir. Por lo que trat\u00e1ndose del derecho a la vida lo que se discuten son problemas sobre la anulaci\u00f3n o no del sujeto.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
2. Sobre la relativizaci\u00f3n del sujeto del Derecho y de la protecci\u00f3n de la vida<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Fiel al esp\u00edritu del constitucionalismo que inicia en la segunda postguerra del siglo XX, que reafirma y actualiza el de las revoluciones liberales, la Constituci\u00f3n de 1991 se fundamenta sobre el principio de la existencia de derechos inalienables e imprescriptibles, que inhieren a la condici\u00f3n humana, respecto de los cuales el orden jur\u00eddico no tiene funci\u00f3n creadora ni libertad de disposici\u00f3n. La Constituci\u00f3n es expl\u00edcita. El Pre\u00e1mbulo declara el car\u00e1cter fundante de la dignidad humana dentro del ordenamiento jur\u00eddico. El art\u00edculo 5 reconoce la \u201cprimac\u00eda de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como instituci\u00f3n b\u00e1sica de la sociedad\u201d, y el art. 94 declara que \u201cla enunciaci\u00f3n de los derechos y garant\u00edas contenidos en la Constituci\u00f3n y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negaci\u00f3n de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ello\u201d. \u00a0Adem\u00e1s, el art\u00edculo antecedente remite a fuentes internacionales, como los tratados internacionales de derechos humanos, en los que se equipara persona a ser humano (ej. Convenci\u00f3n interamericana de derechos humanos. Art.1.2) y el art\u00edculo 14 superior enuncia con toda claridad que \u201cToda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jur\u00eddica\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Ello, por supuesto, no dice todav\u00eda qui\u00e9n debe ser considerado persona en el ordenamiento constitucional, sino que simplemente remite la definici\u00f3n de la personalidad jur\u00eddica al reconocimiento de su base real. Es decir, obliga a decir, que donde exista persona, debe haber reconocimiento de personalidad jur\u00eddica, sin perjuicio de la extensi\u00f3n de la figura de la personalidad jur\u00eddicas a realidades que naturalemente no son personales.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
La Constituci\u00f3n niega al Estado o a cualquiera de sus \u00f3rganos o a sus ciudadanos la prerrogativa de definir totalmente qui\u00e9nes son sujetos de derecho. Cierto es que, frente a algunos fen\u00f3menos asociativos, puede o no configurar distintos reg\u00edmenes de reconocimiento. Pero lo que no puede hacer de ninguna manera es decidir aut\u00f3nomamente sobre el reconocimiento de la subjetividad jur\u00eddica de la persona natural. Ello es as\u00ed porque de aceptarse lo contrario, todo lo que se sigue de la subjetividad jur\u00eddica, es decir, todos los derechos, ser\u00eda simple concesi\u00f3n del Estado. Prerrogativas que se conceden o se revocan. Hoy podr\u00eda el Estado decidir que tales o cuales seres humanos tienen o no derecho a la educaci\u00f3n, la libertad de cultos o la propiedad privada y ma\u00f1ana cambiar de opini\u00f3n. M\u00e1s a\u00fan, podr\u00eda simplemente excluir de la condici\u00f3n de persona a grupos enteros de la poblaci\u00f3n, como ya lo han hecho m\u00faltiples instancias legislativas y judiciales de la historia (recu\u00e9rdese, por ejemplo, la infame sentencia Dred Scott contra Sandford de 1857, en la que la Corte Suprema de los Estados Unidos neg\u00f3 la subjetividad jur\u00eddica a la entera poblaci\u00f3n afroamericana). Por elemental l\u00f3gica se intuye que la concesi\u00f3n de una facultad del Estado o de sus agentes para definir y no reconocer a la persona jur\u00eddica es incompatible con el Estado de Derecho, pues en tal supuesto, no es el Estado el que se funda sobre el derecho, sino los derechos los que se fundan sobre una voluntad om\u00edmoda de quienes detentan el poder en el Estado.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Si no se quiere quedar a merced de la arbitrariedad estatal -lo cual es la idea fundante del Estado de Derecho- es necesario indagar qu\u00e9 tipo de realidad es la persona sobre la que se funda todo el ordenamiento jur\u00eddico y cuya subjetividad jur\u00eddica el Estado est\u00e1 obligado reconocer. Es de notar que no todos los Estados han coincidido en el criterio sobre el cual se define la personalidad. Existen modelos que solo son capaces de reconocerla, por ejemplo, en un grupo \u00e9tnico o nacional, o algunos que la niegan por sexo o por edad. Ninguno de estos modelos parece compatible con la forma de Estado que enuncia la Constituci\u00f3n de 1991. Esta proscribe toda discriminaci\u00f3n y, sobre todo, declara fundarse en la dignidad humana.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Para entender qu\u00e9 es la dignidad humana, muchas veces se ha recurrido a las dimensiones se\u00f1aladas por la sentencia T-881 de 2002. Sin embargo, tanto las exigencias se\u00f1aladas (autonom\u00eda, condiciones materiales e intangibilidad de bienes no patrimoniales) como sus formas de operatividad normativa, son manifestaciones de una realidad m\u00e1s profunda y previa. La verdad es que estas exigencias son predicables en en virtud del reconocimiento de una cierta eminencia que es propia de la condici\u00f3n humana. Eminencia significa bondad o merecimiento superior y por lo tanto es punto comparativo, respecto de otro tipo de realidades, en este caso, las realidades no humanas. El principio supone, por lo tanto, el reconocimiento de una cierta superioridad de lo humano sobre lo no humano. La Constituci\u00f3n es, pues, humanista.<\/p>\n
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La eminencia es predicada, por lo dem\u00e1s, de todo lo humano y solo de lo humano. Entre el mundo humano y el mundo no humano hay una diferencia de valoraci\u00f3n no que no se reduce a una variaci\u00f3n cualitativa. La diferencia entre el humano, que es persona, y lo no humano que es cosa, es inconmensurable. La exigencia kantiana de no tratar a las personas como cosas es m\u00e1xima absoluta del ordenamiento constitucional. La exigencia de reconocimiento de la eminencia humana es absoluta e incondicional. Y ello significa, independiente de cualquier condici\u00f3n en la que se pueda encontrar hist\u00f3rica y contingentemente el ser humano. Se reconoce independientemente de la edad, sexo, condici\u00f3n econ\u00f3mica, m\u00e9rito moral, clase social, etnicidad, religi\u00f3n, etc. All\u00ed donde se encuentre un ser humano, se encuentra un ser al que el ordenamiento reconoce como superior e indisponible.<\/p>\n
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La Constituci\u00f3n no dice vagamente que reconozca la dignidad de la persona o del ciudadano, o de cualquier otra condici\u00f3n distinta a la humana. Esta es, entre otras cosas, la raz\u00f3n por la cual puede decirse que todos los hombres gozan de igual protecci\u00f3n constitucional. Y es que, en efecto, la condici\u00f3n humana es lo \u00fanico que permanece inalterado e id\u00e9ntico en todos los hombres, mientras que las manifestaciones de la misma son casi infinitamente variables. En este punto es necesario distinguir entre la condici\u00f3n humana y la manifestaci\u00f3n de tal condici\u00f3n. Y es que mientras que la primera es un dato identificable con la pertenencia a la especie homo sapiens, en la que coinciden todos los seres humanos, la segunda tiene que ver en c\u00f3mo esta pertenencia se manifiesta en el tiempo y el espacio, en la historia y las circunstancias. Mientras que en lo primero todos coincidimos, en la segunda casi nadie. En efecto, la condici\u00f3n humana se manifiesta de modo diferente en la gestaci\u00f3n, la infancia, la adolescencia, la juventud y la vejez. Y en la salud y en la enfermedad. En la vigilia y el sue\u00f1o. Florece m\u00e1s o menos, dependiendo de las condiciones de educaci\u00f3n, de la disponibilidad de medios o de la misma decisi\u00f3n humana. Si el criterio del reconocimiento de los derechos fuese la manifestaci\u00f3n de la humanidad, vana ser\u00eda la pretensi\u00f3n de igualdad en derechos o al menos de los derechos fundamentales.<\/p>\n
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La sentencia de la que me aparto incurre justamente en el error de confundir la condici\u00f3n humana con una de sus manifestaciones en cierto periodo de la vida, concretamente con la probabilidad (siempre incierta) de supervivencia fuera del claustro materno, que en el fallo se denomina autonom\u00eda.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Es menester aceptar que desde la concepci\u00f3n existe un organismo humano biol\u00f3gicamente individual y diferenciado. Ello no quiere decir libre psicol\u00f3gicamente -lo cual algunos seres humanos no llegan a ser jam\u00e1s- ni independiente ambientalmente de otros. Significa, m\u00e1s sencillamente un ser diferenciado de los gametos que le dieron origen, y de la madre que lo alberga temporalmente. Que se trata de un ser biol\u00f3gico distinto de los gametos se puede verificar con la diferencia en el n\u00famero de cromosomas, del ADN, y del hecho de que los ciclos vitales del gameto y el organismo reci\u00e9n concebido son sustancialmente distintos. Mientras que los primeros parecen destinados a la concepci\u00f3n o la muerte, el segundo empieza un proceso vital unitario, ordenado, y dirigido, que se proyecta por d\u00e9cadas. Que se trata de un ser distinto a la madre, se hace patente por hechos de orden gen\u00e9tico e inmunol\u00f3gico, sobre los que se insistir\u00e1 m\u00e1s adelante, pero sobre todo en hechos tan evidentes como la posibilidad actual de concepci\u00f3n y conservaci\u00f3n del embri\u00f3n por fuera de la madre, mediante mecanismos como la fecundaci\u00f3n in vitro. Que no sea parte de la madre, se comprueba adem\u00e1s por el hecho de que el parto no es una mutilaci\u00f3n, tras la cual la mujer pierda su integridad f\u00edsica, como ocurrir\u00eda si perdiera, por ejemplo, un ri\u00f1\u00f3n o un miembro.<\/p>\n
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El organismo humano empieza desde la concepci\u00f3n un movimiento ordenado y constante que solo termina con la muerte. Este proceso de autoorganizaci\u00f3n y automovimiento se llama vida. Y la vida es por definici\u00f3n un proceso hist\u00f3rico, que se manifiesta de diferentes maneras y pasa por distintas etapas. Cada una de ellas se caracteriza por una cierta apariencia y distintos grados de dependencia, f\u00edsica, ps\u00edquica, ambiental, sin que pueda predicarse ninguna en la que la dependencia desaparezca por completo. As\u00ed, antes del nacimiento, el ser humano tiene una dependencia ambiental completa de su madre, mayor en los primeros meses y menor en los meses finales. Pero tambi\u00e9n es f\u00edsicamente dependiente de otros seres durante la infancia, periodo en el que requiere ser sostenido en brazos, alimentado, y cuidado por los dem\u00e1s y sin cuya atenci\u00f3n muere. En la madurez la independencia se acent\u00faa sin ser nunca total, pues requiere de la sociedad y la interacci\u00f3n social para satisfacer necesidades f\u00edsicas y del intelecto, y la dependencia vuelve a acentuarse en la vejez. Estas son formas de dependencia que se predican del estar y, por lo tanto, son meramente circunstanciales. En todos y cada uno de estos casos se mantiene la independencia ontol\u00f3gica, puesto que si bien se trata de un ser que necesita y nunca dejar\u00e1 de depender de otros, no se confunde con ellos. Puede estar en otros de un modo locativo (en el \u00fatero o en los brazos), tiene que estar con otros, para la supervivencia, pero su ser no se funde con el de los otros.<\/p>\n
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Ahora bien, el problema de hacer depender la personalidad de la supuesta independencia, que predica la sentencia, genera varios problemas. En primer lugar, apela a un criterio probabil\u00edstico, por tanto incierto, y a un n\u00famero arbitrario para determinar dicha posibilidad. Predica la autonom\u00eda cuando la posibilidad de supervivencia externa es del 50%. Ante ello cabe preguntar \u00bfPor qu\u00e9 no un 49.9%, o un 40%, o un 30% o un 25%? O alternativamente \u00bfPor qu\u00e9 no un 51.% o un 60%?. Ello sin contar que si la protecci\u00f3n de la vida ha de medirse seg\u00fan el criterio de la posibilidad de supervivencia, cabr\u00eda preguntar cu\u00e1ndo esa supervivencia se estima suficiente: \u00bfun instante?, \u00bfhoras?, \u00bfsemanas?, \u00bfmeses?, \u00bfa\u00f1os?. Y si ello es as\u00ed, \u00bfpor qu\u00e9 no extender este criterio a los enfermos? \u00bfEl derecho a la vida de un enfermo terminal es menor que el de una persona sana?, \u00bfEl del que se somete a una operaci\u00f3n riesgosa es menor que el de quien no tiene que operarse? \u00bfLos sanos en general tienen m\u00e1s derechos?<\/p>\n
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Pero es que, adem\u00e1s, la sentencia cifra la defensa de la vida en una condici\u00f3n gradual relacionada con el desarrollo. Es decir, a mayor desarrollo, mayor posibilidad de supervivencia extrauterina, por lo que a mayor desarrollo mayor protecci\u00f3n de la vida. Siguiendo esta l\u00f3gica, tiene que aceptarse que la vida del reci\u00e9n nacido tiene menor protecci\u00f3n que la del infante y que la de este \u00faltimo tiene menor protecci\u00f3n que el de el adulto. Esto no es igualdad de derechos, sino la forma de discriminaci\u00f3n que est\u00e1 proscrita en la Constituci\u00f3n, dado que esta solo permite establecer diferencias en el trato para proteger al m\u00e1s vulnerable y, por tanto, al m\u00e1s dependiente. Y es que no se puede perder de vista que la dependencia es objeto de protecci\u00f3n y no de desprotecci\u00f3n en el ordenamiento jur\u00eddico.<\/p>\n
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S\u00famese a lo anterior que fundar la protecci\u00f3n de la vida en la dependencia ambiental o circunstancial es negar, por completo, la protecci\u00f3n de la vida, puesto que no existe algo as\u00ed como la independencia ambiental. En efecto, la dependencia ambiental se puede definir como la necesidad de ciertas condiciones f\u00edsicas que permitan funciones como la nutrici\u00f3n, la oxigenaci\u00f3n o el desarrollo. Esta necesidad se predica de todos los seres humanos que, por ejemplo, necesitan cierta calidad de aire y alimento para subsistir. La aridez del suelo, o la contaminaci\u00f3n severa del aire pueden ser tan letales para el adulto como la privaci\u00f3n del ambiente uterino para el ser humano en gestaci\u00f3n. La dependencia ambiental del no nacido respecto de la madre no es esencialmente distinta que la del ni\u00f1o nacido respecto de la incubadora que potencialmente puede necesitar.<\/p>\n
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T\u00e9ngase en cuenta, por lo dem\u00e1s, que en la presente sentencia no solamente se confunde la condici\u00f3n humana con la autonom\u00eda, sino que, de alguna manera, se reitera la idea de que la plena subjetividad (personalidad jur\u00eddica) se alcanza con el nacimiento, siendo las instancias anteriores de la vida simplemente, un \u201cbien jur\u00eddicamente protegido\u201d. A pesar de que en apariencia el nacimiento comporta un mayor grado de \u201cindependencia\u201d, esta en realidad ni siquiera puede considerarse independencia ambiental sino simplemente un cambio locativo. Quien nace vivo, por hacerlo, demuestra su viabilidad para nacer vivo y por ello no difiere en aptitud para la vida extrauterina de la que \u00e9l mismo ten\u00eda un instante antes del nacimiento. Lo \u00fanico que cambia, pues, es el hecho de estar \u201cdentro\u201d o \u201cfuera\u201d del recinto materno. El desarrollo neuronal, org\u00e1nico, sensorial, el tama\u00f1o, peso y dem\u00e1s son exactamente los mismos. Y, sin embargo, la postura que ha tomado la Corte hace depender de un simple cambio locativo (estar adentro o afuera) la diferencia cualitativa m\u00e1s grande que cabe en el derecho: la de persona y no persona. Si se alegara que en este caso la diferencia se establece no en virtud del reconocimiento de una aut\u00e9ntica diferencia sino por una convenci\u00f3n, la conclusi\u00f3n ser\u00eda a\u00fan peor, pues habr\u00eda que suponer que la palabra del legislador, juez, o en general de la instancia decisoria tendr\u00eda el poder de crear a la persona de la nada, transormar a la cosa en persona, por virtud de su voluntad y del lenguaje. Ello tiene mucho m\u00e1s de pensamiento m\u00e1gico que de racionalidad jur\u00eddica.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Si originalmente la personalidad jur\u00eddica reposaba sobre lo com\u00fan y universal, ahora se ha reemplazado por un criterio arbitrario (un n\u00famero, momento o posici\u00f3n fijado sin justificaci\u00f3n) o en virtud de una condici\u00f3n gradual en la que todos difieren (la independencia).\u00a0<\/p>\n
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2. Sobre el total vaciamiento del \u201cvalor de la vida\u201d del no nacido.<\/p>\n
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Ya en otros salvamentos he manifestado que al proscribir la caza deportiva por fuera de ciertos contextos culturales y, en cambio, permitir la eliminaci\u00f3n de los seres humanos en gestaci\u00f3n, la Corte impl\u00edcitamente reconoce una mayor jerarqu\u00eda a ciertas formas de vida infrahumana que a la vida humana no nacida. M\u00e1s a\u00fan, la Corte no objeta la prohibici\u00f3n e incluso la sanci\u00f3n penal de conductas justificadamente perseguidas como la crueldad con los animales o el atentado contra el medio ambiente. Pero el da\u00f1o m\u00e1s radical que puede sufrir el ser humano, que es la p\u00e9rdida de su propia vida, es aceptado sin reparo e incluso, seg\u00fan cierta ret\u00f3rica propia de los obiter dicta de la jurisprudencia constitucional, intenta elevarse a derecho fundamental. Cabe reparar que no se trata aqu\u00ed necesariamente de muertes incruentas. Existe evidencia cient\u00edfica del sufrimiento fetal y en ciertas etapas del embarazo, incluidas dentro del plazo de despenalizaci\u00f3n total fijado por la Corte, el aborto precisa ser realizado mediante t\u00e9cnicas invasivas y necesariamente dolorosas.<\/p>\n
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Y m\u00e1s all\u00e1 de ello, con la aceptaci\u00f3n de este nuevo r\u00e9gimen de despenalizaci\u00f3n total hasta la muy avanzada fecha de las veinticuatro semanas, la Corte rompe por completo la ponderaci\u00f3n precedente, que al menos exig\u00eda una raz\u00f3n de peso para la realizaci\u00f3n del aborto, y pasa a la aceptaci\u00f3n de cualquier motivo para abortar (o al menos para no sufrir pena por el aborto). Seg\u00fan la jurisprudencia precedente, que en alg\u00fan momento critiqu\u00e9, si bien la vida humana en gestaci\u00f3n no ten\u00eda el mismo valor que la del ni\u00f1o ya nacido, por lo menos ten\u00eda alg\u00fan grado de protecci\u00f3n. No se pod\u00eda atentar contra ella f\u00fatilmente. La ley penal exig\u00eda a hombres y mujeres (dado que el tipo penal no ten\u00eda un sujeto calificado), tratar este bien jur\u00eddico con un m\u00ednimo de seriedad. Pero seg\u00fan el nuevo r\u00e9gimen, antes de la vig\u00e9sima cuarta semana parece perfectamente indiferente que se aborte sin raz\u00f3n o peor a\u00fan, por motivos incompatibles con el esp\u00edritu de la Constituci\u00f3n como, por ejemplo, la enfermedad, la raza o el sexo.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Una permisi\u00f3n de arbitrariedad total no existe pr\u00e1cticamente respecto de ning\u00fan otro bien jur\u00eddico protegido. Se permite mayor arbitrariedad respecto de un individuo vivo de la especie humana que respecto del cad\u00e1ver humano, todav\u00eda protegido por la el ordenamiento jur\u00eddico y penal. Es m\u00e1s, parece reconocerse mayor gravedad al hurto de objetos de menos de diez salarios m\u00ednimos (penalizado con hasta 2 a\u00f1os de c\u00e1rcel) que la destrucci\u00f3n voluntaria, innecesaria y arbitraria de una vida.<\/p>\n
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Visto que, en el mejor de los casos, a la mayor\u00eda de la Corte Constitucional parece perfectamente indiferente que la vida naciente sea eliminada por cualquier motivo, sin que medie necesidad, ni situaciones de especial motivaci\u00f3n, ni nada distinto que el deseo de que dicha vida no siga existiendo, cabe preguntarse si afirmar que se trata de un \u201cbien jur\u00eddico protegido\u201d no es m\u00e1s bien una contradicci\u00f3n en los t\u00e9rminos.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
3.Sobre la elevaci\u00f3n a absolutos de una categor\u00eda extraconstitucional y la adopci\u00f3n de una idea de libertad desligada de las exigencias de la coexistencia.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Como se ha visto, la sentencia de la que me aparto yerra al realizar una ponderaci\u00f3n entre los bienes jur\u00eddicos implicados en el caso del aborto. La primera raz\u00f3n de este error se encuentra en la infravaloraci\u00f3n del derecho a la vida del ser humano no nacido que, de hecho, ni siquiera es plenamente reconocida como aut\u00e9ntico derecho. La segunda raz\u00f3n radica en el excesivo peso que se confiere a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Conviene precisar que en estricto sentido los derechos sexuales y reproductivos no son una categor\u00eda constitucional aut\u00f3noma. El t\u00e9rmino es ajeno a la Constituci\u00f3n y su introducci\u00f3n en la jurisprudencia por ha sido por v\u00eda de interpretaci\u00f3n doctrina y soft law internacional. Lo que existe m\u00e1s bien es una serie de derechos vinculados a la protecci\u00f3n contra la discriminaci\u00f3n y violencia por causa del sexo, componentes sexuales de derechos como la salud o la integridad (ej. la salud sexual y reproductiva) y derechos vinculados a la familia, como la libre elecci\u00f3n del n\u00famero de hijos.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Hecha esta precisi\u00f3n, conviene destacar que ninguno de estos derechos tiene un car\u00e1cter absoluto y todos ellos admiten modulaci\u00f3n y ponderaci\u00f3n. Si son aut\u00e9nticos derechos, deben ser vividos en el marco de la convivencia y de la armonizaci\u00f3n con los derechos de otros y con el orden social. Lo anterior se predica especialmente de los derechos que se conciben como \u00f3rbitas de libertad o disposici\u00f3n, respecto de los cuales ninguna tradici\u00f3n jur\u00eddica en la historia ha llegado a afirmar jam\u00e1s que puedan ser ilimitadas.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
As\u00ed pues, derechos como el de libre determinaci\u00f3n del n\u00famero de hijos est\u00e1n limitados por la posibilidad de ejercicio sin afectaci\u00f3n de los derechos de otro. As\u00ed como no cabe duda algunda de que esta libertad no puede ser razonablemente extendida al infanticidio o al atentado contra la vida del hijo adulto, o que no puede cobijar conductas como la esterilizaci\u00f3n forzada de la pareja, ha de admitirse que, en el caso del aborto, su \u201celecci\u00f3n\u201d resulta inv\u00e1lida, en tanto que forzosamente elimina al sujeto en gestaci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Se puede objetar que entre los primeros casos y el \u00faltimos existe la diferencia de que en el caso del aborto la mujer act\u00faa sobre su propio cuerpo, sobre el cual tiene disposici\u00f3n. De hecho, el esl\u00f3gan a favor de la permsi\u00f3n total del aborto es el derecho de decidir sobre el propio cuerpo o de hacer con \u00e9l lo que se quiera. En este razonamiento se esconden dos falacias. En primer lugar, como se explic\u00f3 anteriormente, el aborto es un acto dirigido al cuerpo del nasciturus que se encuentra solo locativamente en el cuerpo de la madre. Es el cuerpo del nasciturus el que resulta afectado y luego eliminado. A \u00e9l se dirige la acci\u00f3n que se realiza, cierto, en el cuerpo de la madre, pero no sobre \u00e9l. En este sentido, tan poco puede alegar la mujer gestante la legitimidad de la acci\u00f3n que atenta contra la vida del ser humano no nacido, como la mujer que pretenda atentar contra el cuerpo de un infante cuando lo carga en brazos. Los dos casos son formas, ciertamente distintas, de estar situado en el cuerpo de otra persona. Por otra parte, el ordenamiento no reconoce disposici\u00f3n omn\u00edmoda sobre el propio cuerpo. El cuerpo humano no se puede vender como mercanc\u00eda, y si alguien intentara vender el suyo o uno de sus \u00f3rganos el contrato no ser\u00eda reconocido por el ordenamiento. Mucho menos puede predicarse disponibilidad del cuerpo para violentar sexualmente a otra persona. Todos estos casos aun presentando obvias diferencias con el del aborto, ponen de presente el principio general que rige en la intepretaci\u00f3n del \u201cderecho sobre el propio cuerpo\u201d: se encuentra limitado por los derechos de los dem\u00e1s y el orden jur\u00eddico.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Me parece necesario reparar en el hecho de que el reconocimiento de \u00f3rbitas de libertad que permiten disponer arbitrariamente de la vida de otro introduce una novedad peligrosa en el sistema jur\u00eddico: por primera vez se reconoce un derecho de libertad no limitado por el deber m\u00ednimo de coexistencia. Una libertad no coexistente es una libertad incapaz de fundar la convivencia social, por obvias razones. La libertad de disponer de una vida como si fuese propiedad privada, o con mayor arbitrariedad que la que se exige en el caso de la propiedad privada, no es una libertad que permita con-vivir, es decir, vivir con. Es una libertad que lleva en s\u00ed el germen de la violencia.<\/p>\n
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Quiero llamar la atenci\u00f3n sobre lo incongruente que resulta que en un pa\u00eds que lleva m\u00e1s de sesenta a\u00f1os azotado por la pretensi\u00f3n de disponer de la vida del otro cuando ella parece inconveniente para los propios proyectos, se consagre como logro este tipo de disposici\u00f3n respecto de la vida m\u00e1s fr\u00e1gil, que es la del ser humano por nacer. No es este un paso hacia adelante, ni progresista. Es reafirmarse en una cultura que instrumentaliza la vida de otros y relativiza la dignidad humana.<\/p>\n
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4. Sobre los efectos contraproducentes de esta medida respecto de la libertad de las mujeres, y los derechos y responsabilidades de los hombres.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
A pesar de que la presente sentencia busca proteger el derecho de la mujer a la libre determinaci\u00f3n del n\u00famero de hijos, es necesario reparar sobre el hecho de que tiene una aptitud de generar el efecto directamente contrario. Y es que en la medida en que se haga depender la maternidad de la \u201celecci\u00f3n\u201d de la mujer, mayor es la posibilidad de que esta sea presionada indebidamente a \u201celegir\u201d no ser madre. Una vez se acent\u00fae la idea de que toda mujer tiene derecho a decidir no ser madre se multiplicar\u00e1n los supuestos en que se le deja en libertad de optar por la maternidad o la carrera, o entre la maternidad y la pareja. Es decir, en la medida en que se acent\u00fae en la cultura la aceptaci\u00f3n de un derecho a elegir, se multiplicar\u00e1n los supuestos en los que la mujer se vea presionada a optar por dicha opci\u00f3n.<\/p>\n
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Adem\u00e1s, cuanto mayor sea la concesi\u00f3n de la libertad de disponer sobre la vida del no nacido, mayor dificultar existir\u00e1 para (i) fundamentar coherentemente la responsabilidad del padre y (ii) defender el derecho del padre a tener hijos. En el primer caso, la irresponsabilidad masculina se ver\u00e1 estimulada por el hecho de que en sentido estricto la causa del nacimiento no es el acto sexual del hombre sino la negativa femenina de abortar, por lo que la l\u00f3gica de la imputaci\u00f3n de los deberes paternos se ver\u00e1 debilitada, al menos sociol\u00f3gicamente. En el segundo caso, si se acentuase la idea de que la vida del hijo es objeto de plena disposici\u00f3n materna, el derecho a decidir el n\u00famero de hijos se desplaza de la pareja a la mujer. El hombre queda reducido a un simple tercero que debe aceptar la disposici\u00f3n de la vida de su hijo, sin que se exija siquiera una raz\u00f3n. Por lo tanto, queda privado de un derecho que la Constituci\u00f3n reconoc\u00eda, en principio, sin distingo de sexo.<\/p>\n
5. Sobre la no afectaci\u00f3n del principio de igualdad<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Uno de los argumentos que recurrentemente se utilizan, como soporte de los reclamos a favor de la despenalizaci\u00f3n del aborto o del reconocimiento de un derecho a tal conducta, es que su proscripci\u00f3n vulnera el derecho a la igualdad. Este reclamo se presenta bajo distintas modalidades. En algunos casos se hace \u00e9nfasis en que, dado que solo las mujeres pueden quedar embarazadas, de ello se deriva una diferencia en el ejercicio de la sexualidad, que el derecho est\u00e1 en la obligaci\u00f3n de nivelar. Este argumento usualmente est\u00e1 vinculado a la afirmaci\u00f3n seg\u00fan la cual mientras los hombres tienen derecho al sexo sin consecuencias, las mujeres tienen que asumir la carga del embarazo y la maternidad. En conexidad con esta l\u00ednea argumentativa, se aduce que solo a las mujeres se les proscribe el acceso a un servicio de salud, como lo ser\u00eda, seg\u00fan quienes adhieren a esta tesis, el aborto. Finalmente, otros sostienen que el tipo penal del aborto penaliza exclusiva o desproporcionadamente a las mujeres por el ejercicio de sus derechos sexuales.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Antes de responder a estos argumentos, conviene distinguir entre dos supuestos de desigualdad distintos, respecto de los cuales el ordenamiento jur\u00eddico responde de distinta manera. Existen por una parte desigualdades que inhieren a la realidad de las personas y de las cosas. Las personas difieren entre s\u00ed en edad, apariencia, capacidades, sexo, actitudes, aptitudes, etc., sin que tal diferencia deba ser considerada en s\u00ed misma negativa o tenga connotaci\u00f3n jur\u00eddica. Por el contrario, ella funda la diversidad social, que la Constituci\u00f3n acoge como un valor positivo. Por otra parte, existen diferencias en el trato y en la asignaci\u00f3n de las oportunidades sociales, que cuando constituyen preferencias o discriminaciones injustificadas, deben ser proscritas. Ahora bien, en desarrollo del principio jur\u00eddico de igualdad, corresponde al Estado velar porque las diferencias pre jur\u00eddicas no den lugar a formas de trato discriminatorio y, por tanto, proscrito, o que impidan el goce de los derechos constitucionales.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que la circunstancia de que el embarazo sea un fen\u00f3meno exclusivamente femenino no es en s\u00ed mismo discriminatorio a favor o en contra de la mujer. Hace parte de la estructura constitutiva de la sexualidad humana. Y a no ser que se acepten explicaciones sesgadas y patriarcales, este hecho no es indicativo de ning\u00fan tipo de \u201cdebilidad\u201d o \u201cdeficiencia\u201d femeninas, como tampoco se puede entender que el hombre sufre desventaja por no poder dar a luz. De este modo, el hecho de que solo la mujer pueda quedar embarazada es un factor pre jur\u00eddico, que ni favorece ni discrimina. Otra cosa es que la posibilidad de quedar en embarazo d\u00e9 lugar a tratos diferenciados injustificados, como por ejemplo los que tienen que ver con la empleabilidad, el pago o el condicionamiento de la permanencia en el trabajo al compromiso de no quedar en estado de embarazo. Estas diferencias, evidentemente, se encuentran prohibidas por el ordenamiento.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Se reconoce, en cambio, que el estado de embarazo, sin ser enfermedad o defecto, s\u00ed constituye una circunstancia biol\u00f3gica y social que comporta ciertas necesidades espec\u00edficas (atenci\u00f3n m\u00e9dica, monitoreo, apoyo psicosocial, condiciones laborales) y una vulnerabilidad especial. Adem\u00e1s de lo anterior, es hist\u00f3ricamente verificable que esta condici\u00f3n ha estado vinculada a formas negativas de discriminaci\u00f3n. Debido a ello, se justifica que el Estado disponga de medidas de discriminaci\u00f3n positiva y protecci\u00f3n reforzada, como las que efectivamente existen en nuestro ordenamiento jur\u00eddico.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Ahora bien, dicho lo anterior, conviene examinar detalladamente los argumentos relativos a la igualdad. Seg\u00fan lo visto, la exclusividad femenina de la posibilidad del embarazo ni favorece ni discrimina jur\u00eddicamente. Que ello comporte diferencias respecto del ejercicio de la sexualidad y que estas diferencias sean jur\u00eddicamente relevantes es otra cosa. La primera consecuencia que se alega se deriva del hecho de que solo la mujer pueda quedar embarazada es que mientras el ejercicio de la sexualidad femenina parece obligatoriamente cauteloso, el de la sexualidad masculina puede ser espont\u00e1neo, irrestricto y sin \u201ctemor a las consecuencias\u201d. Ahora bien, siendo cierto que el hombre no deba ni pueda asumir la experiencia f\u00edsica del embarazo (raz\u00f3n por la cual no es sujeto de la protecci\u00f3n especial y reforzada que el ordenamiento exige para este supuesto), no lo es, en cambio, que el ordenamiento jur\u00eddico lo autorice a un ejercicio irresponsable de la sexualidad que no deba mirar las consecuencias. La idea misma de que el hombre pueda desentenderse de las consecuencias de su sexualidad es justificatoria de la paternidad irresponsable, la cual es objeto de sanci\u00f3n penal en el ordenamiento jur\u00eddico. Como ocurre en el caso de la cualquier otra acci\u00f3n humana, el ejercicio de la sexualidad, por parte tanto del hombre como de la mujer, exigen la carga de la asunci\u00f3n de las consecuencias propias (que en el caso de un embarazo no significa necesariamente la asunci\u00f3n de la crianza del ni\u00f1o o el ejercicio de la maternidad dado que se permiten, bajo ciertos condicionamientos, figuras como la adopci\u00f3n). Un trato distinto simplemente desconoce la libertad.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
A lo anterior se debe a\u00f1adir que en la actualidad existen maneras de evitar el embarazo que no comprometen la vida ya concebida y que, una vez producido el embarazo, no es necesaria la asunci\u00f3n de los deberes de la patria potestad. En efecto, desde hace muchos a\u00f1os existen varios m\u00e9todos de planificaci\u00f3n, tanto de uso femenino como masculino. En este sentido, se puede decir que especialmente desde la revoluci\u00f3n sexual, se ha reducido sustancialmente la perspectiva de embarazos no deseados, si bien es cierto que no todos los m\u00e9todos de planificaci\u00f3n tienen la misma eficacia.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
En segundo lugar, la afirmaci\u00f3n seg\u00fan la cual la prohibici\u00f3n del aborto supone un desequilibrio en el acceso a la salud, en tanto proscribe un \u201ctratamiento\u201d que solo necesitan las mujeres, presupone la asunci\u00f3n de que el aborto es per se un acto m\u00e9dico y curativo. Sobre esto hay que reparar en que, incluso entre quienes defienden el aborto, se hace una diferencia entre formas de aborto \u201cterap\u00e9utico\u201d es decir con finalidad curativa, y otros que no lo son. Ahora bien, en el primer caso considero que, aunque el acto se realice con una finalidad m\u00e9dica mediata (puesto que el fin inmediato es el occisivo), comporta siempre una desproporci\u00f3n que lo hace injustificado, dado a\u00fan en casos en los que se busca salvar la vida de la mujer gestante, se hace prevalecer la posibilidad de curaci\u00f3n o alivio de ella sobre la muerte cierta del gestado. Y porque, adem\u00e1s, la acci\u00f3n est\u00e1 directamente encaminada a terminar el embarazo, el cual no es en s\u00ed mismo una enfermedad. En todo caso, es menester hacer notar que este no es el caso sobre el cual se pronunci\u00f3 la Corte, pues el aborto con fines curativos no solamente fue incluido dentro de las causales de despenalizaci\u00f3n establecidas por la sentencia C-355 de 2006, sino que ya anteriormente hab\u00eda sido previsto como causal para prescindir de la aplicaci\u00f3n de la pena.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
El \u201cservicio m\u00e9dico\u201d del aborto que, seg\u00fan los demandantes, se estimaba injustamente denegado por la prohibici\u00f3n general del aborto era justamente el que no ten\u00eda una relaci\u00f3n directa con la salud de la mujer, por lo que la discriminaci\u00f3n aducida no exist\u00eda en realidad, a menos que se considere que el embarazo en s\u00ed mismo sea una enfermedad, lo cual ha sido negado en reiteradas ocasiones por la jurisdicci\u00f3n y no tiene respaldo cient\u00edfico alguno.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
En lo que se refiere al hecho de que el tipo penal del aborto afecte de modo especial a las mujeres cabe decir lo siguiente. En primer lugar, no es cierto que el delito en cuesti\u00f3n tuviese un sujeto activo cualificado en raz\u00f3n del sexo. Pues, aunque en el primer inciso se penaliza a la mujer que cause su aborto, en el segundo inciso se precisa que en la misma pena incurrir\u00e1 quien con su consentimiento realice la conducta. De este modo, solo una lectura parcial del art\u00edculo permite sostener que hay un sujeto activo cualificado en raz\u00f3n del sexo. Una redacci\u00f3n alterna del mismo tipo penal podr\u00eda ser cualquiera que cause voluntariamente la muerte del nasciturus, bien sea causando el aborto propio o realizando esta acci\u00f3n con el consentimiento de la mujer gestante, incurrir\u00e1 en pena de prisi\u00f3n\u2026<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Tampoco es cierto que se trate de un delito cuya existencia en el C\u00f3digo Penal comporte una sanci\u00f3n estad\u00edsticamente desproporcionada de las mujeres ni ello ser\u00eda necesariamente discriminatorio si as\u00ed ocurriera. En primer lugar, porque como se puede corroborar con cifras del INPEC, el n\u00famero de sentencias condenatorias por aborto es significativamente bajo y en todo caso, las condenas recaen m\u00e1s sobre hombres que sobre mujeres. Pero es que, adem\u00e1s, el hecho de que un tipo penal sea estad\u00edsticamente cometido por personas con cierta condici\u00f3n no es necesariamente discriminatorio. Lo contrario llevar\u00eda a sostener una discriminaci\u00f3n sistem\u00e1tica contra los hombres que constituyen la mayor\u00eda de los condenados por casi la totalidad de delitos contemplados en el c\u00f3digo penal.<\/p>\n
6. Sobre la improcedencia de los argumentos relativos al Derecho penal como ultima ratio.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha argumentado que la prohibici\u00f3n general del aborto antes de la semana veinticuatro desconoce el llamado a ser la ultima ratio que se predica del Derecho Penal en las sociedades democr\u00e1ticas. Lo anterior solo puede ser razonablemente sostenido presuponiendo la poca gravedad y lesividad del aborto en la actualidad, lo cual, como se vio, exige una relativizaci\u00f3n del reconocimiento de la persona y de la afirmaci\u00f3n de la dignidad humana.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Solo sosteniendo que el bien jur\u00eddico afectado por el aborto anterior a las veinticuatro semanas es de menor envergadura que la vida en otras etapas, se puede aceptar que su protecci\u00f3n penal afecta el principio de \u00faltima ratio. En efecto, dicho principio establece que el Derecho Penal se debe reservar \u00fanicamente para hacer frente a las conductas m\u00e1s lesivas de bienes jur\u00eddicos importantes, que la sanci\u00f3n penal no se debe aplicar all\u00ed cuando no es necesaria. Significa, adem\u00e1s, que el derecho penal constituye la \u00faltima l\u00ednea de defensa de los bienes jur\u00eddicos, es decir, la que se reserva para aquellos a quienes las disuasiones no penales no han logrado \u201cconvencer\u201d de obrar de otra manera.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Si no existe ninguna raz\u00f3n de peso para considerar que la vida humana vale menos antes de la vig\u00e9sima cuarte semana de gestaci\u00f3n, no existe tampoco raz\u00f3n para considerar la conducta menos lesiva. Tampoco hay nada que excluya la posibilidad de apelar a figuras del derecho penal general para prescindir de la pena, cuando ella no resulte necesaria (tanto respecto de este delito como respecto de cualquier otro).<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
M\u00e1s atenci\u00f3n se exige respecto de la tercera afirmaci\u00f3n. Es cierto que, en un Estado de Derecho, la pol\u00edtica de protecci\u00f3n de los bienes jur\u00eddicos no puede descasar solamente en la penalizaci\u00f3n. Ello no solo ocurre con el aborto sino con todos los dem\u00e1s delitos. Se requiere atacar las causas profundas de las conductas y desarrollar programas de disuasi\u00f3n, mediante, por ejemplo, campa\u00f1as de conciencia ciudadana, etc. Pero ello no significa que tales medidas necesariamente deban o puedan reemplazar la protecci\u00f3n penal.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Un ejemplo, puede resultar ilustrativo. Pi\u00e9nsese en la corrupci\u00f3n. Es un fen\u00f3meno de m\u00faltiples causas y frente a \u00e9l es claro que una pol\u00edtica exclusivamente penal est\u00e1 condenada al fracaso. De hecho, mientras que no se logre cambiar una conciencia excesivamente laxa frente a esta conducta, con toda seguridad la protecci\u00f3n penal resultar\u00e1 insuficiente. Pero que todas las dem\u00e1s formas de disuasi\u00f3n y lucha contra la corrupci\u00f3n sean necesarias no significa que la protecci\u00f3n penal resulte ileg\u00edtima o innecesaria. Bien es sabido que en lo relativo a la lucha contra la corrupci\u00f3n todav\u00eda falta una gran mejora y que son necesarias m\u00e1s medidas extrapenales, pero de ah\u00ed no se sigue que los tipos penales que defienden el patrimonio p\u00fablico sean inconstitucionales o redundantes.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
De hecho, aun aceptando la necesidad de la protecci\u00f3n extrapenal, se puede suponer que siempre existir\u00e1 un n\u00facleo de personas frente a quienes la disuasi\u00f3n no penal no funciona ni funcionar\u00e1. La pena se dirige justo a ese n\u00facleo de personas. Si un bien jur\u00eddico realmente es valioso, entonces la apuesta exclusiva por las estrategias disuasorias no penales no resulta satisfactoria. Si la vida humana naciente es realmente un bien jur\u00eddico que el Estado tome en serio, el Estado no puede simplemente esperar que las estrategias disuasorias (ejemplo, protecci\u00f3n y subsidios para la mujer embarazada) simplemente funcionen y observar pasivamente c\u00f3mo este bien se lesiona cuando la disuasi\u00f3n no ha sido efectiva.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Sobre la existencia del fen\u00f3meno de la Cosa Juzgada Constitucional.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Aunque las anteriores reflexiones justifican mi discenso con la decisi\u00f3n de fondo adoptada en la sentencia, es necesario aclarar que la mayor\u00eda ignor\u00f3 la existencia el fen\u00f3meno jur\u00eddico de la cosa juzgada, que le imped\u00eda pronunciarse de fondo en esta ocasi\u00f3n<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
La mayor\u00eda sostuvo que a pesar de la existencia de la Sentencia C-355 de 2006, era procedente un pronunciamiento de fondo debido a que (i) no se presentaba el fen\u00f3meno de la cosa juzgada constitucional, en la medida en que se trataba de cargos que no fueron valorados por la Corte en la citada sentencia y, en todo caso, (ii) se evidenciaba una variaci\u00f3n en el contexto normativo en que se inserta la norma demandada y (iii) una modificaci\u00f3n en el significado material de la Constituci\u00f3n<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
En particular, sostuvo la mayor\u00eda, no exist\u00eda cosa juzgada constitucional respecto de los cargos relativos al desconocimiento de (i) la obligaci\u00f3n de respeto al derecho a la salud y los derechos reproductivos de las mujeres, las ni\u00f1as y las personas gestantes; (ii) la libertad de conciencia de las mujeres, las ni\u00f1as y las personas gestantes, en especial, frente a la posibilidad de actuar conforme a sus convicciones en relaci\u00f3n con su autonom\u00eda reproductiva; (iii) la finalidad preventiva de la pena y las exigencias constitucionales adscritas al car\u00e1cter de ultima ratio del derecho penal y (iv) el derecho a la igualdad de las mujeres en situaci\u00f3n de vulnerabilidad y en situaci\u00f3n migratoria irregular.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
A juicio de la suscrita, dichos cargos s\u00ed hab\u00edan sido formulados en la demanda que se resolvi\u00f3 mediante la sentencia C-355 de 2006 y s\u00ed hab\u00edan sido analizados en ella.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Ciertamente, en 2006 la sentencia fue motivada por tres demandas. En la primera, la petici\u00f3n principal era la despenalizaci\u00f3n total y solo de modo subsidiario se ped\u00eda una modulaci\u00f3n del r\u00e9gimen del aborto seg\u00fan criterios de proporcionalidad. En la demanda de M\u00f3nica Ra y las otras demandas acumuladas que se resolvieron en la Sentencia C-355 de 2006 se buscaba, como ahora se pretend\u00eda, la despenalizaci\u00f3n total del aborto. La petici\u00f3n principal era la siguiente, seg\u00fan resumen hecho por Causa Justa en ese momento: En este caso se solicita a la Corte eliminar el delito de aborto por ser injusto con las mujeres m\u00e1s vulnerables, ineficiente y violatorio de los derechos de las mujeres y del personal de salud. En vez de usar el derecho penal, podr\u00edan existir m\u00e1s y mejores pol\u00edticas de salud que contribuyan a prevenir las muertes y complicaciones por abortos inseguros y el embarazo no deseado, as\u00ed como programas de educaci\u00f3n sexual integral, informaci\u00f3n, acceso y disponibilidad de m\u00e9todos anticonceptivos.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Como se ve, en esta primera demanda (M\u00f3nica Roa) ya se conten\u00edan argumentos en contra de la penalizaci\u00f3n total, fundados en los derechos fundamentales de las mujeres. Como, por ejemplo, la incompatibilidad del delito de aborto con el derecho a la autonom\u00eda reproductiva y su car\u00e1cter discriminatorio por prohibir un servicio de salud solamente a las mujeres. La segunda demanda (Pablo Jaramillo) abogaba por la despenalizaci\u00f3n total, al punto que uno de los argumentos para pedir tambi\u00e9n la inexequibilidad de las rebajas de la pena era que, si se declaraba la inexequibilidad de la regla general, no tendr\u00eda sentido mantener estas excepciones. \u00a0En la tercera demanda hab\u00eda argumentos relativos a que penalizaci\u00f3n total del aborto llevaba a las mujeres al aborto ilegal (especialmente a las mujeres de bajos ingresos, j\u00f3venes y ni\u00f1as), el cual es muy peligroso para la salud de las mujeres. Respecto del derecho penal como \u00faltima ratio, en la sentencia C-355 de 2006 se analiz\u00f3 el cargo relativo a si el derecho penal era la mejor opci\u00f3n para resolver el problema del aborto y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n introdujo consideraciones al respecto. Y la sentencia en ese sentido dijo que la libertad de configuraci\u00f3n legislativa ten\u00eda l\u00edmites y se\u00f1al\u00f3, literalmente, lo siguiente: Por otra parte, el principio de proporcionalidad opera al interior mismo del tipo penal, pues debido al car\u00e1cter de \u00faltima ratio del derecho penal en un Estado social de derecho, la sanci\u00f3n penal como m\u00e1xima intervenci\u00f3n en la libertad personal y en la dignidad humana \u2013fundamentos axiol\u00f3gicos de este modelo estatal- debe ser estrictamente necesaria y est\u00e1 reservada a conductas de trascendencia social, y en todo caso debe ser proporcionada a la naturaleza del hecho punible.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
As\u00ed pues, los cargos relativos al desconocimiento de los derechos a la salud, los derechos reproductivos de las mujeres y a la igualdad, especialmente de las mujeres m\u00e1s vulnerables, fueron aducidos en la demanda y estudiados en la Sentencia C-355 de 2006, lo mismo que la acusaci\u00f3n por violaci\u00f3n del principio de proporcionalidad al acudir el legislador al derecho penal como \u00faltima ratio, sin haber consagrado medidas menos restrictivas para garantizar los derechos de las mujeres.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
En cuanto al desconocimiento a las libertades de conciencia y religiosa por la penalizaci\u00f3n del aborto, en la demanda de 2006 el cargo fue puesto en consideraci\u00f3n por la Corporaci\u00f3n Sisma Mujer, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y el Ministerio de Protecci\u00f3n Social, quienes adujeron en sus intervenciones que no se pod\u00eda imponer a las mujeres deberes basados en estereotipos de orden moral o religioso. La Corporaci\u00f3n Sisma Mujer apel\u00f3 directamente a la libertad de conciencia y a la laicidad del Estado. La sentencia analiz\u00f3 este punto, en especial respecto de la situaci\u00f3n de la mujer que ha sido violada. En este sentido dijo: \u201cComo se advirti\u00f3, cuando una mujer es violada o es sometida a alguno de los procedimientos a los que se refiere el par\u00e1grafo acusado, sus derechos a la dignidad, a la intimidad, a la autonom\u00eda y a la libertad de conciencia son anormal y extraordinariamente vulnerados ya que es dif\u00edcil imaginar atropello contra ellos m\u00e1s grave y tambi\u00e9n extra\u00f1o a la convivencia tranquila entre iguales.<\/p>\n
As\u00ed pues, los cargos que ahora se analizaron ya hab\u00edan sido estudiados en la sentencia C-355 de 2006, por lo que a juicio de la suscrita se presentaba el fen\u00f3meno jur\u00eddico de la cosa juzgada constitucional, que imped\u00eda a la Corte emitir un nuevo pronunciamiento de fondo. No obstante, como se dijo, la Corte justific\u00f3 el nuevo pronunciamiento aduciendo que, en todo caso, se evidenciaba una modificaci\u00f3n en el significado material de la Constituci\u00f3n y una variaci\u00f3n en el contexto normativo en que se inserta la norma demandada. Nada de esto ocurr\u00eda, como pasa a explicarse.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
No obstante, seg\u00fan sostiene la sentencia de la que me aparto, habr\u00eda una modificaci\u00f3n del entorno normativo y jurisprudencial con posterioridad a la Sentencia C-355 de 2006 que modificar\u00eda el par\u00e1metro de control. \u00a0Este cambio lo explica as\u00ed el fallo del que discrepo:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
-En primer lugar, se aprecia una profunda transformaci\u00f3n jurisprudencial acerca de la consideraci\u00f3n del derecho a la salud como un derecho fundamental aut\u00f3nomo, en los t\u00e9rminos de, en particular, las sentencias T760 de 2008, C-313 de 2014 y T-361 de 2014.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Si bien lo anterior es cierto, dichas sentencias no se refieran ni siquiera tangencialmente al derecho a la salud en relaci\u00f3n con la pr\u00e1ctica del aborto. As\u00ed pues, mencionarlas para fundamentar \u201cuna modificaci\u00f3n en el significado material de la Constituci\u00f3n\u201d frente al asunto de la protecci\u00f3n de la vida naciente y el aborto consentido resulta ser una explicaci\u00f3n insuficiente.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
-En segundo lugar, argumenta la mayor\u00eda que luego del a\u00f1o 2006 y mediante la resoluci\u00f3n de casos concretos, la jurisprudencia constitucional ha ampliado su comprensi\u00f3n acerca de la problem\u00e1tica constitucional que supone el aborto consentido, a partir de la estrecha relaci\u00f3n que se presenta entre las conductas que siguen constituyendo un supuesto delictivo y aquellas que no.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Al respecto, cabe observar que dichos pronunciamientos emitidos en sede de control concreto resolvieron casos particulares sin efectos erga omnes, inter pares o inter comunis y, por ello, no modifican la interpretaci\u00f3n constitucional abstracta y objetiva contenida en la Sentencia C-355 de 2006.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Adicionalmente, la decisi\u00f3n mayoritaria consider\u00f3 que existen documentos internacionales, de distinto valor normativo que, a diferencia del a\u00f1o 2006, han propugnado por la despenalizaci\u00f3n del aborto m\u00e1s all\u00e1 de las tres causales definidas en la Sentencia C-355 de 2006 y, por tanto, inciden en una nueva comprensi\u00f3n constitucional del fen\u00f3meno. De all\u00ed que tal pretensi\u00f3n encuentre sustento suficiente en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Agrega que con posterioridad a la Sentencia C-355 de 2006, m\u00faltiples organismos internacionales \u2013entre los que se encuentran el Comit\u00e9 de Derechos Econ\u00f3micos Sociales y Culturales, el Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del m\u00e1s alto nivel posible de salud y el Comit\u00e9 para la eliminaci\u00f3n de todas las formas de discriminaci\u00f3n contra la mujer\u2013 han planteado la necesidad de despenalizar el aborto como una medida en favor de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de esta poblaci\u00f3n, as\u00ed como una forma de actuar en contra de la violencia hacia las mujeres.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Al respecto, para la suscrita, no existen documentos internacionales jur\u00eddicamente vinculantes que obliguen a Colombia a despenalizar el aborto \u201cm\u00e1s all\u00e1 de las tres causales definidas en la Sentencia C-355 de 2006\u201d. Los documentos que cita la sentencia de la que me aparto no son \u201ctratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n\u201d y que por esa raz\u00f3n prevalezcan en el orden interno, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 93 de la Constituci\u00f3n, es decir, no conforman el bloque de constitucionalidad. Todos ellos pertenecen a la categor\u00eda de soft law y, en tal virtud, no generan esta clase de compromisos ni ingresan al bloque de constitucionalidad.<\/p>\n
En cuanto a la jurisprudencia de las cortes internacionales, es cierto que el int\u00e9rprete aut\u00e9ntico de la CADH es la Corte IDH. De all\u00ed que la Corte Constitucional haya reconocido la importancia de la jurisprudencia de la Corte IDH para interpretar la CADH, como instrumento que hace parte del bloque de constitucionalidad. No obstante, esto \u201cno supone integrar al bloque de constitucionalidad la jurisprudencia de la Corte Interamericana\u201d, sino simplemente reconocer su valor como \u201ccriterio hermen\u00e9utico relevante que deber\u00e1 ser considerado en cada caso\u201d. Otro tanto sucede en el sistema universal.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
As\u00ed pues, el este argumento conforme al cual habr\u00eda documentos internacionales que, por integrarse al bloque de constitucionalidad, permitir\u00edan considerar que ha variado el par\u00e1metro de control constitucional en lo relativo a la protecci\u00f3n de la vida del que est\u00e1 por nacer carece de fundamento. Tampoco ha mediado una reforma constitucional al respecto.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Finalmente, a juicio de la mayor\u00eda, \u201cse evidencia una modificaci\u00f3n en el significado material de la Constituci\u00f3n en cuanto a la comprensi\u00f3n de la problem\u00e1tica constitucional que supone el delito del aborto consentido\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Sobre este pretendido cambio de significado de la Constituci\u00f3n, bien cabe preguntarse si la Carta puede variar su contenido por v\u00eda interpretativa en un asunto tan relevante como lo es la existencia del derecho a la vida humana. Si el texto de nuestra Constituci\u00f3n reconoce la existencia de los derechos que son inherentes a la persona humana, es decir, no los establece, no los crea, pues no de otra manera puede entenderse el art\u00edculo 94 superior, \u00bfes posible que la Corte Constitucional, como int\u00e9rprete de la Constituci\u00f3n, pueda entender que ha mediado un cambio social que lleva a admitir que determinados seres humanos, por raz\u00f3n de su dependencia de otros, carecen del derecho a la vida?<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
La posici\u00f3n mayoritaria de la Sala ha establecido por v\u00eda interpretativa que la vida de los seres humanos en gestaci\u00f3n solo merece reconocimiento y protecci\u00f3n jur\u00eddica a partir de la vig\u00e9sima cuarta semana. No obstante, la Carta pregona que ella no establece el derecho a la vida, sino que lo reconoce como uno inherente a la persona humana. Tambi\u00e9n afirma que \u201ctoda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jur\u00eddica.\u201d As\u00ed las cosas, resulta un contrasentido que la Corte se abrogue la facultad de establecer lo que el propio constituyente entendi\u00f3 que no pod\u00eda m\u00e1s que reconocer. La vida humana como derecho constituye un eje axial de la Constituci\u00f3n cuya reforma la sustituye, pero m\u00e1s all\u00e1 de ello, esta posibilidad de modificaci\u00f3n de la garant\u00eda fundamental del orden jur\u00eddico pone en riesgo la convivencia misma. Nadie en un estado de derecho puede determinar qui\u00e9n tiene derecho a vivir y qui\u00e9n no. Se trata de una garant\u00eda preconstitucional inherente a la dignidad humana.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
En otras palabras, el presente caso era improcedente apelar a la interpretaci\u00f3n evolutiva por dos razones. Primero, porque existen asuntos sustra\u00eddos de reforma constitucional por ser ejes axiales de la Constituci\u00f3n y, si esta proscripci\u00f3n de reforma se predica de la actividad del mismo constituyente primario, entonces tambi\u00e9n se predica respecto de su interprete, que es la Corte constitucional. Se ha dicho en l\u00edneas anteriores que la esencia del Estado de Derecho radica en el reconocimiento de exigencias jur\u00eddicas anteriores al Estado y frente a las cuales este no tiene facultades de creaci\u00f3n sino de simple reconocimiento. Se ha dicho tambi\u00e9n que es de la esencia de la Constituci\u00f3n fundarse en el respeto a la persona y en el reconocimiento de las exigencias que se derivan de ella. Si esto es as\u00ed, ni el pueblo, ni sus representantes, ni la jurisdicci\u00f3n constitucional, tienen la prerrogativa de variar la definici\u00f3n jur\u00eddica de persona o relativizar las exigencias que se derivan de la dignidad humana. Toda reforma a este respecto, incluyendo formas de interpretaci\u00f3n dependientes de la opini\u00f3n y los sentimientos morales de la poblaci\u00f3n ser\u00e1 de car\u00e1cter sustitutivo de la Constituci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Ahora bien, en gracia de discusi\u00f3n, admitiendo que, en virtud de un pretendido cambio social en la comprensi\u00f3n material de la Constituci\u00f3n, la Corte pudiera hacer una interpretaci\u00f3n evolutiva de su texto que la llevara a entender que la vida humana en gestaci\u00f3n solo merece protecci\u00f3n a partir de la vig\u00e9sima cuarta semana, entonces ese cambio social que se aduce en la Sentencia debi\u00f3 ser rigurosamente probado. Sin embargo, las cifras en Colombia no parecen claras en cuanto al cambio social sobre la percepci\u00f3n de la legalizaci\u00f3n del aborto. \u00a0 Seg\u00fan una muy reciente encuesta internacional de IPSOS de noviembre de 2021, es decir, muy cercana en el tiempo a la fecha de adopci\u00f3n de la sentencia de la que me aparto, el 65% de los colombianos coincid\u00eda en que el aborto debe ser limitado a situaciones muy excepcionales o prohibirse por completo. Este estudio internacional de IPSOS, que re\u00fane a 27 pa\u00edses, mide lo que se denomina el nivel de “Favorabilidad hacia la legalizaci\u00f3n del aborto\u201d. Seg\u00fan este estudio, el 65% de los colombianos coincide en que el aborto NO debe ser liberalizado, ni legalizarse: Debe ser limitado a situaciones muy excepcionales o prohibirse por completo.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
En los t\u00e9rminos anteriores dejo expresadas las razones de mi discrepancia.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Fecha ut supra,<\/p>\n
CRISTINA PARDO SCHLESINGER<\/p>\n
Magistrada<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO<\/p>\n
A LA SENTENCIA C-055-22<\/p>\n
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\u00a0<\/p>\n
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\u00a0<\/p>\n
Referencia:\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Sentencia C-055 de 2022<\/p>\n
Expediente. D-13.956<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Magistrados ponentes: Antonio Jos\u00e9 Lizarazo Ocampo y Alberto Rojas R\u00edos<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Con el acostumbrado respeto por las decisiones que toma la mayor\u00eda de la Sala Plena de la Corte Constitucional, a continuaci\u00f3n, expongo las razones por las que decid\u00ed salvar el voto en la sentencia C-055 de 2022. Por una parte, explicar\u00e9 por qu\u00e9 considero que el cargo por violaci\u00f3n del derecho a la igualdad de las mujeres en situaci\u00f3n de vulnerabilidad y en situaci\u00f3n migratoria irregular no cumpl\u00eda con los requisitos m\u00ednimos de aptitud y, en consecuencia, la Sala no pod\u00eda pronunciarse de fondo en relaci\u00f3n con este. Por otra parte, argumentar\u00e9 por qu\u00e9, en mi criterio, existe cosa juzgada constitucional en relaci\u00f3n con los cargos por violaci\u00f3n de los derechos a la salud y a la libertad de conciencia y los principios constitucionales sobre los fines de la pena y los est\u00e1ndares constitucionales m\u00ednimos de la pol\u00edtica criminal. A mi juicio, la Sala debi\u00f3 estarse a lo resuelto en la sentencia C-355 de 2006, en lo que respecta a estos cargos. Por \u00faltimo, sin perjuicio de lo anterior, me referir\u00e9 in extenso a los reparos, de car\u00e1cter esencial, que tengo frente a las razones por las cuales la mayor\u00eda de la Sala Plena decidi\u00f3 declarar la exequibilidad condicionada del art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal y realizar un exhorto al Congreso de la Rep\u00fablica y al Gobierno Nacional.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Los cargos por violaci\u00f3n del derecho a la igualdad de las mujeres en situaci\u00f3n de vulnerabilidad y en situaci\u00f3n migratoria irregular no cumpl\u00edan con los requisitos m\u00ednimos de aptitud y, en consecuencia, la Sala no debi\u00f3 pronunciarse de fondo en relaci\u00f3n con estos.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
En mi criterio, los cargos por violaci\u00f3n del derecho a la igualdad de las mujeres en situaci\u00f3n de vulnerabilidad y en situaci\u00f3n migratoria irregular carecen de certeza, pertinencia y especificidad. En la medida en que los mencionados cargos fueron analizados de forma conjunta por la Sala, me referir\u00e9 a estos como si se tratara de un \u00fanico cargo.<\/p>\n
<\/p>\n
(i) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0El cargo no satisface el requisito de certeza.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
El reproche no se dirige contra la proposici\u00f3n jur\u00eddica establecida en el art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal, declarado exequible de forma condicionada a trav\u00e9s de la sentencia C-355 de 2006, sino contra las circunstancias que, seg\u00fan las demandantes, se presentan en raz\u00f3n a dicha disposici\u00f3n. Raz\u00f3n por la cual no se cumple con el requisito de certeza de un cargo de constitucionalidad.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
En criterio de las actoras, de un lado, los efectos que el delito de aborto tiene en las mujeres en situaci\u00f3n de vulnerabilidad \u201cson diferentes\u201d . Se refieren, particularmente, a \u201cc\u00f3mo la falta de informaci\u00f3n, de disponibilidad y de confidencialidad en la prestaci\u00f3n del servicio de IVE tiene un impacto desproporcionado y discriminatorio en ciertos grupos de mujeres y ni\u00f1as que ya de por si se encuentran en una situaci\u00f3n de vulnerabilidad\u201d . De otro lado, alegan que dicho delito genera una \u201cdiscriminaci\u00f3n indirecta para las mujeres en situaci\u00f3n migratoria irregular porque las condiciones de acceso a la IVE que impone se tornan desproporcionadas para ellas [\u2026]\u201d . Entre otras circunstancias, argumentan que la situaci\u00f3n irregular de algunas migrantes las expone a ser v\u00edctimas de violencia sexual, a dificultades para instaurar una denuncia penal y a la imposibilidad de acreditar alguna de las causales para practicarse un aborto de forma legal.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
De conformidad con lo establecido por la Corte en la sentencia C-1052 de 2001, para que \u201clas razones que respaldan los cargos de inconstitucionalidad sean ciertas significa que la demanda recaiga sobre una proposici\u00f3n jur\u00eddica real y existente\u201d. De esta manera, \u201cel ejercicio de la acci\u00f3n p\u00fablica de inconstitucionalidad supone la confrontaci\u00f3n del texto constitucional con una norma legal que tiene un contenido verificable a partir de la interpretaci\u00f3n de su propio texto\u201d (subraya propia). Las razones en las que se fundamenta la supuesta violaci\u00f3n del derecho a la igualdad de las mujeres en situaci\u00f3n de vulnerabilidad y en situaci\u00f3n migratoria irregular no se derivan de la norma establecida en el art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal, sino de las circunstancias o dificultades que en criterio de las demandantes enfrentan algunas mujeres para acceder a un aborto legal.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Por lo tanto, para la suscrita, el cargo no cumple con el requisito de certeza. Y, por esta misma raz\u00f3n, disiento de que la mayor\u00eda de la Sala Plena ahora permita el an\u00e1lisis de constitucionalidad de una norma en raz\u00f3n a una supuesta discriminaci\u00f3n indirecta que, en todo caso, de existir, no lo es en virtud del alcance y contenido objetivo de la norma, sino de posibles problemas estructurales y pr\u00e1cticos para dar manejo a determinadas situaciones.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
(ii) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0El cargo no satisface el requisito de pertinencia.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
El reproche se cimenta en argumentos subjetivos de las demandantes, en lugar de soportarse en una confrontaci\u00f3n entre el precepto demandado y la norma Superior. Por esta raz\u00f3n, el cargo no cumple con el requisito de pertinencia de un cargo de constitucionalidad.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Las actoras describen situaciones que, en su criterio, se presentan en la pr\u00e1ctica en relaci\u00f3n con las mujeres en situaci\u00f3n de vulnerabilidad y, en particular, con aquellas en situaci\u00f3n migratoria irregular; las cuales atribuyen a la existencia de la norma. En concreto, se refieren a la falta de informaci\u00f3n, de disponibilidad y de confidencialidad y a los obst\u00e1culos para colmar los requisitos para acceder a un aborto legal.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
De conformidad con la jurisprudencia de esta Corte, \u201cson inaceptables los argumentos que [\u2026] \u00a0se limitan a expresar puntos de vista subjetivos en los que \u2018el demandante en realidad no est\u00e1 acusando el contenido de la norma sino que est\u00e1 utilizando la acci\u00f3n p\u00fablica para resolver un problema particular, como podr\u00eda ser la indebida aplicaci\u00f3n de la disposici\u00f3n en un caso espec\u00edfico\u2019 [\u2026]\u201d . Por ende, para la suscrita magistrada, argumentos circunstanciales como los expuestos por las demandantes no son pertinentes para proceder a realizar un estudio de constitucionalidad. En gracia de discusi\u00f3n, de comprobarse que se presentan situaciones como las descritas, la acci\u00f3n p\u00fablica de constitucionalidad no es el mecanismo id\u00f3neo para rebatirlas. En ese sentido, el cargo carece de pertinencia.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Las demandantes no explicaron de forma concreta y directa por qu\u00e9 el art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal viola el derecho a la igualdad de un grupo determinado de mujeres. Por esta raz\u00f3n, no cumplieron con el requisito de especificidad.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Si bien es cierto que las actoras exponen las dificultades y obst\u00e1culos pr\u00e1cticos a los que algunas mujeres pueden enfrentarse al querer acceder a un aborto, ello es un reproche indirecto y amplio, que falla en la concreci\u00f3n exigida para configurar un cargo de constitucionalidad. Sobre el particular, recu\u00e9rdese que \u201c[e]l juicio de constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de establecer si realmente existe una oposici\u00f3n objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, resultando inadmisible que se deba resolver sobre su inexequibilidad a partir de argumentos \u2018vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales\u2019 que no se relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se acusan\u201d . Por lo anterior, considero que el cargo carece de especificidad.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
En suma, a juicio de la suscrita, el reproche por presunta violaci\u00f3n del derecho a la igualdad de las mujeres en situaci\u00f3n de vulnerabilidad y situaci\u00f3n migratoria irregular debi\u00f3 considerarse inepto y, bajo ese entendido, la Sala Plena no se encontraba facultada para emitir un pronunciamiento de fondo con base en este cargo.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0La Corte debi\u00f3 estarse a lo resuelto en la sentencia C-355 de 2006 frente a los cargos por violaci\u00f3n del derecho a la salud, del derecho a la libertad de conciencia y de los principios constitucionales sobre los fines de la pena y los est\u00e1ndares constitucionales m\u00ednimos de la pol\u00edtica criminal.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Para la suscrita magistrada, contrario a lo considerado por la mayor\u00eda de la Sala Plena, la demanda sub examine plante\u00f3 los mismos cargos que fueron estudiados en la sentencia C-355 de 2006 en relaci\u00f3n con la presunta violaci\u00f3n de los derechos a la salud y a la libertad de conciencia y por violaci\u00f3n de los principios constitucionales sobre los fines de la pena y los est\u00e1ndares constitucionales m\u00ednimos de la pol\u00edtica criminal. Sumado a ello, no es posible afirmar que existe una modificaci\u00f3n en el significado material de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica o un cambio en el contexto normativo, en contraste con el a\u00f1o 2006, a efectos de enervar la cosa juzgada constitucional de que goza la sentencia C-355 de 2006. Por ende, lo que proced\u00eda en este caso era estarse a lo resuelto en la citada sentencia.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
(i) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Existe identidad entre los cargos que se estudiaron en la sentencia C-355 de 2006 y los que se plantearon en la demanda sub examine.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Sin perjuicio de que en el a\u00f1o 2006 los cargos hubiesen tenido una aproximaci\u00f3n ligeramente distinta e, incluso, se hubiese apelado a algunas normas superiores diferentes a las que ahora se invocan, hoy se presenta el mismo reproche constitucional que hace 16 a\u00f1os. Lo anterior ubica a la Sala Plena en el mismo punto de debate en el que estuvo en el 2006, lo cual es lo que pretende evitarse a trav\u00e9s de la instituci\u00f3n de la cosa juzgada constitucional.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
En relaci\u00f3n con el derecho a la salud, las demandantes, en t\u00e9rminos generales, alegan que mantener la tipificaci\u00f3n del aborto supone una barrera para el goce efectivo del derecho a la salud por parte de la mujer gestante. En palabras de las actoras, \u201cla norma demandada mantiene una medida legal que antes que facilitar, promover o afirmar, obstruye el acceso a la IVE como servicio de salud reproductiva\u201d. Agregan que \u201c[e]l uso del derecho penal para regular el aborto, antes que eliminar o mitigar obst\u00e1culos, es la barrera principal que genera, mantiene y profundiza diversas barreras estructurales del acceso a la IVE, que tiene a su vez un efecto multiplicador\u201d . De este modo, sintetizan que \u201c[d]e un lado, la norma demandada, en contrav\u00eda de las obligaciones de cumplimiento y protecci\u00f3n, genera, mantiene y profundiza barreras estructurales para acceder a la IVE -que es parte de la salud reproductiva- bajo las tres causales autorizadas [\u2026] [d]e otro lado, [\u2026] viola la obligaciones de respeto a la salud reproductiva porque proh\u00edbe, en contrav\u00eda de las recomendaciones internacionales, un servicio de salud que las mujeres requieren de modo tal que las mujeres que no est\u00e1n en las causales, sobre todo las m\u00e1s vulnerables, deben recurrir a abortos en condiciones inseguras poniendo en riesgo su vida y principalmente su salud, como lo demuestran las actuales cifras de mortalidad y morbilidad materna en el pa\u00eds\u201d .<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
En la sentencia C-355 de 2006 los cargos \u00a0por presunta violaci\u00f3n del derecho a la salud, en gran medida, tambi\u00e9n radicaban en que el delito de aborto constitu\u00eda la principal barrera para que la mujer gestante gozara del derecho a la salud y las empujaba a la pr\u00e1ctica de abortos clandestinos, los cuales en muchas ocasiones las llevaba a la muerte. Una de las demandantes en aquel momento aleg\u00f3 que \u201c[l]la vida f\u00edsica, la integridad personal y la salud de la mujer pueden verse seriamente amenazadas por problemas en el embarazo y que corren un mayor peligro cuando el aborto es practicado en condiciones clandestinas, generalmente sin el cumplimiento de los protocolos m\u00e9dicos y las reglas de higiene\u201d. Otro grupo de demandantes se\u00f1al\u00f3 que \u201c[l]a despenalizaci\u00f3n total del aborto resulta acorde con la protecci\u00f3n del derecho a la salud y la obligaci\u00f3n que se impone al Estado para proveer los medios necesarios para que las mujeres que decidan abortar lo puedan hacer bajo condiciones adecuadas, seguras y dignas\u201d. Este \u00faltimo grupo agreg\u00f3 que \u201ces obligaci\u00f3n del Estado brindar especial asistencia y protecci\u00f3n a la mujer que durante el embarazo y ello supone si decide interrumpirlo, el estado brinde los mecanismos sanitarios necesarios para garantizar la integridad f\u00edsica de la mujer\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Al contrastar los argumentos del cargo por violaci\u00f3n del derecho a la salud expuestos, de un lado, en la demanda sub examine y, de otro, en el a\u00f1o 2006, se observa que se trat\u00f3 del mismo reproche. Con base en este, en la sentencia C-355 de 2006 se concluy\u00f3 que los \u00fanicos eventos en los que era razonable permitir el aborto, para garantizar, entre otros, el derecho a la salud de las mujeres gestantes, era en los tres eventos establecidos en las causales descritas.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Sumado a lo anterior, disiento de la opini\u00f3n de la mayor\u00eda de la Sala Plena en cuanto a las razones por las cuales consider\u00f3 que el cargo analizado en 2006 no era an\u00e1logo al que hoy se pone de presente a la Corte. Por una parte, la Sala consider\u00f3 que en aquel momento la Corte no se pronunci\u00f3 acerca de las obligaciones de cumplimiento y protecci\u00f3n del Estado, de car\u00e1cter positivo, para la garant\u00eda del derecho a la salud y los derechos reproductivos de las mujeres, las ni\u00f1as y las personas gestantes. En criterio de la suscrita magistrada, hace 16 a\u00f1os la Corte s\u00ed se pronunci\u00f3 acerca de las obligaciones en cabeza del Estado en relaci\u00f3n con el derecho a la salud . Justamente, la Sala argument\u00f3 lo siguiente:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
[l]as distintas facetas de la salud como bien constitucionalmente protegido y como derecho fundamental implica distintos deberes estatales para su protecci\u00f3n. Por una parte la protecci\u00f3n a la salud obliga al Estado a adoptar las medidas necesarias inclusive medidas legislativas de car\u00e1cter penal. Por otra parte la salud como bien de relevancia constitucional y como derecho fundamental constituye un l\u00edmite a la libertad de configuraci\u00f3n del legislador pues excluye la adopci\u00f3n de medidas que menoscaben la salud de las personas aun cuando sea en procura de preservar el inter\u00e9s general, los intereses de terceros u otros bienes de relevancia constitucional .<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Por otra parte, la Sala tambi\u00e9n consider\u00f3 relevante el que la jurisprudencia constitucional considere los derechos sexuales y reproductivos como integrantes del derecho a la salud. A mi juicio, este aspecto, eventualmente, podr\u00eda enmarcarse en alguna de las causales para enervar la cosa juzgada constitucional, pero, de modo alguno hace parte del reproche y, por ende, no pueden ser susceptible de comparaci\u00f3n a efectos de determinar la identidad de los cargos.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
De esta manera, el reproche constitucional que se suscit\u00f3 en el a\u00f1o 2006 en relaci\u00f3n con el derecho a la salud es el mismo que se plantea en esta oportunidad.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
El cargo por violaci\u00f3n del derecho a la libertad de conciencia se fundamenta en que el art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal impide a las mujeres a decidir si se practican o no un aborto de conformidad con sus valores y principios, lo cual incide en su autonom\u00eda reproductiva. En efecto, las demandantes sostienen que la prerrogativa personal de decidir de acuerdo con la regla subjetiva de moralidad \u201cdeber\u00eda servir en el caso bajo estudio para reconocer que en asuntos de autonom\u00eda reproductiva la mujer goza de plena facultad para adoptar una decisi\u00f3n encaminada a ejercerla, sustentada en un sistema de valores producto de sus convicciones ideol\u00f3gicas construidas sobre la base de la experiencia moral, como parte de su interacci\u00f3n con su contexto social, pol\u00edtica y econ\u00f3mico, pero especialmente porque la gestaci\u00f3n es un proceso que solamente ella est\u00e1 en situaci\u00f3n de afrontar\u201d . Por ello, en su criterio, \u201c[c]uando se proh\u00edbe a la mujer abortar, se le conmina a actuar en contra de sus propias libertades\u201d .<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Este mismo reproche fue planteado en el a\u00f1o 2006, bajo el manto de la violaci\u00f3n a los derechos a la libertad, a la autonom\u00eda, al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad. La primera demandante aleg\u00f3 que \u201c[c]uando el Estado resuelve reconocer la autonom\u00eda de la persona, lo que ha decidido, es constatar el \u00e1mbito que le corresponde como sujeto \u00e9tico: dejarla que decida sobre su propia vida, sobre lo bueno y lo malo, sobre el sentido de su existencia\u201d. De all\u00ed que, \u201c[l]a decisi\u00f3n de una mujer de interrumpir un embarazo no deseado, decisi\u00f3n que tiene que ver con la integridad de la mujer es un asunto que s\u00f3lo le concierne a quien decide sobre su propio cuerpo\u201d. Adem\u00e1s, agreg\u00f3 que en virtud a los derechos a la dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad no se puede \u201cprivilegiar, mediante la penalizaci\u00f3n una concepci\u00f3n particular sobre la vida y obligar a las mujeres a llevar a t\u00e9rmino embarazos no deseados\u201d. El segundo demandante argument\u00f3 que \u201c[p]rohibirle a la mujer la interrupci\u00f3n voluntaria de su estado de gravidez atenta directamente contra su autonom\u00eda para reproducirse, pues la decisi\u00f3n de practicar o no un aborto en cualquiera que sea la circunstancia, no es m\u00e1s que el ejercicio de dicha autonom\u00eda\u201d. Por \u00faltimo, el tercer grupo de demandantes se\u00f1al\u00f3 que \u201c[f]orzar la continuidad de un embarazo no deseado es desconocer este derecho imponiendo a quien no quiere vivenciarla, la experiencia de la maternidad\u201d, es imponerle \u201cla condici\u00f3n de ser madre\u201d, e \u201cinterfiere en el derecho de la mujer a tomar sus propias decisiones sobre su cuerpo y sobre su capacidad reproductiva, decisiones propias de la esfera de cada mujer y no del Estado\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Con base en lo anterior, en la sentencia C-355 de 2006, la Sala Plena, tras considerar, entre otras cosas, que el derecho al libre desarrollo de la personalidad \u201ccondensa la libertad in nuce, \u2018porque cualquier tipo de libertad se reduce finalmente a ella\u2019\u201d , concluy\u00f3 que \u201csi bien no resulta desproporcionada la protecci\u00f3n del nasciturus mediante medidas de car\u00e1cter penal y en consecuencia la sanci\u00f3n del aborto resulta ajustada a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la penalizaci\u00f3n del aborto en todas las circunstancias implica la completa preeminencia de uno de los bienes jur\u00eddicos en juego, la vida del nasciturus, y el consiguiente sacrificio absoluto de todos los derechos fundamentales de la mujer embarazada, lo que sin duda resulta a todas luces inconstitucional\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Por lo tanto, para la suscrita magistrada, a pesar de que en el a\u00f1o 2006 los demandantes no invocaron expresamente el art\u00edculo 18 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, el reproche fue el mismo; esto es, si la penalizaci\u00f3n del aborto afecta la facultad de la mujer gestante de decidir, de acuerdo con su propio criterio, si ello est\u00e1 bien o mal. Adem\u00e1s, sobre lo anterior vers\u00f3 el pronunciamiento de la Sala en aquella oportunidad. De este modo, se trata, materialmente, del mismo cargo.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Respecto del cargo por violaci\u00f3n de los principios constitucionales sobre los fines de la pena y de los est\u00e1ndares constitucionales m\u00ednimos de la pol\u00edtica criminal, por una parte, en la demanda sub examine se argument\u00f3 que el delito de aborto, primero, \u201cdesconoce los fines preventivos y retributivos de la pena como quiera que no evita la realizaci\u00f3n de la conducta prescrita en el \u00e1mbito general ni particular, ni contempla una consecuencia negativa justa y leg\u00edtima al da\u00f1o social ocasionado\u201d y, segundo \u201cadolece de eficacia preventiva y desconoce el car\u00e1cter de ultima ratio del derecho penal, a la vez que carece de fundamentos emp\u00edricos y no mide sus costos econ\u00f3micos y en t\u00e9rminos de derechos\u201d .<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Por otra parte, en la sentencia C-355 de 2006, en relaci\u00f3n con este aspecto, uno de los cargos se sintetiz\u00f3 se\u00f1alando que su reproche radicaba en que la intromisi\u00f3n estatal a trav\u00e9s del delito de aborto impon\u00eda a la mujer una responsabilidad que desbordaba la carga que los ciudadanos deben soportar. De all\u00ed que \u201cla presente petici\u00f3n no implica una solicitud al juez constitucional de actuar como legislador y adicionar condiciones de tipo penal general del aborto. Se refiere m\u00e1s bien a realizar el ejercicio de ponderaci\u00f3n de derechos y deberes constitucionales y establecer as\u00ed los l\u00edmites dentro de los cuales el legislador debe reformular el tratamiento de esta problem\u00e1tica\u201d .<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
A efectos de decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad resueltas en la sentencia C-355 de 2006, la Corte hizo un an\u00e1lisis similar al que se hace en la sentencia C-055 de 2022, de la cual me aparto. En aquel momento, la Sala Plena opt\u00f3 por referirse a la necesidad del tipo penal de aborto y a hacer una ponderaci\u00f3n entre el derecho a la vida del que est\u00e1 por nacer y los derechos de las mujeres, con el fin de determinar si el Legislador hab\u00eda excedido o no su libertad de configuraci\u00f3n. Esto evidencia que, en el fondo, la Sala abord\u00f3 el mismo problema constitucional y efectu\u00f3 el mismo an\u00e1lisis que realiz\u00f3 la Sala Plena en la sentencia de la que disiento. \u00a0En efecto, en la sentencia C-355 de 2006, la Corte, entre otras cosas, hizo una exposici\u00f3n acerca de la proporcionalidad y razonabilidad como l\u00edmites a la libertad de configuraci\u00f3n del Legislador en materia penal. En desarrollo de esta exposici\u00f3n, hizo referencia a precedentes jurisprudenciales en los que se abordaron los l\u00edmites del Legislador en materia penal, entre ellos, el principio de proporcionalidad, en el marco del cual se estudi\u00f3 el principio de necesidad . Luego, al entrar a valorar la constitucionalidad de la misma norma que ahora se estudia, concluy\u00f3, entre otras cosas, lo siguiente:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
[S]e podr\u00eda discutir si la naturaleza de estas medidas de protecci\u00f3n de la vida en gestaci\u00f3n han de ser de car\u00e1cter penal o si serian m\u00e1s efectivas previsiones de otro tipo como pol\u00edticas sociales o de \u00edndole prestacional que aseguren la vida que est\u00e1 en proceso de gestaci\u00f3n mediante la garant\u00eda de cuidados m\u00e9dicos, alimentaci\u00f3n o de ingresos de la mujer embarazada. Al respecto cabe anotar, que corresponde en primer lugar al legislador decidir entre el universo de medidas posibles aquellas m\u00e1s adecuadas para proteger los bienes jur\u00eddicos de relevancia constitucional y su decisi\u00f3n, en principio, s\u00f3lo podr\u00e1 ser objeto de control cuando resulte manifiestamente desproporcionada o irrazonable.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
En efecto, no corresponde al juez constitucional determinar el car\u00e1cter o la naturaleza de las medidas de protecci\u00f3n que debe adoptar el legislador para proteger un bien jur\u00eddico concreto; se trata de una decisi\u00f3n eminentemente pol\u00edtica reservada al poder que cuenta con legitimidad democr\u00e1tica para adoptar este tipo de medidas, siendo la intervenci\u00f3n del juez constitucional a posteriori y exclusivamente para analizar si la decisi\u00f3n adoptada por el legislador no excede los l\u00edmites de su potestad de configuraci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Lo anterior por cuanto, si el legislador decide adoptar disposiciones de car\u00e1cter penal para proteger determinados bienes constitucionalmente relevantes, debido a la gravedad de este tipo de medidas y a su potencialidad restrictiva de la dignidad humana y de la libertad individual, su margen de configuraci\u00f3n es m\u00e1s limitado.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
[\u2026]<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Empero, si bien no resulta desproporcionada la protecci\u00f3n del nasciturus mediante medidas de car\u00e1cter penal y en consecuencia la sanci\u00f3n del aborto resulta ajustada a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la penalizaci\u00f3n del aborto en todas las circunstancias implica la completa preeminencia de uno de los bienes jur\u00eddicos en juego, la vida del nasciturus, y el consiguiente sacrificio absoluto de todos los derechos fundamentales de la mujer embarazada, lo que sin duda resulta a todas luces inconstitucional.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
De esta manera, es posible advertir que el problema de constitucionalidad abordado en la sentencia C-355 de 2006 es el mismo que, en el fondo, plantearon las demandantes en esta ocasi\u00f3n y que, adem\u00e1s, fue abordado por la mayor\u00eda de la Sala Plena. Por lo tanto, para la suscrita magistrada es claro que exist\u00eda una identidad entre el cargo estudiado en 2006 y el que deb\u00eda estudiar la Sala en esta oportunidad, configur\u00e1ndose as\u00ed la cosa juzgada constitucional.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
En suma, con base en las razones expuestas, la suscrita magistrada considera que se present\u00f3 una cosa juzgada constitucional frente a la sentencia C-355 de 2006, en relaci\u00f3n con los cargos que se consideraron aptos por parte de la Sala Plena en la sentencia de la que aparto.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
(ii) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0No se evidencia una modificaci\u00f3n en el significado material de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica que haya transformado los presupuestos que sirvieron de sustento para declarar la exequibilidad condicionada del art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal en la sentencia C-355 de 2006.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Para la mayor\u00eda de la Sala Plena, los desarrollos jurisprudenciales de la Corte en relaci\u00f3n con (a) el derecho a la salud, (b) el acceso al aborto en las tres circunstancias previstas en la sentencia C-355 de 2006 y (c) la violencia de g\u00e9nero, as\u00ed como, algunas recomendaciones, informes y observaciones de organismos internacionales evidencian un cambio en el significado material de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. A juicio de la suscrita magistrada, lo anterior no supone un cambio en la realidad social, econ\u00f3mica, pol\u00edtica o ideol\u00f3gica del pa\u00eds, que haya transformado de modo alguno los presupuestos que sirvieron de sustento para la exequibilidad condicionada del delito de aborto en el 2006.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
De conformidad con la jurisprudencia constitucional reiterada, la excepci\u00f3n de la cosa juzgada constitucional por cambio en el significado material de la Constituci\u00f3n, tambi\u00e9n denominada como de la Constituci\u00f3n viviente, \u201cse da cuando la realidad social, econ\u00f3mica, pol\u00edtica o ideol\u00f3gica del pa\u00eds transforma los presupuestos que sirvieron de sustento para declarar la exequibilidad de la norma en su momento, lo que permite que se adelante un nuevo estudio a la luz de las nuevas realidades\u201d .<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
En mi criterio, la abundante jurisprudencia que la Corte Constitucional ha proferido acerca del derecho fundamental a la salud, incluidas las decisiones que son citadas por la mayor\u00eda de la Sala Plena \u2013T-760 de 2008 , C-313 de 2014 \u00a0y T-361 de 2014 \u2013, no incide de forma clara, directa y contundente en el alcance del acceso al procedimiento de interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo, en los t\u00e9rminos en que fue valorado y establecido de forma excepcional en la sentencia C-355 de 2006. A esta misma conclusi\u00f3n llego al contrastar la jurisprudencia constitucional en la que se ha evidenciado la existencia de la violencia e inequidad de g\u00e9nero, cuando la mujer es v\u00edctima de un delito en raz\u00f3n a su g\u00e9nero o cuando normas civiles y tributarias suponen un trato discriminatorio respecto de ellas. Pues de esta \u00faltima jurisprudencia no es posible extraer que en el pa\u00eds ahora existe una forma diferente de concebir los derechos de las mujeres en relaci\u00f3n con el derecho o no al aborto. Por \u00faltimo, las decisiones que en sede de tutela se han proferido en casos concretos por barreras para acceder al aborto, han sido exclusivamente en el contexto de las tres causales previstas en la sentencia C-355 de 2006, no en un contexto m\u00e1s amplio.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
En relaci\u00f3n con los informes, observaciones, recomendaciones y dem\u00e1s documentos emitidos por organismos internacionales, considero que tampoco sirven de fundamento para argumentar que se presenta un cambio en el significado material de la Constituci\u00f3n. Ello, por al menos dos razones. Primero, porque dichos pronunciamientos no son vinculantes de conformidad con el inciso segundo del art\u00edculo 93 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. Seg\u00fan esta norma, solo los tratados de derecho internacional sobre derechos humanos ratificados por Colombia son fuentes vinculantes para el Estado colombiano y, por lo tanto, solo estos gozan de preeminencia, superioridad o supremac\u00eda en el ordenamiento jur\u00eddico interno . En ese sentido, normas de soft law \u00a0no pueden representar per se un cambio en el par\u00e1metro de control de constitucionalidad. Aceptar tal planteamiento supondr\u00eda que los instrumentos que hacen parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto, ceden respecto de instrumentos internacionales que tienen un car\u00e1cter hermen\u00e9utico, no vinculante. Segundo, por cuanto no es posible afirmar que existe un consenso en el \u00e1mbito internacional en cuanto a despenalizar el aborto, que lleve eventualmente a reflexionar sobre un cambio social o ideol\u00f3gico. A manera de ejemplo, la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos no exhorta a los estados a despenalizar el aborto, sino a adoptar medidas integrales e inmediatas para respetar y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres .<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
En conclusi\u00f3n, la suscrita magistrada considera que en el caso sub examine no se configura la excepci\u00f3n a la cosa juzgada constitucional de cambio en el significado material de la Constituci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
(iii) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0No existe un cambio en el contexto normativo en el que se inserta el art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
La Ley Estatutaria de Salud \u2013Ley 1751 de 2015\u2013, la ley para la sensibilizaci\u00f3n, prevenci\u00f3n y sanci\u00f3n de formas de violencia y discriminaci\u00f3n contra las mujeres \u2013Ley 1257 de 2008\u2013 y las recomendaciones, observaciones, informes y dem\u00e1s documentos expedidos por organismos internacionales no suponen un cambio en el contexto normativo, que exija una nueva valoraci\u00f3n constitucional del delito de aborto, distinta a la realizada en la sentencia C-355 de 2006. De igual forma, los precedentes de la Corte, proferidos en ejercicio del control concreto, en relaci\u00f3n con el acceso al servicio de interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo tampoco tienen dicho alcance.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Si bien las leyes 1257 de 2008 y 1751 de 2015 establecieron disposiciones novedosas en relaci\u00f3n con la violencia de g\u00e9nero y el derecho a la salud, estas no suponen un contexto normativo novedoso para el delito de aborto, en contraste con el existente en el a\u00f1o 2006, por la razones que expongo a continuaci\u00f3n. En primer lugar, para ese a\u00f1o ya estaba concebido un amplio marco normativo, principalmente, en el \u00e1mbito internacional, en relaci\u00f3n con los derechos de las mujeres. Dicho marco normativo fue expresamente invocado por la Corte en la sentencia C-355 de 2006 . El que este se hubiese materializado en el campo nacional a trav\u00e9s de la Ley 1257 de 2008, no lleva a concluir que no existiese o fuese tenido en cuenta en la sentencia C-355 de 2006. En segundo lugar, en aquel momento, para adoptar la decisi\u00f3n de constitucionalidad, la Corte tuvo en cuenta los derechos reproductivos de las mujeres como integrantes del derecho fundamental a la salud . Asimismo, tuvo en consideraci\u00f3n la interpretaci\u00f3n de los organismos internacionales respecto de las normas relacionadas con los derechos a la vida y a la salud de las mujeres, entre ellos, la Observaci\u00f3n General No. 14 del Comit\u00e9 de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales . Es pertinente resaltar que este \u00faltimo documento fue importante para la determinaci\u00f3n de la mayor\u00eda de la Sala Plena en la sentencia C-055 de 2022, lo cual, a juicio de la suscrita magistrada evidencia que el contexto normativo vigente en el a\u00f1o 2006 es el mismo o muy similar al actual. En tercer lugar, las leyes 1257 de 2008 y 1751 de 2015 no inciden o tocan de forma directa el art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal .<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
En lo que respecta al alcance de observaciones, recomendaciones y dem\u00e1s documentos de derecho internacional, como referente del cambio del contexto normativo, me remito a las consideraciones efectuadas arriba en cuanto a la falta de vinculatoriedad de dichos instrumentos de soft law.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Por \u00faltimo, tambi\u00e9n reitero que las sentencias de tutela proferidas por la Corte en relaci\u00f3n con el acceso al servicio de interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo, de modo alguno ampliaron el marco normativo desarrollado, en parte, por la sentencia C-355 de 2006. Esto, por cuanto dichas decisiones de tutela tratan acerca del acceso a este servicio en el marco de las causales previstas por la Corte en la citada sentencia de constitucionalidad. Por lo tanto, de estas no es posible inferir un cambio en el contexto normativo en el que se inserta el delito de aborto.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
En suma, en criterio de la suscrita magistrada, no es posible afirmar que existe un cambio en el contexto normativo en el que se inserte el art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal y, por ende, no era viable para la Corte desconocer la cosa juzgada constitucional que inviste a la sentencia C-355 de 2006.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Conclusi\u00f3n. Con base en las razones expuestas, considero que en el caso sub examine la Corte debi\u00f3 estarse a lo resuelto en la sentencia C-355 de 2006, la cual tiene efectos de cosa juzgada constitucional, efectos que no logran enervarse a trav\u00e9s de los cargos planteados en la demanda objeto de estudio. Esto, por cuanto los cargos invocados por las demandantes en esta oportunidad guardan identidad con los estudiados en aquella decisi\u00f3n y porque no se configura ninguna de las hip\u00f3tesis que permiten enervar la cosa juzgada de una sentencia de constitucionalidad.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Reparos de car\u00e1cter esencial frente a las razones por las cuales la mayor\u00eda de la Sala Plena decidi\u00f3 declarar la exequibilidad condicionada del art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal y exhortar al Congreso de la Rep\u00fablica y al Gobierno Nacional.<\/p>\n
<\/p>\n
Sin perjuicio de que mi voto se cimenta en que la Corte debi\u00f3 respetar la instituci\u00f3n de la cosa juzgada constitucional, a continuaci\u00f3n expongo los reparos, de car\u00e1cter esencial, que tengo respecto de los fundamentos que motivan la exequibilidad condicionada del art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal en los t\u00e9rminos establecidos en la sentencia C-055 de 2022 y el exhorto al Congreso de la Rep\u00fablica y Gobierno Nacional. De una parte, plantear\u00e9 varios interrogantes frente a algunos argumentos del proyecto. En el marco de estos, expondr\u00e9 las razones por las cuales, en mi criterio, el debate acerca de la despenalizaci\u00f3n del aborto debi\u00f3 darse en el seno del Congreso de la Rep\u00fablica, y no en el \u00e1mbito del control de constitucionalidad. Por otra parte, me referir\u00e9 a que es del resorte del Gobierno Nacional, y no de la Corte Constitucional, determinar la pol\u00edtica p\u00fablica en materia de aborto.<\/p>\n
Lo anterior, sobre la base, primero, de que la vida es un valor constitucional que debe ser protegido, en general, a partir del momento de la concepci\u00f3n, tal como lo se\u00f1ala el art\u00edculo 4.1 de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos. Segundo, \u00a0de que existe un inter\u00e9s por parte del Estado de proteger dicho valor, al ser de gran val\u00eda a la luz de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. Tercero, de que el ni\u00f1o necesita protecci\u00f3n tanto antes como despu\u00e9s de su nacimiento, de conformidad con lo previsto por el Pre\u00e1mbulo de la Convenci\u00f3n del Ni\u00f1o. Lo anterior, sin pretender desestimar de forma alguna la importancia de los derechos reproductivos de las mujeres.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
A estos efectos, me referir\u00e9 a (i) la ausencia de evidencia cient\u00edfica en relaci\u00f3n con la existencia de otras medidas efectivas para garantizar la vida en gestaci\u00f3n, y la consecuente desprotecci\u00f3n del derecho a la vida del nasciturus; (ii) la cuestionabilidad de considerar la interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo como un servicio de salud reproductiva en cualquier evento; (iii) la ausencia de un an\u00e1lisis hol\u00edstico e integral del tipo penal de aborto en funci\u00f3n del bien jur\u00eddicamente tutelado; (iv) que la penalizaci\u00f3n del aborto a partir de la semana 24 de gestaci\u00f3n genera una desprotecci\u00f3n de la vida del que est\u00e1 por nacer; (v) que la Corte no est\u00e1 en posici\u00f3n de establecer a partir de qu\u00e9 momento penalizar el aborto, y (vi) que tampoco est\u00e1 en posici\u00f3n de determinar las pautas para establecer la pol\u00edtica p\u00fablica en la materia.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
En desarrollo de estos argumentos, expondr\u00e9 por qu\u00e9, en criterio de la suscrita magistrada, el debate acerca de la despenalizaci\u00f3n del aborto debi\u00f3 darse en el escenario natural de representaci\u00f3n democr\u00e1tica, en donde, con la participaci\u00f3n de actores con m\u00faltiples visiones debi\u00f3 decidirse si con base en los principios y valores que se pretenden irradiar en la sociedad colombiana podr\u00eda aceptarse la despenalizaci\u00f3n parcial del aborto y, de ser as\u00ed, de qu\u00e9 manera.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
3.1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Hay ausencia de evidencia cient\u00edfica de que existen otras medidas efectivas para proteger, respetar y garantizar la vida en gestaci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
En criterio de la suscrita, la decisi\u00f3n de despenalizar el aborto a partir de la semana 24 de gestaci\u00f3n debi\u00f3 estar precedida de un an\u00e1lisis mucho m\u00e1s amplio acerca de cu\u00e1les son las otras medidas efectivas para proteger, respetar y garantizar la vida en gestaci\u00f3n. No haberlo hecho constituye una circunstancia que resulta ampliamente censurable, ya que se genera una desprotecci\u00f3n amplia del derecho fundamental a la vida del nasciturus, sin las m\u00ednimas garant\u00edas metodol\u00f3gicas que obligaban a indagar sobre la existencia de otros medios que reten el car\u00e1cter de necesario de la acci\u00f3n que se analiza.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
La decisi\u00f3n mayoritaria cita el Informe Final de la Comisi\u00f3n Asesora de Pol\u00edtica Criminal sobre el diagn\u00f3stico y propuesta de lineamientos de pol\u00edtica criminal para el Estado colombiano, de junio de 2012. En este, en efecto, dicha comisi\u00f3n enuncia como medidas de gran impacto en el objetivo perseguido \u201ccampa\u00f1as de salud para prevenir embarazos no deseados, capacitaci\u00f3n en materia de salud sexual y reproductiva, servicios gratuitos de salud y asesor\u00eda en materia de planificaci\u00f3n familiar como medios para prevenir embarazos no deseados\u201d. Asimismo, el citado informe se\u00f1ala que la experiencia comparada y los estudios de la realidad colombiana muestran que es mejor \u201cadoptar una perspectiva de salud p\u00fablica, que combine campa\u00f1as vigorosas para promover la salud sexual y reproductiva y para prevenir el embarazo no deseado, con una despenalizaci\u00f3n amplia de la interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo, que permita a las mujeres acceder a un aborto seguro en los casos en que tengan legalmente derecho a interrumpir el embarazo\u201d. No obstante, a juicio de la suscrita era indispensable que la Sala ahondara mucho m\u00e1s en la evidencia cient\u00edfica y estad\u00edstica sobre la eficacia de otras medidas encaminadas a proteger la vida del nasciturus.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
En Colombia existe pol\u00edtica p\u00fablica relacionada con la educaci\u00f3n sexual enfocada en las ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes, como lo se\u00f1ala la sentencia, as\u00ed como, de prevenci\u00f3n del embarazo no deseado y atenci\u00f3n en salud sexual y reproductiva. Primero, el Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social tiene, entre otros, los siguientes recursos disponibles, relevantes frente a la tem\u00e1tica: a) espacio en su p\u00e1gina web denominado Prevenci\u00f3n del aborto inseguro \/ Interrupci\u00f3n voluntario del embarazo (IVE); b) Resoluci\u00f3n 3280 de 2018 Por la cual se adoptan los lineamientos t\u00e9cnicos y operativos de la Ruta Integral de Atenci\u00f3n para la Promoci\u00f3n y Mantenimiento de la Salud y la Ruta Integral en Salud para la Poblaci\u00f3n Materno Perinatal y se establecen directrices para su operaci\u00f3n , y c) la circular 016 de 2017 para el Fortalecimiento de acciones que garanticen la atenci\u00f3n segura, digna y adecuada de las maternas en el territorio nacional. Segundo, en los CONPES se ha incluido hace tiempo una pol\u00edtica p\u00fablica de g\u00e9nero que ha tenido en cuenta la prevenci\u00f3n del embarazo en la adolesencia y la prestaci\u00f3n de servicios de salud sexual y reproductiva . Tercero, el Ministerio de Educaci\u00f3n cuenta, entre otras, con a) la gu\u00eda metodol\u00f3gica para la prevenci\u00f3n del embarazo en ni\u00f1as y adolescentes y b) la Directiva 01 que establece las Orientaciones para prevenir la deserci\u00f3n escolar de ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes madres o en embarazo, y padres adolescentes, especialmente v\u00edctimas del conflicto armado. Cuarto, sin que esta sea una lista exhaustiva, la Secretar\u00eda Distrital de Salud de Bogot\u00e1 cuenta con una Circular relativa a la prestaci\u00f3n de servicios de salud relacionados con la interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo (Circular 043 de 2012).<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Ante la existencia de las medidas que se recomienda adoptar para proteger la vida del nasciturus, para la suscrita magistrada persiste la duda acerca de su eficacia, si se tiene en cuenta que los abortos se siguen practicando. De hecho, se ha documentado que la despenalizaci\u00f3n del aborto no ha tenido incidencia en la reducci\u00f3n de la tasa de abortos . Por tanto, queda as\u00ed un interrogante sin respuesta: si la afectaci\u00f3n clara y ostensible al derecho a la vida era la \u00fanica v\u00eda para salvaguardar los derechos a la salud y a la libertad de conciencia, con alg\u00fan sustento racional en funci\u00f3n de medidas que hubiesen podido de manera seria y responsable contrastar y sin duda evitar, so pretexto de la salvaguarda de estos derechos, la lesi\u00f3n irreparable del derecho fundamental a la vida. Si la Corte pretend\u00eda retirar del ordenamiento jur\u00eddico una medida establecida por el Legislador en el marco de su libertad de configuraci\u00f3n, lo m\u00ednimo que deb\u00eda hacer era explicar suficientemente cu\u00e1les y por qu\u00e9 otras medidas son eficaces para proteger el derecho a la vida del nasciturus.<\/p>\n
<\/p>\n
3.2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0No es posible afirmar que la interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo, en cualquier evento, es un servicio de salud reproductiva y que no descriminalizar su pr\u00e1ctica constituye una afectaci\u00f3n del derecho a la salud.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
En criterio de la suscrita magistrada, a la luz del marco jurisprudencial y legal actualmente vigente, no es posible afirmar que la interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo, en cualquier evento, es un servicio de salud reproductiva y, como consecuencia, tampoco es posible sostener que no descriminalizar su pr\u00e1ctica constituye una afectaci\u00f3n del derecho a la salud.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
En primer lugar, la jurisprudencia de tutela de la Corte no ha considerado que el procedimiento de interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo sea un servicio de salud reproductiva en cualquier evento, sino que solo lo es en las tres hip\u00f3tesis se\u00f1aladas en la sentencia C-355 de 2006. Ello se corrobora con las doce sentencias de tutela que sobre el aborto ha proferido la Corte Constitucional .<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
En segundo lugar, el servicio en comento no se puede desprender de las observaciones generales 22 y 14 del Comit\u00e9 DESC, en la medida en que estas, por una parte, no son vinculantes para el Estado sino criterios hermen\u00e9uticos \u00a0y, por otra, dado a que en tales observaciones existe una falta de ponderaci\u00f3n del derecho a la vida del que est\u00e1 por nacer como un derecho que se pretende proteger a trav\u00e9s de las leyes que sancionan el aborto. Por esto \u00faltimo, considero que no es apropiado que la Sala fundamente parte de su argumentaci\u00f3n en un deber que a\u00fan no es claro que pueda considerarse, a su turno, constitucional.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
En suma, no es apropiado derivar un deber positivo frente al derecho a la salud de la jurisprudencia que lo aborda de manera limitada y de instrumentos que no son vinculantes y que, seg\u00fan se desprende de su texto, no han hecho una labor de ponderaci\u00f3n del derecho que se pretende proteger con el tipo penal de aborto.<\/p>\n
<\/p>\n
3.3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Era determinante un an\u00e1lisis hol\u00edstico e integral del tipo penal en funci\u00f3n del bien jur\u00eddico tutelado<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
En efecto, de conformidad con la exposici\u00f3n de motivos que luego ser\u00eda la Ley 599 de 2000, se \u201cpuede atentar contra el feto como ser que si bien tiene una vida dependiente de la madre, por s\u00ed misma comporta vida humana, tal como lo entendi\u00f3 la Corte Constitucional al determinar que a partir de la concepci\u00f3n existe vida; por ello extendi\u00f3 en forma independiente la protecci\u00f3n del bien jur\u00eddico al feto\u201d . Asimismo, en la Sentencia C-355 de 2006 se afirm\u00f3 que, \u201c[e]n el caso concreto, como se ha sostenido reiteradamente, la vida del nasciturus es un bien protegido por el ordenamiento constitucional y por lo tanto las decisiones que adopte la mujer embarazada sobre la interrupci\u00f3n de la vida en gestaci\u00f3n trascienden de la esfera de su autonom\u00eda privada e interesan al Estado y al legislador\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
La decisi\u00f3n de la que hoy me aparto limita ex ante la posibilidad del legislador de responder, mediante debates amplios y abiertos a la controversia pol\u00edtica, a un desacuerdo social profundo sobre la despenalizaci\u00f3n del aborto. En efecto, a pesar de que el resolutivo segundo parece adoptar un remedio d\u00e9bil que permitir\u00eda que el Gobierno Nacional y el Congreso de la Rep\u00fablica dise\u00f1en una pol\u00edtica p\u00fablica para la interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo, restringe las posibilidades del legislador para valorar alternativas que puedan resultar id\u00f3neas \u2013tanto argumentativa como f\u00e1cticamente\u2013 para la garant\u00eda del derecho a la vida del nasciturus. As\u00ed, queda proscrita la posibilidad de que el legislador prevea, por ejemplo, la penalizaci\u00f3n de la conducta de aborto, acompa\u00f1\u00e1ndola de medidas de pol\u00edtica p\u00fablica que pudieran garantizar su idoneidad.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
No puede obviar la Corte Constitucional que el debate sobre la despenalizaci\u00f3n de la interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo no versa, de forma exclusiva, sobre un asunto de pol\u00edtica criminal, sino que est\u00e1 vinculado de forma estrecha con un desacuerdo social profundo respecto del alcance de la vida y la libertad de conciencia como valores sustantivos del sistema jur\u00eddico-pol\u00edtico, as\u00ed como del significado de los art\u00edculos 11 y 18 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. En este contexto, la decisi\u00f3n de exequibilidad condicionada \u2013y el control de constitucionalidad en s\u00ed mismo\u2013 excluye, en la instituci\u00f3n estatal con menor legitimidad democr\u00e1tica, a grupos sociales significativos que tendr\u00edan la posibilidad de manifestarse y participar de la construcci\u00f3n de alternativas igualmente id\u00f3neas, junto con sectores opuestos, para la garant\u00eda de los derechos y los valores cuya interpretaci\u00f3n \u2013una de las varias posibles\u2013 funda la decisi\u00f3n de la Corte. Solo el Congreso de la Rep\u00fablica, junto a mecanismos de participaci\u00f3n ciudadana como el referendo y la Asamblea Nacional Constituyente, ofrecen el referido espacio para la discusi\u00f3n de cuestiones \u00e9ticas y pol\u00edticas como la debatida, al ser reflejo de los valores democr\u00e1ticos y expresi\u00f3n de la soberan\u00eda popular. Solo de all\u00ed deviene la legitimidad de la decisi\u00f3n adoptada.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Con la forma de proceder de la mayor\u00eda de la Sala Plena, tambi\u00e9n se desconoce la recomendaci\u00f3n hecha por la Comisi\u00f3n Asesora de Pol\u00edtica Criminal, la cual se\u00f1al\u00f3 que respecto de la valoraci\u00f3n de la despenalizaci\u00f3n del aborto \u201cse sugiere un debate amplio que aborde el tema desde una perspectiva jur\u00eddica pero tambi\u00e9n de salud p\u00fablica, con miras a determinar el re\u0301gimen jur\u00eddico adoptado y el plazo correspondiente\u201d .<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
De esta manera, para la suscrita magistrada la mayor\u00eda de la Sala Plena fall\u00f3 en el an\u00e1lisis hol\u00edstico e integral en funci\u00f3n del bien jur\u00eddico protegido, que exige la tem\u00e1tica del aborto, el cual, en todo caso, solo pod\u00eda ser realizado en el seno del \u00f3rgano de representaci\u00f3n democr\u00e1tica.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
3.4. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0La penalizaci\u00f3n del aborto a partir de la semana 24 de gestaci\u00f3n genera una desprotecci\u00f3n de la vida del que est\u00e1 por nacer, a quien se le debe protecci\u00f3n desde el momento de la concepci\u00f3n<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
A mi juicio, la penalizaci\u00f3n del aborto a partir de la semana 24 de gestaci\u00f3n genera una desprotecci\u00f3n del derecho a la vida del que est\u00e1 por nacer, el cual debe ser protegido desde el momento de la concepci\u00f3n, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 4.1 de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
La decisi\u00f3n mayoritaria establece que la semana 24 de gestaci\u00f3n es un \u00f3ptimo constitucional que concilia los derechos a la salud, a la libertad de conciencia y a la igualdad de las mujeres en situaci\u00f3n de vulnerabilidad y en situaci\u00f3n migratoria irregular, con el derecho a la vida del que est\u00e1 por nacer. En mi criterio, dicho est\u00e1ndar deja de lado cualquier consideraci\u00f3n o valoraci\u00f3n en cuanto al desarrollo que el feto ha tenido antes de la semana 24 de gestaci\u00f3n, como un bien jur\u00eddico respecto del cual la sociedad tiene inter\u00e9s y que debe ser objeto de protecci\u00f3n. Por ejemplo, seg\u00fan la literatura cient\u00edfica, a los 45 d\u00edas el embri\u00f3n humano tiene manos, pies, cabeza, \u00f3rganos y cerebro y a la sexta octava su sistema nervioso funciona . De este modo, el criterio normativo al que acude la decisi\u00f3n mayoritaria falla en considerar aspectos como los descritos, dejando desprovisto de protecci\u00f3n el derecho a la vida del que est\u00e1 por nacer. En las condiciones biol\u00f3gicas que se constatan de la amplia literatura cient\u00edfica estamos lejos de creer que verdaderamente sea ponderada la decisi\u00f3n y acci\u00f3n abortiva en el rango de tiempo admitido por la mayor\u00eda; todo lo contrario, es la abierta negaci\u00f3n del derecho a la vida que pone en entre dicho el \u00f3ptimo constitucional proclamado en el fallo.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
El que el derecho a la vida goce de protecci\u00f3n gradual e incremental, como lo estableci\u00f3 la Corte Interamericana de Derechos Humanos , no lleva a la conclusi\u00f3n de que este solo pueda ser protegido por el derecho penal a partir de la viabilidad o autonom\u00eda del feto. De igual forma, los m\u00e1rgenes de desprotecci\u00f3n que algunas mujeres gestantes enfrentan para el goce efectivo de sus derechos sexuales y reproductivos no necesariamente deben atenderse a trav\u00e9s de la despenalizaci\u00f3n del aborto, pues, para ello puede, o mejor, debe fortalecerse la pol\u00edtica p\u00fablica para la prevenci\u00f3n de embarazos no deseados, una maternidad y paternidad responsable, asistencia durante el embarazo y dem\u00e1s.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Por lo tanto, en mi criterio, a\u00fan despu\u00e9s de hacerse un ejercicio de ponderaci\u00f3n, considero que la decisi\u00f3n de la que me aparto establece un amplio margen de desprotecci\u00f3n del derecho a la vida del nasciturus.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
3.5. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0La Corte no est\u00e1 en posici\u00f3n de determinar las semanas a partir de las cuales es posible practicar un aborto<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
En consonancia con lo expuesto en el anterior ac\u00e1pite, considero que la Corte ni siquiera est\u00e1 en posici\u00f3n de determinar las semanas a partir de las cuales es posible practicar un aborto. Esto, por cuanto no es el \u00f3rgano encargado de establecer cu\u00e1l es la forma de proteger el derecho a la vida, lo cual, en realidad, le corresponde al \u00f3rgano que representa las visiones y concepciones del pleno de la sociedad colombiana, que es el \u00f3rgano legislativo. Esta determinaci\u00f3n supone discutir qu\u00e9 constituye el valor que se pretende proteger. De esta manera, a partir de la concepci\u00f3n que se tenga acerca de la vida es posible determinar de qu\u00e9 forma esta debe protegerse. Este debate no puede circunscribirse a un mero criterio normativo, sino que debe abarcar, sin duda, aspectos morales y cient\u00edficos que la Sala mayoritaria no estaba en condici\u00f3n de agotar.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
De esta manera, el que haya sido la Corte Constitucional la que determin\u00f3, a partir de un criterio normativo, el momento a partir del cual era sancionable penalmente el aborto no solo anula de tajo la posibilidad de debatir aspectos de gran trascendencia social, sino que omite la valoraci\u00f3n de un sinn\u00famero de aristas que no est\u00e1 en posici\u00f3n de valorar.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
3.6. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0La Corte no est\u00e1 en posici\u00f3n de determinar ex ante las pautas de la pol\u00edtica p\u00fablica sobre la materia.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Por \u00faltimo, en concordancia con lo anterior, considero que la Corte tampoco est\u00e1 en posici\u00f3n de establecer, al detalle, las pautas que deben atenderse en el dise\u00f1o de la pol\u00edtica p\u00fablica en relaci\u00f3n con las prestaciones derivadas de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y a la vida del que est\u00e1 por nacer. Esto, por cuanto el dise\u00f1o de una pol\u00edtica integral en la materia requiere del concurso de expertos interdisciplinarios (salud, educaci\u00f3n, etc.), a efectos de determinar las medidas m\u00e1s id\u00f3neas para prevenir, en lo posible, situaciones que conduzcan a pensar en el aborto como una opci\u00f3n para evitar el nacimiento de una criatura.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
A nuestro juicio no es del resorte del m\u00e1ximo tribunal constitucional la formaci\u00f3n de instrumentos de gesti\u00f3n p\u00fablica en materia de salud y sexualidad responsable. Para esto es de todos conocido que la responsabilidad reside en el ejecutivo, que cuenta con la capacidad t\u00e9cnica suficiente para el diagn\u00f3stico de causas sociales y de atenci\u00f3n preventiva en salud que le permite actuar acorde con el programa definido por el Gobierno Nacional en favor de la poblaci\u00f3n afectada. Por las mismas razones, no le es dado a la Corte definir l\u00edmites para la formaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de la pol\u00edtica p\u00fablica, cuando esta encuentra respaldo en la ley, y los ingredientes restantes, como en este caso, que permitan valorar la protecci\u00f3n del feto y de la madre considerando el contexto socio-demogr\u00e1fico y cultural, no tienen por qu\u00e9 superar el recinto del legislador como \u00fanico legitimado por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica para estos fines.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos dejo sentadas las razones por las cuales salvo el voto en la sentencia C-055 de 2022.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Fecha ut supra,<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA<\/p>\n
Magistrada<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Salvamento de voto del Magistrado Jorge Enrique Ib\u00e1\u00f1ez Najar a la Sentencia C-055 de 2022 (Expediente D-13.956)<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Con la Sentencia C-055 de 2022, mayoritariamente la Corte Constitucional decidi\u00f3 declarar la exequibilidad condicionada del art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal, en el entendido que la conducta de \u201cabortar\u201d prevista, ser\u00e1 punible \u00fanicamente \u201ccuando se realice despu\u00e9s de la vig\u00e9simo cuarta (24) semana de gestaci\u00f3n y, en todo caso, este l\u00edmite temporal no ser\u00e1 aplicable a los tres supuestos en los que la Sentencia C-355 de 2006 dispuso que no se incurre en delito de aborto, esto es, \u201c(i) Cuando la continuaci\u00f3n del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada por un m\u00e9dico; (ii) Cuando exista grave malformaci\u00f3n del feto que haga inviable su vida, certificada por un m\u00e9dico; y, (iii) Cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminaci\u00f3n artificial o transferencia de \u00f3vulo fecundado no consentidas, o de incesto\u201d. As\u00ed mismo, dicha sentencia exhort\u00f3 al Congreso de la Rep\u00fablica y al Gobierno Nacional para que \u201cformulen e implementen una pol\u00edtica p\u00fablica integral \u2013incluidas las medidas legislativas y administrativas que se requiera, seg\u00fan el caso\u2013, que evite los amplios m\u00e1rgenes de desprotecci\u00f3n para la dignidad y los derechos de las mujeres gestantes\u201d, y para que \u201cproteja (sic) el bien jur\u00eddico de la vida en gestaci\u00f3n sin afectar tales garant\u00edas, a partir del condicionamiento de que trata el resolutivo anterior.\u201d Para lo anterior, la Sentencia determin\u00f3 algunos supuestos m\u00ednimos que deber\u00e1 tener en cuenta el Legislador.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la H. Corte Constitucional a la cual honrosamente pertenezco, me aparto de la Sentencia mayoritaria dado que, tal como expondr\u00e9 a continuaci\u00f3n: (i) en relaci\u00f3n con el proceso de deliberaci\u00f3n y expedici\u00f3n de la Sentencia C-055 de 2022, existen serias dudas que afectan el debido proceso lo cual afecta su validez; m\u00e1s all\u00e1 de estas consideraciones preliminares, en lo que tiene que ver con el texto de la sentencia, (ii) la ineptitud de los cargos de la demanda relacionados con la igualdad, la salud en materia de barreras, la libertad de profesi\u00f3n u oficio, el Estado laico, la libertad de conciencia y los principios del derecho penal exig\u00eda la inhibici\u00f3n de la Corte Constitucional; y, (iii) en esta oportunidad se configuraba cosa juzgada constitucional frente a lo decidido por esta Corporaci\u00f3n en la Sentencia C-355 de 2006, fen\u00f3meno que imped\u00eda a la Sala Plena pronunciarse sobre la actual demanda pues, contrario a lo considerado por esta, existe identidad de cargos y de objeto, y no se presentan las causales de debilitamiento de la cosa juzgada.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
En cuanto al fondo, considero que la decisi\u00f3n adoptada por la posici\u00f3n mayoritaria no se ajusta a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica ni a los Tratados Internacionales rarificados por Colombia, en tanto, tal como lo desarrollar\u00e9 m\u00e1s adelante: (i) deja en un d\u00e9ficit de desprotecci\u00f3n absoluto el derecho fundamental a la vida en relaci\u00f3n con los no nacidos antes de la semana 24 de gestaci\u00f3n; (ii) no sustenta, si existen, las razones de constitucionalidad por la cuales la penalizaci\u00f3n hasta la semana 24 de gestaci\u00f3n no se ajusta al bloque de constitucionalidad y, por el contrario, la despenalizaci\u00f3n de aborto con un sistema de plazos hasta la semana 24 de gestaci\u00f3n afecta de manera irrazonable y desproporcionada la obligaci\u00f3n constitucional y convencional de protecci\u00f3n de la vida del que est\u00e1 por nacer, desconoce que el nasciturus es un ser sintiente y correlativamente desconoce igualmente sus derechos a la vida, a la dignidad humana y a la salud, entre otros; (iii) no aborda adecuadamente el test de proporcionalidad requerido en los casos en los que se presentan derechos en tensi\u00f3n; y, finalmente, (iv) en l\u00ednea con lo anterior, m\u00e1s all\u00e1 de la fundamentada exposici\u00f3n que contiene la providencia, considero que la determinaci\u00f3n relativa a penalizar o despenalizar el aborto es un asunto propio de la pol\u00edtica criminal del Estado que le corresponde definir al Congreso de la Rep\u00fablica en ejercicio del principio de libertad de configuraci\u00f3n normativa. A continuaci\u00f3n, procedo a explicar de forma puntual cada uno.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Con este salvamento pues, dejo sentada mi posici\u00f3n sobre el necesario respeto de la vida humana en gestaci\u00f3n, \u00a0el respeto del principio de separaci\u00f3n de funciones entre los \u00f3rganos del poder p\u00fablico, y la ausencia de razones constitucionales que motivaron la expedici\u00f3n de la Sentencia C-055 de 2022. As\u00ed mismo, en el ac\u00e1pite final expreso mis dudas sobre algunos vac\u00edos dejados por la sentencia que pueden generar malas interpretaciones respecto de su alcance.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
A. Sobre la invalidez de la Sentencia C-055 de 2022 por irregularidades en su expedici\u00f3n y votaci\u00f3n<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
1. 1. \u00a0En primer lugar, la Sentencia C-055 de 2022 es inv\u00e1lida, en tanto que se presentaron irregularidades en su expedici\u00f3n por parte de la Sala Plena. Para referirme a este punto, inicio por describir a grandes rasgos el proceso de aprobaci\u00f3n del fallo -respecto de aquellas circunstancias relevantes-, para luego indicar las razones por las que tales acontecimientos hacen que la decisi\u00f3n de la Sala Plena sea inv\u00e1lida.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
2. En el marco del expediente D-13.956, el 25 de agosto de 2021, el Magistrado Antonio Jos\u00e9 Lizarazo Ocampo registr\u00f3 el proyecto de fallo ante la Secretar\u00eda General de esta Corporaci\u00f3n para que fuera estudiado y analizado por todos los magistrados.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
3. En los Planes de Trabajo de los d\u00edas 3, 10 y 12 de noviembre de 2021 se incluy\u00f3 para discusi\u00f3n y decisi\u00f3n la ponencia presentada por el Magistrado Antonio Jos\u00e9 Lizarazo Ocampo en el Expediente D-13956, la cual estaba contenida en 192 p\u00e1ginas con la siguiente propuesta de resolutivo:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
PRIMERO: Declarar INEXEQUIBLE el art\u00edculo 122 de la Ley 599 de 2000 \u201cpor medio de la cual, se expide el C\u00f3digo Penal\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
SEGUNDO: ORDENAR al gobierno nacional que, por intermedio del Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social y dem\u00e1s entidades de la rama ejecutiva competentes, en un t\u00e9rmino no mayor a dos (2) a\u00f1os a partir de la notificaci\u00f3n de esta sentencia, formule e implemente una pol\u00edtica p\u00fablica \u2013incluidas las medidas legislativas y administrativas que se requieran\u2013, acorde con la ausencia de sanci\u00f3n penal para la conducta del aborto consentido en todos los casos, que evite los amplios m\u00e1rgenes de desprotecci\u00f3n para la dignidad y los derechos reconocidos en la Constituci\u00f3n y, a su vez, proteja el bien jur\u00eddico de la vida en gestaci\u00f3n sin afectar tales garant\u00edas.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
4. As\u00ed mismo, en los Planes de Trabajo de esos mismos d\u00edas 3, 10 y 12 de noviembre de 2021, se incluy\u00f3 para discusi\u00f3n y decisi\u00f3n la ponencia presentada por el Magistrado Alberto Rojas R\u00edos en el Expediente D-13856, la cual estaba contenida en 302 p\u00e1ginas con la siguiente propuesta de resolutivo:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
PRIMERO: Declarar INEXEQUIBLE el art\u00edculo 122 de la Ley 599 de 2000 \u201cpor medio de la cual, se expide el C\u00f3digo Penal\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
SEGUNDO: DIFERIR los efectos de esta decisi\u00f3n por el t\u00e9rmino de dos legislaturas subsiguientes a la notificaci\u00f3n de la presente sentencia, para que el Congreso de la Rep\u00fablica adapte la legislaci\u00f3n a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
TERCERO. – Si el Congreso de la Rep\u00fablica no expide una ley que regule el acceso libre a la interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo, y mientras no lo hiciere, deber\u00e1 entenderse que las mujeres, ni\u00f1as, adolescentes y personas gestantes, en todos los casos, tienen el derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
5. Tales ponencias fueron explicadas y sustentadas en toda su extensi\u00f3n por los respectivos Magistrados Ponentes en la Sala Plena cumplida el 12 de noviembre de 2021. En esa misma fecha, se present\u00f3 recusaci\u00f3n en contra del Magistrado Alejandro Linares Cantillo, quien posteriormente, el d\u00eda 16 del mismo mes y a\u00f1o, manifest\u00f3 su impedimento para decidir sobre este proceso. En sesi\u00f3n del 18 de noviembre del a\u00f1o en cita, la Sala Plena vot\u00f3 un proyecto de auto presentado por el Magistrado Antonio Jos\u00e9 Lizarazo Ocampo en el que propuso negar el impedimento presentado por el Magistrado Alejandro Linares Cantillo, el cual result\u00f3 en un empate. Por esta raz\u00f3n, fue necesario sortear un Conjuez que dirimiera la cuesti\u00f3n. Para tal efecto fue sorteado el Conjuez Hernando Yepes Arcila.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
6. En sesi\u00f3n del 20 de enero de 2022, con presencia del mencionado Conjuez, la Sala Plena resolvi\u00f3 aceptar el impedimento del Magistrado Linares Cantillo y apartarlo del conocimiento y decisi\u00f3n del expediente D-13.956.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
7. En la misma sesi\u00f3n del 20 de enero de 2022, se someti\u00f3 a discusi\u00f3n el proyecto de Sentencia con su respectivo resolutivo presentado por el Magistrado Antonio Jos\u00e9 Lizarazo Ocampo en el Expediente D-13956 -atr\u00e1s transcrito-, en la que, al momento de decidir, se present\u00f3 un empate de 4-4. Por dicho empate, y con fundamento en la jurisprudencia de esta misma corporaci\u00f3n, se decidi\u00f3 que ante la imposibilidad de tomar una decisi\u00f3n, se sortear\u00eda un conjuez, acto del cual result\u00f3 elegido el abogado Julio Andr\u00e9s Ossa Santamar\u00eda. Esta Corporaci\u00f3n en el Auto 017 de 2016 dispuso:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
As\u00ed las cosas, el Conjuez Ossa Santamar\u00eda fue llamado para votar la ponencia que hab\u00eda sido votada el 20 de enero de 2022, rotada en el a\u00f1o 2021 que, entre otras cosas, dispon\u00eda la inexequibilidad del art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal. Era frente a dicha ponencia que el Conjuez Ossa Santamar\u00eda deb\u00eda expresar su voto.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
8. El d\u00eda 2 de febrero de 2022, el Magistrado Antonio Jos\u00e9 Lizarazo Ocampo remiti\u00f3 un mensaje a los Magistrados que participar\u00edan en la decisi\u00f3n que indicaba \u201cBuenos d\u00edas apreciad@s colegas. Me permito remitirles documento de trabajo que recoge el debate sobre la ponencia que present\u00e9 dentro del expediente D-13956\u201d, acompa\u00f1ado de un archivo denominado \u201c20220128A Documento de trabajo ADICIONAL Exp D-13956 AJLO\u201d, en el cual se precis\u00f3 lo siguiente:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201cDocumento de trabajo adicional a la ponencia presentada en el Expediente D-13.956 (M.S. Antonio Jos\u00e9 Lizarazo Ocampo)<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201cI. Alcance del presente documento<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201cEl presente documento es adicional a la ponencia inicialmente repartida, que propone declarar la inexequibilidad simple e inmediata de la disposici\u00f3n demandada, como propuesta base.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201cA diferencia de la ponencia inicialmente rotada, este documento recoge una propuesta completa de fundamentaci\u00f3n para un resolutivo alternativo \u2013que propone declarar la exequibilidad condicionada de la norma que se demanda\u2013. En todo caso, es de resaltar que este documento se construye a partir de los elementos de la ponencia que inicialmente se rot\u00f3 y de la amplia discusi\u00f3n que se dio en la sesi\u00f3n de Sala Plena del d\u00eda 20 de enero.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201cIgualmente, el presente documento incorpora de manera sint\u00e9tica las observaciones hechas por los integrantes de la Sala Plena a la ponencia discutida en la sesi\u00f3n de 20 de enero para su fortalecimiento. Para evitar la duplicidad de informaci\u00f3n, todas ellas se incluyen en la fundamentaci\u00f3n de esta nueva propuesta de resolutivo. Ahora bien, en caso de que se opte por la propuesta base \u2013inexequibilidad simple e inmediata\u2013, los cambios a los que se hace referencia seguidamente tambi\u00e9n se incluir\u00e1n en la sentencia definitiva.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201cFinalmente, es de precisar que, dado que se trata de un documento de trabajo construido luego de la sesi\u00f3n de la Sala Plena, los aspectos adicionales a que se hace referencia seguidamente ser\u00e1n ampliados y precisados en el texto de la sentencia, de lograr las mayor\u00edas requeridas. Para tales efectos, se tomar\u00e1 como fundamento el texto base de la ponencia, en lo que no sea contrario con este documento de trabajo adicional y las observaciones que se acojan en la nueva discusi\u00f3n del tema con la participaci\u00f3n del Conjuez Julio Andr\u00e9s Ossa Santamar\u00eda.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201cAs\u00ed las cosas, en comparaci\u00f3n con la ponencia inicialmente repartida, los cambios que este documento recoge de manera sint\u00e9tica son los siguientes:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201cEn cuanto al resolutivo<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201c- Propone un resolutivo distinto, que integra al r\u00e9gimen de causales previsto en la Sentencia C-355 de 2006 el de plazos, a partir de las nociones de autonom\u00eda y protecci\u00f3n gradual e incremental de la vida en gestaci\u00f3n. En consecuencia, propone que la conducta de abortar solo sea punible cuando se realice despu\u00e9s de la vig\u00e9simo cuarta (24) semana de gestaci\u00f3n, sin perjuicio de las 3 causales de interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo de que trata la Sentencia C-355 de 2006.\u201d<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
9. As\u00ed, entonces, con tal \u201cdocumento de trabajo\u201d de 41 p\u00e1ginas, se cambi\u00f3 el resolutivo que ya se hab\u00eda votado en la Sala Plena el 20 de enero de 2022 y que hab\u00eda quedado empatado y, en su lugar, se propuso un resolutivo alternativo, con una ratio distinta la cual se advirti\u00f3, solo ser\u00eda ampliada y precisada en el texto de la sentencia, de lograr las mayor\u00edas requeridas, en el que se propuso declarar la exequibilidad condicionada del art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal, as\u00ed:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201c\u00daNICO: Declarar la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del art\u00edculo 122 de la Ley 599 de 2000 \u2018por medio de la cual, se expide el C\u00f3digo Penal\u2019, en el sentido de que la conducta de abortar all\u00ed prevista solo ser\u00e1 punible cuando se realice despu\u00e9s de la vig\u00e9simo cuarta (24) semana de gestaci\u00f3n y, en todo caso, este l\u00edmite temporal no ser\u00e1 aplicable a los tres supuestos en los que la Sentencia C-355 de 2006 dispuso que no se incurre en delito de aborto, esto es, \u201c(i) Cuando la continuaci\u00f3n del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada por un m\u00e9dico; (ii) Cuando exista grave malformaci\u00f3n del feto que haga inviable su vida, certificada por un m\u00e9dico; y, (iii) Cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminaci\u00f3n artificial o transferencia de \u00f3vulo fecundado no consentidas, o de incesto\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
11. Despu\u00e9s de algunos otros tr\u00e1mites incidentales adelantados con ocasi\u00f3n de nuevas solicitudes de recusaci\u00f3n presentadas en el marco del expediente D-13.956, finalmente se convoc\u00f3 y en efecto se celebr\u00f3 la Sala Plena del 21 de febrero de 2022, con la presencia y participaci\u00f3n del Conjuez Julio Andr\u00e9s Ossa Santamar\u00eda, quien hab\u00eda sido sorteado y convocado exclusivamente para dirimir el empate que se present\u00f3 al votar la ponencia y el resolutivo que fue discutido el 20 de enero de 2022 en el cual se propuso declarar la inexequibilidad del art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
12. Sin embargo, el debate de la Sala celebrada el 21 de febrero de 2022 se limit\u00f3 a presentar la nueva propuesta de decisi\u00f3n alternativa incluida en el citado documento de resumen y que hab\u00eda sido remitido v\u00eda chat por el Magistrado Antonio Jos\u00e9 Lizarazo Ocampo. La discusi\u00f3n inici\u00f3 con una exposici\u00f3n verbal que realiz\u00f3 el ponente acerca de la declaratoria de exequibilidad condicionada, y las intervenciones de los Magistrados que le siguieron en el uso de la palabra se enfocaron al contenido del documento resumen. Inclusive, debo advertir que el Conjuez manifest\u00f3 su decisi\u00f3n de apoyar esta nueva propuesta del documento resumen, sin siquiera referirse al proyecto de decisi\u00f3n que hab\u00eda sido votado el 20 de enero de 2022 y mucho menos sin escuchar a los otros Magistrados que hab\u00edan votado en contra del proyecto inicialmente registrado y votado el 20 de enero de 2022.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
13. De lo anterior, se tiene que la votaci\u00f3n que aprob\u00f3 la exequibilidad condicionada del art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal, se realiz\u00f3 respecto del texto resumen propuesto y no frente a la ponencia que hab\u00eda sido votada por la Sala Plena en sesi\u00f3n del 20 de enero de 2022, que result\u00f3 en un empate, por lo que se hab\u00eda hecho necesario nombrar a un Conjuez. El Conjuez que se sorte\u00f3 para desempatar la votaci\u00f3n realizada el 20 de enero de 2022 sobre la ponencia que propuso la inexequibilidad del art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal, ni siquiera se pronunci\u00f3 sobre dicha ponencia, sino sobre la alternativa de resolutivo que propuso la declaratoria de exequibilidad condicionada la cual no se hab\u00eda discutido y mucho menos se hab\u00eda votado, raz\u00f3n por la cual la intervenci\u00f3n del Conjuez Julio Andr\u00e9s Ossa Santamar\u00eda en la Sala del 21 de febrero de 2022 fue a todas luces improcedente. A dicho conjuez se le sorte\u00f3, de conformidad con la ley, para dirimir un empate sobre una decisi\u00f3n de inexequibilidad con una determinada ratio y no para votar una decisi\u00f3n de constitucionalidad condicionada con una ratio totalmente distinta que no hab\u00eda sido discutida ni mucho menos votada. En suma, el primer vicio se evidencia en el hecho de que el Conjuez Julio Andr\u00e9s Ossa Santamar\u00eda no estaba facultado para votar la ponencia que fue aprobada en la sesi\u00f3n del 21 de febrero de 2022.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
14. El segundo vicio se evidencia en que, en todo caso, en mi opini\u00f3n, no se lograron las mayor\u00edas absolutas (para la decisi\u00f3n) ni relativas (para la parte motiva) exigidas por el Decreto 2067 de 1991. En efecto, en la sentencia C-055 de 2022, el resuelve es:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201cDeclarar la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del art\u00edculo 122 de la Ley 599 de 2000 \u201cpor medio de la cual, se expide el C\u00f3digo Penal\u201d, en el sentido de que la conducta de abortar all\u00ed prevista solo ser\u00e1 punible cuando se realice despu\u00e9s de la vig\u00e9simo cuarta (24) semana de gestaci\u00f3n y, en todo caso, este l\u00edmite temporal no ser\u00e1 aplicable a los tres supuestos en los que la Sentencia C-355 de 2006 dispuso que no se incurre en delito de aborto (\u2026)\u201d (negrillas fuera del texto original).<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
15. En efecto, lo que se certific\u00f3 aprobado por la \u201cmayor\u00eda\u201d consistente en declarar la exequibilidad condicionada del art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal bajo un sistema de plazos determinado en las 24 semanas de embarazo, es ciertamente dudosa, en atenci\u00f3n al contenido de la aclaraci\u00f3n de voto presentada ese mismo d\u00eda 21 de febrero de 2022 por el Conjuez Ossa Santamar\u00eda que acompa\u00f1a el comunicado de prensa de esa misma fecha, la cual, aunque literalmente se denomina \u201caclaraci\u00f3n\u201d, en realidad constituye un salvamento parcial de voto, el que, entonces, debi\u00f3 sumarse en esa misma fecha a quienes nos apartamos del proyecto de decisi\u00f3n con ponencia de los Magistrados Lizarazo y Rojas y, en tal caso, la decisi\u00f3n mayoritaria es otra y no la que aparece certificada. En efecto, tal y como qued\u00f3 resumido en el Comunicado de Prensa N\u00ba 5 del 21 de febrero de 2021 publicado por la Corte Constitucional, el Conjuez no estuvo de acuerdo con el condicionamiento de exequibilidad que qued\u00f3 aprobado en la Sentencia C-055 de 2022, pues, a su juicio, la determinaci\u00f3n de las 24 semanas resultaba parte de la competencia de la libertad de configuraci\u00f3n en cabeza del Congreso de Colombia para regular esta materia de naturaleza penal. Al respecto, advirti\u00f3:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201cA juicio del conjuez, aunque es inconstitucional que se sancione con pena privativa de la libertad a la mujer que aborta en las primeras 13 semanas del embarazo, y en cambio s\u00ed es constitucional que se la sancione cuando el nasciturus ha sobrepasado las 24 semanas, el Legislador conserva un importante margen de configuraci\u00f3n para determinar cu\u00e1l debe ser el tratamiento legal \u2013no penal\u2013 del aborto entre la semana 14 y la semana 23. Lo anterior en virtud del car\u00e1cter gradual e incremental de la protecci\u00f3n de la vida del que est\u00e1 por nacer, y porque los fallos de la Corte deben respetar la libertad de configuraci\u00f3n del legislador en aquellos escenarios de ponderaci\u00f3n en los que no se presenta una violaci\u00f3n palmaria de los derechos en juego. En este sentido, la posici\u00f3n de del conjuez OSSA SANTAMAR\u00cdA propugnaba por una regulaci\u00f3n escalonada de la protecci\u00f3n del que est\u00e1 por nacer, gradualidad a la que la posici\u00f3n mayoritaria no le dio cabida.\u201d<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
16. Como se observa de la denominada \u201caclaraci\u00f3n\u201d de voto, el Conjuez Ossa Santamar\u00eda en realidad no acompa\u00f1\u00f3 la posici\u00f3n de los cuatro magistrados que votaron a favor de la despenalizaci\u00f3n del aborto hasta la semana 24 de gestaci\u00f3n. Es fundamental recordar que, el problema jur\u00eddico que esta Corte Constitucional deb\u00eda resolver era si la tipificaci\u00f3n del aborto en el art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal es compatible con la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. Ante dicho problema jur\u00eddico, cuatro magistrados de la Corte consideraron que resultaba inconstitucional penalizar el aborto hasta la semana 24. El Conjuez Ossa Santamar\u00eda, por su parte, consider\u00f3 -y as\u00ed lo expuso en la Sala Plena-, que la inconstitucionalidad s\u00f3lo ocurre respecto de la penalizaci\u00f3n hasta la semana 13 de gestaci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
17. Esta cuesti\u00f3n plantea un serio problema de validez respecto de la Sentencia C-055 de 2022 por al menos tres razones:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Primero, las sentencias de constitucionalidad exigen la aplicaci\u00f3n del principio de congruencia de la decisi\u00f3n. Este principio requiere que las motivaciones de la sentencia y la decisi\u00f3n sean congruentes y adem\u00e1s garantiza el acceso a la justicia, tal como ha sido reconocido por \u00f3rganos internacionales. As\u00ed las cosas, si la decisi\u00f3n de la Corte es que el delito de aborto es inconstitucional hasta la semana 24 de gestaci\u00f3n, la congruencia exige que las motivaciones de dicha decisi\u00f3n expliquen las razones de dicha inconstitucionalidad. Sin embargo, para el Conjuez Ossa Santamar\u00eda -que acompa\u00f1\u00f3 la decisi\u00f3n de la Corte-, la inconstitucionalidad solo ocurre con la penalizaci\u00f3n hasta la semana 13 de gestaci\u00f3n. Por lo tanto, no hay congruencia entre la motivaci\u00f3n expresada y el voto manifestado.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Segundo, el Decreto 2067 de 1991 en su art\u00edculo 14 establece que se requiere de la mayor\u00eda relativa para la aprobaci\u00f3n de los considerandos. En la Sentencia C-055 de 2022, en particular la ratio decidendi se relaciona con las razones por las cuales la penalizaci\u00f3n hasta la semana 24 de gestaci\u00f3n es inconstitucional. Sin embargo, como ya se evidenci\u00f3 para el Conjuez Ossa Santamar\u00eda la \u00fanica inconstitucionalidad que se genera en este caso es la penalizaci\u00f3n del aborto hasta la semana 13 de gestaci\u00f3n. As\u00ed las cosas, dado que los presentes en la toma de la decisi\u00f3n fueron ocho magistrados de la Corte Constitucional y un conjuez, se requer\u00eda de cinco votos favorables a los considerandos de la decisi\u00f3n. En particular respecto de la ratio decidendi, la Sentencia C-055 de 2022 solo obtuvo cuatro votos, los de los Magistrados Antonio Jos\u00e9 Lizarazo Ocampo, Jos\u00e9 Fernando Reyes Cuartas y Alberto Rojas R\u00edos y la Magistrada Diana Constanza Fajardo Rivera. La Corte Constitucional ya ha establecido que la consecuencia de la ausencia de la mayor\u00eda de los votos en relaci\u00f3n con la ratio decidendi de una decisi\u00f3n es la nulidad de dicha decisi\u00f3n, por lo cual la validez de esta decisi\u00f3n qued\u00f3 de entrada cuestionada.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Tercero, la naturaleza del voto del Conjuez Ossa Santamar\u00eda es en esencia un salvamento parcial de voto y no una aclaraci\u00f3n de voto. Lo anterior, como ya se ha venido exponiendo en tanto el conjuez en realidad no apoy\u00f3 la decisi\u00f3n de los Magistrados Lizarazo, Reyes, Rojas y la Magistrada Fajardo, en relaci\u00f3n con la inconstitucionalidad de la penalizaci\u00f3n del aborto hasta la semana 24. As\u00ed las cosas, ante esta circunstancia, la Sentencia C-055 de 2022 no obtuvo la mayor\u00eda absoluta requerida por el art\u00edculo 14 del Decreto 2067 de 1991; o el voto del Conjuez Ossa Santamar\u00eda es incongruente y deber\u00eda ser nulo, caso en el cu\u00e1l tampoco se alcanzar\u00eda la mayor\u00eda propuesta.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Estas discusiones sobre la congruencia y motivaciones de las decisiones de la Corte Constitucional son de la mayor relevancia para su legitimidad, especialmente en un asunto que genera tanta polarizaci\u00f3n en el pa\u00eds. Los colombianos est\u00e1n esperando fallos en derecho que gocen de transparencia por parte de esta Corte, por lo tanto, la oscuridad y dudas en las mayor\u00edas de la Corte Constitucional son especialmente problem\u00e1ticas y no son un asunto meramente formal.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
18. En suma, se advierte un escenario en el que se presentaron irregularidades que evidentemente vician la decisi\u00f3n adoptada por esta Corporaci\u00f3n en la Sentencia C-055 de 2022, en los t\u00e9rminos en que paso a resumir.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
19. Primero, la elecci\u00f3n del Conjuez se realiz\u00f3 con la finalidad desempatar la votaci\u00f3n para aprobar o no el proyecto de fallo registrado por el Magistrado Lizarazo Ocampo en 2021 y que se vot\u00f3 el 20 de enero de 2022 registr\u00e1ndose el empate. Empero, el debate de la sesi\u00f3n del 21 de febrero de 2022 con presencia del Conjuez no se realiz\u00f3 respecto de dicha ponencia, sino sobre un documento resumen que el Magistrado Lizarazo hab\u00eda indicado que era \u201cadicional\u201d al proyecto inicial, en el cual hab\u00eda consignado una propuesta alternativa para declarar, como finalmente se decidi\u00f3, la exequibilidad condicionada de la norma objeto de control de constitucionalidad bajo un sistema de plazos. Por consiguiente, el debate de la Sala Plena debi\u00f3 haberse dado respecto de la ponencia ya votada por los Magistrados, sin perjuicio de que, por decisi\u00f3n de la mayor\u00eda, hubiese podido cambiar el sentido de la determinaci\u00f3n final. En otras palabras, el Conjuez excedi\u00f3 la naturaleza de su funci\u00f3n al no haber dirimido el empate de la Sala Plena respecto del proyecto de fallo.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
20. \u00a0Segundo, en l\u00ednea con lo anterior, la discusi\u00f3n de la sesi\u00f3n del 21 de febrero de 2022 en realidad transcurri\u00f3 con una nueva ponencia contenida en un nuevo documento resumen que conten\u00eda las observaciones y comentarios realizados por los Magistrados que inicialmente respaldaron la inexequibilidad del art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal. Ello limit\u00f3 el proceso deliberativo del tr\u00e1mite de aprobaci\u00f3n en la Sala Plena, dado que no se present\u00f3 al Conjuez un panorama integral del debate que se hab\u00eda realizado sobre este asunto y, en tal virtud, no valor\u00f3 las razones que justificaron la posici\u00f3n de los Magistrados que hab\u00edamos votado en contra de la ponencia inicial. Ello mucho menos fue posible siendo que en la sesi\u00f3n del 21 de febrero de 2022, el Conjuez realiz\u00f3 la presentaci\u00f3n de su opini\u00f3n en las primeras intervenciones de la sesi\u00f3n sin haber escuchado a los otros Magistrados cuyos argumentos no hab\u00edan sido incluidos en el documento resumen que fue objeto de discusi\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
21. Finalmente, se advierte que se generan dudas acerca de la mayor\u00eda que aprob\u00f3 la Sentencia C-055 de 2022 pues, como se demostr\u00f3 previamente, las razones que justificaron la denominada \u201caclaraci\u00f3n de voto\u201d del Conjuez Ossa Santamar\u00eda realmente se refieren a un desacuerdo frente al condicionamiento de la exequibilidad incluido en la parte resolutiva del fallo. De ah\u00ed que, esa manifestaci\u00f3n constituye en verdad un salvamento parcial de voto, con lo cual, se desdibujan los supuestos cinco votos que aprobaron la decisi\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
22. Esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que en la pr\u00e1ctica judicial se pueden dar escenarios en los que los Magistrados aclaren o salven su voto. Al respecto, ha precisado que:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201cLa primera de ellas permite expresar la posici\u00f3n particular a aquellos participantes de la decisi\u00f3n que habiendo acompa\u00f1ado con su voto la totalidad de las resoluciones, discrepen total o parcialmente de la sustentaci\u00f3n que las precede, mientras que la segunda, el salvamento de voto, es la que permite a los disidentes de la decisi\u00f3n explicar las razones por las cuales estuvieron en desacuerdo con aqu\u00e9lla, seg\u00fan hubiere quedado planteado a partir de su voto negativo. Cabe agregar que resulta posible expresar un salvamento parcial, en aquellos casos en los que exista disenso solo frente a una parte de lo decidido, o simplemente salvamento (que en tal medida se asumir\u00eda como total) cuando quiera que no se comparta ninguna de las decisiones incorporadas en la providencia as\u00ed aprobada.\u201d<\/p>\n
23. El salvamento de voto entonces recae sobre la decisi\u00f3n adoptada por la Corporaci\u00f3n, esto es, su parte resolutiva, mientras que la aclaraci\u00f3n de voto se refiere a la sustentaci\u00f3n de la decisi\u00f3n, es decir, a su parte motiva. En tal virtud, si el desacuerdo del Conjuez estuvo en el sistema de plazos fijado en el condicionamiento incluido en la parte resolutiva, ello necesariamente supone que acompa\u00f1aba la declaratoria de exequibilidad, pero no el condicionamiento en los t\u00e9rminos en que fue incluido en la Sentencia C-055 de 2022. Por consiguiente, se est\u00e1 en presencia de un salvamento parcial as\u00ed este se haya intitulado como una simple aclaraci\u00f3n de voto, pues los motivos del disenso no se limitaban a la fundamentaci\u00f3n de la providencia.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
B. La ineptitud de los cargos de la demanda exig\u00eda la inhibici\u00f3n de la Corte Constitucional<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
24. Esta Corte Constitucional ha se\u00f1alado que:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201cel juicio de inconstitucionalidad implica la confrontaci\u00f3n en abstracto del contenido de la disposici\u00f3n acusada y la norma Superior\u201d, su cumplimiento le impone al demandante una carga de naturaleza sustancial: formular por lo menos un cargo concreto, espec\u00edfico y directo de inconstitucionalidad contra la norma acusada, que le permita al juez establecer si en realidad existe un verdadero problema de \u00edndole constitucional y, por tanto, una oposici\u00f3n objetiva y verificable entre el contenido literal de la ley y la Carta Pol\u00edtica. Seg\u00fan lo ha expresado la jurisprudencia de esta Corte, la formulaci\u00f3n de cargos indirectos e irrazonables, que no resulten atribuibles al texto de la norma que es citada en la demanda o que no se relacionen directamente con ella, impiden garantizar la validez del proceso de inconstitucionalidad en cuanto desconocen la finalidad de \u00e9ste, cual es la de realizar el control abstracto e impersonal de las leyes\u201d. (Negrillas fuera del texto original)<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
25. Como fue se\u00f1alado por algunos intervinientes, la demanda presentada en este proceso constitucional no incluye cargos de constitucionalidad, sino de conveniencia o de inoperancia de pol\u00edticas p\u00fablicas. En este sentido, tal y como lo se\u00f1al\u00f3 la Sentencia C-055 de 2022, los cargos relacionados con la presunta violaci\u00f3n del derecho a la libertad de profesi\u00f3n u oficio y al principio del Estado laico son ineptos, por carecer de certeza, pertinencia, especificidad y suficiencia. Empero, no comparto las razones expuestas por la decisi\u00f3n respecto de los cargos relacionados con la violaci\u00f3n del presunto derecho a la IVE, el derecho a la igualdad, el derecho a la libertad de conciencia y el derecho penal m\u00ednimo, los cuales, en mi criterio, tambi\u00e9n debieron ser declarados ineptos, por las razones que expondr\u00e9 a continuaci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
La Sala debi\u00f3 declarar la ineptitud de los cargos relacionados con la presunta violaci\u00f3n del derecho a la IVE, del derecho a la salud y del derecho a la igualdad por resultar impertinentes<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
26. Como se\u00f1ala el texto de la Sentencia, un cargo debe contener \u201crazonamientos de orden constitucional, esto es, no basados en argumentos legales o doctrinarios, ni en acaecimientos particulares, hechos personales, vivencias propias, sucesos y ocurrencias reales o imaginarias, en las que supuestamente se hubiere aplicado o ser\u00e1 aplicada la norma demandada, ni en deseos personales, anhelos sociales del accionante o en su querer en relaci\u00f3n con una pol\u00edtica social\u201d (negrillas fuera del texto original). Esto implica que debe evidenciarse una contradicci\u00f3n entre la norma demandada y la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. La norma demandada, en este caso, es el art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
27. En relaci\u00f3n con los cargos de la presunta vulneraci\u00f3n de los derechos a la IVE -derecho inexistente en el ordenamiento constitucional colombiano- y a la salud, la sentencia se\u00f1ala que \u201clas demandantes sostienen que la inconstitucionalidad de la disposici\u00f3n demandada se deriva, entre otras razones, de la forma en que se mantiene la penalizaci\u00f3n del aborto, constituy\u00e9ndose en el principal obst\u00e1culo para garantizar la IVE en los supuestos que dejaron de ser delito a partir de la Sentencia C-355\u201d y agrega que \u201c[a] su vez, advierten que la disposici\u00f3n acusada mantiene una medida que no s\u00f3lo no facilita, ni promueve ni afirma, sino que obstruye el acceso al procedimiento de IVE como servicio de salud reproductiva que requieren todas las mujeres. Aunado a ello, las demandantes se\u00f1alan que se trata de un componente del derecho a la salud \u2013reproductiva\u2013 y que se erige como una garant\u00eda fundamental para la realizaci\u00f3n de todos sus dem\u00e1s derechos humanos.\u201d<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
28. Como se evidencia, los cargos de constitucionalidad se relacionan con la inadecuada aplicaci\u00f3n del sistema de salud respecto de conductas ya despenalizadas por la Sentencia C-355 de 2006. En tal virtud, los cargos no se refieren a la inconformidad del art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal con la Constituci\u00f3n, sino a las presuntas barreras de la implementaci\u00f3n de la Sentencia C-355 de 2006. Estos argumentos se relacionan con la presunta inconveniencia de mantener el delito en el ordenamiento jur\u00eddico por, en las palabras de las demandantes, mantener barreras. As\u00ed las cosas, es un argumento de inconveniencia y no de constitucionalidad, por lo que es impertinente.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
29. Sobre el derecho a la salud, se presentan otros argumentos relacionados con la imposibilidad de acceso a los servicios m\u00e9dicos que podr\u00edan ser pertinentes en materia de una acci\u00f3n de constitucionalidad, pero en todo caso configuran una cosa juzgada constitucional -como se ver\u00e1 m\u00e1s adelante-.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
30. En relaci\u00f3n con el derecho a la igualdad, \u00a0la Sentencia reconoce que en la demanda se aleg\u00f3 \u201cque el art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal, aunque se muestra neutral en su texto, genera una discriminaci\u00f3n indirecta a tales grupos de personas, pues las impacta de una manera diferente, evidentemente m\u00e1s desproporcionada, que a la generalidad de las mujeres a las que identifica como sujetos activos de la conducta de aborto consentido. Lo anterior, por cuanto la situaci\u00f3n particular de estas mujeres las expone en mayor medida a la pr\u00e1ctica de abortos inseguros que ponen en grave riesgo sus derechos a la salud y a la vida, as\u00ed como a m\u00faltiples barreras de acceso al procedimiento de IVE\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
31. As\u00ed, la demanda fundamenta el alegato de discriminaci\u00f3n indirecta en: (i) el desconocimiento de las mujeres migrantes del ordenamiento jur\u00eddico colombiano, (ii) las mayores tasas de desnutrici\u00f3n, inadecuados servicios de salud y violencia sexual, y (iii) la solicitud de documentos especiales para el acceso a servicios de salud. Todos los anteriores son importantes problemas que debe enfrentar la poblaci\u00f3n migrante, pero por importantes que puedan ser, no se refieren a cuestiones de inconstitucionalidad, y sin duda no son asuntos que se solucionan con una sentencia de la Corte que despenalice el aborto. Para abordar estos problemas se requieren pol\u00edticas p\u00fablicas integrales, que de ninguna manera son competencia de la Corte Constitucional, en un estudio de constitucionalidad.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
32. Por lo anterior, tanto el alegato de igualdad, como los relacionados con el presunto derecho a la IVE y el derecho a la salud son impertinentes, y debieron ser excluidos del an\u00e1lisis de fondo.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
La Sala debi\u00f3 declarar la ineptitud del cargo de violaci\u00f3n a la libertad de conciencia por falta de especificidad<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
33. Tal y como lo se\u00f1ala la Sentencia, el cargo de violaci\u00f3n a la libertad de conciencia se present\u00f3 en dos perspectivas: una relacionada con el Estado laico, que fue declarada inepta; y, otra, con la libertad de conciencia de las mujeres que implica, seg\u00fan la decisi\u00f3n:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201cDesde la segunda perspectiva, es decir, aquella que encuentra fundamento en convicciones personales que no son de contenido religioso, la norma demandada quebrantar\u00eda \u2018la garant\u00eda de las mujeres a actuar en pro de su libertad de conciencia\u2019, esto es, que en ejercicio de la autonom\u00eda reproductiva la mujer deber\u00eda gozar de plena facultad para adoptar una decisi\u00f3n sustentada en el sistema de valores producto de sus convicciones ideol\u00f3gicas construidas sobre la base de la experiencia moral, como parte de su interacci\u00f3n con su contexto social, pol\u00edtico y econ\u00f3mico; m\u00e1s a\u00fan, teniendo en cuenta que es ella quien asume el proceso de gestaci\u00f3n.\u201d<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
34. Como se evidenciar\u00e1 m\u00e1s adelante en el ac\u00e1pite sobre cosa juzgada, este alegato es esencialmente igual al relacionado con la autonom\u00eda personal presentado en las demandas decididas en la Sentencia C-355 de 2006. Es por esta apariencia de cambio del alegato que este pierde especificidad, ya que no se presenta la contradicci\u00f3n de la norma penal con los elementos de la libertad de conciencia, sino que se confunde la libertad de conciencia con la autonom\u00eda personal. Adicional a esta falta de especificidad, por no presentar la vulneraci\u00f3n constitucional alegada, es importante llamar la atenci\u00f3n sobre lo problem\u00e1tico y peligroso de este alegato, que en esencia desconoce por completo la humanidad del que est\u00e1 por nacer. De hecho, una de las expresiones de la demanda presentada inclu\u00eda expresamente la siguiente afirmaci\u00f3n en relaci\u00f3n con el no nacido: \u201cEn suma, su calidad de \u2018persona\u2019 resulta decidida por la madre, es decir, por el sujeto que est\u00e1 en condiciones de hacerlo nacer como tal\u201d. En ese sentido, este cargo parte de la idea de que un tercero puede, en su conciencia, definir la personalidad jur\u00eddica de un ser humano, lo cual, adem\u00e1s de carecer de especificidad, resulta abiertamente contrario a la teor\u00eda de los Derechos Humanos y a nuestra Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Por lo tanto, en mi opini\u00f3n, este cargo debi\u00f3 ser declarado inepto por la Corte Constitucional.<\/p>\n
<\/p>\n
La Sala debi\u00f3 declarar la ineptitud del cargo de violaci\u00f3n a los principios constitucionales del derecho penal por falta de certeza y pertinencia<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
35. La demanda se\u00f1al\u00f3 que el art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal deb\u00eda ser declarado inconstitucional al no cumplir con las finalidades de la pena, por no prevenir la conducta y no tomar en consideraci\u00f3n los elementos de la finalidad retributiva. Adicionalmente, incluy\u00f3 un alegato sobre el no cumplimiento del principio del derecho penal como ultima ratio.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
36. Contrario a lo se\u00f1alado en la Sentencia, este cargo carece de certeza y pertinencia en tanto incluye discusiones que solo pertenecen a la pol\u00edtica criminal del Estado. Vale la pena resaltar que en m\u00faltiples ocasiones, esta misma Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que con fundamento en el art\u00edculo 150 constitucional, las discusiones sobre la pol\u00edtica criminal pertenecen al legislador y m\u00e1s precisamente al Congreso de la Rep\u00fablica que tiene la competencia constitucional de expedir el C\u00f3digo Penal. As\u00ed las cosas, la conveniencia o eficiencia del tipo penal de aborto para cumplir con las finalidades de la pena resultan por completo impertinentes en un an\u00e1lisis de constitucionalidad. La Corte no tiene competencia alguna para evaluar en relaci\u00f3n con todos y cada uno de los delitos qu\u00e9 tanto han disminuido las conductas proscritas, puesto que no es \u00f3rgano de evaluaci\u00f3n de las pol\u00edticas p\u00fablicas del Estado, cuesti\u00f3n que sobrepasa las funciones que la Constituci\u00f3n le atribuye a la Corte Constitucional y afecta el principio de separaci\u00f3n funcional y distribuci\u00f3n del poder p\u00fablico. Por esta raz\u00f3n es que respecto de los tipos penales, esta Corte ha definido que los l\u00edmites al margen de configuraci\u00f3n del legislador en materia de pol\u00edtica criminal son: (i) la estricta legalidad, (ii) la afectaci\u00f3n de la dignidad y, (iii) la afectaci\u00f3n de derechos fundamentales en su n\u00facleo esencial.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
37. Dado que lo cargos no sustentaron la afectaci\u00f3n a ninguno de estos l\u00edmites, sino que buscan la evaluaci\u00f3n de la pol\u00edtica criminal respecto del aborto, este cargo no da cuenta de las normas constitucionales vulneradas, ni de las razones por las que fueron vulneradas, sino que hace una valoraci\u00f3n de conveniencia del tipo penal. Por lo tanto, en mi opini\u00f3n, este cargo tambi\u00e9n debi\u00f3 ser declarado inepto.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
C. Sobre la cosa juzgada constitucional<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
38. En virtud del an\u00e1lisis antes planteado, se puede concluir que el \u00fanico cargo que cumplir\u00eda con los requisitos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia ser\u00eda el de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho a la salud, no por las llamadas barreras, sino en abstracto por la imposibilidad de acceder a un aborto en el sistema de salud fuera de las tres causales previstas en la Sentencia C-355 de 2006, lo cual podr\u00eda implicar un riesgo para la salud en los abortos clandestinos. Sin embargo, respecto de este cargo, en mi opini\u00f3n, la Sala debi\u00f3 mantener la cosa juzgada. Por lo tanto, la Sala no ten\u00eda competencia para analizar de fondo la demanda presentada en el marco del expediente D-13.956, ya que se configuraba el fen\u00f3meno de la cosa juzgada en relaci\u00f3n con lo decidido en la Sentencia C-355 de 2006.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
39. La cosa juzgada constitucional es una instituci\u00f3n jur\u00eddico procesal que encuentra su fundamento en el art\u00edculo 243 de la Constituci\u00f3n y el art\u00edculo 22 del Decreto 2067 de 1991, mediante la cual se concede a las decisiones plasmadas en las sentencias un car\u00e1cter \u201cinmutable, vinculante y definitivo\u201d. De esta manera, \u201clos fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tr\u00e1nsito a cosa juzgada constitucional\u201d.<\/p>\n
40. As\u00ed las cosas, la Corte Constitucional ha establecido que esta figura es de gran relevancia para el ordenamiento jur\u00eddico colombiano, toda vez que materializa el principio de seguridad jur\u00eddica. En efecto, la cosa juzgada no solo garantiza que las controversias jur\u00eddicas no se extiendan indefinidamente, sino que, adicionalmente, \u201cse preserva la seguridad jur\u00eddica puesto que el referente es objetivo y previo. Adem\u00e1s, se restringe el \u00e1mbito de un eventual segundo pronunciamiento de la Corte sobre la misma norma a lo juzgado en el primer fallo – lo cual no obsta para tener la sentencia anterior como precedente relevante – \u00a0al mismo tiempo que se ejerce el control de constitucionalidad en lo que no hab\u00eda sido juzgado, lo cual es fundamental para asegurar la supremac\u00eda e integridad de la Constituci\u00f3n de manera plena y efectiva\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
41. En la Sentencia C-055 de 2022 se recuerda el an\u00e1lisis que sobre la cosa juzgada constitucional se deriva de las sentencias integradoras (interpretativa, aditiva o sustitutiva) o que han declarado la exequibilidad condicionada de una norma. Se\u00f1ala que aun cuando el reproche se dirija en contra de la misma norma legal, es necesario contrastar el problema jur\u00eddico resuelto en el pasado con los cargos que ser\u00e1n objeto de an\u00e1lisis en esta oportunidad. Esto \u00faltimo, de acuerdo con el fallo, tambi\u00e9n supone examinar \u201csi existe identidad en la forma en que se abord\u00f3 el estudio del caso y la soluci\u00f3n adoptada.\u201d Adicional a lo anterior, se plante\u00f3 que, sin perjuicio de la existencia de cosa juzgada constitucional, es posible realizar un nuevo control cuando se demuestre una modificaci\u00f3n del par\u00e1metro de control, un cambio en el significado material de la Constituci\u00f3n y\/o una variaci\u00f3n del contexto normativo del objeto de control.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
42. Para la mayor\u00eda de la Sala Plena en esta oportunidad no se configuraba cosa juzgada en el entendido que los cargos a analizar no hab\u00edan sido, en estricto sentido, objeto de conocimiento en la Sentencia C-355 de 2006. De cualquier manera, se\u00f1al\u00f3 que en este evento el an\u00e1lisis de la cosa juzgada se flexibiliza atendiendo a que se configura un cambio en el significado material de la Constituci\u00f3n frente a la \u201ccomprensi\u00f3n de la problem\u00e1tica constitucional que supone el delito del aborto consentido\u201d, as\u00ed como una variaci\u00f3n en el contexto normativo en el que se encuentra el art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
43. A diferencia de lo se\u00f1alado por el fallo, sin embargo, se advierte que s\u00ed existe identidad de objeto y de cargos, as\u00ed como que, en esta oportunidad, no se acredit\u00f3 ninguno de los supuestos que conforme a la jurisprudencia se permite flexibilizar la cosa juzgada, de conformidad con lo establecido por esta Corporaci\u00f3n en la Sentencia C-007 de 2016.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
44. Tal como lo ha se\u00f1alado la Corte, la delimitaci\u00f3n de la cosa juzgada en el control abstracto de constitucionalidad como principio superior contenido en la Carta Pol\u00edtica, se da a partir de dos elementos: (i) el objeto de control o norma estudiada, y (ii) el cargo o cargos examinados frente al fondo del asunto. En este sentido, \u201cexistir\u00e1 cosa juzgada si un pronunciamiento previo de la Corte en sede de control abstracto recay\u00f3 sobre la misma norma (identidad en el objeto) y si el reproche constitucional planteado es equivalente al examinado en oportunidad anterior (identidad en el cargo).\u201d<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
45. T\u00e9ngase presente que de conformidad con la Sentencia C-007 de 2016, la cosa juzgada puede ser formal y material, absoluta y relativa, relativa impl\u00edcita y relativa expl\u00edcita, o aparente.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Tipolog\u00eda \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Explicaci\u00f3n<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Formal \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Recae sobre el objeto del control, y se configura cuando \u201cla decisi\u00f3n previa de la Corte ha reca\u00eddo sobre un texto igual al sometido nuevamente a su consideraci\u00f3n.\u201d<\/p>\n
Material \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Recae sobre el objeto de control, y existe cuando la Corte no examin\u00f3 el mismo precepto normativo, pero ante la similitud de los contenidos normativos, las disposiciones producen iguales efectos jur\u00eddicos.<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Absoluta \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Se establece respecto del cargo de inconstitucionalidad analizado. Este se produce cuando \u201cla primera decisi\u00f3n agot\u00f3 cualquier debate sobre la constitucionalidad de la norma acusada\u201d, raz\u00f3n por la cual no se podr\u00e1 realizar un nuevo examen de constitucionalidad.<\/p>\n
Relativa \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Se determina a partir de los cargos de inconstitucionalidad abordado en la primera decisi\u00f3n. En efecto, si en la oportunidad anterior la Corte se pronunci\u00f3 acerca de la validez constitucional desde la perspectiva de algunos cargos.<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Impl\u00edcita \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Esta categorizaci\u00f3n solamente aplica cuando se est\u00e1 en presencia de una cosa juzgada relativa en los t\u00e9rminos descritos. Ser\u00e1 impl\u00edcita cuando la decisi\u00f3n anterior no hubiese incluido en la parte resolutiva una menci\u00f3n acerca de respecto de qu\u00e9 cargos se predica el control de constitucionalidad abordado en la sentencia.<\/p>\n
Expl\u00edcita \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Esta categorizaci\u00f3n tambi\u00e9n solo aplica cuando se est\u00e1 en presencia de una cosa juzgada relativa. Ser\u00e1 expl\u00edcita cuando la parte resolutiva de la providencia se refiere de forma expresa que la determinaci\u00f3n de la Corte se restringe a los cargos analizados.<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Aparente \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Se produce en aquellos casos en los que \u201cla Corte, a pesar de adoptar una decisi\u00f3n en la parte resolutiva de sus providencias declarando la exequibilidad de una norma, en realidad no ejerce funci\u00f3n jurisdiccional alguna y, por ello, la cosa juzgada es ficticia.\u201d<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
46. En el presente caso, se configura la identidad de objeto y de cargos, por lo que la Sentencia C-055 de 2022 desconoce que en esta oportunidad existe una cosa juzgada, en el entendido que se acredita una plena identidad de: (i) la norma acusada en el expediente D-13.956 con la que fue analizada por esta Corporaci\u00f3n en la Sentencia C-355 de 2006, esto es, el art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal; sobre el particular, no existe controversia alguna respecto a que en el presente tr\u00e1mite constitucional hay identidad de objeto y la norma demandada ahora es la misma que la valorada en la C-355 de 2006; y, (ii) los cargos de la actual demanda con los asuntos abordados por esta Corporaci\u00f3n en el a\u00f1o 2006. La decisi\u00f3n de la Corte expresa que no se configura la cosa juzgada en tanto no hay identidad de cargos; as\u00ed, respecto del alegato de vulneraci\u00f3n al derecho a la igualdad la sentencia establece que:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201c201. Para la Sala no es posible evidenciar que el del pasado sea un cargo an\u00e1logo al que actualmente se formula, por las siguientes tres razones: en primer lugar, en el a\u00f1o 2006 la Corte no se pronunci\u00f3 acerca de las obligaciones de cumplimiento y protecci\u00f3n del Estado, de car\u00e1cter positivo, para la garant\u00eda del derecho a la salud y los derechos reproductivos de las mujeres, las ni\u00f1as y las personas gestantes \u2013seg\u00fan se deriva de los art\u00edculos 42 y 16 de la Constituci\u00f3n\u2013, en particular, como consecuencia de la expedici\u00f3n de la Ley 1751 de 2015, estatutaria de Salud. En segundo lugar, para dicho a\u00f1o no era posible que la Corte se pronunciara en cuanto a la obligaci\u00f3n de respeto adscrita al derecho a la salud, con base en las recomendaciones de descriminalizaci\u00f3n de la pr\u00e1ctica del aborto emitidas por m\u00faltiples organismos de protecci\u00f3n de derechos humanos \u2013con independencia de su valor normativo\u2013, ya que estas fueron posteriores a la expedici\u00f3n de la Sentencia C-355. En tercer lugar, a diferencia del a\u00f1o 2006, para la fecha, la dualidad de la norma acusada \u2013delito \/ no delito\u2013 impide valorar la condici\u00f3n de la IVE como un procedimiento adscrito a la salud en los t\u00e9rminos de la jurisprudencia constitucional, que ha considerado a los derechos sexuales y reproductivos como integrantes de este derecho fundamental \u2013a la salud\u2013, aut\u00f3nomo y justiciable de manera directa.\u201d (Negrillas fuera del texto original)<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201cLa vida f\u00edsica, la integridad personal y la salud de la mujer pueden verse seriamente amenazadas por problemas en el embarazo y que corren un mayor peligro cuando el aborto es practicado en condiciones clandestinas, generalmente sin el cumplimiento de los protocolos m\u00e9dicos y las reglas de higiene. \u00a0Esa realidad social es constitucionalmente relevante.<\/p>\n
<\/p>\n
La dimensi\u00f3n objetiva del derecho a la vida, le impone al estado la obligaci\u00f3n de impedir que las mujeres mueran por causa de abortos inseguros. \u00a0El derecho a la vida se entiende como el derecho fundamental por excelencia establecido en la Constituci\u00f3n. \u00a0Se ha entendido que el derecho a la vida no s\u00f3lo tiene una dimensi\u00f3n subjetiva de asegurar la vida sino que tambi\u00e9n comprende la obligaci\u00f3n de otros de respetar el derecho a seguir viviendo o a que se anticipe su muerte.\u201d<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
48. La respuesta a dicho an\u00e1lisis, es que el delito resultaba constitucional, salvo en los casos extremos despenalizados. No quiere decir, como se evidencia del extracto anterior que el cargo se presentara solo en relaci\u00f3n de los casos despenalizados, sino que luego de analizar la presunta vulneraci\u00f3n al derecho a la salud, la Corte encontr\u00f3 que la f\u00f3rmula de despenalizaci\u00f3n por causales era la que permit\u00eda la constitucionalidad de la norma, en relaci\u00f3n con el derecho a la salud. Por lo tanto, respecto del \u00fanico cargo que cumpl\u00eda con los requisitos de admisibilidad del tr\u00e1mite constitucional, se configura la cosa juzgada.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
49. La posici\u00f3n mayoritaria de la Corte adem\u00e1s incluye una serie de elementos que han surgido en el derecho internacional con posterioridad a la emisi\u00f3n de la Sentencia C-355 de 2006, as\u00ed como la ley estatutaria de salud. Sin embargo, la adici\u00f3n de fuentes a un cargo de constitucionalidad no transforma el cargo, pues el cargo sigue siendo el mismo, esto es, la presunta vulneraci\u00f3n al derecho a la salud. Lo anterior, por supuesto, sin perjuicio de que por lo dem\u00e1s, las fuentes nuevas son meras recomendaciones de \u00f3rganos internacionales que no son vinculantes para el Estado, y en ese sentido, no hacen parte del bloque de constitucionalidad.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
50. En este sentido, discrepo de la existencia de una supuesta cosa juzgada formal, relativa e impl\u00edcita, toda vez que se advierte una coincidencia total en el contenido material abordado por la Corte en el a\u00f1o 2006, respecto de los cargos de la demanda que fueron objeto de an\u00e1lisis por la Sala Plena en el expediente D-13.956. Para demostrar esta afirmaci\u00f3n, adem\u00e1s, a continuaci\u00f3n, se realizan algunos cuadros comparativos sobre el contenido de los cargos que fueron examinados por esta Corporaci\u00f3n en la Sentencia C-055 de 2022, respecto de los asuntos abordados en su momento en la Sentencia C-355 de 2006. Se realiza cada cuadro de acuerdo con el tema de los cuatro cargos que fueron considerados aptos en esta oportunidad por la mayor\u00eda de la Sala Plena, y luego expongo las razones por las que se considera que existe coincidencia con lo que fue tratado en el a\u00f1o 2006.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Cargo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Sentencia C-355 de 2006 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Sentencia C-055 de 2022<\/p>\n
Derecho a la salud y derechos reproductivos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
En el fundamento jur\u00eddico 7 de la providencia se realiz\u00f3 un extenso pronunciamiento acerca de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, as\u00ed como sobre diferentes garant\u00edas constitucionales asociadas a la interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
De igual forma, en el fundamento jur\u00eddico 8.3 se expusieron los derechos a la vida, a la salud y a la integridad de las mujeres y, entre otros asuntos propios del derecho a la salud, se abord\u00f3 la salud reproductiva de las mujeres.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Las accionantes alegaban esencialmente la presunta violaci\u00f3n del derecho a la salud, a los derechos reproductivos de las mujeres, las ni\u00f1as y las personas gestantes, de acuerdo con lo dispuesto en los art\u00edculos 16, 42 y 49, y el derecho a la interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo. Todo esto desde una \u00f3ptica de igualdad en el acceso a la salud reproductiva.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
51. Con el debido respeto, me aparto de la aproximaci\u00f3n que se plantea en esta sentencia. Como se advierte del cuadro anterior, en dos apartes de la Sentencia C-355 de 2006, la Corte se pronunci\u00f3 sobre la constitucionalidad del art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal respecto de los derechos a la salud y los derechos reproductivos de las mujeres.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
52. La explicaci\u00f3n dada relativa a la posibilidad de que la Corte se pronuncie en torno a obligaciones del Estado frente a la garant\u00eda del derecho a la salud y a los derechos reproductivos de mujeres y ni\u00f1as, no demuestra que los asuntos que se deben analizar en ambos casos sean dis\u00edmiles. Por el contrario, en las dos providencias se hace referencia a la protecci\u00f3n del derecho a la salud reproductiva de las mujeres. El argumento planteado en la Sentencia C-055 de 2022 parecer\u00eda estar encaminado m\u00e1s bien a una posibilidad de flexibilizar la cosa juzgada por el cambio de significado material de la Constituci\u00f3n o del contexto normativo, pero no permite acreditar una distinci\u00f3n cardinal entre los dos temas.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Cargo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Sentencia C-355 de 2006 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Sentencia C-055 de 2022<\/p>\n
Derecho a la igualdad \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
El fundamento jur\u00eddico 7 del fallo se refiere ampliamente a la falta de garant\u00edas que han tenido las mujeres para lograr la igualdad real, pues las mujeres han sido v\u00edctimas hist\u00f3ricamente de discriminaci\u00f3n. Adicionalmente, en las demandas se plante\u00f3 que las mujeres de bajos recursos y las madres cabeza de familia pueden encontrarse en circunstancias de mayor vulnerabilidad frente al resto y que ello puede significar circunstancias mayores de vulnerabilidad.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Desconocimiento del principio de igualdad de las mujeres en especial situaci\u00f3n de vulnerabilidad y situaci\u00f3n migratoria irregular.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
De acuerdo con la sentencia este es un asunto que no fue tratado de ninguna forma en la Sentencia C-355 de 2006. Por ello, siguiendo la l\u00ednea de argumentos presentada en la demanda, era necesario pronunciarse sobre la norma en lo relativo a las barreras estructurales de acceso que tiene esta poblaci\u00f3n al procedimiento de IVE, en la medida en que la norma accionada no afecta a todas las mujeres por igual.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
53. Estimo que la Sentencia C-055 de 2022 parte de una afirmaci\u00f3n incorrecta en tanto que se\u00f1ala que \u201cen la Sentencia C-355 de 2006, la Corte no analiz\u00f3 ning\u00fan reparo relacionado con el presunto desconocimiento del derecho a la igualdad\u201d. Tal como se explica en el anterior cuadro, en el fundamento jur\u00eddico n\u00famero 7, la providencia s\u00ed reconoci\u00f3 la discriminaci\u00f3n de la que han sido v\u00edctimas las mujeres para lograr la materializaci\u00f3n de una igualdad real, incluso, ello se relaciona con uno de los argumentos de las demandas que dieron lugar a ese proceso de control abstracto de constitucionalidad relativo a las dificultades que enfrentan especialmente las mujeres de bajos recursos y las madres cabeza de familia. Entonces, si bien en la demanda que dio lugar a esta sentencia se refiere a un asunto relativo a la afectaci\u00f3n de las mujeres en situaci\u00f3n migratoria irregular, no es claro c\u00f3mo la valoraci\u00f3n particular de estas mujeres se excluye del examen realizado por la Corte en el a\u00f1o 2006 sobre las mujeres en situaci\u00f3n de vulnerabilidad.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Cargo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Sentencia C-355 de 2006 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Sentencia C-055 de 2022<\/p>\n
Libertad de conciencia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
En el fundamento jur\u00eddico 8.2 se desarrolla lo relativo al alcance del derecho al libre desarrollo de la personalidad, en el cual se condensa \u201cla libertad in nuce (\u2026) [que] se trata por lo tanto del derecho a la libertad general de actuaci\u00f3n, que comprende no s\u00f3lo los espec\u00edficos derechos de libertad consagrados por la Constituci\u00f3n (libertad de cultos, de conciencia, de expresi\u00f3n e informaci\u00f3n, libertad de escoger profesi\u00f3n u oficio, libertades econ\u00f3micas, etc.) sino tambi\u00e9n el \u00e1mbito de autonom\u00eda individual no protegido por ninguno de estos derechos.\u201d<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
La demanda se refiere a una supuesta afectaci\u00f3n de la libertad de conciencia consagrado en el art\u00edculo 18 de la Constituci\u00f3n, en el sentido que el art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal obliga a las mujeres a actuar conforme a circunstancias contrarias a su conciencia y autodeterminaci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
En la providencia se advierte que el par\u00e1metro de control en esta oportunidad es distinto en tanto que en la Sentencia C-355 de 2006 se hizo referencia al derecho al libre desarrollo de la personalidad dispuesto en el art\u00edculo 16 de la Constituci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
54. Contrario a lo planteado en la sentencia, cabe observar que existe unidad en el objeto de control de constitucionalidad tambi\u00e9n en este punto, ya que tal como se desprende de la cita realizada en el anterior cuadro, es claro que la Corte Constitucional en el a\u00f1o 2006 no limit\u00f3 su examen al contenido dispuesto en el art\u00edculo 16 de la Constituci\u00f3n, sino a varias otras garant\u00edas constitucionales que necesariamente se encuentran involucradas en el \u00e1mbito de protecci\u00f3n del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Si bien muchas de esas otras garant\u00edas, como la libertad de conciencia, est\u00e1n plasmadas en otras disposiciones de la Constituci\u00f3n, el hecho que no se hubiese realizado una referencia expresa al n\u00famero del art\u00edculo, no implica que el control de constitucionalidad hubiese excluido esa libertad constitucional que se interrelaciona y fue mencionada por la Corte en el a\u00f1o 2006.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
55. Tal como lo ha explicado esta Corporaci\u00f3n en su jurisprudencia, el derecho al libre desarrollo de la personalidad se articula con varias otras libertades o garant\u00edas superiores. En la Sentencia C-336 de 2008, la Corte Constitucional indic\u00f3 que el derecho al libre desarrollo de la personalidad \u201cconocido tambi\u00e9n como derecho a la autonom\u00eda e identidad personal, que busca proteger la potestad del individuo para autodeterminarse; esto es,\u00a0la posibilidad de adoptar, sin intromisiones ni presiones de ninguna clase, un modelo de vida acorde con sus propios intereses, convicciones, inclinaciones y deseos, siempre, claro est\u00e1, que se respeten los derechos ajenos y el orden constitucional.\u00a0As\u00ed,\u00a0puede afirmarse que este derecho de opci\u00f3n comporta la libertad e independencia del individuo para gobernar su propia existencia y para dise\u00f1ar un modelo de personalidad conforme a los dictados de su conciencia, con la \u00fanica limitante de no causar un perjuicio social.\u201d (\u00e9nfasis no corresponde al texto original)<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
56. De igual manera, en la Sentencia SU-108 de 2016, al determinar el contenido de la libertad de conciencia se indic\u00f3 que esta garant\u00eda se enmarca tambi\u00e9n en el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Al respecto, indic\u00f3:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201cLa forma abierta en que el constituyente concibi\u00f3 la libertad de conciencia y el consecuente derecho de objeci\u00f3n,\u00a0 esto es, la garant\u00eda de que nadie puede ser\u00a0 obligado a actuar en contra de su conciencia, plantea entre otros, el dilema de si esta salvaguarda lleva consigo el derecho de objetar el cumplimiento de un deber jur\u00eddico por razones de orden \u00e9tico o moral. \/\/ En efecto, el enfrentamiento entre los dictados de la conciencia individual y los imperativos de la norma positiva es cada vez m\u00e1s frecuente en una sociedad pluralista, que adem\u00e1s defiende la autonom\u00eda personal, el libre desarrollo de la personalidad.\u201d (\u00e9nfasis no corresponde al texto original)<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
57. As\u00ed pues, no parecer\u00eda acertado que la \u00fanica referencia que realiza la Sentencia C-355 de 2006 a la libertad de conciencia tiene que ver la objeci\u00f3n de conciencia en cabeza de los profesionales de la salud que deben practicar el procedimiento de la IVE. Por el contrario, atendiendo a esta lectura sistem\u00e1tica y articulada del derecho al libre desarrollo de la personalidad, respetuosamente considero que no habr\u00eda lugar a indicar que el par\u00e1metro de control que sobre este asunto plante\u00f3 la Corte en el a\u00f1o 2006 no inclu\u00eda el derecho a la libertad de conciencia dispuesto en el art\u00edculo 18 de la Constituci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Sentencia C-355 de 2006 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Sentencia C-055 de 2022<\/p>\n
Finalidad constitucional de prevenci\u00f3n general de la pena y la ultima ratio del derecho penal \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Uno de los asuntos examinados como parte del control de constitucionalidad fueron los l\u00edmites en el ejercicio de la libertad de configuraci\u00f3n del Legislador debido a las particularidades que en este \u00e1mbito surgen en materia penal. Como elementos de juicio para tal efecto, se analizaron varios de los asuntos mencionados en los cuadros comparativos anteriores.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
En su gran mayor\u00eda, el fallo desarrolla los supuestos a partir de los cu\u00e1les debe leerse la libertad de configuraci\u00f3n del Legislador para este tipo de cuestiones, y la concepci\u00f3n del derecho penal como \u00faltima ratio. Al respecto se encuentra, por ejemplo, el fundamento jur\u00eddico 9. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
En la demanda se plantea una supuesta violaci\u00f3n a la finalidad constitucional de prevenci\u00f3n de la pena y el mecanismo de la ultima ratio, que se examinan a la luz del pre\u00e1mbulo y los art\u00edculos 1 y 2 de la Constituci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
La Sentencia se\u00f1ala que aun cuando \u201cexisten algunas similitudes entre este cargo y algunos aspectos tratados en la Sentencia C-355 de 2006, no es posible inferir que la problem\u00e1tica constitucional que ahora se plantea se hubiese resuelto en la citada sentencia.\u201d Espec\u00edficamente, dado que (i) \u201cno se valora el fin de prevenci\u00f3n general de la pena -relacionado, en particular, con la falta de idoneidad de la disposici\u00f3n para proteger de manera eficaz la vida en gestaci\u00f3n-\u201c; y (ii) \u201cla Sentencia C-355 de 2006 solo se refiere en una ocasi\u00f3n a la expresi\u00f3n ultima ratio \u2013como se indic\u00f3 supra\u2013, y \u00fanicamente para brindar una contextualizaci\u00f3n general acerca de esta exigencia, sin que tenga el alcance que en esta ocasi\u00f3n le asignan las demandantes, asociado al car\u00e1cter subsidiario de las sanciones penales que exige, antes de acudir al poder punitivo del Estado, recurrir a otros controles menos lesivos para lograr un est\u00e1ndar an\u00e1logo de amparo que aquel que brinda el ejercicio del derecho penal, y m\u00e1s respetuosos con los derechos de las mujeres.\u201d<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Adicionalmente, ponen de presente que el cargo propuesto por las accionantes en esta oportunidad incluye como parte del objeto de control el condicionamiento que se realiz\u00f3 a la norma en la Sentencia C-355 de 2006.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
58. Sin perjuicio de los respetables argumentos planteados en la providencia, no era posible realizar un nuevo control de constitucionalidad sobre este cargo, en tanto que la funci\u00f3n de la prevenci\u00f3n general y el derecho penal como ultima ratio fue uno de los fundamentos jur\u00eddicos que sirvi\u00f3 de sustento para declarar la exequibilidad condicionada del art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal. En el fundamento jur\u00eddico 9 de la Sentencia C-355 de 2006 se hace referencia a los criterios que determinan la constitucionalidad de la pol\u00edtica criminal, dentro de los cuales se hizo referencia a la ultima ratio, y la necesidad de acudir a instrumentos de prevenci\u00f3n, disuasi\u00f3n, atenci\u00f3n y soluci\u00f3n de conflictos antes de acudir al ius puniendi. Con base en estas consideraciones, es que se indica en el numeral 9.3 que se pasa a \u201crevisar a la constitucionalidad de la penalizaci\u00f3n de la interrupci\u00f3n voluntaria de la gestaci\u00f3n tal como est\u00e1 consagrada en la ley penal\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
59. En esa medida, realizar un nuevo examen de constitucionalidad sobre el art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal bajo el cargo de la finalidad de prevenci\u00f3n general y de ultima ratio del derecho penal desconoce la figura de la cosa juzgada constitucional. Sobre todo, cuando del an\u00e1lisis de fondo de este cargo resulta en un nuevo condicionamiento de la norma como se se\u00f1ala en la parte resolutiva de la Sentencia C-055 de 2022, el cual, no tiene un car\u00e1cter complementario a los tres escenarios en los que se hab\u00eda despenalizado el aborto en la Sentencia C-355 de 2006, sino que lo modifica para hacer m\u00e1s amplio el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de la disposici\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
60. En suma, se tiene que los cargos que fueron analizados por la Sala Plena ya hab\u00edan sido estudiados por esta Corporaci\u00f3n cuando valor\u00f3 la constitucionalidad del art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal en la Sentencia C-355 de 2006 y decidi\u00f3 declarar su exequibilidad condicionada. Por ello, la Corte tendr\u00eda que haberse estado a lo resuelto en la Sentencia C-355 de 2006.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
D. Inexistencia de causales de debilitamiento de la cosa juzgada constitucional<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
61. La mayor\u00eda de la Sala Plena tambi\u00e9n justific\u00f3 el examen de fondo sobre esos cuatro cargos, de manera contradictoria, bajo el argumento que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, se configuraban dos supuestos para flexibilizar o enervar la cosa juzgada. Tal como lo ha descrito esta Corporaci\u00f3n, flexibilizar la cosa juzgada es una posibilidad estrictamente excepcional, dada la relevancia que tienen los intereses jur\u00eddicos que se buscan proteger con dicho instituto jur\u00eddico procesal. Se genera la duda frente a si la falta de coincidencia entre los asuntos tratados en uno y otro fallos era supuestamente claro, como se intenta plantear en la Sentencia C-055 de 2022 \u00bfpor qu\u00e9 era necesario evidenciar de manera adicional que se requer\u00eda una flexibilizaci\u00f3n de la cosa juzgada?<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
62. La posici\u00f3n mayoritaria de la Corte consider\u00f3 que exist\u00edan fundamentos para el debilitamiento de la cosa juzgada constitucional. Sin embargo, a continuaci\u00f3n presentar\u00e9 las razones por las cuales considero que: (i) no hubo variaci\u00f3n en el significado material de la constituci\u00f3n; (ii) no hay un nuevo contexto normativo que modifique el r\u00e9gimen jur\u00eddico del aborto voluntario como delito; y, (iii) se dio una incorrecta aplicaci\u00f3n de criterios de levantamiento de la cosa juzgada constitucional.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
No hubo ninguna variaci\u00f3n en el significado material de la Constituci\u00f3n en relaci\u00f3n con el aborto con consentimiento<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
63. En los fundamentos 228-244, la posici\u00f3n mayoritaria consider\u00f3 que hubo un cambio en el significado material de la Constituci\u00f3n en relaci\u00f3n con el aborto con consentimiento debido a cuatro fen\u00f3menos: (i) la transformaci\u00f3n jurisprudencial que ahora considera el derecho a la salud como uno con car\u00e1cter fundamental, a partir de las sentencias T-760 de 2008, C-313 de 2014 y T-361 de 2014, todas posteriores a la Sentencia C-355 de 2006, respecto de las cuales se deb\u00eda realizar una nueva lectura del art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal; (ii) la supuesta ampliaci\u00f3n de la comprensi\u00f3n del aborto con consentimiento que ha alcanzado la Corte Constitucional, que ahora identifica barreras y d\u00e9ficits de protecci\u00f3n en perjuicio de las mujeres que se quieren practicar un aborto; (iii) documentos internacionales de \u201cdistinto valor normativo\u201d que han propuesto la despenalizaci\u00f3n del aborto m\u00e1s all\u00e1 de las tres causales; y, (iv) una mayor precisi\u00f3n de la Corte Constitucional para abordar en su jurisprudencia la violencia de g\u00e9nero.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
64. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, los cambios del significado material de la Constituci\u00f3n o en la comprensi\u00f3n de los mandatos relevantes, consisten en \u201cla comprensi\u00f3n de la Carta Pol\u00edtica como un texto evolutivo o viviente. Esta hip\u00f3tesis no depende [\u2026] de la incorporaci\u00f3n o reincorporaci\u00f3n formal de normas al bloque de constitucionalidad, sino [de] la manera en que la comprensi\u00f3n de las reglas y principios constitucionales cambia en el tiempo\u201d. No obstante, son cambios sociales, pol\u00edticos o econ\u00f3micos significativos los que producen ajustes en el significado material de la Constituci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
65. Al respecto, destaco que fue la misma Corte Constitucional la que produjo los fen\u00f3menos i, ii, y iv a los que hace referencia como razones que evidencian el cambio en el significado material de la Constituci\u00f3n o en los mandatos relevantes. Los fen\u00f3menos i, ii, y iv son jurisprudenciales, y se inscriben dentro del \u00e1mbito jur\u00eddico, por lo que no justifican que la Constituci\u00f3n cambie su significado para adaptarse a una realidad social, pol\u00edtica o econ\u00f3mica significativamente nueva. En consecuencia, los fen\u00f3menos i, ii, y iv, al no constituir ni evidenciar un cambio social, pol\u00edtico o econ\u00f3mico significativo, no fundamentan en ninguna medida cambio alguno en el significado material de la Constituci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
66. Lo contrario, ser\u00eda como habilitar a esta Corte a modificar el significado de la Constituci\u00f3n y as\u00ed auto habilitarse para pronunciarse sobre asuntos que ya hacen parte de la cosa juzgada. Este argumento adem\u00e1s de circular, en tanto la Corte Constitucional resultar\u00eda competente para volverse a pronunciar de un asunto, por cuanto la misma Corte modific\u00f3 la jurisprudencia para habilitarse, resulta riesgoso para la separaci\u00f3n funcional y la distribuci\u00f3n del poder p\u00fablico, la seguridad jur\u00eddica y la legitimidad de la propia Corte.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
67. En efecto, a diferencia de lo expuesto, este asunto no representa un cambio sustancial en el entendimiento material de la Constituci\u00f3n. Por el contrario, las Sentencias T-760 de 2008, C-313 de 2014 y T-361 de 2014, todas posteriores a la Sentencia C-355 de 2006, son el resultado de la l\u00ednea jurisprudencial que hab\u00eda venido desarrollando esta Corporaci\u00f3n en torno al derecho a la salud, dada la conexidad que este tiene con otras garant\u00edas superiores como la dignidad humana, y la vida digna de las personas. Incluso, antes de que se profiriera la Sentencia C-355 de 2006, esta Corporaci\u00f3n ya hab\u00eda entendido que el derecho a la salud pod\u00eda entenderse como fundamental aut\u00f3nomo, y no solo en virtud de la conexidad con el derecho a la vida digna.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
68. En efecto, esta Corporaci\u00f3n protegi\u00f3 de forma incansable a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela el derecho a la salud por estar en conexidad con la vida digna. En algunas providencias, se identificaba como una garant\u00eda fundamental por conexidad. Igualmente, antes de que se profiriera la Sentencia C-355 de 2006, la Corte indic\u00f3 que \u201cel derecho a la salud tiene car\u00e1cter fundamental de manera aut\u00f3noma, cuando existen regulaciones que generan un derecho subjetivo a recibir las prestaciones y los medicamentos all\u00ed definidos. De esta manera, ha se\u00f1alado esta Corporaci\u00f3n que el derecho a la salud es vulnerado cuando puede constatarse el incumplimiento de esas normas.\u201d<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
69. Para este momento, los organismos internacionales como el Comit\u00e9 de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas tambi\u00e9n hab\u00edan establecido que el derecho a la salud era fundamental. Este instrumento sirvi\u00f3 como criterio hermen\u00e9utico de la Sentencia T-859 de 2003 en el que se estableci\u00f3 el car\u00e1cter fundamental aut\u00f3nomo que pod\u00eda tener tal garant\u00eda constitucional para ser protegida por v\u00eda de tutela.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
70. De lo anterior se desprende claramente que el desarrollo jurisprudencial que se dio con las Sentencias T-760 de 2008, C-313 de 2014 y T-361 de 2014 tuvo lugar en el desarrollo l\u00f3gico que bajo los par\u00e1metros constitucionales deb\u00eda darse respecto del derecho a la salud como una garant\u00eda fundamental y aut\u00f3noma en s\u00ed mismo. En esa medida, tales decisiones no se traducen en una variaci\u00f3n sustancial significativa sobre la relevancia que ya ten\u00eda este derecho en la Constituci\u00f3n de 1991. Lo decidido en las precitadas providencias fue una consecuencia razonable y necesaria en el \u00e1mbito de desarrollo de la t\u00e9cnica constitucional que con los a\u00f1os la Corte Constitucional fue precisando.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
71. Por otro lado, el fen\u00f3meno iii tampoco fundamenta en forma alguna el cambio del significado material de la Constituci\u00f3n por tres razones:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Primero, porque si el significado de la Constituci\u00f3n debe \u201cevolucionar\u201d para, como un texto \u201cviviente\u201d, sobrevivir a todos los pronunciamientos de \u00f3rganos internacionales, entonces no habr\u00eda supremac\u00eda constitucional sino supremac\u00eda de pronunciamientos y estudios de \u00f3rganos o expertos internacionales.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Segundo, porque, al igual que los fen\u00f3menos i, ii, y iv, el fen\u00f3meno iii, varios pronunciamientos de \u00f3rganos o expertos internacionales \u2013como los relatores de Naciones Unidas\u2013 no constituyen ni implican un cambio social, pol\u00edtico o econ\u00f3mico significativo que justifique un cambio del significado material de la Constituci\u00f3n. Mucho menos, en la medida en la que ninguno de los pronunciamientos que referenci\u00f3 la Corte Constitucional en el fundamento de derecho 236 de la sentencia es un instrumento vinculante de derecho internacional para Colombia.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Por \u00faltimo, lo que s\u00ed se evidencia de encuestas recientes, en especial de la de Invamer de este a\u00f1o, es que la ciudadan\u00eda colombiana rechaza en m\u00e1s de un 80% la despenalizaci\u00f3n del aborto hasta la semana 24 de gestaci\u00f3n. Por lo que parece que, socialmente, para la ciudadan\u00eda el aborto sigue siendo una conducta reprochable que puede ser abordada a trav\u00e9s del derecho penal.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
No existe un nuevo contexto normativo que modifique el r\u00e9gimen jur\u00eddico del aborto voluntario como delito<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
72. En los fundamentos de derecho 245-257, la Corte Constitucional consider\u00f3 que un cambio en el contexto normativo ocurre cuando, por una parte, las autoridades competentes expiden una norma que ya juzg\u00f3 la Corte Constitucional, posteriormente, en un contexto normativo distinto. O cuando, por otra parte, la disposici\u00f3n mantiene su contenido formal, pero las autoridades competentes modifican el ordenamiento en el que se inscribe, por lo que el contenido material de la disposici\u00f3n \u2013sin ninguna modificaci\u00f3n formal\u2013 cambia.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
73. En todo caso, la mayor\u00eda de la Corte consider\u00f3 que el cambio en el contexto normativo justifica una nueva valoraci\u00f3n constitucional, esta vez, con el prop\u00f3sito de evitar que la disposici\u00f3n produzca efectos inconstitucionales cuando se integre en el nuevo contexto normativo.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
74. Seg\u00fan la Sentencia C-055 de 2022, el contexto normativo del tipo penal del aborto cambi\u00f3 debido a cinco fen\u00f3menos: (i) la expedici\u00f3n de la Ley Estatutaria de Salud en 2015, el nuevo contexto de aseguramiento en salud y el paso del derecho fundamental a la salud por conexidad con la vida, al derecho fundamental a la salud aut\u00f3nomo e irrenunciable con dimensiones individual y colectiva; (ii) la emisi\u00f3n de pronunciamientos de \u00f3rganos y expertos internacionales en relaci\u00f3n con la supuesta necesidad de despenalizar el aborto como una medida para garantizar los derechos sexuales y reproductivos, y para combatir la violencia contra la mujer; (iii) el cambio de sentido que la pol\u00edtica criminal dio a la proporcionalidad y los fines de la pena, a trav\u00e9s de la informaci\u00f3n que suministr\u00f3 la Comisi\u00f3n Asesora de Pol\u00edtica Criminal, los datos de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n sobre la judicializaci\u00f3n del delito de aborto en Colombia entre 1998 y 2019, y el proyecto de ley de la misma Fiscal\u00eda para despenalizar parcialmente el aborto consentido; (iv) la expedici\u00f3n de la Ley 1257 de 2008 con el fin de cumplir compromisos internacionales sobre la libertad, la autonom\u00eda y la salud sexual y reproductiva; y, (v) el proceso de evoluci\u00f3n jurisprudencial de la Corte Constitucional en relaci\u00f3n con los derechos de las mujeres a la salud sexual y reproductiva, y la eliminaci\u00f3n de barreras estructurales de acceso de las mujeres a esas garant\u00edas superiores. En mi opini\u00f3n, esta interpretaci\u00f3n de la mayor\u00eda de la Corte tambi\u00e9n es infundada.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
75. Lo anterior, dado que el fen\u00f3meno i) no justifica un nuevo pronunciamiento de la Corte en relaci\u00f3n con el delito de aborto. En efecto, en lo que se refiere a la Ley 1751 de 2015 en materia de la garant\u00eda del derecho a la salud, lo cierto es que no se demostr\u00f3 c\u00f3mo su expedici\u00f3n configura un entendimiento distinto de las normas en las que se aplica el art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal. Esta ley de car\u00e1cter estatutario tiene como finalidad regular el derecho a la salud consagrado en la Constituci\u00f3n de 1991, sin que de sus normas se desprenda claramente cu\u00e1les son los cambios en el ordenamiento jur\u00eddico, de manera que pueda resultar en la discutible conclusi\u00f3n de flexibilizar una instituci\u00f3n fundamental como la cosa juzgada constitucional.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
76. Para que un cambio en el contexto normativo debilite la cosa juzgada constitucional \u2013con la trascendencia que ese debilitamiento tiene\u2013, el cambio debe ser relevante, es decir, tener un impacto sobre la disposici\u00f3n acusada. De lo contrario, la cosa juzgada constitucional ser\u00eda una figura jur\u00eddica irrelevante, pues cualquier cambio del ordenamiento en el que se insertan las disposiciones que la Corte Constitucional analiza podr\u00eda generar infinidad de pronunciamientos de este Alto Tribunal.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
77. La Corte consider\u00f3 en la Sentencia C-355 de 2006 que el derecho a la salud era fundamental por su conexidad con el derecho a la vida, y, ahora, la jurisprudencia constitucional y la ley coinciden en el car\u00e1cter fundamental y aut\u00f3nomo del derecho a la salud en sus dimensiones individual y colectiva.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
78. No obstante, la Sentencia C-055 de 2022 no explic\u00f3 c\u00f3mo la cosa juzgada de la Sentencia C-355 de 2006 genera \u2013si es que lo hace\u2013 resultados inconstitucionales frente al car\u00e1cter fundamental y aut\u00f3nomo del derecho a la salud; ni mucho menos aclar\u00f3 por qu\u00e9 solo advirti\u00f3 ese cambio del contexto normativo hasta 2022, mucho tiempo despu\u00e9s de que la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n reconoci\u00f3 que el derecho a la salud es fundamental y aut\u00f3nomo. Incluso cuando en 2020, la Corte se declar\u00f3 inhibida para conocer del delito de aborto existiendo ya este \u201ccambio\u201d en el contexto normativo.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
79. El fen\u00f3meno ii) no constituye ni implica ning\u00fan cambio en el contexto normativo colombiano por una raz\u00f3n: ninguno de los pronunciamientos de \u00f3rganos o expertos internacionales que la Corte Constitucional referenci\u00f3 tienen car\u00e1cter normativo en estricto sentido. La Corte, err\u00f3neamente, hizo ceder la cosa juzgada constitucional ante documentos internacionales que no tienen car\u00e1cter vinculante y que, en todo caso, no disponen de una obligaci\u00f3n para Colombia de despenalizar el aborto hasta la semana 24 de gestaci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
80. En concreto, las recomendaciones de los organismos internacionales no suponen un cambio en el contenido de las normas. M\u00e1s all\u00e1 de los llamados que esto representa para las Ramas Legislativa y Ejecutiva con el fin de que adopten las medidas que correspondan en el marco de su libertad de configuraci\u00f3n normativa, ese tipo de circunstancias no se traducen en una modificaci\u00f3n del ordenamiento ni de su entendimiento.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
81. No es posible admitir que la Corte haya incluido el fen\u00f3meno iii) como fundamento del cambio normativo. Lo m\u00e1s elemental para el ejercicio del derecho es el conocimiento de las fuentes jur\u00eddicas y su car\u00e1cter obligatorio. Por eso, me sorprende que la mayor\u00eda haya considerado como parte de un supuesto cambio en el contexto normativo varios informes de la Comisi\u00f3n Asesora de Pol\u00edtica Criminal y de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y un proyecto de ley (Proyecto No. 209 de 2016, C\u00e1mara de Representantes).<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
82. Si solo en gracia de discusi\u00f3n se aceptara que informes y proyectos de ley hacen parte del contexto normativo colombiano, la Corte Constitucional deb\u00eda entonces incluir -como parte del cambio en el contexto normativo colombiano- un sinn\u00famero de informes e intervenciones ante distintas autoridades que muestran los efectos perjudiciales del aborto en la salud y en la vida de las madres y de sus hijas e hijos en gestaci\u00f3n, as\u00ed como los proyectos de ley para proteger la vida humana antes del nacimiento.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
83. En todo caso, en cuanto a la revaloraci\u00f3n de la proporcionalidad y los fines de la pena en el marco de la pol\u00edtica criminal del Estado a partir de la citada informaci\u00f3n suministrada por la Comisi\u00f3n Asesora de Pol\u00edtica Criminal, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y la iniciativa legislativa para despenalizar el aborto consentido (Proyecto de Ley 209 de 2016, C\u00e1mara de Representantes), considero que se mencionan aspectos que exceden el papel del juez constitucional en el \u00e1mbito del control abstracto de constitucionalidad. Estos son asuntos de pol\u00edtica que ata\u00f1en tanto a la Rama Legislativa como a la Rama Ejecutiva.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
84. El fen\u00f3meno iv) consiste en la expedici\u00f3n de la Ley 1257 de 2008, con el objeto de \u201cgarantizar para todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el \u00e1mbito p\u00fablico como en el privado, el ejercicio de los derechos reconocidos en el ordenamiento jur\u00eddico interno e internacional, el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para su protecci\u00f3n y atenci\u00f3n, y la adopci\u00f3n de las pol\u00edticas p\u00fablicas necesarias para su realizaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
85. La expedici\u00f3n de la Ley 1257 de 2008 supone un desarrollo por parte del Legislador con el fin de promover la prevenci\u00f3n y sanci\u00f3n de las formas de violencia y discriminaci\u00f3n contra la mujer. Ello simplemente materializa un mandato constitucional de proteger especialmente a la mujer, sin que dicho avance legislativo pueda concebirse como un cambio en el entendimiento constitucional de las normas en el marco de las cuales se interpreta el art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
86. La Corte Constitucional, no obstante, no explic\u00f3 por qu\u00e9 la cosa juzgada de la Sentencia C-355 de 2006 ri\u00f1e con las disposiciones de la Ley 1257 de 2008, ni por qu\u00e9 la permanencia de esa cosa juzgada junto con la Ley 1257 de 2008 implica consecuencias inconstitucionales.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
87. Adem\u00e1s, a pesar de que la Corte ha tenido m\u00e1s oportunidades para pronunciarse sobre el delito de aborto en a\u00f1os pasados, no propuso ning\u00fan motivo por el que, en casi 14 a\u00f1os de vigencia de la Ley 1257 de 2008, no advirti\u00f3 los efectos constitucionales de la Sentencia C-355 de 2006, sino solo hasta ahora. Esto resulta especialmente preocupante en el entendido que la Ley 1257 de 2008 en ninguno de sus ac\u00e1pites tiene por objeto regular el aborto, y en ese sentido es inadmisible que la Corte tome cualquier regulaci\u00f3n relacionada con los derechos de las mujeres e interprete que tienen un alcance relacionado con la despenalizaci\u00f3n del aborto, pues esto termina por reducir los problemas de las mujeres a la discusi\u00f3n sobre el aborto.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
88. En el fen\u00f3meno v), el fallo se refiere a un cambio en la comprensi\u00f3n de la problem\u00e1tica constitucional frente al aborto consentido relativa a la imposibilidad que ten\u00eda la Corte en el a\u00f1o 2006 para valorar las barreras de acceso que enfrentan las mujeres para acceder al procedimiento de la IVE como resultado de las mismas causales que fueron planteadas en la exequibilidad condicionada declarada a trav\u00e9s de la Sentencia C-355 de 2006. Empero, la Corte no explic\u00f3 por qu\u00e9 su jurisprudencia sobre los derechos de las mujeres a la salud sexual y reproductiva, as\u00ed como sobre las obligaciones del Estado para eliminar barreras estructurales que impiden a las mujeres acceder a esas garant\u00edas superiores, ri\u00f1e con la cosa juzgada de la Sentencia C-355 de 2006. De hecho, el fundamento de derecho 256 no incluye ni siquiera notas al pie de p\u00e1gina que permitan a los lectores identificar de qu\u00e9 forma la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n en cuanto a estos asuntos genera alg\u00fan resultado inconstitucional al insertarse en un ordenamiento jur\u00eddico en el que tambi\u00e9n est\u00e1 la cosa juzgada de la Sentencia C-355 de 2006.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
89. Este punto tampoco justifica una flexibilizaci\u00f3n de la cosa juzgada, ya que supone una valoraci\u00f3n de pol\u00edtica p\u00fablica que excede el objeto de an\u00e1lisis de la Corte desde un control abstracto de constitucionalidad, en tanto que pasa a ser parte del objeto de examen la aplicaci\u00f3n que se ha dado en la pr\u00e1ctica de los preceptos normativos agregados por esta misma Corporaci\u00f3n al art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal. As\u00ed pues, no deber\u00eda ser la Corte Constitucional la llamada a valorar las consecuencias pr\u00e1cticas de la IVE, sino otras autoridades de la Rama Ejecutiva.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
90. Sobre este punto, cabe mencionar que, aun cuando existen documentos internacionales que \u201chan propugnado por la despenalizaci\u00f3n del aborto m\u00e1s all\u00e1 de las tres causales definidas en la Sentencia C-355 de 2006\u201d, ello no tiene la incidencia suficiente como para alterar la comprensi\u00f3n constitucional del fen\u00f3meno aqu\u00ed estudiado, mucho menos para enervar un instituto jur\u00eddico procesal que tiene como fin proteger la seguridad jur\u00eddica.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
91. Es cierto que la jurisprudencia constitucional proferida despu\u00e9s de la Sentencia C-355 de 2006 ha representado un importante avance en la garant\u00eda de los derechos de las mujeres y la lucha en contra de la violencia de g\u00e9nero. No obstante, ello no supone un cambio en el significado material de la Constituci\u00f3n que sea radicalmente distinto a las consideraciones que realiz\u00f3 esta Corporaci\u00f3n en el a\u00f1o 2006. Por el contrario, dentro de los argumentos que se plantearon en su momento por la Sala Plena, se advierte que la violencia de g\u00e9nero hizo parte del debate, as\u00ed como lo fueron los instrumentos internacionales que para ese momento se hab\u00edan proferido sobre esta materia. As\u00ed las cosas, no se enerva la cosa juzgada constitucional para dar lugar a un nuevo pronunciamiento de fondo sobre el art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
92. Destaco que en la argumentaci\u00f3n sobre el debilitamiento de la cosa juzgada constitucional, la Corte se refiri\u00f3 a \u201cfen\u00f3menos\u201d, como si estos ocurrieran de manera espont\u00e1nea. No obstante, es problem\u00e1tico que buena parte de esos \u201cfen\u00f3menos\u201d sean en realidad jurisprudencia o consecuencias directas de la jurisprudencia de la propia Corte Constitucional.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
93. Esto, adem\u00e1s de ser problem\u00e1tico, conlleva un peligro, y es que en \u00faltimas, si la jurisprudencia de la Corte o sus efectos son \u201cfen\u00f3menos\u201d que justifican el cambio del significado material de la Constituci\u00f3n y el contexto normativo de todas las disposiciones de este pa\u00eds, la Corte Constitucional no tiene l\u00edmites, ni siquiera su propio precedente, para cambiar constantemente lo que es constitucional y lo que no. Yo me aparto de esa posici\u00f3n, pues quebranta el principio democr\u00e1tico y menoscaba el principio de separaci\u00f3n de funciones de poderes y equilibrio del poder p\u00fablico.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
94. En este punto, resalto que la Corte Constitucional no debe limitar sus an\u00e1lisis sobre las causales de debilitamiento de la cosa juzgada a consideraciones puramente formales. No cualquier modificaci\u00f3n de un par\u00e1metro de control, cambio en la manera de comprender las reglas y principios constitucionales, o nuevo contexto normativo es necesariamente constitucional.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
95. Cuando la Corte Constitucional identifica verdaderamente \u2013cosa que no ocurri\u00f3 en este caso\u2013 alguno de los cambios o modificaciones que, prima facie, tienen el potencial de debilitar o levantar una cosa juzgada constitucional, debe evaluar si esos cambios o modificaciones son acordes a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia, y si, en consecuencia, son acordes con los elementos esenciales o ejes axiales del texto superior. De lo contrario, la Corte Constitucional incurrir\u00eda en la falacia del cambio, consistente en que cualquier cambio o modificaci\u00f3n del contexto social, pol\u00edtico, econ\u00f3mico, internacional o normativo es bueno y es constitucional por el simple hecho de ser un cambio, lo cual, claramente, eliminar\u00eda la supremac\u00eda de la Constituci\u00f3n y perjudicar\u00eda su integridad.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
96. La Corte Constitucional tiene la atribuci\u00f3n y al mismo tiempo el deber y por lo tanto la obligaci\u00f3n de guardar la integridad y supremac\u00eda de la Constituci\u00f3n. En contravenci\u00f3n del art\u00edculo 241 de la Constituci\u00f3n, la sentencia de la que me aparto menoscaba la supremac\u00eda de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia porque privilegia pronunciamientos internacionales -no vinculantes-, por encima de la protecci\u00f3n constitucional de la vida de los seres humanos en gestaci\u00f3n y de la prohibici\u00f3n de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
97. Adem\u00e1s, esta sentencia quiebra la integridad de la Constituci\u00f3n, por cuanto integra una interpretaci\u00f3n o manera de entender las disposiciones constitucionales que atenta contra algunos de los elementos esenciales o ejes axiales de la Carta Pol\u00edtica: la protecci\u00f3n de la dignidad humana, la salvaguardia de la vida humana, el principio y el derecho a la igualdad y la prohibici\u00f3n de discriminaci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
98. Esta exposici\u00f3n, sin embargo, no implica que la cosa juzgada de la Sentencia C-355 de 2006 no pueda ser debilitada, por ejemplo por avances t\u00e9cnicos que permiten evidenciar las particularidades de la vida humana en gestaci\u00f3n, o que permiten optar por medidas menos lesivas. Por lo tanto, mi salvamento no propone una cosa juzgada irreversible de la Sentencia C-355 de 2006, sino que pone en evidencia las falencias que este caso en particular tiene respecto de esta figura constitucional.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
E. En torno al fondo del asunto: No exist\u00edan razones jur\u00eddicas para declarar la constitucionalidad condicionada del art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
99. Luego de abordar las cuestiones previas de la discusi\u00f3n, en esta secci\u00f3n presentar\u00e9 las razones por las cuales considero que, aun aceptando en gracia de discusi\u00f3n la competencia de la Corte Constitucional para conocer de fondo esta demanda, la medida adoptada por la posici\u00f3n mayoritaria no se ajusta a la Constituci\u00f3n. As\u00ed, la Sentencia C-055 de 2022 parte de una postura seg\u00fan la cual la presente controversia implica un an\u00e1lisis de derechos en tensi\u00f3n, y la medida adoptada por la mayor\u00eda para resolver dicha tensi\u00f3n es la de despenalizar la conducta del aborto hasta la semana 24 de gestaci\u00f3n. Sin embargo, esta decisi\u00f3n es problem\u00e1tica desde el punto de vista constitucional en tanto la Sentencia: (i) no sustenta las razones por la cuales la penalizaci\u00f3n hasta la semana 24 de gestaci\u00f3n es inconstitucional; (ii) deja en un d\u00e9ficit de desprotecci\u00f3n absoluto a los no nacidos antes de la semana 24 de gestaci\u00f3n; y, (iii) no aborda adecuadamente el test de proporcionalidad requerido en los casos en los que se presentan derechos en tensi\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
El estatus jur\u00eddico del ser humano en gestaci\u00f3n y las obligaciones correlativas del Estado para su protecci\u00f3n<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
100. Uno de los debates m\u00e1s \u00e1lgidos en torno al derecho a la vida tiene que ver con el momento desde el cu\u00e1l se protege la existencia de la especie humana. En Colombia se ha discutido mucho el estatus jur\u00eddico de los no nacidos, especialmente a partir del art\u00edculo 90 del C\u00f3digo Civil que establece que se es persona \u201cal nacer, esto es, al separarse completamente de su madre\u201d. Con fundamento en dicha disposici\u00f3n del C\u00f3digo Civil, se ha determinado que la protecci\u00f3n se encuentra en cabeza de las personas en virtud a la personalidad jur\u00eddica que se les reconoce en el marco del derecho civil.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
101. Empero, la garant\u00eda del derecho a la vida no se reduce a un asunto de seguridad jur\u00eddica propio del derecho civil, sino que se extiende a la protecci\u00f3n de la especie humana. \u201cLo que est\u00e1 en juego no es qui\u00e9n tiene derecho a heredar, sino qui\u00e9n tiene derecho a vivir\u201d. El alcance del derecho a la vida no puede limitarse a una existencia legal de las personas, en tanto que la vida humana est\u00e1 m\u00e1s all\u00e1. Por ello, aunque esta norma es muy relevante porque es la \u00fanica en el derecho nacional que define la personalidad jur\u00eddica, es infra constitucional y fue dise\u00f1ada con prop\u00f3sitos muy distintos a la definici\u00f3n del estatus jur\u00eddico del no nacido en relaci\u00f3n con los derechos constitucionales. En tal virtud, esta normativa desconoce el car\u00e1cter de derecho fundamental y derecho humano que tiene el derecho de la vida, por lo que, prima facie, est\u00e1 en contraposici\u00f3n a la protecci\u00f3n que desde los instrumentos internacionales se ha dado a la vida desde la concepci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
102. En ese sentido, haciendo un an\u00e1lisis amplio de las normas que hacen parte del bloque de constitucionalidad, se puede llegar a la conclusi\u00f3n de que el no nacido: (i) es un miembro de la especie humana, (ii) es un ni\u00f1o o ni\u00f1a, (iii) y, en todo caso, es un ser sintiente. En mi opini\u00f3n, esto impacta sin duda las obligaciones del Estado en materia de protecci\u00f3n de los derechos humanos, como pasar\u00e9 a exponer.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
103. Dest\u00e1quese en primer lugar que, de conformidad con las Declaraciones, Convenciones, Tratados y Pactos Internacionales de Derechos Humanos y la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991, no existe bien superior m\u00e1s importante que la vida humana que es el fundamento de todos los dem\u00e1s derechos, por lo que ni siquiera un tribunal judicial, internacional o nacional, puede arrogarse el derecho para determinar desde cu\u00e1ndo una vida merece protecci\u00f3n constitucional per se. Tal y como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia y la doctrina universalmente aceptada, no hay ning\u00fan bien o derecho m\u00e1s universal que del derecho fundamental a la vida. La vida humana desde la concepci\u00f3n es anterior al derecho. Sin la existencia de la vida humana no pueden existir derechos, ni libertades, ni deberes, ni obligaciones.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
104. El derecho a la vida es una garant\u00eda que, tanto en el \u00e1mbito nacional como internacional, protege tanto la mera existencia biol\u00f3gica del ser humano, as\u00ed como la posibilidad que tienen los seres humanos de desarrollar dignamente sus facultades. En Colombia se consagra en el art\u00edculo 11 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica as\u00ed: \u201cEl derecho a la vida es inviolable. No habr\u00e1 pena de muerte.\u201d Adem\u00e1s de formar parte del derecho consuetudinario internacional, est\u00e1 consagrado en numerosos tratados internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, la Declaraci\u00f3n Universal de Derechos Humanos en su art\u00edculo 3 se\u00f1ala que todo individuo tiene derecho a la vida. A su vez, en su art\u00edculo 6 prev\u00e9 que \u201ctodo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jur\u00eddica.\u201d Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos se\u00f1ala en su art\u00edculo 6.1 que \u201cel derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estar\u00e1 protegido por la ley. Nadie podr\u00e1 ser privado de la vida arbitrariamente.\u201d<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
105. A su turno, la Declaraci\u00f3n de los Derechos del ni\u00f1o indica, en su principio n\u00famero 4, que \u201c[e]l\u00a0ni\u00f1o\u00a0debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendr\u00e1\u00a0derecho\u00a0a crecer y desarrollarse en buena salud; con este fin deber\u00e1n proporcionarse, tanto a \u00e9l como a su madre, cuidados especiales, incluso atenci\u00f3n prenatal y postnatal.\u201d (Negrillas fuera del original)<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
106. En el mismo sentido, la Convenci\u00f3n de los Derechos del Ni\u00f1o se refiere en diferentes ocasiones a la protecci\u00f3n del derecho a la vida. As\u00ed, en su pre\u00e1mbulo se\u00f1ala que, \u201c[t]eniendo presente que, como se indica en la Declaraci\u00f3n de los Derechos del Ni\u00f1o, \u2018el ni\u00f1o, por su falta de madurez f\u00edsica y mental, necesita protecci\u00f3n y cuidado especiales, incluso la debida protecci\u00f3n legal, tanto antes como despu\u00e9s del nacimiento\u00b4.\u201d (Negrillas fuera del original) Adem\u00e1s, en su art\u00edculo 6 dispone que \u201clos Estados Parte reconocen que todo ni\u00f1o tiene el derecho intr\u00ednseco a la vida\u201d, y en su art\u00edculo 24.2.d se\u00f1ala que los Estados Parte deber\u00e1n asegurar la atenci\u00f3n sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las madres.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
107. De manera que diversos instrumentos internacionales de derechos humanos consagran la protecci\u00f3n especial e inherente del derecho a la vida del ser humano y, en particular, del derecho a la vida de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, como sujetos que requieren de protecci\u00f3n especial por la particular situaci\u00f3n de vulnerabilidad en la que se encuentran. Esta protecci\u00f3n claramente se extiende tambi\u00e9n al periodo antes del nacimiento, en el cual tanto la madre como el que est\u00e1 por nacer gozan de garant\u00edas que deben ser protegidas por los Estados. Todo esto, atendiendo a que sin vida humana no hay lugar al reconocimiento de ning\u00fan derecho.<\/p>\n
108. En el \u00e1mbito regional, la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos dispone en el art\u00edculo 1.2 que: \u201cPara los efectos de esta Convenci\u00f3n, persona es todo ser humano.\u201d Luego en el art\u00edculo 4.1. de la misma Convenci\u00f3n se establece: \u201cToda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estar\u00e1 protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepci\u00f3n.\u201d (Negrillas fuera del texto original). Al leer estas dos disposiciones en conjunto resulta evidente que para efectos de la CADH, el ser humano en gestaci\u00f3n tiene derecho a la vida. La CADH, es par\u00e1metro de constitucionalidad como lo ha aceptado en m\u00faltiples providencias esta Corte al reconocerla como parte del bloque de constitucionalidad.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
109. Este reconocimiento de la personalidad jur\u00eddica para efectos de los derechos convencionales, que hacen parte del bloque de constitucionalidad, implica que el ser humano en gestaci\u00f3n no solo tiene derecho a su vida -como expresamente aparece en el art\u00edculo 4.1 de la CADH-, sino a los dem\u00e1s derechos convencionales, por ejemplo la integridad personal y la consecuente prohibici\u00f3n de los tratos inhumanos, crueles y degradantes, o el derecho a la igualdad.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
110. Ahora bien, m\u00faltiples fuentes del derecho internacional de los derechos humanos reconocen derechos a todos los seres humanos, esto es a todos los que pertenecen a la especie humana. As\u00ed, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos establece el \u201creconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables\u201d. Igual ocurre con la Declaraci\u00f3n Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales, y Declaraci\u00f3n Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, entre otros. As\u00ed, desde el derecho internacional, se ha dispuesto la protecci\u00f3n del genoma humano como \u201cla base de la unidad fundamental de todos los miembros de la familia humana y del reconocimiento de su dignidad intr\u00ednseca y su diversidad\u201d. Incluso, el art\u00edculo 18 del Convenio para la Protecci\u00f3n de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano con respecto a las Aplicaciones de la Biolog\u00eda y la Medicina del 4 de abril de 1997 consagra una prohibici\u00f3n para \u201cla constituci\u00f3n de embriones humanos con fines de experimentaci\u00f3n.\u201d<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
111. Dado que no hay duda en la literatura cient\u00edfica, cuesti\u00f3n que tampoco se puso en duda en las intervenciones m\u00e9dicas presentadas a esta Corte, el no nacido es un ser humano en gestaci\u00f3n, que merece la protecci\u00f3n jur\u00eddica que todos estos instrumentos disponen.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
112. En los sistemas regionales de protecci\u00f3n de Derechos Humanos, tanto la Corte Europea de Derechos Humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos se han referido a la protecci\u00f3n jur\u00eddica que es intr\u00ednseca a la vida del que est\u00e1 por nacer. En la Corte Europea se entiende que desde la concepci\u00f3n hay un miembro de la especie humana (\u201ca member of the human race\u201d), el cual goza de dignidad y deber\u00e1 ser protegido.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
113. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH) en el Caso Artavia Murillo y otros (Fertilizaci\u00f3n in vitro) Vs. Costa Rica, indic\u00f3 que desde un contexto cient\u00edfico, el t\u00e9rmino \u201cconcepci\u00f3n\u201d establecido en la Convenci\u00f3n puede tener dos lecturas: \u201cUna corriente entiende \u201cconcepci\u00f3n\u201d como el momento de encuentro, o de fecundaci\u00f3n, del \u00f3vulo por el espermatozoide. De la fecundaci\u00f3n se genera la creaci\u00f3n de una nueva c\u00e9lula: el cigoto. Cierta prueba cient\u00edfica considera al cigoto como un organismo humano que alberga las instrucciones necesarias para el desarrollo del embri\u00f3n. Otra corriente entiende \u201cconcepci\u00f3n\u201d como el momento de implantaci\u00f3n del \u00f3vulo fecundado en el \u00fatero. Lo anterior, debido a que la implantaci\u00f3n del \u00f3vulo fecundado en el \u00fatero materno faculta la conexi\u00f3n de la nueva c\u00e9lula, el cigoto, con el sistema circulatorio materno que le permite acceder a todas las hormonas y otros elementos necesarios para el desarrollo del embri\u00f3n.\u201d<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
114. En este mismo sentido, en torno al debate sobre cu\u00e1ndo inicia la vida humana explic\u00f3:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201cAlgunas posturas indican que el inicio de la vida comienza con la fecundaci\u00f3n, reconociendo al cigoto como la primera manifestaci\u00f3n corporal del continuo proceso del desarrollo humano, mientras que otras consideran que el punto de partida del desarrollo del embri\u00f3n y entonces de su vida humana es su implantaci\u00f3n en el \u00fatero donde tiene la capacidad de sumar su potencial gen\u00e9tico con el potencial materno. Asimismo, otras posturas resaltan que la vida comenzar\u00eda cuando se desarrolla el sistema nervioso.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201cLa Corte observa que, si bien algunos art\u00edculos se\u00f1alan que el embri\u00f3n es un ser humano, otros art\u00edculos resaltan que la fecundaci\u00f3n ocurre en un minuto pero que el embri\u00f3n se forma siete d\u00edas despu\u00e9s, raz\u00f3n por la cual se alude al concepto de \u2018preembri\u00f3n\u2019. Algunas posturas asocian el concepto de preembri\u00f3n a los primeros catorce d\u00edas porque despu\u00e9s de estos se sabe que si hay un ni\u00f1o o m\u00e1s.\u201d<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
115. En suma, al interpretar la protecci\u00f3n que se deriva del art\u00edculo 4.1 de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos, precis\u00f3:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201cLa Corte considera que es procedente definir, de acuerdo con la Convenci\u00f3n Americana, c\u00f3mo debe interpretarse el t\u00e9rmino \u2018concepci\u00f3n\u2019. Al respecto, la Corte resalta que la prueba cient\u00edfica concuerda en diferenciar dos momentos complementarios y esenciales en el desarrollo embrionario: la fecundaci\u00f3n y la implantaci\u00f3n. El Tribunal observa que s\u00f3lo al cumplirse el segundo momento se cierra el ciclo que permite entender que existe la concepci\u00f3n. Teniendo en cuenta la prueba cient\u00edfica presentada por las partes en el presente caso, el Tribunal constata que, si bien al ser fecundado el \u00f3vulo se da paso a una c\u00e9lula diferente y con la informaci\u00f3n gen\u00e9tica suficiente para el posible desarrollo de un \u2018ser humano\u2019, lo cierto es que si dicho embri\u00f3n no se implanta en el cuerpo de la mujer sus posibilidades de desarrollo son nulas. Si un embri\u00f3n nunca lograra implantarse en el \u00fatero, no podr\u00eda desarrollarse pues no recibir\u00eda los nutrientes necesarios, ni estar\u00eda en un ambiente adecuado para su desarrollo (supra p\u00e1rr. 180).<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201c187. En este sentido, la Corte entiende que el t\u00e9rmino \u2018concepci\u00f3n\u2019 no puede ser comprendido como un momento o proceso excluyente del cuerpo de la mujer, dado que un embri\u00f3n no tiene ninguna posibilidad de supervivencia si la implantaci\u00f3n no sucede. Prueba de lo anterior, es que s\u00f3lo es posible establecer si se ha producido o no un embarazo una vez se ha implantado el \u00f3vulo fecundado en el \u00fatero, al producirse la hormona denominada \u2018Gonodatropina Cori\u00f3nica\u2019, que s\u00f3lo es detectable en la mujer que tiene un embri\u00f3n unido a ella. Antes de esto es imposible determinar si en el interior del cuerpo ocurri\u00f3 la uni\u00f3n entre el \u00f3vulo y un espermatozoide y si esta uni\u00f3n se perdi\u00f3 antes de la implantaci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) Teniendo en cuenta lo anterior, el Tribunal entiende el t\u00e9rmino \u2018concepci\u00f3n\u2019 desde el momento en que ocurre la implantaci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual considera que antes de este evento no procede aplicar el art\u00edculo 4 de la Convenci\u00f3n Americana. Asimismo, la expresi\u00f3n \u2018en general\u2019 permite inferir excepciones a una regla, pero la interpretaci\u00f3n seg\u00fan el sentido corriente no permite precisar el alcance de dichas excepciones.\u201d (\u00e9nfasis propio)<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
116. De todo lo expuesto, la Corte IDH concluy\u00f3 que:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201c264. La Corte ha utilizado los diversos m\u00e9todos de interpretaci\u00f3n, los cuales han llevado a resultados coincidentes en el sentido de que el embri\u00f3n no puede ser entendido como persona para efectos del art\u00edculo 4.1 de la Convenci\u00f3n Americana. Asimismo, luego de un an\u00e1lisis de las bases cient\u00edficas disponibles, la Corte concluy\u00f3 que la \u2018concepci\u00f3n\u2019 en el sentido del art\u00edculo 4.1 tiene lugar desde el momento en que el embri\u00f3n se implanta en el \u00fatero, raz\u00f3n por la cual antes de este evento no habr\u00eda lugar a la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 4 de la Convenci\u00f3n. Adem\u00e1s, es posible concluir de las palabras \u2018en general\u2019 que la protecci\u00f3n del derecho a la vida con arreglo a dicha disposici\u00f3n no es absoluta, sino es gradual e incremental seg\u00fan su desarrollo, debido a que no constituye un deber absoluto e incondicional, sino que implica entender la procedencia de excepciones a la regla general.\u201d<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
117. De las consideraciones que realiz\u00f3 la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Artavia Murillo y otros (Fertilizaci\u00f3n in vitro) Vs. Costa Rica, se desprenden las siguientes conclusiones que comparto en su integridad:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201c(i) no existe ninguna duda de que el que est\u00e1 por nacer es titular del derecho a la vida protegido por la Convenci\u00f3n Americana y lo es al menos desde el momento de la implantaci\u00f3n, es decir entre 6 y 7 d\u00edas despu\u00e9s de la fecundaci\u00f3n del \u00f3vulo; (ii) la protecci\u00f3n del derecho a la vida es -seg\u00fan la Corte- gradual e incremental, lo cual puede admitir \u2018excepciones\u2019, pero nunca la suspensi\u00f3n, anulaci\u00f3n o derogaci\u00f3n del derecho, como lo ha establecido la CorteIDH reiteradamente, pues el derecho a la vida forma parte de un n\u00facleo inderogable que no puede ser suspendido y seg\u00fan lo ha establecido el tribunal interamericano, no admite enfoques restrictivos y (iii) el reconocimiento de esta titularidad del derecho a la vida exige del Estado adoptar todas las medidas apropiadas para protegerlo y preservarlo, y adoptar las medidas necesarias para crear un marco normativo adecuado que disuada cualquier amenaza al derecho a la vida, so pena de incurrir en responsabilidad internacional. Para reforzar este punto, es importante aclarar que la titularidad de derechos del no nacido tambi\u00e9n ha sido reconocida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.\u201d<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
118. As\u00ed pues, en virtud al car\u00e1cter de derecho humano y derecho fundamental, es posible entender que en existe un mandato de protecci\u00f3n a la vida desde que el embri\u00f3n se implanta en el \u00fatero, ya que la existencia del ser humano desde su gestaci\u00f3n es un bien superior que debe ser garantizado. Sin perjuicio de las limitaciones razonables que pueden tener lugar, lo cierto es que cualquier ponderaci\u00f3n que se realice debe partir de que no existe bien superior m\u00e1s importante que la vida humana como fundamento y presupuesto de todos los dem\u00e1s derechos.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
119. De lo anterior se desprende claramente que, tanto en el \u00e1mbito internacional como en el regional, la vida antes del nacimiento tambi\u00e9n cuenta con protecci\u00f3n, y los Estados tienen el deber de velar por su garant\u00eda. Esto tambi\u00e9n se justifica bajo el entendido que el que est\u00e1 por nacer es un ser sintiente y es un sujeto de derechos.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
120. Existen investigaciones m\u00e9dicas que sugieren que el que est\u00e1 por nacer es capaz de sentir dolor desde tempranas etapas de la gestaci\u00f3n. Al respecto, la profesora Juanita Acosta en su escrito de intervenci\u00f3n en el expediente D-13.956, indic\u00f3:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201cEn efecto, seg\u00fan Flores Mu\u00f1oz hay estudios anat\u00f3micos, fisiol\u00f3gicos y conductuales que prueban lo anterior. As\u00ed mismo, la literatura explica que desde la semana 16 hay cambios en la circulaci\u00f3n de la arteria cerebral media, y desde las 20-22 semanas de gestaci\u00f3n, se podr\u00edan transmitir sensaciones dolorosas de la piel a la m\u00e9dula espinal y al cerebro. Coherentemente, como lo se\u00f1ala la literatura, y se refuerza en la intervenci\u00f3n del profesor Kemel A. Ghotme, en el embri\u00f3n, el sistema nervioso empieza a desarrollarse a partir del tubo neural desde el d\u00eda 26 de gestaci\u00f3n, es decir, antes de que la mujer detecte su primer retraso menstrual. En la s\u00e9ptima semana de gestaci\u00f3n, el ni\u00f1o o ni\u00f1a han culminado la primera etapa del desarrollo de las v\u00edas de dolor en la cual las estructuras nerviosas perif\u00e9ricas captan y llevan el est\u00edmulo doloroso desde la piel hasta la m\u00e9dula espinal. En este sentido, los estudios se\u00f1alan que para experimentar dolor no se requiera la plena consciencia de este a nivel de la corteza cerebral, sino que est\u00e9n presentes las estructuras capaces de captarlo y transmitirlo al resto de sistema nervioso.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201cEn raz\u00f3n de los estudios que demuestran la capacidad del feto de sentir dolor y de la respuesta de altos niveles de estr\u00e9s ante intervenciones quir\u00fargicas, las instrucciones de los libros de medicina y la pr\u00e1ctica com\u00fan, recomienda anestesia fetal al intervenir quir\u00fargicamente (ya sea a la madre o directamente al feto). (\u2026)\u201d<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201c1. Debe tenerse presente que las respuestas a los est\u00edmulos internos y externos pueden ser expresiones reflejas, las cuales comenzar\u00edan desde la semana 8 de embarazo.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201c2. El desarrollo del sistema nervioso central del feto es progresivo en organicidad y funcionamiento. No es probable, debido a ello, que el feto sienta dolor antes de la semana 20 y quiz\u00e1s podr\u00eda, dado al desarrollo m\u00e1s avanzado de su fisiolog\u00eda, comenzar a sentir dolor entre las semanas 22 y 26.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201c3. Es necesario conocer y diferenciar si lo que llamamos dolor tiene las mismas caracter\u00edsticas de ser sentido y de manifestarse en los fetos, neonatos, ni\u00f1os y adultos. El feto en la semana 37 tiene un grado de madurez parecido al de un neonato de pocos d\u00edas de nacido. Sin embargo, es dif\u00edcil verificar en ambos si lo que definimos como dolor es lo que ellos sienten.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201c4. Aunque haya dudas razonables de que el feto sienta dolor, es mejor usar analgesia o anestesia, muy juiciosamente, cuando el mismo vaya a ser sometido a procedimientos que conocidamente causen dolor en la vida extrauterina\u201d.<\/p>\n
<\/p>\n
122. De lo anterior se desprende claramente que en la vida en gestaci\u00f3n desde la concepci\u00f3n existe un miembro de la especie humana que se ha demostrado es un ser sintiente y, en consecuencia, es un sujeto de derechos que recibe una protecci\u00f3n especial por parte del Estado y el ordenamiento internacional.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
123. En l\u00ednea con los instrumentos y \u00f3rganos internacionales, es posible entender que en la Constituci\u00f3n tambi\u00e9n establece una protecci\u00f3n especial de la vida y la dignidad de la especie humana, en virtud de la cual el Estado debe velar por la garant\u00eda de la vida desde la concepci\u00f3n. Nuestra Carta Pol\u00edtica tambi\u00e9n entiende que la vida y la dignidad humana son elementos trascendentales que tienen una garant\u00eda reforzada, la cual, necesariamente, tambi\u00e9n se extiende a los seres humanos desde antes de su nacimiento, pues su existencia es el presupuesto para el reconocimiento de los derechos y obligaciones.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
124. En efecto, en lo que se refiere a la protecci\u00f3n particular que se le reconoce y otorga en el \u00e1mbito nacional, la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 adem\u00e1s de proteger el derecho a la vida en el precitado art\u00edculo 11, dispone que la dignidad humana es uno de los valores cardinales que soportan todo el ordenamiento jur\u00eddico. El art\u00edculo 1 de la Constituci\u00f3n dispone que Colombia como Estado Social de Derecho estar\u00e1 \u201cfundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del inter\u00e9s general.\u201d A su vez, en la Constituci\u00f3n tambi\u00e9n se destaca que el derecho a la vida es el fundamento para el ejercicio de todas las otras garant\u00edas constitucionales, al establecerlo como el primero de los derechos de la extensa carta de derechos.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
125. Igualmente, en la Constituci\u00f3n se establece una garant\u00eda reforzada de los derechos respecto a la poblaci\u00f3n que se encuentra en circunstancias de indefensi\u00f3n, debilidad o desprotecci\u00f3n en que se encuentran. Esto exige unas obligaciones especiales a cargo del Estado a efectos de proteger a estos grupos y materializar sus derechos. Por ello, el texto constitucional expresamente dispone una protecci\u00f3n especial de las mujeres en estado de embarazo y de los ni\u00f1os y ni\u00f1as, y en este mismo sentido se ha manifestado la jurisprudencia constitucional frente a los derechos a la salud y a la vida de esta poblaci\u00f3n. En particular, la jurisprudencia m\u00e1s reciente ha previsto que las autoridades y los particulares que prestan el servicio p\u00fablico de salud, tienen la obligaci\u00f3n por mandato constitucional de proteger de manera especial a quienes hacen parte de estos dos grupos poblacionales, sin diferenciar entre los derechos del nasciturus y los de los ni\u00f1os y ni\u00f1as.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
126. Adicionalmente, diferentes providencias de altas cortes como la Corte Constitucional colombiana y la Corte Suprema de Justicia, ya han reconocido los derechos del no nacido y han desarrollado, en cabeza de ellos, una serie de protecciones. Por ejemplo, la jurisprudencia constitucional en relaci\u00f3n con la protecci\u00f3n a la maternidad en materia laboral, \u201cha reconocido a la mujer en estado de embarazo un trato preferente, debido a su condici\u00f3n de sujeto de especial protecci\u00f3n, as\u00ed como a la necesidad de velar por la garant\u00eda de los derechos de la persona que est\u00e1 por nacer o el reci\u00e9n nacido\u201d (negrilla fuera de texto original). En el mismo sentido, al no nacido le han sido reconocidos los derechos a la tutela judicial, a la salud, al m\u00ednimo vital, a la seguridad social, a una vida en condiciones dignas e incluso al domicilio. Asimismo, en el \u00e1mbito m\u00e9dico, se ha establecido que desde la concepci\u00f3n se tiene el derecho a que el personal de enfermer\u00eda \u00a0respete y proteja su vida, dignidad e integridad gen\u00e9tica, f\u00edsica, espiritual y ps\u00edquica.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
127. Cabe advertir tambi\u00e9n que, desde las etapas m\u00e1s tempranas de la jurisprudencia constitucional, esta Corporaci\u00f3n ha defendido que el nasciturus es un sujeto de derechos titular de derechos fundamentales. En concreto, ha se\u00f1alado que la Constituci\u00f3n protege al no nacido en el Pre\u00e1mbulo y en el art\u00edculo 11 (del derecho a la vida) por v\u00eda directa, y por v\u00eda indirecta en el art\u00edculo 43 con la protecci\u00f3n de la mujer en estado de embarazo. Adem\u00e1s, ha se\u00f1alado que \u201c[l]a obligaci\u00f3n de velar por la vida del\u00a0nasciturus\u00a0no responde a una simple obligaci\u00f3n alimentaria, pues la madre requiere de los cuidados permanentes, de una constante vigilancia m\u00e9dica que le garanticen en forma m\u00ednima la atenci\u00f3n del parto y los primeros cuidados del ni\u00f1o. (…)\u201d. De manera que la estabilidad laboral reforzada de los padres no tiene como finalidad simplemente garantizar unas condiciones de vida digna al momento del nacimiento, sino que, adem\u00e1s, supone una protecci\u00f3n especial a favor de la mujer embarazada con el fin de que reciba los cuidados m\u00e9dicos necesarios, antes y despu\u00e9s del nacimiento. Esto tiene como claro objetivo proteger la vida del ser humano que est\u00e1 por nacer, garantizando desde ese momento, su dignidad humana y derecho a la salud.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
128. La Corte ha sido enf\u00e1tica en se\u00f1alar que el nasciturus \u201cse encuentra protegido por el espectro de privilegios que la Carta Fundamental reserva para los ni\u00f1os. [\u2026 esto por cuanto] es sujeto de derechos en cuanto es un individuo de la especie humana.\u201d As\u00ed, la Corte ha precisado que son varias las disposiciones constitucionales que se encargan de su protecci\u00f3n, en tanto \u201cel art\u00edculo 43, al referirse a la protecci\u00f3n de la mujer embarazada, y el art\u00edculo 44, cuando le garantiza a los ni\u00f1os el derecho a la vida, no hacen otra cosa que fortalecer la premisa de que los individuos que a\u00fan no han nacido, por la simple calidad de ser humanos, tienen garantizada desde el momento mismo de la concepci\u00f3n la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales (\u2026)\u201d. (\u00e9nfasis propio)<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
129. En l\u00ednea con lo anterior, esta Corporaci\u00f3n tambi\u00e9n ha sido clara en se\u00f1alar que, en todo caso, el juez constitucional deber\u00e1 analizar en cada caso concreto los derechos fundamentales alegados, para determinar cu\u00e1l puede y cu\u00e1l no puede ser exigido antes del nacimiento. Lo anterior, toda vez que, seg\u00fan la jurisprudencia, los derechos patrimoniales de orden legal que penden sobre el nasciturus solo se hacen efectivos s\u00ed acaece el nacimiento, mientras que, por el contrario, los derechos fundamentales bajo las condiciones antedichas, pueden ser exigibles desde el momento mismo que el individuo ha sido concebido.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
130. De anta\u00f1o, esta Corporaci\u00f3n ha manifestado la centralidad del derecho la vida, en conexidad con el principio de la dignidad humana, como eje definitorio de la Constituci\u00f3n. En la Sentencia T-499 de 1992, la Corte expres\u00f3 que la dignidad humana se establece como un eje cardinal de nuestro paradigma constitucional:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201cEl hombre es un fin en s\u00ed mismo. (\u2026) Las autoridades est\u00e1n precisamente instituidas para proteger a toda persona en su vida, entendida en un sentido amplio como “vida plena”. La integridad f\u00edsica, ps\u00edquica y espiritual, la salud, el m\u00ednimo de condiciones materiales necesarias para la existencia digna, son elementos constitutivos de una vida \u00edntegra y presupuesto necesario para la autorrealizaci\u00f3n individual y social. Una administraci\u00f3n burocratizada, insensible a las necesidades de los ciudadanos, o de sus mismos empleados, no se compadece con los fines esenciales del Estado, sino que al contrario, cosifica al individuo y traiciona los valores fundantes del Estado Social de Derecho (CP art. 1\u00b0)\u201d<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
131. En consonancia con lo anterior, la Corte expuso que el fundamento de la prohibici\u00f3n del aborto radica en el deber de protecci\u00f3n del Estado colombiano a la vida en gestaci\u00f3n y no en el car\u00e1cter de persona humana del nasciturus. En efecto, en la Sentencia C-133 de 1994, la Corte Constitucional afirm\u00f3:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201cEs cierto, que nuestra Constituci\u00f3n Pol\u00edtica reconoce expresamente el derecho inviolable a la vida a quienes son personas pertenecientes al g\u00e9nero humano; pero de all\u00ed no se sigue que la vida humana latente en el nasciturus, carezca de protecci\u00f3n constitucional. En efecto, si el valor esencial protegido por el ordenamiento superior es la vida humana, necesariamente debe colegirse que en donde haya vida, debe existir el consecuente amparo estatal.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201cEn otros t\u00e9rminos la Constituci\u00f3n no s\u00f3lo protege el producto de la concepci\u00f3n que se plasma en el nacimiento, el cual determina la existencia de la persona jur\u00eddica natural, en los t\u00e9rminos de las regulaciones legales, sino el proceso mismo de la vida humana, que se inicia con la concepci\u00f3n, se desarrolla y perfecciona luego con el feto, y adquiere individualidad con el nacimiento.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201cLa vida que la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica protege, comienza desde el instante de la gestaci\u00f3n, dado que la protecci\u00f3n de la vida en la etapa de su proceso en el cuerpo materno, es condici\u00f3n necesaria para la vida independiente del ser humano fuera del vientre de la madre. Por otra parte, la concepci\u00f3n, genera un tercer ser que existencialmente es diferente de la madre, y cuyo desarrollo y perfeccionamiento para adquirir viabilidad de vida independiente, concretada con el nacimiento, no puede quedar al arbitrio de la libre decisi\u00f3n de la embarazada.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201cEn virtud de lo anterior, el Estado tiene la obligaci\u00f3n de establecer, para la defensa de la vida que se inicia con la concepci\u00f3n, un sistema de protecci\u00f3n legal efectivo (\u2026)\u201d (subrayado fuera del texto original).<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
132. Al ocuparse nuevamente del an\u00e1lisis de constitucionalidad del tipo penal de aborto, mediante Sentencia C-013 de 1997, la Corte tampoco reconoci\u00f3 de manera expresa el car\u00e1cter de persona humana del nasciturus, pero si utiliz\u00f3 un lenguaje m\u00e1s espec\u00edfico sobre la protecci\u00f3n a la vida. En concreto, la Corte se\u00f1al\u00f3:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201cDesde la formaci\u00f3n del cigoto hay vida. Una vida que, obviamente, necesita de un proceso biol\u00f3gico natural que culmina con la plena formaci\u00f3n del mismo, pero vida, al fin y al cabo, que no es inferior ni menos importante que la posterior al parto. Su naturaleza humana no se adquiere de un momento a otro mediante la ruptura del cord\u00f3n umbilical sino que acompa\u00f1a al fruto de la concepci\u00f3n desde el principio. Resultar\u00eda artificial y carente de todo respaldo cient\u00edfico la teor\u00eda que sostuviera que, con antelaci\u00f3n al nacimiento, aquella que se desarrollaba en el interior de la matriz no era vida o que no correspond\u00eda a un ser humano. De lo cual se desprende que siempre, desde la fecundaci\u00f3n, fue y sigue siendo digna de respeto y tutela jur\u00eddica\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
133. Ahora bien, en la Sentencia C-355 de 2006 la Corte aclar\u00f3 que:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201cm\u00e1s all\u00e1 de la discusi\u00f3n de si el\u00a0nasciturus\u00a0es una persona y en esa calidad titular de derechos fundamentales, es una vida humana en gestaci\u00f3n, y como tal el Estado colombiano tiene un claro deber de protecci\u00f3n que se deriva, como antes se dijo, de numerosas disposiciones constitucionales. Deber de protecci\u00f3n que tiene un alcance amplio, pues no s\u00f3lo significa la asunci\u00f3n por parte del Estado de medidas de car\u00e1cter prestacional, tomadas a favor de la madre gestante pero orientadas en definitiva a proteger la vida de quien se encuentra en proceso de formaci\u00f3n, sino por cuanto tambi\u00e9n deben adoptarse las normas necesarias para prohibir la directa intervenci\u00f3n tanto del Estado como de terceros en la vida que se est\u00e1 desarrollando\u201d.<\/p>\n
134. As\u00ed pues, determinar en cada caso espec\u00edfico la extensi\u00f3n, el tipo y la modalidad de la protecci\u00f3n a la vida del que est\u00e1 por nacer corresponde al Legislador, quien debe establecer las medidas apropiadas para garantizar que dicha protecci\u00f3n sea efectiva, y en casos excepcionales, especialmente cuando la protecci\u00f3n ofrecida por la Constituci\u00f3n no se puede alcanzar por otros medios, introducir los elementos del derecho penal para proteger la vida del nasciturus.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
135. Por su parte, desde la Sentencia T-223 de 1998, esta Corporaci\u00f3n analiz\u00f3 la acci\u00f3n de tutela presentada por una mujer, en representaci\u00f3n de su hija menor de edad, en la que solicit\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales a la igualdad y a la protecci\u00f3n infantil presuntamente vulnerados por el Jefe de la Secci\u00f3n de Prestaciones Sociales de la Unidad de Primas y Subsidios de la Polic\u00eda Nacional. La accionante se encontraba embarazada cuando su esposo, agente de la Polic\u00eda Nacional, falleci\u00f3 en ejercicio de sus funciones. Cuando la ni\u00f1a naci\u00f3, la demandante solicit\u00f3 a la Polic\u00eda Nacional el reconocimiento del subsidio familiar. La entidad neg\u00f3 el subsidio bajo el argumento que al momento de la muerte solo se ten\u00eda una expectativa de vida de la hija del Polic\u00eda. Al pronunciarse sobre los derechos de quienes est\u00e1n por nacer, la Corte indic\u00f3 que el nasciturus es un sujeto de derechos que pertenece a la especie humana, y que tiene una protecci\u00f3n que se deriva del \u201cespectro de privilegios que la Carta fundamental reservado para los ni\u00f1os\u201d. Aclar\u00f3 que la Constituci\u00f3n protege desde el momento de la concepci\u00f3n aquellos derechos que son connaturales al nasciturus como la vida y la integridad f\u00edsica, mientras que hay otros derechos como el derecho a la libertad personal o libertad de cultos que no pueden ser objeto de protecci\u00f3n prenatal porque la propia naturaleza de su ejercicio no es compatible con el ser que a\u00fan no ha dejado el vientre materno. En virtud de lo anterior, la Corte decidi\u00f3 conceder el amparo solicitado, pues encontr\u00f3 que la Polic\u00eda Nacional hab\u00eda desconocido los derechos del reci\u00e9n nacido que estaban en suspensi\u00f3n desde la concepci\u00f3n, en particular, el derecho al subsidio familiar. Contrario a lo sostenido por la entidad demandada, se adquiri\u00f3 el derecho al subsidio familiar desde el instante de la concepci\u00f3n, a pesar de que s\u00f3lo pudo hacerlo efectivo despu\u00e9s de nacer.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
136. En la Sentencia T-171 de 1999, la Corte estudi\u00f3 y decidi\u00f3 una acci\u00f3n de tutela presentada por una mujer, en nombre propio y en representaci\u00f3n de su hijo que estaba por nacer, con el prop\u00f3sito de que se le protegieran sus derechos fundamentales a la vida y a la salud, presuntamente vulnerados por la EPS Coomeva. La demandante se encontraba en estado de embarazo y padec\u00eda del virus del SIDA, por lo que un m\u00e9dico adscrito a la EPS Coomeva le prescribi\u00f3 una dosis diaria del medicamento AZT. Seg\u00fan la accionante, el medicamento buscaba no s\u00f3lo protegerla a ella, sino evitar el contagio del virus del que estaba por nacer. Sin embargo, la EPS Coomeva se neg\u00f3 a entregar el medicamento porque la demandante no contaba con las 100 semanas exigidas por el Decreto 806 de 1998, reglamentario de la Ley 100 de 1993. La demandante afirm\u00f3 no contar con los medios econ\u00f3micos para asumir directamente el costo del medicamento. La Corte Constitucional, al referirse a la especial protecci\u00f3n que el Estado debe brindar a las mujeres embarazadas y al nasciturus, reiter\u00f3 que el nasciturus \u201cse encuentra protegido por el espectro de privilegios que la Carta Fundamental reserva para los ni\u00f1os\u201d, y afirm\u00f3 que los que est\u00e1n por nacer son titulares de derechos fundamentales que pueden ser amparados a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela. En este caso, la Corte Constitucional concedi\u00f3 el amparo del derecho a la salud en conexidad con la vida de la demandante y su hijo. En consecuencia, orden\u00f3 a la EPS Coomeva entregar el medicamento ordenado por el m\u00e9dico tratante.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
137. Luego de la Sentencia C-355 de 2006, la jurisprudencia constitucional entendi\u00f3 que la vida del nasciturus es un \u201cbien jur\u00eddicamente relevante\u201d, respecto del cual se predica una protecci\u00f3n constitucional especial que supone que el Estado debe proteger al que est\u00e1 por nacer. En dicha providencia, la Corte Constitucional expuso que diversos mandatos constitucionales y el derecho internacional de los derechos humanos que hacen parte del bloque de constitucionalidad protegen la vida en distintas etapas, dentro de los cuales se incluye, por supuesto, la vida en gestaci\u00f3n, que tiene un car\u00e1cter de bien constitucionalmente protegido. As\u00ed pues, en Colombia, \u201cla vida del nasciturus es un bien constitucionalmente protegido y por esa raz\u00f3n el legislador est\u00e1 obligado a adoptar medidas para su protecci\u00f3n\u201d (negrita y subrayado fuera del texto original).<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
138. Como se ha expresado, la vida humana transcurre en distintas etapas y se manifiesta de diferentes formas, las que a su vez tienen una protecci\u00f3n jur\u00eddica distinta. El ordenamiento jur\u00eddico tanto nacional como en el Sistema Interamericano, si bien es verdad, que otorga protecci\u00f3n al nasciturus, no la otorga en el mismo grado e intensidad que a la persona humana. Esta postura fue adoptada tambi\u00e9n en la Sentencia C-327 de 2016.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
139. En la Sentencia T-010 de 2019, la Corte indic\u00f3 que el derecho a la salud \u201cdebe ser interpretado de forma amplia, de manera que su ejercicio solo no se predica\u00a0cuando peligra la vida como mera existencia, sino que por el contrario, ha considerado la propia jurisprudencia que \u201c(\u2026) salud comporta el goce de distintos derechos, en especial el de la vida y el de la dignidad\u201d. Este derecho, de acuerdo con la Corte, \u201cadquiere particular relevancia trat\u00e1ndose de ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes\u201d, respecto de quienes, en virtud del art\u00edculo 44 de la Constituci\u00f3n y varios instrumentos internacionales, prevalecen sobre los derechos de los dem\u00e1s. De igual forma, en las Sentencias T-705 de 2017, T-178 de 2019, T-090 de 2021 y T-450 de 2021 esta Corporaci\u00f3n ha entendido que la garant\u00eda del derecho a la salud en ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes (nacionales o migrantes) tiene unas caracter\u00edsticas especiales derivadas de la garant\u00eda reforzada de sus derechos y el principio del inter\u00e9s superior del ni\u00f1o.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
140. El recuento jurisprudencial presentado demuestra que ha sido una l\u00ednea constante el reconocimiento de una protecci\u00f3n a la vida en gestaci\u00f3n. Si bien en algunas oportunidades se ha intentado distinguir la garant\u00eda del derecho a la vida y los derechos del que est\u00e1 por nacer, el ordenamiento jur\u00eddico constitucional colombiano -as\u00ed como el internacional y regional-, han destacado la necesidad de proteger la vida que se encuentra en proceso de formaci\u00f3n en el vientre materno, y se ha referido sobre la obligaci\u00f3n de protecci\u00f3n en cabeza del Estado en estos escenarios. Lo cierto es que el derecho a la vida se protege desde la concepci\u00f3n, pues el ordenamiento jur\u00eddico protege al ser humano de manera general, y el embri\u00f3n es un miembro de la especie humana per se, o a partir de su implantaci\u00f3n en los t\u00e9rminos de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
141. As\u00ed las cosas, el derecho de la vida en gestaci\u00f3n, tal como cualquier otro derecho, puede ser objeto de restricciones razonables y proporcionadas al entrar en conflicto con otras garant\u00edas. Por eso, desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha entendido que la protecci\u00f3n es gradual e incremental. Sin perjuicio de lo anterior, ning\u00fan tipo de decisi\u00f3n puede anular o suspender en cualquiera de sus estados la protecci\u00f3n del ser humano, como elemento anterior para la existencia y reconocimiento de derechos. De ah\u00ed que, no se puede desconocer que la vida en gestaci\u00f3n goza de un nivel de protecci\u00f3n especial, derivada de las circunstancias de vulnerabilidad en que se encuentra, y dada su calidad de ser sintiente y titular de derechos.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
142. Adicional a lo expuesto hasta este punto, es preciso destacar que tal es la importancia que se ha reconocido en nuestro ordenamiento jur\u00eddico a la vida en gestaci\u00f3n, que la protecci\u00f3n del que est\u00e1 por nacer se advierte distintos \u00e1mbitos del ordenamiento jur\u00eddico, a saber: (i) en la garant\u00eda reforzada que recae sobre la mujer embarazada; (ii) en la prestaci\u00f3n prioritaria en salud que debe brind\u00e1rsele en todas las etapas de su proceso gestacional; y (iii) en los servicios de salud y protecci\u00f3n espec\u00edfica a favor del feto o del embri\u00f3n en su proceso de desarrollo que lo conciben como un paciente.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
143. En primer lugar, cabe poner de presente que el art\u00edculo 43 de la Constituci\u00f3n dispone que la mujer, \u201c[d]urante el embarazo y despu\u00e9s del parto gozar\u00e1 de especial asistencia y protecci\u00f3n del Estado, y recibir\u00e1 de este subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada.\u201d En la Ley 823 de 2003, el art\u00edculo 7 desarrolla el antedicho mandato constitucional, y dispone que \u201c[p]ara el cumplimiento de esta obligaci\u00f3n, el Gobierno Nacional dise\u00f1ar\u00e1 planes especiales de atenci\u00f3n a las mujeres no afiliadas a un r\u00e9gimen de seguridad social. (\u2026)\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
144. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido reiterada en que la mujer embarazada es un sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional, respecto de quien se derivan unas garant\u00edas espec\u00edficas durante la gestaci\u00f3n y despu\u00e9s del parto. Uno de estos escenarios de protecci\u00f3n se encuentra en el \u00e1mbito laboral, con el cual se tiene la finalidad que la mujer cuente con los recursos necesarios para garantizar sus necesidades b\u00e1sicas y las de su hijo, que no falte alimentaci\u00f3n ni los insumos b\u00e1sicos que requieren uno y otro durante este proceso de la vida. Tanto as\u00ed, que incluso el art\u00edculo 43 de la Constituci\u00f3n dispone la obligaci\u00f3n de otorgarle a la mujer en gestaci\u00f3n un subsidio alimentario en caso de desempleo o desamparo.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
145. Por ejemplo, en la Sentencia SU-075 de 2018, esta Corporaci\u00f3n record\u00f3 que la protecci\u00f3n laboral reforzada de las mujeres durante la gestaci\u00f3n y la lactancia \u201ces un mandato superior que se deriva principalmente de cuatro fundamentos constitucionales\u201d: (i) el derecho que en general tienen todas las mujeres a recibir una especial protecci\u00f3n en la maternidad; (ii) la protecci\u00f3n de la mujer embarazada o lactante de la discriminaci\u00f3n que pueden sufrir en el \u00e1mbito laboral; (iii) la protecci\u00f3n del derecho al m\u00ednimo vital y a la vida tanto de la mujer como del que est\u00e1 por nacer; y (iv) la relevancia de la familia en el orden constitucional. De estos presupuestos, se han justificado figuras como el fuero de maternidad, la prohibici\u00f3n general de despido a las mujeres por motivo de su embarazo o lactancia, entre otras.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
146. En la Sentencia T-088 de 2008, la Corte Constitucional conoci\u00f3 sobre un caso de una mujer que con 8 meses de embarazo fue desafiliada de la seguridad social. Sin perjuicio que durante el tr\u00e1mite constitucional el asunto result\u00f3 en una carencia actual de objeto por lo que el nacimiento del ni\u00f1o ya hab\u00eda tenido lugar, la Corte expres\u00f3 que existe una obligaci\u00f3n en cabeza del sistema de seguridad social en Colombia de garantizar la continuidad en la prestaci\u00f3n del servicio de salud cuando se encuentran involucrados los derechos de sujetos de especial protecci\u00f3n constitucional, tal como lo son las mujeres embarazadas y los ni\u00f1os. Se advirti\u00f3 que la actuaci\u00f3n de la EPS de \u201cdesafiliar a dos sujetos de especial protecci\u00f3n constitucional, no s\u00f3lo vulner\u00f3 el derecho fundamental a la salud y a la seguridad social de la actora y de su hijo, sino que, adem\u00e1s de transgredir el derecho al debido proceso de la se\u00f1ora (\u2026), amenaz\u00f3 el derecho a la vida de ambos.\u201d<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
147. En esta providencia, se trae a colaci\u00f3n adem\u00e1s de la garant\u00eda especial a favor de la mujer embarazada derivada del art\u00edculo 43 de la Constituci\u00f3n, el deber especial en cabeza de la familia, la sociedad y el Estado de asistir y proteger a los ni\u00f1os a efectos de procurar su desarrollo arm\u00f3nico e integral, as\u00ed como la de \u201casegurar atenci\u00f3n prenatal y postnatal apropiada a las madres\u201d, que se encuentra consagrado en la Convenci\u00f3n de los Derechos del Ni\u00f1o.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
148. De lo anterior, se tiene que la atenci\u00f3n en salud a la mujer en embarazo supone una protecci\u00f3n que se origina tambi\u00e9n en la importancia de proteger la salud de la vida en gestaci\u00f3n, dado el impacto que el embarazo puede tener en los derechos a la salud, a la vida, a la integridad y a la dignidad del que est\u00e1 por nacer, como un sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional, respecto del cual se garantiza el mismo espectro de derechos que el ordenamiento jur\u00eddico reconoce a favor de las ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes. Ciertamente lo que ocurra durante la gestaci\u00f3n tiene una incidencia directa en lo que ser\u00e1 el proceso de desarrollo integral del ni\u00f1o.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
149. En materia de salud, durante la vida gestacional, el nasciturus puede ser objeto de intervenciones quir\u00fargicas o beneficiario de medicamentos espec\u00edficos que deber\u00e1 tomar la madre para que pueda recuperarse de ciertos diagn\u00f3sticos de enfermedades. Por ejemplo, en los casos de diagn\u00f3stico del feto con espina b\u00edfida, existe la posibilidad de practicar una cirug\u00eda prenatal con el fin de que se puedan reducir las limitaciones de movilidad que con ocasi\u00f3n de esa afectaci\u00f3n se puedan generar para el ni\u00f1o durante su proceso de desarrollo despu\u00e9s del nacimiento. La mayor\u00eda de estas intervenciones quir\u00fargicas deben realizarse antes de la semana 26 de embarazo.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
150. As\u00ed, en l\u00ednea con lo que ha sido expuesto, es posible afirmar que el feto o el embri\u00f3n son titulares del ejercicio de los derechos como la salud y la dignidad humana, dado su car\u00e1cter de ser sintiente de la especie humana. Sobre todo cuando es viable que el feto pueda vivir independiente del cuerpo de la mujer, caso en el cual puede considerarse como un paciente. La viabilidad del feto se ha definido como la capacidad de sobrevivir por fuera del vientre materno con el correspondiente apoyo m\u00e9dico y uso de tecnolog\u00edas. En algunos estudios se ha entendido que ello puede ocurrir desde la semana 22 del embarazo.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
151. As\u00ed las cosas, el nasciturus como parte de la especie humana goza de una protecci\u00f3n espec\u00edfica en el ordenamiento jur\u00eddico, de manera que es titular de los derechos como la salud y la vida digna, y respecto de qui\u00e9n, adem\u00e1s de la protecci\u00f3n a trav\u00e9s de la mujer embarazada, es posible prestar servicios de salud directamente. De lo anterior, es posible afirmar que el que est\u00e1 por nacer puede concebirse como un paciente del sistema de salud. Lo expuesto hasta este punto explica por qu\u00e9, en el \u00e1mbito de los contratos de medicina prepagada, se exige a los padres hacer la afiliaci\u00f3n del que est\u00e1 por nacer entre las semanas 12 y la 22. Lo anterior, a efectos que la cobertura del contrato sea plena y no se generen restricciones en la prestaci\u00f3n de cualquier tipo de servicio con ocasi\u00f3n de posibles preexistencias o exclusiones.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
152. Por su parte, tambi\u00e9n en lo que se refiere a la atenci\u00f3n prioritaria en salud que se otorga a las mujeres embarazadas, es preciso hacer referencia a la l\u00ednea que al respecto se ha desarrollado en la Corte en torno a la garant\u00eda de la mujer embarazada en situaci\u00f3n migratoria irregular. Al respecto, cabe recordar que, de acuerdo con esta Corporaci\u00f3n, la atenci\u00f3n en salud para la poblaci\u00f3n migratoria que no se encuentra regularizada se limita a la atenci\u00f3n b\u00e1sica y de casos de urgencias. En lo que respecta a las mujeres embarazadas que se encuentran en situaci\u00f3n irregular, la Corte entendi\u00f3 que sin perjuicio de no regularizar su situaci\u00f3n, la mujer en estado de gestaci\u00f3n era titular del derecho de atenci\u00f3n en salud, dada la necesidad de garantizar los controles prenatales, la atenci\u00f3n efectiva durante el proceso de parto y en el post parto, dada la conexidad que tiene este proceso de gestaci\u00f3n con el derecho a la vida digna, \u201clo cual puede estar estrechamente vinculado con la exigencia de pago de los servicios b\u00e1sicos y de urgencias a los afectados.\u201d<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
153. En efecto, en la Sentencia SU-677 de 2017 se consider\u00f3 que el Hospital accionado hab\u00eda vulnerado los derechos fundamentales de una mujer en situaci\u00f3n migratoria irregular que se encontraba en estado de embarazo, cuando se neg\u00f3 a realizar los controles prenatales y a no atender el parto de forma gratuita. Siendo que la mujer se encontraba, adem\u00e1s, en una circunstancia de pobreza extrema.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
154. Este tipo de garant\u00edas dispuestas en el ordenamiento jur\u00eddico, necesariamente suponen el amparo de los derechos de la vida y dignidad humana del que est\u00e1 por nacer y la vida en gestaci\u00f3n, lo cual deriva en la garant\u00eda de los derechos a la salud, entre otros, del feto y del embri\u00f3n, es decir, de la vida desde la concepci\u00f3n. De lo establecido hasta aqu\u00ed, se puede derivar que del marco jur\u00eddico constitucional el que est\u00e1 por nacer, ni\u00f1o o ni\u00f1a, es en todo caso, miembro de la especie humana. En general, en el derecho internacional de los derechos humanos de la existencia de un derecho humano se derivan obligaciones para el Estado de respeto y garant\u00eda. Cuesti\u00f3n similar ha sido reconocida por esta Corte en su jurisprudencia. Por lo tanto, Colombia -incluidos sus jueces constitucionales- tienen la obligaci\u00f3n de respetar y garantizar el derecho a la vida, la integridad personal, la igualdad y todos los dem\u00e1s derechos de los no nacidos. La garant\u00eda de estos derechos implica entre otras acciones promoverlos, y prevenir, investigar, juzgar y sancionar sus vulneraciones.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
155. Finalmente, si es que esta Corte Constitucional o las autoridades nacionales decidieron omitir la abrumadora evidencia de que el no nacido, ni\u00f1o o ni\u00f1a, es miembro de la especie humana y, por lo tanto es sujeto de derechos, no hay duda de que en coherencia con la jurisprudencia constitucional, es un ser sintiente. As\u00ed, esta Corte en la Sentencia C-467 de 2016 estableci\u00f3 que de la relaci\u00f3n de los seres humanos con la fauna se derivan una serie de deberes de protecci\u00f3n y cuidado:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201cun deber de resguardo de los animales contra el padecimiento, el maltrato y la crueldad. De la relaci\u00f3n entre la naturaleza y los seres humanos se puede inferir el estatus moral de la vida animal y dotar de la capacidad de sufrimientos a los mismos, por ello se entiende que son seres sintientes que conllevan a una serie de obligaciones para los seres humanos, de cuidado y protecci\u00f3n\u201d<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
156. Este reconocimiento de derechos y correlativas obligaciones para los seres humanos se ha extendido incluso a partes del medio ambiente como el R\u00edo Atrato y la Amazon\u00eda. En jurisprudencia reciente, esta Corte ha establecido que los animales merecen protecci\u00f3n como \u201cseres sintientes, individualmente considerados\u201d, y que incluso en caso de duda sobre su condici\u00f3n de sintientes -en el caso de peces-, en virtud del principio de precauci\u00f3n deben prohibirse actividades que potencialmente puedan causar dolor. Esta l\u00ednea jurisprudencial implica reevaluar el d\u00e9ficit de protecci\u00f3n en el que ha quedado el no nacido con esta Sentencia C-055 de 2022.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
157. En la literatura cient\u00edfica se ha establecido que existe evidencia del dolor fetal al menos desde la semana 20 de gestaci\u00f3n. En las semanas previas, no hay evidencia de inexistencia de dolor fetal, sino ausencia de prueba sobre su ocurrencia. Incluso en semanas m\u00e1s tempranas hay evidencia de reacciones fisiol\u00f3gicas al dolor. Algunos art\u00edculos cient\u00edficos que fueron aportados al proceso de constitucionalidad indican que existen evidencias de este dolor desde la semana 7 de gestaci\u00f3n. Esto implica que, mucho antes del l\u00edmite establecido por la Corte Constitucional de 24 semanas, hay evidencia de dolor fetal. As\u00ed las cosas, los seres humanos en gestaci\u00f3n deben ser considerados seres sintientes y se generan para todos los dem\u00e1s deberes de cuidado y protecci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
158. \u00a0En suma, haciendo una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica del marco jur\u00eddico constitucional se puede establecer que los no nacidos, ni\u00f1os o ni\u00f1as, son miembros de la especie humana, y que el Estado debe respetar y promover sus derechos, y prevenir, investigar, juzgar y sancionar las violaciones en su contra. Adicionalmente, que de conformidad con la jurisprudencia constitucional, deben ser reconocidos como m\u00ednimo como seres sintientes, y que tal condici\u00f3n genera obligaciones de protecci\u00f3n y cuidado respecto de ellos.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Sobre la ponderaci\u00f3n de los derechos del que est\u00e1 por nacer<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
159. A la luz de lo presentado hasta este punto, se advierte con suma claridad que la vida en gestaci\u00f3n tiene una protecci\u00f3n especial por parte del Estado, en tanto que se trata de un sujeto de la especie humana que es un ser sintiente y es titular de derechos. Sin perjuicio de esto, la jurisprudencia de la Corte tambi\u00e9n ha entendido que el deber de protecci\u00f3n a favor del nasciturus debe ser ponderado cuando entra en conflicto con otros derechos y principios, como, por ejemplo, los derechos de la mujer.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
160. En efecto, en virtud de una ponderaci\u00f3n realizada por la Corte Constitucional entre el deber de protecci\u00f3n del nasciturus y los derechos, principios y valores en cabeza de la mujer gestante tales como la dignidad humana, en la Sentencia C-355 del 2006 se despenaliz\u00f3 el aborto en tres causales espec\u00edficas. En dicha sentencia la Corte, concluy\u00f3 que la preeminencia de la protecci\u00f3n de la vida del nasciturus, mediante la amenaza de la sanci\u00f3n penal, resultaba excesiva y desproporcionada frente a los derechos fundamentales de la mujer embarazada, cuando: (i) el embarazo era resultado de una conducta constitutiva de acceso carnal, o acto sexual sin consentimiento, abusivo, de inseminaci\u00f3n artificial, transferencia de \u00f3vulo fecundado no consentidas o incesto; (ii) existe amenaza contra la salud y la vida de la mujer gestante; y (iii) existe malformaciones en el feto de tal gravedad que hacen inviable su vida.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
161. Bajo este panorama explicado, en el marco de la tensi\u00f3n que se presenta entre los derechos sexuales y reproductivos de la mujer y la obligaci\u00f3n de protecci\u00f3n del derecho a la vida y la garant\u00eda de los derechos del que est\u00e1 por nacer, la soluci\u00f3n adoptada en la Sentencia C-055 de 2022 resulta en la prevalencia total de un derecho sobre otro, en el que se le resta cualquier tipo de valor o importancia a la vida embrionaria desde el momento de la concepci\u00f3n, en los t\u00e9rminos se\u00f1alados por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y aceptada por la jurisprudencia constitucional.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
162. As\u00ed, sin perjuicio de garantizar como se debe hacer, los derechos de la mujer a la vida, a la vida digna, a la igualdad, al libre desarrollo de su personalidad, a la libertad sexual y reproductiva, a la salud, a la educaci\u00f3n, al libre desarrollo de la personalidad y dem\u00e1s derechos conexos de los cuales son titulares, la despenalizaci\u00f3n del aborto con fundamento en un sistema de plazos hasta la semana 24 de gestaci\u00f3n sin que exista raz\u00f3n alguna de inconstitucionalidad, afecta de manera irrazonable y desproporcionada la obligaci\u00f3n constitucional y convencional de protecci\u00f3n de la vida del que est\u00e1 por nacer en ese per\u00edodo y correlativamente sus derechos a la vida, a la dignidad humana y a la salud, entre otros.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
163. Por dem\u00e1s, los respetables argumentos invocados en la sentencia para tal efecto no constituyen razones de inconstitucionalidad y, por lo mismo, no pod\u00edan ser abordados por la Corte para fundar en ellos una decisi\u00f3n judicial en ejercicio de un control abstracto de constitucionalidad, motivo por el cual no resuelven la tensi\u00f3n existente entre las citadas obligaciones de protecci\u00f3n del derecho a la vida y los enunciados derechos fundamentales.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
164. Con la Sentencia C-055 de 2022 se desconoce de forma absoluta la garant\u00eda de la vida humana en gestaci\u00f3n, para dar lugar \u00fanicamente a la protecci\u00f3n de la vida fetal a partir de la semana 24 de gestaci\u00f3n. Ello da lugar a que, m\u00e1s all\u00e1 de la garant\u00eda que a su vez merecen los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, as\u00ed como el resto de sus garant\u00edas constitucionales, se hayan anulado por completo las garant\u00edas que el ordenamiento nacional e internacional establecen a favor de la vida en gestaci\u00f3n. La Sentencia debatida y votada el 21 de febrero de 2022 no da cuenta alguna de raz\u00f3n que permita inferir por qu\u00e9 se protege la vida del que est\u00e1 por nacer a partir del d\u00eda primero de la semana 24, pero no se protege la vida del que est\u00e1 por nacer hasta el d\u00eda anterior.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
165. Aunque la providencia advierte la necesidad de la protecci\u00f3n del bien jur\u00eddico de la vida en gestaci\u00f3n como una finalidad constitucional imperiosa (art\u00edculos 11 de la CP y 4.1 de la CADH), finalmente con la decisi\u00f3n contenida en la parte resolutiva se desconoce la protecci\u00f3n que recae en el embri\u00f3n, esto es, en el ser humano despu\u00e9s de la concepci\u00f3n. De ah\u00ed que, lo dicho en la parte motiva sobre la protecci\u00f3n de la vida en gestaci\u00f3n se convierte entonces en mera ret\u00f3rica que no sirve para justificar la decisi\u00f3n adoptada. Esto tambi\u00e9n desconoce la protecci\u00f3n internacional y del Sistema Interamericano respecto de la vida desde la concepci\u00f3n, en tanto que suprime completamente la protecci\u00f3n de una de las etapas de la vida en gestaci\u00f3n, generando una prevalencia total de los derechos de la mujer.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
166. Lo indicado genera particulares dudas cuando la ponderaci\u00f3n del derecho a la vida como derecho fundamental y humano ampliamente protegido, se realiza respecto de la posibilidad que tendr\u00edan las mujeres de realizar la IVE que se origina en el derecho reproductivo de decidir el n\u00famero de hijos y el espaciamiento entre ellos, el cual, no necesariamente tiene un contenido fundamental.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
167. Sin lugar a dudas, esta determinaci\u00f3n adoptada en la Sentencia C-055 de 2022 implica una regresi\u00f3n en materia de protecci\u00f3n de los derechos del nasciturus, as\u00ed como frente a la obligaci\u00f3n de protecci\u00f3n de la vida desde la concepci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 4.1 de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos, en los t\u00e9rminos se\u00f1alados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en los art\u00edculos 1, 11 y 44 de la Constituci\u00f3n, seg\u00fan lo establecido por la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional desde 1993.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
No existe fundamento constitucional para la despenalizaci\u00f3n del aborto hasta la semana 24<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
168. Ahora bien, sin desconocer los derechos de las mujeres que se ven impactados por un embarazo en crisis, en la decisi\u00f3n adoptada por la \u201cmayor\u00eda\u201d de la Corte no se evidencia con claridad cu\u00e1l es el fundamento para considerar que la penalizaci\u00f3n del aborto es inconstitucional a partir de la semana 24 de gestaci\u00f3n, y c\u00f3mo esta medida permite garantizar los derechos supuestamente vulnerados por el tipo penal. Por lo tanto, la decisi\u00f3n de la Corte, lejos de garantizar la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la vulnera. Con el fin de sustentar este punto, a continuaci\u00f3n: (i) evidenciar\u00e9 la ausencia de fundamento del plazo de las 24 semanas de gestaci\u00f3n, (ii) abordar\u00e9 los vac\u00edos que resultan del an\u00e1lisis de los derechos presuntamente vulnerados, y (iii) evidenciar\u00e9 la ausencia de rigurosidad en el test de proporcionalidad desarrollado por la Corte.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
El plazo de las 24 semanas de gestaci\u00f3n no tiene fundamento<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
170. Primera, la mayor\u00eda de la Corte considera que el concepto de protecci\u00f3n gradual e incremental desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) implica que debe existir un sistema de plazos para la realizaci\u00f3n de aborto. As\u00ed, la sentencia expone que ya la Corte IDH al establecer un sistema de protecci\u00f3n del derecho a la vida de forma gradual e incremental, reconoce que el derecho a la vida no es absoluto, y por lo tanto para lograr el \u00f3ptimo constitucional se debe despenalizar el aborto hasta la semana 24 de gestaci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
171. Esta premisa resulta profundamente problem\u00e1tica. Si bien es cierto que la Corte IDH se refiri\u00f3 a una protecci\u00f3n gradual e incremental, este concepto lo incluy\u00f3 en una decisi\u00f3n que nada ten\u00eda que ver con el aborto, sino con la fecundaci\u00f3n in vitro, para la cual los momentos relevantes de la gestaci\u00f3n son la fecundaci\u00f3n y la implantaci\u00f3n. Por lo que, de dicha decisi\u00f3n no se puede argumentar que un sistema de plazos en el aborto es un \u00f3ptimo constitucional para proteger los derechos en tensi\u00f3n, incluido el derecho a la vida del no nacido. Adicionalmente, el propio concepto de gradual e incremental precisa de una protecci\u00f3n constante a la vida. No ser\u00e1 gradual un sistema que deja desprotegido al no nacido hasta los seis meses de gestaci\u00f3n. Este es un sistema que durante m\u00e1s de la mitad de la gestaci\u00f3n deja en un d\u00e9ficit absoluto de protecci\u00f3n al que est\u00e1 por nacer \u00a1Nada m\u00e1s contrario al concepto de gradualidad!<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
172. Podr\u00eda argumentarse que la gradualidad est\u00e1 en la utilizaci\u00f3n del derecho penal solo en etapas avanzadas del embarazo. Sin embargo, la gradualidad requiere que existan medidas de protecci\u00f3n, y lo cierto es que sin el tipo penal de aborto no hay una sola medida en el ordenamiento jur\u00eddico colombiano que proteja a los no nacidos de abortos arbitrarios. Aunque \u00f3rganos internacionales han llamado la atenci\u00f3n sobre el riesgo de los abortos selectivos en raz\u00f3n del g\u00e9nero, o por razones de discapacidad, nada previene en este momento que en Colombia se lleven a cabo tales procedimientos. La mayor\u00eda de la Corte acept\u00f3 el postulado de la demanda seg\u00fan el cual es la madre la que decide si un ser humano es persona, al menos hasta las 24 semanas de gestaci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
173. Adicionalmente, la sentencia se\u00f1ala:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201cEste t\u00e9rmino tambi\u00e9n es consecuente con la informaci\u00f3n aportada al proceso de constitucionalidad, ampliamente referida, seg\u00fan la cual la pr\u00e1ctica de abortos consentidos tiene menor incidencia porcentual en ese momento, lo que supone, por tanto, una mayor protecci\u00f3n in genere de la vida en gestaci\u00f3n, incluso por la v\u00eda penal. En este sentido, seg\u00fan precisa Profamilia en el concepto t\u00e9cnico aportado al proceso, a partir de datos comparados, la mayor\u00eda de los abortos se practican en el primer trimestre.\u201d (Negrillas fuera del texto original)<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
174. Este argumento evidencia la contradicci\u00f3n de la figura adoptada por la mayor\u00eda de la Corte, y la obligaci\u00f3n de proteger la vida de forma gradual e incremental. Seg\u00fan datos de Profamilia, el 93,77% de los abortos se realizan en el primer trimestre, esto quiere decir que es en esta etapa en la que la vida de los no nacidos est\u00e1 siendo m\u00e1s afectada. En este sentido, si la medida en efecto busca dirimir la tensi\u00f3n de derechos, sin cercenar ninguno, resulta en un contrasentido que se despenalice, sin que exista ninguna otra medida de protecci\u00f3n, la pr\u00e1ctica de abortos en la etapa gestacional en la que en mayor medida se presentan.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
175. Segunda, la mayor\u00eda de la Corte considera que el concepto de autonom\u00eda es mejor que el de existencia, en tanto a este \u00faltimo \u201cle es propio un problema de indefinici\u00f3n\u201d. Esta premisa tiene varios problemas argumentativos. El primero es que parte de que la gestaci\u00f3n humana se divide en dos momentos: la existencia y la autonom\u00eda, cuesti\u00f3n que desconoce por completo la embriolog\u00eda humana y que deja de lado importantes momentos como el de la aparici\u00f3n de dolor fetal. El segundo, es que considera que respecto del plazo de la autonom\u00eda hay consenso en las 24 semanas, que es un plazo que no adolece del problema de indefinici\u00f3n, cuesti\u00f3n que es falsa desde el punto de vista cient\u00edfico.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
176. As\u00ed, la mayor\u00eda de la Corte sustenta que la autonom\u00eda, concepto derivado de la viabilidad extrauterina, ocurre a las 24 semanas de gestaci\u00f3n, y el fundamento para determinar este plazo es, seg\u00fan la nota al pie 609 de la sentencia:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201cEste l\u00edmite gestacional para la pr\u00e1ctica del aborto voluntario ha sido adoptado, entre otros, en Holanda, en varios estados de Estados Unidos, en varias de las provincias y territorios de Canad\u00e1, en Singapur y en algunos estados de Australia. Este concepto, tambi\u00e9n asociado a la voz de \u201cviabilidad\u201d, fue determinante para la definici\u00f3n del l\u00edmite en el que se consider\u00f3 justificado el inter\u00e9s estatal en proteger la vida en gestaci\u00f3n y, por tanto, permitir a los estados prohibir la pr\u00e1ctica del aborto voluntario, en los casos Roe vs. Wade (1973) y Planned Parenthood vs. Casey (1992), de la Corte Suprema de Estados Unidos. En el primero, en atenci\u00f3n al estado de la t\u00e9cnica para aquel momento, el t\u00e9rmino de \u201cviabilidad\u201d se fij\u00f3 en la semana 28 de gestaci\u00f3n; en el segundo, como consecuencia del avance en la t\u00e9cnica m\u00e9dica, dicho t\u00e9rmino se consider\u00f3 que se presentaba en alg\u00fan momento entre las semanas 23 y 24 de gestaci\u00f3n.\u201d (Negrillas fuera del texto original)<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
177. El plazo seleccionado por la providencia no se fundament\u00f3 en estudios cient\u00edficos -que de hecho fueron aportados al proceso-, ni en informes m\u00e9dicos, sino en legislaci\u00f3n comparada, de Estados que: (i) tienen contextos muy diferentes al colombiano, (ii) en sus mismas legislaciones ha variado el tiempo de viabilidad (Estados Unidos), y (iii) no les resulta vinculante el art\u00edculo 4.1 de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos, que establece el derecho a la vida desde la concepci\u00f3n. La sentencia ni siquiera realiza un estudio serio de derecho comparado, en el que podr\u00eda haber establecido que la mayor\u00eda de los pa\u00edses que tienen sistemas de plazos, definen la despenalizaci\u00f3n muy por debajo de las 24 semanas de gestaci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
178. La indefinici\u00f3n del plazo de las 24 semanas se ve en el mismo texto de la sentencia, en el que se indic\u00f3, por ejemplo, que \u201cla Federaci\u00f3n Colombiana de Obstetricia y Ginecolog\u00eda sostuvo que la viabilidad del feto depende de la tecnolog\u00eda disponible para asistirlo de forma artificial con el fin de llevarlo a un punto en el que su vida pueda ser verdaderamente aut\u00f3noma\u201d. A rengl\u00f3n seguido, se se\u00f1ala que el Colegio Real de Ginecolog\u00eda y Obstetricia del Reino Unido establece que la viabilidad ocurre a las 22 semanas de gestaci\u00f3n, la a Sociedad de Cirug\u00eda de Bogot\u00e1 a las 24-26 semanas, la Pontificia Universidad Javeriana explic\u00f3 que esta viabilidad en realidad ocurre a las 37 semanas de gestaci\u00f3n. Esto, sin tomar en consideraci\u00f3n otros estudios que se\u00f1alan que la viabilidad ocurre a las 22 semanas de gestaci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
179. Como se ve en el concepto de la Federaci\u00f3n Colombiana de Obstetricia y Ginecolog\u00eda, la indefinici\u00f3n es consustancial al concepto de viabilidad, pues este se deriva de m\u00faltiples factores, entre otros: la calidad de los servicios m\u00e9dicos, el peso del feto, la salud del feto y de la madre. Esta es una de las razones que se incluye en el draft del caso Dobbs de la Corte Suprema de Estados Unidos, para expresar que la l\u00ednea de 24 semanas de gestaci\u00f3n no tiene sentido constitucional. Este draft podr\u00eda dejar sin efecto las dos sentencias que le sirven de base a la mayor\u00eda de la Corte para establecer el l\u00edmite. Y, sobre esto, quisiera hacer un llamado de atenci\u00f3n, pues no es admisible que la metodolog\u00eda usada por una Corte Constitucional para determinar el l\u00edmite seg\u00fan el cual un ser humano ser\u00e1 protegido, sea un r\u00e1pida revisi\u00f3n de legislaciones comparadas. En el propio desarrollo de las legislaciones de Estados Unidos se han presentado profundas discusiones sobre la limitaci\u00f3n de los abortos incluso antes de la semana 24, por ejemplo en la semana 20 por la evidencia de existencia de dolor fetal.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
180. Si el sustento de la mayor\u00eda de la Corte fue usar legislaci\u00f3n comparada, quedan muchas dudas de la escogencia de esta legislaci\u00f3n como expresamente las plantee en el debate de la Sala Plena \u00bfpor qu\u00e9 no la semana 20 por el dolor fetal? o \u00bfla semana 12 como en Uruguay?, o \u00bfla prohibici\u00f3n general como en El Salvador? La ausencia de debida justificaci\u00f3n puede interpretarse como la necesidad de acoger el l\u00edmite m\u00e1s amplio que se ha dado en las legislaciones comparadas, cuesti\u00f3n que no sustenta un juicio de constitucionalidad. Pero adem\u00e1s, como lo mencionaba anteriormente, la mayor\u00eda de la Corte no hace un an\u00e1lisis riguroso de la compatibilidad de esa legislaci\u00f3n con el ordenamiento jur\u00eddico colombiano y el contexto colombiano. Por lo tanto, en mi opini\u00f3n, este l\u00edmite temporal es completamente arbitrario.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
181. La cuesti\u00f3n resulta a\u00fan m\u00e1s problem\u00e1tica, en el entendido que la propia Academia Nacional de Medicina de Colombia se\u00f1ala que no fue consultada para la definici\u00f3n del l\u00edmite temporal, y en todo caso encuentran inadecuado este l\u00edmite.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
182. Tercera, la posici\u00f3n mayoritaria parece partir de una base no demostrada seg\u00fan la cual la viabilidad es un concepto con relevancia constitucional. Esta es la premisa m\u00e1s problem\u00e1tica, pues nos encontramos ante un juicio de constitucionalidad, por lo que los conceptos que deben ser aplicados para resolver el problema jur\u00eddico, deben tener relevancia constitucional. Las etapas gestacionales, as\u00ed como el concepto de viabilidad pueden tener impacto en la determinaci\u00f3n de una regulaci\u00f3n legal del aborto, donde se analizan cuestiones de conveniencia. Pero el resultado constitucional de la escogencia de la Corte del l\u00edmite de 24 semanas es que antes de las 23 semanas el no nacido es \u201cirrelevante\u201d constitucionalmente, o al menos el no nacido \u201cno deseado por su madre\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
183. As\u00ed pues, aqu\u00ed hay una cuesti\u00f3n fundamental que no fue analizada por la mayor\u00eda de la Corte, y es que el no nacido como persona a la luz de la CADH, como ni\u00f1o o ni\u00f1a a la luz de la Convenci\u00f3n de los Derechos del Ni\u00f1o y como miembro de la especie humana, tiene derecho a la igualdad. As\u00ed las cosas, la Sentencia C-055 de 2022 incluye un evidente trato diferenciado entre los no nacidos de 0-23 semanas de gestaci\u00f3n, y los de 24 semanas de gestaci\u00f3n en adelante, unos podr\u00e1n ser abortados sin ninguna consideraci\u00f3n, podr\u00e1 terminarse su vida libremente bajo el amparo del Estado, y respecto de los otros deber\u00e1 acreditarse una de las causales de la Sentencia C-355 de 2006. En este sentido, la posici\u00f3n mayoritaria de la Corte debi\u00f3: (i) demostrar que no se est\u00e1 ante un trato desigual porque son sujetos con una diferencia que resulta relevante para la discusi\u00f3n (lo que no ha sido demostrado por la indefinici\u00f3n cient\u00edfica de la viabilidad y la ausencia total de fuentes m\u00e9dicas para definirlo); o (ii) realizar un juicio integrado de igualdad para demostrar que el trato diferenciado es justificado (cuesti\u00f3n que tampoco ocurri\u00f3).<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
184. As\u00ed las cosas, en mi opini\u00f3n nos encontramos ante la escogencia arbitraria de un plazo que deja en un d\u00e9ficit absoluto de protecci\u00f3n a los seres humanos hasta los seis meses de su gestaci\u00f3n. Un t\u00e9rmino que no encuentra respaldo cient\u00edfico y que no parece tener una relevancia constitucional. Aunque en gracia de discusi\u00f3n se aceptara que la viabilidad ocurre a las 24 semanas de gestaci\u00f3n, cuesti\u00f3n que no es cierta, no es claro por qu\u00e9 ese momento gestacional es relevante constitucionalmente, por qu\u00e9 ese momento permite el \u201c\u00f3ptimo constitucional\u201d del que habla la posici\u00f3n mayoritaria \u00bfes menos digno un ser humano de 23 semanas de gestaci\u00f3n que uno de 25? \u00bfEs menos digno un ser humano que no puede sobrevivir fuera del vientre materno? Se trata entonces de un concepto de independencia o de capacidad plena, si esto es as\u00ed estamos transitando por un camino muy riesgoso en el que aquellos que tienen capacidades o independencia limitadas son menos dignos y merecen menor protecci\u00f3n. Como Magistrado de la Corte, Corporaci\u00f3n que tiene a su cargo, la guarda y la integridad de la Constituci\u00f3n, con todo respeto, yo debo dejar sentada mi profunda discrepancia con este tipo de razonamientos.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
La posici\u00f3n de la mayor\u00eda no sustenta adecuadamente las supuestas vulneraciones a los derechos a la salud, igualdad, libertad de conciencia y los principios constitucionales del derecho penal<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
185. Como se mencion\u00f3 al inicio, la \u201cmayor\u00eda\u201d de la Corte parte de una premisa falsa y es que los argumentos presentados por la demanda incluyen posibles vulneraciones a derechos constitucionales. Sin embargo, en mi opini\u00f3n, todas y cada una de las cuestiones que sustentan las supuestas vulneraciones no tienen fundamento constitucional como pasar\u00e9 a desarrollar.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
186. De manera transversal, llamo la atenci\u00f3n sobre la inadecuada utilizaci\u00f3n de las fuentes constitucionales para justificar la presunta vulneraci\u00f3n constitucional, sin tener rigurosidad de excluir argumentos que abiertamente vulneran la cosa juzgada constitucional, aunque la demanda nos los incluye. As\u00ed, por la ausencia de valoraci\u00f3n rigurosa, es la propia Corte la que para fundamentar sus argumentos valora la norma constitucional a la luz de los derechos al libre desarrollo de la personalidad, la facultad de escoger el n\u00famero y espaciamiento de los hijos, y la autonom\u00eda personal. Todas cuestiones que fueron ampliamente valoradas en la Sentencia C-355 de 2006.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Ausencia de motivos constitucionales en relaci\u00f3n con el cargo de la obligaci\u00f3n de \u201crespeto al derecho a la salud y a los derechos reproductivos de las mujeres, las ni\u00f1as y las personas gestantes\u201d<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
187. La posici\u00f3n mayoritaria se\u00f1ala:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201cA partir de esta caracterizaci\u00f3n, la jurisprudencia constitucional ha precisado que la IVE \u2018no se limita a la realizaci\u00f3n de un procedimiento m\u00e9dico, sino tambi\u00e9n supone componentes b\u00e1sicos de informaci\u00f3n, accesibilidad y disponibilidad en los servicios por parte de las EPS\u2019 253 y, por tanto, dado que \u2018no se agota en la materializaci\u00f3n de un procedimiento m\u00e9dico que ponga fin al proceso de gestaci\u00f3n, en los tres casos previstos en la sentencia C-355 de 2006 [\u2026] su realizaci\u00f3n se vincula estrechamente con los derechos a la dignidad humana y a la autonom\u00eda individual (Art. 1 C. Pol.); a la vida digna (Art. 11 C. Pol.); a no ser sometido a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes (Art. 12); a la intimidad personal y familiar (Art. 15 C. Pol.); al libre desarrollo de la personalidad (Art. 16 C. Pol.); a las libertades de conciencia y religi\u00f3n (Art. 18 y 19 C. Pol.); a la seguridad social (Art. 48 C. Pol.), a la salud (Art. 48 y 49 C. Pol. ) y a la educaci\u00f3n (Art. 67 C. Pol.)\u2019. Es por esto por lo que ha precisado que \u2018la interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo protege la autonom\u00eda y la libertad de decisi\u00f3n de la mujer que, encontr\u00e1ndose en alguna de las tres causales de despenalizaci\u00f3n previstas en la sentencia C355 de 2006, resuelve poner fin al proceso de gestaci\u00f3n humana\u2019.\u201d<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
188. A partir de esta conceptualizaci\u00f3n, la posici\u00f3n mayoritaria considera que la actual regulaci\u00f3n del aborto impide a las mujeres acceder a servicios de salud, exponi\u00e9ndolas a abortos inseguros, contraviniendo una serie de recomendaciones de \u00f3rganos internacionales. Sobre esta argumentaci\u00f3n de la sentencia, en mi opini\u00f3n, surgen dos problemas: (i) el \u00fanico servicio de salud existente en Colombia relacionado con el aborto es la interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo en los tres casos despenalizados, y (ii) no existe ninguna disposici\u00f3n vinculante para Colombia que requiera de la despenalizaci\u00f3n del aborto hasta la semana 24 de gestaci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
190. En este sentido, dado que el embarazo no es una enfermedad, y que los casos en los que la vida y la salud de la madre se encuentran en peligro ya estaban despenalizados, no hay raz\u00f3n constitucional, para que la Corte por v\u00eda jurisprudencial cree un nuevo servicio de salud. La pregunta que se realiz\u00f3 a la Corte es si el delito de aborto es constitucional, y no si la pol\u00edtica p\u00fablica en salud es efectiva. Ahora bien, un elemento adicional contemplado por la Corte para determinar la supuesta vulneraci\u00f3n al derecho a la salud, es el riesgo para la salud de las mujeres en la pr\u00e1ctica de abortos inseguros. Sin embargo, esta cuesti\u00f3n, aunque de la m\u00e1xima relevancia, nuevamente es un asunto de pol\u00edtica p\u00fablica, y es ante un problema social, cu\u00e1l debe ser la respuesta del Estado. Ante este problema social el Estado puede prever v\u00edas como la mayor persecuci\u00f3n penal de las Cl\u00ednicas ilegales de abortos, el control de medicamentos, o incluso la despenalizaci\u00f3n, todas cuestiones que le corresponden al legislativo y al ejecutivo, pero no a la Corte en un juicio de constitucionalidad.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Ausencia de motivos constitucionales en relaci\u00f3n con el cargo del \u201cderecho a la igualdad de las mujeres en situaci\u00f3n de vulnerabilidad y en situaci\u00f3n migratoria irregular\u201d<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
191. Este cargo se sustenta en una discriminaci\u00f3n indirecta, en la que seg\u00fan la posici\u00f3n mayoritaria de la Corte el aborto \u201cimpacta de manera -evidentemente m\u00e1s desproporcionada- a las mujeres m\u00e1s vulnerables por su condici\u00f3n \u00a0socioecon\u00f3mica, su origen rural, su edad, o su situaci\u00f3n migratoria, entre otros factores\u201d. Por tanto, de acuerdo a los dos criterios jurisprudenciales para establecer una discriminaci\u00f3n indirecta – (i) la existencia de una medida o pr\u00e1ctica que se aplica a todos de una manera aparentemente neutra, y (ii) el hecho de que esa medida o pr\u00e1ctica pone en una situaci\u00f3n de desventaja a un grupo de personas protegido-, la Corte encontr\u00f3 que el delito del aborto genera una mayor afectaci\u00f3n a las mujeres vulnerables, configurando as\u00ed la discriminaci\u00f3n. As\u00ed, para la Corte:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201cLa penalizaci\u00f3n del aborto con consentimiento, sin embargo, no evidencia una incidencia relevante en su disminuci\u00f3n ni, por tanto, en una mayor protecci\u00f3n a la vida en gestaci\u00f3n. Por el contrario, fomenta la pr\u00e1ctica irregular del procedimiento de la IVE, lo que da lugar a graves perjuicios para para las mujeres, ni\u00f1as y personas gestantes, no solo como grupo discriminado y expuesto a m\u00faltiples factores de violencia, sino individualmente consideradas, con especial incidencia en las m\u00e1s vulnerables, entre ellas quienes se encuentran en situaci\u00f3n migratoria irregular. Estas mujeres, ni\u00f1as y personas gestantes afrontan un problema de salud p\u00fablica que las expone a sufrir complicaciones por el procedimiento e, incluso, a perder sus vidas\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
192. En este orden de ideas, la mayor\u00eda concluy\u00f3 que las mujeres m\u00e1s vulnerables no s\u00f3lo afrontan m\u00e1s dificultades para acceder al sistema de salud, sino que tambi\u00e9n son las m\u00e1s afectadas por la sanci\u00f3n penal. Lo anterior, \u201csin contar con las desventajas que la precariedad socioecon\u00f3mica trae para las mujeres cuyas condiciones de vulnerabilidad les ha impedido acceder a educaci\u00f3n de calidad sobre el ejercicio responsable de sus derechos sexuales y reproductivos o para acceder a la IVE en los casos referidos en la Sentencia C-355 de 2006\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
193. Ahora bien, como se pasar\u00e1 a demostrar a continuaci\u00f3n, los argumentos anteriormente expuestos no se originan por la inconstitucionalidad de una norma, sino por la ausencia de una pol\u00edtica p\u00fablica integral que permita garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en particular en relaci\u00f3n con el derecho a la igualdad de las personas m\u00e1s vulnerables.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
194. Si bien el delito del aborto se tipific\u00f3 en 1837, \u00e9poca en la cual a\u00fan no se reconoc\u00edan los derechos de las mujeres, la norma no pretend\u00eda -ni lo hace ahora- subordinar a las mujeres. Por el contrario, desde su expedici\u00f3n ha pretendido proteger la vida del no nacido. A pesar de que la mayor\u00eda afirma que no hay evidencia que este delito tenga una incidencia relevante en la disminuci\u00f3n de pr\u00e1cticas abortivas, de esto no hay prueba alguna. De hecho, hay sociedades en las que se ha evidenciado un incremento gradual del n\u00famero de abortos desde su despenalizaci\u00f3n. En el propio contexto colombiano, desde la despenalizaci\u00f3n del aborto en las tres causales se ha visto un incremento creciente de la pr\u00e1ctica de este procedimiento.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
195. El magistrado sustanciador inici\u00f3 su argumento reconociendo que la inconstitucionalidad de la norma se presenta por la pol\u00edtica de someter a la mujer, \u201csin ofrecer alternativas para el ejercicio de sus derechos, a una pena privativa de la libertad\u201d. En otras palabras, no es el delito de aborto el que establece un r\u00e9gimen discriminador, sino la falta de medidas adicionales que permitan garantizar los derechos de las mujeres. As\u00ed, la posici\u00f3n mayoritaria falla en demostrar que el delito de aborto genera que las mujeres migrantes, rurales, y todas las dem\u00e1s mujeres en situaci\u00f3n de vulnerabilidad tengan un acceso limitado a los servicios de salud.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
196. Lo que se evidencia de los alegatos de la demanda, y el an\u00e1lisis de la Corte es que hay un sinn\u00famero de derechos desconocidos por una pol\u00edtica p\u00fablica fallida en relaci\u00f3n con las mujeres vulnerables, que en ning\u00fan caso se subsanan con la despenalizaci\u00f3n del aborto. Vale la pena preguntarse: \u00bfcon la despenalizaci\u00f3n hasta la semana 24 de gestaci\u00f3n las mujeres vulnerables tendr\u00e1n un mayor acceso a la salud, a la educaci\u00f3n sexual o los programas sociales del Estado? La posici\u00f3n mayoritaria de la Corte parte de un argumento falaz respecto de las causas. Si bien las consecuencias est\u00e1n plenamente demostradas, esto es, las afectaciones sociales de esta poblaci\u00f3n vulnerable, hay una ausencia total de demostraci\u00f3n de que la causa eficiente de esas consecuencias es la tipificaci\u00f3n del delito de aborto.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
197. En este mismo sentido, el delito de aborto como norma no es la causante de un mayor n\u00famero de procesos penales en contra de mujeres rurales, como lo expresa la posici\u00f3n mayoritaria. Por el contrario, esta aplicaci\u00f3n diferenciada del derecho penal respecto de la poblaci\u00f3n vulnerable, que ocurre en general respecto de todos los tipos penales, se relaciona con una inadecuada implementaci\u00f3n de la pol\u00edtica criminal en Colombia, cuesti\u00f3n que tampoco corresponde a la Corte analizar en un juicio de constitucionalidad.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
198. El argumento de la Corte se refiere a una discriminaci\u00f3n indirecta en aquellos casos en que:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201cTratamientos formalmente no discriminatorios, se derivan consecuencias f\u00e1cticas desiguales para algunas personas, que lesionan sus derechos o limitan el goce efectivo de los mismos. En tales casos, medidas neutrales que en principio no implican factores diferenciadores entre personas, pueden producir desigualdades de facto entre unas y otras, por su efecto adverso exclusivo, constituyendo un tipo indirecto de discriminaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
199. As\u00ed las cosas, la Corte Constitucional deb\u00eda demostrar en este ac\u00e1pite que: (i) existe una norma aparentemente neutral, (ii) existen efectos diferenciados en relaci\u00f3n con una poblaci\u00f3n, y (iii) que dichos efectos son generados por la norma acusada. Por lo tanto, no resulta suficiente demostrar que hay una condici\u00f3n estructural de desigualdad en la sociedad, o que hay efectos diferenciados respecto de las mujeres vulnerables, sino que debe demostrarse que la causa de dichos \u201cefectos\u201d es la norma acusada, en este caso el tipo penal de aborto. La Corte falla en esta demostraci\u00f3n, por lo que no se puede establecer que las tan dolorosas circunstancias de las mujeres vulnerables sean un \u201cefecto\u201d de la tipificaci\u00f3n del aborto. Luego entonces, aunque es una situaci\u00f3n preocupante, no le es dable a la Corte afectar la constitucionalidad de una norma que no es la causa de esas desigualdades sociales.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
200. Por supuesto, no soy ajeno y me solidarizo con el trato desigual que reciben miles de mujeres vulnerables en Colombia. Sin embargo, tambi\u00e9n me solidarizo con las miles de vidas que est\u00e1n en el vientre y que a pesar de no tener voz, deben ser protegidas. No son menos valiosos los seres humanos gestantes hijos de mujeres rurales o en situaci\u00f3n migratoria irregular, son igual de dignos y merecen igual protecci\u00f3n. Es por esto que bajo un an\u00e1lisis profundo del derecho a la igualdad, en mi opini\u00f3n, la posici\u00f3n mayoritaria no demuestra como la norma penal genera la discriminaci\u00f3n indirecta.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Ausencia de motivos constitucionales en relaci\u00f3n con el cargo de \u201clibertad de conciencia de las mujeres, las ni\u00f1as y las personas gestantes, en especial, frente a la posibilidad de actuar conforme a sus convicciones en relaci\u00f3n con su autonom\u00eda reproductiva\u201d<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
201. La decisi\u00f3n \u201cmayoritaria\u201d establece que la afectaci\u00f3n al derecho a la libertad de conciencia se da por la siguiente raz\u00f3n:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201cEsta tensi\u00f3n es evidente, ya que la norma que se demanda implica una imposici\u00f3n estatal de una decisi\u00f3n no necesariamente compartida y que puede atentar contra las \u00edntimas y profundas convicciones de la mujer, ni\u00f1a, adolescente o persona gestante, incluso de las parejas, y sustituye en parte su derecho a elegir c\u00f3mo quieren vivir y definir su plan de vida. En \u00faltimas, restringe, con aquellos caracteres \u2013exceso y suprainclusi\u00f3n\u2013, la potestad de estas personas para discernir entre lo que resulta ser el bien o el mal moral en o frente a la decisi\u00f3n de continuar o no con el embarazo, a partir de una imposici\u00f3n estatal que no pondera el conocimiento de la mujer acerca de su estado ni el avance del proceso gestacional ni, mucho menos, que la protecci\u00f3n de la vida en gestaci\u00f3n es un deber de cumplimiento gradual e incremental.\u201d (Negrillas fuera del texto original)<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
202. Como lo expresaba en la secci\u00f3n de ineptitud de los cargos, en \u00a0mi opini\u00f3n aqu\u00ed la Corte confunde la autonom\u00eda reproductiva (cuesti\u00f3n que fue analizada en la C-355) con la libertad de conciencia. Adicionalmente, la posici\u00f3n mayoritaria deriva del art\u00edculo 18 de la Constituci\u00f3n, una suerte de test en el que las normas penales deben ser valoradas -en abstracto- respecto de todas las convicciones personales de los ciudadanos. As\u00ed, la conclusi\u00f3n a la que arriba la sentencia no tiene sustento constitucional por al menos tres razones.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
203. En primer lugar, los elementos de la libertad de conciencia son: (i) nadie podr\u00e1 ser objeto ni de acoso ni de persecuci\u00f3n en raz\u00f3n de sus convicciones o creencias; (ii) ninguna persona estar\u00e1 obligada a revelar sus convicciones y (iii) nadie ser\u00e1 obligado a actuar contra su conciencia.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
204. La Corte parece derivar del \u00faltimo elemento que el delito de aborto impacta la libertad de conciencia porque no toma en cuenta las consideraciones de la mujer sobre el bien y el mal moral. Sin embargo, esta postura no tiene sustento constitucional porque desconoce el alcance del derecho a la libertad de conciencia. As\u00ed, si bien las personas no pueden ser compelidas, en principio, a actuar contra su conciencia, este es un juicio que se hace en el caso concreto y no en abstracto. De lo contrario, ni el C\u00f3digo Penal, ni en general la legislaci\u00f3n estatal deber\u00eda existir. La conciencia de una persona puede implicar que no crea en la propiedad privada, y no por esa raz\u00f3n el tipo penal de hurto es inconstitucional. As\u00ed mismo, algunas personas pueden considerar que el porte de armas es un derecho fundamental, y no por eso la regulaci\u00f3n del uso de armas de fuego es inconstitucional por afectar su libertad de conciencia. Todas estas posibles configuraciones personales del sistema de valores, si pudieran generar la inconstitucional de una norma en abstracto, har\u00edan inviable un sistema de derecho. Es por esto por lo que, estas discusiones sobre la reprochabilidad de una conducta se hacen en el \u00f3rgano legislativo, en el que se cuenta con \u00a0representatividad. En ese sentido, la separaci\u00f3n de poderes es fundamental, de lo contrario, con fundamento en casos particulares se termina legislando por las Cortes, como en este caso en que adem\u00e1s los casos son hipot\u00e9ticos.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
206. Pero adem\u00e1s, la misma argumentaci\u00f3n puede aplicarse de la paternidad, y en ese sentido depender\u00e1 del padre definir, si en su sistema de valores se inserta adecuadamente la paternidad. Esto implica que, no hay ninguna raz\u00f3n para que se imponga a los padres una carga de pagar los alimentos, que la legislaci\u00f3n exige, con raz\u00f3n, incluso desde antes del nacimiento del hijo o la hija. En la v\u00eda argumentativa de la mayor\u00eda, esto resulta en una afectaci\u00f3n desproporcionada de la libertad de conciencia del padre, y por lo tanto, deber\u00e1 ser \u00e9ste de conformidad con su sistema de valores el que defina s\u00ed es bueno o malo pagar los alimentos de sus hijos en gestaci\u00f3n, e incluso asumir la paternidad.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
207. La sentencia expresa \u201cla decisi\u00f3n de asumir la maternidad o de no hacerlo es un asunto personal\u00edsimo, individual e intransferible\u201d, argumento que podr\u00eda transferirse a la paternidad. Estas posiciones resultan abiertamente vulneradoras de los derechos de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, y debo expresar con contundencia mi oposici\u00f3n, pues la paternidad y la maternidad implican la existencia de un otro, que es digno y respecto de quien existen deberes en cabeza de la sociedad, el Estado y la familia, sin importar si el sistema de valores de una persona los considera no humanos o no sujetos de derechos.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
208. Finalmente, la Corte contraviene su tendencia a limitar la objeci\u00f3n de conciencia cuando entra en tensi\u00f3n con los derechos de los dem\u00e1s. As\u00ed, la Corte ha venido limitando la libertad de conciencia de funcionarios p\u00fablicos, notarios, personas jur\u00eddicas, personal m\u00e9dico y personal administrativo que se desarrolla en \u00e1mbitos m\u00e9dicos. \u00a0Estas limitaciones se han sustentado en la tensi\u00f3n del derecho a la libertad de conciencia con, por ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos. No obstante esta tendencia, en este caso la mayor\u00eda considera que la libertad de conciencia tiene un alcance tan amplio que puede incluso derivar en la inconstitucionalidad de una norma penal general y abstracta, que protege un bien jur\u00eddico imperioso, la vida del ser humano en gestaci\u00f3n. Esta amplitud de la libertad de conciencia deber\u00eda implicar una nueva valoraci\u00f3n de los alcances de la objeci\u00f3n de conciencia en ciertos escenarios, porque seg\u00fan esta jurisprudencia por la libertad de conciencia se puede incluso afectar en tal nivel el n\u00facleo esencial del derecho a la vida, que se puede terminar con la vida de un ser humano por razones de conciencia.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
209. En mi opini\u00f3n, este cargo debi\u00f3 ser excluido del an\u00e1lisis de fondo, porque no solo parte de una concepci\u00f3n errada de la libertad de conciencia, sino que implica una interpretaci\u00f3n profundamente inconstitucional. Me sorprende que la \u201cmayor\u00eda\u201d de la Corte haya avalado tal posici\u00f3n, que sin duda afecta los ejes axiales de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. S\u00ed hay un escenario de sustituci\u00f3n de la Constituci\u00f3n es esta interpretaci\u00f3n de la Corte, en la que la dignidad humana y el valor de su vida, se encuentran definidos por terceros. Esto adem\u00e1s contraviene toda la teor\u00eda del derecho internacional de los derechos humanos, y por tanto, debo apartarme enf\u00e1ticamente de este an\u00e1lisis de la Corte.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Ausencia de motivos constitucionales en relaci\u00f3n con el cargo de \u201cfinalidad preventiva de la pena y las exigencias constitucionales adscritas al car\u00e1cter de ultima ratio del derecho penal\u201d<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
210. La posici\u00f3n \u201cmayoritaria\u201d de la Corte, en primer lugar, establece que la tipificaci\u00f3n del delito de aborto entra en tensi\u00f3n con la funci\u00f3n preventiva de la pena, en tanto este principio, que es constitucional, en realidad implica que las medidas penales deben tender a prevenir las conductas proscritas. Pero de ninguna manera implican que la Corte debe ser un \u00f3rgano evaluativo de las pol\u00edticas p\u00fablicas del Estado, y en particular de la pol\u00edtica criminal. La Sentencia C-055 de 2022 establece que las razones para vulnerar el principio constitucional de prevenci\u00f3n de la pena son: (i) la supuesta poca incidencia en la prevenci\u00f3n del aborto del tipo penal, (ii) que el delito genera una intensa afectaci\u00f3n a los derechos a la salud, los derechos reproductivos, la igualdad y la libertad de conciencia; y (iii) que existe un bajo nivel de \u00e9xito de los procesos penales, porque hay una baja tasa de condenas.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
211. En relaci\u00f3n con este punto, la posici\u00f3n \u201cmayoritaria\u201d se arroga una competencia de la cual carece, esto es, la evaluaci\u00f3n de la pol\u00edtica criminal en Colombia. Las sentencias citadas por la Corte Constitucional donde se incluyen elementos de eficacia de los tipos penales, para fundamentar la competencia de la Corte de referirse respecto de la eficacia de los tipos penales, en realidad incluyeron otras razones en su ratio decidendi para declarar la inconstitucionalidad. Por ejemplo, en el caso de la norma que penalizaba el pago de extorsiones la Corte dispuso que desconoce \u201cla Constituci\u00f3n una norma que erige en delito la conducta razonable de los particulares encaminada a proteger la vida y la libertad, propias o de un semejante\u201d, como lo resalta la propia sentencia. Esto evidencia que lo que est\u00e1 en juego es la reprochabilidad de la conducta, y no la eficacia del tipo penal.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
212. Resulta en una evidente extralimitaci\u00f3n de las funciones de la Corte la evaluaci\u00f3n de la eficacia de la pol\u00edtica criminal, con el fin de establecer o eliminar tipos penales. La pol\u00edtica criminal de Colombia es de competencia del legislativo, y su implementaci\u00f3n del ejecutivo, por lo que la valoraci\u00f3n de su eficacia no puede descansar en la Corte Constitucional. La competencia de la Corte se reduce a definir la constitucionalidad de un tipo penal y no de su eficacia. El argumento aqu\u00ed planteado pretende incluir elementos evaluativos de la pol\u00edtica p\u00fablica, para crear una competencia en cabeza de la Corte. Esto adem\u00e1s de no implicar un argumento de constitucionalidad sino de conveniencia, resulta en una evidente afectaci\u00f3n del principio de separaci\u00f3n de poderes sobre el cu\u00e1l descansa la democracia Colombiana.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
213. Por su parte, en el ac\u00e1pite 12.4 la posici\u00f3n mayoritaria agrega que la penalizaci\u00f3n del aborto afecta la caracter\u00edstica constitucional del derecho penal de ultima ratio, en tanto se pod\u00eda acudir a controles menos gravosos que la penalizaci\u00f3n para prevenir el aborto. Sin embargo, esta propia Corte ha establecido que no basta con la existencia de otros mecanismos, sino que estos deben ser igualmente id\u00f3neos. Para demostrar la violaci\u00f3n al principio constitucional, la Corte establece que: (i) ha habido una omisi\u00f3n del legislador de abordar de forma positiva e integral el aborto, especialmente acentuada despu\u00e9s de la Sentencia C-355 de 2006, (ii) desde la configuraci\u00f3n de Colombia el delito se ha usado como mecanismo prima ratio para regular la problem\u00e1tica de aborto, (iii) existe una \u201c acuciante necesidad de una regulaci\u00f3n integral del fen\u00f3meno del aborto consentido\u201d, y (iv) existen mecanismos menos lesivos para proteger el bien jur\u00eddico de la vida en gestaci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
214. Sobre la existencia de otras medidas la sentencia incluye: la orientaci\u00f3n legislativa a incluir medidas de protecci\u00f3n de la vida en gestaci\u00f3n sin recurrir al derecho penal, la existencia de pol\u00edticas p\u00fablicas relacionadas con educaci\u00f3n sexual, medidas de asistencia social, y la tendencia internacional a abordar el problema desde otras perspectivas.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
215. De lo anteriormente expresado, se deriva una conclusi\u00f3n clara: no existen actualmente en el ordenamiento jur\u00eddico colombiano otras medidas que protejan la vida del ser humano en gestaci\u00f3n, en relaci\u00f3n con la pr\u00e1ctica de abortos. Es el tipo penal la \u00fanica medida que concretamente previene la pr\u00e1ctica de abortos consentidos, por lo que no es cierto que haya otras medidas que resulten igual de id\u00f3neas para prevenir el fen\u00f3meno, porque simplemente no existen otras medidas.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
216. Adicionalmente, la sentencia no aborda siquiera brevemente la idoneidad de esas otras \u201cmedidas\u201d, que en todo caso son hipot\u00e9ticas, para prevenir los abortos. Las \u00fanicas medidas que en efecto se aplican en Colombia, y que no van dirigidas directamente a prevenir el aborto, son las pol\u00edticas de educaci\u00f3n sexual y de apoyo social. Sin embargo, la sentencia no aporta cifras sobre la idoneidad de la medida, y ante el argumento presentado en el p\u00e1rrafo 441 en el que seg\u00fan el Instituto Guttmacher no ha disminuido el aborto en Colombia, as\u00ed como se predica la falta de idoneidad del tipo penal, se puede predicar tambi\u00e9n la falta de idoneidad de estas otras \u201cmedidas\u201d para prevenir el aborto. Estos vac\u00edos y contradicciones argumentativas ocurren porque la Corte Constitucional no tiene la competencia ni las capacidades para evaluar pol\u00edticas p\u00fablicas.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
217. No es cierto, como establece la sentencia que se subsana el d\u00e9ficit de protecci\u00f3n constitucional que deja la despenalizaci\u00f3n del aborto hasta la semana 24 de gestaci\u00f3n a trav\u00e9s del exhorto al Congreso. Aunque la sentencia en numerosas ocasiones resalta expresamente que la protecci\u00f3n de la vida en gestaci\u00f3n es un fin imperioso del Estado, ni una sola de sus \u00f3rdenes exhorta al Congreso o al Ejecutivo a promover acciones de protecci\u00f3n del no nacido. La \u00fanica orden que se relaciona con el ser humano en gestaci\u00f3n es: \u201cmedidas que garanticen los derechos de los nacidos en circunstancias de gestantes que desearon abortar\u201d (negrillas fuera del texto original). As\u00ed las cosas, la sentencia no solo parte de una premisa falsa y es que exist\u00edan medidas de protecci\u00f3n al no nacido, sino que perpet\u00faa dicho d\u00e9ficit de protecci\u00f3n al no establecer una sola orden que proteja sus derechos. En este caso, es cierto que el derecho penal no es de ultima ratio, porque no es la \u00faltima ni la primera medida, es la \u00fanica medida que actualmente protege a los no nacidos, y con esta sentencia los seres humanos en gestaci\u00f3n hasta el sexto mes quedaron por completo desprotegidos. No hay ning\u00fan fundamento constitucional que avale esta postura.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
El juicio de proporcionalidad realizado por la mayor\u00eda de la Corte elimina por completo uno de los derechos analizados y no demuestra la necesidad y proporcionalidad en sentido estricto de la medida<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
218. Hasta este punto he demostrado con suficiencia que los argumentos presentados no incluyen razones de inconstitucionalidad de la norma demandada, por lo que no es cierto que est\u00e9n en tensi\u00f3n los derechos a la libertad de conciencia, igualdad y salud (en los t\u00e9rminos expuestos) de las mujeres y la norma penal que protege el bien jur\u00eddico de la vida en gestaci\u00f3n. En esta secci\u00f3n abordar\u00e9 por qu\u00e9 en todo caso, s\u00ed as\u00ed se considerar\u00e1, la medida adoptada por la Corte Constitucional no supera ning\u00fan test de proporcionalidad y no es el \u00f3ptimo constitucional. As\u00ed las cosas, la medida adoptada por la sentencia tiene tres elementos:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
* La despenalizaci\u00f3n del aborto hasta la semana 24 de gestaci\u00f3n, sin ninguna condici\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\uf0fc La despenalizaci\u00f3n de las causales de la Sentencia C-355 de 2006 hasta el d\u00eda mismo del parto.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\uf0fc El exhorto al Congreso y el ejecutivo para que regulen: \u201c(i) la divulgaci\u00f3n clara de las opciones disponibles para la mujer gestante durante y despu\u00e9s del embarazo, (ii) la eliminaci\u00f3n de cualquier obst\u00e1culo para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos que se reconocen en esta sentencia, (iii) la existencia de instrumentos de prevenci\u00f3n del embarazo y planificaci\u00f3n, (iv) el desarrollo de programas de educaci\u00f3n en materia de educaci\u00f3n sexual y reproductiva para todas las personas, (v) medidas de acompa\u00f1amiento a las madres gestantes que incluyan opciones de adopci\u00f3n, entre otras y (vi) medidas que garanticen los derechos de los nacidos en circunstancias de gestantes que desearon abortar.\u201d<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
219. Sobre la supuesta tensi\u00f3n, la Sentencia establece:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201c579. Si la preferencia le corresponde a la vida en gestaci\u00f3n \u2013y, por tanto, se resuelve declarar la exequibilidad simple de la norma\u2013, se dejan de considerar las importantes razones expuestas al examinar los cargos que en esta providencia se analizan, que evidencian la intensidad en que la actual tipificaci\u00f3n del delito de aborto voluntario \u2013conforme al condicionamiento de que fue objeto en el a\u00f1o 2006\u2013 afecta los valores, principios y derechos constitucionales que cada uno de ellos supone. Si la preferencia se otorga a estos \u00faltimos, por las pot\u00edsimas razones desarrolladas al analizar cada uno de estos cargos \u2013y, por tanto, se resuelve declarar la inexequibilidad con efectos inmediatos de la disposici\u00f3n\u2013, se elimina una medida de protecci\u00f3n que se ha considerado relevante para desincentivar la pr\u00e1ctica del aborto consentido que, en \u00faltimas, frustra la expectativa del nacimiento de un nuevo ser.\u201d<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
220. Contrario a lo se\u00f1alado por la posici\u00f3n mayoritaria, considero que esta f\u00f3rmula de tres elementos no es un \u00f3ptimo constitucional, y de hecho s\u00ed sacrifica por completo uno de los bienes jur\u00eddicos analizados: el derecho a la vida del ser humano en gestaci\u00f3n. Esto por las siguientes seis razones:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
221. Primero, el derecho a la vida del ser humano hasta la semana 24 de gestaci\u00f3n qued\u00f3 en un d\u00e9ficit absoluto de protecci\u00f3n, ya que nada previene abortos arbitrarios hasta dicha semana. Los bienes jur\u00eddicos constitucionales le pertenecen a los seres humanos, y no son conceptos abstractos. Como atr\u00e1s qued\u00f3 evidenciado, los seres humanos en gestaci\u00f3n tienen derecho a la vida, la igualdad y la integridad personal. En ese sentido, la vida en gestaci\u00f3n no existe como un concepto abstracto que puede limitarse, sin eliminarse, estableciendo un sistema de semanas. La Corte Constitucional construye un argumento falaz, porque no parte de la realidad de que la vida en gestaci\u00f3n se ve eliminada si se permiten abortos arbitrarios en cualquier semana de gestaci\u00f3n. La terminaci\u00f3n de la vida no es menos gravosa en la semana 23 que en la 25, y la existencia de un ser humano concreto se ve truncada. As\u00ed, esta f\u00f3rmula no armoniza derechos, sino que favorece argumentos de conveniencia sobre un derecho fundamental concreto: la vida del ser humano en gestaci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
222. Segundo, como fue ampliamente desarrollado, los argumentos de la posici\u00f3n mayoritaria no tienen relevancia en un juicio de constitucionalidad, sino que son argumentos de conveniencia. Esto evita que una soluci\u00f3n que d\u00e9 prevalencia a estas razones de conveniencia por sobre derechos fundamentales, pueda ser justa.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
223. Tercero, la sentencia \u00a0mantiene el sistema de causales hasta el d\u00eda mismo del parto, lo cual de ninguna manera puede resultar proporcional por cuanto: (i) si en efecto el criterio adoptado por la Corte es el de la autonom\u00eda, que incluye la viabilidad extrauterina, despu\u00e9s de dicho momento resulta claro que la medida m\u00e1s gravosa es el aborto, porque elimina la existencia de un ser humano \u201cviable\u201d, y (ii) una de las razones expresadas por la sentencia para sustentar la despenalizaci\u00f3n absoluta en las primeras 24 semanas es la eliminaci\u00f3n de barreras de acceso a la IVE, por lo que eliminadas las barreras no hay ninguna raz\u00f3n para permitir que se practiquen abortos en etapas avanzadas.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
224. Cuarto, esta f\u00f3rmula desconoce por completo el dolor fetal. Adem\u00e1s de cercenar el derecho a la vida, la posici\u00f3n mayoritaria no aborda siquiera someramente el dolor fetal que implica que el ser humano en gestaci\u00f3n est\u00e1 sufriendo de insoportables dolores que pueden ser comparados con la tortura. Como se se\u00f1al\u00f3 l\u00edneas arriba, existe abundante evidencia cient\u00edfica de la existencia de dolor fetal mucho antes de las 24 semanas de gestaci\u00f3n, y la Corte no reconoce esta realidad ni incluye f\u00f3rmulas para limitarlo. Los procedimientos utilizados actualmente para realizar abortos en semanas avanzadas son la inyecci\u00f3n de cloruro de potasio, y la dilataci\u00f3n y evacuaci\u00f3n, ambos profundamente dolorosos. Human Rights Watch ha promovido que la inyecci\u00f3n de cloruro de potasio no sea empleada en seres humanos por el insoportable dolor que genera. El exhorto de la Corte no solo no hace menci\u00f3n de esto, sino que no incluye ninguna obligaci\u00f3n de promover pol\u00edticas de protecci\u00f3n al no nacido \u00bfesto es un \u00f3ptimo constitucional?<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
225. Quinto, no hay ning\u00fan fundamento cient\u00edfico, ni un estudio de derecho comparado serio que sustente el l\u00edmite de las 24 semanas. La viabilidad o autonom\u00eda es un l\u00edmite que por naturaleza es indefinido, variable y cuestionable. Estas razones no permiten que una decisi\u00f3n constitucional soportada en este l\u00edmite, que tiene consecuencias tan gravosas para el ser humano en gestaci\u00f3n, pueda considerarse un \u00f3ptimo constitucional. La sentencia no sustenta por qu\u00e9 este es el concepto que deber\u00e1 tomarse en consideraci\u00f3n para variar el estatus jur\u00eddico del no nacido, y que implica que hasta la semana 23 de gestaci\u00f3n se encuentre por completo desprotegido en el ordenamiento jur\u00eddico colombiano.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
226. Sexto, la Corte no analiza otras medidas que permiten abordar las preocupaciones de las mujeres que atraviesan por un embarazo en crisis, como la adopci\u00f3n o el acompa\u00f1amiento a la maternidad. Parece que la \u00fanica opci\u00f3n con que deben contar las mujeres es la maternidad o el aborto. No se explica por qu\u00e9 en un an\u00e1lisis serio de ponderaci\u00f3n, la Corte no analiz\u00f3 otras medidas diferentes al aborto, sin duda menos lesivas con el ser humano en gestaci\u00f3n, que permitan a las mujeres afrontar un maternidad con dificultades, o definitivamente no afrontarla mediante la adopci\u00f3n. No quiero decir que estas sean las \u00fanicas o las mejores medidas, pero extra\u00f1a que la Corte no las haya considerado.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
227. Estas razones ponen en evidencia que, si la medida tomada por la Corte fuera analizada a trav\u00e9s del test de ponderaci\u00f3n, no lo superar\u00eda por ser extremadamente gravosa para los derechos del ser humano en gestaci\u00f3n, innecesaria y en todo caso no proporcional.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
La Sentencia C-055 de 2022 deja un vac\u00edo en su texto que no puede ser interpretado como la existencia de un derecho de acceso libre y gratuito al aborto hasta la semana 24<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
228. En esta \u00faltima secci\u00f3n considero importante resaltar que, la decisi\u00f3n de la \u201cmayor\u00eda\u201d no espec\u00edfica cu\u00e1les son los alcances de la providencia en relaci\u00f3n con el sistema de salud y el acceso al aborto, lo cual implica un vac\u00edo profundo de la sentencia porque puede ser malinterpretado. Sin embargo, es fundamental dejar claro que el objeto de decisi\u00f3n de la Corte es la constitucionalidad del art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal, no el establecimiento de pol\u00edticas p\u00fablicas sobre salud.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
229. En este sentido, nada de lo expuesto en la sentencia puede ser interpretado como: (i) la creaci\u00f3n de un derecho fundamental al aborto hasta la semana 24, (ii) la obligaci\u00f3n del Estado, por v\u00eda de las EPS, de proveer abortos libres y gratuitos hasta la semana 24 de gestaci\u00f3n, ni (iii) el deber de los m\u00e9dicos o profesionales de salud de practicar estos procedimientos. Esta sentencia, aunque cuestionable, es sobre la despenalizaci\u00f3n de una conducta y no sobre la creaci\u00f3n de un derecho fundamental.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
230. Dado que la sentencia no establece nada al respecto, tambi\u00e9n debo apartarme de esta omisi\u00f3n de la Corte que implica una inseguridad jur\u00eddica fundamental en el ordenamiento nacional. Lo que, seg\u00fan la posici\u00f3n mayoritaria, resultaba contrario a la constituci\u00f3n era la penalizaci\u00f3n del aborto hasta la semana 24. Es por tanto importante recordar un elemento jur\u00eddico b\u00e1sico, la despenalizaci\u00f3n de una conducta no implica la existencia de un derecho fundamental.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
231. As\u00ed como otros procedimientos que no est\u00e1n penalizados, como la fecundaci\u00f3n in vitro, o los procedimientos m\u00e9dicos est\u00e9ticos, pero tampoco hacen parte de los servicios que deben proveerse gratuitamente por el Estado. Con esta sentencia, el aborto pasa a formar parte de esta categor\u00eda de procedimientos, su ejecuci\u00f3n no conlleva una pena, pero tampoco es obligaci\u00f3n del Estado proveerlo, y en ese sentido podr\u00e1 ser limitado por v\u00edas no penales, sin que esto constituya una vulneraci\u00f3n a la Constituci\u00f3n, ni a la sentencia constitucional.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
232. Sobre la competencia de la Rama Legislativa para definir este asunto.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
233. Tambi\u00e9n en lo relativo al fondo, estimo que la disposici\u00f3n de un sistema de plazos frente al delito de aborto hace parte de la libertad de configuraci\u00f3n del Legislador, en concordancia con la reiterada l\u00ednea jurisprudencial que esta Corporaci\u00f3n ha desarrollado relativa a la competencia y autonom\u00eda del Legislador para regular la pol\u00edtica criminal.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
234. Tal como lo ha se\u00f1alado la Corte Constitucional, \u201c[l]a pol\u00edtica criminal comprende el conjunto de respuestas que \u201cun Estado estima necesario adoptar para hacerle frente a conductas consideradas reprochables o causantes de perjuicio social con el fin de garantizar la protecci\u00f3n de los intereses esenciales del Estado y de los derechos de los residentes en el territorio bajo su jurisdicci\u00f3n\u201d. Uno de los medios para su concreci\u00f3n lo constituye el ejercicio de la competencia legislativa para tipificar qu\u00e9 conductas constituyen delitos y cu\u00e1les deben ser las penas aplicables, como medida id\u00f3nea, necesaria y proporcional para proteger determinados bienes jur\u00eddicos.\u201d<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
235. As\u00ed pues, en las decisiones adoptadas ha sido reiterado el reconocimiento del rol esencial que tiene el Legislador en la definici\u00f3n de la pol\u00edtica criminal. Espec\u00edficamente, la jurisprudencia ha dispuesto que es la Rama Legislativa la llamada a decidir acerca de la criminalizaci\u00f3n de las conductas y las sanciones que ser\u00e1n impuestas. Esta idea se ha plasmado en diversos fallos, como por ejemplo las Sentencias C-237 de 1997, C-636 de 2009, C-442 de 2011, C-241 de 2012, C-191 de 206 y C.091 de 2017. Al respecto, en la Sentencia C-233 de 2019, la Corte indic\u00f3 que:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) las decisiones del legislador de incrementar las penas o de penalizar nuevas conductas, incluso en escenarios en los que el Estado cuenta con otros mecanismos para enfrentar el fen\u00f3meno criminal, han estado revestidas de una presunci\u00f3n legal de validez, en raz\u00f3n, precisamente, de la potestad que el constituyente otorg\u00f3 al \u00f3rgano legislativo para definir la pol\u00edtica criminal. Bajo esta premisa, la Corte ha declarado la constitucionalidad de normas que criminalizan conductas, pr\u00e1cticas y fen\u00f3menos que pueden ser prevenidos, combatidos o sancionados mediante otros mecanismos, tal como ha acontecido, por ejemplo, con los delitos de hostigamiento, incesto, injuria y calumnia, violencia intrafamiliar, contrabando, favorecimiento de contrabando y lavado de activos, inducci\u00f3n a la prostituci\u00f3n\u00a0e inasistencia alimentaria, entre muchos otros.\u201d<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
236. Ante una l\u00ednea jurisprudencial reiterada relativa a la competencia y autonom\u00eda del Legislador para establecer la pol\u00edtica criminal, la Corte Constitucional no era la competente para disponer sobre un sistema de plazos en el marco de la regulaci\u00f3n del delito de aborto, ya que eso supone una determinaci\u00f3n de pol\u00edtica que deb\u00eda ser valorada por la Rama Legislativa.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Por las razones que he expuesto, me separo de la decisi\u00f3n y sus fundamentos contenida en la Sentencia C-055 de 2022.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Fecha ut supra.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Jorge Enrique Ib\u00e1\u00f1ez Najar<\/p>\n
Magistrado<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA<\/p>\n
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO<\/p>\n
A LA SENTENCIA C-055 DE 2022<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Referencia: Expediente D-13956<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Demanda de inconstitucionalidad contra el art\u00edculo 122 de la Ley 599 del 2000.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Magistrados sustanciadores:<\/p>\n
ANTONIO JOS\u00c9 LIZARAZO OCAMPO<\/p>\n
ALBERTO ROJAS R\u00cdOS<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte Constitucional, a continuaci\u00f3n presento las razones que me conducen a salvar el voto en la Sentencia C-055 de 2022, adoptada por la mayor\u00eda de la Sala Plena, en sesi\u00f3n del 21 de febrero del presente a\u00f1o.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
1. 1. \u00a0Mi discrepancia consiste en que la mayor\u00eda de la Sala desconoci\u00f3 que oper\u00f3 el fen\u00f3meno de cosa juzgada constitucional. En concreto, considero que la Corte no ten\u00eda competencia para pronunciarse nuevamente sobre la constitucionalidad del art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal, que fue objeto de control y decisi\u00f3n en la Sentencia C-355 de 2006.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Para mayor claridad, desarrollar\u00e9 este salvamento de voto alrededor de cuatro ejes tem\u00e1ticos: (i) la identidad de cargos entre la demanda que fue objeto de estudio por la Sala Plena y la Sentencia C-355 de 2006; (ii) las razones por las que opino que no se desvirtu\u00f3 que hubiera operado el fen\u00f3meno de cosa juzgada; (iii) la ineptitud del cargo por violaci\u00f3n del derecho a la igualdad de las mujeres migrantes irregulares, y (iv) la falta de discusi\u00f3n y de certeza cient\u00edfica para fijar el plazo de 24 semanas para despenalizar el aborto. Al analizar cada uno de los asuntos antes mencionados, explicar\u00e9 el estudio de constitucionalidad que realiz\u00f3 la Sala Plena e indicar\u00e9 las razones de mis reparos.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
La identidad de cargos entre la demanda que fue objeto de estudio por la Sala Plena y la Sentencia C-355 de 2006<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
2. La sentencia sostiene que no hay identidad entre los cargos propuestos en la demanda que fue objeto de an\u00e1lisis de la Sala y los estudiados en la Sentencia C-355 de 2006. Para argumentar este punto, se refiere a cada uno de los cargos y concluye que el entendimiento de cada derecho ha cambiado en la jurisprudencia. Por esa raz\u00f3n, sostiene que los cargos no son los mismos y, en consecuencia, no hay identidad entre ambas demandas. Disiento de ese an\u00e1lisis por cuatro razones:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
3. Primera: porque los cargos analizados en esta oportunidad son id\u00e9nticos a los que analiz\u00f3 la Sala Plena en el a\u00f1o 2006. Veamos:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
En la Sentencia C-355 esta Corporaci\u00f3n estudi\u00f3: (i) los derechos fundamentales de las mujeres frente al derecho internacional de los derechos humanos (en el fundamento jur\u00eddico 7); (ii) los l\u00edmites a la libertad de configuraci\u00f3n del Legislador en materia penal (en el fundamento jur\u00eddico 8); (iii) la dignidad humana (en los fundamentos jur\u00eddicos 5 y 8.1.); (iv) el libre desarrollo de la personalidad y la libertad de conciencia (en los fundamentos jur\u00eddicos 5 y 8.2); (v) el derecho a la igualdad (en el fundamento jur\u00eddico 7), y (vi) el derecho a la salud (en el fundamento jur\u00eddico 8.3).<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
En esta ocasi\u00f3n, la sentencia C-055 de 2022, analiz\u00f3 las censuras por violaci\u00f3n: (i) al derecho fundamental a la interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo, (ii) a la igualdad en el acceso a la salud reproductiva, (iii) al derecho a la libertad de conciencia, y (iv) de los diversos est\u00e1ndares constitucionales m\u00ednimos del uso del derecho penal y de la pol\u00edtica criminal (el derecho penal como \u00faltima ratio).<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
4. La simple confrontaci\u00f3n anterior muestra que los cargos sobre los cuales la Sala Plena se pronunci\u00f3 coinciden sustancialmente con los que dieron origen a la decisi\u00f3n del a\u00f1o 2006. A pesar de que, en algunas ocasiones, para efectos de evadir la cosa juzgada, se les dio denominaciones distintas, lo cierto es que los reproches de constitucionalidad son, en esencia, los mismos. Analizar la salud reproductiva es hablar de derechos de las mujeres en el derecho internacional de los derechos humanos y estudiar los l\u00edmites a la libertad de configuraci\u00f3n del Legislador en materia penal es abordar el uso de este derecho y la pol\u00edtica criminal y sus est\u00e1ndares internacionales.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
5. La segunda: La demanda tambi\u00e9n sosten\u00eda que la sentencia C-355 de 2006 no confront\u00f3 la norma respecto (vii) del derecho a la interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo (en adelante, IVE). Sin duda, dicha sentencia no compar\u00f3 la norma acusada con dicho derecho, por la sencilla raz\u00f3n de que, despu\u00e9s de la ponderaci\u00f3n entre derechos e intereses constitucionales que se encuentran en tensi\u00f3n con la penalizaci\u00f3n del aborto, la Corte concluy\u00f3 que un derecho innominado autorizado por el art\u00edculo 94 superior era el que denomin\u00f3 derecho a la IVE. Por consiguiente, era contrario a la l\u00f3gica pretender confrontar la norma con el nuevo derecho que la Corte infiri\u00f3 de la interpretaci\u00f3n de las normas constitucionales que analiz\u00f3. Este cargo supon\u00eda, entonces, que esta Corporaci\u00f3n realice el juicio de validez de la norma impugnada frente a la sentencia de la Corte. Se propon\u00eda la confrontaci\u00f3n de la norma no respecto de la Constituci\u00f3n, sino de la sentencia que se adopt\u00f3 en el a\u00f1o 2006. En consecuencia, era claro que ese cargo no cumpl\u00eda los requisitos para generar el debate constitucional ni para sustentar su aptitud.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
6. La tercera: porque la raz\u00f3n que da la Sala Plena para argumentar que los cargos son diferentes desconoce abiertamente la instituci\u00f3n de la cosa juzgada. El art\u00edculo 243 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica dispone que \u201c[l]os fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tr\u00e1nsito a cosa juzgada constitucional.\u201d Esto significa que la Corte Constitucional pierde competencia y no puede pronunciarse nuevamente sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma, cuando previamente ha proferido un pronunciamiento de fondo sobre la misma.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
El elemento caracter\u00edstico de la cosa juzgada es que cuando el juez competente decide un asunto, \u00e9ste no puede ser juzgado nuevamente, pues las sentencias judiciales resuelven definitivamente la cuesti\u00f3n controvertida. Por lo tanto, \u00e9sta ya no puede volver a suscitarse porque es absolutamente nula cualquier decisi\u00f3n posterior que le sea contraria. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional ha reconocido, de manera uniforme, que la instituci\u00f3n de la cosa juzgada es indispensable para la seguridad y coherencia del ordenamiento jur\u00eddico, responde a las necesidades de pacificaci\u00f3n y de que los conflictos se resuelvan de manera definitiva, posibilita el mantenimiento de un orden justo y dota de certeza a las relaciones sociales.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
7. El an\u00e1lisis de cosa juzgada en procesos de control abstracto de constitucionalidad impone el deber de contrastar los cargos de una y otra demanda y verificar su identidad. En la sentencia de la que me aparto, esto no se hizo. El argumento acogido por la mayor\u00eda de la Sala Plena es artificioso, pues supone que la evoluci\u00f3n jurisprudencial sobre el alcance de los derechos desvirt\u00faa la identidad de cargos que son id\u00e9nticos. Disiento de tal posici\u00f3n, pues considero que la evoluci\u00f3n del alcance de los derechos siempre ser\u00e1 predicable de la jurisprudencia constitucional y, en esa medida, seg\u00fan esta novedosa posici\u00f3n de la Corte, la cosa juzgada ser\u00eda inoperante, pues en todos los casos se impondr\u00eda el argumento de que el alcance de los derechos evoluciona y se ampl\u00eda y, as\u00ed, la cosa juzgada nunca se predicar\u00eda de dos demandas id\u00e9nticas.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
8. La cuarta: en mi concepto, era evidente que el estudio que la Corte adelant\u00f3 en el a\u00f1o 2006 fue el mismo que realiz\u00f3 en el a\u00f1o 2022, el punto es que los actuales Magistrados no compartieron el resultado del ejercicio de ponderaci\u00f3n que se hizo en el a\u00f1o 2006. Tan es cierto que los planteamientos de inconstitucionalidad fueron los mismos que la conclusi\u00f3n a la que lleg\u00f3 la Corte en esta oportunidad resulta tambi\u00e9n de ponderar los mismos derechos en tensi\u00f3n. El problema es que este ejercicio argumentativo mina gravemente la seguridad jur\u00eddica que deben tener las sentencias de la Corte Constitucional. Por la complejidad de nuestro sistema jur\u00eddico y social, a esta Corporaci\u00f3n le corresponde resolver aspectos muy sensibles de la sociedad, de las garant\u00edas de los derechos de las minor\u00edas y de la continuidad de pol\u00edticas p\u00fablicas que se materializan en leyes de la Rep\u00fablica o, incluso, en Actos Legislativos. \u00bfQu\u00e9 estabilidad institucional, confianza jur\u00eddica y seguridad en la definici\u00f3n de las controversias vamos a dar, si todas nuestras decisiones pueden modificarse, en tan poco tiempo, porque cambian los magistrados de la Corte y tienen visiones distintas de la ponderaci\u00f3n de los derechos constitucionales que interpretan?<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Las razones por las que no se desvirtu\u00f3 que hubiera operado la cosa juzgada<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
9. La mayor\u00eda de la Sala Plena consider\u00f3 que, adem\u00e1s de que los cargos no eran los mismos, las demandantes demostraron el debilitamiento de la cosa juzgada. En concreto, indic\u00f3 que se acredit\u00f3: primero, una modificaci\u00f3n en el significado material de la Constituci\u00f3n, y segundo, un cambio en el contexto normativo en el que se inserta el art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Para justificar estas dos circunstancias que, seg\u00fan la mayor\u00eda de la Sala, debilitaron la cosa juzgada, se presentan argumentos muy similares. En concreto, la sentencia encuentra acreditada: (i) la profunda transformaci\u00f3n jurisprudencial acerca del derecho a la salud como derecho fundamental aut\u00f3nomo, (ii) la evoluci\u00f3n jurisprudencial sobre violencia de g\u00e9nero contra la mujer, (iii) la ampliaci\u00f3n de la comprensi\u00f3n del aborto y la consecuente imposici\u00f3n de m\u00faltiples barreras al ejercicio de este derecho fundamental, y (iv) la existencia de distintos instrumentos internacionales sin fuerza vinculante, pero con valor hermen\u00e9utico que recomiendan la despenalizaci\u00f3n del aborto.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
10. Contrario a lo que sostuvo la Sala Plena, opino que las circunstancias anotadas no comportan el cambio del significado material de la Constituci\u00f3n ni tampoco el cambio en el contexto normativo en el que se inserta el art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal. En concreto, debo responder a cada uno de los argumentos anteriores, as\u00ed:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Primero, opino que la evoluci\u00f3n jurisprudencial sobre el alcance del derecho a la salud (como derecho fundamental aut\u00f3nomo) o de la protecci\u00f3n especial de la mujer ante la violencia de g\u00e9nero, en nada cambi\u00f3 el par\u00e1metro de control para evaluar el tipo penal del aborto. La concepci\u00f3n del derecho fundamental a la salud como susceptible de ser protegido por v\u00eda de tutela, no tuvo ninguna incidencia en la raz\u00f3n de la decisi\u00f3n de la Sentencia C-355 de 2006. El cargo por violaci\u00f3n del derecho a la salud y de los derechos sexuales y reproductivos fue estudiado por la Sala Plena sin que el hecho de que en esa \u00e9poca la jurisprudencia a\u00fan sostuviera la teor\u00eda de la conexidad hubiese afectado el an\u00e1lisis sobre la violaci\u00f3n de ese derecho. Del mismo modo, la evoluci\u00f3n en la adopci\u00f3n de un enfoque de g\u00e9nero m\u00e1s claro en las decisiones judiciales en tiempos recientes no desvirt\u00faa que haya operado la cosa juzgada. Debe recordarse que en la Sentencia C-355 de 2006 se hizo un extenso an\u00e1lisis sobre los derechos de las mujeres y se rechaz\u00f3 expl\u00edcitamente la cosificaci\u00f3n de la mujer embarazada e general y, con m\u00e1s \u00e9nfasis, de quien est\u00e1 en ese estado como producto de violencia sexual. Por esa raz\u00f3n, no se demostr\u00f3 que la evoluci\u00f3n jurisprudencial o normativa hubiera comportado un cambio del par\u00e1metro de control, capaz de desvirtuar la cosa juzgada.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Segundo, la existencia de distintos instrumentos internacionales sin fuerza vinculante que recomiendan la despenalizaci\u00f3n del aborto no es suficiente para desvirtuar la cosa juzgada. Es evidente que el hecho de que algunos organismos internacionales recomienden despenalizar el aborto (otros ya lo hac\u00edan para el a\u00f1o 2006), no demuestra un cambio en el contexto normativo internacional, susceptible de debilitar la cosa juzgada. Sobre este punto, es muy importante resaltar que el control de constitucionalidad realizado en la Sentencia C-355 de 2006 tuvo en cuenta el bloque de constitucionalidad como par\u00e1metro de control y precisamente los instrumentos internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto, sirvieron de fundamento para que la Corte estableciera en cu\u00e1les supuestos la penalizaci\u00f3n de la IVE supon\u00eda la anulaci\u00f3n de los derechos fundamentales de la mujer y el desconocimiento de su dignidad al reducirla a un mero recept\u00e1culo de la vida en gestaci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
En mi concepto, resulta realmente grave inferir debilitamiento de la cosa juzgada con soft law, pues no solo desconoce el sistema de fuentes en el que solo las normas jur\u00eddicas vinculantes son exigibles por v\u00eda judicial, sino tambi\u00e9n modifica el par\u00e1metro constitucional para evaluar la validez de la ley. Pero, adem\u00e1s, me parece peligroso sostener que la Corte deja sin efectos la cosa juzgada material por recomendaciones internacionales que tampoco son un\u00e1nimes, pues alrededor de si es aconsejable el aborto existen m\u00faltiples art\u00edculos con seriedad y rigor acad\u00e9mica, muchas opiniones de expertos y visiones del mundo que no comparten esa apreciaci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Tercero, opino que es equivocado que se entienda que las barreras impuestas a las tres causales de penalizaci\u00f3n, impongan la necesidad de volver a estudiar la constitucionalidad de la norma. Esa posici\u00f3n supone modificar el juicio de control de constitucionalidad de uno de validez, a uno de eficacia. Dicho de otro modo, si la Corte tuviere que analizar la constitucionalidad de una norma a partir de su cumplimiento, aplicaci\u00f3n u obligatoriedad pr\u00e1ctica, tendr\u00eda que efectuar m\u00e1s an\u00e1lisis emp\u00edricos que constitucionales, lo cual desdibuja por completo el control constitucional. No quiero decir con esto que, en algunas oportunidades, el estudio de validez de la norma no pueda impactarse por su aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica, pero lo que s\u00ed no puede aceptarse es que dicho estudio se invierta en el estudio de constitucionalidad de una disposici\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
De hecho, si concluimos que la existencia de barreras para el ejercicio de derechos autoriza a retirar una norma del ordenamiento jur\u00eddico, o a modificar la ley mediante fallos condicionados o aditivos, convertimos al juez constitucional en un \u00f3rgano de control del cumplimiento de la ley, lo cual modifica la l\u00f3gica del control constitucional y desconoce el principio democr\u00e1tico.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
La ineptitud del cargo por violaci\u00f3n del derecho a la igualdad de las mujeres migrantes irregulares<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
11. Uno de los seis cargos propuestos por las demandantes supone la violaci\u00f3n del derecho a la igualdad de las mujeres en situaci\u00f3n migratoria irregular, en la medida en que genera una discriminaci\u00f3n indirecta, pues las condiciones de acceso al procedimiento de IVE para ellas, especialmente las migrantes venezolanas, se tornan desproporcionadas. Esto, seg\u00fan las accionantes ocurre, no s\u00f3lo por su situaci\u00f3n migratoria, sino tambi\u00e9n porque el sistema no prev\u00e9 la IVE como un procedimiento de urgencia. La Sala Plena declar\u00f3 apto este cargo.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
12. Considero que el cargo cumple con los requisitos fijados por la jurisprudencia para admitir un cargo de inconstitucionalidad. Salta a la vista que el argumento de las demandantes no es espec\u00edfico, pertinente ni suficiente. Esto ocurre porque las barreras de acceso a los servicios de salud de mujeres de nacionalidad venezolana vienen de otros factores directamente relacionados, entre otros, con dificultades para prestar servicios de salud no b\u00e1sicos a extranjeros irregulares que generan un impacto econ\u00f3mico fuerte o con las problem\u00e1ticas para desarrollar pol\u00edticas p\u00fablicas para atenci\u00f3n de migrantes en el marco de una crisis humanitaria. No creo que estas barreras surjan de la norma que penaliza la IVE. De hecho, la propia ponencia se contradice al advertir que las colombianas tambi\u00e9n se enfrentan a barreras de acceso a la IVE, raz\u00f3n por la que debilita la cosa juzgada. Entonces, \u00bfcu\u00e1les es el escenario de discriminaci\u00f3n en el que se encuentran las migrantes venezolanas si la propia ponencia reconoce que a las mujeres nacionales tambi\u00e9n se le presentan dificultades?<\/p>\n
13. Es evidente que el cargo no cumpl\u00eda con ninguno de los requisitos fijados por la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n para formular un cargo por violaci\u00f3n del derecho a la igualdad, pues no fue claro ni siquiera cu\u00e1l fue el t\u00e9rmino de comparaci\u00f3n escogido para evaluar la confrontaci\u00f3n, ni tampoco cu\u00e1les fueron los criterios para concluir que se comparaba dos grupos en id<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
El l\u00edmite de 24 semanas no fue suficientemente discutido y no tiene ning\u00fan sustento cient\u00edfico<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
14. Al analizar la proporcionalidad de la medida, la mayor\u00eda de la Sala Plena determin\u00f3 que, debido al car\u00e1cter incremental de la protecci\u00f3n del derecho fundamental a la vida, no era posible dar prevalencia a la vida sobre los derechos fundamentales de la madre o viceversa. Entonces, dise\u00f1\u00f3 un \u201c\u00f3ptimo constitucional\u201d con 3 elementos, a saber: (i) la despenalizaci\u00f3n total en las tres causales previstas en la Sentencia C-355 de 2006, (ii) la necesidad de condicionar la norma con una visi\u00f3n amplia sobre la autonom\u00eda. Eso significa, cuando hay mayor probabilidad de vida del feto separado de la madre. Seg\u00fan la sentencia, esto ocurre a las 24 semanas, y (iii) debe existir una pol\u00edtica p\u00fablica integral sobre la materia.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Por lo tanto, la Sala Plena declar\u00f3 exequible la norma, en el entendido de que \u201cla conducta de abortar all\u00ed prevista solo ser\u00e1 punible cuando se realice despu\u00e9s de la vig\u00e9simo cuarta (24) semana de gestaci\u00f3n y, en todo caso, este l\u00edmite temporal no ser\u00e1 aplicable a los tres supuestos en los que la Sentencia C-355 de 2006 dispuso que no se incurre en delito de aborto\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
15. No comparto ni la aproximaci\u00f3n sobre la no exigibilidad constitucional para proteger la vida en formaci\u00f3n, ni el l\u00edmite gestacional escogido por la mayor\u00eda de la Sala Plena. Considero que esta decisi\u00f3n: (i) no tuvo suficiente discusi\u00f3n por los Magistrados al momento de tomar la decisi\u00f3n, (ii) no tiene ning\u00fan fundamento cient\u00edfico, y (iii) debi\u00f3 ser adoptada por el Congreso con mayores elementos de juicio para tomar la decisi\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
16. En primer lugar, el n\u00famero de semanas de gestaci\u00f3n dentro de las que se podr\u00eda practicar el aborto no fue suficientemente discutido al interior de la Sala Plena. Esto se evidencia con el hecho de que el texto de la sentencia fija este periodo arbitrariamente. Simplemente indica que la probabilidad de vida aut\u00f3noma extrauterina a la semana 24 es cercana al 50% (fundamento jur\u00eddico 607 de la sentencia) y esa afirmaci\u00f3n no tiene ninguna cita que la sustente. Del mismo modo, a lo largo de la sentencia se afirma que este l\u00edmite de 24 semanas se ha adoptado en algunos pa\u00edses.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Considero que la fijaci\u00f3n de ese t\u00e9rmino fue arbitraria (ni siquiera tiene una cita bibliogr\u00e1fica que la sustente). Solamente se hace una referencia superficial a una intervenci\u00f3n aportada por la Federaci\u00f3n Colombiana de Obstetricia y Ginecolog\u00eda en el tr\u00e1mite que dio origen a la Sentencia SU-096 de 2018, pues no hay pruebas que la sustenten en este proceso.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
17. En segundo lugar, la sentencia no es transparente sobre el estado del arte en materia de aborto en el mundo. La decisi\u00f3n se limita a decir que varios pa\u00edses han fijado l\u00edmites de 22, 24 y hasta 28 semanas. Omite decir que la mayor\u00eda de pa\u00edses del mundo ha impuesto l\u00edmites inferiores. Seg\u00fan el Centro de Derechos Reproductivos, el l\u00edmite gestacional m\u00e1s com\u00fan en el mundo es dentro de las 12 primeras semanas calculadas desde el primer d\u00eda de la \u00faltima menstruaci\u00f3n. Asimismo, el Grupo de Trabajo sobre la cuesti\u00f3n de la discriminaci\u00f3n contra la mujer en la legislaci\u00f3n y en la pr\u00e1ctica del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas recomienda a los Estados que permitan a las mujeres terminar un embarazo en todos los casos durante el primer trimestre de gestaci\u00f3n y posteriormente en los casos de incesto y peligro de la vida de la madre. Esto sin contar la cantidad de pa\u00edses en el mundo en donde a\u00fan en este momento no es permitido abortar en ning\u00fan caso.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
As\u00ed pues, la Sala Plena opt\u00f3 por despenalizar el aborto hasta la semana 24 de gestaci\u00f3n: (i) sin tener fuentes cient\u00edficas claras sobre la probabilidad de vida extrauterina, (ii) sin contrastar esta medida con el resto del mundo, y (iii) sin hacer caso a las recomendaciones internacionales, a las que curiosamente s\u00ed atiende para desvirtuar la cosa juzgada, pero ignora para fijar l\u00edmites gestacionales.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
18. En tercer lugar, en la Sentencia C-355 de 2006, respecto de la cual oper\u00f3 la cosa juzgada, la Corte advirti\u00f3 que el Legislador puede determinar que tampoco se incurre en delito de aborto en otros casos adicionales. Esta es una cuesti\u00f3n de pol\u00edtica p\u00fablica que debe ser regulada de forma integral por el Congreso de la Rep\u00fablica. En ese sentido, para m\u00ed es claro que corresponde al Legislador la decisi\u00f3n sobre la despenalizaci\u00f3n total del aborto, as\u00ed como determinar cu\u00e1l es el n\u00famero de semanas permitidas para practicarlo. Esto ocurre porque son los \u00f3rganos de representaci\u00f3n democr\u00e1tica quienes, amparados en la ciencia, deben regular integralmente la materia.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
19. En s\u00edntesis, estimo que la Sala Plena debi\u00f3 estarse a lo resuelto en la Sentencia C-355 de 2006. De esta manera, expongo las razones que me llevan a salvar el voto con respecto a la decisi\u00f3n adoptada por la mayor\u00eda de la Sala Plena en la Sentencia C-055 de 2022.<\/p>\n
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\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
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GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO<\/p>\n
Magistrada<\/p>\n
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\u00a0<\/p>\n
ACLARACION DE VOTO DEL CONJUEZ<\/p>\n
JULIO ANDR\u00c9S OSSA SANTAMAR\u00cdA<\/p>\n
A LA SENTENCIA C-055 DE 2022<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Referencia: Expediente D-13956<\/p>\n
MM.PP.<\/p>\n
ANTONIO JOS\u00c9 LIZARAZO OCAMPO<\/p>\n
ALBERTO ROJAS RIOS<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Con el debido respeto por la decisi\u00f3n de la Sala Plena, quiero poner de presente las razones que me llevaron a aclarar el voto en la Sentencia C-055 de 2022 y a dejar constancia de aquellas por las cuales apoy\u00e9 la decisi\u00f3n mayoritaria.<\/p>\n
La Corte Constitucional declar\u00f3 exequible condicionadamente el art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal por considerar inconstitucional la penalizaci\u00f3n del aborto consentido antes de la semana 24. Comparto esta decisi\u00f3n y comparto las razones jur\u00eddicas de orden constitucional que se expusieron para justificarla. Como lo explico m\u00e1s adelante, considero que la penalizaci\u00f3n del aborto consentido desde el momento de la concepci\u00f3n y hasta la semana 24 desconoc\u00eda derechos fundamentales de la mujer y la condici\u00f3n de ultima ratio del derecho penal.<\/p>\n
No obstante, tal como lo expongo a continuaci\u00f3n, creo que la sentencia pudo haber delimitado con mayor rigor el \u00e1mbito de protecci\u00f3n constitucional del que est\u00e1 por nacer, sin desvirtuar el hecho de que la sanci\u00f3n penal del aborto consentido antes de la semana 24 es inconstitucional en el contexto normativo sometido a estudio.<\/p>\n
1. La protecci\u00f3n incremental al nasciturus<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
1. 1. \u00a0La tesis que present\u00e9 el 21 de febrero de 2022 a los magistrados de la Sala sobre una alternativa de soluci\u00f3n a la demanda contra el art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal descansaba sobre la idea de que, a partir de la concepci\u00f3n humana, el Estado est\u00e1 en la obligaci\u00f3n de reconocer un esquema de protecci\u00f3n incremental para la vida del nasciturus. La Sentencia C-355 de 2006 ya hab\u00eda hecho \u00e9nfasis en que \u201cla vida del nasciturus es un bien constitucionalmente protegido y por esa raz\u00f3n el legislador est\u00e1 obligado a adoptar medidas para su protecci\u00f3n\u201d.<\/p>\n
Esta protecci\u00f3n es incremental. As\u00ed, mientras la protecci\u00f3n a la vida del que est\u00e1 por nacer asciende gradualmente desde la concepci\u00f3n hasta el nacimiento, la autonom\u00eda de la madre se reduce proporcionalmente a medida que avanza el embarazo. El esquema se entiende mejor si se ilustra gr\u00e1ficamente en un plano cartesiano en el que las dos magnitudes, la de la protecci\u00f3n de la vida del que est\u00e1 por nacer y la del derecho de la madre a interrumpir el embarazo, se cruzan en forma de una equis sim\u00e9trica.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
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En esta l\u00f3gica, durante las primeras semanas del embarazo la madre goza de plena autonom\u00eda para decidir voluntariamente la terminaci\u00f3n del embarazo, al tiempo que su derecho declina gradualmente hasta minimizarse en las \u00faltimas semanas, cuando la protecci\u00f3n de la vida del que est\u00e1 por nacer debe alcanzar su m\u00e1ximo grado de protecci\u00f3n.<\/p>\n
2. Esta propuesta ten\u00eda dos objetivos: el primero, adoptar una posici\u00f3n clara y definitiva sobre la imposibilidad de acompa\u00f1ar la propuesta que abogaba por la declaratoria de exequibilidad de la norma demandada o, incluso, la que buscaba replegarse en la cosa juzgada constitucional.<\/p>\n
A mi juicio, la propuesta de sancionar penalmente a la mujer que aborta, sin importar la etapa del embarazo, es decir, sin tener en cuenta la gradualidad (salvedad hecha de las tres causales previstas en la sentencia C-355 de 2006) es inconstitucional. De all\u00ed mi decisi\u00f3n definitiva de apoyar la posici\u00f3n que obtuvo la mayor\u00eda de los votos.<\/p>\n
Por su parte, la decisi\u00f3n de aferrarse a la cosa juzgada constitucional que, seg\u00fan algunos, emana de la sentencia C-355, desconoc\u00eda la ostensible evoluci\u00f3n normativa, jurisprudencial y doctrinal -nacional e internacional- que transform\u00f3 durante los \u00faltimos 16 a\u00f1os el marco jur\u00eddico de referencia del debate -incluido el bloque de constitucionalidad lato sensu-, y deterior\u00f3 la fuerza vinculante del fallo de 2006. Considero que los argumentos expuestos por la ponencia para demostrar que el cambio en el marco de referencia de la sentencia C-355 de 2006 degrad\u00f3 la fuerza vinculante de la cosa juzgada son prueba fehaciente de que mantener esa decisi\u00f3n en el ordenamiento jur\u00eddico era abiertamente regresivo.<\/p>\n
2. 2. \u00a0Protecci\u00f3n Administrativa del que est\u00e1 por nacer<\/p>\n
3. 3. \u00a0El segundo objetivo de mi propuesta era invitar a la Sala a adoptar un sistema de plazos que permitiera garantizar el derecho de la madre a terminar voluntariamente el embarazo sin desconocer la protecci\u00f3n incremental del que est\u00e1 por nacer. Esto coincid\u00eda con lo planteado en la ponencia en el sentido de que el derecho puede encontrar una soluci\u00f3n pr\u00e1ctica y jur\u00eddica a la cuesti\u00f3n sin resolver de cu\u00e1ndo comienza la vida humana.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
La propuesta suger\u00eda que un sistema de plazos que incorporara un esquema de plano cartesiano como el ya explicado podr\u00eda ser jur\u00eddicamente m\u00e1s sensible a la evoluci\u00f3n de los dos intereses involucrados, pues permitir\u00eda reconocer la existencia de una etapa inicial de libre decisi\u00f3n de la madre (hasta la semana 13), una etapa final reservada al derecho penal (a partir de la semana 24) y una etapa intermedia en la que el Estado podr\u00eda intervenir con mayor intensidad para proteger la vida del nasciturus mediante herramientas administrativas, no penales.<\/p>\n
Al dividir el embarazo en tres etapas, el Tribunal habr\u00eda podido reflejar las caracter\u00edsticas jur\u00eddicas del proceso de gestaci\u00f3n en tensi\u00f3n creciente e incremental con el derecho de la madre a terminar voluntariamente el embarazo. Un sistema de tres fases habr\u00eda permitido materializar con mayor precisi\u00f3n y claridad la existencia de un plazo inicial de libertad plena de la madre, sin intervenci\u00f3n estatal, pero tambi\u00e9n de una etapa subsiguiente en la que el Estado, sensible a la existencia de una vida en formaci\u00f3n, habr\u00eda podido desplegar sus herramientas administrativas -no penales- para proteger al no nacido sin desconocer la libertad de decisi\u00f3n de la madre. Finalmente, el esquema tripartito tambi\u00e9n habr\u00eda dado cabida a la sanci\u00f3n penal para las \u00faltimas semanas de embarazo, tal como qued\u00f3 reflejado en la sentencia.<\/p>\n
As\u00ed, la existencia de una etapa intermedia en el esquema propuesto -que podr\u00eda ir entre la semana 13 y la 24- habr\u00eda habilitado con mayor claridad el desarrollo de un concepto que podr\u00eda denominarse \u201cProtecci\u00f3n administrativa del que est\u00e1 por nacer\u201d y que el legislador hubiera aplicado en atenci\u00f3n a la protecci\u00f3n incremental del nasciturus.<\/p>\n
4. Esta es, justamente, una de las razones principales por las que llev\u00e9 la propuesta a la Sala, pues atendiendo a la complejidad del asunto que rodea la despenalizaci\u00f3n del aborto y al hecho de que esta realidad implora la adopci\u00f3n de una pol\u00edtica p\u00fablica que minimice las condiciones sociales que llevan a tantas mujeres a abortar, el legislador deber\u00eda poder adoptar medidas concretas de protecci\u00f3n al nasciturus, sin que ello implique una afectaci\u00f3n a la libre decisi\u00f3n de la mujer.<\/p>\n
5. Mi aclaraci\u00f3n de voto se dirige entonces a se\u00f1alar que el fallo hubiera podido identificar con mayor rigor el momento en que, sin afectar la libre elecci\u00f3n de la mujer, el Estado puede activar una protecci\u00f3n administrativa del que est\u00e1 por nacer. El sistema de plazos que propuse habr\u00eda permitido reflejar con mayor precisi\u00f3n el progresivo entrecruzamiento entre la libertad de la mujer a decidir sobre la continuidad de su embarazo y la protecci\u00f3n administrativa de la vida del nasciturus.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Ahora bien, entiendo que el exhorto del numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia comprende una serie de medidas administrativas de protecci\u00f3n no solo para la madre, sino para el bien jur\u00eddico de la vida en gestaci\u00f3n, decisi\u00f3n que apoyo plenamente. Vot\u00e9 tambi\u00e9n a favor de esta decisi\u00f3n. No obstante, repito, la delimitaci\u00f3n por etapas quiz\u00e1 habr\u00eda aportado mayor claridad al legislador sobre el momento y la intensidad de su intervenci\u00f3n. Como mi propuesta no tuvo acogida, apoy\u00e9 finalmente la decisi\u00f3n que se ve reflejada en el fallo, pues la opci\u00f3n de mantener la norma como estaba me pareci\u00f3 insostenible.<\/p>\n
6. Insisto en que esta aclaraci\u00f3n no afecta, de ning\u00fan modo, mi decisi\u00f3n de acompa\u00f1ar la posici\u00f3n mayoritaria seg\u00fan la cual es inconstitucional que el legislador sancione penalmente el aborto consentido antes de las primeras 24 semanas de gestaci\u00f3n. Esta decisi\u00f3n es clara y refleja mi adhesi\u00f3n al problema jur\u00eddico propuesto en la demanda y resuelto en la sentencia. Mi aclaraci\u00f3n es – mejor- la manifestaci\u00f3n de la necesidad de incluir un elemento que habr\u00eda precisado el alcance del derecho de la madre a interrumpir el embarazo y el comienzo en el tiempo del deber de intervenci\u00f3n del Estado para proteger la vida del nasciturus.<\/p>\n
Ello habr\u00eda evitado cierto solapamiento entre el libre ejercicio del derecho de la mujer y la protecci\u00f3n del feto, que puede resultar jur\u00eddicamente problem\u00e1tico a la hora de implementar las pol\u00edticas p\u00fablicas correspondientes.<\/p>\n
Que eche de menos ese posible condicionamiento no es incompatible con mi decisi\u00f3n de apoyar la decisi\u00f3n central del fallo seg\u00fan la cual en el contexto estudiado el aborto no puede ser objeto de sanci\u00f3n penal durante las primeras 24 semanas del embarazo. Mi coincidencia con la decisi\u00f3n de la mayor\u00eda no entra en conflicto con haber pretendido que la Corte le indicara al legislador c\u00f3mo actuar antes de la semana 24. Es a esto a lo que se refiere el comunicado de prensa al advertir que el legislador conserva un margen de maniobra para determinar cu\u00e1l debe ser el tratamiento legal -no penal- del aborto entre la semana 14 y la 23.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
3. Razones para la inconstitucionalidad de la norma acusada<\/p>\n
7. 7. \u00a0Coincido con la posici\u00f3n mayoritaria en que la penalizaci\u00f3n no tiene un efecto definitivo en la disuasi\u00f3n del delito, ya que las mujeres que deciden interrumpir el embarazo lo hacen bajo la presi\u00f3n de circunstancias que, en la mayor\u00eda de los casos, disminuyen su margen de libertad y, por ende, el car\u00e1cter aut\u00f3nomo de su decisi\u00f3n.<\/p>\n
En este sentido, considero que la mujer que decid\u00eda abortar no se sent\u00eda constre\u00f1ida por la norma penal para tomar la decisi\u00f3n. En otras palabras, la sanci\u00f3n penal no imped\u00eda que las mujeres abortaran, pero s\u00ed las obligaba a esconderse para hacerlo.<\/p>\n
Tal como lo sostuve en la sesi\u00f3n plenaria en que se discuti\u00f3 la ponencia, considero que -salvo casos patol\u00f3gicos- ninguna mujer aborta por afici\u00f3n y que mientras las mujeres con oportunidades econ\u00f3micas pueden encontrar alternativas y apoyos definitivos para afrontar una maternidad en principio no deseada, pueden evadir la persecuci\u00f3n penal (abortando en pa\u00edses donde es l\u00edcito hacerlo), o pueden disminuir el riesgo m\u00e9dico de una mala pr\u00e1ctica (aprovechando el acceso privado a discretos servicios de salud), la poblaci\u00f3n discriminada por el delito, la de las mujeres sumidas en condiciones de marginalidad y discriminaci\u00f3n, mujeres rurales, desplazadas, migrantes, en condiciones de discapacidad, etc., carece de alternativas reales y materiales para afrontarla.<\/p>\n
Ello sin contar con que esta poblaci\u00f3n suele ser la que menos acceso tiene a m\u00e9todos anticonceptivos, menos posibilidades goza de recibir una educaci\u00f3n sexual con acento en la responsabilidad personal y m\u00e1s sometida est\u00e1 a las presiones de una sociedad clasista, machista, violenta y cruzada en todas sus dimensiones por prejuicios religiosos.<\/p>\n
Se trataba, en verdad, de una disposici\u00f3n discriminatoria cuyo impacto social y econ\u00f3mico no pod\u00eda dejarse de lado.<\/p>\n
8. Nada hay en la sentencia C-055 de 2022 que promueva al aborto. Nada que lo estimule o lo patrocine.<\/p>\n
El debate jur\u00eddico se enfoc\u00f3 esencialmente en analizar si era constitucional enviar a la c\u00e1rcel a una mujer que termina voluntariamente con su embarazo, no si era deseable que lo hiciera.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Por el contrario, la Corte tuvo en sus manos la decisi\u00f3n de un problema constitucional que es, a su vez, un drama humano cuyos protagonistas son todos perdedores. El que est\u00e1 por nacer, por obvias razones, y la madre que toma la tr\u00e1gica decisi\u00f3n de terminar el embarazo porque, adem\u00e1s de arriesgar su vida en la clandestinidad de la industria abortista o, por lo menos, de amenazarla con tratamientos de precaria idoneidad, el c\u00f3digo penal legitimaba al Estado para perseguirla, juzgarla, condenarla, estigmatizarla y adem\u00e1s privarla de la libertad. A la dif\u00edcil experiencia del aborto -cuyo dolor ser\u00eda insensato ignorar-, se sumaban entonces el escarnio social y la persecuci\u00f3n estatal, con la subsecuente p\u00e9rdida de la libertad personal de la mujer.<\/p>\n
Pero si, plantando cara a la adversidad, algunas madres ten\u00edan el coraje de llevar a t\u00e9rmino el embarazo, entonces se encontraban indefensas y carentes de apoyo ante la carga de traer un nuevo ser humano al mundo, un reci\u00e9n llegado que habr\u00eda que alimentar, cuidar, vestir, educar e integrar a la sociedad, con todo lo que ello implica para los otros miembros de la familia y para su estabilidad econ\u00f3mica y emocional.<\/p>\n
Lo anterior, si, confrontada por la imposibilidad material de atender una nueva vida, la mujer no tomaba finalmente la decisi\u00f3n de darlo en adopci\u00f3n y resignarse por el resto de la vida a cargar con el peso de una maternidad tantalizada, diariamente impracticable. Suavizan la pol\u00e9mica quienes hablan de embarazo no deseado cuando, en realidad, lo que muchas mujeres enfrentan es una maternidad no deseada, forzada por el aparato sancionatorio del Estado que se arroga el poder de decidir sobre su cuerpo y su vida.<\/p>\n
Este poder del Estado, incluso para las mujeres que deciden optar por la maternidad, es una forma de instrumentalizaci\u00f3n como consecuencia de un condicionamiento biol\u00f3gico, pues la maternidad no puede ser una imposici\u00f3n heter\u00f3noma, sino el resultado de una opci\u00f3n existencial que nace de la propia libertad y racionalidad humanas.<\/p>\n
9. Por ello, la sentencia de la Corte es un voto de respeto por la mujer gestante y por el car\u00e1cter personal\u00edsimo de su decisi\u00f3n; por la defensa de su autonom\u00eda y su derecho a la intimidad, que se traduce en su derecho de decidir tener a su hijo, o no tenerlo.<\/p>\n
Mi voto de respeto, que se fundamenta en el principio democr\u00e1tico de la Constituci\u00f3n, es una limitante al poder de decisi\u00f3n del Estado, al tiempo que una renuncia a la soberbia legislativa que juzga el comportamiento de la mujer desde los privilegios de quienes nunca -entre ellos los hombres- estar\u00edan en condiciones o se ver\u00edan empujados a cometer el delito. El fallo es el reconocimiento de que nadie m\u00e1s que la mujer embarazada entiende a plenitud su realidad, la dimensi\u00f3n de su responsabilidad y el alcance de su libertad, y que el Estado solo puede reservar su injerencia cuando el nasciturus ha adquirido un desarrollo espec\u00edfico que gradualmente lo ha contrapuesto con el derecho de la madre.<\/p>\n
La decisi\u00f3n de la Corte es un voto de respeto por la decisi\u00f3n de la mujer: de la que decide tener a su hijo, la mujer sometida a otras vulnerabilidades, la mujer sorprendida por el azar de un m\u00e9todo anticonceptivo fallido, la confrontada por un embarazo inoportuno y frustrante; la v\u00edctima de la irresponsabilidad de su pareja, la v\u00edctima de una relaci\u00f3n machista, la que ha sido enga\u00f1ada \u2026 en fin, de todas las mujeres que ven en la maternidad una realidad incompatible con su autonom\u00eda; pero de manera muy especial, de las mujeres, de las ni\u00f1as y de las adolescentes que la vida subyuga con un indigno lugar en el descenso de las Escalinatas.<\/p>\n
No tengo dudas de que la norma acusada era un factor decisivo en la profundizaci\u00f3n de las brechas de desigualdad que agobian a Colombia, cuando no era por l\u00f3gica una de sus muchas y m\u00e1s tristes consecuencias. Tan solo en el tercer trimestre de 2021 los nacimientos en ni\u00f1as menores de 14 a\u00f1os aumentaron 31.5% frente al mismo trimestre de 2020, seg\u00fan cifras del DANE.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a1Cu\u00e1nta dedicaci\u00f3n, cu\u00e1nto esfuerzo, cu\u00e1ntos a\u00f1os de sacrificio, que puede representarse en t\u00e9rminos econ\u00f3micos, de autonom\u00eda y de vida digna, exige la crianza! Al juez constitucional le correspond\u00eda sensibilizarse, percibir la inconstitucionalidad material de esta desigualdad y pronunciarse t\u00e9cnicamente sobre lo que a la vista resultaba injustificado.<\/p>\n
10. A mi juicio, la sentencia C-055 de 2022 no suprimi\u00f3 la protecci\u00f3n al nasciturus, no solo porque, como lo explica el fallo, el poder disuasorio del tipo penal no era determinante, sino porque el r\u00e9gimen penal sigue protegiendo la vida del que est\u00e1 por nacer respecto de todos los sujetos del derecho, con excepci\u00f3n de una sola persona en el mundo: la madre. As\u00ed lo testifica la subsistencia del delito el aborto sin consentimiento (art. 123 C.P.). Adem\u00e1s, porque en el contexto actual la sanci\u00f3n penal se conserva a partir de la semana 24, con lo cual tambi\u00e9n se relativiza el derecho a la autonom\u00eda y a la intimidad de la mujer gestante de acuerdo con el grado de desarrollo del feto.<\/p>\n
Es por ello por lo que la Corte ha indicado de manera reiterada que no existen los derechos absolutos, y es esta la raz\u00f3n por la cual, a pesar de que el art\u00edculo 11 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica establece que la vida es inviolable, el r\u00e9gimen jur\u00eddico nacional ha reconocido ciertas conductas como at\u00edpicas (lo que ocurre con el homicidio por piedad y la ayuda al suicidio), antijur\u00eddicas (muerte a otra persona en leg\u00edtima defensa) o ha previsto la reducci\u00f3n del qu\u00e1ntum de la pena (como ocurre con la modalidad culposa del delito de homicidio).<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
El car\u00e1cter \u201cinviolable\u201d de la vida a que hace referencia el art\u00edculo de la Constituci\u00f3n lleva impl\u00edcita la condici\u00f3n de ilegitimidad de la conducta agresiva, de manera que, para el constituyente, la vida no puede verse afectada por acciones antijur\u00eddicas, pero s\u00ed por acciones leg\u00edtimas, que es precisamente de lo que trata el debate sobre el aborto. Como la vida no es un derecho absoluto, ciertas conductas que lo afectan -incluso, hasta suprimirla- pueden considerarse leg\u00edtimas, es decir, no violatorias de ese derecho.<\/p>\n
De hecho, si la protecci\u00f3n a la vida fuera absoluta -como pretende demostrarlo la doctrina contraria-, el delito de aborto ser\u00eda en s\u00ed mismo inconstitucional, pues, ninguna coherencia tendr\u00eda proclamar que la vida es inviolable desde la concepci\u00f3n, pero aceptar simult\u00e1neamente la existencia de un r\u00e9gimen penal para proteger la vida del que no ha nacido (aborto) y otro m\u00e1s riguroso para la del que ya naci\u00f3 (homicidio). El concepto de aborto lleva impl\u00edcita una relativizaci\u00f3n de la protecci\u00f3n del derecho a la vida.<\/p>\n
Con l\u00f3gica similar, el derecho civil tendr\u00eda que garantizar al embri\u00f3n o al feto los mismos derechos que al reci\u00e9n nacido, pues a partir de la interpretaci\u00f3n absolutista, no habr\u00eda justificaci\u00f3n alguna para desproteger civilmente al que est\u00e1 por nacer.<\/p>\n
La posici\u00f3n absolutista del derecho a la vida no permite tampoco la ponderaci\u00f3n de los derechos en juego, metodolog\u00eda central de nuestro sistema iusfundamental. Es m\u00e1s, por la v\u00eda de la absolutizaci\u00f3n del derecho a la vida, cualquier disposici\u00f3n normativa que se ubicara por debajo de los est\u00e1ndares sancionatorios del homicidio ser\u00eda inconstitucional. Con esa l\u00f3gica, el aborto tendr\u00eda que ser sancionado incluso con mayor severidad que el homicidio simple, por la concurrencia de causales de agravaci\u00f3n como el estado de indefensi\u00f3n o inferioridad de la v\u00edctima.<\/p>\n
La tesis de la protecci\u00f3n absoluta de la vida del nasciturus implica, en la pr\u00e1ctica, interpretar la Constituci\u00f3n desde uno solo de sus art\u00edculos, no desde la integridad del texto constitucional, como lo impone el m\u00e9todo de interpretaci\u00f3n integral de la Carta. La posici\u00f3n absolutista niega en este caso que la Constituci\u00f3n deba interpretarse como un todo, como una unidad arm\u00f3nica y coherente, y renuncia a maximizar la efectividad de todas las disposiciones constitucionales involucradas, que es precisamente lo que hace el juez constitucional.<\/p>\n
Es esta una raz\u00f3n m\u00e1s para apoyar la decisi\u00f3n que qued\u00f3 plasmada en la sentencia, pues solo en un esquema de despenalizaci\u00f3n parcial del aborto es posible hablar de protecci\u00f3n de derechos de la mujer sin desconocer la protecci\u00f3n incremental de la vida del que est\u00e1 por nacer. Solo all\u00ed es posible hablar de ponderaci\u00f3n, \u201cllave de oro\u201d del derecho constitucional. Solo en este modelo, los derechos de uno ceden o se incrementan gradualmente en funci\u00f3n del incremento o reducci\u00f3n de los derechos del otro.<\/p>\n
4. El t\u00e9rmino de las 24 semanas<\/p>\n
11. Considero que la decisi\u00f3n de despenalizar el aborto antes de la semana 24 es adecuada, necesaria y proporcional porque, con frecuencia, la mujer conoce su estado de embarazo semanas despu\u00e9s de la concepci\u00f3n, usualmente entre la mitad y el final del primer trimestre, con lo cual es necesario darle un tiempo prudencial de reflexi\u00f3n en caso de que se trate de un embarazo no deseado. As\u00ed mismo, es necesario darle un tiempo para acceder a los servicios m\u00e9dicos en caso de que tome la decisi\u00f3n de interrumpir su embarazo. Por \u00faltimo, ese plazo de reflexi\u00f3n puede aprovecharlo para sopesar sus condiciones materiales, presentes y futuras, y buscar una red de apoyo que le ayude a tomar la decisi\u00f3n, sea cual sea. No tendr\u00eda sentido despenalizar el aborto solo hasta las semanas en que la mujer suele enterarse de su estado de embarazo porque la estrechez de la ventana de tiempo la sorprender\u00eda de nuevo en los territorios del delito.<\/p>\n
Este margen de reflexi\u00f3n y de preparaci\u00f3n, por supuesto, no est\u00e1 all\u00ed necesariamente para agotarse. El l\u00edmite m\u00e1ximo de las 24 semanas funciona sincr\u00f3nicamente con la exhortaci\u00f3n al Congreso y al Gobierno para que dise\u00f1en una pol\u00edtica p\u00fablica que, al ser implementada, reduzca al m\u00e1ximo los tiempos de espera.<\/p>\n
El de las 24 semanas es un l\u00edmite extremo a partir del cual la Corte considera razonable que el legislador sancione penalmente a la mujer, pero se espera que, como lo notan las estad\u00edsticas, muy pocas mujeres tomen la decisi\u00f3n y accedan al servicio legal abortivo despu\u00e9s de la semana 20.<\/p>\n
Otro factor que sustenta la decisi\u00f3n de las 24 semanas es la dificultad local de acceso a los servicios abortivos a partir del momento en que la mujer se entera de que est\u00e1 embarazada. La precariedad de los servicios de salud en muchas regiones del pa\u00eds juega en contra de los derechos de las mujeres, porque es un hecho externo a su voluntad que le quita tiempo de maniobra. Esta circunstancia deb\u00eda entrar en el c\u00e1lculo de las semanas de la despenalizaci\u00f3n pues el ejercicio de esta libertad no puede quedar supeditado a la insuficiencia de la oferta institucional. En este sentido, puede decirse que el plazo de las 24 semanas tambi\u00e9n es un factor que funciona en el contexto de la realidad de salud p\u00fablica nacional.<\/p>\n
De este modo, se espera que en la medida en que el sistema de salud se tecnifique, los abortos se produzcan lo m\u00e1s cerca posible a la fecha de la concepci\u00f3n. Tambi\u00e9n, que la educaci\u00f3n sexual y las pruebas de embarazo permitan la notificaci\u00f3n temprana del embarazo para que la decisi\u00f3n no se dilate.<\/p>\n
De todos modos, se repite que la sentencia no conmina a la mujer a esperar a la semana 24 para abortar. Esta es una fecha l\u00edmite hasta la cual la Corte consider\u00f3 que era jur\u00eddicamente permitido abortar sin penalizar a la mujer con la p\u00e9rdida de su libertad.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
En suma, se entiende que 24 semanas es un tiempo justo para que la mujer madure la decisi\u00f3n, no solo por las breves razones que acabo de exponer, sino por las m\u00e1s ampliamente descritas y desarrolladas en el texto de la ponencia.<\/p>\n
5. Efectos del fallo<\/p>\n
12. 12. \u00a0Creo que es coherente reconocer que la despenalizaci\u00f3n hasta la semana 24 no reducir\u00e1 autom\u00e1ticamente el n\u00famero de abortos. En cambio, la decisi\u00f3n s\u00ed deber\u00eda tener un efecto sensible y temprano en la disminuci\u00f3n del n\u00famero de mujeres v\u00edctimas de malas pr\u00e1cticas abortivas que mueren o quedan est\u00e9riles o atraviesan por complicaciones m\u00e9dicas graves o por experiencias emocionales dram\u00e1ticas. El aborto era hasta hace dos a\u00f1os la cuarta causa de muerte materna en el pa\u00eds, seg\u00fan las cifras del DANE aportadas al proceso.<\/p>\n
Por otro lado, se espera que la supresi\u00f3n parcial de la sanci\u00f3n penal libere a la mujer de la carga de mover el aparato burocr\u00e1tico para practicarse un aborto.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
La despenalizaci\u00f3n tambi\u00e9n abre un espacio de legitimidad para que la sociedad y el Estado asesoren a la mujer que tenga dudas en torno a esta decisi\u00f3n, ofreci\u00e9ndole alternativas para encarar los motivos personales que le han hecho inclinarse por abortar. Esto es factible cuando dichos motivos tienen que ver con condiciones materiales insuficientes para atender una vida en condiciones de dignidad o con situaciones de violencia a las que la mujer no quiere someter a su hijo indefenso.<\/p>\n
Esta opci\u00f3n era impensable en el r\u00e9gimen de penalizaci\u00f3n pues -vigente el delito sin l\u00edmite temporal-, el Estado, sus m\u00e9dicos, el personal de salud, corr\u00edan el riesgo de convertirse en c\u00f3mplices o encubridores de la mujer que abortaba, lo cual explica que gran cantidad de las denuncias fueran presentadas justamente por las propias instituciones de salud, tal como lo indica el fallo. De all\u00ed el paran\u00f3ico abuso de la objeci\u00f3n de conciencia – incluso para las tres causales previstas en la jurisprudencia-, objeto de an\u00e1lisis por la Corte en el estudio de las barreras creadas por la sentencia C-355 de 2006.<\/p>\n
As\u00ed, la asesor\u00eda y acompa\u00f1amiento estatales deber\u00edan asistir a la madre para evitar que un embarazo no deseado la lleve contra las cuerdas. El fallo le devuelve la libertad en el ejercicio de su maternidad, es decir, la capacidad de autodefinirse y, con ello, la de moldear la forma de su propia existencia.<\/p>\n
13. Esta sentencia lleva el impl\u00edcito y triste reconocimiento de que siempre ha habido abortos, incluso a pesar de la existencia del delito. En cambio, el exhorto de la parte resolutiva s\u00ed es un llamado al Estado para que enfrente las causas de algunos embarazos no deseados, que son el motivo de que tantas mujeres terminen hundi\u00e9ndose en l\u00f3gicas de pobreza y desesperanza, cuando no en la terrible alternativa del suicidio.<\/p>\n
Tambi\u00e9n es la v\u00eda para acortar las desoladoras filas de ni\u00f1os no deseados, no queridos y mal cuidados que son entregados en adopci\u00f3n y que no encontrar\u00e1n una familia que los acoja, pues resulta evidente que el n\u00famero de personas dispuestas a adoptar es mucho menor que el n\u00famero de ni\u00f1os que llegar\u00edan al mundo si todos los embarazos no deseados culminaran con el nacimiento. El Estado no estar\u00eda en capacidad de cuidar, educar ni amar a todos los ni\u00f1os que nacieran de embarazos no deseados y ser\u00eda insensato e insensible ignorar esta realidad; con el agravante de que cada d\u00eda que pasa es m\u00e1s dif\u00edcil para un ni\u00f1o desamparado encontrar una familia que lo adopte, pues suele ocurrir que los pretendidos padres se inclinen m\u00e1s por adoptar beb\u00e9s y no ni\u00f1os mayores.<\/p>\n
La sentencia tambi\u00e9n es una forma de reducir las cifras de mujeres esterilizadas, mutiladas o que morir\u00edan por culpa de \u201ccirug\u00edas\u201d dom\u00e9sticas, bebedizos, p\u00f3cimas o remedios de curanderos, o de esta industria ilegal que comercializa sin escr\u00fapulos con su tragedia.<\/p>\n
14. Este era quiz\u00e1 el mayor defecto de la norma demandada pues, agazapado detr\u00e1s del tipo penal, el Estado y la sociedad se hab\u00edan olvidado de encontrar las verdaderas causas del problema y de hallar las posibles y mejores soluciones. Nada m\u00e1s sencillo y ninguna peor alternativa que meter a las mujeres a la c\u00e1rcel. Al final ten\u00edan raz\u00f3n quienes consideraban -como lo hizo el fallo- que dadas las condiciones el derecho penal hab\u00eda traicionado su vocaci\u00f3n de \u00faltima ratio del derecho sancionatorio.<\/p>\n
La decisi\u00f3n plasmada en la sentencia no declara ganadores ni perdedores. El aborto es un drama humano en el que la Corte -ante la inexcusable inactividad del Congreso- debi\u00f3 intervenir para minimizar sus efectos. Hay ocasiones en que la decisi\u00f3n correcta es la que opta por el mal menor.<\/p>\n
Pasar\u00e1n a\u00f1os hasta que los resultados de su implementaci\u00f3n ofrezcan un escenario m\u00e1s optimista, con un panorama de fondo en el que los abortos se reduzcan a su m\u00ednima expresi\u00f3n y en que los que se practiquen se hagan de forma segura y t\u00e9cnica.<\/p>\n
Ello suceder\u00e1 cuando la educaci\u00f3n sexual sea trasl\u00facida, se imparta libre de prejuicios y dogmas y produzca j\u00f3venes sexualmente responsables; cuando los anticonceptivos y las pruebas de embarazo sean una opci\u00f3n asequible -si no gratuita-, omnipresente e informada para todos; cuando la pobreza retroceda y las mujeres puedan enfrentar dignamente su maternidad, a\u00fan sin dependencia masculina; cuando el Estado ofrezca salidas jur\u00eddicas y materiales viables a las mujeres que afrontan una maternidad incapaz de sobrellevar; cuando los servicios de salud acompa\u00f1en y asesoren a la madre gestante para que tome la mejor decisi\u00f3n posible; cuando la violencia machista ceda\u2026 \u00a1en fin!<\/p>\n
Aunque la realidad de los hechos se oponga tozudamente a la materializaci\u00f3n de estos ideales, si el sistema jur\u00eddico no marca en el horizonte las metas que dignifican la vida humana, la sociedad nunca avanzar\u00e1 en esta direcci\u00f3n. Prefiero que estos derroteros est\u00e9n all\u00e1, iluminando ese futuro que quiero para mis hijas, y no que la ignorancia, el dogmatismo y el miedo sigan profiriendo las condenas contra las mujeres de este pa\u00eds.<\/p>\n
Fecha ut supra<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
JULIO ANDRES OSSA SANTAMARIAConjuez<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
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\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO DE LA MAGISTRADA<\/p>\n
DIANA FAJARDO RIVERA<\/p>\n
A LA SENTENCIA C-055\/22<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Referencia: Expediente D-13956<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Demanda de inconstitucionalidad contra el art\u00edculo 122 de la Ley 599 de 2000, por la cual se dicta el C\u00f3digo Penal<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Magistrados ponentes:<\/p>\n
Antonio Jos\u00e9 Lizarazo Ocampo<\/p>\n
Alberto Rojas R\u00edos<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Una Constituci\u00f3n para todas<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
1. Con el respeto acostumbrado por las decisiones de la Corte Constitucional, presento a continuaci\u00f3n las razones de mi aclaraci\u00f3n de voto a la Sentencia C-055 de 2022, por la cual se condicion\u00f3 la validez constitucional del tipo penal de aborto, en el sentido de que la conducta no puede ser sancionada si se materializa antes de la semana 24 del per\u00edodo de gestaci\u00f3n. Esta decisi\u00f3n constituye un avance importante en la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de ni\u00f1as, adolescentes, mujeres y, en general, personas gestantes, dado que se pas\u00f3 de la despenalizaci\u00f3n excepcional del aborto en tres causales, vigente desde la adopci\u00f3n de la Sentencia C-355 de 2006, a un sistema mixto de causales y plazos.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
3. Indic\u00f3, adem\u00e1s, que la tipificaci\u00f3n analizada entraba en fuerte tensi\u00f3n constitucional con (iii) el derecho a la libertad de conciencia, en particular a la autonom\u00eda reproductiva, en tanto la interferencia del Estado -pese al r\u00e9gimen de causales- es a\u00fan intensa, respecto a un asunto personal\u00edsimo, individual e intransferible que, de forma presente y futura, impacta diversas esferas de la vida personal, familiar y social de la ni\u00f1a, adolescente, mujer y, en general, persona gestante; y, (iv) el fin preventivo de la pena y, adem\u00e1s, la caracter\u00edstica del derecho penal como ultima ratio, por cuanto, primero, el tipo penal no protege id\u00f3neamente el bien jur\u00eddico que pretende amparar y tampoco disuade, y, segundo, porque, ante la ausencia de una pol\u00edtica integral con un enfoque de salud p\u00fablica, el Estado ha acudido al derecho penal como prima ratio.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
4. A partir de lo anterior, la Sala Plena estim\u00f3 que deb\u00eda buscar un remedio constitucional \u00f3ptimo, en el sentido de que, por un lado, protegiera el valor de la vida, conforme a los art\u00edculos 11 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 4.1. de la Convenci\u00f3n Americana sobre derechos humanos y, por el otro, amparara al m\u00e1ximo posible los derechos de las ni\u00f1as, adolescentes, mujeres y, en general, personas gestantes. Para ello, tras indicar que el valor de la vida en gestaci\u00f3n era gradual e incremental, y una finalidad constitucional imperiosa, estim\u00f3 como criterios relevantes los siguientes (i) garantizar el r\u00e9gimen de causales previsto en la Sentencia C-355 de 2006, y (ii) maximizar los bienes en tensi\u00f3n, encontrando en la semana 24 de gestaci\u00f3n un criterio m\u00e9dico, con una alta evidencia cient\u00edfica, determinante para la posibilidad de vida aut\u00f3noma extrauterina.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
5. En estas condiciones, la Sentencia C-055 de 2022 es un pronunciamiento trascendental para el constitucionalismo colombiano y, en especial, un avance decisivo hacia la construcci\u00f3n de una sociedad m\u00e1s justa, un paso ineludible en la eliminaci\u00f3n de la discriminaci\u00f3n contra la mujer; una condici\u00f3n m\u00ednima de respeto por la libertad y autonom\u00eda de miles de ni\u00f1as, adolescentes, mujeres y, en general, personas gestantes en el pa\u00eds.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
6. Comparto en t\u00e9rminos generales las l\u00edneas argumentativas acogidas por la mayor\u00eda de la Sala Plena para llegar a la conclusi\u00f3n mencionada, sin embargo, aclar\u00e9 mi voto por dos razones. Primero, para destacar algunos puntos centrales de la sentencia que, en mi criterio, son fundamentales y, adem\u00e1s, contribuyen con fuerza a sostener por qu\u00e9, segundo, pese a acompa\u00f1ar a la mayor\u00eda, el art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal debi\u00f3 ser declarado inexequible. Respecto a este primer asunto, a continuaci\u00f3n me referir\u00e9 a (i) la discriminaci\u00f3n directa e indirecta del tipo penal de aborto, asuntos que fueron mencionados por la Sala Plena al referirse al desconocimiento del principio de igualdad y al quebrantamiento de la caracter\u00edstica del derecho penal como ultima ratio; y a (ii) la ineficacia demostrada del tipo penal de aborto y los da\u00f1os que produce en la vida de ni\u00f1as, adolescentes, mujeres y, en general, personas gestantes, asunto abordado en la Sentencia C-055 de 2022 al estudiar la violaci\u00f3n a la finalidad preventiva de la pena.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
7. En cuanto a la segunda raz\u00f3n de la presente aclaraci\u00f3n, esto es, al porqu\u00e9 acompa\u00f1\u00e9 la despenalizaci\u00f3n de la interrupci\u00f3n voluntaria del aborto si se realiza antes de la semana 24 de gestaci\u00f3n pese a que estimo que la penalizaci\u00f3n en general es inconstitucional, me referir\u00e9 a dos aspectos: (iii) los problemas que ocasion\u00f3 el sistema de causales definido en la Sentencia C-355 de 2006 y (iv) la necesidad de un tr\u00e1nsito definitivo desde el derecho penal hacia una pol\u00edtica de salud p\u00fablica en torno al embarazo, el parto y\/o la interrupci\u00f3n voluntaria del mismo.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
i. (i) \u00a0La discriminaci\u00f3n directa e indirecta del tipo penal de aborto<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
8. El tipo penal de aborto persigue a las mujeres. Por lo tanto, refleja un uso discriminatorio de la pol\u00edtica y el derecho penal. Este prev\u00e9 como sujeto activo de la conducta a \u201cla mujer\u201d, en su inciso primero, y a quien realice la conducta con el consentimiento de la mujer, en su inciso segundo (usualmente, personal m\u00e9dico).<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
9. La existencia de un tipo penal que desde su redacci\u00f3n pone sus ojos en la mitad de la poblaci\u00f3n y, adem\u00e1s, en aquella mitad que ha sido sujeta a fen\u00f3menos hist\u00f3ricos de discriminaci\u00f3n y opresi\u00f3n deber\u00eda conmover por s\u00ed sola la conciencia jur\u00eddica de un estado constitucional de derecho.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
10. Sostener que semejante diferencia de trato es razonable porque se desprende de razones biol\u00f3gicas no mejora las cosas, pues pondr\u00eda a la configuraci\u00f3n biol\u00f3gica de los cuerpos en la base de la decisi\u00f3n de castigar; y atribuir la definici\u00f3n del tipo al control de un ejercicio irresponsable de la sexualidad implica tomar como fundamento estereotipos de g\u00e9nero. En ambos casos, la decisi\u00f3n de castigar tendr\u00eda como fundamento criterios sospechosos de inconstitucionalidad.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
11. As\u00ed, el tipo penal de aborto discrimina directamente a las mujeres en relaci\u00f3n con los hombres; y con mayor intensidad a las mujeres que enfrentan diversas condiciones de vulnerabilidad.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
* El da\u00f1o producido por el tipo penal de aborto es m\u00e1s intenso a medida que aumenta la vulnerabilidad de algunas ni\u00f1as, adolescentes, mujeres y, en general, de personas gestantes<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
12. La discriminaci\u00f3n indirecta se presenta cuando una norma, en apariencia neutral, genera efectos negativos para un sector de la poblaci\u00f3n. Este concepto es muy importante para comprender y combatir la discriminaci\u00f3n estructural, que suele esconderse precisamente en pr\u00e1cticas sociales que se consideran neutrales. El tipo penal de aborto afecta con especial intensidad a las mujeres que enfrentan diversas condiciones de vulnerabilidad: ni\u00f1as, adolescentes, mujeres y personas gestantes j\u00f3venes son las principales destinatarias de la persecuci\u00f3n penal, las mujeres de escasos recursos o en condici\u00f3n de vulnerabilidad econ\u00f3mica, las trabajadoras sexuales son investigadas en una proporci\u00f3n mayor al resto de la sociedad, al igual que las mujeres migrantes.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
13. Las relaciones entre la prohibici\u00f3n penal y el acceso a la salud ocasionan un entramado de problemas adicionales. As\u00ed, quienes m\u00e1s necesitan servicios adecuados de salud f\u00edsica y mental son perseguidas penalmente; y quienes ya enfrentan problemas de acceso al Sistema de Seguridad Social, por ejemplo, por su profesi\u00f3n o su condici\u00f3n migratoria, se ven pr\u00e1cticamente en imposibilidad de ejercer el derecho a la interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo:\u00a0el temor a que el personal m\u00e9dico las denuncie se conjuga con los riesgos de morbilidad y muerte.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
() La ineficacia del tipo penal de aborto y los da\u00f1os que produce en la vida de ni\u00f1as, adolescentes, mujeres y, en general, de las personas gestantes<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
14. La jurisprudencia constitucional ha defendido de manera decidida y constante el poder de configuraci\u00f3n del Congreso de la Rep\u00fablica en materia penal; y de los \u00f3rganos pol\u00edticos en el dise\u00f1o, implementaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de la pol\u00edtica criminal. El respeto por tales principios implica que un argumento gen\u00e9rico sobre la ineficacia de una norma penal resultar\u00eda insuficiente para derrumbar su presunci\u00f3n de validez constitucional; sin embargo, un argumento capaz de demostrar la ineficacia absoluta de una norma penal cuestiona en realidad la idoneidad de la medida para alcanzar un fin constitucional leg\u00edtimo; es decir, su razonabilidad y proporcionalidad.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
15. Ello ha ocurrido excepcionalmente, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional declar\u00f3 inexequible la norma que penalizaba el pago de rescates para combatir el secuestro por considerarla ineficaz en las circunstancias extremas en que se encuentran las familias que han sufrido un secuestro, o en la reciente decisi\u00f3n sobre la pena de prisi\u00f3n perpetua, en la que la ineficacia de esta pena oper\u00f3 como un argumento de apoyo en la demostraci\u00f3n de la sustituci\u00f3n de la Constituci\u00f3n. En el caso de la penalizaci\u00f3n del aborto, una vez m\u00e1s, la idoneidad de la medida result\u00f3 desvirtuada. La informaci\u00f3n estad\u00edstica allegada por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n hizo eco a los estudios acad\u00e9micos aportados por las accionantes e intervinientes; ambas fuentes coinciden en que este tipo penal, en el plano de los hechos, no reduce el n\u00famero de abortos.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
16. Adem\u00e1s, su ineficacia contrasta con los da\u00f1os que la penalizaci\u00f3n suscita en las vidas de miles de ni\u00f1as, adolescentes, mujeres y, en general de las personas gestantes, pues a ra\u00edz de la prohibici\u00f3n penal, aquellos casos que no conducen a la iniciaci\u00f3n de un proceso penal, son llevados a cabo en condiciones m\u00e9dicas y sanitarias inadecuadas o insuficientes.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
17. Abortos realizados en casa, con m\u00e9todos riesgosos o en cl\u00ednicas clandestinas, cuya calidad se encuentra condicionada por la capacidad econ\u00f3mica de quien acude al servicio, pueden conducir a complicaciones, infecciones que, en principio, no pueden ser atendidas en las instituciones del sistema de salud, sin enfrentar el riesgo de denuncia. El n\u00famero de casos que sigue la v\u00eda penal produce consecuencias negativas en la vida de las mujeres, en su salud f\u00edsica y emocional, en los planos afectivo y profesional; e impacta sus derechos fundamentales, por la posible privaci\u00f3n de libertad, la suspensi\u00f3n de derechos pol\u00edticos y el registro de antecedentes. En esta l\u00ednea, personas que requieren servicios de salud, reciben la amenaza o los efectos del derecho penal.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
18. As\u00ed las cosas, la ineficacia absoluta de este tipo penal y sus impactos negativos en los derechos fundamentales de ni\u00f1as, mujeres y otras personas gestantes crean una lesi\u00f3n desproporcionada a tales bienes constitucionales, cuya defensa es imperativa para el Tribunal Constitucional.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
19. En este sentido, las tensiones que la Sala Plena encontr\u00f3 entre la tipificaci\u00f3n del aborto consentido en el art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal y los principios y derechos que fundaron cada uno de los cargos de inconstitucionalidad estudiados por la Sala Plena y, en particular, los dos asuntos aqu\u00ed resaltados, dan cuenta de que la penalizaci\u00f3n no es una medida estatal adecuada, razonable y proporcional, para proteger eficazmente la vida en gestaci\u00f3n y, al mismo tiempo, proteger los derechos involucrados de las ni\u00f1as, adolescentes, mujeres y, en general, personas gestantes, adem\u00e1s de fundarse en un criterio sospechoso -el sexo- y reproducir estereotipos de g\u00e9nero. Aunque lo anterior, en mi criterio, debi\u00f3 determinar la inexequibilidad de la penalizaci\u00f3n de la interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo, la decisi\u00f3n adoptada constituy\u00f3 la mejor soluci\u00f3n posible en el estado actual de construcci\u00f3n constitucional y, por tal motivo, la suscrib\u00ed. A continuaci\u00f3n, destaco dos elementos de esta postura.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
() Los problemas que se evidenciaron con el paso del tiempo en el sistema de causales definido en la Sentencia C-355 de 2006<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
20. En la Sentencia C-355 de 2006 la Corte Constitucional consider\u00f3, por primera vez, que penalizar de manera absoluta la interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo afectaba intensamente la dignidad humana, la autonom\u00eda, la vida, la integridad personal y la salud, y estableci\u00f3 hip\u00f3tesis o causales espec\u00edficas en las que la penalizaci\u00f3n resulta extremadamente injusta. Estas se configuran cuando (i) el embarazo es producto, entre otras circunstancias, de una violaci\u00f3n, (ii) exista malformaci\u00f3n del feto que haga inviable su vida o (iii) la gestaci\u00f3n constituya un peligro para la salud y vida de la mujer.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
22. As\u00ed, con la penalizaci\u00f3n absoluta del aborto el acceso a servicios de salud de calidad est\u00e1 reservado para quienes cuentan con las condiciones suficientes para eludir la prohibici\u00f3n legal; mientras que, con el sistema basado \u00fanicamente en las causales excepcionales, los profesionales de la salud se ven enfrentados al dilema de trabajar por el bienestar de la mujer, adoptando una interpretaci\u00f3n amplia de las causales; o de protegerse frente a cualquier denuncia en su contra, acogiendo un enfoque restrictivo y elevando (en ocasiones creando) los requisitos administrativos y probatorios.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
23. Un dilema que, atravesado por el derecho penal, no se puede resolver \u00fanicamente desde la ciencia y la \u00e9tica m\u00e9dica, sino tambi\u00e9n a partir de un c\u00e1lculo sobre los riesgos que los profesionales estar\u00edan dispuestos a asumir. En estos t\u00e9rminos, el sistema de causales, a pesar de ser una construcci\u00f3n razonable, termin\u00f3 por propiciar tensiones entre la solidaridad, el cuidado y el ejercicio de la profesi\u00f3n m\u00e9dica para el bienestar de todas las mujeres y la defensa de intereses propios. En especial, de mantenerse al margen de investigaciones y juicios penales.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
24. Por ello, la Sentencia C-055 de 2022, al establecer un sistema mixto, basado primero en un plazo para la realizaci\u00f3n de los procedimientos sin penalizaci\u00f3n y, solo en la \u00faltima etapa, en el sistema de causales, es un paso relevante en la construcci\u00f3n de una Constituci\u00f3n incluyente para ni\u00f1as, adolescentes, mujeres y, en general, personas gestantes; raz\u00f3n por la cual, apoy\u00e9 la decisi\u00f3n y, en este sentido, la determinaci\u00f3n de la semana 24 de gestaci\u00f3n como criterio relevante, en atenci\u00f3n, no solamente a la gradualidad y el valor incremental de la vida que est\u00e1 en desarrollo, sino al hecho de que, nuevamente, son las mujeres cuya vida se encuentra atravesada por fen\u00f3menos de marginalizaci\u00f3n intensa e interseccional quienes se enfrentan a los mayores obst\u00e1culos o barreras al sistema de salud, por lo cual, una mayor permisi\u00f3n en el tiempo permite un mayor espectro de protecci\u00f3n, evidenciando, adem\u00e1s, que en aquellos pa\u00edses en los que la interrupci\u00f3n voluntaria se encuentra m\u00e1s ampliamente permitida, quienes acuden a la misma en etapas m\u00e1s avanzadas constituyen un porcentaje muy peque\u00f1o.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
25. Pese a lo anterior, las razones que condujeron a esta decisi\u00f3n (y que he destacado hasta el momento) deber\u00edan llevar, en el futuro, a un tr\u00e1nsito definitivo del castigo a la salud p\u00fablica.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
() Del castigo a la salud p\u00fablica<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
26. El tipo penal de aborto consentido hace parte de un conjunto de normas en las cuales el Derecho positivo ha trazado una delicada l\u00ednea entre el ejercicio de un derecho fundamental y la comisi\u00f3n de un delito. As\u00ed, a un lado de la l\u00ednea, la interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo es una manifestaci\u00f3n v\u00e1lida (permitida y protegida) del ejercicio a la salud, la autonom\u00eda y la determinaci\u00f3n sexual y reproductiva. Al otro lado, se trata de una conducta prohibida y perseguida a trav\u00e9s de la herramienta que m\u00e1s intensamente puede interferir en los derechos de una persona, el derecho penal. Esta l\u00ednea deber\u00eda tener la claridad propia de la tipicidad penal y la flexibilidad y amplitud de los derechos fundamentales.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
27. En este caso, el art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal abre un abismo en el que se destruyen bienes constitucionales relevantes; en donde se producen de manera constante, a\u00f1o a a\u00f1o, abortos clandestinos, riesgosos para la salud y la vida de las ni\u00f1as, adolescentes, mujeres y, en general, personas gestantes, en el cual el desempe\u00f1o del sistema de salud en ocasiones naufraga.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
28. Un abismo entre el castigo y el m\u00e1ximo respeto por la autonom\u00eda de la mujer sobre su cuerpo y destino.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
29. Para superarlo es necesario trasladar la discusi\u00f3n sobre la interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo desde el derecho penal hacia la salud p\u00fablica. Y, considero necesario advertir, que asumir este tr\u00e1nsito del delito a la salud p\u00fablica, como consecuencia necesaria del Estado social de derecho, no significa estar a favor o promover abortos. La decisi\u00f3n de abortar, el modo y momento de hacerlo, suelen ser procesos muy complejos, dolorosos o desafiantes para la vida de las mujeres y otras personas gestantes. El contexto en que se produce cada caso es muy diverso.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
30. En este orden de ideas, hablar sobre la despenalizaci\u00f3n definitiva del aborto implica enunciar un hecho dif\u00edcil para el Estado constitucional: en el \u00e1mbito del embarazo, su interrupci\u00f3n voluntaria, o el parto y la lactancia, las pol\u00edticas p\u00fablicas educativas y de salud tienen una deuda con las mujeres, las adolescentes, las ni\u00f1as y, en general, las personas gestantes. La informaci\u00f3n oportuna sobre los m\u00e9todos anticonceptivos, la pastilla del d\u00eda siguiente y el derecho fundamental a la interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo deber\u00edan hacer parte de un sistema que ofrezca el nivel m\u00e1s alto de bienestar a todas las mujeres que tengan intereses relacionados con en el embarazo; a aquellas que tienen razones para terminarlo voluntariamente, y aquellas que esperan llegar hasta el final de la gestaci\u00f3n a trav\u00e9s del parto.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
31. La paradoja de la penalizaci\u00f3n aparece entonces con especial claridad. El escenario de la prohibici\u00f3n total conduce a abortos inseguros, no disuade a la realizaci\u00f3n de la conducta y genera problemas sociales adicionales derivados de la restricci\u00f3n de derechos; el sistema de causales conduce a discusiones interpretativas que, a la postre, derivan en la realizaci\u00f3n tard\u00eda del procedimiento, de modo que afecta el valor incremental de la vida en gestaci\u00f3n y genera fen\u00f3menos ajenos a la solidaridad social y al ejercicio de las profesiones asociadas a la salud.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
32. Por todo lo expuesto, la forma de proteger simult\u00e1neamente\u00a0los derechos de la mujer y el valor incremental de la vida en gestaci\u00f3n se encuentra en alcanzar un estado constitucional de cosas en el cual la interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo se lleve a cabo en las primeras semanas de gestaci\u00f3n, etapa en la que es posible realizarla con apoyo telef\u00f3nico, mediante el uso de medicamentos y sin generar da\u00f1os intensos a los bienes que se han pretendido proteger mediante la tipificaci\u00f3n penal (la vida en gestaci\u00f3n) y la despenalizaci\u00f3n parcial de la conducta (la autonom\u00eda sexual y reproductiva de la mujer, entre otros comprometidos).<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
33. Para que el sistema de salud brinde la mejor atenci\u00f3n a todas las mujeres, en sede de prevenci\u00f3n, pedagog\u00eda, acceso a informaci\u00f3n, planificaci\u00f3n familiar, prestaci\u00f3n efectiva de servicios de salud sexual y reproductiva es imprescindible abandonar el enfoque del castigo y pasar al de satisfacci\u00f3n de derechos y necesidades. Transitar hacia un Estado que no juzgue a unas mujeres mientras protege a otras, por razones que en \u00faltimas reflejan estereotipos de g\u00e9nero y discriminaci\u00f3n por raz\u00f3n de sexo, como el ejercicio de la sexualidad o la capacidad para la gestaci\u00f3n. Por este camino el sistema se har\u00e1 tambi\u00e9n m\u00e1s robusto para la prestaci\u00f3n de servicios a las mujeres que aspiran a dar a luz.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Este rumbo garantizar\u00e1 que nuestra Constituci\u00f3n pueda cobijar a todas: ni\u00f1as, adolescentes, mujeres y, en general, a las personas gestantes.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Fecha ut supra<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
DIANA FAJARDO RIVERA<\/p>\n
Magistrada<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO DEL MAGISTRADO<\/p>\n
JOSE FERNANDO REYES CUARTAS<\/p>\n
SENTENCIA C-055\/22<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
1. 1. \u00a0En la sentencia C-055 de 2022 la Sala Plena de la Corte Constitucional decidi\u00f3, entre otras cosas, lo siguiente:<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
PRIMERO: Declarar la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del art\u00edculo 122 de la Ley 599 de 2000 \u201cpor medio de la cual, se expide el C\u00f3digo Penal\u201d, en el sentido de que la conducta de abortar all\u00ed prevista solo ser\u00e1 punible cuando se realice despu\u00e9s de la vig\u00e9simo cuarta (24) semana de gestaci\u00f3n y, en todo caso, este l\u00edmite temporal no ser\u00e1 aplicable a los tres supuestos en los que la Sentencia C-355 de 2006 dispuso que no se incurre en delito de aborto, esto es, \u201c(i) Cuando la continuaci\u00f3n del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada por un m\u00e9dico; (ii) Cuando exista grave malformaci\u00f3n del feto que haga inviable su vida, certificada por un m\u00e9dico; y, (iii) Cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminaci\u00f3n artificial o transferencia de \u00f3vulo fecundado no consentidas, o de incesto\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
2. Luego de precisar el alcance de los intereses en tensi\u00f3n -los derechos a la salud sexual y reproductiva, a la igualdad y a la libertad de conciencia de las mujeres y el deber de protecci\u00f3n de la vida en gestaci\u00f3n- la Corte consider\u00f3 que la exequibilidad simple de la disposici\u00f3n demandada o su inexequibilidad inmediata no ofrec\u00edan una respuesta constitucional adecuada para resolver las cuestiones que planteaba la demanda dado que cualquiera de tales opciones supondr\u00eda el sacrificio absoluto de uno de los intereses. En su lugar, identific\u00f3 una f\u00f3rmula intermedia que dio \u201crelevancia a cada una de las garant\u00edas en tensi\u00f3n, de tal forma que, a diferencia de restar protecci\u00f3n constitucional \u2013por el resultado que se seguir\u00eda de otorgar preferencia a alguna de estas garant\u00edas\u2013 se logre una mayor realizaci\u00f3n de la totalidad de valores en tensi\u00f3n\u201d. Bajo esa perspectiva y con el objeto de avanzar en una f\u00f3rmula que armonizara concretamente los aspectos relevantes dispuso que antes de la semana veinticuatro (24) de gestaci\u00f3n la conducta descrita en el art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal no ser\u00eda punible.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
3. Si bien acompa\u00f1\u00e9 los argumentos plasmados en la decisi\u00f3n de la mayor\u00eda considero necesario aclarar mi voto respecto de dos temas en particular. En primer lugar, ofrecer\u00e9 razones adicionales que justifican el t\u00e9rmino de veinticuatro (24) semanas establecido en la providencia. En segundo lugar, aludir\u00e9 al alcance del deber de protecci\u00f3n de la vida del que est\u00e1 por nacer.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
I. I. \u00a0Consideraciones adicionales sobre la correcci\u00f3n del t\u00e9rmino de veinticuatro (24) semanas para la interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
4. La sentencia adopt\u00f3 el t\u00e9rmino de veinticuatro (24) semanas de gestaci\u00f3n con base en un referente normativo que permitiera maximizar los bienes jur\u00eddicos en tensi\u00f3n durante las distintas etapas del periodo de gestaci\u00f3n: el concepto de autonom\u00eda. Seg\u00fan la providencia, la autonom\u00eda \u201cse asocia con el momento a partir del cual es posible considerar que se rompe la dependencia de la vida en formaci\u00f3n respecto de la persona gestante, esto es, cuando se acredita una mayor probabilidad de vida aut\u00f3noma extrauterina (cercana a un 50%), circunstancia que se ha evidenciado con mayor certeza a partir de la semana 24 de gestaci\u00f3n, que corresponde al estado m\u00e1s avanzado del desarrollo embrionario\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
5. La determinaci\u00f3n del l\u00edmite temporal no fue una tarea sencilla para la Sala Plena. Reconozco que respecto de la conclusi\u00f3n de la Corte pueden sobrevenir discusiones significativas en tanto se relaciona con el plazo m\u00e1ximo del que disponen las mujeres para ejercer el derecho reconocido en la sentencia. Opiniones cient\u00edficas y morales concurren en este debate y cada una de ellas a partir de sus premisas ha propuesto alternativas de decisi\u00f3n que la Corte debe valorar con detalle. No obstante, el t\u00e9rmino establecido por la sentencia no es el resultado de la discreci\u00f3n de la Corte, tal y como ello se refleja en la motivaci\u00f3n de la sentencia C-055 de 2022.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
6. La ponderaci\u00f3n impon\u00eda a la Corte abordar aquellas variables emp\u00edricas que, desde una perspectiva constitucional, tienen incidencia en el peso espec\u00edfico del deber estatal de protecci\u00f3n de la vida humana y del derecho a la autodeterminaci\u00f3n sexual y reproductiva de la mujer. En esa direcci\u00f3n, (i) las aproximaciones cient\u00edficas que intentan fijar las fronteras en las que el peso del deber referido se incrementa as\u00ed como (ii) la mayor o menor idoneidad institucional para asegurar oportunamente el ejercicio de un derecho, constituye referentes ineludibles a efectos de valorar el modo en que la armonizaci\u00f3n de los intereses constitucionales en juego debe realizarse.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
7. Considero entonces importante destacar argumentos adicionales que justifican el t\u00e9rmino de veinticuatro (24) semanas como l\u00edmite para el ejercicio libre de este importante y trascendental derecho de las personas gestantes.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
* Primera raz\u00f3n. La capacidad del feto de sentir dolor o la conciencia del feto de sentir dolor<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
8. Si bien no hay un consenso cient\u00edfico sobre la semana exacta a partir de la cual el feto podr\u00eda sentir dolor, evidencia cient\u00edfica destacada indica que a partir de la semana veinticuatro (24) son mayores las posibilidades de que ello ocurra. Expertos en la materia coinciden en las siguientes conclusiones. Primero, \u201cel desarrollo del sistema nervioso central del feto es progresivo en organicidad y funcionamiento\u201d y \u201c[n]o es probable, debido a ello, que el feto sienta dolor antes de la semana 20 y quiz\u00e1s podr\u00eda, dado al desarrollo m\u00e1s avanzado de su fisiolog\u00eda, comenzar a sentir dolor entre las semanas 22 y 26\u201d. Segundo, \u201c[l]a presencia de las fibras t\u00e1lamo-corticales es indispensable para la percepci\u00f3n del dolor, pero, aun estando estas presentes, no son suficientes ya que, adem\u00e1s, estas deben ser funcionales\u201d. Tercero, \u201c[s]uponiendo que la conciencia se localiza principalmente en la corteza, la conciencia no puede emerger antes de las 24 semanas de gestaci\u00f3n cuando se establecen las conexiones talamocorticales de los \u00f3rganos de los sentidos\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
9. Son varias las organizaciones que cuestionan la capacidad de dolor fetal antes de la presencia de una corteza desarrollada, bas\u00e1ndose en la hip\u00f3tesis de la necesidad cortical. Por ejemplo, el informe del Royal College of Obstetricians and Gynaecologists indica que el dolor fetal no es estructuralmente posible hasta la semana 24 de gestaci\u00f3n y es poco probable que sea funcionalmente posible hasta despu\u00e9s del nacimiento. En el mismo sentido, el Colegio Americano de Obstetras y Ginec\u00f3logos y la Sociedad de Medicina Materno Fetal afirman que el dolor fetal no es estructuralmente posible hasta al menos las semanas 24-25 de gestaci\u00f3n, que el feto no puede ser consciente del dolor \u201chasta el tercer trimestre como m\u00ednimo\u201d y que no puede percibir el dolor como tal hasta \u201ca fines del tercer trimestre\u201d.\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Es necesario insistir en que los textos cient\u00edficos citados no constituyen evidencia definitiva sobre el momento exacto en el cual el feto comienza a sentir dolor. Sin embargo, son referentes adicionales en los cuales la Sala Plena pudo apoyar su decisi\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
– Segunda raz\u00f3n. La viabilidad del feto<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
10. La sentencia C-055 de 2022 fundament\u00f3 su principal consideraci\u00f3n sobre el t\u00e9rmino de veinticuatro (24) semanas en el concepto de autonom\u00eda. En apoyo de esta conclusi\u00f3n creo que es relevante considerar algunas aproximaciones cient\u00edficas que advierten la supervivencia incremental de los beb\u00e9s nacidos a partir de la semana veinticuatro (24).<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
11. En el texto \u201cPeriviable birth and the shifting limit of viability\u201d se concluye que los estudios publicados en la \u00faltima d\u00e9cada evidencian tasas de supervivencia del 5% al 7% despu\u00e9s del nacimiento a las 22 semanas de gestaci\u00f3n. A partir de la semana 22 de gestaci\u00f3n las tasas de supervivencia son considerablemente m\u00e1s altas -aproximadamente 25% a 35%-; posibilidades de supervivencia que aumentan a partir de la semana 23. Por su parte, en el estudio denominado \u201cOutcomes of infants born at 22 and 23 weeks\u2019 gestation\u201d se concluye que los nacidos a las 22 y 23 semanas de gestaci\u00f3n tienen un mayor riesgo de muerte que los beb\u00e9s nacidos a las 24 semanas. Finalmente, en el art\u00edculo \u201cMorbimortalidad en reci\u00e9n nacidos al l\u00edmite de la viabilidad en Espa\u00f1a: estudio de base poblacional\u201d se se\u00f1ala que \u201c[l]a supervivencia sin morbilidad mayor en menores de 23 semanas de EG es excepcional, y en RN de 23 y 24 semanas, muy baja. Los RN \u2265 25 semanas de EG tienen posibilidades razonables de supervivencia y, en ausencia de malformaciones mayores u otras complicaciones relevantes, se les deber\u00eda ofrecer reanimaci\u00f3n activa y cuidados intensivos\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
12. Estos estudios, al igual que lo evidenciado en los an\u00e1lisis de dolor fetal, no ofrecen certeza sobre una fecha exacta de viabilidad del feto. Sin embargo, de ellos es posible extraer un fundamento s\u00f3lido para el establecimiento de la semana 24 -t\u00e9rmino acogido por la Sala Plena-. Es en ese momento a partir del cual el feto tiene mayores opciones de sobrevivir fuera del vientre de la mujer y por ello el inter\u00e9s estatal de proteger la vida se incrementa.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
– Tercera raz\u00f3n. Los obst\u00e1culos que encuentran las mujeres para hacer efectivo su derecho a la IVE<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
13. Establecer un t\u00e9rmino de veinticuatro (24) semanas responde adem\u00e1s al lapso razonable para que las mujeres ejerzan su derecho teniendo en cuenta los diferentes obst\u00e1culos que se imponen a su pr\u00e1ctica por parte de las instituciones privadas y estatales que de alguna forma intervienen en este procedimiento.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
14. A partir de la expedici\u00f3n de la sentencia C-355 de 2006 la Corte, a trav\u00e9s de sus distintas salas de revisi\u00f3n, ha identificado diferentes obst\u00e1culos que encuentran las mujeres para la pr\u00e1ctica de la IVE en los t\u00e9rminos en que ello fue autorizado en esa decisi\u00f3n. A continuaci\u00f3n se refieren algunos de los que ha identificado la jurisprudencia de la Corte.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
14.1. Ausencia de informaci\u00f3n oportuna, suficiente y adecuada en materia reproductiva. En la sentencia T-731 de 2016 la Corte conoci\u00f3 de una acci\u00f3n de tutela presentada por un funcionario de la Defensor\u00eda del Pueblo indicando que el ICBF intent\u00f3 disuadir a una menor de 14 a\u00f1os de su intenci\u00f3n de interrumpir la gestaci\u00f3n, pese a contar con un diagn\u00f3stico m\u00e9dico sobre su grave estado de salud mental ocasionado por el embarazo. Finalmente la IVE se le practic\u00f3 en la semana 25. Luego, en la sentencia T-697 de 2016 la Corte resolvi\u00f3 el caso de una menor de 14 a\u00f1os, v\u00edctima de violencia sexual, a quien los funcionarios del ICBF tambi\u00e9n pretendieron persuadirla para que continuara con su embarazo. En este caso, la menor decidi\u00f3 continuar con el embarazo pues pasadas m\u00e1s de 20 semanas el procedimiento no se le hab\u00eda practicado.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
14.2. Exigencia de requisitos no previstos en la jurisprudencia. En la sentencia T-988 de 2007 la Corte valor\u00f3 el caso de una mujer en situaci\u00f3n de discapacidad, v\u00edctima de acceso carnal violento y, en consecuencia, con un embarazo de nueve semanas de gestaci\u00f3n. La madre de la menor solicit\u00f3 la pr\u00e1ctica de la IVE. Sin embargo, la EPS someti\u00f3 la autorizaci\u00f3n del procedimiento a la existencia de una sentencia de interdicci\u00f3n judicial y a un examen psicol\u00f3gico para constatar que el acceso carnal no fue consentido. En sede de revisi\u00f3n la madre de la menor inform\u00f3 que el embarazo fue interrumpido de forma particular, pues pasadas m\u00e1s de 15 semanas de gestaci\u00f3n persist\u00eda la negativa de la EPS. En la sentencia T-388 de 2009 la Corte conoci\u00f3 el caso de una mujer de 23 semanas de gestaci\u00f3n quien solicit\u00f3 la IVE por \u201cgrave malformaci\u00f3n del feto incompatible con la vida\u201d, el m\u00e9dico tratante le exigi\u00f3 una orden judicial y, finalmente, el procedimiento se practic\u00f3 a las 26 semanas de gestaci\u00f3n aproximadamente.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
14.3. Falta de disponibilidad de los medios para la realizaci\u00f3n de la IVE en todo el territorio, en los diferentes niveles de complejidad y en cualquier etapa del embarazo. En la sentencia T-171 de 2007 la Corte conoci\u00f3 el caso de una mujer quien a las 20 semanas de embarazo se enter\u00f3 de que su feto era incompatible con la vida. La mujer solicit\u00f3 la IVE pero la recomendaci\u00f3n de la junta m\u00e9dica fue llevar a t\u00e9rmino el embarazo, por el avanzado estado de gestaci\u00f3n. En efecto a las 30 semanas fue necesaria una ces\u00e1rea de urgencia, el reci\u00e9n nacido muri\u00f3 a los 5 minutos.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
En un caso similar, en la sentencia T-532 de 2014 la Corte analiz\u00f3 la situaci\u00f3n de una mujer de 31 a\u00f1os, con 17 semanas de embarazo, que solicit\u00f3 la pr\u00e1ctica de la IVE por grave afectaci\u00f3n a su salud mental. Cuando logr\u00f3 obtener el certificado m\u00e9dico que certificaba la causal la EPS se neg\u00f3 a practicar el procedimiento por el avanzado estado del embarazo -22 semanas-. La mujer, entonces, fue obligada a continuar el embarazo.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Finalmente, en la sentencia T-301 de 2015 la Corte valor\u00f3 la situaci\u00f3n de una mujer cuyo embaraz\u00f3 llevaba 28 semanas y quien solicit\u00f3 la IVE por \u201cgrave malformaci\u00f3n del feto incompatible con la vida\u201d. La EPS se neg\u00f3 a practicarla por falta de una IPS que realizara el procedimiento al tener m\u00e1s de 22 semanas de gestaci\u00f3n. Pese a las acciones judiciales adelantadas por la accionante, no fue posible acceder a la IVE y, en consecuencia, la mujer continu\u00f3 con su embarazo (32 semanas).<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
En los tres casos a Corte declar\u00f3 la carencia actual de objeto.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
En un asunto similar, en la sentencia T-959 de 2011 conoci\u00f3 el caso de una mujer con 24 semanas de gestaci\u00f3n quien solicit\u00f3 la IVE por \u201cgrave malformaci\u00f3n del feto incompatible con la vida\u201d y por grave afectaci\u00f3n a la salud mental de la mujer. Luego de varias juntas m\u00e9dicas y de contar con un certificado de Profamilia, se concluy\u00f3 que pese a la gravedad del diagn\u00f3stico del feto la causal no se configuraba. Al final, la mujer culmin\u00f3 con el embarazo.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
En la sentencia SU-096 de 2018 la Corte conoci\u00f3 el caso de una mujer quien a las 21 semanas de gestaci\u00f3n le diagnosticaron inviabilidad del feto. Su m\u00e9dico tratante le orden\u00f3 la pr\u00e1ctica de la IVE. Sin embargo, la EPS someti\u00f3 el certificado a varias juntas m\u00e9dicas. Finalmente, en la semana 26 de gestaci\u00f3n se realiz\u00f3 el procedimiento.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
En los tres casos a Corte declar\u00f3 la carencia actual de objeto.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
14.5. No realizaci\u00f3n de la IVE por objeci\u00f3n de conciencia por parte del m\u00e9dico. En la sentencia T-209 de 2008 la Corte resolvi\u00f3 el caso de una menor de 13 a\u00f1os de edad, v\u00edctima de acceso carnal violento, quien solicit\u00f3 a la EPS la pr\u00e1ctica de la IVE ordenada por el centro de atenci\u00f3n integral a v\u00edctimas de agresi\u00f3n sexual (CAIVAS) de la Fiscal\u00eda. Los m\u00e9dicos se negaron a practicar el procedimiento alegando objeci\u00f3n de conciencia. En este caso, pese a no tener certeza de si la menor continu\u00f3 o no su embarazo, la Corte declar\u00f3 una carencia actual de objeto por da\u00f1o consumado, pues a la fecha de proferida la sentencia ya el embarazo estar\u00eda concluido.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
En la sentencia T-946 de 2008 la Corte conoci\u00f3 el caso de una menor de edad diagnosticada con s\u00edndrome de Down quien qued\u00f3 embarazada fruto de un acceso carnal violento. El m\u00e9dico tratante objet\u00f3 conciencia. Seg\u00fan la historia cl\u00ednica la EPS atendi\u00f3 el parto de la menor. La Corte, entre otras cosas, orden\u00f3 a la EPS indemnizar a la accionante por la violaci\u00f3n de sus derechos fundamentales.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
En la sentencia T-585 de 2010 una mujer de 24 a\u00f1os, con tres embarazos previos de alto riesgo -en dos de ellos tuvo riesgo de muerte y en el \u00faltimo un aborto espont\u00e1neo- solicit\u00f3 la IVE por tener \u201cmiedo a morir\u201d. Los m\u00e9dicos tratantes se negaron a certificar la causal alegando la objeci\u00f3n de conciencia. Ante la ausencia de respuesta institucional la mujer decidi\u00f3 no continuar con el embarazo. \u00a0La Corte declar\u00f3 la carencia actual de objeto por da\u00f1o consumado.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
15. De la s\u00edntesis precedente es posible identificar un conjunto de barreras institucionales que han impedido a las mujeres acceder a su derecho fundamental a la IVE. Ellos se relacionan con pr\u00e1cticas de las instituciones de salud o del personal sanitario. Los obst\u00e1culos impuestos afectaron adem\u00e1s de manera especial a personas que se encuentran en situaci\u00f3n de vulnerabilidad debido a su edad, a la situaci\u00f3n de discapacidad o a las dificultades especiales del embarazo en atenci\u00f3n a su salud f\u00edsica y mental.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
16. Una conclusi\u00f3n dram\u00e1tica se extrae de los casos expuestos. En algunos casos, luego de superar las barreras impuestas por el sistema, las interrupciones del embarazo -IVE- se realizaron entre las semanas veinticuatro y veintis\u00e9is de gestaci\u00f3n. No obstante, en la mayor\u00eda de los eventos conocidos por la Corte, las mujeres fueron obligadas a llevar a t\u00e9rmino la gestaci\u00f3n, pese a cumplir con las causales dispuestas en la sentencia C-355 de 2006. Tales circunstancias evidencian la importancia de disponer de un t\u00e9rmino suficiente que, atendiendo las pr\u00e1cticas institucionales permitan que las mujeres ejerzan el derecho reconocido en la sentencia C-055 de 2022.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
– Cuarta raz\u00f3n. El est\u00e1ndar internacional<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
17. A nivel internacional son diferentes las f\u00f3rmulas acogidas por los pa\u00edses con el fin de garantizar el derecho a la interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo. La sentencia C-055 de 2022 concluy\u00f3 que incluso las legislaciones m\u00e1s flexibles \u201crestringen la interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo cuando la gestaci\u00f3n se encuentra en una etapa avanzada y, en general, se considera que la vida extrauterina es viable (esto es, entre las 20 y 24 semanas de gestaci\u00f3n)\u201d.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
18. Para justificar dicha conclusi\u00f3n la ponencia menciona los casos de Holanda, \u00a0Australia, Estado de Nueva York y Gran Breta\u00f1a (aborto libre hasta la semana 24 de gestaci\u00f3n), Alemania y Espa\u00f1a (aborto libre hasta la semana 22 de gestaci\u00f3n), Sud\u00e1frica (aborto libre hasta la semana 20 de gestaci\u00f3n) y el caso de Canad\u00e1 donde est\u00e1 permitido el aborto en cualquier etapa del embarazo, en el Estado de Quebec se ofrecen el servicios de interrupci\u00f3n del embarazo hasta la semana 23; en los Estados de Alberta y Ontario hasta la semana 24, y Columbia Brit\u00e1nica hasta las 24 semanas y 6 d\u00edas de gestaci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
19. Sobre este punto es importante destacar que seg\u00fan el Centro de Derechos Reproductivos el l\u00edmite gestacional m\u00e1s com\u00fan en el mundo para permitir la IVE es el de 12 semanas de gestaci\u00f3n. No obstante, en atenci\u00f3n a las barreras de acceso al derecho a la IVE identificadas en la anterior consideraci\u00f3n, no es posible seguir el promedio mundial. Por el contrario, la evidencia emp\u00edrica permite a la Sala acoger el t\u00e9rmino que mejor garantiza los derechos de las mujeres sin desconocer el deber de protecci\u00f3n de la vida del nasciturus, esto es, veinticuatro (24) semanas.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
. El deber de protecci\u00f3n a la vida del que est\u00e1 por nacer<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
20. La sentencia C-355 de 2006 dispuso que \u201cla vida del nasciturus es un bien constitucionalmente protegido y por esa raz\u00f3n el legislador est\u00e1 obligado a adoptar medidas para su protecci\u00f3n\u201d. La Corte reconoce que esta protecci\u00f3n es incremental. Ello justifica la ponderaci\u00f3n que este tribunal plasm\u00f3 en la sentencia C-055 de 2022.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
21. Es necesario insistir en que la ponderaci\u00f3n no tuvo como premisa el reconocimiento de un derecho a la vida del nasciturus sino el deber de protecci\u00f3n de la vida que est\u00e1 por nacer. Ni el embri\u00f3n ni el feto son, desde el punto de vista constitucional, personas a las que corresponda reconocer derechos y deberes. Ello, naturalmente, no implica que el Estado sea indiferente en su salvaguarda. En efecto, la referencia que a la vida humana se encuentra en los art\u00edculos 2 y 95.2 de la Constituci\u00f3n unida a la dimensi\u00f3n objetiva del art\u00edculo 11, le impone a las autoridades p\u00fablicas la responsabilidad de concurrir a su protecci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
22. Este punto de partida, fundado en una perspectiva a mi juicio secular, toma nota que la vida humana no siempre se manifiesta del mismo modo ni tiene las mismas caracter\u00edsticas. Y precisamente, las dificultades que se suscitan alrededor del aborto exigen tener en cuenta dicha circunstancia a efectos de ofrecer una respuesta constitucional que no solo sea racionalmente controlable, sino que articule adecuadamente todos los intereses en juego. Lo que se discute en este caso no es si la vida humana merece protecci\u00f3n. Lo que se discute es, en realidad, bajo que condiciones su protecci\u00f3n debe ceder a efectos de garantizar los derechos a la autodeterminaci\u00f3n sexual y reproductiva de las personas gestantes. Por ello y aunque pueda parecer muy usual afirmarlo, la discusi\u00f3n del aborto no constituye para el derecho constitucional una cuesti\u00f3n del todo o nada.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
23. Comprendo plenamente los desacuerdos que persistir\u00e1n. No puede la Corte pretender evitarlos. De cualquier forma, el deber de guardar la integridad y supremac\u00eda de la Constituci\u00f3n impon\u00eda en esta oportunidad optimizar los principios que subyacen a la Constituci\u00f3n y que se expresan en ella. Proteger la vida, los derechos de las personas gestantes y el principio democr\u00e1tico suscitaba un desaf\u00edo alrededor del cual discutimos.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
24. Sin embargo, en algo deber\u00edamos estar de acuerdo. M\u00faltiples responsabilidades subsisten para el Estado. El deber de asegurar el acceso a la educaci\u00f3n sexual y reproductiva de modo permanente, as\u00ed como la garant\u00eda de condiciones materiales m\u00ednimas, seguramente implicar\u00eda la reducci\u00f3n de los casos en los cuales las personas gestantes deben enfrentarse al dilema, ciertamente dif\u00edcil, de interrumpir el embarazo. Reconocer la existencia de un derecho a la interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo no implica, en modo alguno, desconocer la importancia de proteger la vida humana. Pero no es la vida lo \u00fanico que se encontraba en juego en la decisi\u00f3n que en esta ocasi\u00f3n adopt\u00f3 la Corte.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos dejo consignada mi aclaraci\u00f3n de voto.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
JOSE FERNANDO REYES CUARTAS<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Sentencia C-055\/22 \u00a0 \u00a0 Referencia: expediente D-13.956 \u00a0 Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra el art\u00edculo 122 de la Ley 599 del 2000. \u00a0 Demandantes: Ana Cristina Gonz\u00e1lez V\u00e9lez, Mariana Ardila Trujillo, Catalina Mart\u00ednez Coral, Sandra Patricia Mazo Cardona, Laura Leonor Gil Urbano, Ang\u00e9lica Cocom\u00e1 Ricaurte, Ana Mar\u00eda M\u00e9ndez Jaramillo, Cristina Rosero Arteaga, Aura Carolina Cuasapud […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[136],"tags":[],"class_list":["post-28195","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-sentencias-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/28195","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=28195"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/28195\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=28195"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=28195"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=28195"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}