C-208-97<\/p>\n
Sentencia C-208\/97 <\/p>\n
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Diligencia inspecci\u00f3n antes de tr\u00e1mite concursal <\/p>\n
Referencia: Expediente D-1438 <\/p>\n
Normas Demandadas: <\/p>\n
Art\u00edculo 25 del Decreto-Ley 1080 de 1996. <\/p>\n
Demandante: Alvaro Londo\u00f1o Restrepo <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Dr. ANTONIO BARRERA CARBONELL <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., abril veinticuatro (24) de mil novecientos noventa y siete (1997). <\/p>\n
I. ANTECEDENTES. <\/p>\n
Cumplidos los tr\u00e1mites constitucionales y legales propios de la acci\u00f3n p\u00fablica de inconstitucionalidad, procede la Corte a decidir de m\u00e9rito en relaci\u00f3n con la demanda promovida por el ciudadano Alvaro Londo\u00f1o Restrepo, contra el art\u00edculo 25 del decreto-ley 1080 de 1996, con fundamento en la competencia que le otorga el art\u00edculo 241-5 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
II. TEXTO DE LA NORMA ACUSADA. <\/p>\n
Se transcribe a continuaci\u00f3n el texto de la norma acusada: <\/p>\n
DECRETO 1080 DE 1996 <\/p>\n
Art\u00edculo 25. Antes de proceder a la apertura del tr\u00e1mite concursal y siempre que lo considere necesario, la Superintendencia de Sociedades en ejercicio de las funciones de inspecci\u00f3n y vigilancia, proceder\u00e1 a ordenar una diligencia de inspecci\u00f3n al ente deudor, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a la solicitud, a efectos de establecer: <\/p>\n
a. El cumplimiento de su objeto social en los t\u00e9rminos del contrato social. <\/p>\n
b. Si la contabilidad se lleva conforme a lo previsto en el p\u00e1rrafo tercero del art\u00edculo 546 del decreto 2469 de 1993. <\/p>\n
c. La estructura y concentraci\u00f3n de los activos, al igual que la existencia de grav\u00e1menes que pesan sobre los mismos. <\/p>\n
d. Las obligaciones de contenido patrimonial a su cargo y cu\u00e1les de \u00e9stas se encuentran vencidas. <\/p>\n
e. Si se han hecho las apropiaciones necesarias para proteger los activos y para reconocer tanto los pasivos laborales como los contingentes. <\/p>\n
f. La ocurrencia de p\u00e9rdidas que constituyan causal de disoluci\u00f3n y\/o liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
g. La existencia, cuant\u00eda y estado de los procesos judiciales en su contra; y <\/p>\n
h. Cualquier otro aspecto que en el curso de la diligencia resulte conveniente investigar con el fin de establecer la real situaci\u00f3n jur\u00eddica, contable, econ\u00f3mica y administrativa de las sociedades comerciales, las sucursales de sociedades extranjeras y las empresas unipersonales. <\/p>\n
PARAGRAFO PRIMERO: Con el fin de establecer los hechos de que tratan los literales anteriores, los funcionarios comisionados para practicar la inspecci\u00f3n podr\u00e1n, entre otros, interrogar bajo la gravedad del juramento a cualquier persona cuyo testimonio se requiera y obtener los documentos necesarios para la apertura del tr\u00e1mite concursal. <\/p>\n
PARAGRAFO SEGUNDO: El informe de los funcionarios comisionados y las copias de los documentos que soporten formar\u00e1n parte del expediente. <\/p>\n
PARAGRAFO TERCERO: La Superintendencia resolver\u00e1 sobre la apertura del tr\u00e1mite concursal, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al recibo del informe correspondiente. <\/p>\n
III. LA DEMANDA. <\/p>\n
El demandante fundamenta su acusaci\u00f3n se\u00f1alando que la norma impugnada viola la Constituci\u00f3n porque al expedirla el Presidente de la Rep\u00fablica excedi\u00f3 los l\u00edmites que la ley 222 de 1995 (art. 226) la cual le otorg\u00f3 atribuciones exclusivamente “para que determine la estructura, la administraci\u00f3n y recursos de la superintendencia de sociedades”, mas no para expedir regulaciones en aspectos de naturaleza procesal. <\/p>\n
As\u00ed, seg\u00fan el actor, la ley 222 (art. 92), estableci\u00f3 de manera escueta, que una vez formulada la solicitud de concordato, deber\u00eda proceder la Superintendencia, dentro de los tres d\u00edas siguientes, a admitirla, en tanto que la norma acusada condicion\u00f3 la decisi\u00f3n a la pr\u00e1ctica de otras diligencias, desconociendo las precisiones y l\u00edmites establecidos por el art\u00edculo 150-10 superior. <\/p>\n
IV. INTERVENCIONES. <\/p>\n
1. Ministerio de Desarrollo y Superintendencia de Sociedades. <\/p>\n
Los apoderados de estos dos organismos p\u00fablicos solicitaron a esta Corporaci\u00f3n declarar exequibilidad de la norma acusada, al considerar que la disposici\u00f3n acusada no excede, como se pretende, las facultades extraordinarias que la ley habilitante le otorg\u00f3 al gobierno para determinar la estructura, administraci\u00f3n y recursos de la Superintendencia, si se tiene en cuenta al desarrollar el mandato, se invocaron las atribuciones de inspecci\u00f3n y vigilancia con que cuenta la instituci\u00f3n, y que le permite llevar a cabo visitas u otras diligencias en relaci\u00f3n con cualquier sociedad antes de abrir el proceso concursal. Toda decisi\u00f3n judicial, como lo es la que determina la apertura del concurso, debe fundarse en pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso y para ello debe el funcionario obtener y disponer de los elementos de juicio necesarios para que la admisi\u00f3n de la solicitud de concordato no se base \u00fanicamente en las pruebas aportadas por la empresa. <\/p>\n
2. Del ciudadano Aulo Gelio Morales Ruiz. <\/p>\n
El abogado Aulo Gelio Morales Ru\u00edz, intervino para defender la constitucionalidad de la norma acusada aduciendo que as\u00ed como la Superintendencia es competente para dar curso a la conciliaci\u00f3n entre acreedores y la sociedad, del mismo modo puede se\u00f1alar que tiene competencia para servir de centro de arbitraje. Es aplicable, para el interviniente, el principio jur\u00eddico seg\u00fan el cual donde cabe la misma raz\u00f3n se aplica la misma disposici\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONCEPTO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. <\/p>\n
En la oportunidad legal, el se\u00f1or Procurador General de la Naci\u00f3n (e) se pronunci\u00f3 sobre la demanda y solicit\u00f3 a esta Corporaci\u00f3n declarar exequible la disposici\u00f3n acusada. <\/p>\n
Advierte el Procurador, que en la labor de control de la Superintendencia en la consecuci\u00f3n de los objetivos propuestos por la reforma, debe ante todo asegurar la conservaci\u00f3n de la empresa; por ello le corresponde una actividad realmente preventiva encaminada a evitar a toda costa la iniciaci\u00f3n de un proceso concursal, el cual ser\u00e1 la \u00faltima alternativa, una vez que se han agotado todos los medios jur\u00eddicos disponibles para solucionar una eventual crisis de la empresa. <\/p>\n
La herramienta otorgada a la Superintendencia por la norma demandada, en el sentido de poder disponer, antes de la apertura del tr\u00e1mite concursal, una diligencia de inspecci\u00f3n, tiende a asegurar que el ente estatal, en desarrollo de un esp\u00edritu conciliador y ejecutor, de conformidad con el art\u00edculo 2o. de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, cumpla con el deber a cargo de las autoridades de la Rep\u00fablica de proteger a todas las personas en sus vidas, honra, bienes, creencias y dem\u00e1s derechos y libertades. <\/p>\n
VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL. <\/p>\n
Cosa juzgada constitucional. <\/p>\n
La Corte Constitucional, mediante la sentencia C-1801 del 10 de abril de 1997, declar\u00f3 inexequible el art\u00edculo 25 del decreto ley 1080 de 1996, norma \u00e9sta cuya declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad igualmente solicita el demandante en este proceso, Alvaro Londo\u00f1o Restrepo. <\/p>\n
Dado que el aludido pronunciamiento de la Corte tiene el valor de cosa juzgada, en los t\u00e9rminos del art. 243 de la Constituci\u00f3n, en la parte resolutiva de este prove\u00eddo se ordenar\u00e1 estarse a lo resuelto en la aludida sentencia. <\/p>\n
VI. DECISION. <\/p>\n
Con fundamento en las consideraciones anteriores, la Corte Constitucional administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Estese a lo resuelto por la Corte en la sentencia C-180 del10 de abril de 1997. <\/p>\n
ANTONIO BARRERA CARBONELL <\/p>\n
Presidente <\/p>\n
EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
CARLOS GAVIRIA DIAZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
HERNANDO HERRERA VERGARA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
CARMENZA ISAZA DE GOMEZ <\/p>\n
Magistrada (E) <\/p>\n
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
FABIO MORON DIAZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
VLADIMIRO NARANJO MESA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
MARTHA VCITORIA SACHICA DE MONCALEANO <\/p>\n
Secretaria General <\/p>\n
<\/p>\n
1 M.P. Carlos Gaviria D\u00edaz. <\/p>\n
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