C-240-97<\/p>\n
Sentencia C-240\/97 <\/p>\n
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Contribuci\u00f3n parafiscal de origen agropecuario <\/p>\n
Referencia: Expediente D-1491 <\/p>\n
Norma acusada: Art\u00edculo 182 de la Ley 223 de 1995. <\/p>\n
Demandante: Mauricio Sarria Barrag\u00e1n <\/p>\n
Tema: <\/p>\n
Cosa juzgada constitucional <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Dr. ALEJANDRO MART\u00cdNEZ CABALLERO <\/p>\n
Santa Fe de Bogot\u00e1, veinte (20) de mayo de mil novecientos noventa y siete (1997). <\/p>\n
La Corte Constitucional de la Rep\u00fablica de Colombia, integrada por su Presidente Antonio Barrera Carbonell y por los Magistrados Jorge Arango Mej\u00eda, Eduardo Cifuentes Mu\u00f1oz, Carlos Gaviria D\u00edaz, Jos\u00e9 Gregorio Hern\u00e1ndez Galindo, Hernando Herrera Vergara, Alejandro Mart\u00ednez Caballero, Fabio Mor\u00f3n D\u00edaz y Vladimiro Naranjo Mesa <\/p>\n
EN NOMBRE DEL PUEBLO <\/p>\n
Y <\/p>\n
POR MANDATO DE LA CONSTITUCI\u00d3N <\/p>\n
Ha pronunciado la siguiente <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
El ciudadano Mauricio Sarria Barrag\u00e1n presenta demanda de inconstitucionalidad contra el art\u00edculo 182 de la Ley 223 de 1995, la cual fue radicada con el n\u00famero D-1491. Cumplidos, como est\u00e1n, los tr\u00e1mites previstos en la Constituci\u00f3n y en el Decreto No. 2067 de 1991, procede la Corte a decidir el asunto por medio de esta sentencia. <\/p>\n
II. DEL TEXTO OBJETO DE REVISI\u00d3N. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n se transcribe el art\u00edculo 182 de la Ley 223 de 1995, el cual se encuentra demandado en su totalidad. <\/p>\n
“LEY N\u00daMERO 223 DE 1995 <\/p>\n
(Diciembre 20) <\/p>\n
Por la cual se expiden normas sobre racionalizaci\u00f3n tributaria y se dictan otras disposiciones <\/p>\n
El Congreso de Colombia, <\/p>\n
DECRETA: <\/p>\n
(…) <\/p>\n
Art\u00edculo 182. Contribuciones Parafiscales. Las contribuciones parafiscales sobre productos de origen agropecuario y pesquero se causar\u00e1n tambi\u00e9n sobre las importaciones, tomando como base de liquidaci\u00f3n su valor FOB en el porcentaje que en cada caso se\u00f1ale la ley que establece la correspondiente cuota de fomento. <\/p>\n
Toda persona natural o jur\u00eddica que importe un producto de origen agropecuario y pesquero sujeto a una contribuci\u00f3n parafiscal est\u00e1 obligada a autorretener el valor de la cuota de fomento al momento de efectuar la nacionalizaci\u00f3n del producto y a remitir el monto total liquidado al respectivo fondo de fomento, bajo el procedimiento que establecen las normas vigentes sobre recaudo y administraci\u00f3n del fondo. <\/p>\n
Estos recursos se destinar\u00e1n exclusivamente a apoyar programas y proyectos de investigaci\u00f3n, transferencia de tecnolog\u00eda, y control y vigilancia sanitarios, elaborados por el Ministerio de Agricultura y la entidad administradora del fondo respectivo, y deber\u00e1n ser aprobados por el Comit\u00e9 Especial Directivo de que trata el Par\u00e1grafo siguiente. <\/p>\n
PAR\u00c1GRAFO. Para los efectos de las contribuciones parafiscales de que trata el presente art\u00edculo se conformar\u00e1 un Comit\u00e9 Especial Directivo, para cada uno de los renglones cubiertos por estas disposiciones, integrado as\u00ed: <\/p>\n
1. El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado, quien lo presidir\u00e1. <\/p>\n
2. El Ministro de Desarrollo Econ\u00f3mico, o su delegado. <\/p>\n
3. El Ministro de Comercio Exterior, o su delegado. <\/p>\n
4. El Director de CORPOICA, o su delegado. <\/p>\n
5. El Gerente General del ICA, o su delegado. <\/p>\n
6. El presidente de la SAC, o su delegado. <\/p>\n
7. El representante legal de la entidad administradora del respectivo fondo parafiscal. <\/p>\n
8. Un representante de las comercializadoras importadoras a las cuales se refiere el presente art\u00edculo. <\/p>\n
9. Un representante de las agroindustrias importadoras a las cuales se refiere el presente art\u00edculo”. <\/p>\n
III. LA DEMANDA. <\/p>\n
El actor considera que la norma demandada viola los art\u00edculos 9, 359, y 363 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
As\u00ed mismo, el demandante considera que las cuotas de fomento se orientan de manera exclusiva y espec\u00edfica a la elevaci\u00f3n de la producci\u00f3n agr\u00edcola y con ella a la reducci\u00f3n de costos de producci\u00f3n, lo que se traduce en aumento de rentabilidad para los productores. Por consiguiente, no justifica la inclusi\u00f3n del sector importador como sujeto pasivo de la contribuci\u00f3n parafiscal, pues de ninguna manera se beneficia con el objetivo que persigue la norma. <\/p>\n
De otro lado, el actor manifiesta que la norma acusada busca garantizar la seguridad alimentaria, objetivo loable, pero que no es suficiente para justificar la creaci\u00f3n de la contribuci\u00f3n parafiscal, puesto que difumina la esencia del tributo y se constituye en una carga injusta e inequitativa en detrimento de un grupo en particular. Por ello, si se ampara el inter\u00e9s de toda la sociedad el sujeto aportante debe ser todo el conglomerado. En consecuencia, seg\u00fan su criterio, la norma acusada tambi\u00e9n vulnera los principios de equidad y justicia tributaria, que son l\u00edmites a la actividad legislativa en este campo. <\/p>\n
El actor tambi\u00e9n manifiesta que la norma acusada transgrede el principio de representatividad del gremio importador, porque les niega la posibilidad de participaci\u00f3n en el recaudo y administraci\u00f3n de las cuotas, en la medida en que delega esa actividad al Ministerio de Agricultura y al Fondo administrador. <\/p>\n
Finalmente, el demandante considera que lo que aparenta ser una contribuci\u00f3n parafiscal est\u00e1 calificada en el comercio internacional como un gravamen a las importaciones y como tal es un tributo que contrar\u00eda del programa de liberaci\u00f3n comercial establecido en el Acuerdo de Cartagena. <\/p>\n
IV. INTERVENCI\u00d3N DE AUTORIDADES P\u00daBLICAS <\/p>\n
4. 1. Intervenci\u00f3n del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural <\/p>\n
La ciudadana Patricia Cuevas Mar\u00edn, en representaci\u00f3n del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, interviene en el proceso para defender la constitucionalidad de la norma acusada. Seg\u00fan su criterio, la contribuci\u00f3n parafiscal demandada re\u00fane todos los elementos que la determinan, lo que incluye la identidad del gremio de los sujetos aportantes, toda vez que la actividad econ\u00f3mica del sector agropecuario no se desarrolla exclusivamente por el productor, sino que tambi\u00e9n vincula de manera activa a la empresa procesadora, comercializadora y distribuidora de los productos agropecuarios y pesqueros. Es por ello que la Ley General del Desarrollo Agropecuario y Pesquero -Ley 101 de 1993- busc\u00f3 adecuar el sector agr\u00edcola a la internacionalizaci\u00f3n de estos productos, por lo cual el concepto de sector es mucho m\u00e1s amplio que el de s\u00f3lo productor. <\/p>\n
As\u00ed mismo, para la interviniente la norma acusada no desconoce el Acuerdo de Cartagena sino que lo desarrolla, pues de acuerdo con el art\u00edculo 44 de esa misma disposici\u00f3n, “los impuestos, tasas y grav\u00e1menes internos, los productos originarios de un pa\u00eds miembro gozar\u00e1n en el territorio de otro pa\u00eds miembro de tratamiento no menos favorable que el que se aplica a productos similares nacionales” <\/p>\n
V. INTERVENCI\u00d3N CIUDADANA <\/p>\n
5.1. El ciudadano Luis Carlos S\u00e1chica Aponte, interviene para impugnar la demanda. Seg\u00fan su criterio, no es procedente el cargo sobre el car\u00e1cter de impuesto con destinaci\u00f3n espec\u00edfica de la norma acusada, toda vez que en la contribuci\u00f3n parafiscal el beneficiario no es un grupo individualizado sino la colectividad, en la medida en que se favorecen todas las personas que contribuyen al resultado econ\u00f3mico del sector. Por consiguiente, a su juicio, existen circunstancias en donde los intereses individuales del sujeto aportante no coinciden con el segmento del sector beneficiado, puesto que a la parafiscalidad le es inherente la funci\u00f3n del Estado de intervenci\u00f3n en la Econom\u00eda, ya que esta “no es un privilegio gremial o de grupo sino un mecanismo macroecon\u00f3mico que se ajusta a la pol\u00edtica econ\u00f3mica general del Estado”. <\/p>\n
De otro lado, afirma el ciudadano inteviniente que la norma acusada no transgrede el art\u00edculo 363 de la Constituci\u00f3n porque dicha disposici\u00f3n no rige para la parafiscalidad, pues est\u00e1 dirigida expresamente a orientar la pol\u00edtica fiscal del Congreso y del Gobierno cuando inician, tramitan y aprueban leyes que ordenan impuestos. Adem\u00e1s, considera que resulta equivocado el argumento seg\u00fan el cual al privilegiar un segmento de la poblaci\u00f3n se coloca en una posici\u00f3n inequitativa e injusta a quienes no se favorecen, pues por el contrario, as\u00ed se aplica el verdadero sentido de la intervenci\u00f3n econ\u00f3mica. Entonces, a su juicio, lo fiscal est\u00e1 dirigido al provecho de la actividad estatal y lo parafiscal “est\u00e1 dirigido al provecho de la sociedad en general, mediante el mejoramiento de uno de sus sectores” <\/p>\n
Finalmente, el interviniente se\u00f1ala que es impropio plantear en un proceso de inconstitucionalidad la violaci\u00f3n de normas de nivel supranacional, puesto que ese estudio escapa el \u00e1mbito de decisi\u00f3n de un tribunal de derecho interno y contrar\u00eda la t\u00e9cnica constitucional. <\/p>\n
5.2. Concepto del Instituto Colombiano de Derecho Tributario <\/p>\n
VI. DEL CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACI\u00d3N. <\/p>\n
El Procurador General de la Naci\u00f3n (E) Luis Eduardo Montoya Medina, rinde el concepto fiscal de rigor y solicita a la Corte que por encontrarse en tr\u00e1mite el expediente D-1420 en donde se estudi\u00f3 la misma norma demandada, se declare estarse a lo resuelto en esa providencia, en la cual el Ministerio P\u00fcblico solicit\u00f3 la declaratoria de exequibilidad de la norma acusada. <\/p>\n
La Vista Fiscal reitera su posici\u00f3n en el sentido de considerar que la norma acusada es una contribuci\u00f3n parafiscal, pues goza de todos los elementos de ese tipo de tributo. As\u00ed pues, seg\u00fan su criterio, existe identidad en el beneficio sectorial, ya que pese a que los importadores no son beneficiarios directos de las contribuciones, todos los agentes econ\u00f3micos se integran al n\u00facleo esencial del proceso productivo. <\/p>\n
El Ministerio P\u00fablico se\u00f1ala que de acuerdo con los art\u00edculos 150 numeral 12 y 338 de la Carta, el Legislador est\u00e1 habilitado para establecer contribuciones parafiscales como las demandadas, y por lo tanto puede determinar los sujetos pasivos, ampliar o restringir la cobertura impositiva, se\u00f1alar el hecho generador y la base imponible, toda vez que la tributaci\u00f3n es un instrumento eficaz de intervenci\u00f3n del Estado en la econom\u00eda. <\/p>\n
Finalmente, el Procurador General (E) considera que la norma no s\u00f3lo est\u00e1 conforme con la Carta, sino que desarrolla los art\u00edculos 64 y 65 de la Constituci\u00f3n, pues las contribuciones parafiscales son mecanismos eficaces para garantizar la producci\u00f3n alimentaria del pa\u00eds y, a la vez, pretenden financiar los gastos e inversiones del Estado, fomentar la actividad agroindustrial y la transferencia de tecnolog\u00eda. <\/p>\n
VII. FUNDAMENTO JUR\u00cdDICO <\/p>\n
Competencia. <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 241 ordinal 4\u00ba de la Constituci\u00f3n, la Corte es competente para conocer de la constitucionalidad del art\u00edculo 182 de la Ley 223 de 1995, ya que se trata de una demanda de inconstitucionalidad en contra de una norma contenida en una ley de la Rep\u00fablica. <\/p>\n
Cosa juzgada constitucional <\/p>\n
2. Al realizar el estudio del art\u00edculo demandado, se encuentra que esta ya fue objeto de estudio por parte de esta Corporaci\u00f3n. As\u00ed, la sentencia C-152 de marzo 19 de 1997, decidi\u00f3 declarar inexequible el art\u00edculo 182 de la Ley 223 de 1995. Se tiene entonces, que oper\u00f3 la cosa juzgada constitucional y que, en consecuencia, esta Corporaci\u00f3n no puede volver a pronunciarse sobre materias que fueron objeto de decisi\u00f3n, por tal motivo se ordenar\u00e1 estarse a lo resuelto en la providencia citada. <\/p>\n
VIII. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la Rep\u00fablica de Colombia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
ESTARSE A LO RESUELTO por la Corte Constitucional en sentencia C-152 de marzo 19 de 1997, que dispuso “decl\u00e1rase INEXEQUIBLE el art\u00edculo 182 de la Ley 223 de 1995.” <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese, comun\u00edquese, ins\u00e9rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional, c\u00famplase y arch\u00edvese el expediente. <\/p>\n
ANTONIO BARRERA CARBONELL <\/p>\n
Presidente <\/p>\n
JORGE ARANGO MEJ\u00cdA EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ <\/p>\n
Magistrado Magistrado <\/p>\n
CARLOS GAVIRIA D\u00cdAZ JOS\u00c9 GREGORIO HERN\u00c1NDEZ GALINDO Magistrado Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
HERNANDO HERRERA VERGARA ALEJANDRO MART\u00cdNEZ CABALLERO <\/p>\n
Magistrado Magistrado <\/p>\n
FABIO MOR\u00d3N D\u00cdAZ VLADIMIRO NARANJO MESA <\/p>\n
Magistrado Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA VICTORIA S\u00c1CHICA DE MONCALEANO <\/p>\n
Secretaria General <\/p>\n
<\/p>\n
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