C-253-97<\/p>\n
Sentencia C-253\/97 <\/p>\n
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Intervenci\u00f3n Fiscal\u00eda en caso de flagrancia <\/p>\n
Referencia: Expediente D-1498. <\/p>\n
Norma Demandada: <\/p>\n
Ley 228 De 1995 Articulo 19. <\/p>\n
Actor: Leandro Castrill\u00f3n Ruiz <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Dr. ANTONIO BARRERA CARBONELL. <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., mayo veintiocho (28) de mil novecientos noventa y siete (1997). <\/p>\n
I. ANTECEDENTES. <\/p>\n
Cumplidos los tr\u00e1mites constitucionales y legales a que da lugar la acci\u00f3n p\u00fablica de inconstitucionalidad, procede la Corte a decidir de fondo en relaci\u00f3n con la demanda instaurada por el ciudadano Leandro Castrill\u00f3n Ruiz, contra el art\u00edculo 19 de la Ley 228 de 1995, afirmando su competencia con fundamento en el art\u00edculo 241-4 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
II. TEXTO DE LA NORMA ACUSADA. <\/p>\n
LEY 228 DE 1995 <\/p>\n
(Diciembre 21) <\/p>\n
Por la cual se determina el r\u00e9gimen aplicable a las contravenciones especiales y se dictan otras disposiciones <\/p>\n
Art\u00edculo 19. Intervenci\u00f3n especial de la Fiscal\u00eda. En los eventos en que, por raz\u00f3n del horario regular de atenci\u00f3n al p\u00fablico del respectivo despacho, no sea posible poner al capturado a disposici\u00f3n del funcionario competente dentro del t\u00e9rmino establecido en el numeral primero del art\u00edculo 18 de esta Ley, el aprehensor lo pondr\u00e1 a disposici\u00f3n de la Unidad Permanente de la Fiscal\u00eda m\u00e1s cercana. <\/p>\n
En tal caso, el Fiscal oir\u00e1 al aprehensor o examinar\u00e1 el informe rendido por \u00e9ste y escuchar\u00e1 al capturado, para determinar si concurren o no los requisitos de la flagrancia. En caso afirmativo, dictar\u00e1 auto de apertura de proceso y expedir\u00e1 mandamiento escrito al director del correspondiente establecimiento de detenci\u00f3n, para legalizar la privaci\u00f3n de la libertad. <\/p>\n
A la primera hora h\u00e1bil siguiente, el Fiscal enviar\u00e1 las diligencias al funcionario competente para proseguir el tr\u00e1mite, quien a partir de la actuaci\u00f3n adelantada por la Fiscal\u00eda, dar\u00e1 aplicaci\u00f3n a lo previsto en los numerales cuarto y siguientes del art\u00edculo 18 de la presente Ley. <\/p>\n
III. LA DEMANDA. <\/p>\n
Considera el actor que la norma demandada, por su contenido material quebranta abiertamente los art\u00edculos 2\u00b0, 29 y 250 de la Carta Pol\u00edtica, por cuanto asigna a la Fiscal\u00eda la funci\u00f3n de intervenir en la fase inicial de la investigaci\u00f3n contravencional penal, cuando la Constituci\u00f3n s\u00f3lo le atribuy\u00f3 la facultad de instruir delitos, desconociendo as\u00ed el legislador el principio universal del debido proceso y algunas de sus m\u00e1s connotadas manifestaciones como son el juez natural y las formas propias de cada juicio. <\/p>\n
Pone de presente, que el conocimiento de las contravenciones a que alude la Ley 228 fue asignado a los jueces penales y promiscuos municipales, que son su juez natural, por eso cuando el art\u00edculo 19 demandado, contrariando el 250 de la Constituci\u00f3n, asigna esa funci\u00f3n a la Unidad Permanente de Fiscal\u00eda m\u00e1s cercana, est\u00e1 desconociendo al juez natural y conculcando el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
Advierte adem\u00e1s, que si el debido proceso como una de las garant\u00edas procesales fundamentales del sindicado, tiene como uno de sus pilares la competencia y \u00e9sta, no le corresponde a la Fiscal\u00eda, resulta claro que el art\u00edculo en cuesti\u00f3n viola tambi\u00e9n este derecho fundamental del procesado. <\/p>\n
IV. INTERVENCION DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO. <\/p>\n
El ciudadano ALVARO NAMEN VARGAS, actuando como apoderado del Ministerio de Justicia y del Derecho, present\u00f3 un escrito en el cual expresa: <\/p>\n
En relaci\u00f3n a la supuesta transgresi\u00f3n de c\u00e1nones constitucionales de la norma acusada me permito reiterar la petici\u00f3n de declaratoria de exequibilidad del supuesto normativo que se impugna, con base en los argumentos de defensa planteados dentro del proceso D-1459, que cursa en el despacho del H. Magistrado Fabio Mor\u00f3n D\u00edaz. <\/p>\n
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION. <\/p>\n
El Procurador General de la Naci\u00f3n, solicit\u00f3 a esta Corporaci\u00f3n que si al momento de producirse el fallo correspondiente a esta demanda, ya se ha pronunciado la Corte en cuanto a la constitucionalidad de la norma impugnada en el expediente D-1459, deber\u00e1 decidirse en el sentido de estarse a lo all\u00ed resuelto, y si as\u00ed no ocurriere, declarar exequible el art\u00edculo 19 de la Ley 228 de 1995, con fundamento en los siguientes argumentos: <\/p>\n
La Ley 228 de 1995 determina, como regla general, cuando el contraventor sea capturado en situaci\u00f3n de flagrancia, que en un t\u00e9rmino no mayor a las treinta y seis horas siguientes a la aprehensi\u00f3n, el capturado sea puesto a \u00f3rdenes del juez penal o promiscuo municipal del lugar, quien dictar\u00e1 auto de apertura de proceso, para despu\u00e9s proceder a calificar la situaci\u00f3n de flagrancia, dentro de un t\u00e9rmino igual al anterior, contado a partir del momento en que el imputado sea puesto a disposici\u00f3n de la autoridad judicial. <\/p>\n
De esta manera, la ley da cumplimiento a lo establecido por el art\u00edculo 28 inciso segundo de la Constituci\u00f3n, de conformidad con el cual “la persona detenida preventivamente ser\u00e1 puesta a disposici\u00f3n del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que \u00e9ste adopte la decisi\u00f3n correspondiente en el t\u00e9rmino que establezca la ley”. <\/p>\n
La norma impugnada se funda en la necesidad de atender en forma permanente e inmediata a los requerimientos de los particulares y de las autoridades, cuando los dem\u00e1s despachos judiciales no puedan cumplir esta funci\u00f3n por causa del horario de atenci\u00f3n al p\u00fablico. <\/p>\n
VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE. <\/p>\n
Cosa juzgada constitucional. <\/p>\n
Sobre el art\u00edculo demandado ya ha tenido ocasi\u00f3n de pronunciarse esta Corte, de la siguiente manera: <\/p>\n
– Mediante sentencia C-689 del 5 de diciembre de 1996 (M.P. Dr. Jos\u00e9 Gregorio Hern\u00e1ndez Galindo), fue declarada exequible la frase ” y expedir\u00e1 mandamiento escrito al director del correspondiente establecimiento de detenci\u00f3n, para legalizar la privaci\u00f3n de la libertad”, correspondiente a la parte final del inciso segundo del art\u00edculo 19 de la Ley 228 de 1995. <\/p>\n
– Mediante sentencia C-198 del 17 de abril de 1997 (M.P. Dr. Fabio Mor\u00f3n D\u00edaz), fue declarado exequible el mismo art\u00edculo, salvo la frase anterior, en relaci\u00f3n con la cual se ordena estar a lo resuelto en la Sentencia C-689 de 1996. <\/p>\n
En este orden de ideas, es evidente que en el presente caso ha operado el fen\u00f3meno de la cosa juzgada constitucional (C P art.243), por lo cual la Corte decidir\u00e1 que en relaci\u00f3n con la aludida demanda se deber\u00e1 estar a lo resuelto en las precitadas sentencias. <\/p>\n
VII. DECISION <\/p>\n
Con fundamento en las precedentes consideraciones, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero: ESTESE A LO RESUELTO por la Corte en las sentencias C-689 del 5 de diciembre de 1996 y C-198 del 17 de abril de 1997, mediante las cuales se declar\u00f3 EXEQUIBLE el art\u00edculo 19 de la Ley 228 de 1995. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese, comun\u00edquese, c\u00famplase, ins\u00e9rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional y arch\u00edvese el expediente. <\/p>\n
ANTONIO BARRERA CARBONELL <\/p>\n
Presidente <\/p>\n
JORGE ARANGO MEJIA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
CARLOS GAVIRIA DIAZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO <\/p>\n
HERNANDO HERRERA VERGARA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
FABIO MORON DIAZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
VLADIMIRO NARANJO MESA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO <\/p>\n
Secretaria General <\/p>\n
<\/p>\n
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