C-286-97<\/p>\n
Sentencia C-286\/97 <\/p>\n
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Imposici\u00f3n de multas por contralores <\/p>\n
Referencia: Expediente D-1507 <\/p>\n
Demanda de inconstitucionalidad contra el art\u00edculo 101 (parcial) de la ley 42 de 1993 \u201csobre la organizaci\u00f3n del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen\u201d. <\/p>\n
Actores: Carmenza Sald\u00edas Barreneche, Ximena Castilla Jim\u00e9nez e Ignacio Castilla Castilla. <\/p>\n
Dr. JORGE ARANGO MEJ\u00cdA <\/p>\n
Sentencia aprobada en Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., seg\u00fan consta en acta n\u00famero veintid\u00f3s (22), a los cinco (5) d\u00edas del mes de junio, de mil novecientos noventa y siete (1997). <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
Los ciudadanos Carmenza Sald\u00edas Barreneche, Ximena Castilla Jim\u00e9nez, e Ignacio Castilla Castilla, en uso del derecho consagrado en los art\u00edculos 40, numeral 6\u00ba., y 241, numeral 4\u00ba., de la Constituci\u00f3n demandaron la constitucionalidad del art\u00edculo 101 (parcial) de la ley 42 de 1993 \u201csobre la organizaci\u00f3n del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen\u201d. <\/p>\n
Por auto del veintinueve (29) de noviembre de mil novecientos noventa y seis (1996), el Magistrado sustanciador admiti\u00f3 la demanda y orden\u00f3 la fijaci\u00f3n del negocio en lista, para asegurar la intervenci\u00f3n ciudadana. Adem\u00e1s, dispuso comunicar la iniciaci\u00f3n del proceso al se\u00f1or Presidente del Congreso. Igualmente, dio traslado de la demanda al se\u00f1or Procurador General de la Naci\u00f3n, para que rindiera su concepto. <\/p>\n
Cumplidos los requisitos exigidos por el decreto 2067 de 1991 y recibido el concepto del se\u00f1or Procurador General de la Naci\u00f3n, entra la Corte a decidir. <\/p>\n
A) Norma acusada. <\/p>\n
El siguiente es su texto, con la advertencia de que se subraya el aparte acusado como inconstitucional. <\/p>\n
\u201cLEY 42 DE 1993 <\/p>\n
\u201csobre la organizaci\u00f3n del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen <\/p>\n
\u201cArt\u00edculo 101. Los contralores impondr\u00e1n multas a los servidores p\u00fablicos y particulares que manejen fondos o bienes del Estado, hasta por el valor de cinco (5) salarios devengados por el sancionado a quienes no comparezcan a las citaciones que en forma escrita les hagan las contralor\u00edas; no rindan las cuentas e informes exigidos o no lo hagan en la forma y oportunidad establecidos por ellas; incurran reiteradamente en errores u omitan la presentaci\u00f3n de cuentas e informes; se les determinen glosas de forma en la revisi\u00f3n de cuentas; de cualquier manera entorpezcan o impidan el cabal cumplimiento de las funciones asignadas a las contralor\u00edas o no les suministren oportunamente las informaciones solicitadas; teniendo bajo su responsabilidad asegurar fondos, valores o bienes no lo hicieren oportunamente o en la cuant\u00eda requerida; no adelanten las acciones tendientes a subsanar las deficiencias se\u00f1aladas por las contralor\u00edas; no cumplan con las obligaciones fiscales y cuando a criterio de los contralores exista m\u00e9rito suficiente para ello. <\/p>\n
\u201cPar\u00e1grafo. Cuando la persona no devengare sueldo, la cuant\u00eda de la multa se determinar\u00e1 en t\u00e9rminos de salarios m\u00ednimos mensuales, de acuerdo con las reglamentaciones que expidan las contralor\u00edas\u201d. <\/p>\n
A. La demanda. <\/p>\n
La norma acusada, infringe los art\u00edculos 1, 6, 29 y 122 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. El concepto de la violaci\u00f3n puede resumirse as\u00ed: <\/p>\n
La norma, en el aparte acusado, faculta a los contralores para imponer multas sin sujeci\u00f3n a norma alguna. Tal como est\u00e1 redactado el art\u00edculo que se demanda, de su contenido se deduce que el criterio de estos funcionarios es suficiente para la imposici\u00f3n de sanciones. Esta facultad, vulnera el derecho al debido proceso, pues sin fundamento en un hecho tipificado como sancionable, el contralor puede imponer multas, sin existir conocimiento por parte de los particulares o funcionarios, el porqu\u00e9 de la misma. <\/p>\n
Igualmente, se violan los derechos al debido proceso y el de defensa, pues se priva a los supuestos infractores, de medios de defensa, al no tener la oportunidad de rendir los descargos correspondientes. <\/p>\n
<\/p>\n
A. Intervenci\u00f3n ciudadana. <\/p>\n
Dentro del t\u00e9rmino para intervenir, present\u00f3 escrito el ciudadano Hern\u00e1n Carrasquilla Coral, designado por la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica, justificando la constitucionalidad del art\u00edculo parcialmente acusado. <\/p>\n
Sostiene este interviniente que los argumentos de los actores no tienen fundamento, pues la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica, como \u00f3rgano de control fiscal, puede imponer sanciones en desarrollo del poder punitivo del Estado. <\/p>\n
Se\u00f1ala que la discrecionalidad de que trata la norma parcialmente acusada, no puede confundirse con la arbitrariedad. As\u00ed, la facultad otorgada a los contralores est\u00e1 limitada por el respecto y la observancia de los derechos de defensa y de contradicci\u00f3n que tienen los infractores, tal como lo prev\u00e9n las resoluciones internas de dicha entidad. <\/p>\n
<\/p>\n
A. Concepto del Procurador General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
Por medio de oficio No. 1190, de febrero 3 de 1997, el se\u00f1or Procurador General de la Naci\u00f3n doctor Jaime Bernal Cuellar, pide se declare la inexequibilidad del aparte acusado del art\u00edculo 101 de la ley 42 de 1993. <\/p>\n
Considera que el aparte acusado, permite a los contralores imponer sanciones a los particulares y servidores p\u00fablicos que manejan fondos p\u00fablicos; sin la existencia de un hecho tipificado como infracci\u00f3n, pues la apreciaci\u00f3n de estos funcionarios, parece ser suficiente para la imposici\u00f3n de penas. De esta manera, la norma parcialmente acusada desconoce el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, pues el criterio de los contralores no puede suplir el principio de legalidad de las penas. <\/p>\n
<\/p>\n
I. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL <\/p>\n
Procede la Corte Constitucional a dictar la sentencia que corresponde a este asunto, previas las siguientes consideraciones. <\/p>\n
La Corte Constitucional es competente para conocer de este proceso, por haberse demandado una norma que es parte de una ley (numeral 4\u00ba del art\u00edculo 241 de la Constituci\u00f3n). <\/p>\n
Segunda.- Cosa juzgada constitucional. <\/p>\n
La sentencia C-054 de 1997, con ponencia del doctor Antonio Barrera Carbonell, declar\u00f3 la exequibilidad de la expresi\u00f3n demandada del art\u00edculo 101 de la ley 42 de 1993, bajo el entendido que ella no consagra una causal aut\u00f3noma, que permita a los contralores imponer multas sin la existencia de un hecho previamente definido como reprochable. La interpretaci\u00f3n que hizo la corte de la expresi\u00f3n \u201cy cuando a criterio de los contralores exista m\u00e9rito suficiente para ello\u201d es la siguiente: <\/p>\n
\u201c(\u2026) interpretado el aparte acusado en el sentido en que esta Corte lo entiende, es decir, que \u00e9l no constituye una causal aut\u00f3noma que autoriza la sanci\u00f3n de multa a juicio de los contralores, sino que contiene simplemente una regla a seguir cuando se trate de aplicar sanciones por la comisi\u00f3n de las faltas que expresamente tipifica la norma. En tal virtud, se declarar\u00e1 exequible la expresi\u00f3n acusada bajo el entendido de que siempre que se trate de imponer sanciones por las faltas que aparecen descritas en la norma, a criterio de los contralores debe existir suficiente m\u00e9rito para ello\u201d. <\/p>\n
En consecuencia, por existir sentencia que ha hecho tr\u00e1nsito a cosa juzgada constitucional (art\u00edculo 243 de la Constituci\u00f3n), se ordenar\u00e1 estarse a lo all\u00ed resuelto. <\/p>\n
III.- DECISI\u00d3N. <\/p>\n
Por lo expuesto, la Corte Constitucional ordenar\u00e1 estarse a lo resuelto en la sentencia C-054 de 1997. <\/p>\n
En consecuencia, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
EST\u00c9SE a lo resuelto en la sentencia C-054 de 1997, que declar\u00f3 EXEQUIBLE la expresi\u00f3n \u201c y cuando a criterio de los contralores exista m\u00e9rito suficiente para ello\u201d, del art\u00edculo 101 de la ley 42 de 1993. <\/p>\n
Notif\u00edquese, c\u00f3piese, publ\u00edquese, comun\u00edquese e ins\u00e9rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional. <\/p>\n
ANTONIO BARRERA CARBONELL <\/p>\n
JORGE ARANGO MEJ\u00cdA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1\u00d3Z <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
CARLOS GAVIRIA D\u00cdAZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
JOS\u00c9 GREGORIO HERN\u00c1NDEZ GALINDO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
HERNANDO HERRERA VERGARA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
ALEJANDRO MART\u00cdNEZ CABALLERO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
FABIO MOR\u00d3N D\u00cdAZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
VLADIMIRO NARANJO MESA <\/p>\n
MARTHA VICTORIA S\u00c1CHICA DE MONCALEANO <\/p>\n
Secretaria General <\/p>\n
LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL HACE <\/p>\n
CONSTAR: <\/p>\n
Que los doctores Carlos Gaviria D\u00edaz, Alejandro Mart\u00ednez Caballero y Fabio Mor\u00f3n D\u00edaz no asistieron a la sesi\u00f3n de Sala Plena celebrada el d\u00eda 5 de junio de 1997 por encontrarse en comisi\u00f3n oficial en el exterior. <\/p>\n
MARTHA VICTORIA S\u00c1CHICA DE MONCALEANO <\/p>\n
Secretaria General <\/p>\n
<\/p>\n
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