C-291-97<\/p>\n
Sentencia C-291\/97 <\/p>\n
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Excepci\u00f3n a rehabilitaci\u00f3n de penas <\/p>\n
Referencia: Expediente D-1520 <\/p>\n
Demanda de inconstitucionalidad contra el art\u00edculo 92 (parcial) del Decreto 100 de 1980. <\/p>\n
Actor: Leonardo L\u00f3pez Amaya. <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO <\/p>\n
Sentencia aprobada en Santa Fe de Bogot\u00e1, D.C., a los diecis\u00e9is (16) d\u00edas del mes de junio de mil novecientos noventa y siete (1997). <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
El ciudadano LEONARDO LOPEZ AMAYA, haciendo uso del derecho consagrado en el art\u00edculo 241, numeral 5, de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, ha presentado ante la Corte una demanda de inconstitucionalidad contra el art\u00edculo 92 (parcial) del Decreto 100 de 1980. <\/p>\n
Cumplidos como est\u00e1n los tr\u00e1mites y requisitos exigidos en el Decreto 2067 de 1991, se entra a resolver. <\/p>\n
II. TEXTO <\/p>\n
El texto acusado es del siguiente tenor literal, en el cual se subraya lo demandado: <\/p>\n
(enero 23) <\/p>\n
“Por el cual se expide el nuevo C\u00f3digo Penal”. <\/p>\n
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA <\/p>\n
en uso de sus atribuciones constitucionales y legales y <\/p>\n
CONSIDERANDO: <\/p>\n
(…) <\/p>\n
DECRETA: <\/p>\n
(…) <\/p>\n
Art\u00edculo 92. Rehabilitaci\u00f3n. Excepto la expulsi\u00f3n del territorio nacional para el extranjero, las dem\u00e1s penas se\u00f1aladas en el art\u00edculo 42 podr\u00e1n cesar por rehabilitaci\u00f3n. <\/p>\n
Si tales penas fueren concurrentes con una privativa de la libertad, no podr\u00e1 pedirse la rehabilitaci\u00f3n sino cuando el condenado hubiere observado buena conducta y despu\u00e9s de transcurridos dos (2) a\u00f1os a partir del d\u00eda en que haya cumplido la pena. <\/p>\n
Si no concurrieren con pena privativa de la libertad, la rehabilitaci\u00f3n no podr\u00e1 pedirse sino dos (2) a\u00f1os despu\u00e9s de ejecutoriada la sentencia en que ellas fueron impuestas”. <\/p>\n
III. LA DEMANDA <\/p>\n
Considera el actor que la disposici\u00f3n acusada infringe el art\u00edculo 28 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, pues se est\u00e1 violando el principio de la imprescriptibilidad de la pena. <\/p>\n
Manifiesta que la pena de expulsi\u00f3n del territorio nacional que se impone a un extranjero debe tener un m\u00e1ximo de duraci\u00f3n y no puede ser perpetua. A su juicio, en estos casos se le estar\u00eda aplicando una sanci\u00f3n a una persona no por el delito cometido, sino por su calidad de ser extranjero, desconoci\u00e9ndose el principio de la proporcionalidad entre el delito y la pena. <\/p>\n
IV. INTERVENCIONES <\/p>\n
La ciudadana GLORIA ISABEL SANCHEZ GARCIA, obrando como apoderada del Ministerio de Justicia y del Derecho, presenta escrito en el cual solicita se declare la exequibilidad de la disposici\u00f3n acusada. <\/p>\n
A su parecer, la pena accesoria que se le impone a los extranjeros, consistente en la expulsi\u00f3n del territorio nacional, est\u00e1 acorde con los preceptos constitucionales, pues de acuerdo con los art\u00edculos 4, 95 y 100 de la Carta, aqu\u00e9llos est\u00e1n obligados a respetar la Constituci\u00f3n y las leyes y disfrutan de los mismos derechos civiles otorgados a los nacionales, salvo limitaciones que en \u00e9stas se establezcan. As\u00ed las cosas, el legislador es libre de establecer las penas principales y accesorias, as\u00ed como su duraci\u00f3n y forma de rehabilitaci\u00f3n. <\/p>\n
Manifiesta que, si bien es cierto en la norma demandada se establece una excepci\u00f3n para la rehabilitaci\u00f3n, ello se fundamenta en la calidad de extranjero del sujeto activo, que lo hace diferente a los nacionales, sin que por ello se est\u00e9 violando el derecho a la igualdad. Lo cierto -a su juicio-, es que los extranjeros que han sido expulsados del pa\u00eds s\u00ed tienen posibilidades de reingresar a \u00e9l, tal como lo disponen los art\u00edculos 60, 90 y 91 del Decreto 2268 de 1995, lo cual demuestra que dicha pena no es imprescriptible. <\/p>\n
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACI\u00d3N <\/p>\n
El Procurador General de la Naci\u00f3n emiti\u00f3 concepto mediante el cual solicita a la Corte declare la constitucionalidad del art\u00edculo demandado. <\/p>\n
Manifiesta que, de acuerdo a los art\u00edculos 4 y 100 de la Carta Pol\u00edtica, los extranjeros est\u00e1n sometidos a las leyes colombianas y son responsables ante las autoridades por las infracciones que cometan en contra del orden jur\u00eddico, es decir resulta claro que est\u00e1n bajo el imperio de la ley penal. As\u00ed, luego de adelantarse la investigaci\u00f3n y el juzgamiento, le corresponde a los jueces colombianos imponer la pena. En cuanto a la sanci\u00f3n accesoria, \u00e9sta opera dentro de un margen de discrecionalidad del juez, de acuerdo con lo establecido en el art\u00edculo 52 del C\u00f3digo Penal. <\/p>\n
Afirma que, si bien es cierto dentro del r\u00e9gimen de la rehabilitaci\u00f3n se encuentra excluida la expulsi\u00f3n del territorio nacional para el extranjero, ello no significa que \u00e9sta sea imprescriptible. Basta con mirar el Decreto 2268 de 1995 en sus art\u00edculos 60 y 91 para entender que, as\u00ed a un extranjero se le haya aplicado la pena de la cual hablamos, \u00e9ste puede ingresar nuevamente al territorio nacional y, con el cumplimiento de unos requisitos, obtener la concesi\u00f3n de una nueva visa. <\/p>\n
Por \u00faltimo agrega: <\/p>\n
“…la rehabilitaci\u00f3n significa recuperar el status jur\u00eddico. Por lo mismo, el extranjero expulsado no adquiere posteriormente el derecho a ingresar al territorio nacional, toda vez que esta facultad no corresponde a un derecho, pues se encuentra sometida a las condiciones se\u00f1aladas por las normas que regulan el ingreso de extranjeros al pa\u00eds”. <\/p>\n
VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL <\/p>\n
1 Competencia <\/p>\n
Esta Corte es competente para decidir en definitiva sobre la constitucionalidad de la norma acusada, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 241, numeral 5, de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
Mediante Sentencia C-087 del 26 de febrero de 1997 (M.P.: Dr. Fabio Mor\u00f3n D\u00edaz), esta Corte declar\u00f3 exequible la norma acusada. <\/p>\n
Ha operado, entonces, el fen\u00f3meno de la cosa juzgada constitucional, por lo cual, seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 243 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, no procede nueva resoluci\u00f3n sobre el asunto. <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
EST\u00c9SE A LO RESUELTO por la Corte en Sentencia C-087 del 26 de febrero de 1997. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese, comun\u00edquese, ins\u00e9rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional, c\u00famplase y arch\u00edvese el expediente. <\/p>\n
ANTONIO BARRERA CARBONELL <\/p>\n
Presidente <\/p>\n
JORGE ARANGO MEJIA EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ <\/p>\n
<\/p>\n
CARLOS GAVIRIA DIAZ HERNANDO HERRERA VERGARA <\/p>\n
Magistrado Magistrado <\/p>\n
Con aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
Con aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO FABIO MORON DIAZ <\/p>\n
Magistrado Magistrado <\/p>\n
VLADIMIRO NARANJO MESA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO <\/p>\n
Secretaria General <\/p>\n
LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL <\/p>\n
HACE CONSTAR QUE: <\/p>\n
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO <\/p>\n
Secretaria General <\/p>\n
Aclaraci\u00f3n de voto a la Sentencia C-291\/97 <\/p>\n
COSA JUZGADA RELATIVA-Excepci\u00f3n a rehabilitaci\u00f3n de penas (Aclaraci\u00f3n de voto) <\/p>\n
Quiz\u00e1 por el n\u00famero de normas acusadas en el proceso, que culmin\u00f3 con la expedici\u00f3n de la Sentencia C-087 de 1997, la Corte hizo entonces un estudio superficial, por decir lo menos, del art\u00edculo 92 del C\u00f3digo Penal en la parte acusada, que es la misma que ahora se controvierte. Son demasiadas las inquietudes constitucionales que suscita el art\u00edculo demandado, y es una verdadera l\u00e1stima que, por la exagerada precauci\u00f3n en conservar la tesis de la cosa juzgada absoluta, la Corte Constitucional haya perdido la ocasi\u00f3n de enmendar su yerro y, peor todav\u00eda, de sentar jurisprudencia -que habr\u00eda resultado valios\u00edsima- en torno a la prohibici\u00f3n de la pena de destierro. <\/p>\n
Referencia: Expediente D-1520 <\/p>\n
He accedido a continuar como ponente en el proceso de la referencia tan s\u00f3lo para acatar la reiterad\u00edsima doctrina de la Corte. <\/p>\n
Sin embargo, habr\u00eda preferido que la Corporaci\u00f3n, como varias veces lo he propuesto, hubiera flexibilizado su extrema concepci\u00f3n sobre el alcance y los efectos de los fallos que adopta, para dar paso a la figura de la cosa juzgada relativa, que en este caso, tal vez como ning\u00fan otro, resultaba ser una actitud aconsejable para el cabal cumplimiento de su funci\u00f3n de guardar la prevalencia efectiva de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
En efecto, quiz\u00e1 por el n\u00famero de normas acusadas en el proceso D-1396, que culmin\u00f3 con la expedici\u00f3n de la Sentencia C-087 del 26 de febrero de 1997 (M.P. Dr. Fabio Mor\u00f3n D\u00edaz), la Corte hizo entonces un estudio superficial, por decir lo menos, del art\u00edculo 92 del C\u00f3digo Penal en la parte acusada, que es la misma que ahora se controvierte. <\/p>\n
Lo \u00fanico que dice la parte considerativa de tal sentencia para fundar la exequibilidad de lo impugnado, se reduce a lo siguiente, despu\u00e9s de un nuevo resumen sobre su contenido y acerca del cargo: “\u2026 la Corte Constitucional encuentra que se trata apenas de una excepci\u00f3n constitucionalmente v\u00e1lida sobre el derecho a la rehabilitaci\u00f3n, como mecanismo para hacer cesar las penas”. <\/p>\n
En realidad, la Corte ha debido reconocer con la entereza que la ha caracterizado en otros casos, que el estudio del punto dej\u00f3 mucho qu\u00e9 desear. Mea culpa, por haber votado y firmado el fallo en cuanto a este tema. <\/p>\n
Pero son demasiadas las inquietudes constitucionales que suscita el art\u00edculo demandado, y es una verdadera l\u00e1stima que, por la exagerada precauci\u00f3n en conservar la tesis de la cosa juzgada absoluta, la Corte Constitucional haya perdido la ocasi\u00f3n de enmendar su yerro y, peor todav\u00eda, de sentar jurisprudencia -que habr\u00eda resultado valios\u00edsima- en torno a la prohibici\u00f3n de la pena de destierro. <\/p>\n
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
Adhiero a la anterior aclaraci\u00f3n de voto, <\/p>\n
CARLOS GAVIRIA DIAZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
Fecha ut supra <\/p>\n
<\/p>\n
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