C-311-97<\/p>\n
Sentencia C-311\/97 <\/p>\n
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Norma subrogada clasificaci\u00f3n empleos de Fiscal\u00eda <\/p>\n
Referencia: Expediente D-1519 <\/p>\n
Demanda de inconstitucionalidad contra los numerales 3\u00b0, 4\u00b0(parcial), 5\u00b0, 6\u00b0, 8\u00b0 y 9\u00b0 del art\u00edculo 1\u00b0 de la ley 116 de 1994. <\/p>\n
<\/p>\n
Actor: Carlos Mario Isaza Serrano <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA <\/p>\n
<\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de junio de mil novecientos noventa y siete (1997) <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
El ciudadano Carlos Mario Isaza Serrano, en ejercicio de la acci\u00f3n p\u00fablica de inconstitucionalidad consagrada en los art\u00edculos 241 y 242 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, demand\u00f3 la inexequibilidad de los numerales 3\u00b0, 4\u00b0(parcial), 5\u00b0, 6\u00b0, 8\u00b0 y 9\u00b0 del art\u00edculo 1\u00b0 de la ley 116 de 1994, el cual modific\u00f3 el art\u00edculo 66 del decreto 2699 de 1991. <\/p>\n
Admitida la demanda se ordenaron las comunicaciones constitucionales y legales correspondientes, se fij\u00f3 en lista el negocio en la Secretar\u00eda General de la Corporaci\u00f3n para efectos de la intervenci\u00f3n ciudadana y, simult\u00e1neamente, se dio traslado al procurador general de la Naci\u00f3n, quien rindi\u00f3 el concepto de su competencia. <\/p>\n
Una vez cumplidos los tr\u00e1mites previstos en el art\u00edculo 242 de la Constituci\u00f3n y en el decreto 2067 de 1991, procede la Corte a resolver sobre la demanda de la referencia. <\/p>\n
II. TEXTO DE LA NORMA ACUSADA <\/p>\n
El tenor literal de las disposiciones acusadas, con la claridad de que se subraya lo demandado: <\/p>\n
Ley 116 de 1994 <\/p>\n
\u201cPor la cual se modifican los art\u00edculos 66 y 89 del Decreto 2699 del 30 de noviembre de 1991\u201d <\/p>\n
Art\u00edculo 1\u00b0. El art\u00edculo 66 del Decreto 2699 del 30 de noviembre de 1991, quedar\u00e1 as\u00ed: <\/p>\n
(…) <\/p>\n
\u201c3. Jefes de oficina de la fiscal\u00eda general. <\/p>\n
\u201c4. Directores nacionales y jefes de divisi\u00f3n de la fiscal\u00eda general. <\/p>\n
\u201c5. Director de escuela. <\/p>\n
\u201c6. Directores regionales y seccionales. <\/p>\n
\u201c(…) <\/p>\n
\u201c8. Los fiscales y funcionarios de las fiscal\u00edas regionales. <\/p>\n
\u201c9. Los empleados del cuerpo t\u00e9cnico de investigaci\u00f3n a nivel nacional, regional y seccional. <\/p>\n
\u201cLos dem\u00e1s cargos ser\u00e1n de carrera y deber\u00e1n proveerse mediante el sistema de m\u00e9ritos\u201d <\/p>\n
III. LA DEMANDA <\/p>\n
1. Normas constitucionales que se consideran infringidas <\/p>\n
Estima el actor que las disposiciones acusadas son violatorias de los art\u00edculos 13 y 125 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia. <\/p>\n
2. Fundamentos de la demanda <\/p>\n
Considera el demandante que mientras la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica estableci\u00f3 el sistema de carrera administrativa como la regla general por seguir en la provisi\u00f3n de cargos de la administraci\u00f3n, y el sistema de libre nombramiento y remoci\u00f3n como la excepci\u00f3n a la regla cuando se trate de cargos de direcci\u00f3n y confianza o de conducci\u00f3n u orientaci\u00f3n institucional, las normas demandadas, en contrav\u00eda de lo prescrito en el numeral 125 superior, clasificaron como cargos de libre nombramiento y remoci\u00f3n, algunos que, por sus caracter\u00edsticas, no pueden ser considerados de confianza o direcci\u00f3n, o que impliquen conducci\u00f3n institucional. <\/p>\n
En ese sentido, para el demandante los numerales acusados tambi\u00e9n son violatorios del principio constitucional de la igualdad al catalogar, en contra de la jurisprudencia constitucional, algunos cargos de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n como pertenecientes al sistema de libre nombramiento y remoci\u00f3n, mientras las normatividades de otras entidades p\u00fablicas consideran los cargos de similares caracter\u00edsticas, como de carrera administrativa. <\/p>\n
IV. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION <\/p>\n
En la oportunidad legal, el se\u00f1or procurador general de la Naci\u00f3n se pronunci\u00f3 sobre la demanda presentada por el actor y solicit\u00f3 a esta Corporaci\u00f3n que se declare la constitucionalidad del numeral 9\u00b0 del art\u00edculo 1\u00b0 de la ley 116 de 1994, y que se declare inhibida para emitir pronunciamiento de fondo en lo correspondiente a los dem\u00e1s numerales de la misma, de acuerdo con los argumentos que se enuncian a continuaci\u00f3n. <\/p>\n
Considera el procurador general que los numerales 3\u00b0, 4\u00b0, 5\u00b0, 6\u00b0 y 8\u00b0 del art\u00edculo 1\u00b0 de la ley 116 de 1994 fueron subrogados por el art\u00edculo 130 de la ley 270 de 1996, \u201cEstatutaria de la Administraci\u00f3n de justicia\u201d, lo que impide cualquier pronunciamiento de fondo, en vista de que se presenta una carencia actual de objeto. <\/p>\n
En cuanto al numeral 9\u00b0 demandado, el cual, seg\u00fan la vista fiscal, no fue subrogado por la ley 270 de 1996, considera que se aviene a la Constituci\u00f3n, \u201csiempre y cuando se entienda que los cargos all\u00ed mencionados son de libre nombramiento y remoci\u00f3n porque comprende el ejercicio de tareas directivas, de formulaci\u00f3n de pol\u00edticas, de conducci\u00f3n institucional o de confianza, como por ejemplo las que son propias de las direcciones nacional, seccional y regional del Cuerpo T\u00e9cnico de Investigaci\u00f3n\u201d. Por el contrario, afirma el Ministerio P\u00fablico, \u201clos empleos del Cuerpo T\u00e9cnico de Investigaci\u00f3n que conllevan el cumplimiento de tareas cient\u00edficas, t\u00e9cnicas y log\u00edsticas no relacionadas con la esfera directiva, por tratarse de funciones de car\u00e1cter profesional y operativo, son de carrera administrativa.\u201d <\/p>\n
Por \u00faltimo, solicita la vista fiscal que si para la fecha en que ha de producirse el fallo de este proceso, la Corte se ha pronunciado ya en el que, contra las mismas normas, se adelanta bajo la radicaci\u00f3n D-1401, esta corporaci\u00f3n se est\u00e9 a lo resuelto en dicha oportunidad. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
1. La competencia <\/p>\n
Por dirigirse la demanda contra una disposici\u00f3n que forma parte de una ley de la Rep\u00fablica, es competente la Corte Constitucional para decidir sobre su constitucionalidad, seg\u00fan lo prescribe el art\u00edculo 241-4 de la Carta Fundamental. <\/p>\n
2. Cosa Juzgada Constitucional <\/p>\n
En esa oportunidad la Corte afirm\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u201cEl art\u00edculo parcialmente demandado, que a su vez modifica el 66 del Decreto 2699 del 30 de noviembre de 1991, fue sustituido por el 130 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administraci\u00f3n de Justicia, cuyo contenido ya fue objeto del examen de la Corte Constitucional en Sentencia C-037 del 5 de febrero de 1996 (M.P.: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa).\u201d <\/p>\n
(…) <\/p>\n
\u201c Considera la Corte que la ley Estatutaria regul\u00f3 completamente el tema, quitando toda vigencia al art\u00edculo impugnado, motivo por el cual no acoge el concepto del Procurador General de la Naci\u00f3n, que pide resolver de fondo sobre la exequibilidad de los numerales 2 y 9 de aqu\u00e9l, referentes al Secretario General de la Fiscal\u00eda y a los empleados del Cuerpo T\u00e9cnico de Investigaci\u00f3n, a nivel nacional, regional y seccional, ya que tanto en uno como en otro caso tiene pleno vigor y aplicaci\u00f3n la norma estatutaria.\u201d <\/p>\n
(…) <\/p>\n
\u201cLa Corte, entonces, no podr\u00eda entrar a declarar la exequibilidad de la inclusi\u00f3n de los aludidos cargos como de libre nombramiento y remoci\u00f3n en norma ya subrogada por el texto estatutario, declarado exequible mediante la citada providencia.\u201d(Resaltado por fuera del texto original) <\/p>\n
Por haberse producido entonces el fen\u00f3meno de la cosa juzgada constitucional, en esta oportunidad la Corte Constitucional se estar\u00e1 a lo resuelto en la Sentencia C-053 de 1997. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, o\u00eddo el concepto del se\u00f1or procurador general de la Naci\u00f3n y cumplidos los tr\u00e1mites previstos en el decreto 2067 de 1991, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n
R E S U E L V E : <\/p>\n
En cuanto a la procedencia de un pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad de los numerales 3\u00b0, 4\u00b0, 5\u00b0, 6\u00b0, 8\u00b0 y 9\u00b0 del art\u00edculo 1\u00b0 de la ley 116 de 1994, ESTARSE a lo resuelto en la Sentencia C-053 de 1997. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese, publ\u00edquese, comun\u00edquese al Gobierno Nacional y al Congreso de la Rep\u00fablica, ins\u00e9rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional y arch\u00edvese el expediente. <\/p>\n
ANTONIO BARRERA CARBONELL <\/p>\n
Presidente <\/p>\n
JORGE ARANGO MEJIA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
CARLOS GAVIRIA DIAZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
HERNANDO HERRERA VERGARA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
FABIO MORON DIAZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
VLADIMIRO NARANJO MESA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO <\/p>\n
Secretaria General <\/p>\n
<\/p>\n
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