C-381-97<\/p>\n
Sentencia C-381\/97 <\/p>\n
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Incremento patrimonial il\u00edcito de servidor p\u00fablico o particular con funciones p\u00fablicas <\/p>\n
Referencia: Expediente D-1540 <\/p>\n
Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 25 de la Ley 200 de 1995, \u201cPor la cual se adopta el C\u00f3digo Disciplinario \u00danico\u201d <\/p>\n
Actor: Luz Angela Hermida y otros <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA <\/p>\n
<\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de agosto de mil novecientos noventa y siete (1997) <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
Los ciudadanos Luz Angela Hermida Reina, Elizabeth Bruner Su\u00e1rez, Clara In\u00e9s Eraso Gudi\u00f1o y Ra\u00fal Eduardo Abella Ram\u00edrez, en ejercicio de la acci\u00f3n p\u00fablica de inconstitucionalidad consagrada en los art\u00edculos 241 y 242 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, demandaron la inexequibilidad del numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 25 de la Ley 200 de 1995, \u201cPor la cual se adopta el C\u00f3digo Disciplinario \u00danico\u201d. <\/p>\n
Admitida la demanda se ordenaron las comunicaciones constitucionales y legales correspondientes, se fij\u00f3 en lista el negocio en la Secretar\u00eda General de la Corporaci\u00f3n para efectos de la intervenci\u00f3n ciudadana y, simult\u00e1neamente, se dio traslado al procurador general de la Naci\u00f3n, quien rindi\u00f3 el concepto de su competencia. <\/p>\n
Una vez cumplidos todos los tr\u00e1mites previstos en el art\u00edculo 242 de la Constituci\u00f3n y en el decreto 2067 de 1991, procede la Corte a resolver sobre la demanda de la referencia. <\/p>\n
II. TEXTO DE LA NORMA ACUSADA <\/p>\n
El tenor literal de la disposici\u00f3n es el siguiente, con la claridad de que se subraya y resalta lo demandado: <\/p>\n
\u201cART\u00cdCULO 25. FALTAS GRAV\u00cdSIMAS. Se considerar\u00e1n faltas grav\u00edsimas: <\/p>\n
\u201c4. El servidor p\u00fablico o el particular que ejerza funciones p\u00fablicas, que de manera directa o por interpuesta persona obtenga para s\u00ed o para otro incremento patrimonial.\u201d <\/p>\n
III. LA DEMANDA <\/p>\n
1. Normas constitucionales que se consideran infringidas <\/p>\n
Estiman los actores que la disposici\u00f3n acusada es violatoria de los art\u00edculos 2, 11, 13, 25, 29, 83 y 124 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
2. Fundamentos de la demanda <\/p>\n
Seg\u00fan los demandantes, la norma acusada es violatoria de los principios constitucionales arriba se\u00f1alados, porque no hace distinci\u00f3n alguna entre el incremento patrimonial obtenido por medios l\u00edcitos y el que deriva de una actividad ilegal, omisi\u00f3n esta que conducir\u00eda a considerar como constitutivo de falta \u201cgrav\u00edsima\u201d en materia disciplinaria, cualquier incremento en el patrimonio de los servidores p\u00fablicos o de los particulares que ejerzan funciones p\u00fablicas. <\/p>\n
Estiman, por dem\u00e1s, que el art\u00edculo acusado prescribe una forma de responsabilidad objetiva, pues penaliza los incrementos patrimoniales sin que se le conceda al sancionado la posibilidad de controvertir la medida disciplinaria. <\/p>\n
IV. INTERVENCIONES <\/p>\n
Intervenci\u00f3n del ciudadano Alvaro Nam\u00e9n Vargas, en representaci\u00f3n del Ministerio de Justicia y del Derecho. <\/p>\n
Dentro de la oportunidad prevista por la ley, intervino en el proceso el ciudadano en menci\u00f3n con el fin de solicitar la declaratoria de constitucionalidad condicionada de la norma demandada, por considerar que, debido a un error mecanogr\u00e1fico, se omiti\u00f3 en el texto definitivo legal la expresi\u00f3n \u201cno justificado\u201d, que le da pleno sentido a la norma – armoniz\u00e1ndola de paso con las preceptivas constitucionales en la materia – la cual estaba consignada en los proyectos presentados ante Congreso para las discusiones legislativas. <\/p>\n
Manifiesta que el esp\u00edritu general de la ley 200 conduce inequ\u00edvocamente a sostener que el incremento sancionable es aquel que no tiene fundamento leg\u00edtimo, y no cualquiera, como se podr\u00eda deducir del texto que, por aparecer incompleto, fue objeto de la presente demanda. <\/p>\n
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACI\u00d3N <\/p>\n
En la oportunidad legal, el se\u00f1or procurador general de la Naci\u00f3n se pronunci\u00f3 sobre la demanda presentada por el actor y solicit\u00f3 a esta Corporaci\u00f3n que, si a la fecha de emisi\u00f3n del fallo no hab\u00eda sido proferido el que, con relaci\u00f3n a la misma norma, fue radicado en la Corte Constitucional con el n\u00famero 1515, se declare la constitucionalidad de la norma acusada de acuerdo con los argumentos que se enuncian a continuaci\u00f3n. <\/p>\n
La vista fiscal estima que la interpretaci\u00f3n correcta para el precepto demandado, de acuerdo con las leyes de la l\u00f3gica jur\u00eddica, es la que sanciona el incremento patrimonial obtenido en contrav\u00eda del ordenamiento legal y no el que se obtiene de manera l\u00edcita. La conexi\u00f3n arm\u00f3nica de los principios generales del derecho disciplinario con la norma demandada, entre otros el de la proscripci\u00f3n de la responsabilidad objetiva, hacen que resulte absurda la interpretaci\u00f3n que sugiere como sancionable, el incremento patrimonial que se obtiene conforme a los modos de la ley. <\/p>\n
VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
1. La competencia <\/p>\n
2. Cosa Juzgada Constitucional <\/p>\n
Mediante Sentencia n\u00famero C-310 del 25 de junio de 1997, la Corte Constitucional (M. P. dr. Carlos Gaviria D\u00edaz), declar\u00f3 la exequibilidad del numeral 4\u00ba del art\u00edculo 25 de la Ley 200 de 1995, \u201cbajo el entendido de que el incremento patrimonial debe ser aqu\u00e9l que no tiene causa justificada, o es indebido o il\u00edcito\u201d. Las razones expuestas en esa oportunidad por la Corporaci\u00f3n fueron, entre otras, las siguientes: <\/p>\n
\u201cEn el precepto que se cuestiona, ciertamente, no se se\u00f1ala en forma expresa cu\u00e1l es el incremento patrimonial que constituye falta grav\u00edsima, lo que permite deducir al actor que sea tanto el l\u00edcito como el il\u00edcito. Sin embargo esta interpretaci\u00f3n no es acorde con las normas constitucionales ni con las del mismo ordenamiento al cual pertenece (\u2026) <\/p>\n
\u201c\u2026del an\u00e1lisis sistem\u00e1tico de las normas precitadas se concluye que el incremento patrimonial a que alude el art\u00edculo objeto de impugnaci\u00f3n, no puede ser el l\u00edcito, sino el que no tiene causa justificada, el indebido o il\u00edcito. <\/p>\n
\u201cRecu\u00e9rdese que el servidor p\u00fablico por mandato del art\u00edculo 122 de la Constituci\u00f3n \u201cse encuentra en una situaci\u00f3n permanente de exigibilidad por parte del Estado, en relaci\u00f3n con el monto y el manejo de sus bienes, por lo cual se puede decir que este art\u00edculo consagra un deber espec\u00edfico de transparencia de estos servidores. En efecto, \u00a1qu\u00e9 sentido puede tener esa exigencia de declarar bajo juramento el monto de los bienes y las rentas si no es porque la Constituci\u00f3n ha consagrado al servidor p\u00fablico un deber espec\u00edfico, seg\u00fan el cual, tiene que estar en capacidad de justificar en todo momento sus incrementos patrimoniales?\u201d (Sentencia C-319\/96 M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa) <\/p>\n
\u201c(\u2026) <\/p>\n
\u201cEn virtud de lo expuesto, la Corte declarar\u00e1 exequible el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 25 de la Ley 200 de 1995, en forma condicionada, esto es, en el entendido de que el incremento patrimonial a que alude este precepto es el obtenido en forma injustificada o indebida o il\u00edcita.\u201d <\/p>\n
En consecuencia y de acuerdo con lo dispuesto en el art\u00edculo 243 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, por haberse producido en el presente caso el fen\u00f3meno de la cosa juzgada constitucional, no es procedente que la norma sea objeto de un nuevo pronunciamiento por parte de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
R E S U E L V E <\/p>\n
ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-310 del 25 de junio de 1997, en lo referente a la constitucionalidad del numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 25 de la Ley 200 de 1995. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese, publ\u00edquese, comun\u00edquese al Gobierno Nacional y al Congreso de la Rep\u00fablica, ins\u00e9rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional y arch\u00edvese el expediente. <\/p>\n
ANTONIO BARRERA CARBONELL <\/p>\n
Presidente <\/p>\n
JORGE ARANGO MEJIA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
CARLOS GAVIRIA DIAZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
HERNANDO HERRERA VERGARA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
FABIO MORON DIAZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
VLADIMIRO NARANJO MESA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO <\/p>\n
Secretaria General <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
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