C-585-97<\/p>\n
Sentencia C-585\/97 <\/p>\n
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL <\/p>\n
Referencia: Expediente D-1656 <\/p>\n
<\/p>\n
Norma acusada: par\u00e1grafo del art\u00edculo 195 del Decreto 1211 de 1990. <\/p>\n
<\/p>\n
Actor: Jos\u00e9 A. Pedraza Pic\u00f3n <\/p>\n
Tema:Cosa juzgada constitucional <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Santa Fe de Bogot\u00e1, noviembre trece (13) de mil novecientos noventa y siete (1997). <\/p>\n
La Corte Constitucional de la Rep\u00fablica de Colombia, integrada por su Presidente Antonio Barrera Carbonell y por los Magistrados Jorge Arango Mej\u00eda, Eduardo Cifuentes Mu\u00f1oz, Carlos Gaviria D\u00edaz, Jos\u00e9 Gregorio Hern\u00e1ndez Galindo, Hernando Herrera Vergara, Alejandro Mart\u00ednez Caballero, Fabio Mor\u00f3n D\u00edaz y Vladimiro Naranjo Mesa <\/p>\n
EN NOMBRE DEL PUEBLO <\/p>\n
Y <\/p>\n
POR MANDATO DE LA CONSTITUCI\u00d3N <\/p>\n
Ha pronunciado la siguiente <\/p>\n
SENTENCIA <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
El ciudadano Jos\u00e9 A. Pedraza Pic\u00f3n, en ejercicio de la acci\u00f3n p\u00fablica de inconstitucionalidad, demanda el art\u00edculo 188 (parcial) y el par\u00e1grafo del art\u00edculo 195 del Decreto 1211 de 1990, art\u00edculo 174 (parcial) del Decreto 1212 de 1990, art\u00edculo 131 (parcial) del Decreto 1213 de 1990, y art\u00edculo 125 del Decreto 1214 de 1990, la cual fue radicada con el n\u00famero D-1656. Mediante auto de mayo 14 de 1997, el Magistrado Ponente rechaz\u00f3 la demanda en relaci\u00f3n con el art\u00edculo 188 (parcial) del Decreto 1211 de 1990, el art\u00edculo 174 (parcial) del Decreto 1212 de 1990, los apartes del art\u00edculo 131 del Decreto 1213 de 1990, y las expresiones demandadas del art\u00edculo 125 del Decreto 1214 de 1990, por cuanto esta Corporaci\u00f3n profiri\u00f3 decisi\u00f3n con fuerza de cosa juzgada en la sentencia C-182 de 1997. El auto decidi\u00f3 la admisi\u00f3n respecto del par\u00e1grafo del art\u00edculo 195 del Decreto 1211 de 1990 al verificar que sobre el asunto, el l\u00edbelo cumpl\u00eda los requisitos de forma exigidos por la ley. Cumplidos, como est\u00e1n, los tr\u00e1mites previstos en la Constituci\u00f3n y en el Decreto No. 2067 de 1991, procede la Corte a decidir el asunto por medio de esta sentencia. <\/p>\n
II. DEL TEXTO LEGAL OBJETO DE REVISI\u00d3N. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n se transcribe el art\u00edculo 195 del Decreto 1211 de 1990, y se subrayan los apartes demandados. <\/p>\n
Decreto n\u00famero 1211 de 1990 <\/p>\n
(junio 8) <\/p>\n
“Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares <\/p>\n
El Presidente de la Rep\u00fablica de Colombia, en uso de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 66 de 1989, <\/p>\n
DECRETA: <\/p>\n
(…) <\/p>\n
SECCION II <\/p>\n
\u201cPRESTACIONES POR MUERTE EN RETIRO <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
\u201cARTICULO 195. Muerte en goce de asignaci\u00f3n de retiro o pensi\u00f3n. A la muerte de un oficial o suboficial de las Fuerzas Militares en goce de asignaci\u00f3n de retiro o pensi\u00f3n, sus beneficiarios tendr\u00e1n derecho a una pensi\u00f3n mensual pagadera por el tesoro p\u00fablico o por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, equivalente en todo caso a la totalidad de la prestaci\u00f3n que ven\u00eda disfrutando el causante, distribuida en el orden y proporci\u00f3n establecida en este estatuto. <\/p>\n
\u201cPARAGRAFO.- El c\u00f3nyuge sobreviviente no tiene derecho a la pensi\u00f3n de que trata este art\u00edculo, cuando exista separaci\u00f3n legal y definitiva de cuerpos o cuando en el momento del deceso del oficial o suboficial no hiciere vida en com\u00fan con \u00e9l, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados\u201d. (Se subraya lo acusado). <\/p>\n
III. LA DEMANDA. <\/p>\n
La demanda \u00fanicamente fue admitida en relaci\u00f3n con el par\u00e1grafo del art\u00edculo 195 del Decreto 1211 de 1990, por tal raz\u00f3n s\u00f3lo se resumir\u00e1n los cargos esgrimidos por el actor para fundamentar la acusaci\u00f3n contra esa disposici\u00f3n. As\u00ed, seg\u00fan su criterio, la norma impugnada transgrede los art\u00edculos 13, 15, 16, 25, 42, 53 y 243 de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
En primer lugar, el demandante considera que la norma acusada reproduce la integridad del contenido material de supuestos normativos declarados inexequibles, por razones de fondo, por la Corte Suprema de Justicia en sentencias de agosto 31 de 1989 y 5 de julio de 1990 y, por la Corte Constitucional en sentencia C-309 de 1996. <\/p>\n
De otra parte, el actor se\u00f1ala que el trato establecido en la norma acusada discrimina entre los c\u00f3nyuges de los miembros de la Polic\u00eda y los c\u00f3nyuges de los suboficiales u oficiales de las Fuerzas Militares, toda vez que por expresa disposici\u00f3n legal, los primeros gozan del derecho a la pensi\u00f3n de supervivencia aun cuando se presente la separaci\u00f3n legal y definitiva de cuerpos, mientras que a los segundos la disposici\u00f3n impugnada les niega esa posibilidad. Por lo tanto, para el ciudadano, no existe justificaci\u00f3n objetiva que autorice el tratamiento diferente a organizaciones armadas con similar naturaleza jur\u00eddica. <\/p>\n
Adem\u00e1s, el actor afirma que los apartes acusados desconocen el derecho de toda persona a constituir una familia, por cuanto \u201cobliga al individuo a compartir su existencia en pareja\u201d. As\u00ed mismo, considera que la disposici\u00f3n es contraria a la Carta en la medida en que desampara a la mujer embarazada y cabeza de familia, pues \u201cla sanci\u00f3n la impele a no constituir la familia so pena de perder la pensi\u00f3n que recib\u00eda como c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite, lo que implicar\u00eda la violaci\u00f3n tambi\u00e9n del art\u00edculo 44 que garantiza el derecho del ni\u00f1o a tener una familia.\u201d <\/p>\n
A\u00f1ade que, el Legislador desconoci\u00f3 el derecho al pago oportuno y al reajuste peri\u00f3dico de las pensiones legales y el derecho a la seguridad social, pues aquellas garant\u00edas son ajenas a la actividad laboral y \u201cal ejercicio de su derecho a constituir una familia natural o jur\u00eddica.\u201d <\/p>\n
El ciudadano Carlos Eduardo Garc\u00eda Vargas, en representaci\u00f3n del Ministerio de Defensa, interviene en el proceso para solicitar que la Corte se est\u00e9 a lo resuelto en la sentencia C-182 de 1997 y, en la decisi\u00f3n que esta Corporaci\u00f3n tome el proceso D-1517 en donde se impugna la norma que ahora se estudia, la cual a la fecha de presentaci\u00f3n del escrito se encuentra en estudio de la Corte Constitucional. <\/p>\n
V. DEL CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACI\u00d3N. <\/p>\n
El Procurador General de la Naci\u00f3n, Jaime Bernal Cuellar, rinde el concepto de rigor y solicita a la Corte que declare la constitucionalidad de la norma acusada. La Vista Fiscal manifiesta que el Legislador, que es libre para regular las pensiones y para elegir el criterio de la convivencia para acceder a la sustituci\u00f3n pensional, no transgrede el principio de igualdad cuando determina los requisitos m\u00ednimos para acceder al mencionado derecho, pues determina igualdad de trato entre los pensionados del estatuto general de los trabajadores y los miembros de la entidad cuya demanda se estudia. Por lo cual, a su juicio, el actor se equivoca en la perspectiva a partir de la cual realiza el juicio de igualdad, toda vez que aquel debe realizarse en relaci\u00f3n con la generalidad de los trabajadores. <\/p>\n
Por lo anterior, el Ministerio P\u00fablico concluye que la omisi\u00f3n legislativa de incluir en los estatutos de personal de oficiales y suboficiales de los agentes de la Polic\u00eda Nacional no significa que se afecte la constitucionalidad de la disposici\u00f3n que si las consagr\u00f3, pues la homogeneizaci\u00f3n del r\u00e9gimen de prestaciones sociales \u201cno puede lograrse excluyendo del ordenamiento jur\u00eddico disposiciones que, a pesar de no estar incorporadas en los diferentes estatutos, son acordes con la Constituci\u00f3n.\u201d <\/p>\n
VI. FUNDAMENTO JUR\u00cdDICO <\/p>\n
Competencia. <\/p>\n
1. Conforme al ordinal 5\u00ba del art\u00edculo 241 de la Constituci\u00f3n, la Corte es competente para conocer de la constitucionalidad del aparte demandado del art\u00edculo 195 del Decreto 1211 de 1990 ya que se trata de la demanda de un ciudadano contra un decreto con fuerza de ley, pues el Presidente de la Rep\u00fablica lo expidi\u00f3 en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiri\u00f3 la Ley 66 de 1989. <\/p>\n
Cosa juzgada constitucional <\/p>\n
2. En relaci\u00f3n con la extinci\u00f3n de las pensiones previstas en los estatutos del personal de oficiales o suboficiales de la Polic\u00eda Nacional y del personal de agentes de la Polic\u00eda Nacional, la Corte Constitucional encuentra que este asunto ya fue objeto de estudio bajo la vigencia de la Carta de 1991 y de decisi\u00f3n por la Corte Suprema de Justicia durante el per\u00edodo transitorio en que esa Corporaci\u00f3n ten\u00eda a su cargo el control constitucional. As\u00ed, la sentencia n\u00famero 134 del 31 de octubre de 1991 resolvi\u00f3: <\/p>\n
Son EXEQUIBLES los fragmentos acusados de los siguientes art\u00edculos del Decreto- ley 1211 de 1990: <\/p>\n
(…) <\/p>\n
Art\u00edculo 195. Muerte en goce de asignaci\u00f3n de retiro o pensi\u00f3n. \u201cPar\u00e1grafo: el c\u00f3nyuge sobreviviente no tiene derecho a la pensi\u00f3n de que trata este art\u00edculo, cuando exista separaci\u00f3n legal y definitiva de cuerpos o cuando en el momento del deceso del Oficial o Suboficial no hiciere vida en com\u00fan con \u00e9l, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados\u201d <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, la Corte Constitucional, en sentencia reciente1, manifest\u00f3 que la declaratoria de exequibilidad por parte de la Corte Suprema de Justicia de la disposici\u00f3n acusada se \u201cencuentra amparada por una decisi\u00f3n constitucional de m\u00e9rito\u201d, por lo cual resolvi\u00f3 estarse a lo resuelto en la sentencia 134 de 1991. La Corte reitera que oper\u00f3 la cosa juzgada constitucional en relaci\u00f3n con la norma acusada, por lo cual se ordenar\u00e1 estarse a lo resuelto en la providencia precitada de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
VII. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la Rep\u00fablica de Colombia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
ESTARSE A LO RESUELTO por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia No. 134 del 31 de octubre de 1991, que declar\u00f3 exequible el par\u00e1grafo del art\u00edculo 195 del Decreto 1211 de 1990. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese, comun\u00edquese, c\u00famplase e ins\u00e9rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional. <\/p>\n
ANTONIO BARRERA CARBONELL <\/p>\n
Presidente <\/p>\n
JORGE ARANGO MEJ\u00cdA EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ <\/p>\n
Magistrado Magistrado <\/p>\n
CARLOS GAVIRIA D\u00cdAZ JOS\u00c9 GREGORIO HERN\u00c1NDEZ GALINDO <\/p>\n
Magistrado Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
HERNANDO HERRERA VERGARA ALEJANDRO MART\u00cdNEZ CABALLERO <\/p>\n
Magistrado Magistrado <\/p>\n
FABIO MOR\u00d3N D\u00cdAZ VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA VICTORIA S\u00c1CHICA DE MONCALEANO <\/p>\n
Secretaria General <\/p>\n
<\/p>\n
1 Sentencia C-314 de 1997. M.P. Hernando Herrera Vergara. <\/p>\n
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