C-586-97<\/p>\n
Sentencia C-586\/97 <\/p>\n
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL <\/p>\n
Referencia: Expediente D-1673 <\/p>\n
Demanda de inconstitucionalidad contra el art\u00edculo 18 (parcial) de la Ley 344 de 1996. <\/p>\n
Actor: Manuel Augusto L\u00f3pez Noriega <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA <\/p>\n
<\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de noviembre de mil novecientos noventa y siete (1997) <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
El ciudadano Manuel Augusto L\u00f3pez Noriega, en ejercicio de la acci\u00f3n p\u00fablica de inconstitucionalidad consagrada en los art\u00edculos 241 y 242 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, demand\u00f3 la inexequibilidad del inciso primero del art\u00edculo 18 de la Ley 334 de 1996. <\/p>\n
Admitida la demanda se ordenaron las comunicaciones constitucionales y legales correspondientes, se fij\u00f3 en lista el negocio en la Secretar\u00eda General de la Corporaci\u00f3n para efectos de la intervenci\u00f3n ciudadana y, simult\u00e1neamente, se dio traslado al procurador general de la Naci\u00f3n, quien rindi\u00f3 el concepto de su competencia. <\/p>\n
II. TEXTO DE LA NORMA ACUSADA <\/p>\n
El tenor literal de la norma es el siguiente, con la aclaraci\u00f3n de que se subraya y resalta lo demandado. <\/p>\n
\u201cLey 344 de 1996 <\/p>\n
\u201cpor la cual se dictan normas tendientes a la racionalizaci\u00f3n del gasto p\u00fablico, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones. <\/p>\n
\u201cArt\u00edculo 18. Los servidores p\u00fablicos que sean encargados, por ausencia temporal del titular, para asumir empleos diferentes de aquellos para los cuales han sido nombrados, no tendr\u00e1n derecho al pago de la remuneraci\u00f3n se\u00f1alada para el empleo que se desempe\u00f1a temporalmente, mientras su titular lo est\u00e9 devengando. <\/p>\n
\u201cNinguna entidad territorial u organismo del Estado podr\u00e1 encargar provisionalmente a servidor p\u00fablico alguno para ocupar cargos de mayor jerarqu\u00eda sin la disponibilidad presupuestal correspondiente. El funcionario que contravenga lo dispuesto en este inciso incurrir\u00e1 en falta disciplinaria y ser\u00e1 civilmente responsable por los efectos del mismo.\u201d <\/p>\n
III. LA DEMANDA <\/p>\n
1. Normas constitucionales que se consideran infringidas <\/p>\n
Estima la demandante que la disposici\u00f3n acusada es violatoria de los art\u00edculos 13 y 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
2. Fundamentos de la demanda <\/p>\n
El demandante considera que el inciso primero del art\u00edculo 18 de la Ley 344 de 1996 vulnera el art\u00edculo 13 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica porque consagra un trato desigual para los servidores p\u00fablicos que, por raz\u00f3n de la ausencia del titular de un cargo p\u00fablico, deben desempe\u00f1ar este cargo de manera provisional, pues la disposici\u00f3n demandada les niega la remuneraci\u00f3n correspondiente a dicho cargo, pasando por alto que para ejercerlo han debido cumplir con los mismos requisitos legales y asumido las mismas responsabilidades del titular. <\/p>\n
Adicionalmente, el inciso demandado vulnera el art\u00edculo 53 de la Carta Fundamental que establece la retribuci\u00f3n proporcional de acuerdo con la cantidad y calidad del trabajo, pues le niega a los servidores p\u00fablicos el acceso a la diferencia salarial existente entre el cargo del cual son titulares y aqu\u00e9l de mayor jerarqu\u00eda que se les encarga, desconociendo flagrantemente que la cantidad, calidad y responsabilidad laborales se incrementan en el encargo. <\/p>\n
IV. INTERVENCIONES <\/p>\n
Intervenci\u00f3n del Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico <\/p>\n
Dentro de la oportunidad legal prevista en el proceso de la referencia intervino el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, a trav\u00e9s del dr. Manuel Avila Olarte, para defender la constitucionalidad de la norma demandada. En concepto del interviniente, seg\u00fan lo dispone el art\u00edculo 122 de la Carta Pol\u00edtica, ning\u00fan empleo p\u00fablico puede tener m\u00e1s de una asignaci\u00f3n, principio constitucional que se ver\u00eda quebrantado de aceptarse que tanto el titular de un cargo p\u00fablico como quien lo ejerce temporalmente recibieran igual remuneraci\u00f3n. <\/p>\n
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION <\/p>\n
El se\u00f1or procurador General de la Naci\u00f3n, dentro de la oportunidad legal prevista y reiterando los argumentos expuestos ante esta Corporaci\u00f3n en el proceso de constitucionalidad radicado con el n\u00famero D-1590 (y acumulados), solicit\u00f3 la declaratoria de exequibilidad de la norma demandada por considerar que \u00e9sta busca preservar el principio de la legalidad del presupuesto contenida en el art\u00edculo 122 de la Carta Fundamental. <\/p>\n
VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
<\/p>\n
1. La competencia <\/p>\n
Por dirigirse la demanda contra una disposici\u00f3n que forma parte de una ley de la Rep\u00fablica, es competente la Corte Constitucional para decidir sobre su constitucionalidad, seg\u00fan lo prescribe el art\u00edculo 241 de la Carta Fundamental. <\/p>\n
2. Cosa Juzgada Constitucional <\/p>\n
Mediante Sentencia n\u00famero C-428\/97 (MM. PP. Drs. Jos\u00e9 Gregorio Hern\u00e1ndez Galindo, Alejandro Mart\u00ednez Caballero y Vladimiro Naranjo Mesa), la Corte Constitucional decidi\u00f3 declarar la exequibilidad del art\u00edculo 18 de la Ley 344 de 1996. Las razones expuestas por esta Corporaci\u00f3n para tomar dicha decisi\u00f3n se adoptan en esta oportunidad. <\/p>\n
En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el art\u00edculo 243 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, por haber operado en el presente caso la cosa juzgada constitucional en virtud de la Sentencia C-428 de 1997, no es procedente que esta Corporaci\u00f3n emita un nuevo pronunciamiento sobre la exequibilidad de la norma demandada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, o\u00eddo el concepto del se\u00f1or procurador general de la Naci\u00f3n y cumplidos los tr\u00e1mites previstos en el decreto 2067 de 1991, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n
R E S U E L V E <\/p>\n
ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-428\/97 del 4 de septiembre de 1997, en lo referente a la constitucionalidad del art\u00edculo 18 de la Ley 344 de 1996. <\/p>\n
ANTONIO BARRERA CARBONELL <\/p>\n
Presidente <\/p>\n
JORGE ARANGO MEJIA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
CARLOS GAVIRIA DIAZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
HERNANDO HERRERA VERGARA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
FABIO MORON DIAZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
VLADIMIRO NARANJO MESA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO <\/p>\n
Secretaria General <\/p>\n
<\/p>\n
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