C-595-97 <\/p>\n
SENTENCIA INHIBITORIA-Decreto ejecutivo <\/p>\n
La competencia de la Corte Constitucional se encuentra expresamente se\u00f1alada en el art\u00edculo 241 de la Carta Fundamental, que consagra las funciones que debe cumplir la Corporaci\u00f3n, entre las cuales no se encuentra el conocimiento de las demandas que versan sobre decretos de naturaleza reglamentaria expedidos con fundamento en el art\u00edculo 189 numeral 11 constitucional, sino solo el de aquellos expedidos con base en los art\u00edculos 150 numeral 10 y 341 de la Carta, y los dictados en uso de las facultades a que se refieren los art\u00edculos 212, 213 y 215 del mismo ordenamiento. <\/p>\n
Referencia: Expediente D-1677 <\/p>\n
Acci\u00f3n p\u00fablica de inconstitucionalidad contra el literal c) del art\u00edculo 15 del Decreto 1938 de 1994, \u201cpor el cual se reglamenta el plan de beneficios en el Sistema de Seguridad Social en Salud, de acuerdo con las recomendaciones del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, contenidas en el Acuerdo n\u00famero 008 de 1994. <\/p>\n
Actor: Carlos Julio Guerrero Cortes <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Dr. HERNANDO HERRERA VERGARA <\/p>\n
Santa F\u00e9 de Bogot\u00e1 D.C., veinte (20) de noviembre de mil novecientos noventa y siete (1997). <\/p>\n
En ejercicio de la acci\u00f3n p\u00fablica de inconstitucionalidad, el ciudadano CARLOS JULIO GUERRERO CORTES promovi\u00f3 demanda ante la Corte Constitucional, contra el literal c) del art\u00edculo 15 del Decreto 1938 de 1994, la cual se procede a decidir, previas las siguientes consideraciones. <\/p>\n
I. TEXTO DE LA NORMA ACUSADA <\/p>\n
“Art\u00edculo 15. De las exclusiones y limitaciones. En concordancia con lo expuesto en los art\u00edculos anteriores y para poder dar cumplimiento a los principios de universalidad, solidaridad, equidad y eficiencia enunciados en la Ley 100 de 1993, el Plan Obligatorio de Salud tendr\u00e1 exclusiones y limitaciones, que en general ser\u00e1n todas aquellas actividades, procedimientos, intervenciones, y gu\u00edas de atenci\u00f3n integral que no tengan por objeto contribuir al diagn\u00f3stico, tratamiento y rehabilitaci\u00f3n de la enfermedad; aquellos que sean considerados como cosm\u00e9ticos, est\u00e9ticos o suntuarios, y aquellos que expresamente se definan por el consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, m\u00e1s los que se describen a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
… <\/p>\n
II. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA <\/p>\n
Estima el demandante que al excluirse en el literal acusado los tratamientos de infertilidad de la protecci\u00f3n de la seguridad social, se vulnera la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica en sus art\u00edculos 5, 13, 48 y 49. <\/p>\n
Considera que el art\u00edculo 5o. de la Carta Pol\u00edtica resulta vulnerado ya que mediante el mismo, el Estado reconoce sin discriminaci\u00f3n alguna los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como instituci\u00f3n b\u00e1sica de la sociedad y a pesar de ello la norma acusada excluye de la protecci\u00f3n de la seguridad social los tratamientos de infertilidad para las parejas que por razones patol\u00f3gicas lo requieren para constituir su familia. <\/p>\n
Lo anterior conduce a una violaci\u00f3n al derecho a la igualdad consagrado en el art\u00edculo 13 de la Constituci\u00f3n, por cuanto se est\u00e1 discriminando a las personas con enfermedades que impiden procrear, las cuales no estar\u00edan recibiendo la misma protecci\u00f3n del Estado, ya que considera, que la infertilidad es un problema de salud, m\u00e1s a\u00fan si se tiene en cuenta los costos que estos tratamientos de infertilidad demandan. <\/p>\n
Por estas mismas razones, afirma que se encuentran vulnerados los art\u00edculos 48 y 49 Superiores que atribuyen por una parte, el car\u00e1cter de servicio p\u00fablico a la seguridad social y por la otra garantizan el derecho a la salud de todos los ciudadanos. <\/p>\n
III. INTERVENCION DE AUTORIDADES PUBLICAS <\/p>\n
Dentro del t\u00e9rmino de fijaci\u00f3n en lista, presentaron escrito los Ministerios de Justicia y del Derecho y de Salud, a trav\u00e9s de apoderado, solicitando a esta Corporaci\u00f3n declararse inhibida para fallar de fondo por falta de competencia. <\/p>\n
IV. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION <\/p>\n
Mediante oficio del once (11) de julio del a\u00f1o en curso, el se\u00f1or Procurador General de la Naci\u00f3n solicit\u00f3 a esta Corporaci\u00f3n declararse inhibida para decidir la demanda presentada contra el literal c) del art\u00edculo 15 del Decreto 1938 de 1994, en raz\u00f3n de no tener la Corte Constitucional competencia para conocer de la misma, en virtud a que el decreto citado tiene naturaleza de decreto reglamentario por haberse expedido por el Presidente de la Rep\u00fablica en uso de las facultades que le confiere el numeral 11 del art\u00edculo 189 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL <\/p>\n
Se demanda en el presente asunto, el literal c) del art\u00edculo 15 del Decreto 1938 de 1994, expedido por el Presidente de la Rep\u00fablica en uso de las facultades constitucionales que le confiere el numeral 11 del art\u00edculo 189 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, seg\u00fan el cual a este le corresponde ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedici\u00f3n de decretos, resoluciones y \u00f3rdenes necesarios para la cumplida ejecuci\u00f3n de las leyes. <\/p>\n
Ahora bien, la competencia de la Corte Constitucional se encuentra expresamente se\u00f1alada en el art\u00edculo 241 de la Carta Fundamental, que consagra las funciones que debe cumplir la Corporaci\u00f3n, entre las cuales no se encuentra el conocimiento de las demandas que versan sobre decretos de naturaleza reglamentaria expedidos con fundamento en el art\u00edculo 189 numeral 11 constitucional, sino solo el de aquellos expedidos con base en los art\u00edculos 150 numeral 10 y 341 de la Carta, y los dictados en uso de las facultades a que se refieren los art\u00edculos 212, 213 y 215 del mismo ordenamiento. <\/p>\n
Por su parte, seg\u00fan lo previsto en el art\u00edculo 6o. del Decreto 2067 de 1991, “se rechazar\u00e1n las demandas que recaigan sobre normas amparadas por una sentencia que hubiere hecho tr\u00e1nsito a cosa juzgada o respecto de las cuales sea manifiestamente incompetente”. Y agrega el precepto citado, que dicha decisi\u00f3n “podr\u00e1 adoptarse en la sentencia”. <\/p>\n
En tal virtud, teniendo en cuenta la incompetencia de la Corte para resolver sobre la demanda de inconstitucionalidad del precepto acusado, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 241 superior, habr\u00e1 de declararse inhibida, como as\u00ed se dispondr\u00e1 en la parte resolutiva de esta providencia. <\/p>\n
V. DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n
R E S U E L V E : <\/p>\n
Declararse INHIBIDA para fallar sobre la demanda de inconstitucionalidad formulada contra el literal c) del art\u00edculo 15 del decreto 1938 de 1994, por no ser competente la Corte Constitucional para conocer de la misma. <\/p>\n
C\u00f3piese, comun\u00edquese, notif\u00edquese, ins\u00e9rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional y arch\u00edvese el expediente <\/p>\n
ANTONIO BARRERA CARBONELL <\/p>\n
Presidente <\/p>\n
JORGE ARANGO MEJIA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
CARLOS GAVIRIA DIAZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
HERNANDO HERRERA VERGARA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
FABIO MORON DIAZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
VLADIMIRO NARANJO MESA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO <\/p>\n
Secretaria General <\/p>\n
<\/p>\n
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