C-601-97<\/p>\n
Sentencia C-601\/97 <\/p>\n
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL <\/p>\n
Referencia: Expedientes D-1714 y D-1733 (acumulados) <\/p>\n
Acci\u00f3n p\u00fablica de inconstitucionalidad contra el par\u00e1grafo del art\u00edculo 25 de la Ley 335 de 1996, “Por la cual se modifica parcialmente la Ley 14 de 1991 y la Ley 182 de 1995, se crea la televisi\u00f3n privada en Colombia y se dictan otras disposiciones”. <\/p>\n
Actores: <\/p>\n
Adelia Rocio Cardozo Romero, Jhon Fredy Romero Y Jhoana Arango <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Dr. FABIO MORON DIAZ <\/p>\n
Santa Fe de Bogot\u00e1, D.C., noviembre veinte (20) de mil novecientos noventa y siete (1997) <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
A trav\u00e9s de escritos independientes, posteriormente acumulados por decisi\u00f3n de la Sala Plena de la Corte, adoptada el 16 de junio de 1997, los ciudadanos ADELIA ROCIO CARDOZO ROMERO, JHON FREDY ROMERO Y JOHANA ARANGO, en ejercicio de la acci\u00f3n p\u00fablica de inconstitucionalidad consagrada en los art\u00edculos 241 y 242 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, presentaron ante la Corte Constitucional la demanda de la referencia contra el par\u00e1grafo del art\u00edculo 25 de la Ley 335 de 1996, “Por la cual se modifica parcialmente la Ley 14 de 1991 y la Ley 182 de 1995, se crea la televisi\u00f3n privada en Colombia y se dictan otras disposiciones.” <\/p>\n
Una vez admitida la demanda, se orden\u00f3 la pr\u00e1ctica de las comunicaciones de rigor constitucional y legal, se fij\u00f3 en lista el negocio y simult\u00e1neamente se dio traslado del mismo al Despacho del Procurador General de la Naci\u00f3n para el concepto de su competencia. <\/p>\n
Cumplidos los tr\u00e1mites previstos en el art\u00edculo 242 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y en el Decreto 2067 de 1991, procede la Corte Constitucional a resolver sobre la demanda presentada. <\/p>\n
II. LA NORMA ACUSADA <\/p>\n
LEY 335 DE 1996 <\/p>\n
(diciembre 20) <\/p>\n
Por la cual se modifica parcialmente la Ley 14 de 1991 y la Ley 182 de 1995, se crea, la televisi\u00f3n privada en Colombia y se dictan otras disposiciones <\/p>\n
EL Congreso de Colombia <\/p>\n
DECRETA: <\/p>\n
\u201cArt\u00edculo 25. <\/p>\n
(…) <\/p>\n
(…) <\/p>\n
\u201cPar\u00e1grafo. En los contratos para la realizaci\u00f3n de noticieros y programas de opini\u00f3n, se evaluar\u00e1 y calificar\u00e1 el rengl\u00f3n de contenido en funci\u00f3n de los criterios de equilibrio informativo, informaci\u00f3n veraz, imparcial y objetiva, responsabilidad social de los medios de comunicaci\u00f3n y preeminencia del inter\u00e9s p\u00fablico sobre el privado. <\/p>\n
\u201cLa actividad period\u00edstica gozar\u00e1 de protecci\u00f3n para garantizar su libertad e independencia profesional.\u201d <\/p>\n
III. LA DEMANDA <\/p>\n
A. Normas constitucionales que se consideran infringidas. <\/p>\n
Los demandantes consideran que la disposici\u00f3n acusada vulnera los art\u00edculos 20 y 93 de la C.P. <\/p>\n
B. Fundamentos de la demanda. <\/p>\n
La demandante ADELIA ROCIO CARDOZO ROMERO se\u00f1ala que las disposiciones impugnadas del art\u00edculo 25 de la ley 335 de 1996, violan el derecho a la libertad de expresi\u00f3n, el cual quedar\u00eda supeditado a la evaluaci\u00f3n y calificaci\u00f3n que a los informadores les imponga la CNTV. <\/p>\n
Los ciudadanos JHON FREDY ROMERO y JHOANA ARANGO, coinciden en los cargos formulados contra el mencionado par\u00e1grafo del art\u00edculo 25 y solicitan tambi\u00e9n que se declare inexequible. <\/p>\n
IV. EL CONCEPTO FISCAL <\/p>\n
En la oportunidad correspondiente el se\u00f1or Procurador General de la Naci\u00f3n rindi\u00f3 el concepto de su competencia, solicitando que se declaren inexequibles las disposiciones demandadas, las cuales en su criterio violan el art\u00edculo 20 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
Se\u00f1ala, que teniendo en cuenta que los cargos que se formulan contra el par\u00e1grafo del art\u00edculo 25 de la ley 335 de 1996, son en esencia los mismos que se presentaron contra dicha norma en el proceso de inconstitucionalidad acumulado, radicado bajo los n\u00fameros D-548, D-549, D-550, D558, D-1567, D-1572 y D-1574, los argumentos que sirven de fundamento a su solicitud inexequibilidad son tambi\u00e9n los mismos que present\u00f3 en esa oportunidad, motivo por el cual se remite a ellos. <\/p>\n
VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
Primera. La competencia y el objeto de control <\/p>\n
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del art\u00edculo 241 de la Constituci\u00f3n Nacional, la Corte Constitucional es competente para conocer de la acusaci\u00f3n planteada por los actores contra par\u00e1grafo del art\u00edculo 25 de la ley 335 de 1996, por ser dicha disposici\u00f3n parte de una ley de la Rep\u00fablica. <\/p>\n
<\/p>\n
No obstante lo anterior, encuentra la Corte Constitucional que las disposiciones acusadas del par\u00e1grafo del art\u00edculo 25 de la ley 335 de 1996, contra las cuales se dirigen las acusaciones de los actores en la demanda de la referencia, ya fueron objeto de examen en esta Corporaci\u00f3n, y que sobre ellas recay\u00f3 sentencia de m\u00e9rito proferida por la Sala Plena dentro del proceso de inconstitucionalidad acumulado, radicado bajo los n\u00fameros D-548, D-549, D-550, D558, D-1567, D-1572 y D-1574, sentencia distinguida con el n\u00famero C-350 de 29 de julio de 1997, cuyo Magistrado Ponente fue el Dr. Fabio Mor\u00f3n D\u00edaz, a trav\u00e9s de la cual esta Corporaci\u00f3n las declar\u00f3 INEXEQUIBLES. <\/p>\n
En consecuencia, los efectos de la mencionada providencia en lo referido al par\u00e1grafo del art\u00edculo 25 de la ley 335 de 1996, son los de cosa juzgada constitucional, por lo que respecto del mismo la Corte ordenar\u00e1 estarse a lo resuelto en el citado fallo. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
En lo referido al par\u00e1grafo del art\u00edculo 25 de la ley 335 de 1996, estarse a lo resuelto por la Sala Plena de la Corte Constitucional, en la Sentencia C – 350 de 29 de julio de 1997. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese, comun\u00edquese, publ\u00edquese, ins\u00e9rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional. <\/p>\n
ANTONIO BARRERA CARBONELL <\/p>\n
Presidente <\/p>\n
JORGE ARANGO MEJIA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
CARLOS GAVIRIA DIAZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
HERNANDO HERRERA VERGARA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
FABIO MORON DIAZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
VLADIMIRO NARANJO MESA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO <\/p>\n
Secretaria General <\/p>\n
<\/p>\n
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