C-602-97<\/p>\n
Sentencia C-602\/97 <\/p>\n
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL <\/p>\n
Referencia: Expediente D-1717 <\/p>\n
Demanda de inconstitucionalidad contra algunos apartes del art\u00edculo 107 de la ley 136 de 1994. <\/p>\n
Demandante: Henry Pacheco Casadiego <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Dr. CARLOS GAVIRIA D\u00cdAZ <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
En ejercicio de la acci\u00f3n p\u00fablica de inconstitucionalidad, el ciudadano HENRY PACHECO CASADIEGO, present\u00f3 demanda contra el \u00faltimo inciso y el par\u00e1grafo del art\u00edculo 107 de la ley 136 de 1994, por vulnerar los art\u00edculos 260 y 314 de la Carta. <\/p>\n
Cumplidos los tr\u00e1mites constitucionales y legales establecidos para procesos de esta \u00edndole, procede la Corte a decidir. <\/p>\n
II. NORMA ACUSADA <\/p>\n
Los apartes demandados son los que se subrayan dentro del art\u00edculo al que pertenecen: <\/p>\n
“LEY 136 DE 1994” <\/p>\n
“Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organizaci\u00f3n y el funcionamiento de los municipios” <\/p>\n
“….. <\/p>\n
“Art\u00edculo 107. Convocatoria a elecciones. Si la falta absoluta se produjere antes de transcurridos veinticuatro (24) meses del per\u00edodo del Alcalde, el Presidente de la Rep\u00fablica o el Gobernador respectivo, seg\u00fan sus competencias, en el decreto de encargo se\u00f1alar\u00e1n la fecha para la elecci\u00f3n de nuevo alcalde, la cual deber\u00e1 realizarse dentro de los dos meses siguientes a la expedici\u00f3n del decreto. <\/p>\n
El candidato a nuevo Alcalde deber\u00e1 anexar a la inscripci\u00f3n de su candidatura, la cual debe ser treinta d\u00edas antes de la elecci\u00f3n, el programa de gobierno que someter\u00e1 a consideraci\u00f3n ciudadana. <\/p>\n
Si la falta absoluta se produjere despu\u00e9s de transcurridos veinticuatro (24) meses del periodo del Alcalde, el Presidente de la Rep\u00fablica o el Gobernador respectivo, seg\u00fan sus competencias, designar\u00e1 al Alcalde para el resto del per\u00edodo, e la misma filiaci\u00f3n pol\u00edtica del anterior, quien deber\u00e1 gobernar con base en el programa que present\u00f3 el Alcalde electo. <\/p>\n
Par\u00e1grafo. Si la falta absoluta del Alcalde Municipal es la muerte ocasionada en forma violenta por terceros, no se convocar\u00e1 a nueva elecci\u00f3n y el Presidente o Gobernador designar\u00e1 Alcalde de la misma filiaci\u00f3n y grupo pol\u00edtico del titular, de terna de candidatos presentada por quienes inscribieron la candidatura del anterior.” <\/p>\n
III. LA DEMANDA <\/p>\n
Dice el demandante que “el constituyente primario, debidamente representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, coloc\u00f3 en cabeza exclusiva y excluyente de los ciudadanos de la Rep\u00fablica de Colombia la facultad y potestad de elegir en forma directa a sus mandatarios locales, sin ni siquiera abrir la compuerta o la posibilidad, de que tales prerrogativas fueran eventual, ocasional o transitoriamente transferidas al se\u00f1or Presidente de la Rep\u00fablica y menos, a los Gobernadores. Es nuestro criterio, que el cargo de burgomaestre, \u00fanica ay exclusivamente puede ser prove\u00eddo en propiedad (por expreso mandato de la Carta) por mandato popular debidamente canalizado (el sufragio), mediante las formalidades legales estatu\u00eddas, y en ejercicio de su poder soberano (art. 3 C.N.) y no, mediante decreto elector de una terna que para nada, en la mayor\u00eda de los casos, consulta el querer e inter\u00e9s popular, por la potente raz\u00f3n de que su designaci\u00f3n no obedece al mandamiento constitucional, sino al vaiv\u00e9n y devenir pol\u00edtico.” <\/p>\n
Y m\u00e1s adelante agrega, que el art\u00edculo 314 de la Constituci\u00f3n “s\u00f3lo marca la posibilidad al Presidente y a los Gobernadores, en los casos taxativamente se\u00f1alados por la ley, de suspender o destituir a los alcaldes. Empero, no autoriza en la eventualidad o en circunstancia alguna, la posibilidad de proveer el cargo mediante decreto de nombramiento, que a la final se convierte en un encargo en propiedad o definitivo.” En consecuencia, considera que los preceptos acusados son inconstitucionales. <\/p>\n
IV. INTERVENCION CIUDADANA <\/p>\n
El Ministro del Interior, actuando por medio de apoderado, solicita a la Corte declarar exequibles las disposiciones acusadas, con este argumento: <\/p>\n
– “La Constituci\u00f3n es la universalidad y ella establece las jurisdicciones correspondientes obligando a la ley a particularizar los eventos para su desarrollo, tenemos, entonces, que el Congreso de la Rep\u00fablica en uso de sus atribuciones constitucionales reglament\u00f3 el debate electoral y dispuso el procedimiento que se debe adoptar en el caso especial cuando se da la falta absoluta del primer mandatario municipal. Es obvio que como todos los deberes y derechos ciudadanos no caben en la Carta Magna, es preciso que el legislador se ocupe en fijar los par\u00e1metros frente a las posibilidades que se le puedan presentar al ejecutivo para sortear situaciones coyunturales.” <\/p>\n
V. CONCEPTO FISCAL <\/p>\n
El Procurador General de la Naci\u00f3n al emitir el concepto correspondiente, se\u00f1ala que sobre este mismo asunto se pronunci\u00f3 dentro del proceso No. 1655, en el que se acus\u00f3 la misma disposici\u00f3n que hoy se demanda. En consecuencia, transcribe el concepto que rindi\u00f3 en esa oportunidad para pedir la declaratoria de exequibilidad de los apartes acusados del art\u00edculo 107 de la ley 136 de 1994. <\/p>\n
VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
VI. 1. Competencia <\/p>\n
Al tenor de lo dispuesto en el art\u00edculo 241-4 de la Carta, compete a esta Corporaci\u00f3n decidir sobre la constitucionalidad de las disposiciones demandadas. <\/p>\n
VI.2 Cosa Juzgada <\/p>\n
Dado que el art\u00edculo 107 de la ley 136 de 1994, que aqu\u00ed se acusa parcialmente, fue retirado del ordenamiento jur\u00eddico, en virtud de la decisi\u00f3n adoptada por esta Corte en la sentencia C-448 del 18 de septiembre de 1997, no es posible volver a pronunciarse sobre \u00e9l pues ha operado el fen\u00f3meno de la cosa juzgada constitucional (art. 243 C.N.). En consecuencia, solo resta ordenar estarse a lo resuelto. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Constitucional administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n
R E S U E L V E: <\/p>\n
ESTARSE A LO RESUELTO EN LA SENTENCIA C-448 del 18 de septiembre de 1997. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese, comun\u00edquese a quien corresponda, publ\u00edquese, ins\u00e9rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional y arch\u00edvese el expediente. <\/p>\n
ANTONIO BARRERA CARBONELL <\/p>\n
Presidente <\/p>\n
JORGE ARANGO MEJIA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
CARLOS GAVIRIA DIAZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
. <\/p>\n
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
HERNANDO HERRERA VERGARA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
FABIO MORON DIAZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
VLADIMIRO NARANJO MESA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO <\/p>\n
Secretaria General <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
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