C-603-97<\/p>\n
Sentencia C-603\/97 <\/p>\n
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL <\/p>\n
Referencia: Expedientes D-1723 y D-1736 (acumuladas) <\/p>\n
<\/p>\n
Norma acusada: art\u00edculo 63 de la Ley 336 de 1996 <\/p>\n
Actores: Hugo Palacios Mej\u00eda y Juan Manuel Charry Urue\u00f1a <\/p>\n
Tema: <\/p>\n
Cosa Juzgada constitucional <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Dr. ALEJANDRO MART\u00cdNEZ CABALLERO. <\/p>\n
Santa Fe de Bogot\u00e1, veinte (20) de noviembre de mil novecientos noventa y siete (1997). <\/p>\n
La Corte Constitucional de la Rep\u00fablica de Colombia, integrada por su Presidente Antonio Barrera Carbonell y por los Magistrados Jorge Arango Mej\u00eda, Eduardo Cifuentes Mu\u00f1oz, Carlos Gaviria D\u00edaz, Jos\u00e9 Gregorio Hern\u00e1ndez Galindo, Hernando Herrera Vergara, Alejandro Mart\u00ednez Caballero, Fabio Mor\u00f3n D\u00edaz y Vladimiro Naranjo Mesa <\/p>\n
EN NOMBRE DEL PUEBLO <\/p>\n
Y <\/p>\n
POR MANDATO DE LA CONSTITUCI\u00d3N <\/p>\n
Ha pronunciado la siguiente <\/p>\n
SENTENCIA <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
Los ciudadanos Hugo Palacios Mej\u00eda y Juan Manuel Charry Urue\u00f1a, presentaron separadamente demandas de inconstitucionalidad contra el art\u00edculo 63 de la Ley 336 de 1996, las cuales fueron radicadas con los n\u00fameros D-1723 y D-1736, respectivamente. La Sala Plena de la Corporaci\u00f3n, en sesi\u00f3n del d\u00eda 16 de junio del a\u00f1o en curso, resolvi\u00f3 acumular a la demanda D-1723 el expediente D-1736. Cumplidos, como est\u00e1n, los tr\u00e1mites previstos en la Constituci\u00f3n y en el Decreto No. 2067 de 1991, procede la Corte a decidir el asunto por medio de esta sentencia. <\/p>\n
II. DEL TEXTO LEGAL OBJETO DE REVISI\u00d3N. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n se transcribe la norma demandada: <\/p>\n
LEY 336 DE 1996 <\/p>\n
(Diciembre 20) <\/p>\n
Por la cual se adopta el estatuto nacional de transporte <\/p>\n
EL CONGRESO DE COLOMBIA <\/p>\n
Decreta: <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Art\u00edculo 63\u00ba Supr\u00edmase el impuesto de timbre veh\u00edculos (sic) de servicio p\u00fablico de transporte automotor a que se refiere el art\u00edculo 260 de la ley 223 de 1995. <\/p>\n
III. LA DEMANDA. <\/p>\n
Como primera medida, los actores realizan un repaso por la normatividad precedente a la disposici\u00f3n que se demanda, para concluir que el sujeto activo del impuesto de timbre de veh\u00edculos, desde 1983, dej\u00f3 de ser el ente nacional, pues pas\u00f3 a ser un tributo de las entidades territoriales, el cual representa un porcentaje importante para el fisco local. Los demandantes opinan entonces que la norma acusada transgrede el art\u00edculo 294 de la Constituci\u00f3n, pues la Carta prohibe que el Legislador realice tratamientos preferenciales respecto de impuestos de propiedad de las entidades territoriales, el cual impone una comparaci\u00f3n con el r\u00e9gimen tributario previo e impide una disminuci\u00f3n de recursos fiscales de la periferia. Por consiguiente, a juicio de los actores, si una actividad era gravable y deja de serlo, surgen dos consecuencias inmediatas e inescindibles. La primera, es la disminuci\u00f3n de las rentas locales y la segunda es la dificultad de cumplir con el desarrollo econ\u00f3mico planificado en el presupuesto plurianual. Por ello, los actores concluyen que la potestad tributaria limitada de las entidades territoriales no significa que el Legislador pueda desconocerla, como quiera que el Congreso no puede reducir atribuciones fiscales de las entidades territoriales sin proporcionar rentas suficientes para afrontar sus responsabilidades, o si ello no fuere posible, debe disminuirse la responsabilidad que en precedencia fue otorgada. <\/p>\n
De otra parte, los actores consideran que la disposici\u00f3n impugnada contrar\u00eda el art\u00edculo 362 de la Constituci\u00f3n. Seg\u00fan sus criterios, lo acusado afecta el patrimonio de las entidades territoriales y crea una \u201cexpropiaci\u00f3n ipso jure\u201d sin juicio ni indemnizaci\u00f3n, toda vez que priva a la periferia de un bien incorporal sobre el que ten\u00eda plena propiedad, el cual consist\u00eda \u201cen el derecho personal a cobrar a ciertos contribuyentes un tributo en relaci\u00f3n con tales veh\u00edculos.\u201d <\/p>\n
Los demandantes sostienen que la norma acusada tambi\u00e9n viola los art\u00edculos 1\u00ba y 287 de la Constituci\u00f3n, en la medida en que desconoce el principio de la autonom\u00eda de las entidades territoriales, \u201cdado que el grado de autonom\u00eda de un ente territorial se relaciona proporcionalmente con la cantidad de recursos con los que cuenta\u201d. As\u00ed mismo, los actores afirman que en el Estado Social de Derecho el \u00e9xito de la descentralizaci\u00f3n de responsabilidades se logra con la suficiente asignaci\u00f3n de los recursos para el cabal cumplimiento de los servicios que prestan las entidades territoriales. De la misma manera, seg\u00fan su criterio, el principio de la autonom\u00eda econ\u00f3mica permite que las entidades territoriales puedan determinar aut\u00f3nomamente sus prioridades econ\u00f3micas y los m\u00e9todos m\u00e1s adecuados para llevar a cabo sus metas, dentro de par\u00e1metros que armonicen el car\u00e1cter unitario del Estado. <\/p>\n
Por \u00faltimo, los demandantes consideran que la disposici\u00f3n acusada vulnera el art\u00edculo 154 de la Constituci\u00f3n, toda vez que se desconoce que, en materia de tributos, el proyecto de ley debe iniciar su tr\u00e1mite en la C\u00e1mara de Representantes y que la iniciativa legislativa, en caso de exenciones de impuestos, debe ser gubernamental. As\u00ed pues, para uno de los demandantes, la norma impugnada no establece verdaderamente una supresi\u00f3n sino una exenci\u00f3n del impuesto de timbre para el servicio p\u00fablico del transporte automotor, pues las exenciones \u201cdesgravan actividades que a pesar de reunir los requisitos para ser gravadas, han sido excluidas del impuesto por pol\u00edtica fiscal\u201d, mientras que la supresi\u00f3n \u201cconsiste en la eliminaci\u00f3n de la contribuci\u00f3n para todos los elementos que la componen\u201d. Por consiguiente, a juicio del ciudadano, \u201ces claro que la disposici\u00f3n acusada excluye del impuesto de timbre una actividad que estaba y puede ser gravada, mientras que el impuesto sigue existiendo y no ha sido eliminado\u201d. Por lo cual, es un asunto cuya iniciativa legislativa est\u00e1 atribuida, de manera exclusiva, al gobierno. <\/p>\n
IV. INTERVENCI\u00d3N DE AUTORIDADES P\u00daBLICAS <\/p>\n
4.1. Intervenci\u00f3n del Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico <\/p>\n
El ciudadano Juan Fernando Romero Tob\u00f3n, en representaci\u00f3n del Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, interviene en el proceso para impugnar la demanda. Seg\u00fan su criterio, la autonom\u00eda de las entidades territoriales no implica una soberan\u00eda fiscal, puesto que la propiedad sobre un tributo se deriva de la Constituci\u00f3n y de la voluntad del Legislador, la cual resulta evidente cuando se toma la decisi\u00f3n de trasladar rentas a la periferia. Por lo tanto, el interviniente considera que de la misma forma que el Congreso decidi\u00f3 transferir recursos tambi\u00e9n puede reglamentar una materia impositiva a nivel local, pues el traslado \u201cno produce efectos de intangibilidad\u201d <\/p>\n
Finalmente, el ciudadano sostiene que no son v\u00e1lidos los cargos procedimentales, ya que el tr\u00e1mite de la Ley 336 de 1996 bien pod\u00eda iniciarse en el Senado de la Rep\u00fablica, toda vez que no es de estirpe tributaria. Por lo tanto, si en el proceso de creaci\u00f3n de la ley se \u201chubiere hecho referencia a un aspecto tributario, de una manera aislada, no lo convierte, por ese s\u00f3lo hecho, en un proyecto de ley \u201crelativo a tributos\u201d, sino que \u00e9ste debe ser uno de los pilares fundamentales y no una referencia\u201d. Por consiguiente, seg\u00fan su criterio, la norma acusada no transgrede el art\u00edculo 154 de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
4.2. Intervenci\u00f3n del Ministerio de Transporte <\/p>\n
El ciudadano William Jes\u00fas G\u00f3mez Rojas, en representaci\u00f3n del Ministerio de Transporte, interviene en el proceso para impugnar la demanda. El ciudadano comienza por se\u00f1alar que tanto la infraestructura como el aspecto rent\u00edstico del servicio p\u00fablico de transporte es una materia del \u00e1mbito nacional, por lo cual \u201cno existe criterio eficiente que lo reduzca a la propiedad territorial\u201d. En este orden de ideas, el interviniente considera que la facultad de gesti\u00f3n y de intervenci\u00f3n sobre este servicio pertenece al Estado y se desarrolla a trav\u00e9s de la determinaci\u00f3n de pol\u00edticas macroecon\u00f3micas insertas en planes de desarrollo nacional. Adem\u00e1s, seg\u00fan su criterio, la gesti\u00f3n econ\u00f3mica la debe realizar el Sistema Nacional del Transporte, en coordinaci\u00f3n con los entes territoriales. Por ello concluye que el Legislador es libre para regular lo relativo a tributos originados en el servicio p\u00fablico de transporte. <\/p>\n
Finalmente, el ciudadano considera que resulta \u201cdesmesurado hacer depender el progreso de la pol\u00edtica descentralizadora de una carga tributaria que como se afirma en su momento hist\u00f3rico hac\u00eda parte de las cesiones que la Naci\u00f3n entregaba a los entes territoriales, sin que las cargas tributarias cedidas perdieran con respecto a ella su relaci\u00f3n de titularidad\u201d <\/p>\n
V. DEL CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACI\u00d3N. <\/p>\n
El Procurador General de la Naci\u00f3n, Jaime Bernal Cuellar, rinde el concepto de rigor y solicita a la Corte que declare la constitucionalidad de la norma acusada. La Vista Fiscal reitera la posici\u00f3n que manifest\u00f3 en los conceptos que rindi\u00f3 a esta Corporaci\u00f3n dentro de los procesos D-1621 y D-1665, en los cuales tambi\u00e9n se estudia la norma que nuevamente se acusa. <\/p>\n
Para el Jefe del Ministerio P\u00fablico, el transporte terrestre es un servicio p\u00fablico de inter\u00e9s general, que implica la expedici\u00f3n de normas de car\u00e1cter especial, las cuales buscan garantizar un desarrollo del servicio en forma continua y eficiente. Por lo tanto, los intereses particulares o locales ceden a intereses estatales generales. Por ello, el tratamiento tributario debe ser especial y no preferencial, como quiera que se entiende que los veh\u00edculos exonerados del impuesto realizan una actividad distinta de los particulares. Por consiguiente, la materia relativa al servicio p\u00fablico de transporte merece un trato diferente respecto de otras, lo que involucra un inter\u00e9s general de orden nacional en la regulaci\u00f3n del impuesto de timbre para los veh\u00edculos del servicio p\u00fablico. <\/p>\n
Por lo anterior, el Ministerio P\u00fablico concluye que la facultad legislativa para crear e imponer cargas fiscales comporta, para el Legislador, una atribuci\u00f3n discrecional para generar exacciones fiscales y para suprimirlas, eliminarlas o eximir de su aplicaci\u00f3n a determinados sujetos pasivos. <\/p>\n
VI. FUNDAMENTO JUR\u00cdDICO <\/p>\n
Competencia. <\/p>\n
1. Conforme al ordinal 4\u00ba del art\u00edculo 241 de la Constituci\u00f3n, la Corte es competente para conocer de la constitucionalidad del art\u00edculo 63 de la Ley 336 de 1996, ya que se trata de la demanda de un ciudadano contra una norma de rango legal. <\/p>\n
Cosa Juzgada Constitucional <\/p>\n
2. Al realizar el estudio de la norma demandada, se encuentra que \u00e9sta ya fue objeto de estudio por parte de esta Corporaci\u00f3n. As\u00ed, en la sentencia C-490 de octubre 2\u00ba de 1997, se decidi\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
“PRIMERO.- DECL\u00c1RANSE EXEQUIBLES los apartes acusados de los art\u00edculos 12, 31, 48 y 63 de la Ley 336 de 1996, con aclaraci\u00f3n de que el literal e) del art\u00edculo 48 del mencionado Estatuto, se refiere al literal d) del art\u00edculo 46 y no al literal d) del art\u00edculo 49.\u201d <\/p>\n
Cabe anotar que el art\u00edculo 63 de la Ley 336 de 1996 se demand\u00f3 y estudi\u00f3 en su totalidad. Por consiguiente ha operado la cosa juzgada constitucional, y en consecuencia esta Corporaci\u00f3n no puede volver a pronunciarse sobre esta norma, toda vez que ya fue objeto de decisi\u00f3n. Por tal motivo, se ordenar\u00e1 estarse a lo resuelto en la providencia citada. <\/p>\n
VII. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la Rep\u00fablica de Colombia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
ESTARSE A LO RESUELTO por la Corte Constitucional en sentencia No. C-490 de octubre 2\u00ba de 1997, que declar\u00f3 EXEQUIBLE el art\u00edculo 63 de la Ley 336 de 1996. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese, comun\u00edquese, c\u00famplase e ins\u00e9rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional. <\/p>\n
ANTONIO BARRERA CARBONELL <\/p>\n
Presidente <\/p>\n
JORGE ARANGO MEJ\u00cdA EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ <\/p>\n
Magistrado Magistrado <\/p>\n
CARLOS GAVIRIA D\u00cdAZ JOS\u00c9 GREGORIO HERN\u00c1NDEZ GALINDO <\/p>\n
Magistrado Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
HERNANDO HERRERA VERGARA ALEJANDRO MART\u00cdNEZ CABALLERO <\/p>\n
Magistrado Magistrado <\/p>\n
FABIO MOR\u00d3N D\u00cdAZ VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA VICTORIA S\u00c1CHICA DE MONCALEANO <\/p>\n
Secretaria General <\/p>\n
<\/p>\n
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