C-620-97<\/p>\n
Sentencia C-620\/97 <\/p>\n
SENTENCIA INHIBITORIA-Decreto ejecutivo <\/p>\n
Teniendo en cuenta la incompetencia de la Corte para resolver acerca de la constitucionalidad de las disposiciones demandadas, por no ser de aquellos cuyo conocimiento le est\u00e9 asignado en forma expresa, no es posible decidir de fondo, sobre su constitucionalidad. <\/p>\n
Referencia: Expediente D-1701 <\/p>\n
Acci\u00f3n p\u00fablica de inconstitucionalidad contra los literales a) y b) (parciales) del art\u00edculo 77 del Decreto 1091 de 1995 “por el cual se expide el R\u00e9gimen de Asignaciones y Prestaciones para el personal del Nivel Ejecutivo de la Polic\u00eda Nacional, creado mediante el Decreto 132 de 1995” <\/p>\n
Actor: Jorge Enrique Osorio Reyes <\/p>\n
Magistrado Sustanciador: <\/p>\n
Dr. HERNANDO HERRERA VERGARA <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 D.C., noviembre veintisiete (27) de mil novecientos noventa y siete (1997). <\/p>\n
En ejercicio de la acci\u00f3n p\u00fablica de inconstitucionalidad, el ciudadano JORGE ENRIQUE OSORIO REYES promovi\u00f3 demanda ante la Corte Constitucional, contra el art\u00edculo 77 del Decreto 1091 de 1995, la cual se procede a decidir, previas las siguientes consideraciones. <\/p>\n
I. TEXTO DE LA NORMA ACUSADA <\/p>\n
Se transcribe a continuaci\u00f3n el texto del precepto demandado, subray\u00e1ndose los apartes acusados. <\/p>\n
“Art\u00edculo 77. Extinci\u00f3n de Pensiones. A partir de la vigencia del presente Decreto, las pensiones que se otorguen por fallecimiento de un miembro del nivel ejecutivo de la Polic\u00eda Nacional, en servicio activo o en goce de asignaci\u00f3n de retiro o pensi\u00f3n se extinguir\u00e1n para sus beneficiarios as\u00ed: <\/p>\n
<\/p>\n
a. Para el c\u00f3nyuge, compa\u00f1ero (a) sobreviviente: <\/p>\n
1. Cuando contraiga nupcias o haga vida marital <\/p>\n
… <\/p>\n
a. Para los hijos y hermanos menores: <\/p>\n
1. Por muerte <\/p>\n
2.Por constituci\u00f3n de familia por v\u00ednculo natural o jur\u00eddico. <\/p>\n
…\u201d <\/p>\n
II. FUNDAMENTO DE LA DEMANDA <\/p>\n
A juicio del actor, los literales acusados vulneran el Pre\u00e1mbulo de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, as\u00ed como los art\u00edculos 1\u00ba, 2\u00ba, 4\u00ba, 5\u00ba, 13, 46, 48, 53 y 58 y algunas disposiciones inclu\u00eddas en tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia, como la Declaraci\u00f3n Universal de Derechos Humanos, la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos y el Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales. <\/p>\n
En su criterio, la violaci\u00f3n al derecho a la igualdad se produce por cuanto las normas demandadas consagran un tratamiento legal preferente para los c\u00f3nyuges, compa\u00f1ero (a) sobrevivientes e hijos y hermanos menores que no han contra\u00eddo nupcias, no hacen vida marital, ni han constituido familia por v\u00ednculo natural o jur\u00eddico, quienes conservan el derecho a la pensi\u00f3n. <\/p>\n
Y un tratamiento discriminatorio e inequitativo para aquellos que si contrajeron nupcias, hacen vida marital o constituyeron familia por un v\u00ednculo natural o jur\u00eddico, al establecer la extinci\u00f3n de sus pensiones. <\/p>\n
Considera que estas apreciaciones encuentran apoyo en la sentencia C-309 de 1996 demanda de esta Corporaci\u00f3n y mediante la cual se declar\u00f3 la inconstitucionalidad del art\u00edculo 2\u00ba (parcial) de la Ley 33 de 1973 y que consagraba id\u00e9ntico tratamiento inequitativo, as\u00ed como en la C-182 de 1997. <\/p>\n
III. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION <\/p>\n
Mediante oficio del veinticuatro (24) de julio del a\u00f1o en curso, el se\u00f1or Procurador General de la Naci\u00f3n solicit\u00f3 a esta Corporaci\u00f3n declararse inhibida para estudiar la demanda presentada contra el art\u00edculo 77 (parcial) del Decreto 1901 de 1995. <\/p>\n
Sin embargo, advierte que en el presente caso el decreto acusado fue expedido por el Presidente de la Rep\u00fablica en ejercicio de las facultades conferidas por el art\u00edculo 150 numeral 19 literales e) y f) de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, frente a los cuales la Corte Constitucional no tiene competencia alguna y cuyo conocimiento corresponde al Consejo de Estado de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 237 de la CP. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL <\/p>\n
En el asunto sub-examine, se demandan los literales a) y b) (parciales) del art\u00edculo 77 del Decreto 1091 de 1995, el cual fue expedido por el Presidente de la Rep\u00fablica en desarrollo de las normas generales se\u00f1aladas en la Ley 4\u00aa de 1992, y en virtud de lo dispuesto en el numeral 19 literales e) y f) del art\u00edculo 150 de la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
Como es bien sabido, la competencia de la Corte Constitucional se encuentra expresamente contenida en el art\u00edculo 241 de la Carta Fundamental, que consagra las funciones que debe cumplir como guardiana de la integridad y supremac\u00eda de la Constituci\u00f3n, en los precisos t\u00e9rminos de dicho art\u00edculo, entre las cuales no se encuentra el conocimiento de las demandas que versan sobre decretos con fuerza de ley expedidos con fundamento en el numeral 19 del art\u00edculo 150 citado, sino solo el de aquellos expedidos con base en los art\u00edculos 150 numeral 10 y 341 de la Carta, y los dictados en uso de las facultades a que se refieren los art\u00edculos 212, 213 y 215 del mismo ordenamiento. <\/p>\n
En tal virtud, teniendo en cuenta la incompetencia de la Corte para resolver acerca de la constitucionalidad de las disposiciones demandadas, por no ser de aquellos cuyo conocimiento le est\u00e9 asignado en forma expresa, no es posible decidir de fondo, sobre su constitucionalidad. <\/p>\n
Seg\u00fan lo previsto en el art\u00edculo 6o. del Decreto 2067 de 1991, “se rechazar\u00e1n las demandas que recaigan sobre normas amparadas por una sentencia que hubiere hecho tr\u00e1nsito a cosa juzgada o respecto de las cuales sea manifiestamente incompetente”. Y agrega el precepto citado, que dicha decisi\u00f3n “podr\u00e1 adoptarse en la sentencia”. <\/p>\n
En tal virtud, teniendo en cuenta la incompetencia de la Corte para resolver sobre la demanda de inconstitucionalidad del precepto acusado, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 241 superior, habr\u00e1 de declararse inhibida, como as\u00ed se dispondr\u00e1 en la parte resolutiva de esta providencia. <\/p>\n
V. DECISION <\/p>\n
R E S U E L V E : <\/p>\n
Declararse INHIBIDA para fallar sobre la demanda de inconstitucionalidad formulada contra los literales a) y b) (parciales) del art\u00edculo del Decreto 1091 de 1995, por no ser competente la Corte Constitucional para conocer de la misma. <\/p>\n
C\u00f3piese, comun\u00edquese, notif\u00edquese, ins\u00e9rtese en la Gaceta de la <\/p>\n
Corte Constitucional y arch\u00edvese el expediente <\/p>\n
ANTONIO BARRERA CARBONELL <\/p>\n
Presidente <\/p>\n
JORGE ARANGO MEJIA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
CARLOS GAVIRIA DIAZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
HERNANDO HERRERA VERGARA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
FABIO MORON DIAZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
VLADIMIRO NARANJO MESA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO <\/p>\n
Secretaria General <\/p>\n
<\/p>\n
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