C-650-97<\/p>\n
Sentencia C-650\/97 <\/p>\n
DERECHO A INTERPONER ACCION PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD\/SENTENCIA INHIBITORIA-Cargo de inconstitucionalidad se basa en interpretaci\u00f3n del actor <\/p>\n
El derecho ciudadano a interponer acciones de inconstitucionalidad constituye, sin lugar a dudas, uno de los derechos m\u00e1s importantes en el sistema jur\u00eddico colombiano, en cuanto permite un permanente control sobre las instancias creadoras de derecho. Sin embargo, la acci\u00f3n de inconstitucionalidad comporta requisitos m\u00ednimos, que deben cumplirse a fin de garantizar el buen funcionamiento del aparato de justicia. Resulta evidente que la norma no confunde el control interno de \u00edndole administrativo con el de car\u00e1cter disciplinario. Se impone, por tanto, la inhibici\u00f3n de la Corte, puesto que la construcci\u00f3n del cargo de inconstitucionalidad se basa en una interpretaci\u00f3n del precepto legal que en modo alguno se deduce de su texto ni de la ley demandada. <\/p>\n
Referencia: Expediente D-1689 <\/p>\n
Actor: Jos\u00e9 Alberto Garc\u00eda Cortes <\/p>\n
Demanda de inconstitucionalidad contra el art\u00edculo 49 (parcial) de la Ley 200 de 1995 \u201cpor la cual se expide el C\u00f3digo Disciplinario Unico\u201d. <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Dr. EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ <\/p>\n
Santa Fe de Bogot\u00e1, D.C., diciembre tres (3) de mil novecientos noventa y siete (1997). <\/p>\n
La Sala Plena de la Corte Constitucional, integrada por su Presidente Antonio Barrera Carbonell, y por los Magistrados Jorge Arango Mej\u00eda, Eduardo Cifuentes Mu\u00f1oz, Carlos Gaviria D\u00edaz, Jos\u00e9 Gregorio Hern\u00e1ndez Galindo, Hernando Herrera Vergara, Alejandro Mart\u00ednez Caballero, Fabio Mor\u00f3n D\u00edaz y Vladimiro Naranjo Mesa <\/p>\n
EN NOMBRE DEL PUEBLO <\/p>\n
Y <\/p>\n
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION <\/p>\n
S E N T E N C I A <\/p>\n
En el proceso de constitucionalidad contra el art\u00edculo 49 (parcial) de la Ley 200 de 1995 \u201cpor la cual se expide el C\u00f3digo Disciplinario Unico\u201d. <\/p>\n
I. NORMA ACUSADA <\/p>\n
Ley 200 de 1995 <\/p>\n
(julio 28) <\/p>\n
\u201cpor la cual se adopta el c\u00f3digo disciplinario \u00fanico\u201d <\/p>\n
El Congreso de Colombia <\/p>\n
DECRETA: <\/p>\n
Art\u00edculo 49.- Significado de control interno. Cuando en este c\u00f3digo se utilice la locuci\u00f3n \u201ccontrol interno o control interno disciplinario\u201d debe entenderse por tal la oficina o dependencia que conforme a la ley tenga a su cargo el ejercicio de la funci\u00f3n disciplinaria\u201d. <\/p>\n
(Se subraya la expresi\u00f3n acusada) <\/p>\n
II. ANTECEDENTES <\/p>\n
2. El ciudadano Jos\u00e9 Alberto Garc\u00eda Cort\u00e9s demand\u00f3 la inconstitucionalidad parcial del art\u00edculo 49 de la Ley 200 de 1995, por considerarlo violatorio de los art\u00edculos 118, 209 y 277 de la Carta. <\/p>\n
3. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la Rep\u00fablica, el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Departamento Administrativo de la Funci\u00f3n P\u00fablica solicitaron a la Corte la declaraci\u00f3n de exequibilidad de la disposici\u00f3n acusada. <\/p>\n
4. El Procurador General de la Naci\u00f3n solicit\u00f3 a la Corte que declarara la exequibilidad de la norma. <\/p>\n
III. CARGOS DE LA DEMANDA <\/p>\n
Cargos de la demanda <\/p>\n
1. El demandante considera que la Carta ha asignado al t\u00e9rmino \u201ccontrol interno\u201d un significado espec\u00edfico, que no puede equipararse, como lo hace la disposici\u00f3n acusada, al control disciplinario que realiza cada entidad estatal. <\/p>\n
La asimilaci\u00f3n introducida desconoce el alcance del art\u00edculo 209 de la Carta, en el cual se prescribe la existencia de organismos de control interno en las entidades estatales, con el objeto de atender a los fines de la administraci\u00f3n p\u00fablica. El demandante precisa que \u201cese sistema de control obedece al desarrollo, desempe\u00f1o o cumplimiento de la actividad que realizan los entes administrativos\u201d. <\/p>\n
As\u00ed, el legislador confunde conceptos distintos – control disciplinario y control interno -, y trastoca el sentido de las funciones disciplinarias violando los art\u00edculos 118 y 277 de la C.P. <\/p>\n
Intervenci\u00f3n del Ministerio de Justicia <\/p>\n
La alusi\u00f3n al control interno en el art\u00edculo 209 de la C.P., no se agota con la existencia de oficinas encargadas de evaluar la gesti\u00f3n administrativa y financiera de la entidad (que se encuentran reguladas por la Ley 87 de 1993), raz\u00f3n por la cual el legislador se encuentra autorizado para complementar la labor de control mediante la creaci\u00f3n de oficinas que se encargan de la funci\u00f3n disciplinaria dentro de la entidad. <\/p>\n
En estos t\u00e9rminos, el precepto demandado constituye un desarrollo del art\u00edculo 209 de la C.P. <\/p>\n
Intervenci\u00f3n de la Presidencia de la Rep\u00fablica <\/p>\n
Los argumentos presentados por la apoderada de la Presidencia de la Rep\u00fablica reiteran, en lo esencial, lo dicho por el Ministerio de Justicia. Por ello, se omite su presentaci\u00f3n. <\/p>\n
Intervenci\u00f3n del Departamento Administrativo de la Funci\u00f3n P\u00fablica <\/p>\n
El apoderado del Departamento Administrativo de la Funci\u00f3n P\u00fablica se\u00f1ala que el demandante no interpret\u00f3 sistem\u00e1ticamente la disposici\u00f3n acusada, lo que lo llev\u00f3 a incurrir en error sobre la correcta apreciaci\u00f3n del alcance de la figura. La Ley 200 de 1995, de la cual hace parte la norma demandada, es expl\u00edcita en definir el sentido de la expresi\u00f3n acusada, toda vez que en el art\u00edculo 49 se\u00f1ala que el control interno se refiere a la oficina encargada de la funci\u00f3n disciplinaria, de suerte que desaparece todo asomo de confusi\u00f3n conceptual por parte del legislador. <\/p>\n
Por otra parte, el interviniente expone argumentos similares a los presentados por el Ministerio de Justicia. <\/p>\n
Concepto del Procurador General de la Naci\u00f3n <\/p>\n
El Procurador General de la Naci\u00f3n expone que la interpretaci\u00f3n gramatical de la norma demandada despeja cualquier asomo de inconstitucionalidad de la misma. En efecto, el precepto normativo define el concepto de control interno de manera tal que restringe su aplicaci\u00f3n al \u00e1mbito disciplinario. <\/p>\n
FUNDAMENTOS <\/p>\n
Competencia <\/p>\n
1. En los t\u00e9rminos del art\u00edculo 241-4 la Corte Constitucional es competente para conocer de la presente demanda. <\/p>\n
Contenido normativo demandado <\/p>\n
2. El art\u00edculo 2\u00b0 del Decreto 2067 de 1991 dispone que las demandas de inconstitucionalidad deber\u00e1n contener \u201clas razones por las cuales dichos textos se estiman violados\u201d. De esta disposici\u00f3n se desprende que no basta que se acuse la violaci\u00f3n de la Constituci\u00f3n, sino que la impugnaci\u00f3n debe estar acompa\u00f1ada de argumentos que expliquen y justifiquen el se\u00f1alamiento. <\/p>\n
3. El derecho ciudadano a interponer acciones de inconstitucionalidad constituye, sin lugar a dudas, uno de los derechos m\u00e1s importantes en el sistema jur\u00eddico colombiano, en cuanto permite un permanente control sobre las instancias creadoras de derecho. Sin embargo, la acci\u00f3n de inconstitucionalidad comporta requisitos m\u00ednimos, que deben cumplirse a fin de garantizar el buen funcionamiento del aparato de justicia. <\/p>\n
4. En este orden de ideas, la Corte ha establecido algunos criterios dirigidos a racionalizar la funci\u00f3n judicial1, que parten del presupuesto de que la Corte no est\u00e1 llamada, seg\u00fan el art\u00edculo 241 de la C.P., para adelantar un control oficioso de las leyes, sino a revisar aquellas que han sido demandadas2. Al estudiar la constitucionalidad del numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 2\u00b0 del Decreto 2067 de 1991, la Corte sostuvo que \u201cel ataque indeterminado y sin motivos no es razonable3\u201d. <\/p>\n
A este respecto, la Corte reitera que la interpretaci\u00f3n que ofrece el demandante de la norma acusada ha de corresponder realmente al contenido normativo de la misma. En caso de que no exista tal correspondencia, mal puede la Corte dar curso al proceso, ya que, aunque formalmente se impugna una determinada disposici\u00f3n, sustancialmente se acusa una norma inexistente. Sobre el particular, la Corte ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u201cLa Corte debe insistir en que el presupuesto b\u00e1sico para declarar inexequible una norma jur\u00eddica es el de que esa norma, examinados en el proceso de su adopci\u00f3n o su contenido, entre en contradicci\u00f3n con postulados o preceptos de la Carta. <\/p>\n
La definici\u00f3n acerca de la posible inconstitucionalidad de un precepto tiene que ser objetiva, por lo cual no es posible deducirla de otros ordenamientos ni de hip\u00f3tesis no plasmadas en su texto\u201d4 (subrayado del texto). <\/p>\n
En otra oportunidad la Corte se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u201cPara la declaraci\u00f3n de inexequibilidad total o parcial de una disposici\u00f3n de la ley es menester definir si existe una oposici\u00f3n objetiva y verificable entre lo que dispone el precepto acusado y lo que manda la Constituci\u00f3n\u201d5 (Negrillas fuera del texto). <\/p>\n
Ineptitud sustancial de la demanda <\/p>\n
5. El demandante considera que la expresi\u00f3n \u201ccontrol interno\u201d, contenida en la disposici\u00f3n acusada es inconstitucional, en raz\u00f3n de que la Carta limit\u00f3 el alcance de dicha figura a las actividades de control administrativo. <\/p>\n
La lectura integral del art\u00edculo 49 de la Ley 200 de 1995, en consonancia con el art\u00edculo 48 del mismo estatuto, descubre que el contenido normativo indicado por el actor no existe. En efecto, el primer art\u00edculo citado dispone que, cuando quiera que en la Ley 200 de 1995 aparezca la expresi\u00f3n \u201ccontrol interno\u201d, debe entenderse por ella la oficina o dependencia encargada del ejercicio de la funci\u00f3n disciplinaria. El art\u00edculo 48, por su parte, prescribe que en cada entidad del Estado, salvo en la Rama Judicial, debe existir una oficina encargada de la funci\u00f3n disciplinaria. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, resulta evidente que la norma no confunde el control interno de \u00edndole administrativo con el de car\u00e1cter disciplinario. Se impone, por tanto, la inhibici\u00f3n de la Corte, puesto que la construcci\u00f3n del cargo de inconstitucionalidad se basa en una interpretaci\u00f3n del precepto legal que en modo alguno se deduce de su texto ni de la ley demandada. <\/p>\n
D E C I S I O N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Constitucional <\/p>\n
R E S U E L V E <\/p>\n
Declararse INHIBIDA para fallar en el presente proceso. <\/p>\n
Notif\u00edquese, comun\u00edquese, c\u00famplase e ins\u00e9rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional <\/p>\n
ANTONIO BARRERA CARBONELL <\/p>\n
Presidente <\/p>\n
JORGE ARANGO MEJIA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
CARLOS GAVIRIA DIAZ <\/p>\n
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
HERNANDO HERRERA VERGARA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
FABIO MORON DIAZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
VLADIMIRO NARANJO MESA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ <\/p>\n
Secretaria General <\/p>\n
<\/p>\n
2 Sentencia C-447\/97, M.P. Alejandro Mart\u00ednez Caballero. <\/p>\n
3 Sentencia C-131\/93 M.P. Alejandro Mart\u00ednez Caballero. <\/p>\n
4 Sentencia C-587\/95 M.P. Jos\u00e9 Gregorio Hern\u00e1ndez Galindo. <\/p>\n
5 Sentencia C-504\/95 M.P. Jos\u00e9 Gregorio Hern\u00e1ndez Galindo. <\/p>\n
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