SU559-97<\/p>\n
Sentencia SU.559\/97 <\/p>\n
SITUADO FISCAL EN MATERIA EDUCATIVA-Inequitativa distribuci\u00f3n entre los departamentos y para con sus municipios <\/p>\n
SITUADO FISCAL EN MATERIA EDUCATIVA-Criterio que debe regir proceso de distribuci\u00f3n <\/p>\n
A la luz de la Constituci\u00f3n el criterio que debe regir el proceso de distribuci\u00f3n del situado fiscal es el relacionado con las necesidades del servicio de educaci\u00f3n en los departamentos y distritos. Por consiguiente, un reparto del situado que atienda a factores diferentes no tiene sustento constitucional. <\/p>\n
SITUADO FISCAL EN MATERIA EDUCATIVA-Redistribuci\u00f3n de docentes oficiales de acuerdo con las necesidades del servicio\/DERECHO A LA EDUCACION-Redistribuci\u00f3n de docentes oficiales de acuerdo con las necesidades del servicio <\/p>\n
La distribuci\u00f3n regional de los educadores debe responder a las necesidades de la educaci\u00f3n, es decir de los alumnos y de los potenciales beneficiarios del servicio.Esta Sala es consciente de que la redistribuci\u00f3n de los docentes oficiales de acuerdo con las necesidades del servicio puede acarrearle trastornos a muchos educadores. Sin embargo, es ese un costo inevitable si se desea dar cumplimiento a las \u00f3rdenes constitucionales de destinar los recursos del situado fiscal a la educaci\u00f3n y a la salud, de asegurar que todas las personas, y, en particular, las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios b\u00e1sicos y de solucionar las necesidades insatisfechas de la poblaci\u00f3n en materia de educaci\u00f3n. <\/p>\n
DERECHO A LA EDUCACION DEL NI\u00d1O-Prevalencia\/CONFLICTO DE DERECHOS CONSTITUCIONALES-Armonizaci\u00f3n <\/p>\n
Para el caso del conflicto entre el derecho de los ni\u00f1os a la educaci\u00f3n y los derechos laborales de los educadores, es claro que debe darse precedencia al primero, pues la funci\u00f3n del docente se orienta precisamente al servicio educativo a favor de los ni\u00f1os. Adem\u00e1s, la misma Carta Pol\u00edtica estableci\u00f3 una regla general para la resoluci\u00f3n de los conflictos entre derechos cuando entre los derechos en pugna se encuentran los de los ni\u00f1os. En efecto, expresa de manera tajante que \u201clos derechos de los ni\u00f1os prevalecen sobre los derechos de los dem\u00e1s\u201d. Si bien esta norma no implica que en estos casos no se deba intentar armonizar los distintos derechos que colisionan, lo cierto es que s\u00ed se\u00f1ala una prioridad evidente para todas las situaciones de conflictos de derechos que se pueden presentar. <\/p>\n
IUS VARIANDI-Discrecionalidad limitada de la administraci\u00f3n para variar sitio de trabajo de docentes\/SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION-Prestaci\u00f3n a nivel nacional <\/p>\n
La Corte ha se\u00f1alado que la administraci\u00f3n goza de un margen adecuado de discrecionalidad para modificar la ubicaci\u00f3n territorial de sus funcionarios, con miras a una adecuada y mejor prestaci\u00f3n del servicio. Es lo que se llama el jus variandi. Este marco de discrecionalidad se ampl\u00eda con respecto a determinadas actividades estatales, entre las cuales debe contarse el servicio educativo. En efecto, el servicio p\u00fablico de educaci\u00f3n tiene una \u00edntima relaci\u00f3n con los derechos fundamentales de los ni\u00f1os y debe ser prestado a nivel nacional, sin importar la categor\u00eda ni el grado de desarrollo de los municipios o de las regiones. En estas condiciones, y en atenci\u00f3n a la orden constitucional impartida al Estado de solucionar las necesidades insatisfechas de la poblaci\u00f3n en materia de educaci\u00f3n, es apenas natural que la administraci\u00f3n p\u00fablica pueda contar con posibilidades amplias para trasladar a sus funcionarios de acuerdo con las exigencias del servicio. Lo anterior no significa, sin embargo, que la discrecionalidad de la administraci\u00f3n para variar el sitio de trabajo de los docentes no tenga l\u00edmites. La jurisprudencia de la Corte ha precisado que la libertad de la administraci\u00f3n de reubicar a sus funcionarios se ve limitada por diversos factores1. Uno de ellos se refiere a que el traslado debe hacerse a un cargo de la misma categor\u00eda y con funciones afines. <\/p>\n
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-Deber de afiliaci\u00f3n <\/p>\n
La disposici\u00f3n del Decreto 196 de 1995 es clara en el sentido de determinar que todos los educadores de los entes departamentales, distritales y municipales deben ser afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, obligaci\u00f3n que no puede ser soslayada a trav\u00e9s de la instauraci\u00f3n en los municipios de mecanismos informales de seguridad social. El Fondo, al igual que las dem\u00e1s entidades de seguridad social, opera con base en el principio de la solidaridad. Ello implica que las personas vinculadas a estas instituciones realizan aportes peri\u00f3dicos a ellas, con miras a conformar un patrimonio social que permita sufragar las prestaciones actuales y futuras de los diferentes afiliados. Pero para que las entidades de seguridad social sean viables econ\u00f3micamente y puedan cumplir con las obligaciones que les corresponden, es imprescindible que re\u00fanan un n\u00famero m\u00ednimo de asociados y que, adem\u00e1s, todos ellos cumplan con sus contribuciones. Por eso, la no afiliaci\u00f3n de un n\u00famero significativo de docentes de distintas entidades territoriales al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio no solamente atenta contra las disposiciones legales, sino que tambi\u00e9n constituye una amenaza para la supervivencia de dicho Fondo. <\/p>\n
CORTE CONSTITUCIONAL-Colaboraci\u00f3n arm\u00f3nica con \u00f3rganos del Estado\/ESTADO DE COSAS-Notificaci\u00f3n y requerimiento por violaci\u00f3n de la Constituci\u00f3n\/ACCION DE TUTELA-Notificaci\u00f3n de irregularidad a las autoridades p\u00fablicas y efectos <\/p>\n
La Corte Constitucional tiene el deber de colaborar de manera arm\u00f3nica con los restantes \u00f3rganos del Estado para la realizaci\u00f3n de sus fines. Del mismo modo que debe comunicarse a la autoridad competente la noticia relativa a la comisi\u00f3n de un delito, no se ve por qu\u00e9 deba omitirse la notificaci\u00f3n de que un determinado estado de cosas resulta violatorio de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. El deber de colaboraci\u00f3n se torna imperativo si el remedio administrativo oportuno puede evitar la excesiva utilizaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela. Los recursos con que cuenta la administraci\u00f3n de justicia son escasos. Si instar al cumplimiento diligente de las obligaciones constitucionales que pesan sobre una determinada autoridad contribuye a reducir el n\u00famero de causas constitucionales, que de otro modo inexorablemente se presentar\u00edan, dicha acci\u00f3n se erige tambi\u00e9n en medio leg\u00edtimo a trav\u00e9s del cual la Corte realiza su funci\u00f3n de guardiana de la integridad de la Constituci\u00f3n y de la efectividad de sus mandatos. Si el estado de cosas que como tal no se compadece con la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, tiene relaci\u00f3n directa con la violaci\u00f3n de derechos fundamentales, verificada en un proceso de tutela por parte de la Corte Constitucional, a la notificaci\u00f3n de la regularidad existente podr\u00e1 acompa\u00f1arse un requerimiento espec\u00edfico o gen\u00e9rico dirigido a las autoridades en el sentido de realizar una acci\u00f3n o de abstenerse de hacerlo. En este evento, cabe entender que la notificaci\u00f3n y el requerimiento conforman el repertorio de \u00f3rdenes que puede librar la Corte, en sede de revisi\u00f3n, con el objeto de restablecer el orden fundamental quebrantado. La circunstancia de que el estado de cosas no solamente sirva de soporte causal de la lesi\u00f3n iusfundamental examinada, sino que, adem\u00e1s, lo sea en relaci\u00f3n con situaciones semejantes, no puede restringir el alcance del requerimiento que se formule. <\/p>\n
DERECHO A LA IGUALDAD ENTRE DOCENTES <\/p>\n
Referencia: Expedientes acumulados T-115839 y T-116052. <\/p>\n
Actores: D\u00e9lfida Carrascal Sandoval, Francisca Correa Padilla, Francia Cassiani Pe\u00f1a, Carmen Cecilia Cueto Navarro, Mar\u00eda Victoria Julio Meza, Pedro Carval San Mart\u00edn, Carmen Rosario Torres Acevedo, Merlyn Vanegas Alvarez, Carmen Serrano Espa\u00f1a, Mar\u00eda Isabel Arcia Herrera, Miladys Vanegas Batista, Josefina Fuentes P\u00e9rez, Wilson Cabeza Arroyo, Edilberto Calder\u00f3n Polanco, Alberto Montes, Jos\u00e9 Alvarez Larios, Xiomara Cantillo, Candelaria Causado, Minerva Tob\u00edas, Wilson Carey Palencia, Briggitte Torres, Asunci\u00f3n Simanca, Gloria Su\u00e1rez Herrera, Orlando Beltr\u00e1n, Rosario Mulford Hern\u00e1ndez, Jenny Acosta, Gehovanny Barcas, Yarlis Cabarcas, Amaury Guzm\u00e1n, Marina Mercado, Daici Rodr\u00edguez, Tatiana Torres, Martha Arzay\u00fas, Jorge Rosales, Wilmer Madera, Hildeberto Avila, Amarilda Vergara De \u00c1vila, Jos\u00e9 Herrera Esquivel, Emiro Mercado Moreno, Dalgy Hern\u00e1ndez Cotes, Ana Del C. Hern\u00e1ndez, Donaldo Gamarra, Alberto Montes, Margarita Dur\u00e1n, Ana Hern\u00e1ndez E Ivonne Lozano. <\/p>\n
Temas: <\/p>\n
Tratamiento de un estado de cosas contrario a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica <\/p>\n
Distribuci\u00f3n del situado fiscal en materia educativa <\/p>\n
Afiliaci\u00f3n de los docentes de las entidades territoriales al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Dr. EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ <\/p>\n
La Sala Plena de la Corte Constitucional, integrada por su Presidente Antonio Barrera Carbonell, y por los Magistrados Jorge Arango Mej\u00eda, Eduardo Cifuentes Mu\u00f1oz, Carlos Gaviria D\u00edaz, Jos\u00e9 Gregorio Hern\u00e1ndez Galindo, Hernando Herrera Vergara, Alejandro Mart\u00ednez Caballero, Fabio Mor\u00f3n D\u00edaz y Vladimiro Naranjo Mesa <\/p>\n
EN NOMBRE DEL PUEBLO <\/p>\n
Y <\/p>\n
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION <\/p>\n
la siguiente <\/p>\n
S E N T E N C I A <\/p>\n
En los procesos de tutela n\u00fameros T-115839 – promovido por D\u00e9lfida Carrascal Sandoval, Francisca Correa Padilla, Francia Cassiani Pe\u00f1a, Carmen Cecilia Cueto Navarro, Mar\u00eda Victoria Julio Meza, Pedro Carval San Mart\u00edn, Carmen Rosario Torres Acevedo, Merlyn Vanegas Alvarez, Carmen Serrano Espa\u00f1a, Mar\u00eda Isabel Arcia Herrera, Miladys Vanegas Batista y Josefina Fuentes P\u00e9rez contra el municipio de Mar\u00eda la Baja, Bol\u00edvar, – y T-116052, promovido por Wilson Cabeza Arroyo, Edilberto Calder\u00f3n Polanco, Alberto Montes, Jos\u00e9 Alvarez Larios, Xiomara Cantillo, Candelaria Causado, Minerva Tobias, Wilson Carey Palencia, Briggitte Torres, Asunci\u00f3n Simanca, Gloria Su\u00e1rez Herrera, Orlando Beltr\u00e1n, Rosario Mulford Hern\u00e1ndez, Jenny Acosta, Gehovanny Barcas, Yarlis Cabarcas, Amaury Guzm\u00e1n, Marina Mercado, Daici Rodr\u00edguez, Tatiana Torres, Martha Arzayus, Jorge Rosales, Wilmer Madera, Hildeberto Avila, Amarilda Vergara de \u00c1vila, Jos\u00e9 Herrera Esquivel, Emiro Mercado Moreno, Dalgy Hern\u00e1ndez Cotes, Ana del C. Hern\u00e1ndez, Donaldo Gamarra, Margarita Dur\u00e1n, Ana Hern\u00e1ndez e Ivonne Lozano contra el municipio de Zambrano, Bol\u00edvar. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los docentes D\u00e9lfida Carrascal Sandoval, Francisca Correa Padilla, Francia Cassiani Pe\u00f1a, Carmen Cecilia Cueto Navarro, Mar\u00eda Victoria Julio Meza, Pedro Carval San Mart\u00edn, Carmen Rosario Torres Acevedo, Merlyn Vanegas Alvarez, Carmen Serrano Espa\u00f1a, Mar\u00eda Isabel Arcia Herrera, Miladys Vanegas Batista, Josefina Fuentes P\u00e9rez, por un lado, y Wilson Cabeza Arroyo, Edilberto Calder\u00f3n Polanco, Alberto Montes, Jos\u00e9 Alvarez Larios, Orlando Beltr\u00e1n, Emiro Mercado Moreno, Xiomara Cantillo, Candelaria Causado, Minerva Tobias, Wilson Carey Palencia, Briggitte Torres, Asunci\u00f3n Simanca, Gloria Su\u00e1rez Herrera, Rosario Mulford Hern\u00e1ndez, Jenny Acosta, Gehovanny Barcas, Yarlis Cabarcas, Amaury Guzm\u00e1n, Marina Mercado, Daici Rodr\u00edguez, Tatiana Torres, Martha Arzayus, Jorge Rosales, Wilmer Madera, Hildeberto Avila, Amarilda Vergara de \u00c1vila, Jos\u00e9 Herrera Esquivel, Dalgy Hern\u00e1ndez Cotes, Ana del C. Hern\u00e1ndez, Donaldo Gamarra, Margarita Dur\u00e1n, Ana Hern\u00e1ndez e Ivonne Lozano, por el otro, instauraron acci\u00f3n de tutela contra los alcaldes municipales de Mar\u00eda la Baja y Zambrano (Bol\u00edvar), respectivamente, bajo la consideraci\u00f3n de que los mencionados burgomaestres, al no afiliarlos a una Caja o Fondo de Prestaci\u00f3n Social, vulneran sus derechos a la vida, a la salud, a la seguridad social y al trabajo. <\/p>\n
2. Los hechos que dieron lugar a la interposici\u00f3n de las acciones de tutela son los siguientes: <\/p>\n
Los actores afirman que a pesar de que llevan varios a\u00f1os vinculados laboralmente a los municipios demandados, como docentes, a\u00fan no han sido afiliados a ninguna Caja o Fondo de Prestaci\u00f3n Social y, por lo tanto, no han recibido las respectivas prestaciones sociales en materia de salud, todo ello a pesar de que se les descuenta el 5% de su salario como aporte al pago de estas prestaciones. <\/p>\n
Los petentes aseguran que los municipios tienen la obligaci\u00f3n de afiliarlos al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en virtud del art\u00edculo 5 del Decreto 196 de 1995, que estableci\u00f3 que los docentes municipales que estuviesen laborando a la fecha de entrada en vigencia del decreto y fuesen financiados con recursos de las entidades territoriales ser\u00edan incorporados al mencionado Fondo. Agregan que su vinculaci\u00f3n a los respectivos municipios es anterior a la fecha del decreto mencionado. <\/p>\n
Como normas aplicables al caso se\u00f1alan, adem\u00e1s del citado Decreto 196 de 1995, el art\u00edculo 22 del Decreto 3135 de 1968, los art\u00edculos 8 a16 del Decreto 1848 de 1969 y el art\u00edculo 34 del Decreto 1045 de 1978. <\/p>\n
3. El 5 y 6 de septiembre de 1996, los juzgados Promiscuos Municipales de Mar\u00eda la Baja y Zambrano, respectivamente, admitieron la demanda de tutela y ordenaron la pr\u00e1ctica de diversas diligencias. Para mayor claridad se distinguir\u00e1n las pruebas practicadas en cada proceso. <\/p>\n
3.1 Expediente T-115839 <\/p>\n
El Juzgado Promiscuo Municipal de Mar\u00eda la Baja, practic\u00f3 una inspecci\u00f3n judicial en la Alcald\u00eda de esa localidad. En testimonio rendido por el tesorero municipal, \u00e9ste corrobor\u00f3 los hechos expuestos en la demanda, pero a\u00f1adi\u00f3 que el porcentaje del sueldo de los docentes que era retenido era utilizado para pagarles a los mismos sus cuentas por concepto de servicios de salud: <\/p>\n
\u201cHe conversado con muchos educadores sobre su afiliaci\u00f3n a una EPS, ya que hasta la fecha los docentes no han sido afiliados por parte del municipio para tener derecho a sus prestaciones sociales y \u00e9stos me han respondido que a partir del a\u00f1o de 1997 el Sindicato de Educadores de Bol\u00edvar va a afiliarlos a un fondo de prestaciones sociales de educadores. Sobre el 5% del descuento del sueldo de los empleados por n\u00f3mina, se les cancela consultas m\u00e9dicas, reembolso de medicina, licencia de maternidad entre otras, de lo cual tengo la presente lista con los nombres de los beneficiarios de la cual aporto la siguiente copia de la misma a esta diligencia\u201d. <\/p>\n
Por otro lado, se cit\u00f3 a declarar al Alcalde de Mar\u00eda la Baja. Al ser preguntado sobre los hechos expuestos en la demanda expres\u00f3: <\/p>\n
\u201cNo es mi estilo ni mucho menos violar los derechos fundamentales de nuestra Carta Magna, me preocupa y me identifico con todo lo que esas personas est\u00e1n comentando, pero la realidad es otra, los recursos econ\u00f3micos que no son suficientes y no contamos con ello. En diferentes reuniones que hemos tenido con la Junta Municipal de Educaci\u00f3n, hemos tratado este tema y siempre he pedido toda la colaboraci\u00f3n con todos los comit\u00e9s estudiantiles, padres de familia y educadores para hacerle frente com\u00fan a esta dif\u00edcil situaci\u00f3n y solicitarle al Gobierno Nacional que nos ayude en este sentido y nos incrementen m\u00e1s los recursos para poder solucionar este grave problema. Este es un problema tan grave que ning\u00fan alcalde en este momento podr\u00eda solucionar este problema y con los recursos que estamos recibiendo actualmente es imposible darle soluci\u00f3n. Nosotros recibimos para el sector solamente de educaci\u00f3n seiscientos diez millones de pesos para este a\u00f1o, y para el solo pago de docentes se van alrededor aproximadamente de quinientos sesenta y cuatro millones de pesos. Tambi\u00e9n reconozco que estoy atrasado en los pagos de sueldo, que en el bimestre pasado solamente les pude pagar un mes y no dos como se ven\u00eda haciendo, todo por el d\u00e9ficit presupuestal que tenemos. Igualmente pasar\u00e1 lo mismo ahora en el mes de septiembre porque estamos corriendo el mismo riesgo econ\u00f3mico. Pero para dar soluci\u00f3n a este problema, no en todas sus partes, pero s\u00ed en su mayor\u00eda, acabo de convocar al Honorable Concejo Municipal a sesiones extraordinarias para que aprueben un pr\u00e9stamo por Ochocientos Millones de pesos el cual va a cubrir algunas necesidades del sector Educaci\u00f3n como ser\u00eda ponerme al d\u00eda con el bimestre actual y hacer las diligencias para las peticiones que estos se\u00f1ores est\u00e1n haciendo con relaci\u00f3n al Fondo de Salud. Esto hasta donde me sea posible cubrir econ\u00f3micamente los gastos que esto requiere\u201d. <\/p>\n
Finalmente el alcalde manifest\u00f3: “Quiero dejar claro que la tutela puede ser favorable a ellas, pero lo que se condene a pagar al municipio, ser\u00e1 imposible pagarlo porque como viene dicho, los recursos son insuficientes”. <\/p>\n
3.2 Expediente T- 116052 <\/p>\n
El Juzgado Promiscuo Municipal de Zambrano orden\u00f3 la pr\u00e1ctica de dict\u00e1menes m\u00e9dico-legales a todos los actores con el objetivo de \u201cdeterminar el estado de salud general y espec\u00edfico, seg\u00fan el caso, y fundamentalmente establecer si conforme a la condici\u00f3n de salud dictaminada \u00e9stos requieren atenci\u00f3n o tratamiento m\u00e9dico permanente u ocasionalmente sin el cual se amenaza su vida”. <\/p>\n
Los diferentes m\u00e9dicos comisionados practicaron los ex\u00e1menes correspondientes y expidieron las certificaciones ordenadas sobre el estado de salud de los actores. De las constancias emitidas y de las declaraciones presentadas por los mismos galenos con el objeto de aclarar algunos puntos de sus dict\u00e1menes, el Juzgado infiere que “el estado de salud actual de los petentes es bueno y que en los casos espec\u00edficos en que se determin\u00f3 la presencia de alguna enfermedad, se observa que \u00e9stas no tienen la entidad suficiente para vulnerar o amenazar el derecho a la vida de los accionantes”. <\/p>\n
De otro lado, se orden\u00f3 o\u00edr en declaraci\u00f3n al alcalde de Zambrano. Al ser preguntado por el juzgado sobre el descuento del 5% practicado a los salarios de los docentes y acerca de la falta de afiliaci\u00f3n de los mismos a un fondo de prestaciones sociales respondi\u00f3: <\/p>\n
\u201c(…) S\u00ed se les hace el respectivo descuento del 5% de su salario b\u00e1sico mensual, el cual es depositado en la cuenta de fondo de previsi\u00f3n municipal, con que cuenta este Municipio para atender las prestaciones sociales antes mencionadas, tal es el caso donde se le han cancelado a educadores como la profesora Candelaria Causado, para efectos de compra de gafas, a la profesora Martha Arzayus, hospitalizaci\u00f3n de un parto, a los educadores Juan Carlos Ram\u00edrez y Alberto Montes, a quienes se les reembols\u00f3 el pago de unas medicinas con su propio peculio (…) <\/p>\n
“Actualmente ninguno de los antes mencionados por su Despacho se encuentran afiliados a Fondo o Caja de Previsi\u00f3n Social, diligencias que adelanta la administraci\u00f3n Municipal, a trav\u00e9s de la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n Municipal, que debido a la series de tr\u00e1mite y requisitos se ha retardado un poco, existiendo la voluntad del Municipio de tener afiliados a estos educadores como a toda la planta que conforme la administraci\u00f3n Municipal (…) <\/p>\n
“Fecha exacta no puedo precisar, lo que s\u00ed le manifiesto a este Despacho, que en dos ocasiones personalmente estuve en el Fondo Nacional del Magisterio donde me atendi\u00f3 un funcionario de nombre Alfonso Santodomingo, el cual me manifest\u00f3 verbalmente que hab\u00eda que dar una serie de pasos para cumplir con este prop\u00f3sito, entonces he dejado en manos del Despacho de la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n Municipal, siendo este el funcionario competente para terminar de adelantar \u00e9stas diligencias, ya incluso a trav\u00e9s del Despacho de la secretar\u00eda de educaci\u00f3n Municipal, le ha establecido un censo de los docentes en aras de buscar su vinculaci\u00f3n al situado fiscal donde gozar\u00edan adem\u00e1s de las prestaciones que se les brindan (…). <\/p>\n
“El municipio cuenta con un equipo de profesionales que atienden a todos los empleados de la administraci\u00f3n municipal, entre ellos a los docentes mismos, y entre los que se encuentran m\u00e9dicos, odont\u00f3logos, enfermeras, bacteri\u00f3logos y en caso que se requieran los medicamentos, en algunos casos en que el Municipio no cuente con los recursos, el empleado los asume y posteriormente le son reembolsados a trav\u00e9s de una orden del Alcalde (…)\u201d. <\/p>\n
4. El d\u00eda 19 de septiembre de 1996, el Juzgado Promiscuo Municipal de Mar\u00eda la Baja deneg\u00f3 la tutela solicitada. En su fallo resalta el car\u00e1cter subsidiario y residual de la acci\u00f3n de tutela y sostiene que para el caso en cuesti\u00f3n, por tratarse de una situaci\u00f3n de car\u00e1cter laboral, existen otros medios judiciales para la protecci\u00f3n de los derechos invocados. <\/p>\n
Asegura que aunque en los dict\u00e1menes m\u00e9dicos algunas personas presentaron enfermedades, ninguna amenazaba la vida de los actores. De otro lado, deja constancia de que no se practic\u00f3 el examen m\u00e9dico ordenado a dos actores. <\/p>\n
Finalmente, el Juzgado orden\u00f3 compulsar copias a la Procuradur\u00eda Provincial de Carmen de Bol\u00edvar, en vista de que la omisi\u00f3n del alcalde podr\u00eda dar lugar a una sanci\u00f3n disciplinaria. <\/p>\n
5. Los d\u00edas 18 y 27 de septiembre, D\u00e9lfida Carrascal Sandoval, Francisca Correa Padilla, Francia Cassiani Pe\u00f1a, Carmen Cecilia Cueto Navarro y Josefina Fuentes P\u00e9rez, por una parte, y Wilson Cabeza Arroyo, Edilberto Calder\u00f3n Polanco, Alberto Montes, por la otra, impugnaron los fallos del Juzgado Promiscuo Municipal de Mar\u00eda la Baja y del Juzgado Promiscuo Municipal de Zambrano, respectivamente. <\/p>\n
Manifiestan que con la demanda persiguen la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales a la vida y a la salud, los cuales estar\u00edan siendo vulnerados por el hecho de que el municipio no los ha afiliado a ning\u00fan fondo de prestaciones sociales, situaci\u00f3n que implica que ellos no gozan ni del derecho a la atenci\u00f3n m\u00e9dica ni del de recibir el pago de sus prestaciones sociales. <\/p>\n
Los impugnantes de la sentencia del Juzgado Promiscuo Municipal de Mar\u00eda la Baja afirman: <\/p>\n
\u201ceducadoras embarazadas han tenido que recurrir de manera urgente y a costa de su propio peculio a m\u00e9dicos y cl\u00ednicas particulares para su atenci\u00f3n, otros maestros han tenido que ser intervenidos quir\u00fargicamente de urgencia y tambi\u00e9n por entidades particulares, es decir, que hasta cuando por la imprudencia o negligencia del municipio, no se muera un educador por carecer de atenci\u00f3n, entonces si podremos hablar del derecho fundamental a la vida?, cuando precisamente la acci\u00f3n de tutela no es solamente cuando se viola los derechos fundamentales sino cuando estos se encuentran amenazados, y en este caso, al negarnos la salud y al descontarnos mensualmente las cuotas, la salud y la vida de los docentes municipales est\u00e1n en peligro\u201d. <\/p>\n
Los mismos impugnantes de Mar\u00eda la Baja agregan que el hecho de que se les descuente el 5% de su salario mensual para efectos de la cotizaci\u00f3n en un fondo de prestaciones sociales, sin que en realidad est\u00e9n afiliados a ninguno, podr\u00eda constituir un delito de peculado. Por eso, consideran que el juzgado debi\u00f3 remitirle el caso a la Justicia Penal y a la Procuradur\u00eda para que fueran realizadas las investigaciones pertinentes. <\/p>\n
6. El 28 de octubre de 1996, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cartagena confirm\u00f3 el fallo del Juzgado Promiscuo Municipal de Mar\u00eda la Baja. <\/p>\n
El juez de segunda instancia anota que de las pruebas aportadas al proceso se infiere que el alcalde del municipio de Mar\u00eda la Baja no ha afiliado a los docentes a un fondo de prestaciones sociales y se encuentra atrasado en el pago de los salarios. Sin embargo, considera que el hecho de que los docentes no est\u00e9n afiliados a un fondo no significa que ellos est\u00e9n absolutamente desprotegidos en materia de salud, pues de acuerdo con lo afirmado por el tesorero del municipio y con los documentos entregados por \u00e9l, el dinero que es descontado del sueldo de los docentes es utilizado para la cancelaci\u00f3n de consultas m\u00e9dicas, el reembolso de costos de las medicinas y el pago de licencias de maternidad. <\/p>\n
A\u00f1ade que “no especifican los demandantes un s\u00f3lo caso concreto donde el municipio se haya negado a cancelarles lo invertido por salud a un educador en un momento determinado”. As\u00ed, a juicio del juzgado, no se percibe “una vulneraci\u00f3n o amenaza real, inminente (…) Y no es que se necesite como lo afirman los impugnantes que alguien se enferme o muera para que haya vulneraci\u00f3n o amenaza de derechos fundamentales. Lo que ocurre en este caso es que la tutela no es el mecanismo ideal para lograr la afiliaci\u00f3n anhelada y a la cual tienen derecho\u201d. <\/p>\n
Asevera que en el proceso no est\u00e1 probado que los docentes est\u00e9n vinculados al municipio desde antes de la entrada en vigencia del Decreto 196 de 1995 y que tampoco existe prueba alguna de que la administraci\u00f3n municipal los haya desatendido en la prestaci\u00f3n del servicio de seguridad social. Con todo, reconoce que la administraci\u00f3n municipal como patrono “asume todos los riesgos pertinentes a la seguridad social y si omite prestarles ese servicio quedar\u00e1 sometida a las acciones legales pertinentes\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
Confirma la decisi\u00f3n de primera instancia por cuanto considera que la no afiliaci\u00f3n de los actores no es en s\u00ed misma una vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales de los petentes y, adem\u00e1s, porque existen otros medios para obligar a la administraci\u00f3n a afiliarlos al fondo de prestaciones sociales. <\/p>\n
Tambi\u00e9n el Juzgado Civil del Circuito de Carmen de Bol\u00edvar, en su sentencia del 30 de octubre de 1996, confirm\u00f3 el fallo del Juzgado Promiscuo Municipal de Zambrano. <\/p>\n
El juzgado de segunda instancia afirma que en el caso en cuesti\u00f3n no se encontr\u00f3 conexidad entre los derechos a la seguridad social y a la salud con un derecho fundamental de aplicaci\u00f3n inmediata, raz\u00f3n por la cual no proceder\u00eda la tutela. De otro lado, considera que con la omisi\u00f3n del alcalde no se vulner\u00f3 el derecho al trabajo porque “una cosa es el derecho al trabajo, justo, digno y relevante para la superaci\u00f3n del hombre y otra cosa lo relacionado con la salubridad personal o social de los asociados”. <\/p>\n
7. Con el objeto de obtener informaci\u00f3n m\u00e1s precisa sobre distintos aspectos de la administraci\u00f3n y las finanzas educativas, el Magistrado Ponente le solicit\u00f3 al Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional, al Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n Nacional, al departamento de Bol\u00edvar y a los municipios de Mar\u00eda la Baja y Zambrano que absolvieran sendos cuestionarios. En vista de que las respuestas incluyen un gran volumen de informaci\u00f3n, no se realizar\u00e1 un resumen de cada uno de los escritos, sino que en el momento en que se utilicen los datos aportados se har\u00e1 referencia a la fuente. <\/p>\n
FUNDAMENTOS JURIDICOS <\/p>\n
1. Los actores consideran que el hecho de que los alcaldes municipales de Mar\u00eda la Baja y Zambrano no los hayan afiliado a ning\u00fan fondo o caja de prestaci\u00f3n social, a pesar de que mensualmente se les descuenta el 5% del salario para ese efecto, constituye una vulneraci\u00f3n de sus derechos a la vida, a la salud, a la seguridad social y al trabajo. Afirman que dada su calidad de docentes tienen derecho a ser afiliados a un fondo, seg\u00fan lo establecido por el Decreto 196 de 1995. <\/p>\n
2. El alcalde de Mar\u00eda la Baja reconoce que los docentes del municipio no est\u00e1n afiliados a ning\u00fan fondo. Manifiesta que el municipio no tiene recursos suficientes para hacerlo y que si el resultado de la demanda de tutela fuera favorable a los demandantes no habr\u00eda posibilidad de darle cumplimiento. A su vez, el tesorero municipal manifiesta que el 5% que se descuenta del salario de los docentes es utilizado para pagarles cuentas m\u00e9dicas. <\/p>\n
Tambi\u00e9n el alcalde de Zambrano acepta que los docentes no est\u00e1n afiliados a ning\u00fan fondo y que el municipio descuenta un 5% de su salario mensual para prestarles el servicio de salud. A\u00f1ade, sin embargo, que la alcald\u00eda se encuentra adelantando los tr\u00e1mites pertinentes para afiliar a los docentes al fondo. <\/p>\n
3. Los Juzgados Promiscuos Municipales de Mar\u00eda la Baja y Zambrano denegaron la tutela de los derechos invocados por cuanto consideraron que existen otros medios judiciales para lograr su protecci\u00f3n. El Juzgado de Zambrano a\u00f1adi\u00f3 que, puesto que no se hab\u00eda podido demostrar una amenaza grave para la vida de los actores, no se requer\u00eda la protecci\u00f3n de su salud a trav\u00e9s de la tutela. <\/p>\n
4. El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cartagena expone que en el proceso no existe prueba alguna de la amenaza a un derecho fundamental de los actores. Igualmente, manifiesta que \u00e9stos no demostraron haber estado vinculados al municipio antes de la vigencia del Decreto 196 de 1995, condici\u00f3n necesaria para que exista la obligaci\u00f3n de afiliarlos a un fondo. Asimismo, expresa que los docentes disponen de otros medios judiciales para obtener la afiliaci\u00f3n a un fondo de prestaciones sociales. <\/p>\n
El Juzgado Civil del Circuito de Carmen de Bol\u00edvar manifest\u00f3 que dado que no exist\u00eda conexidad entre el derecho a la salud de los actores y su derecho a la vida, la protecci\u00f3n de su salud no era tutelable. Expres\u00f3 que la afiliaci\u00f3n al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio constituye una obligaci\u00f3n legal del Municipio, pero que la omisi\u00f3n del alcalde no vulneraba el derecho al trabajo de los actores. <\/p>\n
Problema Jur\u00eddico <\/p>\n
5. Se trata de establecer si los alcaldes de Mar\u00eda la Baja y Zambrano vulneraron los derechos fundamentales de los actores – docentes a su servicio – a trav\u00e9s de la omisi\u00f3n de su afiliaci\u00f3n a un fondo de prestaciones sociales, todo ello a pesar de la obligaci\u00f3n legal de afiliarlos y de que, adem\u00e1s, a los educadores se les descuenta un porcentaje de su salario mensual para tal fin. <\/p>\n
El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio <\/p>\n
6. En el art\u00edculo 3\u00b0 de la Ley 91 de 1989 se dispuso la creaci\u00f3n del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, constituido como una cuenta especial de la Naci\u00f3n, cuyos recursos ser\u00edan manejados por una entidad fiduciaria estatal o de econom\u00eda mixta. <\/p>\n
Los objetivos del Fondo quedaron consagrados en el art\u00edculo 5 de la misma ley: <\/p>\n
“Art\u00edculo 5: El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, tendr\u00e1 los siguientes objetivos: <\/p>\n
“1. Efectuar el pago de las prestaciones sociales del personal afiliado. <\/p>\n
“2. Garantizar la prestaci\u00f3n de los servicios m\u00e9dico-asistenciales, que contratar\u00e1 con entidades de acuerdo con instrucciones que imparta al Consejo Directivo del Fondo. <\/p>\n
“3. Llevar los registros contables y estad\u00edsticos necesarios (….) <\/p>\n
“4. Velar para que la Naci\u00f3n cumpla de forma oportuna con los aportes que le corresponde e igualmente transfiera los descuentos de los docentes. <\/p>\n
“5. Velar para que todas las entidades deudoras del fondo cumplan oportunamente con el pago de sus obligaciones”. <\/p>\n
El art\u00edculo 4 de la ley estableci\u00f3 que el Fondo se encargar\u00eda de las prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados, caracter\u00edsticas que reun\u00eda la inmensa mayor\u00eda de los educadores, luego de que la Ley 43 de 1975 dispusiera que la Naci\u00f3n asumir\u00eda la responsabilidad sobre la educaci\u00f3n primaria y secundaria en el pa\u00eds. El art\u00edculo comentado precis\u00f3, igualmente, que los docentes nacionales y nacionalizados que estuviesen vinculados a la fecha de promulgaci\u00f3n de la ley ser\u00edan afiliados autom\u00e1ticamente al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, sin tener que cumplir con diversos requisitos econ\u00f3micos que se establec\u00edan para el ingreso al Fondo. <\/p>\n
7. Mediante las Leyes 24 de 1988 y 29 de 1989 se asign\u00f3 al alcalde mayor de Bogot\u00e1 y a los alcaldes municipales la facultad de nombrar, trasladar, remover, controlar y, en general, administrar el personal docente y administrativo de los establecimientos educativos nacionales y nacionalizados, y de las plazas oficiales de los colegios cooperativos, privados y de las jornadas adicionales. Todo ello, sin embargo, bajo la condici\u00f3n de que se respetasen las normas del Estatuto Docente y de la Carrera Administrativa y de que esa funci\u00f3n se ajustase a los cargos vacantes de la planta de personal aprobada por el Gobierno Nacional y a las disponibilidades presupuestales existentes. <\/p>\n
8. Posteriormente, la Ley 60 de 1993 le asign\u00f3 a los municipios y a los departamentos tanto facultades en el campo de la administraci\u00f3n de los servicios estatales de educaci\u00f3n como la obligaci\u00f3n de contribuir en la financiaci\u00f3n de esos servicios y en la cofinanciaci\u00f3n de programas y proyectos educativos (arts. 2 y 3). Ello implic\u00f3 que los departamentos, los distritos y los municipios pasaran tambi\u00e9n a financiar docentes con cargo al situado fiscal y a los recursos propios, contando dentro los \u00faltimos, de acuerdo con el art\u00edculo 41 de la ley, las participaciones en favor de los municipios ordenadas por el art\u00edculo 357 de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
Con respecto a las prestaciones sociales de los docentes de las entidades territoriales, el inciso tercero del art\u00edculo 6 de la Ley 60 de 1993 estableci\u00f3: <\/p>\n
“El r\u00e9gimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin soluci\u00f3n de continuidad y las nuevas vinculaciones, ser\u00e1 el reconocido por la Ley 91 de 1989 y las prestaciones en ellas reconocidas ser\u00e1n compatibles con pensiones o cualesquiera otra clase de remuneraciones. El personal docente de vinculaci\u00f3n departamental, distrital y municipal debe ser incorporado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, respetando el r\u00e9gimen prestacional vigente de la entidad territorial que los haya vinculado”. <\/p>\n
9. La Ley General de la Educaci\u00f3n – Ley 115 de 1994 – se ocup\u00f3 nuevamente del tema del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en su art\u00edculo 176, en el cual estableci\u00f3 que los docentes que laboraban en los establecimientos p\u00fablicos educativos oficiales pod\u00edan tambi\u00e9n ser afiliados al Fondo. <\/p>\n
10. El Decreto 196 de 1995 reglament\u00f3, parcialmente, los mencionados art\u00edculos 6 de la Ley 60 de 1993 y 176 de la Ley 115 de 1994, en lo referido a la afiliaci\u00f3n de docentes al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. El decreto diferencia en su art\u00edculo 2 las diferentes clases de docentes: <\/p>\n
“Art\u00edculo 2. Definiciones. Para los efectos de la aplicaci\u00f3n del presente decreto, los siguientes t\u00e9rminos tendr\u00e1n el alcance indicado en cada uno de ellos: <\/p>\n
“Docentes nacionales y nacionalizados. Son aqu\u00e9llos que han venido siendo financiados con recursos de la Naci\u00f3n y que se financian con recursos del situado fiscal, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 60 de 1993. <\/p>\n
“Docentes departamentales, distritales y municipales: <\/p>\n
“a) Son los docentes vinculados por nombramiento de la respectiva entidad territorial con cargo a su propio presupuesto y que pertenecen a su planta de personal, y <\/p>\n
“b) Son igualmente los docentes financiados o cofinanciados por la Naci\u00f3n-Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional, mediante convenios y que se encuentran vinculados a plazas departamentales o municipales. <\/p>\n
“Docentes de establecimientos p\u00fablicos oficiales. Son aquellos que pertenecen a la planta de personal del respectivo establecimiento p\u00fablico educativo nacional o territorial, laboran en los niveles de preescolar, de educaci\u00f3n b\u00e1sica en los ciclos de primaria y secundaria y de educaci\u00f3n media y son pagados con recursos del presupuesto del establecimiento (…)”. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, el decreto establece que los docentes nacionales y nacionalizados continuar\u00e1n afiliados al Fondo y que los departamentales, distritales y municipales deben ser incorporados al mismo. De esta manera, actualmente s\u00f3lo los educadores vinculados a los establecimientos p\u00fablicos oficiales pueden decidir libremente acerca de su vinculaci\u00f3n al Fondo. <\/p>\n
Con respecto a los docentes departamentales, distritales y municipales financiados con recursos propios de esas entidades territoriales precisa el art\u00edculo 5: <\/p>\n
“Art\u00edculo 5. Docentes departamentales, distritales y municipales financiados con recursos propios. Los docentes departamentales, distritales y municipales financiados con recursos propios de las entidades territoriales que est\u00e9n vinculados a la fecha de vigencia del presente decreto, ser\u00e1n incorporados al fondo nacional de prestaciones sociales del magisterio, previo el procedimiento establecido en el cap\u00edtulo IV de este decreto y el cumplimiento de los requisitos econ\u00f3micos fijados para afiliaci\u00f3n, siempre y cuando se encuentren vinculados a una caja de previsi\u00f3n o entidad que haga sus veces. A estos docentes se les respetar\u00e1 el r\u00e9gimen prestacional que tengan al momento de la incorporaci\u00f3n y no se les podr\u00e1 imponer renuncias o exclusiones a riesgos asumidos por la ley y las entidades antecesoras, las cuales reconocer\u00e1n su respectivo valor en los convenios interadministrativos a que se refiere el art\u00edculo 9\u00b0 del presente decreto. <\/p>\n
“Los docentes que se vinculen al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio con posterioridad a la incorporaci\u00f3n de que trata el inciso inmediatamente anterior, deber\u00e1n cumplir con todos los requisitos de afiliaci\u00f3n de naturaleza formal o normativa y econ\u00f3mica y se afiliar\u00e1n con sujeci\u00f3n al r\u00e9gimen establecido en la Ley 91 de 1989, en sus decretos reglamentarios y en las disposiciones que los modifiquen, adicionen o sustituyan”. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con las prestaciones sociales de los docentes departamentales, distritales y municipales que se hubiesen causado antes de su afiliaci\u00f3n al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del magisterio, el art\u00edculo 7 establece que ellas son “de responsabilidad directa de las entidades territoriales o de las cajas de previsi\u00f3n o entidades que hagan sus veces, en donde se hayan efectuado los correspondientes pagos\u201d. <\/p>\n
A rengl\u00f3n seguido, el art\u00edculo 9 establece el procedimiento que ha de cumplirse para la incorporaci\u00f3n de estos docentes al Fondo. La norma determina que debe cumplirse con los siguientes pasos: la realizaci\u00f3n de un estudio actuarial para determinar el monto de la deuda de la entidad territorial con el Fondo por concepto de las obligaciones ya causadas en materia de prestaciones sociales, las cuales son asumidas por el Fondo al afiliar a los docentes; el suministro de la informaci\u00f3n sobre cada uno de los docentes por afiliar; la suscripci\u00f3n de un convenio interadministrativo que fije la deuda de la respectiva entidad territorial para con el Fondo y establezca las cuotas de pago, los intereses y las garant\u00edas; la estipulaci\u00f3n de las sumas que la entidad territorial debe girar peri\u00f3dicamente al Fondo por concepto de las prestaciones de los docentes que se causen en el futuro; y el giro de por lo menos una quinta parte de la deuda resultante del estudio actuarial al cual se ha aludido. <\/p>\n
Cabe aclarar que el art\u00edculo 12 establece que los recursos que integran el Fondo son: el 5% del sueldo b\u00e1sico mensual del personal docente afiliado al Fondo, las cuotas personales para ingresar a \u00e9l, los aportes de las entidades territoriales o de los establecimientos p\u00fablicos oficiales, las sumas que le adeudan los anteriores entes por concepto de las prestaciones sociales causadas a favor de los docentes antes de su vinculaci\u00f3n al Fondo, los aportes de los pensionados, los bonos pensionales y los recursos que se reciban por cualquier otro concepto. <\/p>\n
Las cifras sobre afiliaci\u00f3n al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio <\/p>\n
11. En informe del d\u00eda 10 de junio de 1997, el Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional manifiesta que, de acuerdo con la informaci\u00f3n suministrada por las entidades territoriales en 1995 y 1996, las plazas de docentes y de directivos docentes existentes en el pa\u00eds se discriminan as\u00ed, en relaci\u00f3n con su fuente de pago2: <\/p>\n
Fuente de pago N\u00b0 docentes financiados <\/p>\n
Recursos del situado fiscal: 206.053 <\/p>\n
Recursos propios de los municipios: 42.897 <\/p>\n
Recursos de los distritos3: 9.769 <\/p>\n
Total plazas 274.275 <\/p>\n
Ello significar\u00eda que 68.222 plazas son pagadas con recursos de las entidades territoriales, es decir, el 24.9% de todos los cargos docentes. <\/p>\n
12. La Coordinaci\u00f3n como Fideicomitente para el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio remiti\u00f3 la siguiente informaci\u00f3n acerca del n\u00famero de docentes oficiales que ya han sido afiliados al mencionado Fondo: <\/p>\n
DOCENTES AFILIADOS AL 30-5-97 <\/p>\n
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO <\/p>\n
DATOS ESTIMADOS <\/p>\n
TIPO DE VINCULACION <\/p>\n
<\/p>\n
CANTIDAD <\/p>\n
<\/p>\n
% <\/p>\n
NACIONALES <\/p>\n
78.505 <\/p>\n
38.23% <\/p>\n
NACIONALIZADOS <\/p>\n
113.537 <\/p>\n
55.29% <\/p>\n
FINANCIADOS <\/p>\n
776 <\/p>\n
0.38% <\/p>\n
COFINANCIADOS <\/p>\n
2.090 <\/p>\n
1.02% <\/p>\n
RECURSOS PROPIOS <\/p>\n
10.441 <\/p>\n
5.08% <\/p>\n
TOTALES <\/p>\n
205.349 <\/p>\n
100.00% <\/p>\n
Los docentes nacionales y los nacionalizados son pagados con recursos del situado fiscal. Igual ocurre actualmente con los docentes financiados y cofinanciados. Esto significa que del n\u00famero total de docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el 94.92% lo ha sido con dineros provenientes directamente de la Naci\u00f3n, mientras que las entidades territoriales han aportado apenas el 5.08% de las afiliaciones. Esta enorme diferencia se explica en buena parte por la desigual proporci\u00f3n de los docentes pagados con recursos del situado fiscal y los pagados con recursos propios de las entidades territoriales sobre el total de los educadores oficiales (75.1% y 24.9%, respectivamente). A pesar de ello, tambi\u00e9n salta a la vista que el n\u00famero de docentes pagados con recursos de las entidades territoriales que ha sido afiliados al Fondo es muy bajo, pues si se compara con el total de los docentes pagados de esa manera (68.222) apenas alcanza a ser el 15.30% de esa cifra, mientras que en el caso de los docentes pagados con medios del situado fiscal el n\u00famero de afiliados asciende al 94.60% de la cifra total de educadores pagados por ese medio (206.053). <\/p>\n
13. Por otra parte, en el mismo informe del Ministerio de Educaci\u00f3n del 10 de junio de 1997, se expresa que, seg\u00fan c\u00e1lculos del Ministerio, en desarrollo del Decreto 196 de 1995 deben ser afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio aproximadamente 60.000 docentes del orden territorial. De este n\u00famero, 2.661 ser\u00edan docentes financiados; 11.576 cofinanciados, y 45.763 pagados con recursos propios de las entidades territoriales. Hasta ahora han sido afiliados al Fondo 13.070 docentes territoriales (es decir, el 21.78% del total), distribuidos as\u00ed: 762 educadores financiados, 1.935 cofinanciados y 10.373 pagados con recursos propios. <\/p>\n
14. Las cifras anteriores dejan ver, entonces, que hasta ahora un porcentaje muy reducido de los docentes del orden territorial ha sido afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, situaci\u00f3n que permite advertir que la irregularidad que denuncian los docentes aqu\u00ed demandantes no se circunscribe a los municipios de Zambrano y Mar\u00eda la Baja sino que delata un estado de cosas de car\u00e1cter general. Al respecto es importante mencionar que el Ministerio comunica que de los 1.061 municipios y 4 distritos existentes en el pa\u00eds, \u00fanicamente 126 municipios y el Distrito Capital de Santa Fe de Bogot\u00e1 han afiliado legalmente a sus educadores al Fondo, lo cual significa que 935 municipios y 3 distritos a\u00fan no han cumplido con los tr\u00e1mites necesarios para la inscripci\u00f3n de sus docentes al mencionado Fondo. <\/p>\n
El Ministerio considera que entre los motivos que han dificultado el proceso de afiliaci\u00f3n de los docentes al Fondo se encuentran: la carencia de los recursos necesarios para poder proceder a la afiliaci\u00f3n; la dificultad de las entidades territoriales para obtener y reportar la informaci\u00f3n requerida para iniciar los procesos de afiliaci\u00f3n; la falta de personal id\u00f3neo para el levantamiento de toda la informaci\u00f3n necesaria para la inscripci\u00f3n; y la falta de compromiso de las autoridades territoriales para llevar a buen t\u00e9rmino el proceso de afiliaci\u00f3n de sus docentes. <\/p>\n
Empero, lo que interesa destacar en este punto no es la diferencia de las cifras acerca del n\u00famero total de docentes en el departamento, sino el baj\u00edsimo nivel de afiliaci\u00f3n de los docentes pagados con recursos propios de los municipios, al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. En efecto, en el informe del Ministerio consta que hasta el momento han sido afiliados \u00fanicamente 30 educadores de la localidad de Morales que son pagados con recursos propios del municipio. Igualmente, han sido afiliados ya 66 docentes de 10 municipios que son financiados con recursos del situado fiscal. <\/p>\n
El departamento de Bol\u00edvar ofrece otros datos que ratifican lo expuesto: en su comunicaci\u00f3n se precisa que del total de docentes que laboran en el departamento, 4.394 han sido afiliados al Fondo, pero todos son pagados con recursos del situado fiscal, es decir con fondos de la Naci\u00f3n. Con todo, tanto el Ministerio como el departamento agregan que varios municipios han iniciado los tr\u00e1mites para afiliar al Fondo a los docentes pagados con recursos propios. En la relaci\u00f3n del departamento se precisa que son 14 y que estos municipios ya han cancelado el 20% del pasivo prestacional que se requiere para poder firmar el convenio de afiliaci\u00f3n al Fondo. <\/p>\n
La inequitativa distribuci\u00f3n del situado fiscal <\/p>\n
16. La inmensa mayor\u00eda de los docentes oficiales en el pa\u00eds son pagados a trav\u00e9s de recursos transferidos por la Naci\u00f3n, es decir a trav\u00e9s del situado fiscal o de las participaciones municipales en los ingresos corrientes de la Naci\u00f3n4 . En el informe del Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n acerca de la aplicaci\u00f3n de la Ley 60 de 1993, en relaci\u00f3n con el situado fiscal en 1995, se expresa que el 85.97% de la financiaci\u00f3n de los docentes provino de recursos del situado fiscal y el 7.57 de recursos de las transferencias: <\/p>\n
Financiaci\u00f3n de Docentes5 <\/p>\n
1995 <\/p>\n
Fuente <\/p>\n
Valor ejecutado 1995 <\/p>\n
(Millones de pesos) <\/p>\n
Participaci\u00f3n porcentual <\/p>\n
en el total % <\/p>\n
1. Participaci\u00f3n municipal en I.C.N. (*) <\/p>\n
$ 115.709 <\/p>\n
7.57 <\/p>\n
2. Recursos propios de municipios (*) <\/p>\n
$ 8.652 <\/p>\n
0.57 <\/p>\n
3. Cr\u00e9dito (*) <\/p>\n
$ 1.198 <\/p>\n
0.08 <\/p>\n
4. Cofinanciaci\u00f3n (*) <\/p>\n
$ 5.411 <\/p>\n
0.35 <\/p>\n
5. Regal\u00edas (*) <\/p>\n
$ 1.568 <\/p>\n
0.10 <\/p>\n
6. Recursos Propios departamentos (**) <\/p>\n
$ 81.715 <\/p>\n
5.35 <\/p>\n
7. Situado Fiscal <\/p>\n
$1.313.365 <\/p>\n
85.97 <\/p>\n
TOTAL <\/p>\n
$1.527.618 <\/p>\n
*\/ Corresponden a las ejecuciones presupuestales reportadas por 813 municipios. <\/p>\n
**\/ Corresponde a informaci\u00f3n reportada por 29 departamentos. <\/p>\n
Asimismo, como se vio atr\u00e1s, el Ministerio de Educaci\u00f3n expresa que el 74.9% de los docentes oficiales son pagados con recursos del situado fiscal. <\/p>\n
17. Estas cifras demuestran claramente la importancia que tienen los recursos del situado fiscal para la actividad educativa en el pa\u00eds. En este contexto llama profundamente la atenci\u00f3n el siguiente cuadro presentado en el informe del Ministerio de Educaci\u00f3n: <\/p>\n
NUMERO DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES POR FUENTE DE FINANCIACION 1996 <\/p>\n
DEPARTAMENTOS <\/p>\n
DOCENTES PAGADOS CON RECURSOS SITUADO FISCAL <\/p>\n
DOCENTES PAGADOS CON RECURSOS DEL DEPARTAMENTO <\/p>\n
DOCENTES PAGADOS CON RECURSOS DEL MUNICIPIO <\/p>\n
TOTALES DEPTALES. Y NACIONAL <\/p>\n
ANTIOQUIA* <\/p>\n
28323 <\/p>\n
666 <\/p>\n
2531 <\/p>\n
31520 <\/p>\n
ARAUCA <\/p>\n
1162 <\/p>\n
775 <\/p>\n
474 <\/p>\n
2411 <\/p>\n
BARRANQUILLA D.T.* <\/p>\n
3502 <\/p>\n
1020 <\/p>\n
4522 <\/p>\n
ATLANTICO* <\/p>\n
3847 <\/p>\n
293 <\/p>\n
1077 <\/p>\n
5217 <\/p>\n
BOGOTA <\/p>\n
16295 <\/p>\n
0 <\/p>\n
8116 <\/p>\n
24411 <\/p>\n
CARTAGENA D.T. * <\/p>\n
3636 <\/p>\n
258 <\/p>\n
464 <\/p>\n
4358 <\/p>\n
BOLIVAR* <\/p>\n
4304 <\/p>\n
549 <\/p>\n
4807 <\/p>\n
9660 <\/p>\n
BOYACA* <\/p>\n
10277 <\/p>\n
831 <\/p>\n
1244 <\/p>\n
12352 <\/p>\n
CALDAS* <\/p>\n
8658 <\/p>\n
694 <\/p>\n
1070 <\/p>\n
10422 <\/p>\n
CAQUETA* <\/p>\n
3281 <\/p>\n
10 <\/p>\n
566 <\/p>\n
3857 <\/p>\n
CAUCA* <\/p>\n
544 <\/p>\n
2791 <\/p>\n
10301 <\/p>\n
CESAR <\/p>\n
6175 <\/p>\n
458 <\/p>\n
1383 <\/p>\n
8016 <\/p>\n
CORDOBA* <\/p>\n
6870 <\/p>\n
1989 <\/p>\n
2858 <\/p>\n
11717 <\/p>\n
CUNDINAMARCA <\/p>\n
10346 <\/p>\n
518 <\/p>\n
2196 <\/p>\n
13060 <\/p>\n
CHOCO <\/p>\n
3259 <\/p>\n
113 <\/p>\n
1629 <\/p>\n
5001 <\/p>\n
HUILA <\/p>\n
6181 <\/p>\n
1324 <\/p>\n
739 <\/p>\n
8244 <\/p>\n
GUAJIRA <\/p>\n
2557 <\/p>\n
687 <\/p>\n
3430 <\/p>\n
SANTA MARTA D.T. <\/p>\n
2232 <\/p>\n
318 <\/p>\n
169 <\/p>\n
2719 <\/p>\n
MAGDALENA <\/p>\n
4005 <\/p>\n
406 <\/p>\n
1242 <\/p>\n
5653 <\/p>\n
META <\/p>\n
3623 <\/p>\n
733 <\/p>\n
367 <\/p>\n
4723 <\/p>\n
NARINO <\/p>\n
9438 <\/p>\n
713 <\/p>\n
4354 <\/p>\n
14505 <\/p>\n
NORTE DE SANTANDER* <\/p>\n
7811 <\/p>\n
1279 <\/p>\n
2033 <\/p>\n
11123 <\/p>\n
QUINDIO* <\/p>\n
3960 <\/p>\n
5 <\/p>\n
0 <\/p>\n
3965 <\/p>\n
RISARALDA* <\/p>\n
5242 <\/p>\n
18 <\/p>\n
1004 <\/p>\n
6264 <\/p>\n
SANTANDER* <\/p>\n
12248 <\/p>\n
906 <\/p>\n
1728 <\/p>\n
14882 <\/p>\n
SUCRE* <\/p>\n
4355 <\/p>\n
690 <\/p>\n
2097 <\/p>\n
7142 <\/p>\n
TOLIMA* <\/p>\n
9517 <\/p>\n
8 <\/p>\n
2340 <\/p>\n
11865 <\/p>\n
VALLE* <\/p>\n
46 <\/p>\n
2220 <\/p>\n
14706 <\/p>\n
CASANARE <\/p>\n
898 <\/p>\n
853 <\/p>\n
223 <\/p>\n
1974 <\/p>\n
PUTUMAYO* <\/p>\n
1815 <\/p>\n
305 <\/p>\n
907 <\/p>\n
3027 <\/p>\n
SAN ANDRES <\/p>\n
491 <\/p>\n
27 <\/p>\n
86 <\/p>\n
604 <\/p>\n
AMAZONAS* <\/p>\n
458 <\/p>\n
41 <\/p>\n
554 <\/p>\n
GUAINIA <\/p>\n
403 <\/p>\n
0 <\/p>\n
126 <\/p>\n
529 <\/p>\n
GUAVIARE <\/p>\n
630 <\/p>\n
0 <\/p>\n
63 <\/p>\n
693 <\/p>\n
VAUPES <\/p>\n
324 <\/p>\n
0 <\/p>\n
0 <\/p>\n
324 <\/p>\n
VICHADA* <\/p>\n
524 <\/p>\n
0 <\/p>\n
0 <\/p>\n
524 <\/p>\n
TOTAL <\/p>\n
206053 <\/p>\n
15556 <\/p>\n
52666 <\/p>\n
274275 <\/p>\n
FUENTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL <\/p>\n
SECRETARIA TECNICA – DIRECCION DE PLANEACION <\/p>\n
GRUPO DE ANALISIS SECTORIAL <\/p>\n
INFORMACION REPORTADA POR LAS ENTIDADES TERRITORIALES EN 1995 Y 1996 <\/p>\n
* Actualizado a\u00f1o 1996 <\/p>\n
De la lectura de este cuadro se deduce que el subsidio educativo que otorga la Naci\u00f3n a las entidades territoriales a trav\u00e9s del situado fiscal – para el pago de los docentes oficiales – es distribuido de manera muy desigual. Ciertamente, mientras en algunos departamentos ese subsidio supera en m\u00e1s de diez veces la contribuci\u00f3n que en punto al pago de los docentes deben hacer los municipios – como ocurre en Antioquia y Quind\u00edo -, en otros ese subsidio es superior en m\u00e1s de 7 veces – como en Santander, Boyac\u00e1, Caldas, Huila y Meta -, y en diferentes departamentos apenas excede el doble de lo que tienen que aportar los municipios para la remuneraci\u00f3n de los educadores oficiales, como se presenta en Sucre, Nari\u00f1o, Choc\u00f3, C\u00f3rdoba y Cauca. <\/p>\n
Pero las diferencias m\u00e1s sobresalientes se dan en relaci\u00f3n con el departamento de Bol\u00edvar, el \u00fanico en el cual es mayor el n\u00famero de docentes pagados con recursos propios de los municipios que con recursos del situado fiscal. En efecto, mientras en Bol\u00edvar 4.304 educadores son pagados con dineros del situado fiscal y 4.807 con recursos propios de los municipios, en departamentos como Antioquia la relaci\u00f3n es de 28.323 pagados por el situado fiscal contra 2.531 pagados por los municipios, en Meta de 3.623 contra 367, y en Quind\u00edo de 3.960 educadores remunerados con recursos del situado fiscal contra ninguno pagado con recursos propios de sus municipios. <\/p>\n
La conclusi\u00f3n salta a la vista: existen enormes diferencias entre los municipios del pa\u00eds en relaci\u00f3n con la carga que deben soportar sus presupuestos para sufragar los gastos que les demanda el pago de los docentes. Las diferencias se explican, en primera instancia, porque la distribuci\u00f3n entre los departamentos del subsidio educativo nacional, representado en el situado fiscal, se realiza en forma notoriamente desigual. Ello significa que los municipios de varios departamentos tienen que hacer un esfuerzo presupuestal mucho mayor que los de otros, en lo relacionado con la prestaci\u00f3n del servicio educativo, puesto que ellos deben asumir una parte considerablemente importante del pago de sus docentes. <\/p>\n
La exposici\u00f3n anterior delata la existencia de una gran inequidad en la distribuci\u00f3n del situado fiscal entre los departamentos. Indudablemente, el departamento m\u00e1s perjudicado con el sistema actual de repartici\u00f3n del situado es Bol\u00edvar, situaci\u00f3n que repercute, obviamente, sobre las finanzas de sus municipios, entre los cuales se encuentran los dos que fueron objeto de la demanda que dio origen al presente proceso de tutela. <\/p>\n
18. Ahora bien, se podr\u00eda preguntar si en los departamentos m\u00e1s desfavorecidos en el proceso de distribuci\u00f3n del situado fiscal – con la consabida consecuencia de que sus municipios tienen que asumir una proporci\u00f3n considerablemente superior que los dem\u00e1s en el pago de sus docentes – se requiere realmente de tantos educadores. Es decir, cabr\u00eda interrogarse si el n\u00famero de docentes que labora en cada uno de los mencionados municipios responde realmente a las necesidades objetivas del servicio educativo. <\/p>\n
Relaci\u00f3n \u201calumnos – docente\u201d por departamento <\/p>\n
TOTAL GENERAL <\/p>\n
DEPARTAMENTO <\/p>\n
OFICIAL <\/p>\n
NO OFICIAL <\/p>\n
TOTAL <\/p>\n
AMAZONAS <\/p>\n
21 <\/p>\n
11 <\/p>\n
20 <\/p>\n
ANTIOQUIA <\/p>\n
29 <\/p>\n
22 <\/p>\n
27 <\/p>\n
ARAUCA <\/p>\n
18 <\/p>\n
14 <\/p>\n
17 <\/p>\n
ATLANTICO <\/p>\n
26 <\/p>\n
20 <\/p>\n
23 <\/p>\n
BOGOTA <\/p>\n
26 <\/p>\n
21 <\/p>\n
23 <\/p>\n
BOLIVAR <\/p>\n
27 <\/p>\n
22 <\/p>\n
25 <\/p>\n
BOYACA <\/p>\n
21 <\/p>\n
18 <\/p>\n
CALDAS <\/p>\n
20 <\/p>\n
17 <\/p>\n
19 <\/p>\n
CAQUETA <\/p>\n
23 <\/p>\n
16 <\/p>\n
22 <\/p>\n
CASANARE <\/p>\n
20 <\/p>\n
18 <\/p>\n
20 <\/p>\n
CAUCA <\/p>\n
23 <\/p>\n
20 <\/p>\n
22 <\/p>\n
CESAR <\/p>\n
22 <\/p>\n
21 <\/p>\n
22 <\/p>\n
CORDOVA <\/p>\n
26 <\/p>\n
19 <\/p>\n
25 <\/p>\n
CUNDINAMARCA <\/p>\n
22 <\/p>\n
8 <\/p>\n
21 <\/p>\n
CHOCO <\/p>\n
13 <\/p>\n
<\/p>\n
12 <\/p>\n
GUAINIA <\/p>\n
16 <\/p>\n
20 <\/p>\n
16 <\/p>\n
GUAJIRA <\/p>\n
24 <\/p>\n
17 <\/p>\n
23 <\/p>\n
GUAVIARE <\/p>\n
16 <\/p>\n
23 <\/p>\n
HUILA <\/p>\n
24 <\/p>\n
18 <\/p>\n
22 <\/p>\n
MAGDALENA <\/p>\n
22 <\/p>\n
18 <\/p>\n
21 <\/p>\n
META <\/p>\n
25 <\/p>\n
18 <\/p>\n
24 <\/p>\n
NARI\u00d1O <\/p>\n
18 <\/p>\n
22 <\/p>\n
19 <\/p>\n
NORTE DE SANTANDER <\/p>\n
21 <\/p>\n
14 <\/p>\n
21 <\/p>\n
PUTUMAYO <\/p>\n
18 <\/p>\n
17 <\/p>\n
18 <\/p>\n
QUINDIO <\/p>\n
18 <\/p>\n
24 <\/p>\n
RISARALDA <\/p>\n
26 <\/p>\n
26 <\/p>\n
24 <\/p>\n
SAN ANDRES <\/p>\n
21 <\/p>\n
19 <\/p>\n
22 <\/p>\n
SANTANDER <\/p>\n
22 <\/p>\n
20 <\/p>\n
21 <\/p>\n
SUCRE <\/p>\n
28 <\/p>\n
16 <\/p>\n
25 <\/p>\n
TOLIMA <\/p>\n
29 <\/p>\n
21 <\/p>\n
21 <\/p>\n
VALLE <\/p>\n
28 <\/p>\n
25 <\/p>\n
VAUPES <\/p>\n
18 <\/p>\n
<\/p>\n
18 <\/p>\n
VICHADA <\/p>\n
20 <\/p>\n
<\/p>\n
20 <\/p>\n
TOTAL <\/p>\n
24 <\/p>\n
20 <\/p>\n
23 <\/p>\n
Fuente: DANE-MEN (C 600) <\/p>\n
COLOMBIA: Relaci\u00f3n Alumno – Docente por sector, zona y nivel educativo 1994 <\/p>\n
19. Mas la distribuci\u00f3n desigual de los recursos del situado fiscal no se da \u00fanicamente entre los distintos departamentos, sino tambi\u00e9n en su interior. Para el caso de Bol\u00edvar es interesante observar el siguiente cuadro, elaborado con base en la informaci\u00f3n remitida por la gobernaci\u00f3n: <\/p>\n
Alumnos por docente oficial y n\u00famero de docentes y directivos docentes en el departamento de Bol\u00edvar, por fuente de financiaci\u00f3n <\/p>\n
MUNICIPIO <\/p>\n
ALUMNOS DOC. OFIC. <\/p>\n
DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES <\/p>\n
SITUADO <\/p>\n
% <\/p>\n
DPTO. <\/p>\n
% <\/p>\n
MPIO. <\/p>\n
% <\/p>\n
TOTAL <\/p>\n
ACHI <\/p>\n
31.12 <\/p>\n
69.95 <\/p>\n
11 <\/p>\n
5.16 <\/p>\n
53 <\/p>\n
24.88 <\/p>\n
213 <\/p>\n
ALTOS DEL ROSARIO <\/p>\n
27.98 <\/p>\n
57 <\/p>\n
51.81 <\/p>\n
5 <\/p>\n
4.54 <\/p>\n
48 <\/p>\n
43.63 <\/p>\n
110 <\/p>\n
ARENAL <\/p>\n
30.64 <\/p>\n
48 <\/p>\n
55.17 <\/p>\n
5 <\/p>\n
5.74 <\/p>\n
34 <\/p>\n
39.08 <\/p>\n
87 <\/p>\n
ARJONA <\/p>\n
27.95 <\/p>\n
212 <\/p>\n
60.39 <\/p>\n
25 <\/p>\n
7.12 <\/p>\n
114 <\/p>\n
32.47 <\/p>\n
351 <\/p>\n
BARRANCO LOBA <\/p>\n
25.66 <\/p>\n
96 <\/p>\n
59.62 <\/p>\n
12 <\/p>\n
7.45 <\/p>\n
32.91 <\/p>\n
161 <\/p>\n
CALAMAR <\/p>\n
33.16 <\/p>\n
142 <\/p>\n
65.74 <\/p>\n
32 <\/p>\n
14.81 <\/p>\n
42 <\/p>\n
19.44 <\/p>\n
216 <\/p>\n
CANTAGALLO <\/p>\n
20.94 <\/p>\n
26 <\/p>\n
48.14 <\/p>\n
2 <\/p>\n
3.70 <\/p>\n
26 <\/p>\n
48.14 <\/p>\n
54 <\/p>\n
CICUCO <\/p>\n
23.94 <\/p>\n
39 <\/p>\n
37.86 <\/p>\n
5 <\/p>\n
4.85 <\/p>\n
59 <\/p>\n
57.28 <\/p>\n
103 <\/p>\n
CLEMENCIA <\/p>\n
26.30 <\/p>\n
61 <\/p>\n
56.48 <\/p>\n
9 <\/p>\n
8.33 <\/p>\n
38 <\/p>\n
35.18 <\/p>\n
108 <\/p>\n
CORDOBA <\/p>\n
72 <\/p>\n
42.60 <\/p>\n
20 <\/p>\n
11.83 <\/p>\n
77 <\/p>\n
45.56 <\/p>\n
169 <\/p>\n
EL CARMEN DE BOLIVAR <\/p>\n
37.55 <\/p>\n
277 <\/p>\n
41.15 <\/p>\n
12 <\/p>\n
1.78 <\/p>\n
384 <\/p>\n
57.05 <\/p>\n
673 <\/p>\n
EL GUAMO <\/p>\n
23.99 <\/p>\n
34 <\/p>\n
58.62 <\/p>\n
7 <\/p>\n
12.06 <\/p>\n
17 <\/p>\n
29.31 <\/p>\n
58 <\/p>\n
EL PE\u00d1ON <\/p>\n
24.04 <\/p>\n
46 <\/p>\n
38.33 <\/p>\n
12 <\/p>\n
62 <\/p>\n
51.66 <\/p>\n
120 <\/p>\n
HATILLO DE LOBA <\/p>\n
29.01 <\/p>\n
45 <\/p>\n
40.54 <\/p>\n
3 <\/p>\n
2.70 <\/p>\n
63 <\/p>\n
56.75 <\/p>\n
111 <\/p>\n
MAGANGUE <\/p>\n
30.51 <\/p>\n
418 <\/p>\n
56.10 <\/p>\n
55 <\/p>\n
7.38 <\/p>\n
272 <\/p>\n
36.51 <\/p>\n
745 <\/p>\n
MAHATES <\/p>\n
26.36 <\/p>\n
137 <\/p>\n
53.72 <\/p>\n
11 <\/p>\n
4.31 <\/p>\n
107 <\/p>\n
41.96 <\/p>\n
255 <\/p>\n
MARGARITA <\/p>\n
26.73 <\/p>\n
70 <\/p>\n
54.68 <\/p>\n
13 <\/p>\n
45 <\/p>\n
35.15 <\/p>\n
128 <\/p>\n
MARIA LA BAJA <\/p>\n
32.66 <\/p>\n
169 <\/p>\n
49.70 <\/p>\n
12 <\/p>\n
3.52 <\/p>\n
159 <\/p>\n
46.76 <\/p>\n
340 <\/p>\n
MOMPOS <\/p>\n
28.97 <\/p>\n
271 <\/p>\n
63.91 <\/p>\n
20 <\/p>\n
4.71 <\/p>\n
133 <\/p>\n
31.36 <\/p>\n
424 <\/p>\n
MONTECRISTO <\/p>\n
31.63 <\/p>\n
37 <\/p>\n
30.83 <\/p>\n
3 <\/p>\n
2.5 <\/p>\n
80 <\/p>\n
66.66 <\/p>\n
120 <\/p>\n
MORALES <\/p>\n
30.72 <\/p>\n
113 <\/p>\n
66.47 <\/p>\n
21 <\/p>\n
36 <\/p>\n
21.17 <\/p>\n
170 <\/p>\n
PINILLOS <\/p>\n
28.77 <\/p>\n
117 <\/p>\n
50.21 <\/p>\n
19 <\/p>\n
8.15 <\/p>\n
97 <\/p>\n
41.63 <\/p>\n
233 <\/p>\n
REGIDOR <\/p>\n
25.15 <\/p>\n
32 <\/p>\n
80 <\/p>\n
0 <\/p>\n
0 <\/p>\n
8 <\/p>\n
20 <\/p>\n
40 <\/p>\n
RIO VIEJO <\/p>\n
31.63 <\/p>\n
56 <\/p>\n
45.90 <\/p>\n
5 <\/p>\n
4.09 <\/p>\n
50 <\/p>\n
122 <\/p>\n
SAN CRISTOBAL <\/p>\n
25.91 <\/p>\n
40 <\/p>\n
64.51 <\/p>\n
0 <\/p>\n
0 <\/p>\n
22 <\/p>\n
35.48 <\/p>\n
62 <\/p>\n
SAN ESTANISLAO <\/p>\n
27.98 <\/p>\n
91 <\/p>\n
61.90 <\/p>\n
7 <\/p>\n
4.76 <\/p>\n
49 <\/p>\n
33.33 <\/p>\n
147 <\/p>\n
SAN FERNANDO <\/p>\n
28.15 <\/p>\n
60 <\/p>\n
57.14 <\/p>\n
12 <\/p>\n
11.42 <\/p>\n
33 <\/p>\n
31.42 <\/p>\n
105 <\/p>\n
SAN JACINTO <\/p>\n
26.91 <\/p>\n
167 <\/p>\n
55.11 <\/p>\n
11 <\/p>\n
3.63 <\/p>\n
125 <\/p>\n
41.25 <\/p>\n
303 <\/p>\n
SAN JUAN NEPOMUCENO <\/p>\n
25.29 <\/p>\n
262 <\/p>\n
73.18 <\/p>\n
13 <\/p>\n
3.63 <\/p>\n
83 <\/p>\n
23.18 <\/p>\n
358 <\/p>\n
SAN MARTIN DE LOBA <\/p>\n
105 <\/p>\n
45.45 <\/p>\n
16 <\/p>\n
6.92 <\/p>\n
110 <\/p>\n
47.61 <\/p>\n
231 <\/p>\n
SAN PABLO <\/p>\n
24.15 <\/p>\n
91 <\/p>\n
55.82 <\/p>\n
1 <\/p>\n
.61 <\/p>\n
71 <\/p>\n
43.55 <\/p>\n
163 <\/p>\n
SANTA CATALINA <\/p>\n
26.34 <\/p>\n
69 <\/p>\n
65.09 <\/p>\n
1 <\/p>\n
.94 <\/p>\n
36 <\/p>\n
33.96 <\/p>\n
106 <\/p>\n
SANTA ROSA DE LIMA <\/p>\n
30.89 <\/p>\n
54 <\/p>\n
56.84 <\/p>\n
2 <\/p>\n
2.10 <\/p>\n
39 <\/p>\n
41.05 <\/p>\n
95 <\/p>\n
SANTA ROSA DEL SUR <\/p>\n
26.59 <\/p>\n
95 <\/p>\n
59.74 <\/p>\n
5 <\/p>\n
3.14 <\/p>\n
59 <\/p>\n
37.10 <\/p>\n
159 <\/p>\n
SIMITI <\/p>\n
24.64 <\/p>\n
95 <\/p>\n
69.34 <\/p>\n
12 <\/p>\n
8.75 <\/p>\n
21.89 <\/p>\n
137 <\/p>\n
SOPLAVIENTO <\/p>\n
27.36 <\/p>\n
73 <\/p>\n
76.84 <\/p>\n
3 <\/p>\n
3.15 <\/p>\n
19 <\/p>\n
20 <\/p>\n
95 <\/p>\n
TALAIGUA NUEVO <\/p>\n
26.61 <\/p>\n
61 <\/p>\n
51.26 <\/p>\n
2 <\/p>\n
1.68 <\/p>\n
56 <\/p>\n
47.05 <\/p>\n
119 <\/p>\n
TIQUISIO <\/p>\n
28.30 <\/p>\n
92 <\/p>\n
43.60 <\/p>\n
14 <\/p>\n
6.63 <\/p>\n
105 <\/p>\n
49.76 <\/p>\n
211 <\/p>\n
30.06 <\/p>\n
230 <\/p>\n
62.67 <\/p>\n
14 <\/p>\n
3.81 <\/p>\n
123 <\/p>\n
33.51 <\/p>\n
367 <\/p>\n
TURBANA <\/p>\n
26.53 <\/p>\n
65 <\/p>\n
59.09 <\/p>\n
7 <\/p>\n
6.36 <\/p>\n
38 <\/p>\n
34.54 <\/p>\n
110 <\/p>\n
VILLANUEVA <\/p>\n
29.32 <\/p>\n
83 <\/p>\n
64.34 <\/p>\n
10 <\/p>\n
7.75 <\/p>\n
36 <\/p>\n
27.90 <\/p>\n
129 <\/p>\n
ZAMBRANO <\/p>\n
22.79 <\/p>\n
50 <\/p>\n
48.07 <\/p>\n
13 <\/p>\n
12.5 <\/p>\n
41 <\/p>\n
39.42 <\/p>\n
104 <\/p>\n
CARTAGENA <\/p>\n
0 <\/p>\n
0 <\/p>\n
<\/p>\n
100 <\/p>\n
0 <\/p>\n
<\/p>\n
152 <\/p>\n
TOTAL <\/p>\n
27.81 <\/p>\n
4507 <\/p>\n
<\/p>\n
614 <\/p>\n
<\/p>\n
3143 <\/p>\n
<\/p>\n
8264 <\/p>\n
Como se puede observar, los municipios de Bol\u00edvar presentan porcentajes dis\u00edmiles de docentes pagados con recursos del situado fiscal y de los municipios. En efecto, en localidades como Calamar, Morales y Regidor el n\u00famero de educadores pagados con el situado es tres – y hasta cuatro – veces superior al de los docentes pagados con recursos de los municipios, al tiempo que en municipios como Ach\u00ed, Momp\u00f3s, El Guamo, San Juan Nepomuceno, Soplaviento y Villanueva los docentes remunerados con recursos del situado fiscal doblan el n\u00famero de los que son pagados con ingresos propios de los municipios. Por el contrario, en poblaciones como Cicuco, Carmen de Bol\u00edvar, El Pe\u00f1\u00f3n, Hatillo de Loba y Montecristo la mayor parte de la planta docente es pagada con recursos propios de los municipios. <\/p>\n
En el acta de acuerdo suscrita, el 29 de septiembre de 1996, por los gobiernos nacional y departamental y los campesinos del Sur de Bol\u00edvar que realizaron marchas de protesta contra la situaci\u00f3n de abandono en la que se encontraban, se reconoci\u00f3 precisamente que los recursos del situado fiscal asignados al departamento de Bol\u00edvar para el servicio educativo se distribu\u00edan de manera desigual e inequitativa entre los distintos municipios del departamento. Por eso, en el punto 4 del aparte destinado al tema de la educaci\u00f3n se convino la \u201c[R]evisi\u00f3n inmediata de la asignaci\u00f3n de las plazas docentes por parte del departamento con recursos del situado fiscal para lograr una distribuci\u00f3n equitativa con respecto al Sur de Bol\u00edvar\u201d. En consecuencia, entre las medidas aceptadas para cumplir con este cometido se dispuso que \u201ca. El Departamento de Bol\u00edvar revisar\u00e1 la distribuci\u00f3n actual del situado fiscal entre los municipios atendiendo los criterios aprobados en la ordenanza que establece las reglas de distribuci\u00f3n del Situado\u201d. <\/p>\n
La situaci\u00f3n descrita no es exclusiva del departamento de Bol\u00edvar. En el documento de trabajo elaborado por la Divisi\u00f3n de Educaci\u00f3n y Cultura del Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n, titulado \u201cCaracter\u00edsticas de los docentes y el personal administrativo colombiano, 1995\u201d, se manifiesta al respecto: <\/p>\n
\u201cEn cuanto a la equidad, en el cuadro 3 se presenta un ejercicio a nivel municipal por departamento, que muestra que el porcentaje de maestros pagados por la Naci\u00f3n contra el Indice de Necesidades B\u00e1sicas Insatisfechas – NBI- del municipio, no es equitativo, y a medida que aumenta el NBI disminuye el porcentaje de doce \u201cEn cuanto a la equidad, en el cuadro 3 se presenta un ejercicio a nivel municipal antes pagados por la Naci\u00f3n. En este cuadro se puede ver como los departamentos de Antioquia, Norte de Santander, Arauca, Boyac\u00e1, La Guajira y Choc\u00f3 son los que presentan la distribuci\u00f3n interna m\u00e1s regresiva. <\/p>\n
\u201cEn el anexo I se puede ver como en Antioquia, municipios como Dabeiba, Apartad\u00f3 y El Bagre tienen un porcentaje de docentes pagados por el Situado Fiscal de alrededor del 65%, mientras que en Medell\u00edn el 94% de los docentes son financiados por la Naci\u00f3n. Esto demuestra la inequidad de la asignaci\u00f3n de los docentes al interior de los municipios, y cuestiona los criterios utilizados para ello, pues en lugar de corresponder a las necesidades, pareciera m\u00e1s bien que factores como el tama\u00f1o y la cercan\u00eda a la capital del departamento determinen el n\u00famero de docentes a financiarse con recursos de la Naci\u00f3n. Esto lleva a que municipios peque\u00f1os y alejados, con grandes necesidades, terminen haciendo esfuerzos superiores a los de las capitales departamentales\u201d. <\/p>\n
Lo anterior significa que la distribuci\u00f3n desigual del situado fiscal en materia educativa no se limita al orden interdepartamental, sino que tambi\u00e9n se reproduce en la distribuci\u00f3n que realizan los departamentos entre sus municipios. <\/p>\n
20. Las cifras y porcentajes mencionados anteriormente ponen de presente la inequidad existente en la distribuci\u00f3n de los recursos del situado fiscal. Puesto que, como se advirti\u00f3 atr\u00e1s, el situado fiscal es – de lejos – la mayor fuente de recursos para la financiaci\u00f3n de la educaci\u00f3n oficial en el pa\u00eds, la inequidad en su repartici\u00f3n constituye a la vez una violaci\u00f3n al principio de igualdad de todos los colombianos consagrado en la Constituci\u00f3n. Es esta la raz\u00f3n para que la Corte se detenga en el estudio de este fen\u00f3meno. <\/p>\n
De acuerdo con los estudios realizados, la causa principal del reparto inequitativo de los dineros del situado obedece a que la distribuci\u00f3n de \u00e9stos se realiza con base en la planta de personal docente vigente en 1993 – a\u00f1o en el que fue expedida la Ley 60, que fij\u00f3 el procedimiento para la distribuci\u00f3n del situado fiscal y de las participaciones en los ingresos corrientes de la Naci\u00f3n -, y no de acuerdo con las necesidades de cada departamento o municipio. La distribuci\u00f3n geogr\u00e1fica de los docentes no responde a las necesidades del servicio educativo. Por eso, se puede observar que ellos se concentran en las zonas urbanas, y dentro de \u00e9stas en las cabeceras municipales m\u00e1s grandes, todo ello en perjuicio de las zonas rurales y de los municipios m\u00e1s pobres6. <\/p>\n
Al respecto es indicativo lo se\u00f1alado por el gobernador de Bol\u00edvar acerca de la distribuci\u00f3n del situado fiscal entre los municipios del departamento. El afirma: \u201cLos criterios establecidos en la ordenanza N\u00b0 20 del 3 de noviembre de 1997 [acerca de la repartici\u00f3n del situado] busca que los recursos del situado fiscal sean distribuidos de manera equitativa, pero la distribuci\u00f3n actual de la Planta de Personal no es equitativa, debido a que la asignaci\u00f3n de plazas en el pasado no se hac\u00eda teniendo en cuenta criterios t\u00e9cnicos, lo cual genera en la pr\u00e1ctica una inequidad\u201d. <\/p>\n
En igual sentido se pronunci\u00f3 el Ministerio de Educaci\u00f3n, cuando, al ser preguntado si se pod\u00eda concluir que la distribuci\u00f3n a nivel departamental de los recursos del situado fiscal entre los usuarios actuales y potenciales del servicio educativo se realizaba en forma equitativa, respondi\u00f3: \u201cLa distribuci\u00f3n de acuerdo con la ordenanza [departamental] incluye criterios de equidad, pero si se realiza sobre una situaci\u00f3n inicial en atenci\u00f3n a los gastos de n\u00f3mina municipal de docentes y administrativos, puede presentar desigualdades, las cuales no pueden corregirse de manera inmediata, por esta raz\u00f3n se hace necesaria la aplicaci\u00f3n de la ordenanza por parte de la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n, con el fin de que la asignaci\u00f3n se lleve a cabo de acuerdo a la demanda educativa actual y potencial de los municipios\u201d. <\/p>\n
Asimismo, el Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n, en oficio del 2 de abril de 1997 dirigido a esta Corporaci\u00f3n, expresa que entre las causas que explican las deficiencias en la prestaci\u00f3n del servicio educativo en el pa\u00eds se destacan \u201cla inequidad y la ineficiencia en la distribuci\u00f3n de recursos humanos, f\u00edsicos y monetarios…\u201d Luego, a\u00f1ade que \u201ces ineficiente (…) el sistema de asignaci\u00f3n de recursos basado principalmente en el n\u00famero de docentes existentes, independientemente del n\u00famero de ni\u00f1os atendidos o por atender\u201d. <\/p>\n
21. El procedimiento para la distribuci\u00f3n del situado fiscal est\u00e1 fijado en la misma Constituci\u00f3n y en la Ley 60 de 1993. Es as\u00ed como el art\u00edculo 356 de la Carta establece directamente que un quince por ciento del situado fiscal se distribuir\u00e1 por partes iguales entre los departamentos, el Distrito Capital y los distritos de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, al tiempo que el resto se asignar\u00e1 en proporci\u00f3n al n\u00famero de usuarios actuales y potenciales de los servicios de educaci\u00f3n y salud, teniendo en cuenta, adem\u00e1s, el esfuerzo fiscal ponderado y la eficiencia administrativa de la respectiva entidad territorial. <\/p>\n
El art\u00edculo 11 de la Ley 60 de 1993 determina el procedimiento para el reparto del 85% restante de los recursos del situado fiscal entre los departamentos y distritos.7 En el par\u00e1grafo 7 se contempl\u00f3 un r\u00e9gimen de transici\u00f3n para el per\u00edodo 1994-1996, lapso que ya transcurri\u00f3, raz\u00f3n por la cual se aplica ahora enteramente la f\u00f3rmula de distribuci\u00f3n. El mencionado art\u00edculo precisa que una vez asignada la parte al\u00edcuota a cada departamento y distrito – es decir, cuando se ha distribuido el 15% del total de los recursos por partes iguales -, se debe calcular para cada departamento y distrito cu\u00e1l es su situado fiscal m\u00ednimo, requerido para solventar los gastos de atenci\u00f3n de los usuarios actuales de los servicios de educaci\u00f3n. Luego, una vez cumplido este paso, se distribuye el remanente de los recursos del situado de acuerdo con la poblaci\u00f3n potencial por atender y con el esfuerzo fiscal que en materia de educaci\u00f3n demuestra cada departamento y distrito. <\/p>\n
22. Sin embargo, el rubro del situado fiscal m\u00ednimo copa casi todos los recursos restantes del situado, es decir del 85% que queda por asignar luego del primer reparto por cuotas iguales. Es as\u00ed como en la distribuci\u00f3n correspondiente a 1994 ascendi\u00f3 al 84.6%8, y en la de 1997 a 82.6%9. <\/p>\n
Ahora bien, en la f\u00f3rmula para establecer el situado fiscal m\u00ednimo se calcula inicialmente un gasto per c\u00e1pita, el cual se extrae de dividir el situado fiscal asignado el a\u00f1o inmediatamente anterior al departamento o distrito, ajustado por un \u00edndice de crecimiento salarial determinado por el Gobierno Nacional, entre la cifra equivalente a la poblaci\u00f3n atendida en el mismo a\u00f1o en la mencionada entidad territorial. Las operaciones adicionales se realizan con base en el gasto per c\u00e1pita al que se llega. Pues bien, es precisamente en este punto en el que ha actuado la fuerza de la inercia de la distribuci\u00f3n regional – geogr\u00e1fica – de los docentes en el pa\u00eds. Puesto que el numerador de la operaci\u00f3n de divisi\u00f3n est\u00e1 constituido fundamentalmente por el situado fiscal adjudicado el a\u00f1o anterior al departamento o distrito y que la mayor parte del situado fiscal para educaci\u00f3n est\u00e1 destinado al pago de los servicios de los docentes, la aplicaci\u00f3n de la f\u00f3rmula para extraer el situado fiscal m\u00ednimo ha tendido a perpetuar la distribuci\u00f3n inequitativa existente en el situado fiscal y, por ende, una distribuci\u00f3n de los docentes no acorde con las necesidades del servicio de educaci\u00f3n en el pa\u00eds. <\/p>\n
El art\u00edculo 356 de la Carta establece, en su inciso 2, que los recursos del situado fiscal se destinar\u00e1n, en materia educativa, a financiar la educaci\u00f3n preescolar, primaria, secundaria y media. Luego, en el inciso 5\u00b0, precisa que el 85% del monto del situado fiscal \u201cse asignar\u00e1 en proporci\u00f3n al n\u00famero de usuarios actuales y potenciales de los servicios mencionados [educaci\u00f3n y salud], teniendo en cuenta, adem\u00e1s, el esfuerzo fiscal ponderado y la eficiencia administrativa de la respectiva entidad territorial\u201d. As\u00ed, pues, a la luz de la Constituci\u00f3n el criterio que debe regir el proceso de distribuci\u00f3n del situado fiscal es el relacionado con las necesidades del servicio de educaci\u00f3n en los departamentos y distritos. Por consiguiente, un reparto del situado que atienda a factores diferentes no tiene sustento constitucional. <\/p>\n
Una interpretaci\u00f3n del par\u00e1grafo primero del art\u00edculo 11 que parta de la base de que el situado fiscal m\u00ednimo debe atender en primera instancia a la distribuci\u00f3n geogr\u00e1fica de los docentes vulnera el objetivo constitucional del instituto del situado fiscal. La distribuci\u00f3n regional de los educadores debe responder a las necesidades de la educaci\u00f3n, es decir de los alumnos y de los potenciales beneficiarios del servicio. Si ese no es el caso, como parece que ocurre actualmente en el pa\u00eds, la mencionada distribuci\u00f3n geogr\u00e1fica de los docentes pagados con recursos del situado fiscal debe ser modificada en funci\u00f3n de las urgencias del servicio educativo. <\/p>\n
24. Esta Sala es consciente de que la redistribuci\u00f3n de los docentes oficiales de acuerdo con las necesidades del servicio puede acarrearle trastornos a muchos educadores. Sin embargo, es ese un costo inevitable si se desea dar cumplimiento a las \u00f3rdenes constitucionales de destinar los recursos del situado fiscal a la educaci\u00f3n y a la salud (C.P. art. 357), de asegurar que todas las personas, y, en particular, las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios b\u00e1sicos (C.P., art. 334) y de solucionar las necesidades insatisfechas de la poblaci\u00f3n en materia de educaci\u00f3n (C.P. art. 366). <\/p>\n
<\/p>\n
25. Se podr\u00eda argumentar, sin embargo, que trasladar a los docentes desde centros urbanos en los que cuentan con mayores posibilidades para su desarrollo personal, profesional y familiar hacia localidades peque\u00f1as o zonas rurales significar\u00eda un desmejoramiento en sus condiciones laborales, situaci\u00f3n que implicar\u00eda la violaci\u00f3n de los art\u00edculos 53 y 58 de la Constituci\u00f3n. Empero, esta objeci\u00f3n no es de recibo. Como ya se ha expresado reiteradamente por esta Corporaci\u00f3n, los derechos no son absolutos y, por ende, cuando varios derechos entran en conflicto debe procederse a ponderar el peso de cada uno de ellos en la circunstancia espec\u00edfica con el objeto de intentar armonizarlos o, en caso de no ser posible, darle prioridad a uno de ellos. Pues bien, para el caso del conflicto entre el derecho de los ni\u00f1os a la educaci\u00f3n y los derechos laborales de los educadores, es claro que debe darse precedencia al primero, pues la funci\u00f3n del docente se orienta precisamente al servicio educativo a favor de los ni\u00f1os. Adem\u00e1s, la misma Carta Pol\u00edtica estableci\u00f3 una regla general para la resoluci\u00f3n de los conflictos entre derechos cuando entre los derechos en pugna se encuentran los de los ni\u00f1os. En efecto, el inciso final del art\u00edculo 44 expresa de manera tajante que \u201clos derechos de los ni\u00f1os prevalecen sobre los derechos de los dem\u00e1s\u201d. Si bien esta norma no implica que en estos casos no se deba intentar armonizar los distintos derechos que colisionan, lo cierto es que s\u00ed se\u00f1ala una prioridad evidente para todas las situaciones de conflictos de derechos que se pueden presentar10. <\/p>\n
26. Adem\u00e1s, la Corte ya ha se\u00f1alado que la administraci\u00f3n goza de un margen adecuado de discrecionalidad para modificar la ubicaci\u00f3n territorial de sus funcionarios, con miras a una adecuada y mejor prestaci\u00f3n del servicio. Es lo que se llama el jus variandi, es decir la atribuci\u00f3n de que dispone la administraci\u00f3n para alterar las condiciones de trabajo de sus funcionarios y empleados, con el objeto de poder cumplir a cabalidad con las funciones que le han sido asignadas. Este marco de discrecionalidad se ampl\u00eda con respecto a determinadas actividades estatales, entre las cuales debe contarse el servicio educativo. En efecto, el servicio p\u00fablico de la educaci\u00f3n tiene una \u00edntima relaci\u00f3n con los derechos fundamentales de los ni\u00f1os y debe ser prestado a nivel nacional, sin importar la categor\u00eda ni el grado de desarrollo de los municipios o de las regiones. En estas condiciones, y en atenci\u00f3n a la orden constitucional impartida al Estado de solucionar las necesidades insatisfechas de la poblaci\u00f3n en materia de educaci\u00f3n, es apenas natural que la administraci\u00f3n p\u00fablica pueda contar con posibilidades amplias para trasladar a sus funcionarios de acuerdo con las exigencias del servicio. <\/p>\n
Lo anterior no significa, sin embargo, que la discrecionalidad de la administraci\u00f3n para variar el sitio de trabajo de los docentes no tenga l\u00edmites. La jurisprudencia de la Corte ha precisado que la libertad de la administraci\u00f3n de reubicar a sus funcionarios se ve limitada por diversos factores11. Uno de ellos se refiere a que el traslado debe hacerse a un cargo de la misma categor\u00eda y con funciones afines. Este l\u00edmite debe ser destacado, pues \u00e9l constituye una f\u00f3rmula pr\u00e1ctica de armonizaci\u00f3n de los derechos laborales de los educadores con el derecho de los ni\u00f1os a la educaci\u00f3n. <\/p>\n
La resoluci\u00f3n de la solicitud de tutela elevada por los actores : el problema de los dos municipios demandados y el derivado del estado de cosas existente <\/p>\n
27. De acuerdo con la descripci\u00f3n normativa arriba realizada, todos los docentes departamentales, distritales y municipales que son financiados con los recursos propios de estas entidades territoriales deben ser afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. El transcrito art\u00edculo 5 del Decreto 196 de 1995 establece que el procedimiento de afiliaci\u00f3n de los educadores que ya estaban vinculados laboralmente al momento de entrar en vigencia el decreto ser\u00eda diferente al tr\u00e1mite a seguir por los docentes que se vincularan con posterioridad. Sin embargo, en contra de lo manifestado en la sentencia de segunda instancia del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cartagena, esta diferenciaci\u00f3n no modifica la obligaci\u00f3n de incorporar al Fondo a los docentes departamentales, distritales y municipales. <\/p>\n
28. Seg\u00fan las informaciones recibidas de parte de los mismos municipios, Mar\u00eda la Baja cuenta con 346 docentes, de los cuales 167 (48.26%) son pagados con recursos del situado fiscal, 13 (3.75%) por el departamento y 166 (47.97%) con recursos del municipio, provenientes de la participaci\u00f3n del municipio en los ingresos corrientes de la Naci\u00f3n. A su vez, Zambrano dispone de 117 educadores, de los cuales 46 (39.31%) son pagados a trav\u00e9s de medios del situado fiscal, 18 (15.38%) por el departamento y 53 (45.29%) por el municipio12. <\/p>\n
En el informe de Zambrano se destaca que todos los docentes que son pagados con recursos del municipio ocupan plazas aprobadas, es decir comprendidas dentro de la planta del personal docente de la localidad. All\u00ed se expresa que \u201cen la actualidad no existen docentes contratados. Aquellos que ven\u00edan con este tipo de vinculaci\u00f3n fueron cobijados por la Ley 60 y el fallo de la Corte Constitucional y en estos momentos est\u00e1n vinculados en propiedad, pues ya se profesionalizaron\u201d. <\/p>\n
Tambi\u00e9n el municipio de Mar\u00eda la Baja expone que en la localidad no existen docentes vinculados bajo la categor\u00eda de contratados. Es decir, el total de educadores del municipio corresponde a la planta de personal docente aprobada, si bien cuatro de ellos se encuentran en situaci\u00f3n de provisionalidad, mientras se convoca el respectivo concurso. <\/p>\n
Los dos municipios expresan que las transferencias por participaci\u00f3n en los ingresos corrientes de la Naci\u00f3n constituyen un alt\u00edsimo porcentaje de sus ingresos. En el caso de Zambrano representan el 80% de los ingresos del municipio y en el de Mar\u00eda la Baja el 95%. En los dos informes se asevera que se cumple con el porcentaje m\u00ednimo de inversi\u00f3n en educaci\u00f3n (30%) que est\u00e1 se\u00f1alado en la Ley 60 de 1993 y que las obligaciones salariales para con los docentes pagados con recursos del municipio son sufragadas con recursos de la participaci\u00f3n en los ingresos corrientes de la Naci\u00f3n. El alcalde de Mar\u00eda la Baja manifiesta, sin embargo, que estos recursos no son suficientes para atender todos los gastos que demanda la planta de personal docente. Por esta raz\u00f3n, el municipio declara que no le cancela a sus docentes ni las primas de alimentaci\u00f3n y vacacional, ni los auxilios de transporte y movilizaci\u00f3n. Asimismo, el jefe de presupuesto municipal de Zambrano asevera que el municipio no ha designado docentes con recursos propios distintos de las participaciones, en vista de las carencias de su presupuesto. <\/p>\n
29. En las declaraciones recibidas dentro del proceso se manifiesta que a los docentes de Mar\u00eda la Baja y Zambrano se les deduce el 5% de su sueldo b\u00e1sico mensual, porcentaje que cada educador debe destinar como aporte mensual al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, de acuerdo con el art\u00edculo 12 del Decreto 196 de 1995. Sin embargo, las administraciones municipales todav\u00eda no han vinculado a sus docentes al Fondo y, por supuesto, tampoco emplean el dinero deducido para hacer aportes al mismo, si bien en el informe de Zambrano se afirma que en estos momentos el municipio est\u00e1 realizando las reservas presupuestales para cancelar el 20% del pasivo prestacional de los docentes. <\/p>\n
Seg\u00fan los testimonios, el dinero retenido a los docentes es utilizado por los municipios para atender las necesidades m\u00e9dicas de los mismos educadores, situaci\u00f3n que, en la pr\u00e1ctica, equivale a que las administraciones municipales hubieran creado sus propios sistemas de salud para los docentes. Con todo, la disposici\u00f3n del Decreto 196 de 1995 es clara en el sentido de determinar que todos los educadores de los entes departamentales, distritales y municipales deben ser afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, obligaci\u00f3n que no puede ser soslayada a trav\u00e9s de la instauraci\u00f3n en los municipios de mecanismos informales de seguridad social. Al respecto debe tambi\u00e9n tenerse en cuenta que el Fondo, al igual que las dem\u00e1s entidades de seguridad social, opera con base en el principio de la solidaridad (CP, art. 1). Ello implica que las personas vinculadas a estas instituciones realizan aportes peri\u00f3dicos a ellas, con miras a conformar un patrimonio social que permita sufragar las prestaciones actuales y futuras de los diferentes afiliados. Pero para que las entidades de seguridad social sean viables econ\u00f3micamente y puedan cumplir con las obligaciones que les corresponden, es imprescindible que re\u00fanan un n\u00famero m\u00ednimo de asociados y que, adem\u00e1s, todos ellos cumplan con sus contribuciones. Por eso, la no afiliaci\u00f3n de un n\u00famero significativo de docentes de distintas entidades territoriales al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio no solamente atenta contra las disposiciones legales, sino que tambi\u00e9n constituye una amenaza para la supervivencia de dicho Fondo. <\/p>\n
30. De acuerdo a lo expuesto, la situaci\u00f3n planteada por los actores tiene que examinarse desde una doble perspectiva. De una parte, se trata de un problema general que afecta a un n\u00famero significativo de docentes en el pa\u00eds y cuyas causas se relacionan con la ejecuci\u00f3n desordenada e irracional de la pol\u00edtica educativa. De otra parte, la acci\u00f3n de tutela compromete a dos municipios que por falta de recursos no han dado cumplimiento efectivo a sus obligaciones frente a los educadores que han instaurado la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
31. La acci\u00f3n de tutela constituye un medio procesal de defensa de los derechos fundamentales, cuyo \u00e1mbito se restringe a las partes. Sin embargo, en circunstancias excepcionales, las pretensiones de defensa de los derechos se predican de un conjunto muy amplio de personas. La Corte Constitucional, tradicionalmente, ha recurrido en estas oportunidades a dos instituciones de \u00edndole procesal que para el efecto son adecuadas : la acumulaci\u00f3n de procesos y la reiteraci\u00f3n de jurisprudencia. Los indicados mecanismos no pueden, empero, operar sin que los interesados instauren la respectiva demanda. <\/p>\n
Los hechos analizados ilustran el origen de la situaci\u00f3n singular que es objeto de la acci\u00f3n de tutela. De prosperar la acci\u00f3n de tutela, se pone de manifiesto que la condici\u00f3n actual de varias decenas de miles de maestros, vinculados a las plantas de personal de las entidades territoriales, es semejante a la de los actores y, por lo tanto, merecedora de protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Si los restantes educadores individualmente interponen acciones de tutela contra la conducta de los alcaldes y dem\u00e1s autoridades que se encuentran en mora de afiliarlos al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, los jueces competentes y, en su momento, la Corte dar\u00e1n curso a las respectivas demandas. Con todo, se pregunta la Corte si, desde ahora, de verificarse que el comportamiento omisivo indicado viola la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, es posible que la Corporaci\u00f3n, en raz\u00f3n de sus funciones, pueda emitir una orden a las autoridades p\u00fablicas competentes, con el objeto de que a la mayor brevedad adopten las medidas conducentes a fin de eliminar los factores que inciden en generar un estado de cosas que resulta abiertamente inconstitucional. La Corte considera que debe responder de manera afirmativa este interrogante, por las siguientes razones: <\/p>\n
(1) La Corte Constitucional tiene el deber de colaborar de manera arm\u00f3nica con los restantes \u00f3rganos del Estado para la realizaci\u00f3n de sus fines (C.P. art., 113). Del mismo modo que debe comunicarse a la autoridad competente la noticia relativa a la comisi\u00f3n de un delito, no se ve por qu\u00e9 deba omitirse la notificaci\u00f3n de que un determinado estado de cosas resulta violatorio de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
(2) El deber de colaboraci\u00f3n se torna imperativo si el remedio administrativo oportuno puede evitar la excesiva utilizaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela. Los recursos con que cuenta la administraci\u00f3n de justicia son escasos. Si instar al cumplimiento diligente de las obligaciones constitucionales que pesan sobre una determinada autoridad contribuye a reducir el n\u00famero de causas constitucionales, que de otro modo inexorablemente se presentar\u00edan, dicha acci\u00f3n se erige tambi\u00e9n en medio leg\u00edtimo a trav\u00e9s del cual la Corte realiza su funci\u00f3n de guardiana de la integridad de la Constituci\u00f3n y de la efectividad de sus mandatos. <\/p>\n
Ahora bien, si el estado de cosas que como tal no se compadece con la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, tiene relaci\u00f3n directa con la violaci\u00f3n de derechos fundamentales, verificada en un proceso de tutela por parte de la Corte Constitucional, a la notificaci\u00f3n de la regularidad existente podr\u00e1 acompa\u00f1arse un requerimiento espec\u00edfico o gen\u00e9rico dirigido a las autoridades en el sentido de realizar una acci\u00f3n o de abstenerse de hacerlo. En este evento, cabe entender que la notificaci\u00f3n y el requerimiento conforman el repertorio de \u00f3rdenes que puede librar la Corte, en sede de revisi\u00f3n, con el objeto de restablecer el orden fundamental quebrantado. La circunstancia de que el estado de cosas no solamente sirva de soporte causal de la lesi\u00f3n iusfundamental examinada, sino que, adem\u00e1s, lo sea en relaci\u00f3n con situaciones semejantes, no puede restringir el alcance del requerimiento que se formule. <\/p>\n
32. El decreto ley 2277 de 1979 – el llamado estatuto docente – tuvo por objeto fijar condiciones uniformes m\u00ednimas de trabajo para todos los educadores que se desempe\u00f1aban en los distintos niveles y modalidades que integraban el sistema educativo del orden nacional, excepto los de los centros de educaci\u00f3n superior, los cuales se ce\u00f1ir\u00edan a normas especiales. Para el efecto, en el decreto se estableci\u00f3 el r\u00e9gimen especial que gobernar\u00eda a estos servidores p\u00fablicos, el cual comprend\u00eda la creaci\u00f3n del escalaf\u00f3n nacional docente, las reglas para el ingreso y ascenso y los derechos, est\u00edmulos, deberes prohibiciones y r\u00e9gimen disciplinario. <\/p>\n
La Ley 60 de 1993 extendi\u00f3 el radio de aplicaci\u00f3n de las normas del estatuto docente a los educadores del orden territorial. En su art\u00edculo 6, inciso 6, expres\u00f3 que \u201c[E]l r\u00e9gimen de remuneraci\u00f3n y las escalas salariales de todos los docentes de los servicios educativos estatales, que en adelante tendr\u00e1n el car\u00e1cter de servidores p\u00fablicos de r\u00e9gimen especial, de los \u00f3rdenes departamental, distrital o municipal, se regir\u00e1 por el decreto ley 2277 de 1979 y dem\u00e1s normas que lo modifiquen y adicionen. Igualmente, sus reajustes salariales ser\u00e1n definidos de conformidad con la Ley 4\u00aa de 1992\u201d. Esta norma fue refrendada por el par\u00e1grafo del art\u00edculo 175 de la Ley General de Educaci\u00f3n (Ley 115 de 1994). La misma ley estableci\u00f3, en el art\u00edculo 115, que \u201cel r\u00e9gimen prestacional de los educadores estatales es el establecido en la Ley 91 de 1989, en la Ley 60 de 1993 y en la presente ley\u201d. <\/p>\n
Finalmente, como ya se advirti\u00f3, el Decreto 196 de 1995 dispuso, reiterando lo expresado en el inciso 2 del art\u00edculo 6 de la Ley 60 de 1993, que todos los educadores de los entes territoriales deb\u00edan ser afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. <\/p>\n
De las normas se\u00f1aladas se deduce que las relaciones laborales de los docentes estatales se gobiernan por un r\u00e9gimen m\u00ednimo general. Inicialmente, ese r\u00e9gimen no era aplicable a los educadores de las entidades territoriales, pero esta situaci\u00f3n fue modificada a partir de la Ley 60 de 1993. Ella estatuy\u00f3, entre otras cosas, que los docentes del orden territorial deb\u00edan ser tambi\u00e9n incorporados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, tal como se ven\u00eda haciendo con los docentes nacionales y nacionalizados. <\/p>\n
De lo anterior se concluye que los docentes de los municipios de Mar\u00eda la Baja y Zambrano que son pagados con recursos propios de esos municipios tienen derecho a ser tratados en igualdad de condiciones respecto de los dem\u00e1s docentes, sin importar cu\u00e1l sea su fuente de financiaci\u00f3n. Ello significa que su no afiliaci\u00f3n al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio constituye una vulneraci\u00f3n al derecho de igualdad, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que la gran mayor\u00eda de los docentes que son financiados con recursos del situado fiscal ya han sido afiliados al Fondo, al igual que los docentes de un n\u00famero considerable de municipios. <\/p>\n
33. Ahora bien, la extensa exposici\u00f3n que ha hecho la Corte, ha puesto de presente las causas que han llevado a una situaci\u00f3n irregular que compromete a las autoridades del sistema educativo. El generalizado incumplimiento de la obligaci\u00f3n de afiliar a los educadores de los municipios al F.N.P.S.M., obedece, entre otros motivos, a los siguientes, los cuales configuran un determinado estado de cosas que contraviene los preceptos constitucionales: (1) ampliaci\u00f3n de las plantas de personal municipal, sin contar con la capacidad presupuestal necesaria para pagar y garantizar la remuneraci\u00f3n \u201ccompleta\u201d ( prestaciones ) a los docentes; (2) inadecuada forma de c\u00e1lculo y distribuci\u00f3n del situado fiscal que, en lugar de otorgarle peso decisivo a las necesidades reales de educaci\u00f3n de la poblaci\u00f3n escolar, toma en consideraci\u00f3n la distribuci\u00f3n geogr\u00e1fica de los docentes; (3) concentraci\u00f3n irracional e inequitativa de los educadores p\u00fablicos en los grandes centros urbanos, lo que deja sin atender las necesidades de muchas poblaciones que, para llenar el vac\u00edo, se ven forzadas a sobrecargar sus finanzas p\u00fablicas a causa del incremento de sus plantas de educadores y de la demanda insatisfecha por este servicio esencial. <\/p>\n
La Corte Constitucional tiene la seguridad de que mientras no se tomen medidas de fondo sobre los factores enunciados y los otros que los expertos puedan determinar, el problema planteado, que de suyo expresa un estado de cosas que pugna con la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y sujeta a un grupo significativo de educadores a sufrir un tratamiento indigno, se tornar\u00e1 de m\u00e1s dif\u00edcil soluci\u00f3n y propiciar\u00e1 la sistem\u00e1tica y masiva utilizaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela. Justamente, con el objeto de que el derecho a la igualdad de los educadores municipales no afiliados todav\u00eda al Fondo no se lesione, la Corte notificar\u00e1 la situaci\u00f3n irregular que ha encontrado a las autoridades p\u00fablicas competentes con miras a que \u00e9stas en un t\u00e9rmino razonable le pongan efectivo remedio, para lo cual deber\u00e1 obrarse sobre las causas reales del fen\u00f3meno descrito. <\/p>\n
34. En relaci\u00f3n con los actores de la presente tutela, dada la patente violaci\u00f3n de su derecho a la igualdad, la Corte no puede menos de revocar los fallos de instancia y, en su lugar, conceder la tutela impetrada. Sin embargo, en vista de la complejidad de la situaci\u00f3n que enfrentan los municipios demandados, de la magnitud de las erogaciones que deben efectuarse con miras a la afiliaci\u00f3n de los educadores al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y de la serie de tr\u00e1mites que exige el proceso de afiliaci\u00f3n, se otorgar\u00e1 un plazo de un a\u00f1o, a partir del primero (1\u00ba) de enero de 1998, para que la misma se lleve a cabo. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, los actores, dada su relaci\u00f3n laboral-administrativa, se encuentran en estado de subordinaci\u00f3n en relaci\u00f3n con los municipios demandados. La acci\u00f3n de tutela, en este caso, es procedente, independientemente de la viabilidad de otros medios ordinarios de defensa judicial, en raz\u00f3n de que se cuestiona en el proceso una conducta p\u00fablica desde una perspectiva constitucional que trasciende los aspectos puntuales de mera aplicaci\u00f3n de la ley. <\/p>\n
D E C I S I O N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Constitucional <\/p>\n
R E S U E L V E <\/p>\n
Primero.- DECLARAR que el estado de cosas que origin\u00f3 las acciones de tutela materia de esta revisi\u00f3n no se aviene a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, por las razones expuestas en esta providencia. Como, al parecer, la situaci\u00f3n descrita se presenta en muchos municipios, se advierte a las autoridades competentes que tal estado de cosas deber\u00e1 corregirse dentro del marco de las funciones que a ellas atribuye la ley, en un t\u00e9rmino que sea razonable. <\/p>\n
Segundo.- ORDENAR que para los efectos del numeral primero se env\u00ede copia de esta sentencia al Ministro de Educaci\u00f3n, al Ministro de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, al Director del Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n y a los dem\u00e1s miembros del CONPES Social; a los Gobernadores y las Asambleas Departamentales; y a los Alcaldes y los Concejos Municipales. <\/p>\n
Tercero.- En consecuencia, REVOCAR los fallos proferidos por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cartagena y por el Juzgado Civil del Circuito de Carmen de Bol\u00edvar, los d\u00edas 28 y 30 de octubre de 1996, respectivamente. En su lugar, se CONCEDE a los demandantes la tutela de su derecho a la igualdad. En consecuencia, los municipios demandados deber\u00e1n, dentro del a\u00f1o siguiente a partir del primero (1\u00ba) de enero de 1998, adelantar y culminar el tr\u00e1mite de afiliaci\u00f3n de los actores al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. <\/p>\n
Cuarto.- Para lo de su competencia, enviar copia de esta sentencia al Procurador General de la Naci\u00f3n, al Defensor del Pueblo y al Contralor General de la Rep\u00fablica. <\/p>\n
Quinto.- L\u00edbrense por Secretar\u00eda las comunicaciones a que se refiere el art\u00edculo 36 del Decreto 2591 de 1991, y todas las dem\u00e1s comunicaciones que sean necesarias para dar efectivo cumplimiento a este fallo. <\/p>\n
Copiese, notifiquese, comuniquese, insertese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cumplase. <\/p>\n
ANTONIO BARRERA CARBONELL <\/p>\n
Presidente <\/p>\n
JORGE ARANGO MEJIA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
CARLOS GAVIRIA DIAZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
HERNANDO HERRERA VERGARA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
VLADIMIRO NARANJO MESA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO <\/p>\n
Secretaria General <\/p>\n
<\/p>\n
1 Sobre el tema del jus variandi ver, entre otras, las sentencias T-615 de 1996, T-016 de 1995, T-514 de 1996 y T-181 de 1996. <\/p>\n
2 Con respecto a las cifras que en adelante se presentan es necesario manifestar que frecuentemente existen disparidades entre los datos que ofrecen el Ministerio de Educaci\u00f3n, el Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n, la gobernaci\u00f3n de Bol\u00edvar y los municipios de Zambrano y Mar\u00eda la Baja. Esta situaci\u00f3n confirmar\u00eda lo expresado por la Comisi\u00f3n de Racionalizaci\u00f3n del Gasto y las Finanzas P\u00fablicas – en su informe sobre la racionalizaci\u00f3n del gasto p\u00fablico en educaci\u00f3n b\u00e1sica, de agosto de 1996 – acerca de que el Ministerio de Educaci\u00f3n carece de un sistema adecuado de informaci\u00f3n que le permita conocer con certeza lo que est\u00e1 ocurriendo en la educaci\u00f3n en el pa\u00eds. Con todo, las diferencias a las que se alude no son de trascendencia para los efectos de esta sentencia, pues a pesar de las divergencias entre ellas permiten observar las tendencias existentes en el campo educativo. <\/p>\n
3 Se trata de Santa Fe de Bogot\u00e1, Cartagena, Santa Marta y Barranquilla. <\/p>\n
4 Las transferencias por participaci\u00f3n en los ingresos corrientes de la Naci\u00f3n se consideran como recursos propios de los municipios, si bien frecuentemente los mismos municipios se refieren a ellas como si no lo fueran. <\/p>\n
5 Tomado de: Unidad Administrativa Especial de Desarrollo Territorial del Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n: \u201cSituado fiscal 1995. Informe sobre aplicaci\u00f3n de la ley 60 de 1993\u201d, en: Planeaci\u00f3n y Desarrollo, vol. XXVII, N\u00b0 3, Bogot\u00e1, p. 116. <\/p>\n
6 Ver sobre este tema: Unidad Administrativa Especial de Desarrollo Territorial del Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n: \u201cSituado fiscal 1995. Informe sobre aplicaci\u00f3n de la Ley 60 de 1993\u201d, en: Planeaci\u00f3n & desarrollo, Vol. XXVII, N\u00b0 3, 1996. Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n, Bogot\u00e1; Comisi\u00f3n de racionalizaci\u00f3n del gasto y las finanzas p\u00fablicas: Racionalizaci\u00f3n del gasto p\u00fablico en educaci\u00f3n b\u00e1sica (agosto de 1996), Mimeo; Divisi\u00f3n de Educaci\u00f3n y Cultura de la Unidad de Desarrollo Social del Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n: Caracter\u00edsticas de los docentes y el personal administrativo colombiano en 1995, Bogot\u00e1, mimeo. <\/p>\n
7 La distribuci\u00f3n por municipios de los recursos del situado fiscal que reciben los departamento es regulada por el art\u00edculo 13 de la Ley 60 de 1993. Este establece que \u201cson criterios m\u00ednimos para la distribuci\u00f3n del situado fiscal entre los municipios los mismos previstos por el art\u00edculo 11o. para la distribuci\u00f3n entre departamentos y distritos, excepto la al\u00edcuota del 15%. Se tendr\u00e1 en cuenta como criterio especial, un porcentaje de los recursos del situado fiscal que se repartir\u00e1 entre los municipios que hubieran asumido descentralizadamente las competencias de salud o educaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
8 Ver Documento Conpes social N\u00b0 20 Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n -UDT, noviembre 11 de 1993 sobre distribuci\u00f3n territorial y sectorial del situado fiscal y de la participaci\u00f3n municipal en los ingresos corrientes, para 1994. La cifra no atiende ni a las modificaciones a la distribuci\u00f3n del mismo a\u00f1o ni al reaforo fiscal, consignados en los documentos Conpes social 25 -MINEDUCACION-DNP :UDT S25,enero de 1994,y Conpes 2805-DNP: UDT, septiembre de 1995, respectivamente. <\/p>\n
9 Ver Documento Conpes social N\u00b0 36-DNP :UDT, enero de 1997: Distribuci\u00f3n del situado fiscal 1997. <\/p>\n
10 Sobre la prevalencia de los derechos de los ni\u00f1os ver, entre otras, las siguientes sentencias :C-459 de 1995, C-041 de 1994, T-029 de 1994, T-283 de 1994, T-298 de 1994 y T-598 de 1993. <\/p>\n
11 Sobre el tema del jus variandi ver, entre otras, las sentencias T-615 de 1996, T-016 de 1995, T-514 de 1996 y T-181 de 1996. <\/p>\n
12 En este punto se advierte nuevamente la inexactitud en las cifras disponibles. En efecto, los datos que sobre este punto ofrecen la gobernaci\u00f3n de Bol\u00edvar y el Ministerio de Educaci\u00f3n divergen de los presentados por los municipios. Si bien, se podr\u00eda argumentar que las diferencias se explicar\u00edan por el hecho de que las cifras se\u00f1aladas por los municipios son actualizadas, lo cierto es que las disparidades son protuberantes en algunos casos, raz\u00f3n por la cual ese argumento no es de recibo. <\/p>\n
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SU559-97 Sentencia SU.559\/97 SITUADO FISCAL EN MATERIA EDUCATIVA-Inequitativa distribuci\u00f3n entre los departamentos y para con sus municipios SITUADO FISCAL EN MATERIA EDUCATIVA-Criterio que debe regir proceso de distribuci\u00f3n A la luz de la Constituci\u00f3n el criterio que debe regir el proceso de distribuci\u00f3n del situado fiscal es el relacionado con […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[26],"tags":[],"class_list":["post-3067","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-sentencias-de-unificacion-1997"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3067","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3067"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3067\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3067"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3067"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3067"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}