T-001-97<\/p>\n
Sentencia T-001\/97 <\/p>\n
ACCION DE TUTELA-Procedencia por falta de idoneidad del medio judicial\/PERJUICIO IRREMEDIABLE-Procedencia transitoria de tutela <\/p>\n
La falta de idoneidad del medio judicial ordinario da lugar a la viabilidad de la tutela para la efectividad de los derechos afectados o en peligro; y, correlativamente, si dicho medio judicial se muestra apto para el se\u00f1alado fin, ha de aplicarse el precepto constitucional a cuyo tenor no es procedente la tutela, a menos que se establezca la inminencia de un perjuicio irremediable, en cuyo caso cabe la protecci\u00f3n temporal de tales derechos mientras se resuelve de manera definitiva la controversia por el juez de la causa. <\/p>\n
MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL IDONEO Y EFICAZ-Improcedencia de tutela\/ACCION DE TUTELA TRANSITORIA-Protecci\u00f3n de derechos <\/p>\n
Si para lograr los fines que se persigue existe un medio judicial id\u00f3neo y efectivo que resguarde sus derechos, la acci\u00f3n de tutela no tiene aplicaci\u00f3n, salvo la hip\u00f3tesis del da\u00f1o irreparable que hiciera tard\u00edo e in\u00fatil el fallo de la justicia ordinaria. En este \u00faltimo evento, no es desplazada la competencia definitiva del juez natural para resolver sobre el asunto litigioso -pues en todo caso, ante \u00e9l deber\u00e1 instaurarse acci\u00f3n dentro de los cuatro meses siguientes al fallo de tutela temporal-, sino que se brinda una protecci\u00f3n urgente encaminada exclusivamente a impedir de manera oportuna la violaci\u00f3n irreversible de los derechos fundamentales materia de proceso. <\/p>\n
ACCION DE TUTELA EN MATERIA LABORAL-Improcedencia general <\/p>\n
En el campo laboral, aunque est\u00e1 de por medio el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas y existen motivos para que en casos excepcionales pueda la acci\u00f3n de tutela ser un instrumento con mayor aptitud para salvaguardar aqu\u00e9l y otros derechos fundamentales, tiene lugar la regla general, ya que las controversias originadas en una relaci\u00f3n de trabajo, bien por vinculaci\u00f3n mediante contrato o por nexo legal y reglamentario con entidades p\u00fablicas, tienen suficientes mecanismos de control, defensa y resoluci\u00f3n en los procesos ordinarios, ampliamente desarrollados de tiempo atr\u00e1s en nuestro sistema jur\u00eddico. <\/p>\n
ACCION DE TUTELA-Improcedencia general pago de acreencias laborales <\/p>\n
La jurisprudencia de la Corte ha sido enf\u00e1tica en sostener que la liquidaci\u00f3n y pago de obligaciones laborales escapa al \u00e1mbito propio de la acci\u00f3n de tutela, y si bien es cierto ha admitido su procedencia en algunos casos, ellos han sido excepcionales y primordialmente sustentados en la falta de idoneidad del medio ordinario, en los t\u00e9rminos que se dejan expuestos, relativos siempre de manera espec\u00edfica y directa a las circunstancias en las que se encuentra el actor, lo cual excluye de plano que pueda concederse el amparo judicial para los indicados fines, masiva e indiscriminadamente. La jurisprudencia ha entendido que se desvirtuar\u00eda la Carta Pol\u00edtica, en cuanto se quebrantar\u00eda la prevalencia del derecho sustancial, el acceso efectivo a la justicia y el principio de econom\u00eda procesal, en detrimento de los derechos fundamentales en juego, si se forzara el uso del medio judicial ordinario, a sabiendas de su ineptitud en el caso concreto, cerrando de manera absoluta la v\u00eda contemplada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
DEMANDA DE TUTELA-Acreditaci\u00f3n del t\u00edtulo para reclamar prestaciones\/JUEZ DE TUTELA-Incompetencia para liquidaci\u00f3n de prestaciones <\/p>\n
JUEZ DE TUTELA-Devoluci\u00f3n dineros pagados sin t\u00edtulo a Foncolpuertos <\/p>\n
Resulta imprescindible distinguir entre quienes ejercieron la acci\u00f3n de tutela sin presentar t\u00edtulo alguno y obtuvieron sentencia favorable y pago, y aquellos que lograron el pago pero pose\u00edan el t\u00edtulo correspondiente con arreglo a la ley. Aunque en una y otra hip\u00f3tesis ha debido ser negada la tutela por los motivos que aqu\u00ed se exponen, quien recibi\u00f3 sin t\u00edtulo est\u00e1 obligado a reintegrar a Foncolpuertos las cantidades que le fueron indebidamente canceladas, pues se trata del pago de lo no debido, mientras que, por el contrario, los extrabajadores que ten\u00edan un t\u00edtulo legal a su favor y recibieron el pago de lo que en efecto se les deb\u00eda, no tienen que restituir, en cuanto, aun a pesar de haber utilizado una v\u00eda judicial inadecuada, ten\u00edan derecho a lo que recibieron. <\/p>\n
ACCION DE TUTELA-Improcedencia general ejecuci\u00f3n de obligaciones laborales\/PROCESO EJECUTIVO LABORAL-Improcedencia de tutela <\/p>\n
No es viable la tutela -salvo los casos excepcionales que la jurisprudencia ha venido definiendo- para alcanzar la ejecuci\u00f3n de obligaciones laborales en cabeza de entidades p\u00fablicas o privadas. Para el efecto, el sistema jur\u00eddico ha previsto los procesos ejecutivos laborales, que son \u00e1giles y adecuados a la finalidad perseguida, cuyas reglas, por supuesto, facilitan el acceso de los trabajadores a la administraci\u00f3n de justicia, desplazando al amparo. <\/p>\n
BUENA FE PROCESAL-Particulares demandan servicios a cargo del Estado\/FRAUDE PROCESAL <\/p>\n
El principio de la buena fe, exigible a las autoridades p\u00fablicas, debe ser atendido por los particulares que acuden al Estado en demanda de los servicios a su cargo. Frente a la administraci\u00f3n de justicia, no s\u00f3lo se espera que los jueces presuman la buena fe y la actuaci\u00f3n honrada de quienes comparecen ante sus estrados, sino que el sistema jur\u00eddico demanda de las partes e intervinientes en los procesos judiciales la exposici\u00f3n de sus pretensiones y el ejercicio de sus garant\u00edas y derechos con arreglo a una efectiva buena fe procesal, indispensable para que la normatividad alcance los fines a ella se\u00f1alados por la Constituci\u00f3n, que se sintetizan en el logro de un orden justo. El debido proceso requiere, por otra parte, no solamente el sometimiento de los jueces a las formas propias de cada juicio y la plenitud de las garant\u00edas que la Carta otorga a todas las personas, sino que se hace menester el concurso de \u00e9stas para realizar los prop\u00f3sitos de la justicia a partir de la observancia estricta de las reglas de Derecho aplicables, lo que conduce a la consagraci\u00f3n de tipos delictivos como el del fraude procesal, vigente entre nosotros. <\/p>\n
ACCION DE TUTELA TEMERARIA-Consecuencias <\/p>\n
Respecto de la acci\u00f3n de tutela, el legislador ha sido muy estricto en la previsi\u00f3n de las consecuencias que apareja su utilizaci\u00f3 n indebida, en especial teniendo en cuenta que, por raz\u00f3n de la misma amplitud con la cual el Constituyente quiso asegurar la efectividad de los derechos fundamentales, todos los jueces de la Rep\u00fablica, a lo largo y ancho del territorio, est\u00e1n habilitados en principio para recibir y dar tr\u00e1mite a las solicitudes de protecci\u00f3n. Si el accionante se aparta del debido proceso y, animado por las perspectivas que le ofrece la posibilidad de enfoques y criterios judiciales divergentes, se presenta de manera simult\u00e1nea o sucesiva ante varios despachos, planteando en todos ellos id\u00e9ntico conflicto, la carencia de una sistematizaci\u00f3n adecuada hace posible que, no obstante las precauciones de la ley, se profieran dos o m\u00e1s sentencias en torno al mismo asunto. Ello, desfigura la acci\u00f3n y hace propicio el sistema para que personas inescrupulosas asalten la buena fe de los administradores de justicia. Claro est\u00e1, no se descarta que en algunas ocasiones las irregularidades surjan no solamente por la actuaci\u00f3n indebida de los peticionarios sino, adem\u00e1s, por el ejercicio il\u00edcito de la profesi\u00f3n de abogado o por la connivencia de los propios jueces. Como tales conductas pueden implicar la comisi\u00f3n de delitos o de faltas disciplinarias, no pueden formularse juicios de valor ni hacerse sindicaciones colectivas e indiscriminadas, siendo por ello indispensable que la justicia constitucional, cumplida su funci\u00f3n, entregue los elementos de juicio de los que dispone a las autoridades competentes. <\/p>\n
ABUSO DE LA TUTELA-Reclamaci\u00f3n prestaciones sociales a Foncolpuertos <\/p>\n
Se incurri\u00f3 en un palmario e inconcebible abuso de la acci\u00f3n de tutela, merced a la temeridad de los actores o de sus apoderados, raz\u00f3n por la cual, adem\u00e1s de la absoluta negativa de prosperidad de las pretensiones, se deriva la consecuencia de la condena en costas y de las indispensables investigaciones de car\u00e1cter penal y disciplinario que habr\u00e1n de ser ordenadas. No pod\u00edan los abogados en los casos bajo examen atribuirse, sin poder, la facultad de agenciar los derechos de extrabajadores de Colpuertos, menos todav\u00eda si no se configuraba ejercicio de una agencia oficiosa, que ni ten\u00eda lugar, por cuanto faltaba el requisito de la indefensi\u00f3n de los solicitantes, ni fue puesta de presente en las demandas, ni tampoco ratificada por los interesados. Mal puede concebirse la utilizaci\u00f3n de un original del poder para presentar una demanda y el uso de fotocopias del mismo documento con el objeto de presentar otras, a no ser que se trate del ejercicio temerario de la acci\u00f3n, proscrito por la ley. <\/p>\n
COSTAS EN TUTELA-Ejercicio temerario de acci\u00f3n <\/p>\n
La Corte manifest\u00f3 que, en los tr\u00e1mites de amparo judicial de los derechos fundamentales, la condenaci\u00f3n en costas no tiene un car\u00e1cter disuasivo, en cuanto al ejercicio mismo de la acci\u00f3n, cuya esencia es la gratuidad, sino que se justifica en raz\u00f3n del uso doloso o abusivo del instrumento constitucional. Para la Corte, no se establece en forma paralela las costas y la temeridad, sino que identifica \u00e9sta con aqu\u00e9llas, de modo que, si no hay temeridad, no nace la potestad del juez para sancionar al accionante con la imposici\u00f3n del pago correspondiente. <\/p>\n
ACCION DE TUTELA-Resoluci\u00f3n <\/p>\n
Quien ejerce acci\u00f3n de tutela tiene derecho a que el juez competente resuelva acerca de la demanda presentada, con independencia del sentido en que lo haga. Ello es propio de la actividad confiada por la Carta Pol\u00edtica a los jueces y corresponde al debido proceso y a un concepto material del acceso a la administraci\u00f3n de justicia, m\u00e1xime si se trata de definir situaciones que comprometen los derechos fundamentales de los solicitantes. <\/p>\n
Referencia: Expedientes acumulados T-96243, T-101985, T-102187, T.102522, T-102679, T-102909, T-103081, T-103842, T-103935, T-104221, T-104227, T-104228, T-104294, T-104405, T-104866, T-105480, T-105541, T-105573, T-105610, T-106090, T-106010, T-106284, T-106325, T-106561, T-106557, T-106582, T-106633, T-106634, T-106819, T-106890, T-106948, T-107809, T-107830 y T-108085. <\/p>\n
Acci\u00f3n de tutela instaurada por Abad Romero Mercedes y otros contra el Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia-FONCOLPUERTOS. <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO <\/p>\n
Sentencia aprobada en Santa Fe de Bogot\u00e1, D.C., a los veinti\u00fan (21) d\u00edas del mes de enero de mil novecientos noventa y siete (1997). <\/p>\n
Se revisan los fallos proferidos por distintos jueces de la Rep\u00fablica al resolver sobre demandas acumuladas de tutela en los procesos de la referencia. <\/p>\n
Por razones de celeridad y econom\u00eda procesal, la Sala ha resuelto fallar sobre los treinta y cuatro primeros expedientes del total que ha sido acumulado en torno a la misma materia. Los dem\u00e1s se ir\u00e1n resolviendo por grupos, mediante posteriores sentencias, en orden de ingreso al Despacho. <\/p>\n
I. INFORMACION PRELIMINAR <\/p>\n
Los fallos de los que ahora se ocupa la Corte tuvieron origen en las acciones de tutela instauradas contra el Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia -FONCOLPUERTOS-, por personas que mantuvieron v\u00ednculos laborales con la entidad cuya liquidaci\u00f3n se adelanta. <\/p>\n
En este primer grupo la Corte revis\u00f3 un total de 34 expedientes, relativos a las acciones de tutela ejercidas por 470 personas, cuyos nombres se indican a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
Abad Romero Mercedes <\/p>\n
Abello Cay\u00f3n Armando Enrique <\/p>\n
Acosta de Barrios Josefina <\/p>\n
Agudelo Ram\u00edrez Eugenio Alberto <\/p>\n
Alaiz Toncel Edgar Alberto <\/p>\n
Alegr\u00eda Pedro Nel <\/p>\n
Alvarado Orozco Heriberto Antonio <\/p>\n
\u00c1lvarez de Granados Ana Leonidas <\/p>\n
Anaya Eyes Mart\u00edn <\/p>\n
Angulo Ortiz Lu\u00eds Francisco <\/p>\n
Apreza Rojas Julio Alfonso <\/p>\n
Araujo Quiroz Oswaldo <\/p>\n
Araujo Wenceslao <\/p>\n
Arboleda Antonio Ricaurte <\/p>\n
Ar\u00e9valo Guerrero Roy Alberto <\/p>\n
Ar\u00e9valo Hern\u00e1ndez Carlos Arturo <\/p>\n
Armenta Salda\u00f1a Roque \u00c1ngel <\/p>\n
Avenda\u00f1o Miranda Rafael Calixto. <\/p>\n
Avenda\u00f1o Polo Felipe Santiago <\/p>\n
\u00c1vila Pacheco Lorenzo Rafael <\/p>\n
Ayola Fontalvo Julio Cesar <\/p>\n
Banguera Qui\u00f1onez Petronilo <\/p>\n
Barraza Pardo Germ\u00e1n <\/p>\n
Barrios Coronado David Patricio <\/p>\n
Bautista \u00c1vila Argelia <\/p>\n
Benavides Castillo Gloria Isabel <\/p>\n
Berm\u00fadez Areiza David <\/p>\n
Berm\u00fadez Mengual S\u00f3focles Adolfo <\/p>\n
Berm\u00fadez Pardo Julio Cesar <\/p>\n
Blanco Melo Horacio <\/p>\n
Bola\u00f1o M\u00e1rquez Mois\u00e9s Alberto <\/p>\n
Bola\u00f1o Romero Carlos Adaulfo <\/p>\n
Bonett Amaya Jos\u00e9 Trinidad <\/p>\n
Bornachera de Varela Noem\u00ed Ruth <\/p>\n
Borre Bustamante Wilfrido <\/p>\n
Bravo Torres F\u00e9nix Marina <\/p>\n
Brito Constante Rafael <\/p>\n
Brito Fern\u00e1ndez Jos\u00e9 Isabel <\/p>\n
Brito Guti\u00e9rrez Juan Segundo <\/p>\n
Britto Antonio Joaqu\u00edn <\/p>\n
Britto Castro Benjam\u00edn Segundo <\/p>\n
Britto P\u00e9rez Lu\u00eds Rafael <\/p>\n
Britto P\u00e9rez Manuel Antonio <\/p>\n
Brochero V\u00e9lez Carlos Arturo <\/p>\n
Bruges Zapata Alberto de Jes\u00fas <\/p>\n
Bruges Garc\u00eda Ramiro Antonio <\/p>\n
Bruges Grac\u00eda \u00c1lvaro <\/p>\n
Bruges Llanes Osvaldo <\/p>\n
Buend\u00eda Castro Alfredo <\/p>\n
Caballero Mu\u00f1oz Pablo Antonio <\/p>\n
Cabarcas P\u00e9rez Jaime Enrique <\/p>\n
Cabas M\u00e1rquez Jaime <\/p>\n
Cadaviedes Constante Carlos Arturo <\/p>\n
Caicedo de Vi\u00e1fara Leonarda <\/p>\n
Caicedo Obreg\u00f3n Jos\u00e9 del Carmen <\/p>\n
Camacho de la Rosa Amparo Isabel <\/p>\n
Camargo Mercado Himera <\/p>\n
Campo Avilez Anastasio <\/p>\n
Campo Gonz\u00e1lez Jos\u00e9 Mar\u00eda <\/p>\n
Campo Maestre Jos\u00e9 Taracio <\/p>\n
Campo Pardo Jos\u00e9 Ignacio <\/p>\n
Campo Vives Teresita Martha <\/p>\n
Cantillo Barrios Jos\u00e9 Francisco <\/p>\n
C\u00e1rdenas Chaves Roberto <\/p>\n
C\u00e1rdenas Rodr\u00edguez Juan Jos\u00e9 <\/p>\n
Cariaga Guerra Lu\u00eds Enrique <\/p>\n
Carmona Mart\u00ednez Margarita Isabel <\/p>\n
Carrillo G\u00f3mez Jorge Eli\u00e9cer <\/p>\n
Carrillo Juan de la Cruz <\/p>\n
Cassiani Ledesma Marcelino <\/p>\n
Castillo Aguilar Carlos <\/p>\n
Castrill\u00f3n Melo Hector Enrique <\/p>\n
Castro Calle Carmen <\/p>\n
Castro Garc\u00eda Victor Manuel <\/p>\n
Castro Igirio Victor <\/p>\n
Castro L\u00f3pez Eudoxio <\/p>\n
Castro Pimienta Jos\u00e9 Nicol\u00e1s <\/p>\n
Ceballos Bernales Edgardo <\/p>\n
Celed\u00f3n Molinares Carlos Aurelio <\/p>\n
Colina Fontalvo \u00c1lvaro Alcides <\/p>\n
Colorado Lerma Bonifacio <\/p>\n
Contreras Tob\u00edas Julio Manuel <\/p>\n
Coronado Eduardo de la Cruz <\/p>\n
Correa G\u00e1lvez Manuel <\/p>\n
Correa Medina Anibal Segundo <\/p>\n
Correa N\u00fa\u00f1ez Federico Antonio <\/p>\n
Correa Valdovino Jairo Dionisio <\/p>\n
Cort\u00e9s Correa Humberto Enrique <\/p>\n
Cotes de Noguera Abello Liscinia del Carmen <\/p>\n
Crespo Palma Jairo Enrique <\/p>\n
Cucunuba Ochoa Oscar El\u00ed <\/p>\n
Cuello Garc\u00eda Lu\u00eds Guillermo <\/p>\n
Cuesta Moreno Ren\u00e9 <\/p>\n
Cuisman Murgas Edinson David <\/p>\n
D\u00e1vila Arias Marco Antonio <\/p>\n
Daza Zapata Rodulfo Enrique <\/p>\n
Daza Zapata William <\/p>\n
De Guzm\u00e1n Araujo Rodrigo Domingo <\/p>\n
De la Hoz Barraza Jos\u00e9 Santander <\/p>\n
De la Hoz Medina Marcos <\/p>\n
De la Hoz Ortega Hinarco Higinio <\/p>\n
De Le\u00f3n Pacheco Amado Santander <\/p>\n
De Le\u00f3n Pacheco Carlos Rafael <\/p>\n
De Le\u00f3n Pacheco Guillermo Calixto <\/p>\n
De Le\u00f3n Pacheco Santiago Rafael <\/p>\n
De Lima Arregoces Julio Cesar <\/p>\n
De Lima Ramos Alfredo Enrique <\/p>\n
Delgado Noriega Delmiro Manuel <\/p>\n
Dewdney Torres Jorge <\/p>\n
Diaz Bola\u00f1o Hugo Alfonso <\/p>\n
D\u00edaz Conde Ram\u00f3n Francisco <\/p>\n
Diaz Granados Diaz Ganados Matilde Isabel <\/p>\n
Diaz Guti\u00e9rrez Oswaldo <\/p>\n
Diaz Herrera Gilberto Enrique <\/p>\n
D\u00edaz Loaiza Jos\u00e9 Vicente <\/p>\n
Diuza Qui\u00f1onez Jos\u00e9 Domingo <\/p>\n
Dom\u00ednguez Diaz Silvio de Jes\u00fas <\/p>\n
Dur\u00e1n Gamarra Yamile <\/p>\n
Dur\u00e1n Rodr\u00edguez Manuel de Jes\u00fas <\/p>\n
Emiliany G\u00f3mez Jos\u00e9 Antonio. <\/p>\n
Escalante Ebrath Miguel Angel <\/p>\n
Escobar de Andreis Eva Cecilia <\/p>\n
Esmeral Mier \u00c1ngel Manuel <\/p>\n
Espitia Ortiz Rafael <\/p>\n
Evilla Lobo Orlando <\/p>\n
Fawcett Acosta Carlos Alberto <\/p>\n
Fern\u00e1ndez Cantillo Victor Dario <\/p>\n
Fern\u00e1ndez G\u00e1mez Pr\u00f3spero <\/p>\n
Fern\u00e1ndez L\u00f3pez Magalis Esther <\/p>\n
Ferreira Barros Jorge Lu\u00eds <\/p>\n
Ferreira Brice\u00f1o Alfonso <\/p>\n
Ferreira Pedraza Santiago <\/p>\n
Figueroa Jim\u00e9nez Abel Enrique <\/p>\n
Fl\u00f3rez P\u00e9rez Manuel Salvador <\/p>\n
Fl\u00f3rez Urbina Zaida Luz <\/p>\n
Fontalvo Rodr\u00edguez Modesto <\/p>\n
Francisco V\u00e1squez Jacobo <\/p>\n
Freile Loaiza Hermes Enrique <\/p>\n
Freyle C\u00f3rdova Ismael Segundo <\/p>\n
Fuentes de Luque Irma Raquel <\/p>\n
Fuentes Manjarr\u00e9s Gustavo M. <\/p>\n
Fuentes Rodr\u00edguez Julia del Carmen <\/p>\n
Galvis Prieto Fernando <\/p>\n
Gamero Gonz\u00e1lez Gilberto Antonio <\/p>\n
Gamero S\u00e1nchez Domingo Antonio <\/p>\n
Garay V\u00e1squez Fernando Emilio <\/p>\n
Garc\u00eda Armenta Carlos Alfredo <\/p>\n
Garc\u00eda de Granados Edilma Esther <\/p>\n
Garc\u00eda de la Victoria Edgar <\/p>\n
Garc\u00eda Gonz\u00e1lez Desposorio <\/p>\n
Garc\u00eda Mayorca Carlos <\/p>\n
Garz\u00f3n Altamar Miguel <\/p>\n
Ger\u00f3nimo Cervantes Ubaldina <\/p>\n
Goenaga Cotes Roberto David <\/p>\n
Goenaga N\u00fa\u00f1ez Florentino Segundo <\/p>\n
G\u00f3mez H. Manuel Gregorio <\/p>\n
G\u00f3mez Herrera Jairo Mart\u00edn <\/p>\n
G\u00f3mez M\u00e1rtinez Olga Mery <\/p>\n
G\u00f3mez Murga Carlos Alfonso <\/p>\n
G\u00f3mez S\u00e1nchez Rito Rafael <\/p>\n
Gonz\u00e1lez Alturo Jos\u00e9 Antonio <\/p>\n
Gonz\u00e1lez Campo Lu\u00eds Mar\u00eda <\/p>\n
Gonz\u00e1lez Jos\u00e9 Manuel <\/p>\n
Gonz\u00e1lez de la Hoz Oscar Manuel <\/p>\n
Gonz\u00e1lez Gonz\u00e1lez Julio C. <\/p>\n
Gonz\u00e1lez Mengual Gregorio <\/p>\n
Gonz\u00e1lez Suarez Alfonso E. <\/p>\n
Granados Berm\u00fadez Manuel Alfonso <\/p>\n
Granados Correa Jos\u00e9 del Carmen <\/p>\n
Granados Mart\u00ednez Pedro Valent\u00edn <\/p>\n
Granados Noriega Genaro <\/p>\n
Granados Ospino Fredy Enrique <\/p>\n
Granados Pab\u00f3n Ricardo Enrique <\/p>\n
Granados Salazar Numa P. <\/p>\n
Guao Mart\u00ednez Andr\u00e9s Avelino <\/p>\n
Guerra Mej\u00eda Dagoberto <\/p>\n
Guerra Vega Jos\u00e9 Antonio <\/p>\n
Guerra Vega Rafael Antonio <\/p>\n
Guerrero Illidge Manuel <\/p>\n
Guti\u00e9rrez Caballero Jos\u00e9 de los Santos <\/p>\n
Guti\u00e9rrez Mu\u00f1oz Edgar Emilio <\/p>\n
Henr\u00edquez Creux Adolfo <\/p>\n
Henr\u00edquez de Garc\u00eda Judit Emma <\/p>\n
Henr\u00edquez Munive Enelda del Socorro <\/p>\n
Herazo Cabello Pablo <\/p>\n
Hern\u00e1ndez Garc\u00eda Jairo <\/p>\n
Hern\u00e1ndez G\u00f3mez Eraus Enrique <\/p>\n
Hern\u00e1ndez L\u00f3pez Adolfo <\/p>\n
Hern\u00e1ndez P\u00e9rez Adalberto <\/p>\n
Hern\u00e1ndez Rodr\u00edguez Donaldo Enrique <\/p>\n
Hern\u00e1ndez Rodr\u00edguez Wenceslao <\/p>\n
Herrera Toncel Rafael <\/p>\n
Huertas Diaz Valent\u00edn Segundo <\/p>\n
Huertas Jim\u00e9nez Jos\u00e9 Antonio <\/p>\n
Huertas Montes Lu\u00eds Francisco <\/p>\n
Iba\u00f1ez Santiago Tom\u00e1s Rodolfo <\/p>\n
Iguar\u00e1n Effer Rafael Emilio <\/p>\n
Iguar\u00e1n Ram\u00edrez Segundo Virgilio <\/p>\n
Imitola Villanueva Rafael Eduardo <\/p>\n
Jim\u00e9nez Ariza Julio Cesar <\/p>\n
Jolianes Rodr\u00edguez Gilberto <\/p>\n
Labarces Fandi\u00f1o Jos\u00e9 Rafael <\/p>\n
Labarces Maestre Armando E. <\/p>\n
Laborde Forero Jos\u00e9 <\/p>\n
Lacauture Ospino Carmen Paulina Mar\u00eda <\/p>\n
Lacera Navarro Heriberto S. <\/p>\n
Laju\u00f3 Escobar Leudis <\/p>\n
Leguia T\u00e9llez Eduardo Arturo <\/p>\n
Lemus Monta\u00f1o Raul Enrique <\/p>\n
Le\u00f3n Hern\u00e1ndez Orlando Manuel <\/p>\n
Linero Bernal Lu\u00eds Aurelio <\/p>\n
Linero Creus Jorge Enrique <\/p>\n
Lizcano Obispo Jos\u00e9 <\/p>\n
Lizcano Pacheco William Alberto <\/p>\n
LLanes C\u00f3rdoba Gustavo <\/p>\n
Llanes Lopsam Dagoberto <\/p>\n
Llanes Lopsan Jorge Calisto <\/p>\n
Lobo Mendoza Wilson Manuel <\/p>\n
L\u00f3pez Cabana \u00c1ngela <\/p>\n
L\u00f3pez Iguar\u00e1n Julia C. <\/p>\n
L\u00f3pez Mengual Alfonso <\/p>\n
L\u00f3pez Mesa Victor <\/p>\n
L\u00f3pez Sierra Carlos Alberto <\/p>\n
Lovera Suarez Jos\u00e9 Trinidad <\/p>\n
Lozada Baldovino Fidel <\/p>\n
Lozada de la Cruz Carlos Adolfo <\/p>\n
Lozada Peczzano Aroldo Enrique <\/p>\n
Lozano P\u00e9rez Arg\u00e9nida Mar\u00eda <\/p>\n
Machado Orozco Manuel <\/p>\n
Maestre Jim\u00e9nez Nicol\u00e1s <\/p>\n
Maiguel de Celed\u00f3n Zunilda Cecilia <\/p>\n
Maiguel Noguera Martha Beatriz <\/p>\n
Mancilla Charris Santiago Mayor <\/p>\n
Manjarr\u00e9s de Mendoza Marinelda <\/p>\n
Manjarrez Acosta Manuel Agust\u00edn <\/p>\n
Manjarres Qui\u00f1ones Lu\u00eds Segundo <\/p>\n
Mar\u00edn Andrade Hector Manuel <\/p>\n
Mar\u00edn Diaz Jos\u00e9 Mar\u00eda <\/p>\n
M\u00e1rquez Colina Etilson Rafael <\/p>\n
Marriaga P\u00e9rez Jos\u00e9 de los Santos <\/p>\n
Mart\u00ednez de Ropain Am\u00e9rica <\/p>\n
Mart\u00ednez Diaz Granados Gabriel <\/p>\n
Mart\u00ednez Escobar Emiro Nell <\/p>\n
Mart\u00ednez Gonz\u00e1lez Humberto <\/p>\n
Mart\u00ednez Hern\u00e1ndez Jorge Manuel <\/p>\n
Mart\u00ednez Jim\u00e9nez Marina <\/p>\n
Mart\u00ednez L\u00f3pez Marina del Socorro <\/p>\n
Mart\u00ednez Mart\u00ednez Anibal <\/p>\n
Mart\u00ednez Suarez Mario Rafael <\/p>\n
Mart\u00ednez Villar Oscar Francisco <\/p>\n
Matos V\u00e1squez Jos\u00e9 de las Mercedes <\/p>\n
Matos V\u00e1squez Lu\u00eds Magin <\/p>\n
Matos V\u00e1squez Tom\u00e1s Alberto <\/p>\n
Mattos Cantillo Norberto de Jes\u00fas <\/p>\n
Medina Herrera Guillermo <\/p>\n
Mel\u00e9ndez Manjarr\u00e9s Fernando <\/p>\n
Mel\u00e9ndez Zafrane Ram\u00f3n Adolfo <\/p>\n
M\u00e9ndez Campo Alfonso <\/p>\n
M\u00e9ndez Montufar Lu\u00eds Alfonso <\/p>\n
Mendivil de Rodr\u00edguez Ena Fabiola <\/p>\n
Mendoza Amairo Jos\u00e9 <\/p>\n
Mendoza Armenta Juan Osvaldo <\/p>\n
Mendoza Granados Rafael <\/p>\n
Mendoza Guerra Carlos Segundo <\/p>\n
Mendoza Meza Marta Beatriz <\/p>\n
Mendoza Mora Rodrigo Enrique <\/p>\n
Mendoza Torres Carlos Manuel <\/p>\n
Mendoza Viuda de L\u00f3pez Sierra Dilia <\/p>\n
Mercado De Charris Marta Gilda <\/p>\n
Meza de \u00c1vila Ram\u00f3n <\/p>\n
Meza Mart\u00ednez Apolinar <\/p>\n
Mier Benitez Hugo Horacio <\/p>\n
Mier Osorio Urbano A. <\/p>\n
Miranda Silva Daniel Apolonio <\/p>\n
Molina D\u00edaz Alfredo <\/p>\n
Montalvo Agudelo Nicol\u00e1s <\/p>\n
Montalvo Escorcia Juan Carlos <\/p>\n
Montero G\u00f3mez Justiniano <\/p>\n
Montero Hincapi\u00e9 Epismelio Segundo <\/p>\n
Montero Rodr\u00edguez Rafael <\/p>\n
Mozo Carlos Alberto <\/p>\n
Mu\u00f1oz Matos Ismael Guillermo <\/p>\n
Mu\u00f1oz Ospino Cesar Augusto <\/p>\n
Mu\u00f1oz S\u00e1nchez Francisco <\/p>\n
Mu\u00f1oz Zu\u00f1iga Cesar Augusto <\/p>\n
Narvaez Mazanet Manuel Antonio <\/p>\n
Navarro Maiguel Germ\u00e1n <\/p>\n
Navarro N\u00fa\u00f1ez Jorge <\/p>\n
Niebles Ayala Dolores Mar\u00eda <\/p>\n
Noguera Aguilar Mar\u00eda del Socorro <\/p>\n
Noguera Lacouture Julio Francisco <\/p>\n
Noquera Torres Jorge Eli\u00e9cer <\/p>\n
Noriega Escobar Hernando <\/p>\n
Noriega Escobar Raul <\/p>\n
Noriega Moscote Victor Manuel <\/p>\n
N\u00fa\u00f1ez Bustos Roberto Gustavo <\/p>\n
N\u00fa\u00f1ez de \u00c1vila Roberto Gustavo <\/p>\n
N\u00fa\u00f1ez L\u00f3pez Pedro <\/p>\n
Ochoa Rua Lu\u00eds <\/p>\n
Oduber Fuenmayor Lu\u00eds Eustaquio <\/p>\n
Oliveros Pe\u00f1a Lu\u00eds <\/p>\n
Orobio de Obreg\u00f3n Marina <\/p>\n
Orozco Carrascal Armando Jos\u00e9 <\/p>\n
Orozco Yolianes Oscar Alfonso <\/p>\n
Osorio V\u00e1squez Pr\u00f3spero <\/p>\n
Ospino Hern\u00e1ndez Cesar Augusto <\/p>\n
Otero Castillo Ana Agripina <\/p>\n
Paba Ca\u00f1arete Sixto Alberto <\/p>\n
Pab\u00f3n Miranda Laureano Manuel <\/p>\n
Pacheco de la Hoz Jos\u00e9 Antonio <\/p>\n
Pacheco Hern\u00e1ndez Lu\u00eds Alberto <\/p>\n
Pacheco Jaramillo Hugo <\/p>\n
Pacheco Morales Roberto <\/p>\n
Palacio Contrera Edilson Erne <\/p>\n
Pallares Buelvas Pedro Antonio <\/p>\n
Pana L\u00f3pez Lacides <\/p>\n
Panefleck Jos\u00e9 Francisco <\/p>\n
Pardo B. Juan Mar\u00eda <\/p>\n
Pardo Garc\u00eda Alberto Emilio <\/p>\n
Pardo Jim\u00e9nez Efra\u00edn Enrique <\/p>\n
Pardo Rivas Delio Rafael <\/p>\n
Pardo Rivas Pedro Pablo <\/p>\n
Pardo Rojas Guillermo Lu\u00eds <\/p>\n
Parejo Mart\u00ednez Andr\u00e9s Emilio <\/p>\n
Parra Curvelo Julio Segundo <\/p>\n
Pati\u00f1o Euclides <\/p>\n
Pati\u00f1o Mart\u00ednez Jorge Eli\u00e9cer <\/p>\n
Paz Moreno Edilberto <\/p>\n
Pedroza Solano Jaime Dinisio <\/p>\n
Pelaez Miranda Esteban <\/p>\n
Pe\u00f1a Aguirre Lu\u00eds Roberto <\/p>\n
Pe\u00f1a Melo Jos\u00e9 <\/p>\n
Pe\u00f1a Nelson Ernesto <\/p>\n
Pe\u00f1aranda Alvarado Jorge Enrique <\/p>\n
Pe\u00f1aranda Salcedo Tom\u00e1s Rafael <\/p>\n
Peralta Solano \u00c1ngel de Jes\u00fas <\/p>\n
Perea Castro Orlando Segundo <\/p>\n
Pereira Guzm\u00e1n Iv\u00e1n Alberto <\/p>\n
Pereira Rodr\u00edguez Federico Antonio <\/p>\n
P\u00e9rez Cand\u00eda Hermes Alfonso <\/p>\n
P\u00e9rez G\u00f3mez Andr\u00e9s <\/p>\n
P\u00e9rez Jim\u00e9nez Vidal <\/p>\n
P\u00e9rez Mart\u00ednez Luciano Hern\u00e1n <\/p>\n
P\u00e9rez Mizrahi Efra\u00edn Alberto <\/p>\n
P\u00e9rez Noriega Elena <\/p>\n
P\u00e9rez Osias Adolfo <\/p>\n
P\u00e9rez Polo Sergio Rafael <\/p>\n
P\u00e9rez Rovira Nicol\u00e1s Alberto <\/p>\n
P\u00e9rez Vega Jes\u00fas Salvador <\/p>\n
Perez Villanueva David <\/p>\n
P\u00e9rez viuda de Hern\u00e1ndez Teresa <\/p>\n
Pernett Infante Gildo <\/p>\n
Perpi\u00f1\u00e1n Castrell\u00f3n Pedro Antonio <\/p>\n
Pertuz Maiguel Alvaro <\/p>\n
Pich\u00f3n Chaves Lu\u00eds Eduardo <\/p>\n
Pinedo Fills Armando <\/p>\n
Pinedo Pacheco Adolfo Enrique <\/p>\n
Pinedo Romero Elizabeth <\/p>\n
Pinedo Vidal Mario Francisco <\/p>\n
Pinto Cantillo Carlos <\/p>\n
Polo Bola\u00f1o Jaime Enrique <\/p>\n
Polo Robles Alfonso Nelson <\/p>\n
Ponce G\u00f3mez Maritza <\/p>\n
Ponce Mart\u00ednez Enrique Anselmo <\/p>\n
Ponce Munive Jos\u00e9 Francisco <\/p>\n
Prieto Garc\u00eda Ramiro Antonio <\/p>\n
Pupo Guerra Victor Manuel <\/p>\n
Quant Le\u00f3n Mario Jos\u00e9 <\/p>\n
Quintero Torres Dorismel Aurelio <\/p>\n
Quinto G\u00f3mez Cesar Augusto <\/p>\n
Quinto G\u00f3mez Jorge <\/p>\n
Ram\u00edrez Campo Alvaro de Jes\u00fas <\/p>\n
Ramos G\u00e1mez Dagoberto <\/p>\n
Rebolledo Viloria Victor Manuel <\/p>\n
Rebollo Ferreira Rafael <\/p>\n
Redondo Caballero Nelson Rafael <\/p>\n
Redondo Carranza Francisco Indalecio <\/p>\n
Redondo Carranza Julio Francisco <\/p>\n
Reinel Oliveros Heliodoro <\/p>\n
Rico Rojano Rafael <\/p>\n
Rinc\u00f3n L\u00f3pez Carmen Elena <\/p>\n
Rivera de Dur\u00e1n Rosa Amelia <\/p>\n
Robles Lopesierra Eduardo <\/p>\n
Rodr\u00edguez Daza Wilson Rafael <\/p>\n
Rodr\u00edguez Fontanilla Roger del Rosario <\/p>\n
Rodr\u00edguez Pacheco Urbano Gregorio <\/p>\n
Rojas De Andreis Antonio Basilio <\/p>\n
Rojas Herrera Nicol\u00e1s <\/p>\n
Rojas Solano Alfredo Antonio <\/p>\n
Romero Roys Justiniano Segundo <\/p>\n
Rosales Mej\u00eda Manuel Antonio <\/p>\n
Rossenthiel Pab\u00f3n Lu\u00eds Rafael <\/p>\n
Rovira Mercado Antonio Cesar <\/p>\n
Rovira Mercado Lu\u00eds Carlos <\/p>\n
Rovira Mercado Rafael Alfonso <\/p>\n
Rueda Moreno Luis Eduardo <\/p>\n
Ruiz de Romero Gladys Marina <\/p>\n
Ruiz Vega Alfredo <\/p>\n
Ruiz Vence Eudes E. <\/p>\n
Salas Iba\u00f1ez Jos\u00e9 Miguel <\/p>\n
Salas Pinto Rafael Calixto <\/p>\n
Saltaren Rodr\u00edguez Juli\u00e1n Alberto <\/p>\n
Saltar\u00e9n Varela Jos\u00e9 Domingo <\/p>\n
S\u00e1nchez de Borre Leonor <\/p>\n
S\u00e1nchez Fern\u00e1ndez Edinson <\/p>\n
Santiago Sierra Alberto Antonio <\/p>\n
Santrich Barrios Luis Eduardo <\/p>\n
Saucedo Yepes B\u00e1rbara <\/p>\n
Schiller Mercado Joaqu\u00edn Guillermo <\/p>\n
Serna D\u00e1vila Cecilia <\/p>\n
Sierra Bayuelo Rafael <\/p>\n
Sierra Mora Wilfrido <\/p>\n
Sierra Munive Georgina <\/p>\n
Silva Pereyra Antonio Mar\u00eda <\/p>\n
Simonds Serpa Manuel <\/p>\n
Socarr\u00e1s de T. Melva Ester <\/p>\n
Sosa Jos\u00e9 del Carmen <\/p>\n
Steban Salamanca Jacob Francisco <\/p>\n
Su\u00e1rez Conde Alvaro <\/p>\n
Su\u00e1rez L\u00f3pez Rafael <\/p>\n
Su\u00e1rez Zambrano Salvador <\/p>\n
Teher\u00e1n P\u00e9rez Avilio <\/p>\n
Tinoco Jos\u00e9 de los Santos <\/p>\n
Tob\u00edas G\u00e1mez Diomedes <\/p>\n
Toloza Guill\u00e9n Bolivar <\/p>\n
Torres Gonz\u00e1lez Osvaldo Rafael <\/p>\n
Tromp El\u00edas Segundo <\/p>\n
Urina Delgado Jorge <\/p>\n
Valencia de Caicedo Doris <\/p>\n
Vallejo Ochoa Santander de Jes\u00fas <\/p>\n
Vanegas Mej\u00eda Francisco <\/p>\n
Varela Bornachera Rodrigo Rafael <\/p>\n
Varela de Padilla Mar\u00eda Trini dad <\/p>\n
Varela Gonz\u00e1lez F\u00e9lix <\/p>\n
Vargas Cabana Dagoberto <\/p>\n
Vargas Cabana Valent\u00edn Antonio <\/p>\n
Vargas R. Pedro Jos\u00e9 <\/p>\n
V\u00e1squez de la Hoz Rafael Arturo <\/p>\n
V\u00e1squez Matos Beatriz Elena <\/p>\n
Vel\u00e1squez Linero Orlando Alfredo <\/p>\n
Vieche Zapata Belia <\/p>\n
Vilarete Fern\u00e1ndez Eliodoro Jaime <\/p>\n
Villalobos Yepes Antonio <\/p>\n
Villamil Cadena Andr\u00e9s Alfonso <\/p>\n
Villar Meza Jairo Alberto <\/p>\n
Viloria Guerrero F\u00e9lix Antonio <\/p>\n
Viveros Reyes Francia Elena <\/p>\n
Vives Salas Julia In\u00e9s <\/p>\n
Winclar Torres Gabriel <\/p>\n
Yanes Ureche Gregorio <\/p>\n
Yanez Masis Gumercindo <\/p>\n
Yuseff Cortina Jasan <\/p>\n
Zableh Buchar Bichara <\/p>\n
Zambrano Benjumea Juan Jos\u00e9 <\/p>\n
Zapata Bola\u00f1o Orlando <\/p>\n
Zapata Rivas Hector Emilio <\/p>\n
Zea Rojas Jos\u00e9 Antonio <\/p>\n
Zubir\u00eda Weber Daniel Vicente <\/p>\n
Algunos de los accionantes pretendieron que, por la v\u00eda del amparo judicial previsto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n, les fueran pagadas las sumas correspondientes a prestaciones sociales que, en su sentir, les ven\u00eda adeudando la Empresa Puertos de Colombia. Otros buscaron, adem\u00e1s, que los jueces de tutela resolvieran sobre el reconocimiento, liquidaci\u00f3n y reliquidaci\u00f3n de dichas cantidades. <\/p>\n
Entre las solicitudes objeto de demanda figuran el reconocimiento y pago de reliquidaci\u00f3n pensional, de indemnizaciones, de reajuste pensional, de indemnizaciones moratorias por no cancelaci\u00f3n oportuna de prestaciones y por omisi\u00f3n en la pr\u00e1ctica del examen m\u00e9dico de retiro, as\u00ed como la ejecuci\u00f3n de condenas decretadas mediante providencias de la justicia laboral. <\/p>\n
Los peticionarios se\u00f1alaron como vulnerados sus derechos a la vida, al trabajo, a la integridad f\u00edsica, a la igualdad y a la seguridad social, y en algunos casos el de petici\u00f3n. Tambi\u00e9n invocaron el derecho a la dignidad humana y la obligaci\u00f3n estatal de proteger especialmente a las personas de la tercera edad. <\/p>\n
II. DECISIONES JUDICIALES <\/p>\n
La gran mayor\u00eda de los jueces ante los cuales fueron incoadas las acciones de tutela resolvieron, en la mayor\u00eda de los casos, amparar el derecho de la igualdad. Algunos de ellos dispusieron que se procediera al reconocimiento y pago inmediato de las prestaciones sociales. Otros negaron las pretensiones de los petentes por considerar que existen medios alternativos de defensa judicial para la protecci\u00f3n de los derechos surgidos de la relaci\u00f3n laboral que mantuvieron con la empresa Puertos de Colombia. <\/p>\n
El detalle de las decisiones judiciales adoptadas aparece en el anexo No. 1 a la presente Sentencia. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL <\/p>\n
1. Competencia <\/p>\n
Seg\u00fan lo disponen los art\u00edculos 86 y 241, numeral 9, de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, y el Decreto 2591 de 1991, la Corte Constitucional, a trav\u00e9s de su Sala Quinta, es competente para revisar los fallos proferidos al resolver acerca de las acciones instauradas en el asunto de la referencia. Las providencias materia de examen fueron debidamente seleccionadas, acumuladas y repartidas a esta Sala. <\/p>\n
Atendiendo a la unidad de materia y puesto que la totalidad de las acciones fueron dirigidas contra el Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia -FONCOLPUERTOS-, se decidir\u00e1 acerca de las solicitudes de tutela mencionadas mediante un solo fallo. <\/p>\n
2. En cuanto el medio judicial ordinario sea id\u00f3neo para la protecci\u00f3n efectiva de los derechos invocados, la \u00fanica posibilidad de prosperidad de la acci\u00f3n de tutela es el perjuicio irremediable <\/p>\n
La acci\u00f3n de tutela, como instrumento que hace parte de las instituciones del Estado de Derecho, debe ser usada de manera exclusiva para la finalidad que le fue asignada en la Carta Pol\u00edtica, que no es otra que la protecci\u00f3n efectiva de los derechos fundamentales, y no en b\u00fasqueda de objetivos ajenos a ella, ni por fuera de los claros l\u00edmites se\u00f1alados en la normativa que la rige. <\/p>\n
Seg\u00fan el texto de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica (art. 86), “esta acci\u00f3n s\u00f3lo proceder\u00e1 cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aqu\u00e9lla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. <\/p>\n
A la luz de la Constituci\u00f3n, salvo el caso de un perjuicio irremediable objetivamente previsto en el marco de las circunstancias espec\u00edficas del solicitante, evento en el cual procede la tutela transitoria, la presencia de un medio judicial alternativo incide en la improcedencia de la tutela. <\/p>\n
Pero ese medio que desplaza la viabilidad del amparo tiene que ser materialmente apto para lograr que los derechos fundamentales en juego sean eficientemente protegidos. <\/p>\n
En consecuencia, no tienen tal virtualidad los medios judiciales apenas te\u00f3ricos o formales, pues seg\u00fan el art\u00edculo 228 de la Carta, en la administraci\u00f3n de justicia debe prevalecer el Derecho sustancial. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, para los efectos de establecer cu\u00e1ndo cabe y cu\u00e1ndo no la instauraci\u00f3n de una acci\u00f3n de tutela, el juez est\u00e1 obligado a examinar los hechos que ante \u00e9l se exponen as\u00ed como las pretensiones del actor, y a verificar si, por sus caracter\u00edsticas, el caso materia de estudio puede ser resuelto, en relaci\u00f3n con los derechos fundamentales posiblemente afectados o amenazados, y con la efectividad indispensable para su salvaguarda, por los procedimientos judiciales ordinarios, o si, a la inversa, la falta de respuesta eficiente de los medios respectivos, hace de la tutela la \u00fanica posibilidad de alcanzar en el caso concreto los objetivos constitucionales. <\/p>\n
En la Sentencia T-03 del 11 de mayo de 1992, expres\u00f3 la Corte: <\/p>\n
“Ahora bien, cuando no existe medio judicial distinto para buscar la eficacia del derecho atacado o amenazado, surge la acci\u00f3n de tutela como \u00fanica medida a disposici\u00f3n del titular de aqu\u00e9l, con el fin de llevar a la pr\u00e1ctica la garant\u00eda que en abstracto le ha conferido la Constituci\u00f3n. All\u00ed reside su importancia en el contexto de las instituciones vigentes: en que otorga una salida a la que no conducen los mecanismos ordinarios (por eso es subsidiaria) para obtener certeza en la satisfacci\u00f3n de las aspiraciones fundamentales de la persona. <\/p>\n
En estos casos, si el juez encuentra que se tiene el derecho, que en efecto est\u00e1 siendo violado o amenazado y que se dan todas las condiciones indispensables para que la acci\u00f3n prospere en el asunto de cuyo juzgamiento se ocupa, apreciando en concreto las circunstancias del solicitante, seg\u00fan las prescripciones del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n y las normas legales que lo desarrollan, habr\u00e1 de concederla, impartiendo las instrucciones orientadas hacia la cabal y completa protecci\u00f3n del derecho afectado. <\/p>\n
(…) <\/p>\n
Considera esta Corporaci\u00f3n que, cuando el inciso 3o. del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica se refiere a que “el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial …”como presupuesto indispensable para entablar la acci\u00f3n de tutela, debe entenderse que ese medio tiene que ser suficiente para que a trav\u00e9s de \u00e9l se restablezca el derecho fundamental violado o se proteja de su amenaza, es decir, tiene que existir una relaci\u00f3n directa entre el medio de defensa judicial y la efectividad del derecho. Dicho de otra manera, el medio debe ser id\u00f3neo para lograr el cometido concreto, cierto, real, a que aspira la Constituci\u00f3n cuando consagra ese derecho. De no ser as\u00ed, mal puede hablarse de medio de defensa y, en consecuencia, a\u00fan logr\u00e1ndose por otras v\u00edas judiciales efectos de car\u00e1cter puramente formal, sin concreci\u00f3n objetiva, cabe la acci\u00f3n de tutela para alcanzar que el derecho deje de ser simplemente una utop\u00eda”. <\/p>\n
En Sentencia T-441 del 12 de octubre de 1993, a\u00f1adi\u00f3: <\/p>\n
“…la acci\u00f3n de tutela es improcedente cuando para los fines de la protecci\u00f3n efectiva del derecho fundamental amenazado o vulnerado, existe otro medio de defensa judicial, salvo el caso del perjuicio irremediable. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese, sin embargo, que la existencia del medio judicial alternativo, suficiente para que no quepa la acci\u00f3n de tutela, debe apreciarse en relaci\u00f3n con el derecho fundamental de que se trata, no respecto de otros. <\/p>\n
Esto significa que un medio judicial \u00fanicamente excluye la acci\u00f3n de tutela cuando sirve en efecto y con suficiente aptitud a la salvaguarda del derecho fundamental invocado. En consecuencia, si dicho medio protege derechos distintos, es viable la acci\u00f3n de tutela en lo que concierne al derecho que el se\u00f1alado medio no protege, pues para la protecci\u00f3n de aquel se entiende que no hay otro procedimiento de defensa que pueda intentarse ante los jueces. <\/p>\n
Desde este punto de vista, es necesario que el juez de tutela identifique con absoluta precisi\u00f3n en el caso concreto cu\u00e1l es el derecho fundamental sujeto a violaci\u00f3n o amenaza, para evitar atribuirle equivocadamente una v\u00eda de soluci\u00f3n legal que no se ajusta, como deber\u00eda ocurrir, al objetivo constitucional de protecci\u00f3n cierta y efectiva (art\u00edculos 2, 5 y 86 de la Constituci\u00f3n). <\/p>\n
De ah\u00ed el mandato del art\u00edculo 6\u00ba, numeral 1\u00ba, del Decreto 2591 de 1991: “La existencia de dichos medios ser\u00e1 apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante”. <\/p>\n
Grave error es el de negar la protecci\u00f3n judicial impetrada aludiendo a un medio de defensa judicial que recae sobre objeto distinto del que di\u00f3 lugar a la demanda de tutela”. <\/p>\n
La doctrina constitucional aludida tiene un doble aspecto: la falta de idoneidad del medio judicial ordinario da lugar a la viabilidad de la tutela para la efectividad de los derechos afectados o en peligro; y, correlativamente, si dicho medio judicial se muestra apto para el se\u00f1alado fin, ha de aplicarse el precepto constitucional a cuyo tenor no es procedente la tutela, a menos que se establezca la inminencia de un perjuicio irremediable, en cuyo caso cabe la protecci\u00f3n temporal de tales derechos mientras se resuelve de manera definitiva la controversia por el juez de la causa. <\/p>\n
En ese orden de ideas, si para lograr los fines que persigue el accionante existe un medio judicial id\u00f3neo y efectivo que resguarde sus derechos, la acci\u00f3n de tutela no tiene aplicaci\u00f3n, salvo la hip\u00f3tesis del da\u00f1o irreparable que hiciera tard\u00edo e in\u00fatil el fallo de la justicia ordinaria. En este \u00faltimo evento, no es desplazada la competencia definitiva del juez natural para resolver sobre el asunto litigioso -pues en todo caso, ante \u00e9l deber\u00e1 instaurarse acci\u00f3n dentro de los cuatro meses siguientes al fallo de tutela temporal-, sino que se brinda una protecci\u00f3n urgente encaminada exclusivamente a impedir de manera oportuna la violaci\u00f3n irreversible de los derechos fundamentales materia de proceso. <\/p>\n
En el campo laboral, aunque est\u00e1 de por medio el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas y existen motivos para que en casos excepcionales pueda la acci\u00f3n de tutela ser un instrumento con mayor aptitud para salvaguardar aqu\u00e9l y otros derechos fundamentales, tiene lugar la regla general expuesta, ya que las controversias originadas en una relaci\u00f3n de trabajo, bien por vinculaci\u00f3n mediante contrato o por nexo legal y reglamentario con entidades p\u00fablicas, tienen suficientes mecanismos de control, defensa y resoluci\u00f3n en los procesos ordinarios, ampliamente desarrollados de tiempo atr\u00e1s en nuestro sistema jur\u00eddico. <\/p>\n
La jurisprudencia de la Corte ha sido enf\u00e1tica en sostener que la liquidaci\u00f3n y pago de obligaciones laborales escapa al \u00e1mbito propio de la acci\u00f3n de tutela, y si bien es cierto ha admitido su procedencia en algunos casos, ellos han sido excepcionales y primordialmente sustentados en la falta de idoneidad del medio ordinario, en los t\u00e9rminos que se dejan expuestos, relativos siempre de manera espec\u00edfica y directa a las circunstancias en las que se encuentra el actor, lo cual excluye de plano que pueda concederse el amparo judicial para los indicados fines, masiva e indiscriminadamente. <\/p>\n
As\u00ed, ha encontrado la Corte que puede tutelarse el derecho del trabajador a obtener el pago de su salario cuando resulta afectado el m\u00ednimo vital (Cfr. sentencias T-426 del 24 de junio de 1992, T-063 del 22 de febrero de 1995 y T-437 del 16 de septiembre de 1996); que es posible intentar la acci\u00f3n de tutela para que se cancelen las mesadas pensionales dejadas de percibir por una persona de la tercera edad en circunstancias apremiantes y siendo ese su \u00fanico ingreso (Cfr. sentencias T-426 del 24 de junio de 1992, T-147 del 4 de abril de 1995, T-244 del 1 de junio de 1995, T-212 del 14 de mayo de 1996 y T-608 del 13 de noviembre de 1996); que cuando la entidad obligada al pago de la pensi\u00f3n revoca unilateralmente su reconocimiento, procede la tutela para restablecer el derecho del afectado (Cfr. Sentencia T-246 del 3 junio de 1996); que es posible restaurar, por la v\u00eda del amparo, la igualdad quebrantada por el Estado cuando se discrimina entre los trabajadores, para fijar el momento de la cancelaci\u00f3n de prestaciones, favoreciendo con un pago r\u00e1pido a quienes se acogen a determinado r\u00e9gimen y demor\u00e1ndolo indefinidamente a aquellos que han optado por otro (Cfr. Sentencia T-418 del 9 de septiembre de 1996); que resulta admisible la tutela para eliminar las desigualdades generadas por el uso indebido de los pactos colectivos de trabajo con el objeto de desestimular la asociaci\u00f3n sindical (Sentencia SU-342 del 2 de agosto de 1995. M.P.: Dr. Antonio Barrera Carbonell). <\/p>\n
En todos los casos mencionados la jurisprudencia ha entendido que se desvirtuar\u00eda la Carta Pol\u00edtica, en cuanto se quebrantar\u00eda la prevalencia del derecho sustancial, el acceso efectivo a la justicia y el principio de econom\u00eda procesal, en detrimento de los derechos fundamentales en juego, si se forzara el uso del medio judicial ordinario, a sabiendas de su ineptitud en el caso concreto, cerrando de manera absoluta la v\u00eda contemplada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
Pero, se repite, estamos ante situaciones extraordinarias que no pueden convertirse en la regla general, ya que, de acontecer as\u00ed, resultar\u00eda desnaturalizado el objeto de la tutela y reemplazado, por fuera del expreso mandato constitucional, el sistema judicial ordinario. <\/p>\n
A lo anterior debe agregarse que, aun en los eventos en que sea posible la prosperidad de la tutela seg\u00fan las directrices jurisprudenciales en referencia, para que el juez pueda impartir la orden correspondiente, es requisito indispensable el t\u00edtulo que comprometa a la entidad obligada y que haga patente el derecho concreto reclamado por el trabajador. <\/p>\n
De all\u00ed se desprende que las tutelas incoadas con el prop\u00f3sito de obtener, m\u00e1s que pagos de sumas adeudadas por obligaciones claramente definidas, la liquidaci\u00f3n o reliquidaci\u00f3n de prestaciones son del todo improcedentes y, por tanto, mal pueden los jueces concederlas, por cuanto, al hacerlo, exceden notoriamente el campo de sus propias competencias (ver anexo 5). <\/p>\n
Es por ello que en el presente fallo resulta imprescindible distinguir entre quienes ejercieron la acci\u00f3n de tutela sin presentar t\u00edtulo alguno y obtuvieron sentencia favorable y pago, y aquellos que lograron el pago pero pose\u00edan el t\u00edtulo correspondiente con arreglo a la ley. <\/p>\n
Aunque en una y otra hip\u00f3tesis ha debido ser negada la tutela por los motivos que aqu\u00ed se exponen, quien recibi\u00f3 sin t\u00edtulo est\u00e1 obligado a reintegrar a FONCOLPUERTOS las cantidades que le fueron indebidamente canceladas, pues se trata del pago de lo no debido, mientras que, por el contrario, los extrabajadores que ten\u00edan un t\u00edtulo legal a su favor y recibieron el pago de lo que en efecto se les deb\u00eda, no tienen que restituir, en cuanto, aun a pesar de haber utilizado una v\u00eda judicial inadecuada, ten\u00edan derecho a lo que recibieron. <\/p>\n
FONCOLPUERTOS, entonces, debe proceder a iniciar los tr\u00e1mites judiciales correspondientes para recuperar las sumas pagadas sin t\u00edtulo, como se dispondr\u00e1 en la parte resolutiva de esta providencia, la cual prestar\u00e1 m\u00e9rito ejecutivo para los cobros pertinentes. <\/p>\n
Ahora bien, tampoco es viable la tutela -salvo los casos excepcionales que ya la jurisprudencia ha venido definiendo, seg\u00fan los criterios expuestos- para alcanzar la ejecuci\u00f3n de obligaciones laborales en cabeza de entidades p\u00fablicas o privadas. Para el efecto, el sistema jur\u00eddico ha previsto los procesos ejecutivos laborales, que son \u00e1giles y adecuados a la finalidad perseguida, cuyas reglas, por supuesto, facilitan el acceso de los trabajadores a la administraci\u00f3n de justicia, desplazando al amparo. <\/p>\n
En varias de las sentencias materia de revisi\u00f3n se asegura que la tutela adquiere viabilidad en el caso de los antiguos trabajadores de COLPUERTOS por cuanto las normas legales pertinentes han hecho inembargable el patrimonio de dicha entidad, hoy en liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
La Corte no puede aceptar este argumento, que ya hab\u00eda desechado+ en providencias anteriores, puesto que la normatividad en vigor ha sido ajustada con car\u00e1cter obligatorio, mediante sentencias de exequibilidad condicionada, que dejan a salvo los derechos de los trabajadores por cuanto estatuyen un trato excepcional, derivado de la misma Constituci\u00f3n (art. 25), en cuya virtud el patrimonio p\u00fablico es embargable cuando est\u00e1n de por medio acreencias de tipo laboral. <\/p>\n
Ya desde el 1 de octubre de 1992 (Sentencia C-546. M.P.: Drs. Ciro Angarita Bar\u00f3n y Alejandro Mart\u00ednez Caballero) la Corte destac\u00f3: <\/p>\n
“…el legislador posee facultad constitucional de dar, seg\u00fan su criterio, la calidad de inembargables a ciertos bienes; desde luego, siempre y cuando su ejercicio no comporte transgresi\u00f3n de otros derechos o principios constitucionales. <\/p>\n
(…) <\/p>\n
Sin embargo, debe \u00e9sta Corte dejar claramente sentado que este postulado excluye temporalmente, el caso en que la efectividad del pago de obligaciones dinerarias a cargo del Estado surgidas de relaciones laborales exige el embargo de bienes y recursos incorporados al Presupuesto General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
Como claramente se desprende de los considerandos que anteceden, por mandato imperativo de la Carta, que tambi\u00e9n es de obligatorio acatamiento para el juez constitucional, los derechos laborales son materia privilegiada que se traduce, entre otras, en la especial protecci\u00f3n que debe darles el Estado. De ah\u00ed que tales derechos deban ser objeto de consideraci\u00f3n separada…”. <\/p>\n
(…) <\/p>\n
“En este orden de ideas, el derecho al trabajo, por su especial protecci\u00f3n en la Carta y por su car\u00e1cter de valor fundante del Estado social de derecho, merece una especial protecci\u00f3n respecto de la inembargabilidad del presupuesto”. <\/p>\n
El expresado criterio fue ratificado por la Sala Plena de la Corte (Sentencia C-013 del 21 de enero de 1993. M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Mu\u00f1oz), precisamente al tratar sobre la constitucionalidad de disposiciones legales integrantes del “Estatuto de Puertos Mar\u00edtimos” (Ley 01 de 1991) y respecto de los decretos dictados a su amparo (035, 036 y 037 de 1992). <\/p>\n
La Corte declar\u00f3 constitucionales los art\u00edculos 14 y 16 del Decreto 036 de 1992, a cuyo tenor los bienes y recursos del Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia son inembargables, pero “dejando a salvo las situaciones en las cuales la efectividad del pago de las obligaciones laborales a cargo de la Naci\u00f3n con ocasi\u00f3n de la liquidaci\u00f3n de la Empresa Puertos de Colombia s\u00f3lo pueda hacerse mediante el embargo de los bienes y recursos del Fondo de Pasivo Social, o de las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la Naci\u00f3n a su nombre, en cuyo caso el embargo correspondiente se ajustar\u00e1 a lo se\u00f1alado en el art\u00edculo 177 del C\u00f3digo Contencioso-Administrativo”. <\/p>\n
Debe recordarse el texto de dicha norma: <\/p>\n
“Art\u00edculo 177. Efectividad de condenas contra entidades p\u00fablicas. Cuando se condene a la Naci\u00f3n, a una entidad territorial o descentralizada al pago o devoluci\u00f3n de una cantidad l\u00edquida de dinero, se enviar\u00e1 inmediatamente copia de la sentencia a quien sea competente para ejercer las funciones del ministerio p\u00fablico frente a la entidad condenada. <\/p>\n
El agente del ministerio p\u00fablico deber\u00e1 tener una lista actual de tales sentencias, y dirigirse a los funcionarios competentes cuando preparen proyectos de presupuestos b\u00e1sicos o los adicionales, para exigirles que incluyan partidas que permitan cumplir en forma completa las condenas, todo conforme a las normas de la ley org\u00e1nica del presupuesto. <\/p>\n
El Congreso, las asambleas, los concejos, el Contralor General de la Rep\u00fablica, los contralores departamentales, municipales y distritales, el Consejo de Estado y los tribunales contencioso administrativos y las dem\u00e1s autoridades del caso deber\u00e1n abstenerse de aprobar o ejecutar presupuestos en los que no se hayan incluido partidas o apropiaciones suficientes para atender al pago de todas las condenas que haya relacionado el ministerio p\u00fablico. <\/p>\n
Ser\u00e1 causal de mala conducta de los funcionarios encargados de ejecutar los presupuestos p\u00fablicos, pagar las apropiaciones para cumplimiento de condenas m\u00e1s lentamente que el resto. Tales condenas, adem\u00e1s, ser\u00e1n ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho (18) meses despu\u00e9s de su ejecutoria. <\/p>\n
Las cantidades l\u00edquidas reconocidas en tales sentencias devengar\u00e1n intereses comerciales durante los seis (6) meses siguientes a su ejecutoria y moratorios despu\u00e9s de este t\u00e9rmino”. <\/p>\n
Lo propio dispuso la Corte en lo referente a la exequibilidad de los art\u00edculos 5 y 6 del Decreto 037 de 1991, que establecen garant\u00edas similares a las enunciadas en cuanto al patrimonio del Fondo. <\/p>\n
Por ello, esta misma Sala de Revisi\u00f3n, ante demandas instauradas por trabajadores de la Empresa Puertos de Colombia-Terminal Mar\u00edtimo de Barranquilla, que, por la renuencia de la entidad a cumplir decisiones judiciales, pretend\u00edan el reconocimiento de sumas correspondientes a prestaciones err\u00f3neamente liquidadas, no concedi\u00f3 la tutela, discurriendo en la siguiente forma: <\/p>\n
“…dentro de las condiciones dichas, cabe la aplicaci\u00f3n de las medidas cautelares solicitadas por los demandantes ya que la norma sobre inembargabilidad as\u00ed lo permite, seg\u00fan la interpretaci\u00f3n que sobre su alcance hiciera la Corte Constitucional para hacerla acorde con los principios superiores, en especial el de protecci\u00f3n al trabajo (art\u00edculo 25 C.N.) y el de igualdad real y efectiva (art\u00edculo 13 C.N.). <\/p>\n
(…) <\/p>\n
…no se equivoc\u00f3 la H. Corte Suprema de Justicia cuando asever\u00f3 que para los fines perseguidos por los petentes ha sido previsto en asuntos como el que se controvierte, otro medio de defensa judicial, cual es el proceso ejecutivo, seg\u00fan lo establecido en las pertinentes disposiciones laborales, lo cual hac\u00eda improcedente la acci\u00f3n incoada. <\/p>\n
Ello es todav\u00eda m\u00e1s claro si se toma en consideraci\u00f3n la aludida Sentencia No. C-013 de esta Corte, que al clarificar el alcance de las normas sobre inembargabilidad, en particular por lo atinente a las obligaciones laborales a cargo de Colpuertos, di\u00f3 mayor viabilidad al indicado instrumento jur\u00eddico -el proceso de ejecuci\u00f3n- que es precisamente el aplicable para las situaciones objeto de este proceso, excluy\u00e9ndose la v\u00eda de protecci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n, por mandato expreso de la misma norma. “Esta acci\u00f3n s\u00f3lo proceder\u00e1 cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.(Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisi\u00f3n. Sentencia T-128 del 30 de marzo de 1993). <\/p>\n
La negaci\u00f3n de la tutela ten\u00eda entonces sustento -como ahora lo tiene para los casos en que los accionantes piden el cumplimiento de sentencias laborales- en el hecho protuberante de que los interesados contaban con un medio apto para la protecci\u00f3n de sus derechos, sin demostrar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
El an\u00e1lisis anterior muestra que, en los casos considerados, los actores buscaban dilucidar conflictos, como los de la liquidaci\u00f3n, reliquidaci\u00f3n, reajuste y pago de indemnizaciones y prestaciones sociales, o la ejecuci\u00f3n de sentencias judiciales sobre pretensiones suyas de car\u00e1cter econ\u00f3mico, todo respecto de la \u00e9poca en la cual laboraron para COLPUERTOS. <\/p>\n
Aun en los casos en los cuales se aleg\u00f3 la circunstancia de pertenecer el peticionario a la tercera edad, la acci\u00f3n de tutela resultaba inapropiada para la obtenci\u00f3n de los objetivos en referencia, toda vez que no apareci\u00f3 probado que estuviera de por medio el m\u00ednimo vital del pensionado y de su familia. Las solicitudes objeto de an\u00e1lisis se enderezaban a la reliquidaci\u00f3n y al reajuste pensional de quienes ya gozaban de la prestaci\u00f3n, seg\u00fan liquidaciones ya efectuadas y pagos en curso. <\/p>\n
Seg\u00fan puede apreciarse, el conjunto de las aspiraciones expuestas ante los jueces era abiertamente ajeno a las finalidades contempladas por el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n y se ubicaba en el puro terreno de la controversia laboral. <\/p>\n
En realidad, sin desconocer que, desde el punto de vista del ordenamiento jur\u00eddico aplicable, los antiguos trabajadores de Colpuertos pod\u00edan estar buscando el reconocimiento y efectividad de sus leg\u00edtimos derechos, lo cierto es que usaron una v\u00eda impropia, no prevista para alcanzar las metas correspondientes, en cuanto los conflictos propuestos eran susceptibles de ser tramitados por los procedimientos ordinarios, sin que se apreciara en ninguno de ellos la posibilidad, aun remota, del perjuicio irremediable. Era, pues, improcedente la tutela. <\/p>\n
De all\u00ed que, a juicio de esta Corporaci\u00f3n, los jueces que concedieron el amparo pese a la reiterada jurisprudencia en sentido contrario, desvirtuaron los alcances del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n y extendieron la protecci\u00f3n judicial a esferas extra\u00f1as a la competencia en \u00e9l definida. <\/p>\n
Por el contrario, acertaron los jueces que negaron la protecci\u00f3n, dada su improcedencia. <\/p>\n
3. Tutela temeraria. La buena fe procesal. Pago de costas. El juramento y sus consecuencias <\/p>\n
El ejercicio de todo derecho y la utilizaci\u00f3n de los procedimientos constitucionales y legales previstos para su efectividad exige de sus titulares una lealtad m\u00ednima hacia el orden jur\u00eddico y el cumplimiento de deberes y cargas correlativos, seg\u00fan resulta de lo dispuesto en los art\u00edculos 2, 4 -inciso 2- y 95 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
La Corte Constitucional, en Sentencia T-532 del 21 de noviembre de 1995, expres\u00f3, con referencia al art\u00edculo 83 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, que \u00e9l impone a gobernantes y gobernados “el compromiso de obrar honesta y desprevenidamente, en el marco de unas relaciones de mutua confianza, de tal manera que, sometidos todos al orden jur\u00eddico y dispuestos a cumplir sus disposiciones con rectitud, no haya motivo alguno de recelo”. <\/p>\n
Frente a la administraci\u00f3n de justicia, no s\u00f3lo se espera que los jueces presuman la buena fe y la actuaci\u00f3n honrada de quienes comparecen ante sus estrados, sino que -como comportamiento correlativo- el sistema jur\u00eddico demanda de las partes e intervinientes en los procesos judiciales la exposici\u00f3n de sus pretensiones y el ejercicio de sus garant\u00edas y derechos con arreglo a una efectiva buena fe procesal, indispensable para que la normatividad alcance los fines a ella se\u00f1alados por la Constituci\u00f3n, que se sintetizan en el logro de un orden justo. <\/p>\n
El debido proceso requiere, por otra parte, no solamente el sometimiento de los jueces a las formas propias de cada juicio y la plenitud de las garant\u00edas que la Carta otorga a todas las personas, sino que se hace menester el concurso de \u00e9stas para realizar los prop\u00f3sitos de la justicia a partir de la observancia estricta de las reglas de Derecho aplicables, lo que conduce a la consagraci\u00f3n de tipos delictivos como el del fraude procesal, vigente entre nosotros (Art\u00edculo 182 C\u00f3digo Penal). <\/p>\n
En Sentencia T-414 del 13 de septiembre de 1995, esta Sala se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
“Tambi\u00e9n los particulares involucrados en un proceso, sea de naturaleza judicial o administrativa, est\u00e1n obligados a observar y a acatar las reglas que la legislaci\u00f3n haya establecido. Los particulares quedan vinculados por la normatividad propia de cada juicio o actuaci\u00f3n y no pueden, seg\u00fan su voluntad, admitir aquello que de las formas procesales, tr\u00e1mites y t\u00e9rminos les beneficie y rechazar lo que les sea desfavorable”. <\/p>\n
Respecto de la acci\u00f3n de tutela, el legislador ha sido muy estricto en la previsi\u00f3n de las consecuencias que apareja su utilizaci\u00f3n indebida, en especial teniendo en cuenta que, por raz\u00f3n de la misma amplitud con la cual el Constituyente quiso asegurar la efectividad de los derechos fundamentales, todos los jueces de la Rep\u00fablica, a lo largo y ancho del territorio, est\u00e1n habilitados en principio para recibir y dar tr\u00e1mite a las solicitudes de protecci\u00f3n. <\/p>\n
Bien es cierto que el Decreto 2591 de 1991 fij\u00f3 las reglas de competencia y la radic\u00f3, a prevenci\u00f3n, en cabeza de los jueces o tribunales con jurisdicci\u00f3n en el lugar donde ocurriere la violaci\u00f3n o la amenaza que den motivo a la presentaci\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
Pero, desde luego, la precisi\u00f3n del juez competente no siempre es f\u00e1cil de lograr desde el primer momento, en especial cuando la controversia planteada guarda relaci\u00f3n con hechos o circunstancias que inciden en la violaci\u00f3n de los derechos fundamentales y que podr\u00edan ubicarse, en el espacio, en sitios diversos, dando lugar, al menos en principio, a la posibilidad de que varios despachos judiciales pudieran reclamar la competencia. <\/p>\n
Obviamente, el derecho a hacer uso de la acci\u00f3n de tutela se agota con la presentaci\u00f3n verbal o escrita de la demanda correspondiente por unos determinados hechos y contra cierta autoridad o persona, de lo cual resulta que, si la operaci\u00f3n del mecanismo constitucional por el individuo afectado es correcta, no hay riesgo de duplicidad en la apertura de procesos ante jueces distintos. Ya ver\u00e1 el juez ante quien acude el actor si es o no competente para dar tr\u00e1mite a la petici\u00f3n, seg\u00fan reglas que en reiterada jurisprudencia ha venido trazando esta Corte. <\/p>\n
Pero, en cambio, si el accionante se aparta del debido proceso y, animado por las perspectivas que le ofrece la posibilidad de enfoques y criterios judiciales divergentes, se presenta de manera simult\u00e1nea o sucesiva ante varios despachos, planteando en todos ellos id\u00e9ntico conflicto, la carencia de una sistematizaci\u00f3n adecuada hace posible que, no obstante las precauciones de la ley, se profieran dos o m\u00e1s sentencias en torno al mismo asunto. <\/p>\n
Ello, por supuesto, desfigura la acci\u00f3n y hace propicio el sistema -por raz\u00f3n de falencias instrumentales- para que personas inescrupulosas asalten la buena fe de los administradores de justicia. <\/p>\n
Claro est\u00e1, no se descarta que en algunas ocasiones las irregularidades surjan no solamente por la actuaci\u00f3n indebida de los peticionarios sino, adem\u00e1s, por el ejercicio il\u00edcito de la profesi\u00f3n de abogado o por la connivencia de los propios jueces. <\/p>\n
Como tales conductas pueden implicar la comisi\u00f3n de delitos o de faltas disciplinarias, en procesos tan complejos como el que ahora se revisa no pueden formularse juicios de valor ni hacerse sindicaciones colectivas e indiscriminadas, siendo por ello indispensable que la justicia constitucional, cumplida su funci\u00f3n, entregue los elementos de juicio de los que dispone a las autoridades competentes, como acontecer\u00e1 en esta ocasi\u00f3n. <\/p>\n
El art\u00edculo 37, inciso 2, de dicho estatuto se\u00f1ala: <\/p>\n
“El que interponga la acci\u00f3n de tutela deber\u00e1 manifestar, bajo la gravedad del juramento, que no ha presentado otra respecto de los mismos hechos y derechos. Al recibir la solicitud, se le advertir\u00e1 sobre las consecuencias penales del falso testimonio”. <\/p>\n
Esta Corte, con respecto a las consecuencias de la declaraci\u00f3n jurada, ha sostenido: <\/p>\n
“Considera la Corte que la obligaci\u00f3n impuesta al accionante sobre prestaci\u00f3n de juramento en el se\u00f1alado sentido se endereza tambi\u00e9n a impedir la concurrencia de fallos eventualmente distintos o contradictorios en torno al mismo caso, para lo cual la propia norma legal ordena que la competencia para conocer de las acciones de tutela se radique “…a prevenci\u00f3n…” (se subraya) en los jueces o tribunales con jurisdicci\u00f3n en el lugar donde ocurriere la violaci\u00f3n o amenaza que motivaron la presentaci\u00f3n de la solicitud. Ello significa que, definido el juez o tribunal al que corresponde decidir, excluye a los dem\u00e1s en la definici\u00f3n del asunto, sin perjuicio de la segunda instancia, tambi\u00e9n predeterminada por el legislador pues debe tramitarse ante el superior jer\u00e1rquico correspondiente (art\u00edculo 32 eiusdem). <\/p>\n
Este requisito no se opone a la informalidad de la tutela -ya subrayada por la jurisprudencia en varias ocasiones (Cfr. Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisi\u00f3n. Sentencia T-459 del 15 de julio de 1992)-, pues apenas busca prevenir la utilizaci\u00f3n abusiva de tal instrumento y hacer consciente al actor, mediante las expresas advertencias que debe formularle el respectivo despacho judicial, sobre las consecuencias jur\u00eddicas que le acarrear\u00edan el perjurio o la actuaci\u00f3n temeraria. <\/p>\n
Al contrario de lo alegado por el Tribunal Superior de Florencia en el fallo que se revisa, la estricta sujeci\u00f3n a este mandato de la ley, en vez de atentar contra la econom\u00eda procesal y la celeridad de los procesos, es valioso elemento para alcanzar tales fines constitucionales, al paso que su desconocimiento da lugar a los perniciosos efectos ya indicados”. (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisi\u00f3n. Sentencia T-241 del 23 de junio de 1993) <\/p>\n
La cautela legal enunciada, si bien es elemento disuasivo, en cuanto expone al infractor a las consecuencias penales del juramento en vano, requiere ser complementada, como en efecto lo ha sido por el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991, con la previsi\u00f3n de sanciones espec\u00edficas que recaen sobre el objeto mismo de las pretensiones, en cuanto al particular solicitante, y sobre la hoja de vida y el futuro ejercicio profesional de su apoderado. <\/p>\n
Se\u00f1ala esa disposici\u00f3n: <\/p>\n
“ARTICULO 38. Actuaci\u00f3n temeraria. Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes. <\/p>\n
El abogado que promoviere la presentaci\u00f3n de varias acciones de tutela respecto de los mismos hechos y derechos, ser\u00e1 sancionado con la suspensi\u00f3n de la tarjeta profesional al menos por dos a\u00f1os. En caso de reincidencia, se le cancelar\u00e1 su tarjeta profesional, sin perjuicio de las dem\u00e1s sanciones a que haya lugar”. <\/p>\n
Esta Corte, en Sentencia T-10 del 22 de mayo de 1992 (M.P.: Dr. Alejandro Mart\u00ednez Caballero), aplic\u00f3 por primera vez el art\u00edculo transcrito y expuso en torno a su alcance: <\/p>\n
“…tiene su fundamento en los art\u00edculos 83 y 95 de la Constituci\u00f3n, que establecen, el primero, que las actuaciones de los particulares y de las autoridades p\u00fablicas deber\u00e1n ce\u00f1irse a los postulados de la buena fe, la cual se presumir\u00e1 en todas las gestiones que aqu\u00e9llos adelanten ante \u00e9stas y el segundo a los deberes de las personas en los numerales primero y s\u00e9ptimo as\u00ed: “Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios” (subrayas de la Sala) y “Colaborar en el buen funcionamiento de la administraci\u00f3n de la justicia”. <\/p>\n
Por \u00faltimo, el art\u00edculo 209 de la Constituci\u00f3n dispone que el Estado debe actuar regido por los principios de econom\u00eda y eficacia. <\/p>\n
Luego la explicaci\u00f3n de ello consiste en el hecho de que el abuso desmedido e irracional del recurso judicial, para efectos de obtener m\u00faltiples pronunciamientos a partir de un mismo caso, ocasiona un perjuicio para toda la sociedad civil, porque de un 100% de la capacidad total de la administraci\u00f3n de justicia, un incremento en cualquier porcentaje, derivado de la repetici\u00f3n de casos id\u00e9nticos necesariamente implica una p\u00e9rdida directamente proporcional en la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de la sociedad civil. <\/p>\n
Igualmente, el art\u00edculo primero de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica corrobora lo anterior al consagrar la “prevalencia del inter\u00e9s general” como uno de los fundamentos del Estado Social de Derecho de Colombia. Se concluye sin esfuerzo que la coexistencia de tutelas id\u00e9nticas lesiona el inter\u00e9s general”. <\/p>\n
En los expedientes materia de an\u00e1lisis se encuentra sin dificultad, seg\u00fan las cifras relacionadas en este fallo, que en una muy alta proporci\u00f3n se ha violado abiertamente la prohibici\u00f3n legal, incurriendo los peticionarios en la conducta descrita por el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 -tutela temeraria-, por lo cual, fuera de lo expuesto, en los casos en que as\u00ed se obr\u00f3 est\u00e1 configurada una causal indudable para negar todas las pretensiones de los accionantes. <\/p>\n
Desde luego, la ya considerada improcedencia de la acci\u00f3n de tutela, que dar\u00e1 lugar a la revocaci\u00f3n de la mayor\u00eda de los fallos proferidos en instancia, no implica de suyo la ocurrencia de irregularidades susceptibles de investigaci\u00f3n, pero la Corte ha encontrado, mediante el cruce y an\u00e1lisis de datos en los expedientes acumulados objeto de examen, que, seg\u00fan lo visto, varios de los accionantes ejercieron la acci\u00f3n de tutela de manera temeraria y que, adem\u00e1s, en el curso del tr\u00e1mite y decisi\u00f3n en varios de los procesos se dan circunstancias que ameritan verificaci\u00f3n por parte de las autoridades competentes. <\/p>\n
De los 34 expedientes analizados resulta: <\/p>\n
Ejercieron la acci\u00f3n de tutela 470 personas. De ellas, 391 presentaron demanda una sola vez -al menos en cuanto a los expedientes hasta ahora revisados y que son materia de este fallo-. <\/p>\n
Un total de 73 accionantes ejercieron la misma acci\u00f3n en dos oportunidades. <\/p>\n
6 de los peticionarios ejercieron la misma acci\u00f3n tres veces. <\/p>\n
A 366 personas les fue concedido una sola vez el amparo solicitado. <\/p>\n
A 69 accionantes se les concedi\u00f3 la tutela en dos oportunidades. <\/p>\n
A 6 peticionarios se les concedi\u00f3 la protecci\u00f3n judicial tres veces (ver anexo 6). <\/p>\n
Es evidente, entonces, que en los procesos \u00faltimamente enunciados se incurri\u00f3 en un palmario e inconcebible abuso de la acci\u00f3n de tutela, merced a la temeridad de los actores o de sus apoderados, raz\u00f3n por la cual, adem\u00e1s de la absoluta negativa de prosperidad de las pretensiones, se deriva la consecuencia de la condena en costas y de las indispensables investigaciones de car\u00e1cter penal y disciplinario que habr\u00e1n de ser ordenadas en la parte resolutiva de la presente providencia. <\/p>\n
Por otra parte, el art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991, declarado exequible mediante Sentencia C-543 del 1\u00ba de octubre de 1992, dispuso que el juez de tutela, si la rechazare o denegare, debe condenar al solicitante al pago de las costas del proceso cuando estime fundadamente que incurri\u00f3 en temeridad. <\/p>\n
La Corte Constitucional consider\u00f3 al respecto que tal previsi\u00f3n se ajustaba a la Carta, “pues ello es apenas l\u00f3gico y equitativo trat\u00e1ndose de procesos judiciales”. <\/p>\n
En Sentencia T-443 del 3 de octubre de 1995 (M.P.: Dr. Alejandro Mart\u00ednez Caballero), la Corte manifest\u00f3 que, en los tr\u00e1mites de amparo judicial de los derechos fundamentales, la condenaci\u00f3n en costas no tiene un car\u00e1cter disuasivo, en cuanto al ejercicio mismo de la acci\u00f3n, cuya esencia es la gratuidad, sino que se justifica en raz\u00f3n del uso doloso o abusivo del instrumento constitucional. <\/p>\n
Destac\u00f3 la providencia que las actuaciones signadas por la temeridad en la acci\u00f3n nos remiten a los albores del Derecho en lo relativo a la llamada culpa aquiliana, “siendo las costas una forma de pena civil contra quien sin raz\u00f3n alguna instauraba una acci\u00f3n o temerariamente se opon\u00eda a ella, ocasion\u00e1ndose un da\u00f1o injusto que deb\u00eda ser reparado”. <\/p>\n
Para la Corte, el art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991 no establece en forma paralela las costas y la temeridad, sino que identifica \u00e9sta con aqu\u00e9llas, de modo que, si no hay temeridad, no nace la potestad del juez para sancionar al accionante con la imposici\u00f3n del pago correspondiente. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 la Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
” Significa lo anterior que cuando la tutela es rechazada o denegada, solamente puede hablarse de costas cuando se incurri\u00f3 en temeridad; lo que se castiga es la temeridad como expresi\u00f3n del abuso del derecho porque deliberadamente y sin tener raz\u00f3n, de mala fe se instaura la acci\u00f3n. Y quien tasa las “costas” es el Juez de tutela porque el inciso final del art\u00edculo 25 del decreto 2591\/95 se refiere a \u00e9l (algo muy distinto ocurre en la situaci\u00f3n consagrada en el primer inciso del mismo art\u00edculo en el cual lo principal son los perjuicios). <\/p>\n
Fuera de la temeridad no puede existir otro factor cuantificable en la liquidaci\u00f3n de estas costas y hubiera sido m\u00e1s apropiado emplear la expresi\u00f3n multa por temeridad, puesto que, en la moderna ciencia procesal las “costas” responden a factor objetivo y la temeridad a lo subjetivo. <\/p>\n
Dentro de la trascendencia que se le da al t\u00e9rmino TEMERIDAD, como elemento calificador y al mismo tiempo como \u00fanico elemento cuantificable, se deduce que tal condena s\u00f3lo opera en casos excepcionales…” <\/p>\n
(…) <\/p>\n
“…si se ha dicho que en realidad lo que se castiga es la temeridad, entonces es coherente aceptar que estas “costas” son m\u00e1s multa que cualquier otra cosa y ante esta interpretaci\u00f3n es el aparato judicial el afectado por la temeraria tutela instaurada porque lo desgasta en todo sentido, luego ser\u00e1 la administraci\u00f3n de justicia quien recibir\u00e1 el monto de las “costas” que el Juez competente se\u00f1alar\u00e1, dentro de los par\u00e1metros del art\u00edculo 73 del C. de P.C.: 10 a 20 salarios m\u00ednimos mensuales, QUANTUM que fijar\u00e1 el Juez de Tutela porque la Corte es Juez de Revisi\u00f3n”. <\/p>\n
Estos criterios han sido aplicados por la Corte con todo rigor en varias de sus decisiones. Puede consultarse al respecto la Sentencia T-441 del 2 de octubre de 1995 (M.P.: Dr. Carlos Gaviria D\u00edaz). <\/p>\n
4. Uso y abuso de los poderes judiciales concedidos a abogados para ejercer la acci\u00f3n de tutela. Reglas sobre la agencia oficiosa. <\/p>\n
Son varias las irregularidades que se aprecian en el grupo de expedientes acumulados de los que ha conocido la Corte en esta oportunidad, particularmente en lo que ata\u00f1e a la actuaci\u00f3n de los apoderados judiciales. <\/p>\n
Fuera de la temeridad ya estudiada -que obligar\u00e1 a la Corte, con arreglo a lo previsto en el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991, a ordenar que se compulsen copias de lo actuado a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura respecto de los abogados que presentaron varias acciones de tutela por los mismos hechos y en relaci\u00f3n con los mismos derechos-, ha sido notoria en varios casos la utilizaci\u00f3n indebida de los poderes conferidos por los peticionarios. <\/p>\n
En efecto, al menos en seis procesos no apareci\u00f3 el documento con base en el cual actuaba el apoderado, que resulta esencial en tales casos, como lo ha destacado la Corte, pues, si bien el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n permite el ejercicio directo de la acci\u00f3n de tutela a toda persona, aun las menores de edad, cuando ellas resuelven obrar confiriendo mandato para la actuaci\u00f3n judicial correspondiente, el apoderado tiene la obligaci\u00f3n de acreditar la condici\u00f3n en que act\u00faa. <\/p>\n
Los poderes se presumen aut\u00e9nticos, seg\u00fan lo dispone el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, pero, obviamente, tal autenticidad no puede predicarse de poderes no presentados, ya que el juez no est\u00e1 autorizado para presumir que alguien apodera los intereses de otro, sin que en el respectivo expediente ello aparezca acreditado. <\/p>\n
Ahora bien, cabe en materia de tutela la agencia oficiosa, pero ella \u00fanicamente tiene cabida cuando el titular de los derechos fundamentales alegados “no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa”, circunstancia que, por mandato legal expreso, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud (Art\u00edculo 10, Decreto 2591 de 1991). <\/p>\n
La Corte Constitucional ha resaltado la necesidad de la indefensi\u00f3n del interesado, como requisito sine qua non de la agencia oficiosa, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
“La agencia oficiosa, desde luego, no puede encontrar fundamento sino en la imposibilidad de defensa de la persona a cuyo nombre se act\u00faa. El prop\u00f3sito de la misma consiste en evitar que, por la sola falta de legitimaci\u00f3n para actuar, en cuanto no se pueda acreditar un inter\u00e9s directo, se sigan perpetrando los actos violatorios de los derechos fundamentales, prosiga la omisi\u00f3n que los afecta, o se perfeccione la situaci\u00f3n amenazante que pesa sobre ellos. <\/p>\n
Se trata una vez m\u00e1s de asegurar la vigencia efectiva de los derechos por encima de formalidades externas, en una manifestaci\u00f3n de la prevalencia del Derecho sustancial, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 228 de la Carta. <\/p>\n
En tal sentido, la agencia oficiosa -que tiene expresi\u00f3n tambi\u00e9n en los procesos ordinarios pero que adquiere mayor valor e importancia en la medida en que contribuye a la concreci\u00f3n de los derechos fundamentales- se concibe como un instituto de Derecho Procesal que busca el acceso a la administraci\u00f3n de justicia para quien se halla imposibilitado de hacerlo personalmente por cualquier motivo. <\/p>\n
Es, por ello, una forma de lograr que opere el aparato judicial del Estado, aun sin la actividad de quien tiene un inter\u00e9s directo. <\/p>\n
Se trata de lograr la atenci\u00f3n judicial del caso de quien actualmente no puede hacerse o\u00edr. Es en su inter\u00e9s que se consagra la posibilidad de que el Estado obre a partir de la solicitud del agente oficioso. <\/p>\n
Por ello, la agencia oficiosa no puede llevar a que se comprometa el nombre de otro para obtener la actuaci\u00f3n del juez sin manifestaci\u00f3n alguna de quien figura como sujeto pasivo de la vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos. De all\u00ed que la norma legal exija la ratificaci\u00f3n de lo actuado por el agente oficioso como requisito de legitimaci\u00f3n dentro del proceso. <\/p>\n
Tampoco ser\u00eda admisible el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela a nombre de otra persona cuando en realidad se persigue el propio beneficio o inter\u00e9s. <\/p>\n
A juicio de la Corte, quien alega que la persona a cuyo nombre intenta la acci\u00f3n de tutela no puede hacer valer derechos de manera directa, carece de facultad para seguir represent\u00e1ndola leg\u00edtimamente cuando luego se establece, evaluados los hechos por el juez, que aqu\u00e9lla s\u00ed pod\u00eda, por s\u00ed misma, acceder a la administraci\u00f3n de justicia, de donde resulta que en tales casos, a menos que el verdaderamente interesado ratifique de manera expresa su voluntad de continuar con el proceso iniciado y reafirme ante el juez la relaci\u00f3n de los hechos que dan lugar a la petici\u00f3n de amparo, la actuaci\u00f3n debe culminar con la negaci\u00f3n de las pretensiones de la demanda”. (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisi\u00f3n. Sentencia T-044 del 7 de febrero de 1996) <\/p>\n
De lo expuesto se deduce que no pod\u00edan los abogados en los casos bajo examen atribuirse, sin poder, la facultad de agenciar los derechos de extrabajadores de Colpuertos, menos todav\u00eda si no se configuraba ejercicio de una agencia oficiosa, que ni ten\u00eda lugar, por cuanto faltaba el requisito de la indefensi\u00f3n de los solicitantes, ni fue puesta de presente en las respectivas demandas, ni tampoco ratificada por los interesados. <\/p>\n
Adicionalmente, encontr\u00f3 la Corte que en 78 casos a la demanda fue anexado el poder en fotocopia, circunstancia que exige investigaci\u00f3n, toda vez que, no obstante la informalidad propia de la tutela y la presunci\u00f3n de autenticidad que el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece a favor de los poderes presentados, es entendido, por las caracter\u00edsticas de la acci\u00f3n, que todo poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n. <\/p>\n
En ese orden de ideas, mal puede concebirse la utilizaci\u00f3n de un original del poder para presentar una demanda y el uso de fotocopias del mismo documento con el objeto de presentar otras, a no ser que se trate del ejercicio temerario de la acci\u00f3n, proscrito por la ley. <\/p>\n
Uno de los abogados a quienes se confiri\u00f3 poder, Edinson Manuel Zapata Aguilar, con T.P. 58801, aparece ejerciendo la misma acci\u00f3n de tutela dos veces, a nombre de siete de los peticionarios. La Corte estima necesario trasladar ese caso al Consejo Superior de la Judicatura y a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, para lo de su cargo. <\/p>\n
Finalmente, la Corte encontr\u00f3 que en cuatro casos los poderes examinados presentaban enmendaduras en lo referente a los datos y firma del abogado aceptante de los mismos, lo cual, si bien no constituye prueba irrefutable de que tales documentos fueron adulterados, debe dar lugar a la pertinente investigaci\u00f3n penal, a cargo de las autoridades competentes. <\/p>\n
5. La resoluci\u00f3n de la tutela <\/p>\n
Quien ejerce acci\u00f3n de tutela tiene derecho, en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 29, 86, 228 y 229 de la Constituci\u00f3n, a que el juez competente resuelva acerca de la demanda presentada, con independencia del sentido en que lo haga. <\/p>\n
Ello es propio de la actividad confiada por la Carta Pol\u00edtica a los jueces y corresponde al debido proceso y a un concepto material del acceso a la administraci\u00f3n de justicia, m\u00e1xime si se trata de definir situaciones que comprometen los derechos fundamentales de los solicitantes. <\/p>\n
En los procesos acumulados objeto de verificaci\u00f3n, en relaci\u00f3n con cinco de los peticionarios, los jueces a cuyo cargo estaba la sentencia no hicieron pronunciamiento alguno en la parte resolutiva de la misma, con lo cual, de no ser por la temeridad en que incurrieron cuatro de tales solicitantes al presentar la misma demanda dos veces, habr\u00eda lugar a la devoluci\u00f3n de los respectivos expedientes a los juzgados de origen para que procedieran a fallar, ya que no les habr\u00eda sido resuelta su situaci\u00f3n, con protuberante desconocimiento del derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
Establecida, sin embargo, la temeridad, solamente se dispondr\u00e1 lo dicho en el caso del accionante Miguel Angel Escalante Ebrath, quien tiene derecho a que se adopte decisi\u00f3n judicial en cuanto a la tutela impetrada. Para los dem\u00e1s, lo pertinente es la negaci\u00f3n de todas sus pretensiones. <\/p>\n
6. Derecho de petici\u00f3n <\/p>\n
En algunas de las demandas incoadas, junto con otros derechos, se dijo violado por FONCOLPUERTOS el de petici\u00f3n de los actores, por no haber recibido respuesta de la entidad estatal dentro de los t\u00e9rminos legales. <\/p>\n
De conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n y seg\u00fan jurisprudencia reiterada de esta Corte, el Fondo est\u00e1 obligado a dar respuesta a las peticiones correspondientes, sin que ello implique que acceda a la reliquidaci\u00f3n o a los reajustes solicitados por los accionantes. <\/p>\n
Se recuerda lo expuesto en la materia por esta Corte: <\/p>\n
De acuerdo con lo atr\u00e1s expuesto, no se debe confundir el derecho de petici\u00f3n -cuyo n\u00facleo esencial radica en la posibilidad de acudir ante la autoridad y en obtener pronta resoluci\u00f3n- con el contenido de lo que se pide, es decir con la materia de la petici\u00f3n. La falta de respuesta o la resoluci\u00f3n tard\u00eda son formas de violaci\u00f3n de aquel y son susceptibles de la actuaci\u00f3n protectora del juez mediante el uso de la acci\u00f3n de tutela, pues en tales casos se conculca un derecho constitucional fundamental. En cambio, lo que se debate ante la jurisdicci\u00f3n cuando se acusa el acto, expreso o presunto, proferido por la administraci\u00f3n, alude al fondo de lo pedido, de manera independiente del derecho de petici\u00f3n como tal. All\u00ed se discute la legalidad de la actuaci\u00f3n administrativa o del acto correspondiente, de acuerdo con las normas a las que estaba sometida la administraci\u00f3n, es decir que no est\u00e1 en juego el derecho fundamental de que se trata sino otros derechos, para cuya defensa existen las v\u00edas judiciales contempladas en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo y, por tanto, respecto de ella no cabe la acci\u00f3n de tutela salvo la hip\u00f3tesis del perjuicio irremediable (art\u00edculo 86 C.N.). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no es admisible la tesis seg\u00fan la cual el silencio administrativo negativo constituye un medio de defensa judicial por cuya presencia se haga improcedente la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Como se ha subrayado, se trata de un mecanismo para que la persona pueda accionar judicialmente. De no ser por la presunci\u00f3n establecida en la ley, ella tendr\u00eda que esperar a que se produjera el acto expreso por el cual se negara o atendiera su petici\u00f3n para que la respectiva acci\u00f3n tuviera objeto. La figura en comento remueve este obst\u00e1culo y facilita la demanda, ya no contra el acto manifiesto y determinado de la administraci\u00f3n -que precisamente no se ha producido en raz\u00f3n de la omisi\u00f3n mediante la cual se quebranta el derecho del peticionario-, sino contra el acto que la ley presume. Se impide as\u00ed que el interesado quede exp\u00f3sito -en lo que ata\u00f1e al contenido de la decisi\u00f3n que busca obtener de la autoridad-, y que deba aguardar indefinidamente la expedici\u00f3n de un acto susceptible de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
La posibilidad as\u00ed lograda de ejercer una acci\u00f3n judicial no significa que el derecho fundamental de petici\u00f3n haya dejado de ser vulnerado, ni que pierda relevancia jur\u00eddica tal vulneraci\u00f3n, ni tampoco que se haga in\u00fatil o innecesaria la tutela como garant\u00eda constitucional respecto de aquel, sino precisamente lo contrario: el sistema jur\u00eddico, ante la negligencia administrativa que dio lugar a la violaci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n, ha tenido que presumir la respuesta para fines procesales referentes a la materia de lo pedido. <\/p>\n
En este orden de ideas, el silencio administrativo es un presupuesto para someter a la jurisdicci\u00f3n la contienda sobre dicha materia -que es el asunto litigioso objeto de la acci\u00f3n contenciosa- pero no un medio de defensa judicial del derecho de petici\u00f3n en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 86 de la Carta”. (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisi\u00f3n. Sentencia T-242 del 23 de junio de 1993). <\/p>\n
7. Otros aspectos de la revisi\u00f3n efectuada <\/p>\n
La Corte estableci\u00f3, adem\u00e1s, los siguientes eventos, que dan lugar a investigaci\u00f3n: <\/p>\n
-Varios de los solicitantes que incurrieron en temeridad, lo hicieron merced a la alteraci\u00f3n de sus nombres, apellidos y documentos de identificaci\u00f3n. El detalle correspondiente aparece en los anexos 2 y 3 a la presente sentencia. <\/p>\n
-En los expedientes objeto de examen se aprecia una deficiente y, por lo menos en diez casos, inexistente defensa judicial de la empresa demandada. <\/p>\n
En efecto, se echa de menos la argumentaci\u00f3n jur\u00eddica que ha debido ser expuesta por FONCOLPUERTOS ante los jueces de instancia y la coordinaci\u00f3n interna indispensable para verificar cu\u00e1les de los extrabajadores accionantes presentaron doble o triple demanda de tutela (ver anexo 4). <\/p>\n
8. Anexos <\/p>\n
Los cuadros anexos hacen parte integral de esta Sentencia. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
Con base en las expuestas consideraciones, la Sala Quinta de Revisi\u00f3n de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero.- CONFIRMASE la sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil Municipal de Santa Marta mediante la cual se neg\u00f3 la tutela impetrada por Mendoza Amairo Jos\u00e9 y por Llanes C\u00f3rdoba Gustavo, y CONFIRMASE PARCIALMENTE el fallo proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Santa Marta, en cuanto revoc\u00f3 el amparo concedido a Mercado de Charris Martha Gilda. <\/p>\n
Segundo. REVOCASE PARCIALMENTE el fallo proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Santa Marta, y REVOCANSE los fallos proferidos por los Juzgados 1 Civil Municipal y 1 Civil del Circuito de Buenaventura; 13 Penal Municipal de Barranquilla; por el Tribunal Administrativo del Atl\u00e1ntico, Sala de Decisi\u00f3n; por los juzgados 1, 2, 3, 4 y 5 civiles municipales, 7 Civil del Circuito, 4 Penal Municipal, 2 y 6 penales del Circuito de Santa Marta y por la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil-Agraria, mediante los cuales se concedi\u00f3 el amparo solicitado por: <\/p>\n
Abad Romero Mercedes <\/p>\n
Abello Cay\u00f3n Armando Enrique <\/p>\n
Acosta de Barrios Josefina <\/p>\n
Agudelo Ram\u00edrez Eugenio Alberto <\/p>\n
Alaiz Toncel Edgar Alberto <\/p>\n
Alegr\u00eda Pedro Nel <\/p>\n
Alvarado Orozco Heriberto Antonio <\/p>\n
\u00c1lvarez de Granados Ana Leonidas <\/p>\n
Anaya Eyes Mart\u00edn <\/p>\n
Angulo Ortiz Luis Francisco <\/p>\n
Aponte G\u00f3mez Fernando Enrique <\/p>\n
Apreza Rojas Julio Alfonso <\/p>\n
Araujo Quiroz Oswaldo <\/p>\n
Araujo Wenceslao <\/p>\n
Arboleda Antonio Ricaurte <\/p>\n
Ar\u00e9valo Guerrero Roy Alberto <\/p>\n
Ar\u00e9valo Hern\u00e1ndez Carlos Arturo <\/p>\n
Armenta Salda\u00f1a Roque Angel <\/p>\n
Avenda\u00f1o Miranda Rafael Calixto. <\/p>\n
Avenda\u00f1o Polo Felipe Santiago <\/p>\n
\u00c1vila Pacheco Lorenzo Rafael <\/p>\n
Ayola Fontalvo Julio Cesar <\/p>\n
Banguera Qui\u00f1onez Petronilo <\/p>\n
Barraza Pardo Germ\u00e1n <\/p>\n
Barrios Coronado David Patricio <\/p>\n
Bautista \u00c1vila Argelia <\/p>\n
Benavides Castillo Gloria Isabel <\/p>\n
Berm\u00fadez Areiza David <\/p>\n
Berm\u00fadez Pardo Julio Cesar <\/p>\n
Blanco Melo Horacio <\/p>\n
Bola\u00f1o M\u00e1rquez Mois\u00e9s Alberto <\/p>\n
Bola\u00f1o Romero Carlos Adaulfo <\/p>\n
Bonett Amaya Jos\u00e9 Trinidad <\/p>\n
Bornachera de Varela Noem\u00ed Ruth <\/p>\n
Borre Bustamante Wilfrido <\/p>\n
Bravo Torres F\u00e9nix Marina <\/p>\n
Brito Constante Rafael <\/p>\n
Brito Fern\u00e1ndez Jos\u00e9 Isabel <\/p>\n
Brito Guti\u00e9rrez Juan Segundo <\/p>\n
Britto Antonio Joaqu\u00edn <\/p>\n
Britto Castro Benjam\u00edn Segundo <\/p>\n
Britto P\u00e9rez Lu\u00eds <\/p>\n
Britto P\u00e9rez Manuel Antonio <\/p>\n
Brochero V\u00e9lez Carlos Arturo <\/p>\n
Bruges Zapata Alberto de Jes\u00fas <\/p>\n
Bruges Garc\u00eda Ramiro Antonio <\/p>\n
Bruges Grac\u00eda Alvaro <\/p>\n
Bruges Llanes Osvaldo <\/p>\n
Buend\u00eda Castro Alfredo <\/p>\n
Caballero Mu\u00f1oz Pablo Antonio <\/p>\n
Cabarcas P\u00e9rez Jaime Enrique <\/p>\n
Cabas M\u00e1rquez Jaime <\/p>\n
Cadaviedes Constante Carlos Arturo <\/p>\n
Caicedo de Vi\u00e1fara Leonarda <\/p>\n
Caicedo Obreg\u00f3n Jos\u00e9 del Carmen <\/p>\n
Camacho de la Rosa Amparo Isabel <\/p>\n
Camargo Acosta Orlando Efra\u00edn <\/p>\n
Camargo Mercado Himera <\/p>\n
Campo Avilez Anastasio <\/p>\n
Campo Gonz\u00e1lez Jos\u00e9 Mar\u00eda <\/p>\n
Campo Maestre Jos\u00e9 Taracio <\/p>\n
Campo Pardo Jos\u00e9 Ignacio <\/p>\n
Cantillo Barrios Jos\u00e9 Francisco <\/p>\n
C\u00e1rdenas Chaves Roberto <\/p>\n
C\u00e1rdenas Rodr\u00edguez Juan Jos\u00e9 <\/p>\n
Cariaga Guerra Luis Enrique <\/p>\n
Carmona Mart\u00ednez Margarita Isabel <\/p>\n
Carrillo G\u00f3mez Jorge Eli\u00e9cer <\/p>\n
Carrillo Juan de la Cruz <\/p>\n
Cassiani Ledesma Marcelino <\/p>\n
Castillo Aguilar Carlos <\/p>\n
Castrill\u00f3n Melo Hector Enrique <\/p>\n
Castro Calle Carmen <\/p>\n
Castro Garc\u00eda Victor Manuel <\/p>\n
Castro Igirio Victor <\/p>\n
Castro L\u00f3pez Eudoxio <\/p>\n
Castro Pimienta Jos\u00e9 Nicol\u00e1s <\/p>\n
Ceballos Bernales Edgardo <\/p>\n
Celed\u00f3n Molinares Carlos Aurelio <\/p>\n
Colina Fontalvo Alvaro Alcides <\/p>\n
Colorado Lerma Bonifacio <\/p>\n
Contreras Tob\u00edas Julio Manuel <\/p>\n
Coronado Eduardo de la Cruz <\/p>\n
Correa G\u00e1lvez Manuel <\/p>\n
Correa Medina Anibal Segundo <\/p>\n
Correa N\u00fa\u00f1ez Federico Antonio <\/p>\n
Correa Valdovino Jairo Dionisio <\/p>\n
Cort\u00e9s Correa Humberto Enrique <\/p>\n
Cotes de Noguera Abello Liscinia del Carmen <\/p>\n
Crespo Palma Jairo Enrique <\/p>\n
Cucunuba Ochoa Oscar El\u00ed <\/p>\n
Cuello Garc\u00eda Luis Guillermo <\/p>\n
Cuesta Moreno Ren\u00e9 <\/p>\n
Cuisman Murgas Edinson David <\/p>\n
D\u00e1vila Arias Marco Antonio <\/p>\n
Daza Zapata Rodulfo Enrique <\/p>\n
Daza Zapata William <\/p>\n
De Guzm\u00e1n Araujo Rodrigo Domingo <\/p>\n
De la Cruz Paula <\/p>\n
De la Hoz Barraza Jos\u00e9 Santander <\/p>\n
De la Hoz Medina Marcos <\/p>\n
De la Hoz Ortega Hinarco Higinio <\/p>\n
De Le\u00f3n Pacheco Amado Santander <\/p>\n
De Le\u00f3n Pacheco Carlos Rafael <\/p>\n
De Le\u00f3n Pacheco Guillermo Calixto <\/p>\n
De Le\u00f3n Pacheco Santiago Rafael <\/p>\n
De Lima Arregoces Julio Cesar <\/p>\n
De Lima Ramos Alfredo Enrique <\/p>\n
Delgado Noriega Delmiro Manuel <\/p>\n
Dewdney Torres Jorge <\/p>\n
D\u00edaz Bola\u00f1o Hugo Alfonso <\/p>\n
D\u00edaz Conde Ram\u00f3n Francisco <\/p>\n
D\u00edaz Granados Diaz Ganados Matilde Isabel <\/p>\n
D\u00edaz Herrera Gilberto Enrique <\/p>\n
D\u00edaz Loaiza Jos\u00e9 Vicente <\/p>\n
Diuza Qui\u00f1onez Jos\u00e9 Domingo <\/p>\n
Dom\u00ednguez D\u00edaz Silvio de Jes\u00fas <\/p>\n
Dur\u00e1n Gamarra Yamile <\/p>\n
Dur\u00e1n Rodr\u00edguez Manuel de Jes\u00fas <\/p>\n
Emiliany G\u00f3mez Jos\u00e9 Antonio <\/p>\n
Escobar de Andreis Eva Cecilia <\/p>\n
Esmeral Mier \u00c1ngel Manuel <\/p>\n
Espitia Ortiz Rafael <\/p>\n
Evilla Lobo Orlando <\/p>\n
Fawcett Acosta Carlos Alberto <\/p>\n
Fern\u00e1ndez Cantillo Victor Dario <\/p>\n
Fern\u00e1ndez G\u00e1mez Pr\u00f3spero <\/p>\n
Fern\u00e1ndez L\u00f3pez Magalis Esther <\/p>\n
Ferreira Barros Jorge Luis <\/p>\n
Ferreira Brice\u00f1o Alfonso <\/p>\n
Ferreira Pedraza Santiago <\/p>\n
Figueroa Jim\u00e9nez Abel Enrique <\/p>\n
Fl\u00f3rez P\u00e9rez Manuel Salvador <\/p>\n
Fl\u00f3rez Urbina Zaida Luz <\/p>\n
Fontalvo Rodr\u00edguez Modesto <\/p>\n
Francisco V\u00e1squez Jacobo <\/p>\n
Freile Loaiza Hermes Enrique <\/p>\n
Freyle C\u00f3rdova Ismael Segundo <\/p>\n
Fuentes de Luque Irma Raquel <\/p>\n
Fuentes Lugo Jos\u00e9 Mar\u00eda <\/p>\n
Fuentes Manjarr\u00e9s Gustavo M. <\/p>\n
Fuentes Rodr\u00edguez Julia del Carmen <\/p>\n
Galvis Prieto Fernando <\/p>\n
Gamero Gonz\u00e1lez Gilberto Antonio <\/p>\n
Gamero S\u00e1nchez Domingo Antonio <\/p>\n
Garay V\u00e1squez Fernando Emilio <\/p>\n
Garc\u00eda Armenta Carlos Alfredo <\/p>\n
Garc\u00eda de Granados Edilma Esther <\/p>\n
Garc\u00eda de la Victoria Edgar <\/p>\n
Garc\u00eda Gonz\u00e1lez Desposorio <\/p>\n
Garc\u00eda Mayorca Carlos <\/p>\n
Garz\u00f3n Altamar Miguel <\/p>\n
Ger\u00f3nimo Cervantes Ubaldina <\/p>\n
Goenaga Cotes Roberto David <\/p>\n
Goenaga N\u00fa\u00f1ez Florentino Segundo <\/p>\n
G\u00f3mez Herrera Jairo Mart\u00edn <\/p>\n
G\u00f3mez M\u00e1rtinez Olga Mery <\/p>\n
G\u00f3mez Murga Carlos Alfonso <\/p>\n
G\u00f3mez S\u00e1nchez Rito Rafael <\/p>\n
Gonz\u00e1lez Alturo Jos\u00e9 Antonio <\/p>\n
Gonz\u00e1lez Campo Luis Mar\u00eda <\/p>\n
Gonz\u00e1lez Jos\u00e9 Manuel <\/p>\n
Gonz\u00e1lez de la Hoz Oscar Manuel <\/p>\n
Gonz\u00e1lez Gonz\u00e1lez Julio C. <\/p>\n
Gonz\u00e1lez Mengual Gregorio <\/p>\n
Gonz\u00e1lez Su\u00e1rez Alfonso E. <\/p>\n
Granados Berm\u00fadez Manuel Alfonso <\/p>\n
Granados Correa Jos\u00e9 del Carmen <\/p>\n
Granados Mart\u00ednez Pedro Valent\u00edn <\/p>\n
Granados Noriega Genaro <\/p>\n
Granados Ospino Fredy Enrique <\/p>\n
Granados Pab\u00f3n Ricardo Enrique <\/p>\n
Granados Salazar Numa P. <\/p>\n
Guao Mart\u00ednez Andr\u00e9s Avelino <\/p>\n
Guerra Alandette Orlando Alberto <\/p>\n
Guerra Mej\u00eda Dagoberto <\/p>\n
Guerra Vega Jos\u00e9 Antonio <\/p>\n
Guerra Vega Rafael Antonio <\/p>\n
Guerrero Illidge Manuel <\/p>\n
Guti\u00e9rrez Caballero Jos\u00e9 de los Santos <\/p>\n
Guti\u00e9rrez Mu\u00f1oz Edgar Emilio <\/p>\n
Henr\u00edquez Creux Adolfo <\/p>\n
Henr\u00edquez de Garc\u00eda Judit Emma <\/p>\n
Henr\u00edquez Munive Enelda del Socorro <\/p>\n
Herazo Cabello Pablo <\/p>\n
Hern\u00e1ndez Garc\u00eda Jairo <\/p>\n
Hern\u00e1ndez G\u00f3mez Eraus Enrique <\/p>\n
Hern\u00e1ndez L\u00f3pez Adolfo <\/p>\n
Hern\u00e1ndez P\u00e9rez Adalberto <\/p>\n
Hern\u00e1ndez Rodr\u00edguez Donaldo Enrique <\/p>\n
Hern\u00e1ndez Rodr\u00edguez Wenceslao <\/p>\n
Herrera Toncel Rafael <\/p>\n
Huertas D\u00edaz Valent\u00edn Segundo <\/p>\n
Huertas Montes Luis Francisco <\/p>\n
Iba\u00f1ez Santiago Tom\u00e1s Rodolfo <\/p>\n
Iguar\u00e1n Effer Rafael Emilio <\/p>\n
Iguar\u00e1n Ram\u00edrez Segundo Virgilio <\/p>\n
Imitola Villanueva Rafael Eduardo <\/p>\n
Jim\u00e9nez Ariza Julio Cesar <\/p>\n
Jolianes Rodr\u00edguez Gilberto <\/p>\n
Labarces Fandi\u00f1o Jos\u00e9 Rafael <\/p>\n
Labarces Maestre Armando E. <\/p>\n
Laborde Forero Jos\u00e9 <\/p>\n
Lacauture Ospino Carmen Paulina Mar\u00eda <\/p>\n
Lacera Navarro Heriberto S. <\/p>\n
Laju\u00f3 Escobar Leudis <\/p>\n
Leguia T\u00e9llez Eduardo Arturo <\/p>\n
Lemus Monta\u00f1o Raul Enrique <\/p>\n
Le\u00f3n Hern\u00e1ndez Orlando Manuel <\/p>\n
Linero Bernal Luis Aurelio <\/p>\n
Linero Creus Jorge Enrique <\/p>\n
Lizcano Obispo Jos\u00e9 <\/p>\n
Lizcano Pacheco William Alberto <\/p>\n
Llanes Lopsam Dagoberto <\/p>\n
Llanes Lopsan Jorge Calisto <\/p>\n
Lobo Mendoza Wilson Manuel <\/p>\n
L\u00f3pez Cabana \u00c1ngela <\/p>\n
L\u00f3pez Iguar\u00e1n Julia C. <\/p>\n
L\u00f3pez L\u00f3pez Luis <\/p>\n
L\u00f3pez Mengual Alfonso <\/p>\n
L\u00f3pez Mesa Victor <\/p>\n
L\u00f3pez Sierra Carlos Alberto <\/p>\n
Lovera Su\u00e1rez Jos\u00e9 Trinidad <\/p>\n
Lozada Baldovino Fidel <\/p>\n
Lozada de la Cruz Carlos Adolfo <\/p>\n
Lozada Peczzano Aroldo Enrique <\/p>\n
Lozano P\u00e9rez Arg\u00e9nida Mar\u00eda <\/p>\n
Maestre Jim\u00e9nez Nicol\u00e1s <\/p>\n
Maiguel de Celed\u00f3n Zunilda Cecilia <\/p>\n
Maiguel Noguera Martha Beatriz <\/p>\n
Mancilla Charris Santiago Mayor <\/p>\n
Manjarr\u00e9s de Mendoza Marinelda <\/p>\n
Manjarrez Acosta Manuel Agust\u00edn <\/p>\n
Manjarr\u00e9s Qui\u00f1ones Lu\u00eds Segundo <\/p>\n
Mar\u00edn Andrade Hector Manuel <\/p>\n
Mar\u00edn D\u00edaz Jos\u00e9 Mar\u00eda <\/p>\n
M\u00e1rquez Colina Etilson Rafael <\/p>\n
Marriaga P\u00e9rez Jos\u00e9 de los Santos <\/p>\n
Mart\u00ednez de Ropain Am\u00e9rica <\/p>\n
Mart\u00ednez DiazGranados Gabriel <\/p>\n
Mart\u00ednez Escobar Emiro Nell <\/p>\n
Mart\u00ednez Gonz\u00e1lez Humberto <\/p>\n
Mart\u00ednez Hern\u00e1ndez Jorge Manuel <\/p>\n
Mart\u00ednez Jim\u00e9nez Marina <\/p>\n
Mart\u00ednez L\u00f3pez Marina del Socorro <\/p>\n
Mart\u00ednez Mart\u00ednez Anibal <\/p>\n
Mart\u00ednez Su\u00e1rez Mario Rafael <\/p>\n
Mart\u00ednez Villar Oscar Francisco <\/p>\n
Matos V\u00e1squez Jos\u00e9 de las Mercedes <\/p>\n
Matos V\u00e1squez Luis Magin <\/p>\n
Matos V\u00e1squez Tom\u00e1s Alberto <\/p>\n
Medina Herrera Guillermo <\/p>\n
Mel\u00e9ndez Manjarr\u00e9s Fernando <\/p>\n
Mel\u00e9ndez Zafrane Ram\u00f3n Adolfo <\/p>\n
M\u00e9ndez Campo Alfonso <\/p>\n
M\u00e9ndez Montufar Luis Alfonso <\/p>\n
Mendivil de Rodr\u00edguez Ena Fabiola <\/p>\n
Mendoza Armenta Juan Osvaldo <\/p>\n
Mendoza Granados Rafael <\/p>\n
Mendoza Guerra Carlos Segundo <\/p>\n
Mendoza Meza Marta Beatriz <\/p>\n
Mendoza Mora Rodrigo Enrique <\/p>\n
Mendoza Torres Carlos Manuel <\/p>\n
Mendoza Viuda de L\u00f3pez Sierra Dilia <\/p>\n
Meza de \u00c1vila Ram\u00f3n <\/p>\n
Meza Mart\u00ednez Apolinar <\/p>\n
Mier Benitez Hugo Horacio <\/p>\n
Mier Berm\u00fadez Fanny Ester <\/p>\n
Mier Osorio Urbano A. <\/p>\n
Miranda Silva Daniel Apolonio <\/p>\n
Molina D\u00edaz Alfredo <\/p>\n
Montalvo Agudelo Nicol\u00e1s <\/p>\n
Montalvo Escorcia Juan Carlos <\/p>\n
Montero G\u00f3mez Justiniano <\/p>\n
Montero Hincapi\u00e9 Epismelio <\/p>\n
Montero Rodr\u00edguez Rafael <\/p>\n
Mozo Carlos Alberto <\/p>\n
Mu\u00f1oz Matos Ismael Guillermo <\/p>\n
Mu\u00f1oz S\u00e1nchez Francisco <\/p>\n
Mu\u00f1oz Zu\u00f1iga Cesar Augusto <\/p>\n
Narvaez Mazanet Manuel Antonio <\/p>\n
Navarro Maiguel Germ\u00e1n <\/p>\n
Navarro N\u00fa\u00f1ez Jorge <\/p>\n
Niebles Ayala Dolores Mar\u00eda <\/p>\n
Noguera Aguilar Mar\u00eda del Socorro <\/p>\n
Noguera Lacouture Julio Francisco <\/p>\n
Noquera Torres Jorge Eli\u00e9cer <\/p>\n
Noriega Escobar Hernando <\/p>\n
Noriega Escobar Ra\u00fal <\/p>\n
Noriega Moscote Victor Manuel <\/p>\n
N\u00fa\u00f1ez Bustos Roberto Gustavo <\/p>\n
N\u00fa\u00f1ez de \u00c1vila Roberto Gustavo <\/p>\n
N\u00fa\u00f1ez L\u00f3pez Pedro <\/p>\n
Ochoa Rua Luis <\/p>\n
Oduber Fuenmayor Luis Eustaquio <\/p>\n
Oliveros Pe\u00f1a Luis <\/p>\n
Orobio de Obreg\u00f3n Marina <\/p>\n
Orozco Carrascal Armando Jos\u00e9 <\/p>\n
Orozco Yolianes Oscar Alfonso <\/p>\n
Osorio V\u00e1squez Pr\u00f3spero <\/p>\n
Ospino Hern\u00e1ndez Cesar Augusto <\/p>\n
Ospino Mart\u00ednez Argemiro <\/p>\n
Otero Castillo Ana Agripina <\/p>\n
Paba Ca\u00f1arete Sixto Alberto <\/p>\n
Pab\u00f3n Miranda Laureano Manuel <\/p>\n
Pacheco de la Hoz Jos\u00e9 Antonio <\/p>\n
Pacheco Hern\u00e1ndez Luis Alberto <\/p>\n
Pacheco Jaramillo Hugo <\/p>\n
Pacheco Morales Roberto <\/p>\n
Palacio Contrera Edilson Erne <\/p>\n
Pallares Buelvas Pedro Antonio <\/p>\n
Pana L\u00f3pez Lacides <\/p>\n
Panefleck Jos\u00e9 Francisco <\/p>\n
Pardo B. Juan Mar\u00eda <\/p>\n
Pardo Garc\u00eda Alberto Emilio <\/p>\n
Pardo Jim\u00e9nez Efra\u00edn Enrique <\/p>\n
Pardo Rivas Delio Rafael <\/p>\n
Pardo Rivas Pedro Pablo <\/p>\n
Pardo Rojas Guillermo Luis <\/p>\n
Parejo Mart\u00ednez Andr\u00e9s Emilio <\/p>\n
Parra Curvelo Julio Segundo <\/p>\n
Pati\u00f1o Euclides <\/p>\n
Paz Moreno Edilberto <\/p>\n
Pedroza Solano Jaime Dinisio <\/p>\n
Pel\u00e1ez Miranda Esteban <\/p>\n
Pe\u00f1a Aguirre Luis Roberto <\/p>\n
Pe\u00f1a Melo Jos\u00e9 <\/p>\n
Pe\u00f1a Nelson Ernesto <\/p>\n
Pe\u00f1aranda Alvarado Jorge Enrique <\/p>\n
Pe\u00f1aranda Salcedo Tom\u00e1s Rafael <\/p>\n
Peralta Solano \u00c1ngel de Jes\u00fas <\/p>\n
Perea Castro Orlando Segundo <\/p>\n
Pereira Guzm\u00e1n Iv\u00e1n Alberto <\/p>\n
Pereira Rodr\u00edguez Federico Antonio <\/p>\n
P\u00e9rez Cand\u00eda Hermes Alfonso <\/p>\n
P\u00e9rez G\u00f3mez Andr\u00e9s <\/p>\n
P\u00e9rez Jim\u00e9nez Vidal <\/p>\n
P\u00e9rez Mart\u00ednez Luciano Hern\u00e1n <\/p>\n
P\u00e9rez Mizrahi Efra\u00edn Alberto <\/p>\n
P\u00e9rez Noriega Elena <\/p>\n
P\u00e9rez Osias Adolfo <\/p>\n
P\u00e9rez Polo Sergio Rafael <\/p>\n
P\u00e9rez Rovira Nicol\u00e1s Alberto <\/p>\n
Perez Villanueva David <\/p>\n
P\u00e9rez viuda de Hern\u00e1ndez Teresa <\/p>\n
Pernett Infante Gildo <\/p>\n
Perpi\u00f1\u00e1n Castrell\u00f3n Pedro Antonio <\/p>\n
Pertuz Maiguel Alvaro <\/p>\n
Pich\u00f3n Chaves Luis Eduardo <\/p>\n
Pimienta Effer Francisco <\/p>\n
Pinedo Fills Armando <\/p>\n
Pinedo Pacheco Adolfo Enrique <\/p>\n
Pinedo Romero Elizabeth <\/p>\n
Pinedo Vidal Mario Francisco <\/p>\n
Pinto Cantillo Carlos <\/p>\n
Polo Bola\u00f1o Jaime Enrique <\/p>\n
Polo Robles Alfonso Nelson <\/p>\n
Ponce G\u00f3mez Maritza <\/p>\n
Ponce Mart\u00ednez Enrique Anselmo <\/p>\n
Ponce Munive Jos\u00e9 Francisco <\/p>\n
Prieto Garc\u00eda Ramiro Antonio <\/p>\n
Pupo Guerra Victor Manuel <\/p>\n
Quant Le\u00f3n Mario Jos\u00e9 <\/p>\n
Quintero Torres Dorismel <\/p>\n
Quinto G\u00f3mez Cesar Augusto <\/p>\n
Quinto G\u00f3mez Jorge <\/p>\n
Ram\u00edrez Campo Alvaro de Jes\u00fas <\/p>\n
Ramos G\u00e1mez Dagoberto <\/p>\n
Rebolledo Viloria Victor Manuel <\/p>\n
Rebollo Ferreira Rafael <\/p>\n
Redondo Caballero Nelson Rafael <\/p>\n
Redondo Carranza Julio Francisco <\/p>\n
Reinel Oliveros Heliodoro <\/p>\n
Rico Rojano Rafael <\/p>\n
Rinc\u00f3n L\u00f3pez Carmen Elena <\/p>\n
Rivera de Dur\u00e1n Rosa Amelia <\/p>\n
Robles Camargo Rafael Ramiro <\/p>\n
Robles Lopesierra Eduardo <\/p>\n
Rodr\u00edguez Daza Wilson Rafael <\/p>\n
Rodr\u00edguez Fontanilla Roger del Rosario <\/p>\n
Rodr\u00edguez Pacheco Urbano Gregorio <\/p>\n
Rojas De Andreis Antonio Basilio <\/p>\n
Rojas Herrera Nicol\u00e1s <\/p>\n
Rojas Solano Alfredo Antonio <\/p>\n
Romero Roys Justiniano Segundo <\/p>\n
Rosales Mej\u00eda Manuel Antonio <\/p>\n
Rossenthiel Pab\u00f3n Luis Rafael <\/p>\n
Rovira Mercado Antonio Cesar <\/p>\n
Rovira Mercado Luis Carlos <\/p>\n
Rovira Mercado Rafael Alfonso <\/p>\n
Rueda Moreno Luis Eduardo <\/p>\n
Ru\u00edz de Romero Gladys Marina <\/p>\n
Ru\u00edz Vega Alfredo <\/p>\n
Rui\u00ed Vence Eudes E. <\/p>\n
Salas Iba\u00f1ez Jos\u00e9 Miguel <\/p>\n
Salas Pinto Rafael Calixto <\/p>\n
Saltaren Rodr\u00edguez Juli\u00e1n Alberto <\/p>\n
Saltar\u00e9n Varela Jos\u00e9 Domingo <\/p>\n
S\u00e1nchez de Borre Leonor <\/p>\n
S\u00e1nchez Fern\u00e1ndez Edinson <\/p>\n
Santander Mor\u00e1n Alvaro Marino <\/p>\n
Santiago Sierra Alberto Antonio <\/p>\n
Santrich Barrios Luis Eduardo <\/p>\n
Saucedo Yepes B\u00e1rbara <\/p>\n
Schiller Mercado Joaqu\u00edn Guillermo <\/p>\n
Serna D\u00e1vila Cecilia <\/p>\n
Sierra Bayuelo Rafael <\/p>\n
Sierra Mora Wilfrido <\/p>\n
Sierra Munive Georgina <\/p>\n
Silva Pereyra Antonio Mar\u00eda <\/p>\n
Simonds Serpa Manuel <\/p>\n
Socarr\u00e1s de T. Melva Ester <\/p>\n
Sosa Jos\u00e9 del Carmen <\/p>\n
Steban Salamanca Jacob Francisco <\/p>\n
Su\u00e1rez Conde Alvaro <\/p>\n
Su\u00e1rez L\u00f3pez Rafael <\/p>\n
Su\u00e1rez Zambrano Salvador <\/p>\n
Teher\u00e1n P\u00e9rez Avilio <\/p>\n
Tinoco Jos\u00e9 de los Santos <\/p>\n
Tob\u00edas G\u00e1mez Diomedes <\/p>\n
Toloza Guill\u00e9n Bolivar <\/p>\n
Tromp El\u00edas Segundo <\/p>\n
Urina Delgado Jorge <\/p>\n
Valencia de Caicedo Doris <\/p>\n
Vallejo Ochoa Santander de Jes\u00fas <\/p>\n
Vanegas Mej\u00eda Francisco <\/p>\n
Varela Bornachera Rodrigo Rafael <\/p>\n
Varela de Padilla Mar\u00eda Trinidad <\/p>\n
Varela Gonz\u00e1lez F\u00e9lix <\/p>\n
Vargas Cabana Dagoberto <\/p>\n
Vargas Cabana Valent\u00edn Antonio <\/p>\n
Vargas R. Pedro Jos\u00e9 <\/p>\n
V\u00e1squez de la Hoz Rafael Arturo <\/p>\n
V\u00e1squez Matos Beatriz Elena <\/p>\n
Vel\u00e1squez Linero Orlando Alfredo <\/p>\n
Vieche Zapata Belia <\/p>\n
Vilarete Fern\u00e1ndez Eliodoro Jaime <\/p>\n
Villalobos Yepes Antonio <\/p>\n
Villamil Cadena Andr\u00e9s Alfonso <\/p>\n
Villar Meza Jairo Alberto <\/p>\n
Viloria Guerrero F\u00e9lix Antonio <\/p>\n
Viveros Reyes Francia Elena <\/p>\n
Vives de Henr\u00edquez Ana Mar\u00eda <\/p>\n
Vives Salas Julia In\u00e9s <\/p>\n
Winclar Torres Gabriel <\/p>\n
Yanes Ureche Gregorio <\/p>\n
Yanez Masis Gumercindo <\/p>\n
Yuceff Cortina Jasan <\/p>\n
Zableh Buchar Bichara <\/p>\n
Zapata Bola\u00f1o Orlando <\/p>\n
Zapata Rivas Hector Emilio <\/p>\n
Zea Rojas Jos\u00e9 Antonio <\/p>\n
Zubir\u00eda Weber Daniel Vicente <\/p>\n
Tercero. Por ejercicio temerario de la acci\u00f3n de tutela, SE CONDENA a los siguientes peticionarios al pago de las costas causadas por el tr\u00e1mite de los correspondientes procesos: <\/p>\n
Ar\u00e9valo Hern\u00e1ndez Carlos Arturo <\/p>\n
Bornachera de Varela Noem\u00ed Ruth <\/p>\n
Buend\u00eda Castro Alfredo <\/p>\n
Cabarcas P\u00e9rez Jaime Enrique <\/p>\n
Campo Avilez Anastasio <\/p>\n
Campo Gonz\u00e1lez Jos\u00e9 Mar\u00eda <\/p>\n
Cariaga Guerra Luis Enrique <\/p>\n
Carrillo G\u00f3mez Jorge Eli\u00e9cer <\/p>\n
Cassiani Ledesma Marcelino <\/p>\n
Castro Garc\u00eda Victor Manuel <\/p>\n
Correa G\u00e1lvez Manuel <\/p>\n
Correa Valdovino Jairo Dionisio <\/p>\n
Cort\u00e9s Correa Humberto Enrique <\/p>\n
Cot\u00e9s de Noguera Abello Liscinia del Carmen <\/p>\n
Cuesta Moreno Ren\u00e9 <\/p>\n
Daza Zapata Rodulfo Enrique <\/p>\n
Daza Zapata William <\/p>\n
Dur\u00e1n Rodr\u00edguez Manuel de Jes\u00fas <\/p>\n
Espitia Ortiz Rafael <\/p>\n
Fawcett Acosta Carlos Alberto <\/p>\n
Fern\u00e1ndez L\u00f3pez Magalis Esther <\/p>\n
Garay V\u00e1squez Fernando Emilio <\/p>\n
Garc\u00eda de Granados Edilma Esther <\/p>\n
Ger\u00f3nimo Cervantes Ubaldina <\/p>\n
Goenaga N\u00fa\u00f1ez Florentino Segundo <\/p>\n
G\u00f3mez Herrera Jairo Mart\u00edn <\/p>\n
G\u00f3mez Murga Carlos Alfonso <\/p>\n
G\u00f3mez S\u00e1nchez Rito Rafael <\/p>\n
Gonz\u00e1lez Campo Luis Mar\u00eda <\/p>\n
Gonz\u00e1lez Jos\u00e9 Manuel <\/p>\n
Granados Ospino Fredy Enrique <\/p>\n
Granados Pab\u00f3n Ricardo Enrique <\/p>\n
Guerra Alandette Orlando Alberto <\/p>\n
Henr\u00edquez De Garc\u00eda Judit Emma <\/p>\n
Hern\u00e1ndez Garc\u00eda Jairo <\/p>\n
Huertas Jim\u00e9nez Jos\u00e9 Antonio <\/p>\n
Iguar\u00e1n Effer Rafael Emilio <\/p>\n
Jim\u00e9nez Ariza Julio Cesar <\/p>\n
Lozano P\u00e9rez Arg\u00e9nida Mar\u00eda <\/p>\n
Maiguel Noguera Martha Beatriz <\/p>\n
Manjarrez Qui\u00f1ones Luis Segundo <\/p>\n
Mart\u00ednez Gonz\u00e1lez Humberto <\/p>\n
Matos V\u00e1squez Luis Magin <\/p>\n
Matos V\u00e1squez Tom\u00e1s Alberto <\/p>\n
Mattos Cantillo Norberto de Jes\u00fas <\/p>\n
Mendoza Armenta Juan Osvaldo <\/p>\n
Mier Benitez Hugo Horacio <\/p>\n
Navarro Maiguel Germ\u00e1n <\/p>\n
Noguera Torres Jorge Eli\u00e9cer <\/p>\n
Noriega Moscote Victor Manuel <\/p>\n
Pacheco de la Hoz Jos\u00e9 Antonio <\/p>\n
Pacheco Jaramillo Hugo <\/p>\n
Pardo Garc\u00eda Alberto Emilio <\/p>\n
Pardo Rivas Delio Rafael <\/p>\n
Pardo Rojas Guillermo Luis <\/p>\n
Parejo Mart\u00ednez Andr\u00e9s Emilio <\/p>\n
Pereira Guzm\u00e1n Iv\u00e1n Alberto <\/p>\n
Reinel Oliveros Heliodoro <\/p>\n
Robles Camargo Rafael Ramiro <\/p>\n
Rodr\u00edguez Daza Wilson Rafael <\/p>\n
Rodr\u00edguez Pacheco Urbano Gregorio <\/p>\n
Rossenthiel Pab\u00f3n Luis Rafael <\/p>\n
Rovira Mercado Antonio Cesar <\/p>\n
Rovira Mercado Rafael Alfonso <\/p>\n
Saltaren Varela Jos\u00e9 Domingo <\/p>\n
Santiago Sierra Alberto Antonio <\/p>\n
Santrich Barrios Luis Eduardo <\/p>\n
Schiller Mercado Joaqu\u00edn Guillermo <\/p>\n
Serna D\u00e1vila Cecilia <\/p>\n
Tob\u00edas G\u00e1mez Diomedes <\/p>\n
Tromp El\u00edas Segundo <\/p>\n
Varela de Padilla Mar\u00eda Trinidad <\/p>\n
Vives Salas Julia In\u00e9s <\/p>\n
Yanez Masis Gumercindo <\/p>\n
Zambrano Benjumea Juan Jos\u00e9 <\/p>\n
Zapata Bola\u00f1o Orlando <\/p>\n
Zapata Rivas Hector Emilio <\/p>\n
Las costas se liquidar\u00e1n de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991 y normas concordantes, por los jueces de instancia. <\/p>\n
Cuarto.- REMITANSE los originales de los expedientes objeto de an\u00e1lisis y copia de la presente Sentencia al Fiscal General de la Naci\u00f3n, para que se inicien las investigaciones penales tendientes a establecer responsabilidades por la posible comisi\u00f3n de delitos en la iniciaci\u00f3n, tr\u00e1mite y decisi\u00f3n de los procesos adelantados. <\/p>\n
<\/p>\n
Quinto.- REMITANSE copias del presente fallo y de los expedientes analizados al Procurador General de la Naci\u00f3n para que se adelanten los correspondientes procesos disciplinarios contra los servidores del Estado que hayan podido actuar irregularmente en el tr\u00e1mite y decisi\u00f3n de los procesos en referencia y en el manejo de los recursos e intereses p\u00fablicos afectados por ellos. <\/p>\n
Sexto.- OFICIESE al Consejo Superior de la Judicatura -Sala Jurisdiccional Disciplinaria-, con el objeto de que se inicien las investigaciones disciplinarias respectivas contra los abogados ALFONSO ANTONIO NU\u00d1EZ MAC\u00cdAS T.P.25778; DINO ALBERTO GIL OSORIO T.P.73760; EDGAR S\u00c1NCHEZ VARELA T.P.58958; EDINSON MANUEL ZAPATA AGUILAR T.P.58801; ENIMELETH QUINTANA LEURO T.P.74796; FRANKLIN MANZANO FERN\u00c1NDEZ T.P.36910; HUGO RAFAEL MOR\u00d3N RANGEL T.P.41301; JAVIER FERNANDO D\u00cdAZ MEEK T.P.49086; M\u00d3NICA PATRICIA LAVALLE ORTIZ T.P.72765; PEDRO MANUEL CARDOZO GARC\u00cdA T.P.63928; SAMUEL PUERTAS MONTES T.P.39303 <\/p>\n
De los expedientes acumulados por la Corte Constitucional aparece que las personas mencionadas pudieron incurrir en faltas graves contra el r\u00e9gimen jur\u00eddico aplicable al ejercicio de la abogac\u00eda y en violaci\u00f3n del art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
S\u00e9ptimo.- El Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia-FONCOLPUERTOS- cesar\u00e1, a partir de la notificaci\u00f3n de esta Sentencia, todo pago ordenado judicialmente por la v\u00eda de tutela, en los expedientes examinados, a los accionantes o a sus apoderados, sin perjuicio de las respuestas que deba dar a las peticiones respetuosas que le hubieren sido presentadas, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
Igualmente, el Fondo dentro de los ocho (8) d\u00edas h\u00e1biles siguientes a la notificaci\u00f3n de este fallo, ejercer\u00e1 las pertinentes acciones judiciales encaminadas a obtener el reintegro de las sumas pagadas sin t\u00edtulo como consecuencia de los fallos que se revocan, y las canceladas en exceso por el ejercicio temerario de dos o m\u00e1s acciones por las mismas personas y en relaci\u00f3n con los mismos hechos y derechos. <\/p>\n
El presente fallo presta m\u00e9rito ejecutivo para efectuar dichos cobros. <\/p>\n
Octavo.- OFICIESE al Contralor General de la Rep\u00fablica, para que, con base en la presente Sentencia, cuya copia se le remitir\u00e1, ejerza el control fiscal, en el marco de sus competencias, sobre el Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia-FONCOLPUERTOS-, en el asunto examinado. <\/p>\n
Noveno.- REMITASE al Juez 1 Civil Municipal de Santa Marta copia del expediente T-105610, en el cual aparece como accionante el se\u00f1or Escalante Ebrath Miguel Angel, cuya solicitud de tutela no fue objeto de fallo, para que, de conformidad con el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n y con el Decreto 2591 de 1991, se resuelva sobre ella. <\/p>\n
D\u00e9cimo.- SURTASE el tr\u00e1mite previsto en el art\u00edculo 36 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
En raz\u00f3n de la investigaci\u00f3n penal que deber\u00e1 iniciarse, se remitir\u00e1n copias de los expedientes revisados a los juzgados de origen, pues los originales ser\u00e1n enviados a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese, comun\u00edquese, publ\u00edquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y c\u00famplase. <\/p>\n
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO <\/p>\n
Presidente de la Sala <\/p>\n
HERNANDO HERRERA VERGARA ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO <\/p>\n
Magistrado Magistrado <\/p>\n
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO <\/p>\n
Secretaria General <\/p>\n
<\/p>\n
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T-001-97 Sentencia T-001\/97 ACCION DE TUTELA-Procedencia por falta de idoneidad del medio judicial\/PERJUICIO IRREMEDIABLE-Procedencia transitoria de tutela La falta de idoneidad del medio judicial ordinario da lugar a la viabilidad de la tutela para la efectividad de los derechos afectados o en peligro; y, correlativamente, si dicho medio judicial se muestra […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[27],"tags":[],"class_list":["post-3069","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-tutelas-1997"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3069","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3069"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3069\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3069"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3069"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3069"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}