T-006-97<\/p>\n
Sentencia T-006\/97 <\/p>\n
PARTIDA PRESUPUESTAL PARA DOCENTES-Ejecuci\u00f3n o tr\u00e1mite para pago de salarios <\/p>\n
El salario es un derecho inalienable de la persona. Este constituye un factor necesario para la subsistencia, por ende, es una obligaci\u00f3n que el empleador debe cumplir de manera completa y oportuna. La omisi\u00f3n en el pago del salario no solo vulnera el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, sino que compromete otros derechos como la seguridad social y la vida. Las autoridades p\u00fablicas deben asegurarse, antes de proferir el acto de nombramiento, que est\u00e9n incluidas las partidas presupuestales correspondientes, de tal manera que se pueda subvencionar la remuneraci\u00f3n respectiva. En caso contrario, no tiene por qu\u00e9 el servidor p\u00fablico soportar la desidia de la administraci\u00f3n, ni los perjuicios derivados de la p\u00e9rdida del poder adquisitivo de la moneda. La existencia de otros medios de defensa judicial no son tan eficaces como la tutela, para conjurar el perjuicio irremediable que se causa al trabajador por la dilaci\u00f3n en el pago peri\u00f3dico del salario. <\/p>\n
Referencia: Expediente T-107.796 <\/p>\n
Santa Fe de Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de enero de mil novecientos noventa y siete. <\/p>\n
Jos\u00e9 Humberto Torres D\u00edaz en la condici\u00f3n de Defensor del Pueblo (e) regional de C\u00facuta, instaura acci\u00f3n de tutela como mecanismo transitorio, en representaci\u00f3n de: NANCY ELENA PE\u00d1A, SARA EDITH VILLAMIZAR, FRANCISCO VERA RODRIGUEZ, MARIA ZORAIDA MOGOLLON DE OROZCO, MARIELA RICO CAMARGO, MARTHA LEMUS RODRIGUEZ, AMIRA ORTIZ MALDONADO, ROSALBA RODRIGUEZ VERA, ANA MERCEDES RIVERA, JAIME A. RODRIGUEZ CABALLERO, NELSON EDUARDO RIVERA ALARCON, GLORIA ANAYA SILVA, EDGAR ENRIQUE ALVARADO, MARIA OLIVA VILLAMIZAR ROMERO, MARLENI GONZALEZ PE\u00d1A, LUCY PATRICIA VALERO MORA, LUISA ELVIRA PATI\u00d1O PINILLA, FANNY MEREYA MOGOLLON ALVAREZ, CARMEN YOLANDA ALVAREZ, MERCEDES MERCHAN BASTO, ALIX YANETH CALDERON, NUBIA ASTRID GUTIERREZ SOLANO, MARLENY CIFUENTES MORENO, CARMEN ROSA VARGAS O., MARIA ALICIA GONZALEZ PE\u00d1A, CARMEN ROCIO VARGAS VERA y PAULA MORENO SUAREZ quienes fueron nombrados mediante decreto departamental para prestar sus servicios como docentes en el municipio de Chitag\u00e1-Norte de Santander (folio 73). <\/p>\n
Manifiesta el Defensor (e) que hasta la fecha de interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela -11 de julio de 1996-, a sus representados no les han cancelados los salarios del mes de mayo y junio de 1996. <\/p>\n
Los afectados se han dirigido en numerosas ocasiones al Gobernador del Norte de Santander, sin lograr un pronunciamiento definitivo en relaci\u00f3n con sus peticiones. <\/p>\n
Esta Sala de Revisi\u00f3n entrara a considerar la violaci\u00f3n de los derechos al trabajo y de petici\u00f3n: <\/p>\n
El amparo de los derechos fundamentales es viable cuando el motivo de la violaci\u00f3n es la negligencia u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas. Esta violaci\u00f3n se ocasiona cuando conociendo la necesidad de cumplir con los compromisos laborales, la administraci\u00f3n no paga los salarios a sus trabajadores y con ello lesiona el derecho al trabajo. <\/p>\n
Por ello se recuerda lo se\u00f1alado por esta Corporaci\u00f3n en cuanto que, el salario es un derecho inalienable de la persona. Este constituye un factor necesario para la subsistencia, por ende, es una obligaci\u00f3n que el empleador debe cumplir de manera completa y oportuna. La omisi\u00f3n en el pago del salario no solo vulnera el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, sino que compromete otros derechos como la seguridad social y la vida. <\/p>\n
As\u00ed entonces, las autoridades p\u00fablicas deben asegurarse, antes de proferir el acto de nombramiento, que est\u00e9n incluidas las partidas presupuestales correspondientes, de tal manera que se pueda subvencionar la remuneraci\u00f3n respectiva. En caso contrario, no tiene por qu\u00e9 el servidor p\u00fablico soportar la desidia de la administraci\u00f3n, ni los perjuicios derivados de la p\u00e9rdida del poder adquisitivo de la moneda. <\/p>\n
Por tanto, esta Sala de Revisi\u00f3n ampara la protecci\u00f3n de los docentes afectados en el caso presente para garantizar el pago oportuno de su salarios, pese a la existencia de otros medios de defensa judicial que no son tan eficaces como la tutela, para conjurar el perjuicio irremediable que se causa al trabajador por la dilaci\u00f3n en el pago peri\u00f3dico del salario (Cf. Sentencias T-167 de 1994, T-063 de 1995 y T-146 de 1996). <\/p>\n
Adem\u00e1s de lo anterior, se observa que el Gobernador del Norte de Santander omiti\u00f3 resolver o producir una decisi\u00f3n sobre el asunto sometido a su consideraci\u00f3n, por lo cual procede garantizar el derecho de petici\u00f3n y, en consecuencia, se ordenara responder de fondo las solicitudes presentadas. <\/p>\n
El derecho de petici\u00f3n es un mecanismo de participaci\u00f3n otorgado por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica al administrado, para que pueda dirigirse a las autoridades p\u00fablicas, en inter\u00e9s particular o general y obtener una contestaci\u00f3n pronta y sustancial. Que hace parte del n\u00facleo esencial del derecho consagrado en el art\u00edculo 23 Superior. (Cf. Corte Constitucional. Sentencias T-125 de 1995 y T-161 de 1996). <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisi\u00f3n de la Corte Constitucional, Administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n
Primero. REVOCAR la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Laboral, el 22 de agosto de 1996, en segunda instancia, y la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, Sala Laboral, el 19 de julio de 1996, en primera instancia, dentro de la acci\u00f3n de tutela de la referencia. <\/p>\n
Segundo. CONCEDER la tutela impetrada. En consecuencia, se ordena al Gobernador del Departamento del Norte de Santander que, si todav\u00eda no lo ha hecho, proceda, dentro de las 48 horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta sentencia, a cancelar a los docentes NANCY ELENA PE\u00d1A, SARA EDITH VILLAMIZAR, FRANCISCO VERA RODRIGUEZ, MARIA ZORAIDA MOGOLLON DE OROZCO, MARIELA RICO CAMARGO, MARTHA LEMUS RODRIGUEZ, AMIRA ORTIZ MALDONADO, ROSALBA RODRIGUEZ VERA, ANA MERCEDES RIVERA, JAIME A. RODRIGUEZ CABALLERO, NELSON EDUARDO RIVERA ALARCON, GLORIA ANAYA SILVA, EDGAR ENRIQUE ALVARADO, MARIA OLIVA VILLAMIZAR ROMERO, MARLENI GONZALEZ PE\u00d1A, LUCY PATRICIA VALERO MORA, LUISA ELVIRA PATI\u00d1O PINILLA, FANNY MEREYA MOGOLLON ALVAREZ, CARMEN YOLANDA ALVAREZ, MERCEDES MERCHAN BASTO, ALIX YANETH CALDERON, NUBIA ASTRID GUTIERREZ SOLANO, MARLENY CIFUENTES MORENO, CARMEN ROSA VARGAS O., MARIA ALICIA GONZALEZ PE\u00d1A, CARMEN ROCIO VARGAS VERA y PAULA MORENO SUAREZ los salarios atrasados, correspondientes al a\u00f1o de 1996, con su respectivo reajuste, siempre que haya partida presupuestal disponible. En caso contrario, dentro del mismo t\u00e9rmino, iniciar\u00e1 los tr\u00e1mites pertinentes, de todo lo cual informar\u00e1, inmediatamente, al juez de primera instancia. <\/p>\n
Tercero: CONCEDER la tutela del derecho fundamental de petici\u00f3n. En consecuencia, SE ORDENA al Gobernador del Norte de Santander resolver las peticiones presentadas por los docentes mencionados en el numeral segundo de este Fallo, dentro del t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la comunicaci\u00f3n de esta providencia. <\/p>\n
Cuarto. LIBRENSE las comunicaciones de que trata el art\u00edculo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos all\u00ed contemplados. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese, c\u00famplase y publ\u00edquese e ins\u00e9rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional. <\/p>\n
EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
CARLOS GAVIRIA DIAZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO <\/p>\n
Secretaria General <\/p>\n
<\/p>\n
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