T-042-97<\/p>\n
Sentencia T-042\/97 <\/p>\n
DERECHO DE PETICION-Pronta resoluci\u00f3n\/DERECHO DE PETICION-Resoluci\u00f3n de fondo <\/p>\n
El derecho de petici\u00f3n es de aplicaci\u00f3n inmediata. Cuando una persona recurre a dicho derecho, la entidad p\u00fablica est\u00e1 obligada a dar una pronta resoluci\u00f3n de lo pedido. La entidad no puede abstenerse de proferir una respuesta motivada suficientemente clara, coherente y precisa que satisfaga al peticionario. Lo que no significa que la respuesta deba ser favorable a lo solicitado. La pronta resoluci\u00f3n hace parte del n\u00facleo esencial del derecho de petici\u00f3n; derecho que resulta vulnerado por la dilaci\u00f3n injustificada de la entidad p\u00fablica. El no observar los t\u00e9rminos legales para proferir una decisi\u00f3n de fondo, pone en peligro otros derechos de rango constitucional. <\/p>\n
Referencia: Expediente T-108.914 <\/p>\n
Santa Fe de Bogot\u00e1, D.C., febrero cinco (5) de mil novecientos noventa y siete (1997). <\/p>\n
La se\u00f1ora ESMERALDA ALEGRIA DE GARCIA de 51 a\u00f1os de edad (folio 1), trabaj\u00f3 en CAJANAL desde el 16 de junio de 1971 hasta el 31 de diciembre de 1993 (folio 18); Ejerci\u00f3 el derecho de petici\u00f3n el 23 de marzo de 1995, solicitando el reconocimiento de su pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n. Sin embargo, a la fecha de instaurada la acci\u00f3n de tutela (2 de agosto de 1996), la entidad demandada -CAJANAL- no ha dado respuesta alguna. <\/p>\n
El Director de la Caja Nacional de Previsi\u00f3n Social, Seccional Buenaventura, doctor Augusto Qui\u00f1ones Rodr\u00edguez, en la declaraci\u00f3n juramentada presentada ante el juzgado que conoci\u00f3 la tutela, se\u00f1al\u00f3 que la accionante elev\u00f3 la petici\u00f3n en el mes de marzo de 1995. El d\u00eda 23 de febrero, fue reportado el expediente como incompleto al no haber anexado determinados documentos (folio 14). El d\u00eda 15 de mayo de 1996 al haber allegado la documentaci\u00f3n requerida, la petici\u00f3n continu\u00f3 su curso normal (folio 16). Se\u00f1al\u00f3 tambi\u00e9n el Director que \u201cPor la documentaci\u00f3n presentada, es claro que le asiste el derecho [a la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n]…\u201d (folio 12). <\/p>\n
Respecto de las prestaciones derivadas de la seguridad social, manifiesta el Director de CAJANAL seccional Buenaventura, lo siguiente: \u201c…la soluci\u00f3n ser\u00eda que (…)se afiliara a Cajanal EPS como trabajadora independiente y cubriera directamente de su peculio los aportes correspondientes (…) o en caso contrario, sino existe capacidad de pago, la ley ha creado el r\u00e9gimen subsidiado para que se le preste la atenci\u00f3n en salud a la poblaci\u00f3n m\u00e1s vulnerable\u201d (folio 13). <\/p>\n
El derecho de petici\u00f3n consagrado en el art\u00edculo 23 de la Carta Pol\u00edtica es de aplicaci\u00f3n inmediata como lo ense\u00f1a el art\u00edculo 83 Ib\u00eddem. As\u00ed mismo, cuando una persona recurre a dicho derecho, la entidad p\u00fablica est\u00e1 obligada a dar una pronta resoluci\u00f3n de lo pedido. La entidad no puede abstenerse de proferir una respuesta motivada suficientemente clara, coherente y precisa que satisfaga al peticionario. Lo que no significa que la respuesta deba ser favorable a lo solicitado. <\/p>\n
La pronta resoluci\u00f3n hace parte del n\u00facleo esencial del derecho de petici\u00f3n; derecho que resulta vulnerado por la dilaci\u00f3n injustificada de la entidad p\u00fablica. El no observar los t\u00e9rminos legales para proferir una decisi\u00f3n de fondo, pone en peligro otros derechos de rango constitucional. <\/p>\n
Por otro lado, del acervo probatorio aportado al expediente, se observa que no esta en peligro inminente y urgente la salud de la accionante, de tal manera que se vea comprometido un derecho fundamental por conexidad. <\/p>\n
No siendo posible, por v\u00eda de tutela, el reconocimiento de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n, se ordenar\u00e1 a la entidad demandada que en un t\u00e9rmino de 48 horas, de respuesta a la petici\u00f3n elevada por el actor. <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero. REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado 3\u00ba Penal Municipal de Buenaventura -Valle-, el 21 de agosto de 1996. <\/p>\n
Tercero. LIBRENSE, por Secretar\u00eda, las comunicaciones de que trata el art\u00edculo 36 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese, comun\u00edquese, c\u00famplase e ins\u00e9rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional. <\/p>\n
EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ CARLOS GAVIRIA DIAZ <\/p>\n
Magistrado Ponente Magistrado <\/p>\n
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO MARTHA S\u00c1CHICA DE MONCALEANO <\/p>\n
Magistrado Secretaria General <\/p>\n
<\/p>\n
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