T-043-97<\/p>\n
Sentencia T-043\/97 <\/p>\n
MANUAL DE CONVIVENCIA-Derechos y deberes\/REGLAMENTO EDUCATIVO-Expulsi\u00f3n de estudiante por incumplimiento <\/p>\n
Referencia: Expediente T-111.136 <\/p>\n
Santa Fe de Bogot\u00e1, D.C., febrero cinco (5) de mil novecientos noventa y siete (1997). <\/p>\n
La se\u00f1ora Mercedes Fern\u00e1ndez de S\u00e1nchez, mediante apoderado, instaur\u00f3 acci\u00f3n de tutela en nombre de su hijo menor, contra el Colegio Oficial \u201cMarco Fidel Su\u00e1rez\u201d. <\/p>\n
Mediante Resoluci\u00f3n No. 008 de 23 de mayo de 1996, el Consejo Directivo del Plantel Educativo accionado, resolvi\u00f3 excluir a varios estudiantes del Colegio. Entre \u00e9stos estudiantes se expuls\u00f3 tambi\u00e9n el hijo de la accionante, por haber participado en una \u201cri\u00f1a\u201d, que hizo necesaria la presencia de la Polic\u00eda Nacional. Solicita que se reintegre a su hijo Jaime S\u00e1nchez Fern\u00e1ndez al Colegio demandado, por considerar que la sanci\u00f3n no es proporcional a los hechos ocurridos. <\/p>\n
Tambi\u00e9n argumenta la accionante que el colegio \u201cMarco Fidel Suarez\u201d expidi\u00f3 un informe acerca del estudiante; para que no fuera admitido al Colegio Barranquilla de Varones. <\/p>\n
Sin embargo, en el expediente reposa certificaci\u00f3n expedida por el Colegio Barranquilla de Varones en la que consta que el Joven S\u00e1nchez efectivamente ingres\u00f3 a estudiar en este plantel (folio 34). <\/p>\n
El Juzgado Primero de Familia de Barranquilla, mediante sentencia del 24 de septiembre de 1996, niega la tutela sin resolver el fondo de la cuesti\u00f3n, entre otras, limit\u00e1ndose a considerar: <\/p>\n
\u201c…no obstante no haberse corregido la demanda [no se se\u00f1alaron los derechos fundamentales quebrantados], el despacho consider\u00f3 que si bien pod\u00eda ser rechazada de plano, esta decisi\u00f3n era subjetiva, raz\u00f3n por la cual satisfechos los dem\u00e1s requisitos formales, se admiti\u00f3.(…) Se puede observar con meridiana claridad que la conducta procesal asumida por el accionante, fue el de total desinter\u00e9s en las resultas de su solicitud. Circunstancia \u00e9sta que se tiene como indicio en su contra. <\/p>\n
Por otro lado, las pruebas aportadas y recopiladas, de oficio, por el Juzgado; no determinan que se hubiese violado derecho fundamental alguno.\u201d (folio 37). <\/p>\n
Esta Sala de Revisi\u00f3n entrar\u00e1 a considerar dos aspectos; el primero es la posible vulneraci\u00f3n de los derechos a la educaci\u00f3n y al debido proceso. En segundo lugar, analizar\u00e1 la posici\u00f3n del Juez frente a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
En el caso presente, el derecho a la educaci\u00f3n y el debido proceso no fueron vulnerados por el Colegio \u201cMarco Fidel Su\u00e1rez\u201d porque el Consejo Directivo del mencionado establecimiento si aplic\u00f3 el procedimiento respectivo, conforme lo se\u00f1ala el Acuerdo No. 18 del Pacto para la Convivencia Escolar, que expresa: \u201cLa decisi\u00f3n final, en caso anticonvivencial grave de alguno de estos estamentos la tomar\u00e1 el Consejo Directivo amparado en la Ley (art\u00edculo 23, Decreto 1860 de 1994, inciso a)-b) y c))\u201d (folio 5). <\/p>\n
Una vez iniciado el proceso disciplinario; al joven S\u00e1nchez se le di\u00f3 la oportunidad de ser escuchado e igualmente a su madre. Al mismo tiempo, el personero de los estudiante Sr. Johan Jim\u00e9nez, avoc\u00f3 la defensa de los alumnos implicados en el conflicto (folios 5 y 6). <\/p>\n
Concluy\u00f3 el proceso el 23 de mayo de 1996, observ\u00e1ndose el debido proceso (art\u00edculo 29 C.P.) y determinando la expulsi\u00f3n de Jaime S\u00e1nchez Fern\u00e1ndez y otros. <\/p>\n
Seg\u00fan la doctrina sentada por esta Corporaci\u00f3n el derecho a la educaci\u00f3n \u201cofrece un doble aspecto\u201d, es decir, no solo confiere prerrogativas en favor del estudiante, sino que adem\u00e1s debe \u00e9ste cumplir los deberes y obligaciones que se\u00f1ala el Manual de Convivencia. (Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-002 y T-493 de 1992; T-314 de 1994, entre otros). <\/p>\n
La Juez Primera de Familia de Barranquilla, en su pronunciamiento no aplic\u00f3 los mandatos y principios de la Carta Pol\u00edtica; dilat\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, al oficiar para que se corrigiera la demanda por no haberse se\u00f1alado los derechos fundamentales, cuando \u00e9stos eran f\u00e1cilmente determinables (Art\u00edculos 14 y 17 del Decreto 2591 de 1991); la motivaci\u00f3n del fallo es deficiente. Todo esto obstruy\u00f3 el procedimiento preferente y sumario de la tutela, pues su fin es la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales (art\u00edculo 86 C.P.). <\/p>\n
En este sentido ha se\u00f1alado la Corte Constitucional: <\/p>\n
\u201cEl juez, especialmente en materia de tutela, tiene a su cargo un papel activo, independiente, que implica la b\u00fasqueda de la verdad y de la raz\u00f3n, y que ri\u00f1e con la est\u00e1tica e indolente posici\u00f3n de quien se limita a encontrar cualquier defecto en la forma de la demanda para negar el amparo que de \u00e9l se impetra. <\/p>\n
(…) <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero de Familia de Barranquilla, el 24 de septiembre de 1996, por las razones expuestas en esta sentencia. <\/p>\n
Segundo. LIBRENSE, por Secretar\u00eda, las comunicaciones de que trata el art\u00edculo 36 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese, comun\u00edquese, c\u00famplase e ins\u00e9rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional. <\/p>\n
EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
CARLOS GAVIRIA DIAZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO <\/p>\n
<\/p>\n
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