T-160-97<\/p>\n
Sentencia T-160\/97 <\/p>\n
PROCESO EJECUTIVO LABORAL-Pago de mesadas pensionales atrasadas\/DERECHO AL MINIMO VITAL-Pago oportuno de mesadas pensionales\/PERSONA DE LA TERCERA EDAD-Pago oportuno de pensiones <\/p>\n
Los actores son personas de la tercera edad, y la doctrina constitucional ha sido clara al se\u00f1alar que la ancianidad es una situaci\u00f3n de debilidad manifiesta, que amerita una protecci\u00f3n especial. Est\u00e1 acreditado que el sustento m\u00ednimo vital de los actores y de sus familias depende del pago oportuno de las mesadas pensionales, y ninguno est\u00e1 en condiciones f\u00edsicas de procurarse otro ingreso acudiendo al mercado laboral. Seg\u00fan la Jurisprudencia reiterada de la Corte constitucional, la verificaci\u00f3n de los anteriores hechos es suficiente para que proceda la tutela de manera definitiva y se ordene el restablecimiento de los pagos. Si bien los actores deber\u00e1n acudir al proceso ejecutivo laboral para reclamar las mesadas que ya se dejaron de pagar (t\u00e9ngase en cuenta que las rentas naciones son embargables en esta clase de procesos), corresponde al juez de tutela ordenar que se garantice debidamente el pago de las mesadas pensionales futuras. <\/p>\n
Referencia: Expedientes acumulados T-114825, T-114973, T-116616 <\/p>\n
Acciones de tutela contra una entidad p\u00fablica y dos empresas privadas por la presunta violaci\u00f3n de los derechos a la seguridad social, la vida y la salud de los actores , irrespeto por su dignidad como persona y vulneraci\u00f3n del deber de actuar solidariamente frente a la desgracia ajena. <\/p>\n
Temas: <\/p>\n
Ratificaci\u00f3n de la Jurisprudencia. <\/p>\n
El deber de solidaridad como l\u00edmite al ejercicio de la libre iniciativa privada y a las actuaciones Administrativas. <\/p>\n
Actores: Jos\u00e9 Hern\u00e1n Dom\u00ednguez, Reyna, Jos\u00e9 Mar\u00eda Lozano Lozano e Hilda Aurora Herrera. <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Dr. CARLOS GAVIRIA DIAZ <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 D.C., veinte (20) marzo de mil novecientos noventa y siete (1997) <\/p>\n
La Sala Cuarta de Revisi\u00f3n de tutelas de la Corte Constitucional, compuesta por los magistrados Jos\u00e9 Gregorio Hern\u00e1ndez Galindo, Hernando Herrera Vergara, y Carlos Gaviria D\u00edaz, \u00e9ste \u00faltimo en calidad de ponente, <\/p>\n
<\/p>\n
EN NOMBRE DEL PUEBLO Y <\/p>\n
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION <\/p>\n
procede a dictar sentencia de revisi\u00f3n en los procesos radicados bajo los n\u00fameros T-114825, T-114973, T-116616 <\/p>\n
ANTECDENTES <\/p>\n
1.Hechos <\/p>\n
1.1.T-114825 <\/p>\n
El ciudadano Jos\u00e9 Hern\u00e1n Dominguez Reyna es pensionado de Industrias de Concreto Centrifugado Inco Limitada en liquidaci\u00f3n y la Caja Nacional de Previsi\u00f3n Social asumi\u00f3 proporcionalmente su pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n; sin embargo, desde marzo de 1995 el liquidador y representante legal de la citada compa\u00f1\u00eda limitada dej\u00f3 de pagar al actor sus mesadas pensionales. <\/p>\n
T-114973 <\/p>\n
El ciudadano Jos\u00e9 Mar\u00eda Lozano labor\u00f3 para la Federaci\u00f3n Nacional de Algodoneros por m\u00e1s de dieciseis a\u00f1os, acord\u00f3 con su patr\u00f3n retirarse y recibir una pensi\u00f3n legal proporcional al tiempo de servicios ; empero, desde abril de 1995 la Federaci\u00f3n de Algodoneros dej\u00f3 de pagarle las mesadas pensionales. <\/p>\n
T-116616 <\/p>\n
La ciudadana Hilda Aurora Herrera es pensionada de la fundaci\u00f3n Hospital San Carlos, y desde el mes de mayo de 1996 dej\u00f3 de recibir de la Fundaci\u00f3n demandada las correspondientes mesadas. <\/p>\n
2. Demandas <\/p>\n
Los tres actores reclaman depender de la mesada pensional para atender al sustento propio y al de su familia. Bien por su edad (actores de los primeros procesos), o por motivos de salud (tercer proceso), todos ellos est\u00e1n impedidos para procurarse otro ingreso, y coinciden en solicitar que se ordene a las entidades demandadas pagar las mesadas ordinarias y extraordinarias que les adeudan, y garantizar el pago de las mesadas futuras. <\/p>\n
3. Fallos de Primera Instancia. <\/p>\n
Fueron proferidos por el Juzgado S\u00e9ptimo Laboral del Circuito de Cali y los Juzgados Catorce Laboral, y Sesenta y tres Penal, ambos del Circuito de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, y coinciden en denegar el amparo judicial para los derechos fundamentales de los actores, as\u00ed como en la consideraci\u00f3n de la improcedencia de la tutela, por existir otro mecanismo judicial para la defensa de los derechos presuntamente violados. <\/p>\n
4. Fallo de Segunda Instancia <\/p>\n
S\u00f3lo en el proceso radicado bajo el n\u00famero T-114825 fue impugnada la decisi\u00f3n del juez a-quo, y de ese recurso conoci\u00f3 la Sala Laboral del Tribunal Superior de este Distrito Judicial, corporaci\u00f3n que decidi\u00f3 confirmar lo resuelto en la sentencia primera instancia, sin a\u00f1adir consideraci\u00f3n diferente a la existencia de otro medio de defensa <\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
1. COMPETENCIA <\/p>\n
La Corte Constitucional es competente para conocer en revisi\u00f3n de los fallos de instancia proferidos en el tr\u00e1mite de estos procesos, seg\u00fan los art\u00edculos 86 y 241 de la Carta Pol\u00edtica ; corresponde proferir la sentencia de revisi\u00f3n a la Sala Cuarta, en virtud del reglamento interno y de los autos adoptados por la Sala Doce de Selecci\u00f3n el 3 y el 10 de diciembre de 1996. <\/p>\n
2-BREVE JUSTIFICACION DEL FALLO. <\/p>\n
Los fallos de instancia son un\u00e1nimes al se\u00f1alar el proceso ejecutivo laboral como mecanismo judicial de defensa al que deben acudir los actores, y el que hace improcedente amparar los derechos fundamentales cuya efectividad ellos reclaman. Sin embargo en todos se olvida que la eficacia del mecanismo alterno para la defensa de los derechos fundamentales, debe ser evaluada por el juez de tutela teniendo en cuenta la situaci\u00f3n del actor (art.6 del Decreto 2591 de 1991). <\/p>\n
En los procesos que se revisan, dos de los actores son personas de la tercera edad, y la doctrina constitucional ha sido clara al se\u00f1alar que la ancianidad es una situaci\u00f3n de debilidad manifiesta, que amerita una protecci\u00f3n especial ; v\u00e9anse por ejemplo, las sentencias T-156\/95 y T-147\/95 Magistrado Ponente Hernando Herrera Vergara . <\/p>\n
En el tercer caso, la actora tiene 50 a\u00f1os, pero est\u00e1 acreditado en el expediente que sufre de cancer, es mujer cabeza de hogar y tiene a su cargo una hija menor de edad, razones que tambi\u00e9n la hacen merecedora de una protecci\u00f3n especial por parte del Estado, seg\u00fan los art\u00edculos 43 y 47 de la Carta Politica. <\/p>\n
Adem\u00e1s, en los tres casos est\u00e1 acreditado que el sustento m\u00ednimo vital de los actores y de sus familias depende del pago oportuno de las mesadas pensionales, y ninguno de los demandantes est\u00e1 en condiciones fisicas de procurarse otro ingreso acudiendo al mercado laboral. Seg\u00fan la Jurisprudencia reiterada de la Corte constitucional, la verificaci\u00f3n de los anteriores hechos es suficiente para que proceda la tutela de manera definitiva y se ordene el restablecimiento de los pagos ( ver las sentencias T-212\/96, Magistrado Ponente Vladimiro Naranjo Mesa, T-076\/96 Magistrado Ponente Jorge Arango Mej\u00eda ). <\/p>\n
Adem\u00e1s, si bien los actores deber\u00e1n acudir al proceso ejecutivo laboral para reclamar las mesadas que ya se dejaron de pagar ( t\u00e9ngase en cuenta que las rentas naciones son embargables en esta clase de procesos, de acuerdo con la sentencia C-546\/92 Magistrados Ponentes Ciro Angarita Bar\u00f3n y Alejandro Martinez Caballero), corresponde al juez de tutela ordenar que se garantice debidamente el pago de las mesadas pensionales futuras (ver las sentencias T- 500\/96 Magistrado Ponente Antonio Barrera Carbonell, y T-323\/96 Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes Mu\u00f1oz). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de la breve justificaci\u00f3n que antecede, la Sala Cuarta de Revisi\u00f3n de Tutelas de la Corte Constitucional, en nombre del Pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Segundo. REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado S\u00e9ptimo Laboral del Circuito de Cali el 28 de octubre de 1996 ; en su lugar, tutelar los derechos a la vida y a la seguridad social de Jos\u00e9 Mar\u00eda Lozano Lozano. <\/p>\n
Tercero. REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Sesenta y Tres Penal del Circuito de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 el 1 de noviembre de 1996; en su lugar, tutelar los derechos a la vida y la seguridad social de Hilda Aurora Herrera. <\/p>\n
Cuarto. ORDENAR a la Industria de Concreto Centrifugado Inco Limitada \u201cEn Liquidaci\u00f3n\u201c, a la Federaci\u00f3n Nacional de Algodoneros, y a la Fundaci\u00f3n Hospital San Carlos que, si a\u00fan no lo han hecho, reanuden el pago de las mesadas pensionales de Jos\u00e9 Hern\u00e1n Dominguez Reyna , Jos\u00e9 Mar\u00eda Lozano Lozano, e Hilda Aurora herrera, en el termino m\u00e1ximo de treinta (30) d\u00edas contados a partir de la notificaci\u00f3n de la presente providencia, so pena de las sanciones previstas en el Decreto 2591 de 1991 para el desacato. <\/p>\n
Quinto. ORDENAR a la Industria de Concreto Centrifugado Inco Limitada \u201cEn Liquidaci\u00f3n\u201c, a la Federaci\u00f3n Nacional de Algodoneros, y a la Fundaci\u00f3n Hospital San Carlos que, dentro del t\u00e9rmino m\u00e1ximo de dos (2) meses contados a partir de la notificaci\u00f3n de esta providencia, presenten al juez de primera instancia garant\u00edas suficientes para el pago de las mesadas pensionales futuras de Jos\u00e9 Hern\u00e1n Dom\u00ednguez Reyna, Jos\u00e9 Mar\u00eda Lozano Lozano, e Hilda Aurora Herrera so pena de las sanciones previstas en el Decreto 2591 de 1991 para el desacato. <\/p>\n
Sexto. NO ORDENAR el pago de las mesadas pensionales dejadas de pagar hasta ahora a los actores de los procesos que se revisan, por contar ellos con otra v\u00eda procesal para perseguir ejecutivamente tales pagos. <\/p>\n
S\u00e9ptimo. COMUNICAR la presente providencia al Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, al Juzgado S\u00e9ptimo Laboral del Circuito de Cali y al Juzgado Sesenta y Tres Penal del Circuito de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, para los efectos previstos en el art\u00edculo 36 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Comun\u00edquese, notif\u00edquese, c\u00famplase, e ins\u00e9rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional. <\/p>\n
CARLOS GARIA DIAZ <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
HERNANDO HERRERA VERGARA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO <\/p>\n
Secretaria General <\/p>\n
<\/p>\n
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