{"id":31501,"date":"2026-04-08T17:39:58","date_gmt":"2026-04-08T22:39:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/?p=31501"},"modified":"2026-04-08T17:39:58","modified_gmt":"2026-04-08T22:39:58","slug":"t-046-26","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/t-046-26\/","title":{"rendered":"T-046-26"},"content":{"rendered":"

REP\u00daBLICA DE COLOMBIA<\/strong><\/b><\/p>\n

CORTE CONSTITUCIONAL<\/strong><\/b><\/p>\n

Sala S\u00e9ptima de Revisi\u00f3n<\/strong><\/b><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

SENTENCIA T-046 DE 2026<\/strong><\/b><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

Expediente:<\/strong><\/b>\u00a0T-11.361.848<\/p>\n

 <\/p>\n

Acci\u00f3n de tutela\u00a0instaurada por\u00a0Diana<\/em>, como agente oficiosa de\u00a0Gabriel<\/em>\u00a0en contra de Comfaoriente EPS y otros.<\/p>\n

 <\/p>\n

Magistrado ponente:\u00a0<\/strong><\/b>Jorge Enrique Ib\u00e1\u00f1ez Najar<\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de marzo de dos mil veintis\u00e9is (2026)<\/p>\n

 <\/p>\n

La Sala S\u00e9ptima de Revisi\u00f3n de la Corte Constitucional,<\/a>[1]<\/sup>\u00a0integrada por la Magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera, el Magistrado Miguel Polo Rosero y el Magistrado Jorge Enrique Ib\u00e1\u00f1ez Najar, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, dentro del proceso de revisi\u00f3n del fallo de tutela de segunda instancia proferido por el Juzgado S\u00e9ptimo Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Florencia, respecto de la acci\u00f3n de tutela presentada por\u00a0Diana<\/em>\u00a0como agente oficiosa de Gabriel en contra de Comfaoriente EPS-S y otros, ha pronunciado la siguiente<\/p>\n

 <\/p>\n

SENTENCIA<\/strong><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n

El presente caso involucra la historia cl\u00ednica del accionante. Por este motivo, como medida de protecci\u00f3n de su intimidad, la Sala S\u00e9ptima de Revisi\u00f3n suprimir\u00e1 de esta providencia y de toda futura publicaci\u00f3n, su nombre, datos e informaci\u00f3n que permita su identificaci\u00f3n como documento de identidad e historial m\u00e9dico. A su turno, se emitir\u00e1n dos copias de esta providencia, una con nombres reales y la otra en versi\u00f3n anonimizada.<\/a>[2]<\/sup><\/p>\n

S\u00edntesis de la decisi\u00f3n<\/strong><\/b><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

En sede de revisi\u00f3n, correspondi\u00f3 a la Sala S\u00e9ptima de Revisi\u00f3n conocer de la acci\u00f3n de tutela instaurada por\u00a0Diana<\/em>, actuando como agente oficiosa de su hijo\u00a0Gabriel<\/em>\u00a0en contra de Comfaoriente EPS, el Hospital Mental\u00a0Renacer<\/em>\u00a0y otros, con el prop\u00f3sito de obtener la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales a la salud, a la dignidad humana, a la protecci\u00f3n social integral y a la familia. Ello, con ocasi\u00f3n de la negativa de la EPS de autorizar el tratamiento intramural e internado en centro psiqui\u00e1trico de larga estancia para rehabilitarse de su farmacodependencia.<\/p>\n

\u00a0<\/em><\/p>\n

En el an\u00e1lisis de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, la Sala encontr\u00f3 que no se cumpl\u00edan los requisitos normativos y jurisprudenciales para acreditar la agencia oficiosa, en particular, porque no se demostr\u00f3 que\u00a0Gabriel<\/em>\u00a0estuviera en imposibilidad de interponer la solicitud de tutela por s\u00ed mismo. Por ello, decidi\u00f3 confirmar la sentencia del Juzgado S\u00e9ptimo Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Florencia en la que declar\u00f3 la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela por incumplimiento del requisito de legitimaci\u00f3n en la causa por activa. Sin embargo, dada la complejidad del caso, la existencia de una situaci\u00f3n de violencia intrafamiliar y la vulnerabilidad de las personas involucradas, la Sala, en ejercicio de sus facultades para emitir fallos\u00a0ultra y extra petita<\/em>, adopt\u00f3 medidas de protecci\u00f3n para\u00a0Diana<\/em>\u00a0y sus dos hijos.<\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

    \n
  1. ANTECEDENTES<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n

    \u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

    Hechos relevantes<\/strong><\/b><\/p>\n

     <\/p>\n

      \n
    1. <\/b>Diana<\/em>\u00a0es una mujer de 53 a\u00f1os y seg\u00fan indic\u00f3 en la acci\u00f3n de tutela, convive con dos de sus hijos. El menor tiene 10 a\u00f1os y el mayor,\u00a0Gabriel<\/em>, de 23 a\u00f1os, quien al momento de presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela se encontraba afiliado mediante el r\u00e9gimen subsidiado de salud a Comfaoriente EPS. Tanto \u00e9l como su madre son v\u00edctimas reconocidas del conflicto armado.<\/a>[3]<\/li>\n<\/ol>\n

       <\/p>\n

        \n
      1. <\/b>Seg\u00fan se evidencia en la historia cl\u00ednica psiqui\u00e1trica de\u00a0Gabriel<\/em>, al menos desde el 2021, ha sido ingresado en diversas ocasiones al Hospital Mental\u00a0Renacer<\/em>\u00a0por diversas descompensaciones psiqui\u00e1tricas.<\/a>[4]\u00a0En los \u00faltimos cuatro a\u00f1os se le ha diagnosticado la existencia de \u201ctrastornos mentales y del comportamiento debido al uso de m\u00faltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas\u201d, \u201ctrastorno psic\u00f3tico agudo de tipo esquizofr\u00e9nico\u201d, \u201cpsicosis de origen no org\u00e1nico\u201d y \u201ctrastorno afectivo bipolar\u201d.<\/a>[5]<\/li>\n<\/ol>\n

         <\/p>\n

          \n
        1. <\/b>Su madre inform\u00f3 que\u00a0Gabriel<\/em>\u00a0ha tenido que ser hospitalizado en reiteradas ocasiones por periodos cortos de aproximadamente cuatro d\u00edas por su cuadro cl\u00ednico, especialmente por episodios de agresividad, inquietud psicomotriz, insomnio, alucinaciones y conductas peligrosas. Adem\u00e1s, afirm\u00f3 que dentro del manejo de urgencias no ha recibido ning\u00fan tipo de tratamiento de desintoxicaci\u00f3n ni rehabilitaci\u00f3n para su farmacodependencia y no tiene las posibilidades econ\u00f3micas para ayudarle a \u201ccostear los medicamentos requeridos, el tratamiento y el alojamiento en un centro de rehabilitaci\u00f3n<\/em>\u201d.<\/em><\/a>[6]<\/li>\n<\/ol>\n

           <\/p>\n

            \n
          1. <\/b>El 20 de marzo de 2025,\u00a0Diana<\/em>\u00a0present\u00f3 denuncia ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n por hechos de violencia intrafamiliar. Al respecto, relat\u00f3 que\u00a0Gabriel<\/em>, estando en estado de alteraci\u00f3n, le grit\u00f3, la persigui\u00f3 por la casa y la agredi\u00f3 f\u00edsicamente propin\u00e1ndole golpes en la cara, la espalda y otras partes de su cuerpo hasta que sus vecinos llegaron a ayudarla. En su relato expres\u00f3 temor por su vida y la de su hijo menor y solicit\u00f3 al juez con urgencia la internaci\u00f3n de su hijo\u00a0Gabriel<\/em>\u00a0en un centro de rehabilitaci\u00f3n y desintoxicaci\u00f3n.<\/a>[7]<\/li>\n<\/ol>\n

             <\/p>\n

              \n
            1. <\/b>Ese mismo d\u00eda y seg\u00fan consta en la historia cl\u00ednica,\u00a0Gabriel<\/em>\u00a0fue llevado al Hospital Mental\u00a0Renacer<\/em>\u00a0por la polic\u00eda y por su madre debido a alteraciones del orden p\u00fablico. En esta oportunidad se registr\u00f3 que exist\u00edan antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas desde la adolescencia y por ello una relaci\u00f3n inestable dentro del hogar y un irrespeto a la figura de autoridad (madre). Adem\u00e1s, que\u00a0Gabriel<\/em>\u00a0no ten\u00eda conciencia de su enfermedad mental, lo cual resultaba necesario para la adherencia al tratamiento.<\/a>[8]<\/li>\n<\/ol>\n

               <\/p>\n

                \n
              1. <\/b>El 21 de marzo de 2025, con apoyo de la Mesa Municipal de V\u00edctimas del municipio de\u00a0Florencia<\/em>\u00a0y con ocasi\u00f3n a los m\u00faltiples episodios de violencia y amenazas que\u00a0Gabriel<\/em>\u00a0habr\u00eda ejercido en contra de su progenitora,\u00a0Diana<\/em>\u00a0present\u00f3 una solicitud al Hospital Mental\u00a0Renacer\u00a0<\/em>para que llevara a cabo la valoraci\u00f3n cl\u00ednica, tratamiento y seguimiento especializado con el fin de \u201csalvaguardar no solo su salud mental, sino tambi\u00e9n la seguridad de su n\u00facleo familiar<\/em>\u201d.<\/a>[9]<\/li>\n<\/ol>\n

                 <\/p>\n

                  \n
                1. <\/b>Adicionalmente, el 25 de marzo de 2025,\u00a0Diana<\/em>\u00a0solicit\u00f3 al Hospital Mental Renacer: (i) la continuidad en el tratamiento integral necesario de\u00a0Gabriel<\/em>\u00a0y su hospitalizaci\u00f3n durante un tiempo m\u00e1s prolongado y (ii) la celebraci\u00f3n de una junta m\u00e9dica que ordene el ingreso de\u00a0Gabriel<\/em>\u00a0a un centro de rehabilitaci\u00f3n, y desintoxicaci\u00f3n.<\/a>[10]\u00a0Sin embargo, tras darse acompa\u00f1amiento por parte de las \u00e1reas de medicina general, psicolog\u00eda, psiquiatr\u00eda, trabajo social y terapia ocupacional, el hospital dio salida a\u00a0Gabriel<\/em>\u00a0el 26 de marzo de 2025, quien regres\u00f3 a su domicilio en compa\u00f1\u00eda de una trabajadora social.<\/a>[11]\u00a0En esta petici\u00f3n tambi\u00e9n destac\u00f3 que su hijo menor tiene 10 a\u00f1os y padece autismo.<\/li>\n<\/ol>\n

                   <\/p>\n

                    \n
                  1. <\/b>El 30 de marzo de 2025,\u00a0Gabriel<\/em>\u00a0reingres\u00f3 al servicio de urgencias del Hospital Mental\u00a0Renacer<\/em>\u00a0junto con su madre y la polic\u00eda. Fue hospitalizado nuevamente por \u201cs\u00edntomas agudos de su enfermedad mental<\/em>\u201d y un cuadro cl\u00ednico caracterizado por agresividad, hostilidad, intento de auto da\u00f1o y antecedente de consumo de sustancias psicoactivas. En las anotaciones realizadas por psiquiatr\u00eda al examen mental se evidencia que durante su hospitalizaci\u00f3n\u00a0Gabriel<\/em>\u00a0estaba alerta, consciente, orientado, con lenguaje claro y coherente y memoria sin alteraciones, pero sin conciencia de la enfermedad.<\/a>[12]<\/li>\n<\/ol>\n

                     <\/p>\n

                      \n
                    1. <\/b>El 7 de abril de 2025, y con ocasi\u00f3n a su buena evoluci\u00f3n y la modulaci\u00f3n de los s\u00edntomas de ingreso (psicosis y agresividad), se da el alta m\u00e9dica. No obstante, se registra el \u201ctraslado a instituci\u00f3n para continuar manejo de farmacodependencia\u201d.<\/a>[13]<\/li>\n<\/ol>\n

                       <\/p>\n

                        \n
                      1. <\/b>El 1 de abril de 2025, el Hospital Mental\u00a0Renacer<\/em>\u00a0le contest\u00f3 a la se\u00f1ora\u00a0Diana<\/em>\u00a0que una vez el especialista de urgencias advierte la mejor\u00eda del paciente ordena su salida, el tratamiento ambulatorio y la gesti\u00f3n de la cita de control. Por lo que para que\u00a0Gabriel<\/em>\u00a0fuera admitido en el programa de rehabilitaci\u00f3n de farmacodependencia, este deb\u00eda remitirse a la EPS Comfaoriente e iniciar el proceso de rehabilitaci\u00f3n e internaci\u00f3n hospitalaria.<\/a>[14]<\/li>\n<\/ol>\n

                         <\/p>\n

                          \n
                        1. <\/b>Finalmente, el 4 de abril de 2025,\u00a0Diana<\/em>\u00a0present\u00f3 petici\u00f3n a la EPS Comfaoriente en la que solicit\u00f3 ayuda urgente para acceder a un cupo para su hijo en el centro de rehabilitaci\u00f3n \u201cCrecer con Amor\u201d en la ciudad de\u00a0San Mart\u00edn<\/em>. La EPS respondi\u00f3 el 14 de abril de 2025 describiendo la trayectoria asistencial que ha tenido\u00a0Gabriel<\/em>\u00a0en el Hospital Mental\u00a0Renacer<\/em>. Adem\u00e1s, con soporte en la historia cl\u00ednica indic\u00f3 que se le han garantizado las atenciones en salud requeridas y que, ante la mejor\u00eda y estabilizaci\u00f3n de su trastorno, \u201cse define dar continuidad del manejo con apoyo terap\u00e9utico ambulatorio y tratamiento farmacol\u00f3gico por la consulta externa<\/em>\u201d.<\/a>[15]<\/li>\n<\/ol>\n

                           <\/p>\n

                           <\/p>\n

                          Tr\u00e1mite procesal de la acci\u00f3n de tutela<\/strong><\/b><\/p>\n

                           <\/p>\n

                            \n
                          1. <\/b>Solicitud de tutela<\/strong><\/b>. Con fundamento en los anteriores hechos, el 2 de mayo de 2025\u00a0Diana<\/em>\u00a0present\u00f3 acci\u00f3n de tutela en contra de Comfaoriente EPS, la ESE Hospital Mental\u00a0Renacer<\/em>\u00a0y el Instituto Departamental de Salud,<\/a>[16]\u00a0por la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales de su hijo\u00a0Gabriel<\/em>\u00a0a la salud, a la dignidad humana, a la protecci\u00f3n social integral y a la familia.\u00a0En consecuencia, solicit\u00f3 lo siguiente: (i) que se ordene a las entidades accionadas, seg\u00fan corresponda, autorizar, remitir y facilitar todos los procedimientos m\u00e9dicos necesarios para la rehabilitaci\u00f3n y desintoxicaci\u00f3n de su hijo; y (ii) que se disponga el tratamiento intramural y la internaci\u00f3n de\u00a0Gabriel<\/em>\u00a0en un centro psiqui\u00e1trico por un periodo no inferior a 90 d\u00edas, as\u00ed como el traslado hasta dicho centro de rehabilitaci\u00f3n, considerando que su hijo presenta una adicci\u00f3n severa que pone en riesgo tanto su vida como la de su hermano menor.\u00a0\u00a0Frente a esto \u00faltimo, se\u00f1al\u00f3 que tampoco cuenta con ingresos econ\u00f3micos salvo la venta de caf\u00e9 en v\u00eda p\u00fablica.<\/a>[17]<\/li>\n<\/ol>\n

                             <\/p>\n

                              \n
                            1. <\/b>Admisi\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela.\u00a0<\/strong><\/b>El 5 de mayo de 2025, el Juzgado\u00a0Doce\u00a0Penal Municipal con Funci\u00f3n de Conocimiento del Distrito Judicial de\u00a0Florencia<\/em>\u00a0admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y vincul\u00f3 a la\u00a0Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), a la\u00a0Superintendencia Nacional de Salud\u00a0y a la Secretar\u00eda Municipal de Salud. A su turno, le concedi\u00f3 a las entidades accionadas y vinculadas un t\u00e9rmino de dos d\u00edas para pronunciarse sobre los hechos y pretensiones de la acci\u00f3n de tutela y ejercer su derecho a la defensa.<\/a>[18]<\/li>\n<\/ol>\n

                              \u00a0<\/em><\/p>\n

                              \u00a0<\/u><\/p>\n

                              Contestaci\u00f3n de la entidad accionada y las entidades vinculadas<\/strong><\/b><\/p>\n

                               <\/p>\n

                                \n
                              1. <\/b>En oficio del 7 de mayo de 2025,\u00a0Comfaoriente EPS<\/strong><\/b>,\u00a0<\/strong><\/b>actuando mediante apoderada judicial, solicit\u00f3 declarar la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela por inexistencia de la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales. En su respuesta, confirm\u00f3 que\u00a0Gabriel<\/em>\u00a0se encontraba afiliado al r\u00e9gimen subsidiado a trav\u00e9s de Comfaoriente EPS desde el 6 de febrero de 2017 y afirm\u00f3 que se le han garantizado todas las atenciones en salud y los medicamentos que ha requerido para manejar la fase aguda de sus trastornos mentales y del comportamiento en el Hospital Mental\u00a0Renacer<\/em>. Frente a la solicitud de tratamiento de rehabilitaci\u00f3n y desintoxicaci\u00f3n de su farmacodependencia y la hospitalizaci\u00f3n de larga duraci\u00f3n, la entidad aclar\u00f3 que: (i) la pertinencia y modalidad del tratamiento debe ser definida por los m\u00e9dicos tratantes considerando la evaluaci\u00f3n cl\u00ednica del paciente y (ii) para que el se\u00f1or\u00a0Gabriel<\/em>\u00a0pueda acceder a un programa de\u00a0rehabilitaci\u00f3n de farmacodependencia, es necesario que la IPS tratante realice la remisi\u00f3n correspondiente a la EPS para la autorizaci\u00f3n del \u201crutero\u201d o plan de tratamiento integral.<\/a>[19]<\/li>\n<\/ol>\n

                                 <\/p>\n

                                  \n
                                1. <\/b>Posteriormente se\u00f1al\u00f3 que, aunque \u201clas personas con farmacodependencia pueden tener limitada su capacidad de autodeterminaci\u00f3n (\u2026) la implementaci\u00f3n de cualquier tratamiento requiere el consentimiento libre e informado del paciente, como manifestaci\u00f3n de su derecho a la dignidad humana y a la autonom\u00eda individual<\/em>\u201d.\u00a0Bas\u00e1ndose en esta premisa, concluy\u00f3 que en el caso concreto no se advert\u00eda el consentimiento por parte de\u00a0Gabriel<\/em>\u00a0que d\u00e9 cuenta de su voluntad de querer someterse a un tratamiento con ocasi\u00f3n al consumo de sustancias psicoactivas, ni que est\u00e9 dispuesto a ingresar a un centro de rehabilitaci\u00f3n para su recuperaci\u00f3n y, por el contrario, en la historia cl\u00ednica se evidencia la poca adherencia al tratamiento y la poca conciencia sobre su enfermedad.<\/a>[20]<\/li>\n<\/ol>\n

                                  \u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

                                    \n
                                  1. <\/b>En oficio del 6 de mayo de 2025, la\u00a0Secretar\u00eda de Salud de la Alcald\u00eda de\u00a0Florencia<\/em><\/strong><\/b>\u00a0solicit\u00f3 ser desvinculada del tr\u00e1mite por carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. Esto, tras argumentar que la Secretar\u00eda no tiene competencias relacionadas con respecto a la autorizaci\u00f3n de terapias y no tiene la facultad de ejecutar lo pretendido por la accionante.<\/a>[21]<\/li>\n<\/ol>\n

                                     <\/p>\n

                                      \n
                                    1. <\/b>En el mismo sentido, la\u00a0Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud<\/strong><\/b>\u00a0argument\u00f3 que de los hechos descritos en la tutela y el material probatorio resultaba evidente que la entidad no despleg\u00f3 ninguna conducta que haya vulnerado los derechos del actor, por ello y al considerar que no contaba con legitimaci\u00f3n en la causa por activa, solicit\u00f3 ser desvinculada del tr\u00e1mite. Adem\u00e1s, solicit\u00f3 negar cualquier solicitud de recobro que fuera presentada por la EPS.<\/a>[22]<\/li>\n<\/ol>\n

                                      \u00a0<\/u><\/em><\/p>\n

                                        \n
                                      1. <\/b>Por \u00faltimo, la subdirectora t\u00e9cnica de la\u00a0<\/em>Superintendencia Nacional de Salud<\/strong><\/b>, en oficio del 14 de mayo de 2025, argument\u00f3 que no exist\u00eda nexo causal entre la presunta vulneraci\u00f3n de derechos alegados por la accionante y las actuaciones de la entidad. As\u00ed, dado que la vulneraci\u00f3n alegada no se derivaba de una acci\u00f3n u omisi\u00f3n atribuible a la entidad, solicit\u00f3 ser desvinculada del tr\u00e1mite por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva.<\/a>[23]<\/li>\n<\/ol>\n

                                        \u00a0<\/u><\/p>\n

                                         <\/p>\n

                                        Decisiones objeto de revisi\u00f3n<\/strong><\/b><\/p>\n

                                        \u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

                                          \n
                                        1. <\/b>Sentencia de primera instancia<\/strong><\/b>. El Juzgado Doce\u00a0Penal Municipal con Funci\u00f3n de Conocimiento del Distrito Judicial de\u00a0Florencia<\/em>, en sentencia del 16 de mayo de 2025, concedi\u00f3 la tutela de los derechos fundamentales\u00a0a la vida, la salud y la vida digna de\u00a0Gabriel<\/em>.\u00a0En primer lugar, el juzgado consider\u00f3 que se cumpl\u00edan los requisitos de procedencia de la acci\u00f3n de tutela, entre ellos el de legitimaci\u00f3n en la causa por activa pues\u00a0Gabriel<\/em>\u00a0\u201cest\u00e1 imposibilitado f\u00edsicamente para acudir a la jurisdicci\u00f3n<\/em>\u201d. En segundo lugar, concluy\u00f3 que no\u00a0pod\u00eda ordenar la internaci\u00f3n en hospital psiqui\u00e1trico de\u00a0Gabriel<\/em>\u00a0sin que mediara antes la valoraci\u00f3n de uno o varios especialistas que determinen la efectividad de la medida de internaci\u00f3n en el mejoramiento de su bienestar pues la hospitalizaci\u00f3n es una medida transitoria cuyo fin es estabilizar al paciente para que pueda retornar al medio del que proviene y la familia no puede desligarse completamente de su cuidado y protecci\u00f3n.<\/a>[24]<\/li>\n<\/ol>\n

                                           <\/p>\n

                                            \n
                                          1. <\/b>En tercer lugar, resalt\u00f3 que el PBS cubre la internaci\u00f3n de pacientes con trastornos o enfermedades mentales durante la fase aguda o cuando esta ponga en peligro su vida o integridad o la de sus familiares. Esta hospitalizaci\u00f3n podr\u00e1 extenderse hasta por 90 d\u00edas pero \u201cla autorizaci\u00f3n del servicio de internaci\u00f3n requiere la orden expresa del m\u00e9dico tratante, ya que la medida de internaci\u00f3n no puede surtirse en contra de la voluntad de la persona cuando aquella puede manifestar una opini\u00f3n clara en relaci\u00f3n con la adopci\u00f3n de la medida<\/em>\u201d.<\/a>[25]\u00a0En consecuencia, le orden\u00f3 a\u00a0Comfaoriente EPS-S que autorizara el traslado inmediato de\u00a0Gabriel<\/em>\u00a0a un centro psiqui\u00e1trico con el fin de que all\u00ed se valorara y determinara la necesidad de la internaci\u00f3n temporal o definitiva para la atenci\u00f3n m\u00e9dica y el suministro del tratamiento necesario para el control de la patolog\u00eda de trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de m\u00faltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas.<\/a>[26]<\/li>\n<\/ol>\n

                                            \u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

                                              \n
                                            1. <\/b>Impugnaci\u00f3n<\/strong><\/b>.\u00a0<\/em>Esta decisi\u00f3n fue impugnada por Comfaoriente EPS-S argumentando que el fallo dio una aplicaci\u00f3n indebida a los principios constitucionales y legales relacionados con la autonom\u00eda y el consentimiento informado del paciente y la naturaleza de la internaci\u00f3n en tratamientos de salud mental y farmacodependencia.<\/li>\n<\/ol>\n

                                               <\/p>\n

                                                \n
                                              1. <\/b>En primer lugar, frente a la autonom\u00eda y el consentimiento informado del paciente se\u00f1al\u00f3 que el fallo ordena un traslado y una posible internaci\u00f3n \u201csin que obre en el expediente prueba del consentimiento expreso del paciente o de una declaraci\u00f3n judicial que establezca su incapacidad para decidir sobre su salud mental y la necesidad de una internaci\u00f3n involuntaria por riesgo inminente<\/em>\u201d.<\/a>[27]\u00a0Adicionalmente, se refiri\u00f3 a la poca adherencia del paciente al tratamiento y en contraposici\u00f3n, a la diligencia de la EPS de gestionar su atenci\u00f3n en salud, haciendo referencia a tres autorizaciones m\u00e9dicas de junio de 2022 y enero y abril de 2025 relacionadas con su tratamiento, que\u00a0Gabriel<\/em>\u00a0no utiliz\u00f3. A juicio de la EPS, la falta de adherencia al tratamiento reafirma la tesis de la ausencia de consentimiento informado para la internaci\u00f3n solicitada en la acci\u00f3n de tutela.<\/a>[28]<\/li>\n<\/ol>\n

                                                 <\/p>\n

                                                  \n
                                                1. <\/b>En segundo lugar, se refiri\u00f3 a la imposibilidad material y legal de cumplir el fallo sin el consentimiento del paciente o la declaraci\u00f3n judicial de su incapacidad, pues la EPS \u201cno tiene la facultad legal ni la capacidad para forzar f\u00edsicamente a un paciente a internarse si este no lo desea, a menos que medie una orden judicial de internaci\u00f3n involuntaria, basada en un concepto m\u00e9dico especializado que determine el riesgo inminente y la incapacidad de la persona para decidir por s\u00ed misma\u201d.<\/em><\/a>[29]\u00a0Por lo anterior, Comfaoriente EPS-S solicit\u00f3 revocar el numeral segundo del fallo de primera instancia y en su lugar, declarar la improcedencia de la orden hasta tanto no se cuente con el consentimiento del paciente o una declaraci\u00f3n judicial de su incapacidad y la necesidad de una internaci\u00f3n involuntaria debidamente sustentada en valoraciones m\u00e9dicas. Adem\u00e1s, solicit\u00f3 que, de mantener el amparo de los derechos del agenciado, se condicione la autorizaci\u00f3n de tratamientos que impliquen privaci\u00f3n de la libertad al cumplimiento de los requisitos legales y jurisprudenciales sobre el consentimiento informado o la internaci\u00f3n involuntaria.\u00a0<\/a>[30]<\/li>\n<\/ol>\n

                                                   <\/p>\n

                                                    \n
                                                  1. <\/b>Informe de cumplimiento de la sentencia.\u00a0<\/strong><\/b>El 30 de mayo de 2025,\u00a0<\/strong><\/b>Comfaoriente EPS-S remiti\u00f3 al juzgado un oficio en el que inform\u00f3 las acciones adoptadas para dar cumplimiento al fallo de tutela. As\u00ed, se\u00f1al\u00f3 que el 10 de abril de 2025 gener\u00f3 la autorizaci\u00f3n para consulta de control o seguimiento por especialista en psiquiatr\u00eda para\u00a0Gabriel<\/em>, la cual fue programada para el 22 de abril, pero este no asisti\u00f3 a la consulta. Adem\u00e1s, el 27 de mayo de 2025 autoriz\u00f3 y program\u00f3 nuevamente dicha consulta para el d\u00eda 4 de junio en el Hospital Mental\u00a0Renacer<\/em>.<\/a>[31]<\/li>\n<\/ol>\n

                                                    \u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                      \n
                                                    1. <\/b>Sentencia de segunda instancia.<\/strong><\/b>\u00a0El\u00a0Juzgado S\u00e9ptimo Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento\u00a0de Florencia, en sentencia del 8 de julio de 2025, revoc\u00f3 el fallo de primera instancia, y en su lugar,\u00a0declar\u00f3 la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela. Esto, debido a que, contrario a lo se\u00f1alado por el\u00a0a quo<\/em>, consider\u00f3 que en el caso concreto no se acreditaron los requisitos de la agencia oficiosa. Al respecto, precis\u00f3 que\u00a0Gabriel<\/em>\u00a0era mayor de edad y por tanto ostentaba capacidad legal o de ejercicio y no se demostr\u00f3 que, como titular de los derechos invocados, \u201cse encuentre imposibilitado o ante una dificultad sustancial para activar su propia defensa o conferir un poder para actuar<\/em>\u201d.\u00a0<\/a>[32]<\/li>\n<\/ol>\n

                                                       <\/p>\n

                                                        \n
                                                      1. <\/b>De igual manera, consider\u00f3 que la orden del fallo en primera instancia obligaba a la EPS accionada a llevar cabo una actividad que podr\u00eda vulnerar la autonom\u00eda de\u00a0Gabriel<\/em>, puesto que \u201cno se puede forzar el internamiento de un paciente que no consiente el tratamiento, a menos de que exista una orden judicial que declara su incapacidad legal y la necesidad de internaci\u00f3n voluntaria, fundamentada en un riesgo debidamente certificado por profesionales de la salud<\/em>\u201d.<\/a>[33]<\/li>\n<\/ol>\n

                                                         <\/p>\n

                                                         <\/p>\n

                                                        Actuaciones en sede de revisi\u00f3n<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                         <\/p>\n

                                                          \n
                                                        1. <\/b>Selecci\u00f3n del asunto<\/strong><\/b>. El\u00a0expediente de la referencia fue remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n y, posteriormente, la Sala de Selecci\u00f3n N\u00famero Ocho, mediante Auto del 28 de agosto de 2025, notificado el 12 de septiembre del mismo a\u00f1o, decidi\u00f3 seleccionarlo y su estudio correspondi\u00f3 a la Sala Quinta de Revisi\u00f3n, hoy Sala S\u00e9ptima de Revisi\u00f3n presidida por el Magistrado Jorge Enrique Ib\u00e1\u00f1ez Najar.<\/a>[34]<\/li>\n<\/ol>\n

                                                           <\/p>\n

                                                            \n
                                                          1. <\/b>El decreto de la pr\u00e1ctica de pruebas<\/strong><\/b>. El Magistrado sustanciador, en Auto del 22 de octubre de 2025, decret\u00f3 un conjunto de pruebas con el fin de\u00a0profundizar en los antecedentes f\u00e1cticos y las problem\u00e1ticas constitucionales que se derivan del caso.\u00a0En concreto, solicit\u00f3 informaci\u00f3n adicional sobre el caso a la se\u00f1ora\u00a0Diana<\/em>\u00a0y los datos de contacto de su hijo y le pidi\u00f3 a la Personer\u00eda Municipal de\u00a0Florencia<\/em>\u00a0explicarle el contenido del auto a\u00a0Gabriel<\/em>\u00a0y prestarle acompa\u00f1amiento para dar respuesta a las preguntas formuladas. Tambi\u00e9n solicit\u00f3 informaci\u00f3n a la ESE IMSALUD, al Hospital Mental\u00a0Renacer<\/em>\u00a0y a la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas. Por \u00faltimo, invit\u00f3 a la Defensor\u00eda del Pueblo y a la Asociaci\u00f3n Colombiana de Psiquiatr\u00eda a rendir concepto sobre el caso.<\/a>[35]<\/li>\n<\/ol>\n

                                                             <\/p>\n

                                                              \n
                                                            1. <\/b>En comunicaci\u00f3n del 27 de octubre de 2025,\u00a0<\/strong><\/b>la\u00a0Fiscal\u00eda 20 Local CAVIF\u00a0<\/strong><\/b>inform\u00f3 que el 20 de marzo de 2025 la se\u00f1ora\u00a0Diana<\/em>\u00a0instaur\u00f3 denuncia por las agresiones f\u00edsicas propiciadas en su contra por parte de su hijo\u00a0Gabriel<\/em>, expresando temor por su vida y la de su hijo menor. A su turno, solicit\u00f3 la internaci\u00f3n urgente de\u00a0Gabriel<\/em>\u00a0en un centro de rehabilitaci\u00f3n.\u00a0<\/strong><\/b>La Fiscal\u00eda remiti\u00f3 copia del expediente,<\/a>[36]\u00a0de las actuaciones y medidas adoptadas para proteger la integridad de la se\u00f1ora\u00a0Diana<\/em>\u00a0y su hijo menor, dentro de las cuales destac\u00f3: (i) la remisi\u00f3n del caso a las entidades competentes (Polic\u00eda Nacional, Medicina Legal, Comfaoriente EPS y Comisar\u00eda de Familia); (ii) la gesti\u00f3n con la Secretar\u00eda de la Mujer, entidad que ofreci\u00f3 a\u00a0Diana<\/em>\u00a0el ingreso a una Casa Refugio, pero esta alternativa fue rechazada; (iii) los intentos de recolectar material probatorio mediante solicitudes de informaci\u00f3n en los d\u00edas 25 de abril y 13 de mayo, sin obtener respuesta por parte de la v\u00edctima y, (iv) las entrevistas realizadas a la denunciante y a una testigo sobre los hechos.\u00a0<\/a>[37]<\/li>\n<\/ol>\n

                                                              \u00a0<\/em><\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                \n
                                                              1. <\/b>Por su parte,\u00a0<\/em><\/strong><\/b>en\u00a0<\/em><\/strong><\/b>comunicaci\u00f3n del 28 de octubre de 2025,\u00a0Comfaoriente EPS<\/strong><\/b>\u00a0dio respuesta al auto de pruebas. En primer lugar, inform\u00f3 que\u00a0Gabriel<\/em>\u00a0ingres\u00f3 como afiliado al r\u00e9gimen subsidiado dicha entidad desde el 6 de febrero del 2017 y mantuvo su vinculaci\u00f3n hasta el 30 de agosto de 2025. Esto, pues conforme a la consulta efectuada en la Base de Datos \u00danica de Afiliados (BDUA) administrada por la ADRES, se evidenci\u00f3 que el usuario realiz\u00f3 traslado a Nueva EPS, con efectividad a partir del 1 de septiembre de 2025.<\/a>[38]<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                 <\/p>\n

                                                                  \n
                                                                1. <\/b>En segundo lugar, inform\u00f3 que desde el 2021\u00a0Gabriel<\/em>\u00a0cont\u00f3 con atenci\u00f3n frente a su diagn\u00f3stico asociado a \u201ctrastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de m\u00faltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas<\/em>\u201d, incluyendo episodios de hospitalizaci\u00f3n en el Hospital Mental\u00a0Renacer<\/em>\u00a0y consultas especializadas en psiquiatr\u00eda y psicolog\u00eda.\u00a0<\/em>La EPS destac\u00f3 que existi\u00f3 continuidad en la prestaci\u00f3n de los servicios m\u00e9dicos requeridos de 2021 a 2025, periodo en el cual estuvo afiliado.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                   <\/p>\n

                                                                    \n
                                                                  1. <\/b>Adem\u00e1s, relacion\u00f3 los servicios prestados e inform\u00f3 que el \u00faltimo registro de ingreso al Hospital Mental\u00a0Renacer<\/em>\u00a0corresponde al 21 de julio de 2025, fecha en la cual el m\u00e9dico tratante dej\u00f3 constancia de que el paciente ingres\u00f3 con la madre, quien refiri\u00f3 el consumo de sustancias y que tuvo un episodio en la ma\u00f1ana pues estaba \u201cagresivo, hostil, con insomnio y ansiedad<\/em>\u201d. El 1 de agosto, el m\u00e9dico psiquiatra consign\u00f3 en la evoluci\u00f3n m\u00e9dica que (i) el paciente hab\u00eda culminado \u201cel proceso de desintoxicaci\u00f3n y rehabilitaci\u00f3n inicial en la tercera fase de fortalecimiento para la reinserci\u00f3n psico-socio-laboral y familiar<\/em>\u201d; (ii) la prueba toxicol\u00f3gica arroj\u00f3 negativo para todas las sustancias y (iii) en el examen mental el paciente se mostr\u00f3 \u201ccolaborador, orientado en persona, tiempo y espacio, memoria evocativa conservada (\u2026) niega alteraci\u00f3n en el contenido del pensamiento y de la sensopercepci\u00f3n, psicomotricidad acorde a est\u00edmulo, juicio adecuado<\/em>\u201d. Por esto, se le dio salida al paciente para que continuara con su tratamiento terap\u00e9utico y farmacol\u00f3gico de manera ambulatoria.<\/a>[39]<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                    \u00a0<\/em><\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                      \n
                                                                    1. <\/b>En tercer lugar, la EPS inform\u00f3 sobre el seguimiento y acompa\u00f1amiento realizado con enfoque diferencial por tratarse de v\u00edctimas del conflicto armado. En concreto, dio cuenta de las llamadas de seguimiento efectuadas a\u00a0Diana<\/em>\u00a0los d\u00edas 17 de enero, 11 de abril y 28 de mayo, en las cuales se recordaron las citas de control psiqui\u00e1trico y psicol\u00f3gico de su hijo y la importancia de su adherencia al tratamiento. Adem\u00e1s, en la \u00faltima llamada de seguimiento realizada en octubre, se le ofrecieron los servicios de atenci\u00f3n psicosocial disponibles para fortalecer su bienestar y el de su n\u00facleo familiar; sin embargo, indic\u00f3 que se encontraba bien y no requer\u00eda los servicios.<\/a>[40]<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                       <\/p>\n

                                                                        \n
                                                                      1. <\/b>Segundo decreto de pr\u00e1ctica de pruebas.\u00a0<\/strong><\/b>Posteriormente y por medio de Auto del 27 de noviembre de 2025, el Magistrado sustanciador requiri\u00f3 las\u00a0pruebas antes decretadas y no recaudadas para que las siguientes entidades y personas dieran respuesta a las preguntas formuladas en el Auto del 22 de octubre de 2025:\u00a0\u00a0(i)\u00a0Diana<\/em>; (ii) la Personer\u00eda Municipal de\u00a0Florencia<\/em>; (iii) la ESE IMSALUD; (iv) el Hospital Mental\u00a0Renacer<\/em>; (v) la\u00a0Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas; (vi) la Defensor\u00eda del Pueblo\u00a0y (vii) la Asociaci\u00f3n Colombiana de Psiquiatr\u00eda. Adicionalmente y considerando que\u00a0Gabriel<\/em>\u00a0realiz\u00f3 traslado voluntario hacia la Nueva EPS se vincul\u00f3 al tr\u00e1mite a esta entidad y se le solicit\u00f3 informaci\u00f3n sobre los\u00a0servicios, medicamentos y tratamientos m\u00e9dicos que le han sido suministrados desde su afiliaci\u00f3n para el tratamiento de sus diagn\u00f3sticos psiqui\u00e1tricos. Por \u00faltimo, le orden\u00f3 a la Comisar\u00eda de Familia de la Comuna 7 de\u00a0Florencia<\/em>\u00a0que informara sobre las medidas de protecci\u00f3n otorgadas a\u00a0Diana<\/em>.<\/a>[41]<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                        \u00a0<\/em><\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                          \n
                                                                        1. <\/b>Durante el tr\u00e1mite de revisi\u00f3n, la\u00a0Unidad Administrativa Especial para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas\u00a0<\/strong><\/b>remiti\u00f3 dos respuestas. En la primera de ellas, con fecha del 28 de noviembre de 2025, confirm\u00f3 que\u00a0Diana<\/em>\u00a0y su n\u00facleo familiar, entre ellos su hijo\u00a0Gabriel<\/em>, se encuentran incluidos en el Registro \u00danico de V\u00edctimas por el hecho victimizante de desplazamiento forzado.<\/a>[42]<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                           <\/p>\n

                                                                            \n
                                                                          1. <\/b>En la segunda, con fecha del 13 de enero de 2026, la UARIV remiti\u00f3 informaci\u00f3n adicional en observancia del principio de colaboraci\u00f3n arm\u00f3nica entre entidades del Estado. Inform\u00f3 que en el marco de la articulaci\u00f3n interinstitucional adelantada con la Superintendencia Nacional de Salud, esta entidad efectu\u00f3 seguimiento administrativo del caso evidenciando que: (i)\u00a0Gabriel<\/em>\u00a0no registra servicios pendientes con la EPS Comfaoriente y efectu\u00f3 su traslado a la Nueva EPS; (ii) se encontr\u00f3 un reclamo radicado el 4 de junio de 2025, en el cual se solicit\u00f3 el traslado de\u00a0Gabriel<\/em>\u00a0a un centro psiqui\u00e1trico con el fin de valorar la necesidad de su internaci\u00f3n temporal o definitiva, frente al cual la EPS registr\u00f3 la autorizaci\u00f3n de la consulta de control con psiquiatr\u00eda y se cerr\u00f3 el caso y finalmente, (iii) dej\u00f3 constancia de las dificultades de contactar directamente al usuario.<\/a>[43]<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                            \u00a0<\/em><\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                              \n
                                                                            1. <\/b>El 4 de diciembre de 2025, la\u00a0Comisar\u00eda de Familia de la Comuna 7 de\u00a0Florencia\u00a0<\/em><\/strong><\/b>remiti\u00f3 el expediente del proceso de violencia intrafamiliar 123\/2025 y frente a las medidas de protecci\u00f3n otorgadas a\u00a0Diana<\/em>, realiz\u00f3 diversas precisiones. Primero, se\u00f1al\u00f3 que\u00a0Gabriel<\/em>\u00a0cuenta con un diagn\u00f3stico de esquizofrenia y trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de m\u00faltiples sustancias psicoactivas y por ello, presenta \u201cepisodios psic\u00f3ticos y descompensaciones que afectan su juicio, percepci\u00f3n de la realidad y capacidad para comprender la ilicitud o consecuencias de sus actos<\/em>\u201d. Segundo, a partir de este diagn\u00f3stico, concluy\u00f3 que (i) las conductas por las cuales fue denunciado no pueden interpretarse como un ejercicio consciente de violencia sino como manifestaciones de su descompensaci\u00f3n cl\u00ednica y (ii) imponerle medidas sancionatorias \u201cvulnerar\u00eda sus derechos como persona con discapacidad mental<\/em>\u201d. Por lo anterior, se\u00f1al\u00f3 que no impuso una sanci\u00f3n en contra de\u00a0Gabriel<\/em>, pero s\u00ed adopto medidas de protecci\u00f3n definitivas en favor de la se\u00f1ora\u00a0Diana<\/em>\u00a0y su hijo menor.\u00a0<\/a>[44]\u00a0As\u00ed, el 22 de abril de 2025 orden\u00f3 a\u00a0Gabriel<\/em>\u00a0abstenerse de realizar cualquier acto de violencia en contra de\u00a0Diana<\/em>\u00a0y su n\u00facleo familiar y dispuso que el hospital Mental\u00a0Renacer<\/em>\u00a0continuara con la medicaci\u00f3n, los controles psiqui\u00e1tricos y el acompa\u00f1amiento terap\u00e9utico a\u00a0Gabriel<\/em>.<\/a>[45]<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                              \u00a0<\/em><\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                                \n
                                                                              1. <\/b>En comunicaci\u00f3n del\u00a0<\/em><\/strong><\/b>10 de diciembre de 2025, la\u00a0Nueva EPS\u00a0<\/strong><\/b>se\u00f1al\u00f3 que la gesti\u00f3n administrativa de la entidad depende de la existencia de una orden m\u00e9dica remitida por el m\u00e9dico tratante y se \u201cdesconoce que exista un tratamiento m\u00e9dico prescrito y orientado espec\u00edficamente a la superaci\u00f3n de la enfermedad referida<\/em>\u201d por lo que no es posible adelantar gestiones adicionales a las que prescriba el m\u00e9dico tratante. Sin embargo, indic\u00f3 que \u201cgestionar\u00e1 la valoraci\u00f3n por un especialista en psiquiatr\u00eda, con el fin de que dicho profesional determine de manera t\u00e9cnica y cient\u00edfica las necesidades en salud del usuario<\/em>\u201d. As\u00ed y de establecerse la pertinencia de un tratamiento, incluyendo una modalidad intrahospitalaria, la EPS indic\u00f3 que autorizar\u00eda el servicio.<\/a>[46]<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                \u00a0<\/em><\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                                  \n
                                                                                1. <\/b>Por \u00faltimo, la Sala destaca que, aunque\u00a0Diana<\/em>, la Personer\u00eda Municipal de\u00a0Florencia<\/em>, la ESE IMSALUD y el Hospital Mental\u00a0Renacer<\/em>\u00a0fueron debidamente notificados, guardaron silencio frente a las preguntas y solicitudes formuladas por el Magistrado sustanciador. Las entidades invitadas a rendir concepto t\u00e9cnico sobre el caso, tambi\u00e9n guardaron silencio.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                  \u00a0<\/em><\/p>\n

                                                                                  \u00a0<\/em><\/p>\n

                                                                                    \n
                                                                                  1. CONSIDERACIONES<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                    \u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                                    \u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                                    Competencia<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                                    \u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                                      \n
                                                                                    1. <\/b>Con\u00a0fundamento en lo previsto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, esta Corte es competente para revisar la acci\u00f3n de tutela de la referencia. Tambi\u00e9n lo es por lo dispuesto en el Auto del\u00a028 de agosto de 2025, a trav\u00e9s del cual la Sala de Selecci\u00f3n N\u00famero Ocho escogi\u00f3 para su revisi\u00f3n el expediente T-11.381.848.<\/a>[47]<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                      \u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                                      Delimitaci\u00f3n del asunto, problema jur\u00eddico y esquema de resoluci\u00f3n<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                                       <\/p>\n

                                                                                        \n
                                                                                      1. <\/b>En la presente oportunidad, le corresponde a la Sala de Revisi\u00f3n decidir sobre \u00a0la acci\u00f3n de tutela instaurada por\u00a0Diana<\/em>, actuando como agente oficiosa de su hijo\u00a0Gabriel<\/em>\u00a0en contra de Comfaoriente EPS, el Hospital Mental\u00a0Renacer<\/em>\u00a0y otros, con el prop\u00f3sito de obtener la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales a la salud, a la dignidad humana y a la familia. Ello, con ocasi\u00f3n de la negativa de la EPS de autorizar el tratamiento intramural e internado en centro psiqui\u00e1trico de larga estancia para que\u00a0Gabriel<\/em>\u00a0se rehabilite de su farmacodependencia.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                         <\/p>\n

                                                                                          \n
                                                                                        1. <\/b>As\u00ed, la Sala deber\u00e1 determinar si la referida acci\u00f3n de tutela satisface los presupuestos generales de procedencia o si por el contrario y como fue advertido por el juez de segunda instancia, la acci\u00f3n de tutela es improcedente por incumplimiento del requisito de legitimaci\u00f3n en la causa por activa. En caso de superarse el an\u00e1lisis de procedencia, la Sala deber\u00e1 establecer si las entidades accionadas vulneraron los derechos fundamentales de\u00a0Gabriel<\/em>\u00a0al no autorizar y garantizar su internamiento de larga estancia en un centro psiqui\u00e1trico para la rehabilitaci\u00f3n de su farmacodependencia.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                           <\/p>\n

                                                                                            \n
                                                                                          1. <\/b>Para el efecto, esta Sala de Revisi\u00f3n reiterar\u00e1 la jurisprudencia sobre: (i) los requisitos de la\u00a0agencia oficiosa y sus particularidades cuando el agenciado es mayor de edad y padece farmacodependencia, (ii)\u00a0la protecci\u00f3n de los derechos a la salud, el consentimiento informado y la autodeterminaci\u00f3n de las personas con farmacodependencia.\u00a0Por\u00a0\u00faltimo, (iv) teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, analizar\u00e1 el caso concreto.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                            \u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                                            \u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                                            (i)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/em><\/strong><\/b>Agencia oficiosa en el tr\u00e1mite de tutela cuando el agenciado es mayor de edad y padece farmacodependencia<\/em><\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                                            \u00a0<\/em><\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                                              \n
                                                                                            1. <\/b>De acuerdo con lo previsto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y en el art\u00edculo 1 del Decreto 2591 de 1991, toda persona tiene derecho a acudir a la acci\u00f3n de tutela para reclamar ante los jueces, por s\u00ed misma o por quien act\u00fae en su nombre, la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales. As\u00ed, aunque de manera general el titular de los derechos est\u00e1 facultado para interponer la acci\u00f3n de tutela a nombre propio, esta tambi\u00e9n puede ser presentada\u00a0(i)\u00a0por medio de representante legal,\u00a0(ii)\u00a0mediante apoderado judicial o\u00a0(iii)\u00a0a trav\u00e9s de agente oficioso.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                               <\/p>\n

                                                                                                \n
                                                                                              1. <\/b>La agencia oficiosa en el tr\u00e1mite de tutela.\u00a0<\/em>El inciso segundo del art\u00edculo 10 del\u00a0Decreto Ley 2591 de 1991 reconoce que en el tr\u00e1mite de tutela es posible \u201cagenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa<\/em>\u201d y aclara que tal circunstancia \u201cdeber\u00e1 manifestarse en la solicitud<\/em>\u201d.\u00a0<\/em>Esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que la agencia oficiosa es \u201cel mecanismo procesal que permite que un tercero (agente) interponga, motu proprio y sin necesidad de poder, acci\u00f3n de tutela en favor del titular de los derechos fundamentales (agenciado<\/em>).\u201d<\/a>[48]<\/sup>\u00a0Entonces, el agente carece,\u00a0<\/em>en principio, de un inter\u00e9s sustancial propio en la acci\u00f3n que interpone, pues la vulneraci\u00f3n de derechos que somete al conocimiento del juez de tutela \u201cs\u00f3lo est\u00e1 relacionada con intereses individuales del titular de los mencionados derechos.<\/em>\u201d<\/a>[49]<\/sup><\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                 <\/p>\n

                                                                                                  \n
                                                                                                1. <\/b>Ahora, la agencia oficiosa es excepcional y est\u00e1 condicionada al cumplimiento de dos requisitos normativos:\u00a0(i)<\/em>\u00a0la manifestaci\u00f3n expresa del agente oficioso de estar actuando en tal calidad en la demanda y\u00a0(ii)<\/em>\u00a0la imposibilidad del agenciado de defender directamente sus derechos.<\/a>[50]\u00a0El primero ellos puede darse por acreditado si de los hechos y las pretensiones de la tutela es posible inferir que el tercero ejerce la acci\u00f3n en calidad de agente oficioso.<\/a>[51]<\/sup>\u00a0Mientras que en el segundo, el juez debe constatar que existe al menos una prueba siquiera sumaria de que\u00a0el agenciado no se encuentra en condiciones para interponer la acci\u00f3n.<\/a>[52]<\/sup>\u00a0Sobre el particular, se ha aclarado que la imposibilidad para acudir directamente a la acci\u00f3n de tutela\u00a0\u201cdesborda el marco estricto de lo que legalmente constituye la capacidad<\/em>\u201d<\/a>[53]<\/sup>\u00a0y, en este sentido, tambi\u00e9n puede presentarse por \u201ccircunstancias f\u00edsicas, como la enfermedad<\/em>\u201d,\u00a0<\/em>\u201crazones s\u00edquicas<\/em>\u201d\u00a0<\/em>que hubieren afectado el estado mental del accionante, o un \u201cestado de indefensi\u00f3n que le impida acudir a la justicia.<\/em>\u201d<\/a>[54]<\/sup><\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                   <\/p>\n

                                                                                                    \n
                                                                                                  1. <\/b>La ausencia de estos requisitos tornan improcedente la acci\u00f3n de tutela por falta de legitimaci\u00f3n, pues estos pretenden preservar la autonom\u00eda de la voluntad del titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados<\/a>[55]\u00a0y evitar que \u201ccualquier persona pueda actuar en nombre y representaci\u00f3n de otra alterando el orden constitucional y la finalidad misma de la agencia oficiosa<\/em>\u201d.<\/a>[56]<\/sup>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Adicionalmente, se aclara que aunque\u00a0la ratificaci\u00f3n\u00a0<\/em>por parte del agenciado de los hechos y pretensiones de la acci\u00f3n no es un requisito normativo, s\u00ed ha sido entendido como un mecanismo excepcional con el que cuenta el\u00a0juez constitucional cuando no encuentra acreditada la imposibilidad del agenciado para interponer la solicitud de tutela por s\u00ed mismo.<\/a>[57]\u00a0As\u00ed, si el agenciado ratifica la tutela, \u201ctal circunstancia convalida la gesti\u00f3n adelantada por el agente y, en consecuencia, le otorga legitimaci\u00f3n en la causa por activa<\/em>\u201d<\/a>[58]<\/sup>.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                     <\/p>\n

                                                                                                      \n
                                                                                                    1. <\/b>La agencia oficiosa cuando el agenciado es mayor de edad y padece farmacodependencia y el respeto por la autonom\u00eda.\u00a0<\/em>Esta Corporaci\u00f3n ya se ha pronunciado sobre la agencia oficiosa en estos dos supuestos y, atendiendo a las circunstancias del agenciado, ha evaluado si se encontraba o no en imposibilidad de\u00a0defender directamente sus derechos.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                       <\/p>\n

                                                                                                        \n
                                                                                                      1. <\/b>En un primer momento, en la Sentencia\u00a0T-057 de 2012<\/strong><\/b>, la Corte estudi\u00f3 el caso de un adulto mayor diagnosticado con trastorno afectivo bipolar y del comportamiento debido al consumo de m\u00faltiples sustancias psicoactivas que se comportaba de forma hostil y agresiva, \u201cdesequilibrado y sin cordura frente a su familia y las dem\u00e1s personas<\/em>\u201d.<\/em>\u00a0<\/em>El diagn\u00f3stico del agenciado ten\u00eda casi 30 a\u00f1os de evoluci\u00f3n y ya hab\u00eda sido hospitalizado en m\u00faltiples ocasiones durante 10 a 20 d\u00edas y la acci\u00f3n de tutela se present\u00f3 por su hijo ante la negativa de la EPS de internarlo de manera permanente en un hospital especializado para tratar su patolog\u00eda. En este caso, la Corte encontr\u00f3 acreditada la agencia oficiosa al considerar que \u201clas razones aducidas por quien presenta la tutela y la historia cl\u00ednica del [agenciado], son elementos probatorios suficientes para acreditar su grave estado de salud y su consecuente imposibilidad para acudir personalmente a promover la acci\u00f3n de tutela<\/em>\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                        \u00a0<\/em><\/p>\n

                                                                                                          \n
                                                                                                        1. <\/b>En una segunda oportunidad, en la\u00a0Sentencia T-578 de 2013<\/strong><\/b>, se estudi\u00f3 el caso de un joven de 19 a\u00f1os diagnosticado con esquizofrenia y trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas. Su padre, quien actu\u00f3 como agente oficioso, manifest\u00f3 que dicha patolog\u00eda afect\u00f3 el desarrollo ps\u00edquico, funcional y social de su hijo, quien ha presentado cambios en su comportamiento como agresividad, delirios de persecuci\u00f3n, ansiedad, insomnio, depresi\u00f3n e ideas suicidas. En este caso, la acci\u00f3n de tutela tambi\u00e9n se present\u00f3 por la negativa de la EPS de autorizar la internaci\u00f3n del joven para el tratamiento de rehabilitaci\u00f3n por adicci\u00f3n a sustancias psicoactivas. Al analizar la agencia oficiosa, la Corte consider\u00f3 que\u00a0\u201clas razones aducidas por quien presenta la tutela y la historia cl\u00ednica del joven (\u2026) en la cual consta que \u00e9ste presenta conductas agresivas y hostiles con su familia y con terceros e intento de suicidio en el contexto de consumo de psicot\u00f3xicos, son elementos probatorios suficientes para acreditar su grave estado de salud y su consecuente imposibilidad para acudir personalmente a promover la acci\u00f3n de tutela<\/em>\u201d.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                          \u00a0<\/em><\/p>\n

                                                                                                            \n
                                                                                                          1. <\/b>En un tercer caso, en la\u00a0Sentencia T-153 de 2014<\/strong><\/b>\u00a0la Corte conoci\u00f3 el caso de un joven de 18 a\u00f1os con una fuerte adicci\u00f3n a las drogas\u00a0que, seg\u00fan su padre, lo llev\u00f3 a comportamientos que atentaron contra la integridad f\u00edsica y el patrimonio econ\u00f3mico de sus allegados. El agenciado estaba recibiendo tratamiento en un centro de rehabilitaci\u00f3n privado y su padre solicit\u00f3 ayuda a la EPS para sufragar el tratamiento, pero dicha solicitud fue negada. En el an\u00e1lisis de procedencia, se encontr\u00f3 acreditada la agencia oficiosa del padre considerando el diagn\u00f3stico m\u00e9dico y el hecho de que la Corporaci\u00f3n ya hab\u00eda admitido que \u201caunque los padres de los sujetos que padecen este tipo de adicciones no manifestaran expresamente su calidad de agentes oficiosos, se encuentran legitimados para ejercer la acci\u00f3n, toda vez que sus hijos, en raz\u00f3n a su enfermedad, se encuentran afectados respecto a su derecho a la autodeterminaci\u00f3n.<\/em>\u201d<\/a>[59]<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                            \u00a0<\/em><\/p>\n

                                                                                                              \n
                                                                                                            1. <\/b>En la\u00a0Sentencia T-043 de 2015<\/strong><\/b>, la Corte estudi\u00f3 el caso de una mujer que habitaba en la calle y hab\u00eda sido atendida por tuberculosis, adicci\u00f3n a sustancias psicoactivas, trastornos mentales y sospecha de VIH. Su agente oficioso solicitaba la protecci\u00f3n de su derecho a la vida digna y que se le brindara un albergue. En este caso, se concluy\u00f3 que se acreditaba la agencia oficiosa del personero municipal considerando la situaci\u00f3n de vulnerabilidad de la agenciada, pero se destac\u00f3 que el consentimiento y autonom\u00eda de la agenciada constitu\u00edan un presupuesto indispensable de cualquier decisi\u00f3n, pues aunque el ejercicio de la agencia oficiosa resultaba leg\u00edtimo, no sustitu\u00eda la voluntad del paciente. As\u00ed, es a este a quien \u201cle corresponde decidir de manera aut\u00f3noma si opta o no por el tratamiento que sea dispuesto por el m\u00e9dico o si decide tomar parte en los distintos planes de integraci\u00f3n social promovidos por las entidades competentes<\/em>\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                              \u00a0<\/em><\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                                                              \u00a0<\/em><\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                                                              (ii)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/em><\/strong><\/b>Los derechos a la salud, el consentimiento informado y la autodeterminaci\u00f3n de las personas con farmacodependencia<\/em><\/strong><\/b><\/a>[60]<\/em><\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                                                              \u00a0<\/em><\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                                                                \n
                                                                                                              1. <\/b>Protecci\u00f3n constitucional y legal.\u00a0<\/em>De conformidad con el art\u00edculo 49 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la\u00a0<\/em>atenci\u00f3n de la salud y el saneamiento ambiental son servicios p\u00fablicos a cargo del Estado.\u00a0<\/em>Tras la modificaci\u00f3n introducida por el Acto Legislativo 2 de 2009 \u2014destinada a definir la forma en la que el Estado debe afrontar el consumo de sustancias que generan dependencia\u2014, esta norma incorpor\u00f3 mandatos relevantes. De una parte, ordena la puesta en marcha de medidas con fines preventivos y rehabilitadores de car\u00e1cter \u201cpedag\u00f3gico, profil\u00e1ctico o terap\u00e9utico para las personas que consuman dichas sustancias\u201d<\/em>. Esto, aclarando que el sometimiento a estas medidas y tratamientos \u201crequiere el consentimiento informado del adicto\u201d.<\/em><\/a>[61]<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                \u00a0<\/em><\/p>\n

                                                                                                                  \n
                                                                                                                1. <\/b>De otra parte, radic\u00f3 en cabeza del Estado la obligaci\u00f3n de dedicar especial atenci\u00f3n al \u201cenfermo dependiente o adicto y a su familia para fortalecerla en valores y principios que contribuyan a prevenir comportamientos que afecten el cuidado integral de la salud de las personas\u201d\u00a0<\/em>y de desarrollar de manera permanente campa\u00f1as prevenci\u00f3n contra el consumo de drogas o sustancias psicoactivas y en favor de la recuperaci\u00f3n de las personas adictas a dichas sustancias.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                  \u00a0<\/em><\/p>\n

                                                                                                                    \n
                                                                                                                  1. <\/b>En desarrollo de estos postulados constitucionales, el legislador promulg\u00f3 la\u00a0Ley 1566 de 2012<\/a>[62]\u00a0en la cual se reconoci\u00f3 expresamente que el abuso y adicci\u00f3n a sustancias psicoactivas l\u00edcitas o il\u00edcitas\u00a0\u201ces un asunto de salud p\u00fablica y bienestar de la familia, la comunidad y los individuos\u201d<\/em><\/a>[63]<\/sup>,\u00a0<\/em>por lo que deben ser tratadas como una enfermedad que requiere atenci\u00f3n integral del Estado. A su turno, estableci\u00f3 que toda persona que est\u00e9 afectada por la adicci\u00f3n a estas sustancias, tiene derecho a \u201cser atendida en forma integral por las Entidades que conforman el Sistema General de Seguridad Social en Salud y las instituciones p\u00fablicas o privadas especializadas para el tratamiento de dichos trastornos\u201d<\/em>.<\/a>[64]<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                    \u00a0<\/em><\/p>\n

                                                                                                                      \n
                                                                                                                    1. <\/b>De manera reciente, el Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social mediante la Resoluci\u00f3n No. 2100 de 2025 adopt\u00f3 la \u201cPol\u00edtica integral para la prevenci\u00f3n, la reducci\u00f3n de riesgos y da\u00f1os y la atenci\u00f3n del consumo de sustancias psicoactivas, licitas e il\u00edcitas y el Sistema Nacional de Atenci\u00f3n al consumo de sustancias psicoactivas\u201d.\u00a0<\/em>En esta se incluyen, entre otras, las siguientes definiciones: (i)\u00a0la inclusi\u00f3n y protecci\u00f3n social de las personas que usan drogas<\/em>, entendida como la necesidad de establecer acciones dirigidas a garantizar la salud, la educaci\u00f3n, el empleo, la vivienda y la recreaci\u00f3n a la vez que se promueve la participaci\u00f3n de quienes consumen drogas, se reduce su estigmatizaci\u00f3n y exclusi\u00f3n social y se generan oportunidades de integraci\u00f3n y (ii)\u00a0el tratamiento y recuperaci\u00f3n de los problemas asociados al consumo de sustancia psicoactivas,\u00a0<\/em>los cuales son concebidos como elementos complementarios y con primac\u00eda de la persona. Cuando se trata del tratamiento del consumo problem\u00e1tico de sustancias psicoactivas, este proceso es \u201cintegral, continuo y sustentado en evidencia cient\u00edfica, que articula intervenciones farmacol\u00f3gicas, psicol\u00f3gicas, sociales y de reducci\u00f3n de riesgos y da\u00f1os\u201d.<\/em><\/a>[65]<\/strong><\/b><\/em>\u00a0<\/em>Adicionalmente, se destaca que uno de los principios de dicha pol\u00edtica es la\u00a0autonom\u00eda<\/em>, entendida como el\u00a0\u201cderecho de cada persona a tomar decisiones informadas y libres sobre su salud y su proyecto de vida<\/em>\u201d.\u00a0<\/a>[66]<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                      \u00a0<\/em><\/p>\n

                                                                                                                        \n
                                                                                                                      1. <\/b>Derecho a la salud.\u00a0<\/em>Las personas con farmacodependencia, quienes han sido reconocidos como sujetos de especial protecci\u00f3n constitucional,<\/a>[67]\u00a0tienen derecho a recibir atenci\u00f3n integral por parte de las entidades que hacen parte del sistema de salud.<\/a>[68]\u00a0Aunque no existe un procedimiento \u00fanico para este tipo de casos, pues este puede realizarse de manera ambulatoria o con internaci\u00f3n,<\/a>[69]\u00a0esta Corporaci\u00f3n ha precisado que (i) para garantizar el acceso a un tratamiento oportuno y acorde a las necesidades del paciente, un equipo multidisciplinario (m\u00e9dicos, psic\u00f3logos y trabajadores sociales) debe\u00a0determinar el tratamiento a seguir y este debe ser fijado de acuerdo con la evidencia cient\u00edfica disponible;<\/a>[70]<\/sup>\u00a0(ii) la EPS debe autorizar el tratamiento de rehabilitaci\u00f3n con internaci\u00f3n si ha sido ordenado por el m\u00e9dico tratante<\/a>[71]<\/sup>\u00a0y (iii) este tipo de medidas requieren el consentimiento informado del paciente.<\/a>[72]<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                        \u00a0<\/em><\/p>\n

                                                                                                                          \n
                                                                                                                        1. <\/b>Consentimiento previo, libre e informado y autodeterminaci\u00f3n.\u00a0<\/em>Seg\u00fan el art\u00edculo 4 de la Ley 1566 de 2012, la atenci\u00f3n integral a las personas con farmacodependencia debe realizarse con su consentimiento informado. As\u00ed, es necesario que se \u201chaya informado a la persona sobre el tipo de tratamiento ofrecido por la instituci\u00f3n, incluyendo los riesgos y beneficios de este tipo de atenci\u00f3n, las alternativas de otros tratamientos, la eficacia del tratamiento ofrecido, la duraci\u00f3n del tratamiento, las restricciones establecidas durante el proceso de atenci\u00f3n, los derechos del paciente y toda aquella informaci\u00f3n relevante para la persona, su familia o red de apoyo social o institucional\u201d.\u00a0<\/em>Esta disposici\u00f3n normativa tambi\u00e9n aclara que\u00a0<\/em>la persona puede revocar su consentimiento en cualquier momento.<\/a>[73]<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                          \u00a0<\/em><\/p>\n

                                                                                                                            \n
                                                                                                                          1. <\/b>En su jurisprudencia, esta Corporaci\u00f3n ha puesto de presente la estrecha relaci\u00f3n que existe entre el consentimiento libre e informado, la autonom\u00eda y la autodeterminaci\u00f3n. As\u00ed, el consentimiento previo es el “es el mecanismo que permite hacer efectiva la aludida autonom\u00eda (\u2026) del paciente para la pr\u00e1ctica de tratamientos m\u00e9dicos<\/em>\u201d.\u00a0<\/a>[74]\u00a0Este no es un mero requisito formal que se pueda suplir con cualquier autorizaci\u00f3n, sino que es necesario que sea (i)\u00a0libre<\/em>, lo que supone que la persona debe tomar su decisi\u00f3n sin coacciones ni enga\u00f1os y tambi\u00e9n (ii)\u00a0informado<\/em>, lo que implica que las entidades de salud deben informar al paciente \u201cde manera detallada el plan de manejo que se adoptar\u00e1, la forma en que se realizar\u00e1 el tratamiento, las terapias y dem\u00e1s procedimientos conexos\u201d.<\/em><\/a>[75]<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                            \u00a0<\/em><\/p>\n

                                                                                                                              \n
                                                                                                                            1. <\/b>Adicionalmente, se ha reiterado que el consentimiento\u00a0sustituto tiene un car\u00e1cter marcadamente excepcional en materia de tratamiento de la farmacodependencia<\/a>[76]<\/sup>. En este sentido, aunque ha reconocido las dificultades de obtener el consentimiento de las personas con farmacodependencia dado que se pueden encontrar en un estado de inconciencia que no les permite discernir sobre los beneficios de un tratamiento de rehabilitaci\u00f3n, en los \u201cmomentos de lucidez cognitiva, la persuasi\u00f3n m\u00e9dica se constituye en una herramienta fundamental para que el farmacodependiente comprenda las ventajas y riesgos que implica aceptar un tratamiento m\u00e9dico<\/em>\u201d<\/a>[77]<\/sup>.\u00a0<\/strong><\/b>Esto, pues es a la persona afectada a quien le corresponde decidir de manera aut\u00f3noma si acoge o no el tratamiento prescrito, en aras de proteger su facultad de tomar decisiones sobre el manejo de sus afectaciones de salud.<\/a>[78]<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                              \u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                                                                                \n
                                                                                                                              1. <\/b>Sobre el particular, la Corte Constitucional\u00a0<\/strong><\/b>ha precisado que incluso bajo ideales altruistas, nadie puede disponer de la vida de otro. Por lo que la persona farmacodependiente es en \u00faltimas\u00a0<\/strong><\/b>libre de decidir sobre su propio destino.<\/a>[79]\u00a0Siendo el respeto por la autonom\u00eda del paciente de especial relevancia en estos escenarios, en tanto el \u00e9xito de un tratamiento de rehabilitaci\u00f3n depende en gran medida del compromiso voluntario del paciente de adherirse a este.<\/a>[80]\u00a0<\/em>De este modo, reconocer la autonom\u00eda de quien sufre adicciones a sustancias psicoactivas tiene consecuencias, siendo la primera de ellas la de aceptar que los asuntos que\u00a0\u201cs\u00f3lo a la persona ata\u00f1en, s\u00f3lo por ella deben ser decididos\u201d\u00a0<\/em>pues \u201cdecidir por ella es arrebatarle brutalmente su condici\u00f3n \u00e9tica, reducirla a la condici\u00f3n de objeto, cosificarla, convertirla en medio para los fines que por fuera de ella se eligen.\u201d<\/em>.<\/a>[81]<\/sup><\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                \u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                                                                                \u00a0<\/em><\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                                                                                (iii)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong><\/b>An\u00e1lisis del caso concreto<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                                                                                \u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                                                                                  \n
                                                                                                                                1. <\/b>El art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica establece que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo judicial subsidiario, informal y aut\u00f3nomo que tiene por objeto garantizar la \u201cprotecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales<\/em>\u201d de las personas por medio de un \u201cprocedimiento preferente y sumario<\/em>\u201d. De conformidad con este art\u00edculo, el Decreto Ley 2591 de 1991 y el desarrollo jurisprudencial de esta Corporaci\u00f3n, son requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela:\u00a0(i)<\/em>\u00a0la legitimaci\u00f3n en la causa (por activa y por pasiva),\u00a0(ii)<\/em>\u00a0la inmediatez y\u00a0(iii)\u00a0<\/em>la subsidiariedad.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                   <\/p>\n

                                                                                                                                    \n
                                                                                                                                  1. <\/b>Al ser el cumplimiento de estos requisitos una condici\u00f3n necesaria para que el juez de tutela pueda emitir un pronunciamiento de fondo sobre el caso sometido a su consideraci\u00f3n, la Sala S\u00e9ptima de Revisi\u00f3n deber\u00e1 verificar si, a la luz de las consideraciones planteadas anteriormente, la acci\u00f3n de tutela presentada por\u00a0Diana<\/em>\u00a0como agente oficiosa de su hijo\u00a0Gabriel<\/em>\u00a0cumple con los requisitos de procedencia. En caso afirmativo, proceder\u00e1 con el estudio de fondo del asunto.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                     <\/p>\n

                                                                                                                                      \n
                                                                                                                                    1. <\/b>An\u00e1lisis de procedencia en el caso concreto.<\/strong><\/b>\u00a0En el presente asunto, la Sala S\u00e9ptima de Revisi\u00f3n determina que la acci\u00f3n de tutela en estudio no cumple con el requisito de legitimaci\u00f3n por activa, dado que no se ha demostrado el cumplimiento \u00edntegro de los par\u00e1metros exigidos para la agencia oficiosa.\u00a0As\u00ed, aunque\u00a0Diana<\/em>\u00a0manifest\u00f3 expresamente estar actuando como agente oficiosa de su hijo\u00a0Gabriel<\/em>\u00a0con el objeto de proteger sus derechos fundamentales, lo cierto es que no estaba habilitada para agenciar sus derechos pues, como se evidenciar\u00e1 a continuaci\u00f3n, de las pruebas que obran en el expediente no se deriva que\u00a0Gabriel<\/em>\u00a0estuviera en imposibilidad de promover su defensa directamente.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                      \u00a0<\/em><\/p>\n

                                                                                                                                        \n
                                                                                                                                      1. <\/b>Esta Sala reconoce que la\u00a0Corte Constitucional ha admitido la utilizaci\u00f3n de la figura de la agencia oficiosa para solicitar el amparo de los derechos fundamentales de personas mayores de edad que padecen farmacodependencia. Sin embargo, considera que un diagn\u00f3stico m\u00e9dico con un impacto cognitivo o psicol\u00f3gico no es una raz\u00f3n que por s\u00ed sola y de manera autom\u00e1tica justifique la aceptaci\u00f3n de la agencia oficiosa en materia de tutela. En cada caso y a partir de sus particularidades y las pruebas que obran en el expediente, el juez debe determinar si, en efecto, la persona cuyos derechos se pretenden proteger est\u00e1 imposibilitada para defenderlos directamente.<\/a>[82]<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                        \u00a0<\/em><\/p>\n

                                                                                                                                          \n
                                                                                                                                        1. <\/b>Esto guarda coherencia con los pronunciamientos de esta Corporaci\u00f3n que reconocen la importancia de preservar la autonom\u00eda y el consentimiento de las personas con farmacodependencia. Adem\u00e1s, con pronunciamientos m\u00e1s recientes en los que se ha abordado la agencia oficiosa, por ejemplo, de las personas con discapacidad<\/a>[83]\u00a0desde un enfoque que los reconoce como titulares de plenos derechos,<\/a>[84]\u00a0capaces de ejercerlos en igualdad de condiciones que los dem\u00e1s. As\u00ed, se debe considerar que \u201clas diferencias funcionales o cognitivas no habilitan autom\u00e1ticamente la representaci\u00f3n oficiosa, pues esto perpetuar\u00eda un enfoque tutelar contrario al principio de autonom\u00eda y a la dignidad humana<\/em>\u201d.<\/a>[85]\u00a0Adem\u00e1s, el juez debe interpretar la agencia oficiosa \u201cbuscando favorecer la capacidad jur\u00eddica de las personas mayores de edad en condici\u00f3n de discapacidad, a efectos de preservar su autonom\u00eda y voluntad.<\/em>\u201d<\/a>[86]<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                          \u00a0<\/em><\/p>\n

                                                                                                                                            \n
                                                                                                                                          1. <\/b>En el presente caso y conforme a la historia cl\u00ednica y a las pruebas recaudas en sede de revisi\u00f3n, Gabriel presenta diversos diagn\u00f3sticos psiqui\u00e1tricos que deben ser considerados, tales como\u00a0\u201ctrastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de m\u00faltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas\u201d, \u201ctrastorno psic\u00f3tico agudo de tipo esquizofr\u00e9nico\u201d y \u201cpsicosis de origen no org\u00e1nico\u201d. Con todo y como se evidencia a lo largo de la historia cl\u00ednica,\u00a0Gabriel<\/em>\u00a0super\u00f3 la fase aguda de sus diagn\u00f3sticos y por dicha raz\u00f3n, en diversas ocasiones, fue dado de alta por mejor\u00eda. A manera ilustrativa:<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                            \u00a0<\/em><\/p>\n