{"id":31511,"date":"2026-04-08T17:44:10","date_gmt":"2026-04-08T22:44:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/?p=31511"},"modified":"2026-04-08T17:44:10","modified_gmt":"2026-04-08T22:44:10","slug":"t-057-26","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/t-057-26\/","title":{"rendered":"T-057-26"},"content":{"rendered":"

REP\u00daBLICA DE COLOMBIA<\/strong><\/b><\/p>\n

CORTE CONSTITUCIONAL<\/strong><\/b><\/p>\n

Sala Quinta de Revisi\u00f3n<\/strong><\/b><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

Sentencia T-057 DE 2026<\/strong><\/b><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

Referencia:<\/strong><\/b>\u00a0expediente T- 11.475.634<\/p>\n

 <\/p>\n

Asunto:<\/strong><\/b>\u00a0acci\u00f3n de tutela instaurada por\u00a0Judith<\/em>, actuando en calidad de agente oficiosa de su hijo mayor de edad\u00a0Cristian<\/em>, contra la\u00a0Pensiones Libertad<\/em>\u00a0y la\u00a0Aseguradora Verdad<\/em>.<\/p>\n

 <\/p>\n

Magistrada ponente:<\/strong><\/b><\/p>\n

Lina Marcela Escobar Mart\u00ednez<\/p>\n

 <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil veintis\u00e9is (2026).<\/p>\n

 <\/p>\n

La Sala Quinta de Revisi\u00f3n de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Lina Marcela Escobar Mart\u00ednez, quien la preside, y por los magistrados Jorge Enrique Ib\u00e1\u00f1ez Najar y Vladimir Fern\u00e1ndez Andrade, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, espec\u00edficamente las previstas en los art\u00edculos 86 y 241 numeral 9\u00b0 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, dicta la siguiente:<\/p>\n

 <\/p>\n

SENTENCIA<\/strong><\/b><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

Dentro del proceso de revisi\u00f3n de los fallos dictados, en primera instancia, por el\u00a0Juzgado 004 Penal del Circuito Especializado de Cartagena, el 6 de junio de 2025, y en segunda instancia, por la Sala de Decisi\u00f3n Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, el 12 de agosto de 2025,\u00a0dentro de la acci\u00f3n de tutela presentada por\u00a0Judith<\/em>, en calidad de agente oficiosa de su hijo mayor de edad en condici\u00f3n de discapacidad,\u00a0Cristian<\/em>, contra\u00a0Pensiones Libertad\u00a0<\/em>y la\u00a0Aseguradora Verdad<\/em>.<\/p>\n

 <\/p>\n

El expediente de la referencia fue seleccionado para su revisi\u00f3n por medio de Auto del treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticinco (2025), dictado por la Sala de Selecci\u00f3n de Tutelas N\u00famero Diez de 2025 de la Corte Constitucional<\/a>[1].<\/p>\n

 <\/p>\n

Aclaraci\u00f3n<\/strong><\/b>\u00a0previa<\/strong><\/b><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

El presente asunto involucra informaci\u00f3n relacionada con la intimidad personal de una persona en situaci\u00f3n de discapacidad y su condici\u00f3n de salud. En consecuencia, la Sala suprimir\u00e1 los datos que permitan su identificaci\u00f3n<\/a>[2]. En\u00a0la versi\u00f3n de la providencia disponible para el p\u00fablico, su nombre ser\u00e1 reemplazado por uno ficticio que se escribir\u00e1 en letra cursiva. La versi\u00f3n con sus datos de identificaci\u00f3n se integrar\u00e1 al expediente de tutela, con el fin de que los responsables ejecuten las \u00f3rdenes adoptadas en el fallo.<\/p>\n

 <\/p>\n

S\u00edntesis de la decisi\u00f3n<\/strong><\/b><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

La Sala Quinta de Revisi\u00f3n de la Corte Constitucional conoci\u00f3 la acci\u00f3n de tutela presentada por\u00a0Judith<\/em>, en calidad de agente oficiosa de su hijo mayor de edad en condici\u00f3n de discapacidad,\u00a0Cristian<\/em>, en contra de\u00a0Pensiones Libertad\u00a0<\/em>y la\u00a0Aseguradora Verdad<\/em>. En ella, la Se\u00f1ora\u00a0Judith<\/em>\u00a0expuso que\u00a0como consecuencia del fallecimiento del se\u00f1or\u00a0Pablo<\/em>\u00a0(padre del agenciado),\u00a0Cristian<\/em>\u00a0deb\u00eda adelantar algunas actuaciones administrativas y judiciales ante las autoridades accionadas.<\/p>\n

 <\/p>\n

Por lo anterior, la accionante\u00a0busc\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales del agenciado al m\u00ednimo vital y la vida digna. En concreto, solicit\u00f3 que se le reconociese \u201ccomo la persona de apoyo de [su] hijo, ante todas las entidades a las cuales este deba acudir a realizar tr\u00e1mites de cualquier naturaleza, sean entidades financieras, del sector salud, administrativas y\/o judiciales\u201d<\/a>[3]<\/sup>.<\/p>\n

 <\/p>\n

En Sede de Revisi\u00f3n, la Sala constat\u00f3 que en el presente tr\u00e1mite se configur\u00f3 la carencia actual de objeto por situaci\u00f3n sobreviniente porque la pretensi\u00f3n de la accionante ya se satisfizo en lo fundamental en un proceso judicial distinto al de la acci\u00f3n de tutela. Esto, debido a que, mediante sentencia del 12 de diciembre de 2025, el Juzgado 007\u00a0<\/em>de Familia del Circuito Oral de Cartagena resolvi\u00f3 designar a la se\u00f1ora\u00a0Judith<\/em>\u00a0como persona de apoyo judicial en favor de su hijo,\u00a0Cristian<\/em>. Una copia de esa providencia fue entregada por la accionante a la Defensor\u00eda del Pueblo, como entidad comisionada en la pr\u00e1ctica de pruebas decretadas por el despacho ponente.<\/p>\n

 <\/p>\n

Adicionalmente, en los documentos allegados por\u00a0Pensiones Libertad<\/em>, la Sala corrobor\u00f3 la existencia del auto del 30 de septiembre de 2025<\/a>[4]\u00a0dictado por el Juzgado 007\u00a0<\/em>de Familia del Circuito Oral de Cartagena, el cual admiti\u00f3 la demanda y dispuso designar a la se\u00f1ora\u00a0Judith<\/em>\u00a0como apoyo judicial provisional de su hijo\u00a0Cristian<\/em>. Lo anterior, para la realizaci\u00f3n de precisas \u201cactuaciones administrativas y judiciales ante cualquier entidad que se requiera, tendientes a obtener la correspondiente indemnizaci\u00f3n por muerte de su padre, as\u00ed como tambi\u00e9n la pensi\u00f3n de sobrevivientes y adem\u00e1s presentar demanda judicial de responsabilidad civil extracontractual ante los jueces competentes\u201d<\/a>[5].<\/p>\n

 <\/p>\n

I.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong><\/b>ANTECEDENTES<\/strong><\/b><\/h1>\n

\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

1.\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong><\/b>Hechos jur\u00eddicamente relevantes<\/a>[6]<\/strong><\/b><\/h2>\n

 <\/p>\n

    \n
  1. Cristian<\/em>, de 31 a\u00f1os, hijo de la se\u00f1ora\u00a0Judith<\/em>, fue diagnosticado a los 4 a\u00f1os con \u201cautismo en la ni\u00f1ez\u201d<\/a>[7]<\/sup>. Por este motivo, siempre ha estado bajo el cuidado de su madre, quien le presta asistencia y ayuda en todos los aspectos de su vida.<\/li>\n<\/ol>\n

     <\/p>\n

      \n
    1. La se\u00f1ora\u00a0Judith<\/em>\u00a0manifest\u00f3 que la condici\u00f3n de salud de\u00a0Cristian<\/em>\u00a0le impedide de manera absoluta establecer comunicaci\u00f3n con otras personas y expresar su voluntad. Tambi\u00e9n asegur\u00f3 que su hijo nunca ha hablado. Sin embargo, su entorno familiar aprendi\u00f3 a comunicarse con \u00e9l para comprender sus necesidades en los aspectos b\u00e1sicos y cotidianos de su vida. Actualmente,\u00a0Cristian<\/em>\u00a0habita en la misma residencia con su madre, quien tiene 58 a\u00f1os, y su hermano\u00a0Camilo<\/em>\u00a0de 24 a\u00f1os, en la ciudad de Cartagena<\/a>[8].<\/li>\n<\/ol>\n

       <\/p>\n

        \n
      1. Tanto la se\u00f1ora\u00a0Judith<\/em>\u00a0como su hijo\u00a0Cristian<\/em>\u00a0depend\u00edan econ\u00f3micamente del se\u00f1or\u00a0Pablo<\/em>, padre del agenciado, quien falleci\u00f3 el 3 de mayo de 2024 en un accidente de tr\u00e1nsito en la ciudad de Cartagena.<\/li>\n<\/ol>\n

         <\/p>\n

          \n
        1. La madre manifest\u00f3 que en la reclamaci\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n por el fallecimiento del se\u00f1or\u00a0Pablo<\/em>\u00a0ante la\u00a0Aseguradora Verdad<\/em>, los dem\u00e1s beneficiarios del causante recibieron el pago producto de dicha solicitud. No obstante, el porcentaje correspondiente a\u00a0Cristian<\/em>\u00a0fue objetado por la compa\u00f1\u00eda de seguros \u201cteniendo en cuenta que los documentos presentados resultan insuficientes para el pago del reclamo (\u2026)\u201d. En consecuencia, dicha entidad guard\u00f3 \u201creserva en favor de\u00a0Cristian<\/em>\u201d\u00a0<\/sup>sobre el valor de la reclamaci\u00f3n<\/a>[9].<\/li>\n<\/ol>\n

           <\/p>\n

            \n
          1. El 12 de febrero de 2025, el director general de la\u00a0Fundaci\u00f3n Felicidad<\/em>\u00a0inform\u00f3 a la se\u00f1ora\u00a0Judith<\/em>\u00a0que dar\u00eda continuidad al tr\u00e1mite de valoraci\u00f3n de apoyos a favor de\u00a0Cristian<\/em><\/a>[10]. Le indic\u00f3 que la profesional en psicolog\u00eda Teresa realizar\u00eda el respectivo informe de valoraci\u00f3n, y fij\u00f3 las fechas para llevar a cabo la intervenciones y visitas necesarias en el marco del citado proceso<\/a>[11].<\/li>\n<\/ol>\n

             <\/p>\n

              \n
            1. El 11 de marzo de 2025, la psic\u00f3loga Teresa rindi\u00f3 el correspondiente informe de valoraci\u00f3n de apoyos, en el cual concluy\u00f3 que\u00a0Cristian<\/em>\u00a0fue diagnosticado con autismo desde los 4 a\u00f1os, lo que le impide comunicarse y actuar como una persona independiente en su contexto de vida. Adicionalmente, afirm\u00f3 que\u00a0Cristian<\/em>\u00a0nunca fue escolarizado ni recibi\u00f3 terapias para mejorar su situaci\u00f3n m\u00e9dica, algo que lo mantiene totalmente dependiente de su madre y de su entorno familiar. Por lo tanto, al no poder comunicarse eficazmente ni expresar su voluntad con el fin de ejercer su capacidad jur\u00eddica,\u00a0Cristian<\/em>\u00a0requiere adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos y representaci\u00f3n<\/a>[12].<\/li>\n<\/ol>\n

               <\/p>\n

                \n
              1. La se\u00f1ora\u00a0Judith<\/em>\u00a0afirm\u00f3 que, como consecuencia del fallecimiento del se\u00f1or Jes\u00fas Antonio,\u00a0Cristian<\/em>\u00a0debe adelantar algunas actuaciones administrativas y judiciales, tales como la solicitud de reconocimiento pensional, la reclamaci\u00f3n derivada de la indemnizaci\u00f3n por muerte en accidente de tr\u00e1nsito y el proceso judicial de responsabilidad civil extracontractual.<\/li>\n<\/ol>\n

                 <\/p>\n

                2.\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong><\/b>La acci\u00f3n de tutela, el tr\u00e1mite surtido en las instancias y las contestaciones<\/strong><\/b><\/h2>\n

                <\/h2>\n

                8.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0En consecuencia, la se\u00f1ora\u00a0Judith<\/em>, en calidad de agente oficiosa de su hijo\u00a0Cristian<\/em>, el 23 de mayo de 2025, present\u00f3 una acci\u00f3n de tutela como mecanismo transitorio en contra de\u00a0Pensiones Libertad\u00a0<\/em>y la\u00a0Aseguradora Verdad<\/em>, con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al m\u00ednimo vital y la vida digna<\/a>[13].<\/h2>\n

                 <\/p>\n

                9.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0La se\u00f1ora\u00a0Judith<\/em>\u00a0pretendi\u00f3 que \u201cse [le] reconozca como la persona de apoyo de [su] hijo, ante todas las entidades a las cuales este deba acudir a realizar tr\u00e1mites de cualquier naturaleza, sean entidades financieras, del sector salud, administrativas y\/o judiciales\u201d<\/a>[14].<\/h2>\n

                 <\/p>\n

                10.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0La accionante afirm\u00f3 que, si bien comprende que es necesario promover un proceso judicial ante los jueces de familia para el reconocimiento formal como persona de apoyo, existe el riesgo de que mientras se surte tal actuaci\u00f3n judicial, algunas acciones legales que debe emprender como representante de su hijo\u00a0Cristian<\/em>\u00a0puedan prescribir y, con ello, perder los derechos de los cuales su agenciado es titular. Por lo anterior, concluy\u00f3 que es imperioso que, como medida transitoria, el juez de tutela la reconozca como persona de apoyo de su hijo.<\/h2>\n

                 <\/p>\n

                11.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Solicit\u00f3 que este reconocimiento se efectuara como medida provisional para que, mientras se surte el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela y ella inicia el proceso judicial de adjudicaci\u00f3n de apoyo, pueda representar a\u00a0Cristian<\/em>\u00a0en todos los tr\u00e1mites tendientes a obtener la indemnizaci\u00f3n por muerte de su padre y la pensi\u00f3n de sobrevivientes.<\/h2>\n

                 <\/p>\n

                12.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0El asunto le correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado 004\u00a0<\/em>Penal de Circuito Especializado de Cartagena, autoridad judicial que mediante auto del 23 de mayo de 2025 admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y vincul\u00f3 a la\u00a0Cl\u00ednica Felicidad<\/em><\/a>[15].<\/h2>\n

                <\/h2>\n

                13.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Contestaci\u00f3n de Pensiones Libertad<\/em>. Solicit\u00f3 la desvinculaci\u00f3n de la entidad por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, al considerar que no vulner\u00f3 derecho fundamental alguno. Se\u00f1al\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela resulta improcedente, dado que el accionante no acudi\u00f3 previamente ante\u00a0Pensiones Libertad\u00a0<\/em>para gestionar su solicitud de reconocimiento pensional.<\/h2>\n

                 <\/p>\n

                14.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Tanto la\u00a0Aseguradora Verdad<\/em>\u00a0como la\u00a0Cl\u00ednica Felicidad<\/em>, vinculada al proceso, guardaron silencio.<\/h2>\n

                <\/h2>\n

                3.\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong><\/b>Decisiones judiciales objeto de revisi\u00f3n<\/strong><\/b><\/h2>\n

                 <\/p>\n

                  \n
                1. Primera instancia<\/em>. Mediante Sentencia del 6 de junio de 2025, el Juzgado 004\u00a0<\/em>Penal de Circuito Especializado de Cartagena declar\u00f3 improcedente la acci\u00f3n de tutela por incumplimiento del requisito de subsidiariedad y desvincul\u00f3 a la\u00a0Cl\u00ednica Felicidad<\/em><\/a>[16]. Consider\u00f3 que la accionante no agot\u00f3 los medios ordinarios de defensa judicial contenidos en la Ley 1996 de 2019. Al respecto, advirti\u00f3 que la accionante no acredit\u00f3 el inicio del \u201ctr\u00e1mite notarial o de que se haya presentado la demanda correspondiente ante la jurisdicci\u00f3n de familia\u201d para obtener el reconocimiento de persona de apoyo del agenciado<\/a>[17].<\/li>\n<\/ol>\n

                   <\/p>\n

                    \n
                  1. En este sentido, manifest\u00f3 que la parte actora no aport\u00f3 pruebas que demostraran la interposici\u00f3n de reclamaciones ante las entidades accionadas, as\u00ed como tampoco la negativa a tales solicitudes. Se\u00f1al\u00f3 que el \u00fanico documento relevante sobre el particular era la respuesta dada por la\u00a0Aseguradora Verdad<\/em>\u00a0al informar sobre la reserva en la reclamaci\u00f3n del porcentaje correspondiente a su hijo.<\/li>\n<\/ol>\n

                     <\/p>\n

                      \n
                    1. Por \u00faltimo, el despacho no encontr\u00f3 acreditada la ocurrencia de un perjuicio irremediable, por cuanto \u201cla mera afirmaci\u00f3n de la vulneraci\u00f3n de derechos, sin un soporte probatorio que evidencie la urgencia y gravedad de la situaci\u00f3n, resulta insuficiente para desplazar la competencia del juez ordinario y activar la del juez constitucional\u201d<\/a>[18].<\/li>\n<\/ol>\n

                       <\/p>\n

                        \n
                      1. Impugnaci\u00f3n<\/em>. La accionante impugn\u00f3 la decisi\u00f3n de primera instancia. Manifest\u00f3 que era inviable iniciar el tr\u00e1mite notarial, teniendo en cuenta la imposibilidad de\u00a0Cristian<\/em>\u00a0de comunicarse o expresar su voluntad. Adicionalmente, destac\u00f3 que el perjuicio irremediable se sustenta en la dependencia total de su hijo\u00a0Cristian<\/em>\u00a0y en la precariedad econ\u00f3mica derivada del fallecimiento del se\u00f1or Jes\u00fas Antonio. Estas situaciones imponen la necesidad de adoptar medidas urgentes para garantizar la protecci\u00f3n efectiva de los derechos fundamentales invocados.<\/li>\n<\/ol>\n

                         <\/p>\n

                          \n
                        1. Asimismo, explic\u00f3 que, a diferencia de lo sostenido por el juez de tutela de primera instancia, en su escrito de tutela no afirm\u00f3 que las entidades accionadas hubiesen negado el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes o de la indemnizaci\u00f3n por causa de muerte. Aclar\u00f3 que la pretensi\u00f3n principal de la acci\u00f3n de tutela y de la medida provisional solicitada consisten en el reconocimiento judicial como persona de apoyo, pues esto le permitir\u00e1 adelantar esos tr\u00e1mites. Por \u00faltimo, resalt\u00f3 \u201csu compromiso de acudir a los despachos judiciales y adelantar la demanda para ser reconocida como persona de apoyo\u201d<\/a>[19], mientras se le otorga de manera transitoria esta calidad por medio de la acci\u00f3n de tutela.<\/li>\n<\/ol>\n

                           <\/p>\n

                            \n
                          1. Segunda instancia<\/em>. Mediante Sentencia del 12 de agosto de 2025, la Sala de Decisi\u00f3n Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena resolvi\u00f3 confirmar el fallo de primera instancia. Lo anterior, al considerar que, antes de iniciar un proceso de amparo, la accionante \u201cdebi\u00f3 acudir al juez de familia a trav\u00e9s de un proceso de jurisdicci\u00f3n voluntaria, con la finalidad de que sea nombrada persona de apoyo de su hijo\u201d<\/a>[20]. Adicionalmente, manifest\u00f3 que, con fundamento en lo dispuesto en el art\u00edculo 498 del C\u00f3digo General del Proceso, la accionante pod\u00eda solicitar el decreto de una medida cautelar en la presentaci\u00f3n de la demanda ordinaria, para obtener el reconocimiento transitorio de persona de apoyo de su hijo.<\/li>\n<\/ol>\n

                             <\/p>\n

                              \n
                            1. Finalmente, el Tribunal Superior consider\u00f3 que la accionante no acredit\u00f3 un perjuicio irremediable que hiciera procedente de manera excepcional la acci\u00f3n de tutela.<\/li>\n<\/ol>\n

                               <\/p>\n

                              4.\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong><\/b>Actuaciones surtidas en sede de revisi\u00f3n<\/strong><\/b><\/h2>\n

                               <\/p>\n

                                \n
                              1. Mediante auto del 10 de diciembre de 2025, la magistrada ponente decret\u00f3 la pr\u00e1ctica de pruebas<\/a>[21]. En este auto resolvi\u00f3 vincular al proceso a la\u00a0Fundaci\u00f3n Felicidad<\/em><\/a>[22]<\/sup>. Tambi\u00e9n orden\u00f3 comisionar a la Defensor\u00eda del Pueblo para realizar una entrevista al agenciado, con el fin de conocer directamente su voluntad, consentimiento, necesidades y preferencias frente a la acci\u00f3n de tutela promovida en su nombre, as\u00ed como establecer si cuenta con apoyos para el ejercicio de su capacidad jur\u00eddica o si requiere ajustes razonables. En igual sentido, solicit\u00f3 a la se\u00f1ora\u00a0Judith<\/em>\u00a0responder directamente o a trav\u00e9s de la Defensor\u00eda del Pueblo algunos interrogantes y aportar documentos relevantes, tendientes a conocer sus condiciones materiales de vida, su entorno social y familiar, su red de apoyo y las din\u00e1micas asociadas a la crianza de\u00a0Cristian<\/em>.<\/li>\n<\/ol>\n

                                 <\/p>\n

                                  \n
                                1. Igualmente, orden\u00f3 a las entidades accionadas,\u00a0Pensiones Libertad\u00a0<\/em>y\u00a0Aseguradora Verdad<\/em>, responder interrogantes dirigidos a establecer: (i) si existen tr\u00e1mites o solicitudes relacionados con el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes del se\u00f1or\u00a0Pablo<\/em>\u00a0en favor de\u00a0Cristian<\/em>, (ii) verificar si existen otros posibles beneficiarios y en qu\u00e9 proporci\u00f3n, as\u00ed como (iii) confirmar si la se\u00f1ora\u00a0Judith<\/em>\u00a0ha adelantado gestiones sobre este mismo asunto. Adem\u00e1s, formul\u00f3 preguntas para determinar si las entidades accionadas cuentan con protocolos y medidas de accesibilidad para la atenci\u00f3n adecuada de personas en situaci\u00f3n de discapacidad cognitiva o con diagn\u00f3stico de autismo.<\/li>\n<\/ol>\n

                                   <\/p>\n

                                    \n
                                  1. Por \u00faltimo, la magistrada ponente solicit\u00f3 a distintas entidades y organizaciones de la sociedad civil responder una serie de interrogantes con respecto del tiempo promedio que toman los procesos judiciales de adjudicaci\u00f3n de apoyos en el distrito judicial de Cartagena, y el porcentaje de casos en que se decretan medidas provisionales; las barreras o dificultades que enfrentan las personas para iniciar y tramitar estos procesos; si un proceso de adjudicaci\u00f3n de apoyos puede ser iniciado por intermedio de consultorios jur\u00eddicos; y si la valoraci\u00f3n de apoyos puede hacerse antes de la demanda o si necesariamente debe ser ordenada por el juez dentro del tr\u00e1mite judicial.<\/li>\n<\/ol>\n

                                     <\/p>\n

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                                    1. De este modo, la Sala presentar\u00e1 brevemente las pruebas recaudadas en sede de revisi\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n

                                       <\/p>\n

                                      5.\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong><\/b>Respuestas al requerimiento probatorio<\/strong><\/b><\/h2>\n

                                      \u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

                                      5.1. Defensor\u00eda del Pueblo<\/strong><\/b><\/a>[23]<\/strong><\/b>:<\/strong><\/b><\/p>\n

                                       <\/p>\n

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                                      1. En correo electr\u00f3nico del 18 de diciembre de 2025, la entidad comisionada dio respuesta y adjunt\u00f3 diez documentos<\/a>[24]. Para resolver el presente caso, basta con destacar la entrevista efectuada el 16 de diciembre de 2025 por los funcionarios de la Defensor\u00eda del Pueblo a\u00a0Cristian<\/em>; la entrevista realizada por los mismos funcionarios y en la misma fecha a la se\u00f1ora\u00a0Judith<\/em>; y los archivos relacionados con el\u00a0proceso judicial de Jurisdicci\u00f3n voluntaria promovido por la se\u00f1ora\u00a0Judith<\/em>\u00a0ante el Juzgado 007 de Familia del Circuito Oral de Cartagena.<\/li>\n<\/ol>\n

                                         <\/p>\n

                                          \n
                                        1. Entrevista a Cristian<\/em><\/a>[25]<\/sup>. En esta diligencia, la autoridad comisionada afirm\u00f3 que, \u201cdurante la entrevista y en la verificaci\u00f3n de las condiciones actuales de\u00a0Cristian<\/em>, se evidenci\u00f3 de manera clara su falta de respuesta frente a comandos verbales y gestuales. Durante el tr\u00e1mite, el joven no manifest\u00f3 respuestas ante est\u00edmulos instruccionales, permaneciendo en posici\u00f3n sedente con inmovilidad generalizada, con movimientos estereotipados de manos mediante la manipulaci\u00f3n de dos peines, y sin respuesta significativa a estimulaci\u00f3n externa\u201d<\/a>[26].<\/li>\n<\/ol>\n

                                           <\/p>\n

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                                          1. Entrevista a la se\u00f1ora\u00a0<\/em>Judith<\/em><\/a>[27]<\/strong><\/b><\/em>.<\/em>\u00a0En ella, la accionante inform\u00f3 que, luego de la muerte de su padre,\u00a0Camilo<\/em>\u00a0la \u00fanica fuente de ingresos del hogar, pues sostiene todas las necesidades b\u00e1sicas con el salario m\u00ednimo que recibe por su trabajo en Transcaribe.\u00a0Por tanto, asume la totalidad de los gastos de\u00a0Cristian<\/em>. Sin embargo,\u00a0los ingresos mensuales no alcanzan para cubrir las necesidades familiares y las de\u00a0Cristian<\/em>, por lo que deben recurrir a pr\u00e9stamos. Los egresos del n\u00facleo familiar superan un salario m\u00ednimo mensual vigente.<\/li>\n<\/ol>\n

                                             <\/p>\n

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                                            1. En este orden, precis\u00f3 que\u00a0tiene 2 hijos adem\u00e1s de\u00a0Cristian<\/em>\u00a0y\u00a0Camilo<\/em>, quienes viven en otras ciudades con sus parejas y sus hijos. Uno de ellos est\u00e1 desempleado. Ellos visitan a\u00a0Cristian<\/em>\u00a0peri\u00f3dicamente, por lo que apoyo en el cuidado de su hermano es espor\u00e1dico.<\/li>\n<\/ol>\n

                                               <\/p>\n

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                                              1. Igualmente, la se\u00f1ora\u00a0Judith<\/em>\u00a0manifest\u00f3 que convivi\u00f3 durante 45 a\u00f1os con el pap\u00e1 del agenciado, cuyo salario como\u00a0electricista automotriz en Vehitrans S.A.\u00a0era la \u00fanica fuente\u00a0de ingresos del hogar, porque, para ese momento,\u00a0Camilo<\/em>\u00a0se encontraba estudiando en el Sena. Al respecto, precis\u00f3 que, actualmente, ella no cuenta con ning\u00fan contrato laboral ni ninguna otra fuente de ingresos; est\u00e1 dedicada a las labores del hogar, y al cuidado completo de las necesidades de\u00a0Cristian<\/em>. Con todo, se\u00f1al\u00f3 que se encuentra afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud, en calidad de subsidiada (Sisb\u00e9n nivel B1), en la EPS Mutualser con tipo de afiliaci\u00f3n cabeza de familia. Adem\u00e1s, mencion\u00f3 no estar afiliada a un fondo de pensiones.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                 <\/p>\n

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                                                1. En relaci\u00f3n con\u00a0Cristian<\/em>, sostuvo que est\u00e1 afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud, a trav\u00e9s del r\u00e9gimen subsidiado (Sisb\u00e9n nivel B1), en la EPS Coosalud. No se encuentra afiliado a un fondo de pensiones, \u201csolo est\u00e1 a la espera de la pensi\u00f3n de sobreviviente del pap\u00e1, quien estaba por pensionarse\u201d. Agreg\u00f3 que\u00a0Cristian<\/em>\u00a0recibe tratamiento con un medicamento para prevenir convulsiones, el cual debe tomarse dos veces al d\u00eda. Coment\u00f3 que la EPS orden\u00f3 terapias m\u00e9dicas, pero\u00a0Cristian<\/em>\u00a0no ha podido asistir porque la se\u00f1ora\u00a0Judith<\/em>\u00a0no cuenta con recursos para el transporte, y que a\u00fan no ha sido reconocida como personal de apoyo, por lo que tampoco recibe el auxilio de transporte correspondiente. Adem\u00e1s, mencion\u00f3 que tampoco le han entregado el certificado de discapacidad aun cuando se ha realizado la solicitud.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                   <\/p>\n

                                                    \n
                                                  1. Finalmente, la accionante inform\u00f3 que no han realizado el tr\u00e1mite de adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos, solamente por v\u00eda de tutela en relaci\u00f3n con vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales de\u00a0Cristian<\/em>\u00a0al m\u00ednimo vital y vida digna, y que su abogado es quien se encuentra encargado de esos tr\u00e1mites. Sin embargo,\u00a0indic\u00f3 que alguna vez asisti\u00f3 a un juzgado y firm\u00f3 un documento, como suele hacer cuando el abogado la cita, pero no tiene certeza de que ese tr\u00e1mite corresponda al proceso de adjudicaci\u00f3n de apoyos en favor de\u00a0Cristian<\/em>.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                     <\/p>\n

                                                      \n
                                                    1. Documentos relacionados con el\u00a0<\/em>proceso judicial de Jurisdicci\u00f3n voluntaria promovido por la se\u00f1ora Judith ante el\u00a0<\/em>Juzgado 007\u00a0de Familia del Circuito Oral de Cartagena.<\/em>\u00a0Aunque la se\u00f1ora\u00a0Judith<\/em>\u00a0afirm\u00f3 no conocer los procesos judiciales y administrativos en curso, entreg\u00f3 a la Defensor\u00eda del Pueblo los siguientes documentos: (i) el Acta Individual de Reparto del proceso judicial de Jurisdicci\u00f3n voluntaria promovido por la se\u00f1ora\u00a0Judith<\/em>\u00a0al Juzgado 007\u00a0<\/em>de Familia del Circuito Oral de Cartagena<\/a>[28]; (ii) el Auto inadmisorio de la demanda de adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos dictado por esa misma autoridad judicial el 22 de septiembre de 2025<\/a>[29]; (iii) la subsanaci\u00f3n de la demanda de adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos presentada por el apoderado judicial de la se\u00f1ora\u00a0Judith<\/em>, abogado\u00a0Carlos<\/em><\/a>[30]; y (iv) la Sentencia del 12 de diciembre de 2025 dictada por el mencionado despacho, mediante la cual declar\u00f3 que\u00a0Cristian<\/em>\u00a0requiere de apoyos para el ejercicio de su capacidad jur\u00eddica, por lo que design\u00f3 a su madre,\u00a0Judith<\/em>, como persona de apoyo judicial<\/a>[31].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                       <\/p>\n

                                                      5.2.\u00a0Pensiones Libertad<\/em><\/strong><\/b><\/a>[32]<\/strong><\/b>:<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                       <\/p>\n

                                                        \n
                                                      1. Mediante correos electr\u00f3nicos del 15 y 17 de diciembre de 2025,\u00a0Pensiones Libertad\u00a0<\/em>inform\u00f3 que no existen solicitudes de pensi\u00f3n de sobrevivientes en el expediente del se\u00f1or\u00a0Pablo<\/em>, elevadas por la se\u00f1ora\u00a0Judith<\/em>\u00a0en favor de\u00a0Cristian<\/em>, o por otra persona. Por lo tanto, no ha adelantado tr\u00e1mite o actuaci\u00f3n relacionada con el reconocimiento de esa prestaci\u00f3n<\/a>[33].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                         <\/p>\n

                                                          \n
                                                        1. Asimismo, advirti\u00f3 que s\u00ed cuenta con un protocolo de atenci\u00f3n incluyente y prioritaria para las personas en situaci\u00f3n de discapacidad<\/a>[34]<\/sup>. No obstante, precis\u00f3 que, para todo tipo de casos, cuando el interesado no se presenta personalmente, la solicitud puede ser realizada por intermedio de apoderado con los siguientes documentos: (i) poder debidamente conferido con presentaci\u00f3n personal ante notario p\u00fablico; (ii) documento de identificaci\u00f3n; y (iii) tarjeta profesional del apoderado. A\u00f1adi\u00f3 que, en caso de que la solicitud sea realizada por un tercero, este debe presentar una carta de solicitud con facultades espec\u00edficas y su documento de identificaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                           <\/p>\n

                                                            \n
                                                          1. Posteriormente, esto es, el 26 de enero de 2026, con ocasi\u00f3n del traslado de las pruebas, la entidad inform\u00f3 que el d\u00eda 13 del mismo mes y a\u00f1o, la se\u00f1ora\u00a0Judith<\/em>, designada como apoyo judicial provisional de su hijo\u00a0Cristian<\/em>, por intermedio del abogado\u00a0Carlos<\/em>, present\u00f3 solicitud ante la entidad con el fin de tramitar la reclamaci\u00f3n de pensi\u00f3n de sobrevivientes a favor de su hijo mayor de edad en condici\u00f3n de discapacidad. Tres d\u00edas despu\u00e9s,\u00a0Pensiones Libertad\u00a0<\/em>le comunic\u00f3 al abogado que, antes de solicitar la pensi\u00f3n de sobrevivientes, es indispensable gestionar la Calificaci\u00f3n de P\u00e9rdida de Capacidad Laboral (PCL) del beneficiario.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                             <\/p>\n

                                                              \n
                                                            1. En este sentido, concluy\u00f3 que no ha podido resolver de fondo la petici\u00f3n porque el interesado no ha aportado los documentos requeridos ni ha iniciado el tr\u00e1mite de calificaci\u00f3n de PCL.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                               <\/p>\n

                                                              5.3.\u00a0<\/strong><\/b>Aseguradora Verdad<\/em><\/strong><\/b>\u00a0y\u00a0Fundaci\u00f3n Felicidad<\/em><\/strong><\/b>:<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                               <\/p>\n

                                                                \n
                                                              1. La\u00a0Aseguradora Verdad<\/em>\u00a0y la\u00a0Fundaci\u00f3n Felicidad<\/em>, vinculada al proceso, no se pronunciaron sobre el requerimiento probatorio.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                \u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                5.4. Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Desarrollo y An\u00e1lisis Estad\u00edstico (UDAE)<\/strong><\/b><\/a>[35]<\/strong><\/b>:<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                 <\/p>\n

                                                                  \n
                                                                1. En comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica del 19 de diciembre de 2025, la Unidad de Desarrollo y An\u00e1lisis Estad\u00edstico (UDAE) inform\u00f3 que actualmente no existe medici\u00f3n de tiempos procesales ni datos sobre medidas provisionales en procesos de adjudicaci\u00f3n de apoyos, pero que\u00a0adelanta acciones para analizar la congesti\u00f3n en estos procesos. Asimismo, inform\u00f3 que cerca de la mitad de los procesos cuenta con decisi\u00f3n definitiva, lo que evidencia avances y la necesidad de fortalecer la gesti\u00f3n judicial. Por \u00faltimo, expuso la viabilidad jur\u00eddica de que los consultorios jur\u00eddicos tramiten procesos de adjudicaci\u00f3n de apoyos.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                   <\/p>\n

                                                                  5.5. Instituto Nacional para Sordos (INSOR)<\/strong><\/b><\/a>[36]<\/strong><\/b>:<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                  \u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                    \n
                                                                  1. Mediante correo electr\u00f3nico del 15 de diciembre de 2025, el INSOR se\u00f1al\u00f3 que no tiene atribuciones para garantizar el acceso a tr\u00e1mites ante entidades ni para intervenir en procesos de designaci\u00f3n de apoyos para personas con discapacidad auditiva. Igualmente, manifest\u00f3 que no tiene competencia ni acceso para registrar informaci\u00f3n sobre duraci\u00f3n de procesos judiciales, medidas provisionales, tiempos por distritos, ni estad\u00edsticas sobre procesos de adjudicaci\u00f3n de apoyos.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                     <\/p>\n

                                                                    5.6. Instituto Nacional para Ciegos (INCI)<\/strong><\/b><\/a>[37]<\/strong><\/b>:<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                    \u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                      \n
                                                                    1. El INCI inform\u00f3 que no dispone de informaci\u00f3n sobre el porcentaje de casos en los que se decretan medidas provisionales, ni sobre la duraci\u00f3n de estos procesos o el porcentaje de los que culminan respecto de los iniciados.\u00a0Tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que es posible iniciar procesos de adjudicaci\u00f3n de apoyos a trav\u00e9s de consultorios jur\u00eddicos de instituciones de educaci\u00f3n superior y que la identificaci\u00f3n y valoraci\u00f3n de necesidades de apoyo pueden realizarse de manera previa al inicio del proceso judicial.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                       <\/p>\n

                                                                       <\/p>\n

                                                                       <\/p>\n

                                                                      5.7. Ministerio de la Igualdad y la Equidad<\/strong><\/b><\/a>[38]<\/strong><\/b>:<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                      \u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                        \n
                                                                      1. El Ministerio de la Igualdad y la Equidad inform\u00f3 que no cuenta con informaci\u00f3n sobre la duraci\u00f3n de los procesos de adjudicaci\u00f3n de apoyos ni sobre medidas provisionales, barreras o porcentajes de procesos culminados. Precis\u00f3 que, conforme a la Ley 1996 de 2019, la valoraci\u00f3n de apoyos es un instrumento t\u00e9cnico que puede realizarse de manera previa al proceso judicial y luego ser aportada como insumo, sin perjuicio de que el juez ordene una nueva o complementaria.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                         <\/p>\n

                                                                        5.8. Instituto Colombiano de Derecho Procesal (ICDP)<\/strong><\/b><\/a>[39]<\/strong><\/b>:<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                        \u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                          \n
                                                                        1. El 16 de diciembre de 2025, el ICDP inform\u00f3 que, con base en estad\u00edsticas oficiales y una encuesta aplicada por \u00e9l a jueces de familia de Cartagena, es posible concluir que los procesos de adjudicaci\u00f3n de apoyos bajo la Ley 1996 de 2019 pueden durar en esa ciudad entre tres y seis meses y, excepcionalmente, hasta un a\u00f1o. En procesos verbales especiales promovidos por persona distinta al titular, el tr\u00e1mite puede extenderse hasta 2,5 a\u00f1os, incluido el tr\u00e1mite de segunda instancia.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                           <\/p>\n

                                                                            \n
                                                                          1. Se\u00f1al\u00f3 que la Ley 1996 de 2019 no prev\u00e9 medidas cautelares espec\u00edficas, pero que es posible solicitar medidas innominadas conforme al art\u00edculo 598 del C\u00f3digo General del Proceso, cuyo uso es poco frecuente seg\u00fan los jueces encuestados. Identific\u00f3 como barreras principales para el tr\u00e1mite de los procesos la presentaci\u00f3n de demandas con enfoques normativos antiguos, las demoras para obtener la valoraci\u00f3n de apoyos exigida por la ley y las dificultades econ\u00f3micas para acceder a representaci\u00f3n jur\u00eddica especializada. Sobre la culminaci\u00f3n de procesos, la encuesta mostr\u00f3 percepciones divididas, pues algunos jueces reportaron tasas entre 60 % y 80 %, mientras otros indicaron niveles muy bajos debido a desistimientos t\u00e1citos.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                            \u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                            5.9. Coalici\u00f3n Colombiana para la Implementaci\u00f3n de la Convenci\u00f3n sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD)<\/strong><\/b><\/a>[40]<\/strong><\/b>:<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                            \u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                              \n
                                                                            1. La CDPD manifest\u00f3 que no existen mediciones oficiales sobre los tiempos de respuesta en los procesos judiciales de adjudicaci\u00f3n de apoyos y que, en la pr\u00e1ctica, estos pueden superar un a\u00f1o, especialmente por la congesti\u00f3n en las entidades encargadas de realizar valoraciones gratuitas. Indic\u00f3 que tampoco cuenta con datos sobre duraci\u00f3n de los procesos, barreras, porcentajes de terminaci\u00f3n ni sobre la actuaci\u00f3n de consultorios jur\u00eddicos.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                               <\/p>\n

                                                                                \n
                                                                              1. Por otra parte, se\u00f1al\u00f3 que los consultorios jur\u00eddicos solo pueden intervenir en procesos de \u00fanica instancia, aunque la Ley 1996 de 2019 permite su actuaci\u00f3n en jurisdicci\u00f3n voluntaria cuando el titular es quien promueve el tr\u00e1mite. Si lo hace un tercero, el proceso es verbal sumario y de doble instancia, lo que impide su intervenci\u00f3n y deja sin representaci\u00f3n gratuita a muchas personas. Adem\u00e1s, precis\u00f3 que la valoraci\u00f3n de apoyos puede aportarse con la demanda o ser solicitada de oficio por el juez.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                 <\/p>\n

                                                                                  \n
                                                                                1. Por \u00faltimo, solicit\u00f3 a la Corte Constitucional garantizar que el agenciado, presunto beneficiario de una prestaci\u00f3n econ\u00f3mica, pueda manifestar su voluntad conforme a la Ley 1996 de 2019. Dijo que, si aun con ajustes razonables no pudiera expresar su voluntad, la Corporaci\u00f3n debe designar provisionalmente a su madre como apoyo para la realizaci\u00f3n de tr\u00e1mites urgentes.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                   <\/p>\n

                                                                                  II.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong><\/b>CONSIDERACIONES<\/strong><\/b><\/h1>\n

                                                                                   <\/p>\n

                                                                                  1.\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong><\/b>Competencia<\/strong><\/b><\/h2>\n

                                                                                  \u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                                    \n
                                                                                  1. La Sala Quinta de Revisi\u00f3n de la Corte Constitucional es competente para conocer los fallos de instancia, de conformidad con la Constituci\u00f3n y las normas reglamentarias<\/a>[41], y en virtud del\u00a0Auto del 31 de octubre de 2025, dictado por la Sala de Selecci\u00f3n de Tutelas N\u00famero Diez de 2025, que escogi\u00f3 el expediente de la referencia.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                     <\/p>\n

                                                                                    2.\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong><\/b>Delimitaci\u00f3n del caso y metodolog\u00eda de la decisi\u00f3n<\/strong><\/b><\/h2>\n

                                                                                     <\/p>\n

                                                                                      \n
                                                                                    1. Previo a delimitar el problema jur\u00eddico en el presente asunto, la Sala precisa que la pretensi\u00f3n principal del caso objeto de an\u00e1lisis es el reconocimiento y la designaci\u00f3n transitoria de la se\u00f1ora\u00a0Judith<\/em>\u00a0como persona de apoyo a favor de su hijo\u00a0Cristian<\/em>, hombre adulto en condici\u00f3n de discapacidad, en los t\u00e9rminos de la Ley 1996 de 2019. Lo anterior, con el fin de adelantar a su nombre tr\u00e1mites administrativos y judiciales ante distintas instancias con ocasi\u00f3n del fallecimiento de su padre, PabloPe\u00f1a.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                       <\/p>\n

                                                                                        \n
                                                                                      1. La accionante consider\u00f3 que la tutela se erig\u00eda como el mecanismo judicial id\u00f3neo tendiente a la obtenci\u00f3n transitoria del citado reconocimiento, mientras adelantaba el proceso de jurisdicci\u00f3n voluntaria que le permitiera ser designada como persona de apoyo de manera definitiva. Para ello, solicit\u00f3 vincular en el tr\u00e1mite de tutela a\u00a0Pensiones Libertad\u00a0<\/em>y la\u00a0Aseguradora Verdad<\/em>, entidades ante las cuales se deb\u00edan tramitar las pretendidas reclamaciones a favor de su hijo.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                         <\/p>\n

                                                                                          \n
                                                                                        1. \u00a0En sede de revisi\u00f3n, la Defensor\u00eda del Pueblo remiti\u00f3 a la Corte\u00a0la Sentencia dictada el 12 de diciembre de 2025 por el Juzgado 007\u00a0<\/em>de Familia del Circuito Oral de Cartagena, mediante la cual esa autoridad judicial declar\u00f3 que\u00a0Cristian<\/em>\u00a0requiere de apoyos para el ejercicio de su capacidad jur\u00eddica y design\u00f3 a su madre,\u00a0Judith<\/em>, como persona de apoyo judicial<\/a>[42]. En este sentido, antes de analizar la procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela y formular el problema jur\u00eddico de fondo,\u00a0le corresponde a la Sala determinar si en el presente caso existe carencia actual de objeto<\/a>[43]. Para ello, recordar\u00e1 la jurisprudencia constitucional acerca de las condiciones de configuraci\u00f3n de ese fen\u00f3meno procesal y, luego, a la luz de las consideraciones anteriores, resolver\u00e1 el caso concreto.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                           <\/p>\n

                                                                                          <\/a>3.\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong><\/b>Cuesti\u00f3n previa: carencia actual de objeto<\/strong><\/b><\/h2>\n

                                                                                           <\/p>\n

                                                                                            \n
                                                                                          1. La sentencia mediante la cual se reconoci\u00f3 a la accionante como persona de apoyo a favor de su hijo es una circunstancia que, en principio, podr\u00eda significar la satisfacci\u00f3n del objeto de la acci\u00f3n de tutela. As\u00ed las cosas, es necesario verificar si se configur\u00f3 una carencia actual de objeto y si, dadas las particularidades del caso, es necesario que la Sala realice un pronunciamiento de fondo al respecto.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                             <\/p>\n

                                                                                            <\/a>3.1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong><\/b>Concepto y reglas aplicables. Reiteraci\u00f3n de jurisprudencia<\/strong><\/b><\/a>[44]<\/strong><\/b><\/h3>\n

                                                                                             <\/p>\n

                                                                                              \n
                                                                                            1. Concepto.\u00a0<\/em>Seg\u00fan lo previsto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n, la tutela tiene un procedimiento preferente y sumario al alcance de todas las personas, con el fin de brindar una protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales que resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica o de un particular. En ese sentido, la intervenci\u00f3n del juez constitucional tiene como objetivo hacer cesar esa vulneraci\u00f3n y garantizar la protecci\u00f3n cierta y efectiva de los derechos fundamentales presuntamente amenazados y vulnerados.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                              \u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                                                \n
                                                                                              1. Sin embargo, en ocasiones, se produce una alteraci\u00f3n o desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la presunta vulneraci\u00f3n de derechos, lo que genera que la acci\u00f3n pierda su raz\u00f3n de ser como mecanismo extraordinario de protecci\u00f3n judicial<\/a>[45]. Esta situaci\u00f3n, seg\u00fan la jurisprudencia constitucional, corresponde a la categor\u00eda de\u00a0carencia actual de objeto.\u00a0<\/em>As\u00ed, si luego de acudir a la autoridad judicial, la situaci\u00f3n ha sido superada o resuelta de alguna forma, no tendr\u00eda sentido el pronunciamiento del juez constitucional pues la posible orden que impartiera caer\u00eda en el vac\u00edo.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                 <\/p>\n

                                                                                                  \n
                                                                                                1. En otras palabras, el juez de tutela no ha sido concebido como un \u00f3rgano consultivo que emite conceptos o decisiones inocuas sobre escenarios hipot\u00e9ticos, consumados o ya superados. No obstante, en casos particulares, y debido a su papel de int\u00e9rprete autorizado de la Constituci\u00f3n, la Corte Constitucional ha aprovechado un escenario ya resuelto para, m\u00e1s all\u00e1 del caso concreto, avanzar en la comprensi\u00f3n de un derecho o para tomar medidas frente a protuberantes violaciones de los derechos fundamentales<\/a>[46].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                  \u00a0<\/em><\/p>\n

                                                                                                    \n
                                                                                                  1. Categor\u00edas de la carencia actual de objeto<\/em><\/a>[47].\u00a0<\/em>Inicialmente, la jurisprudencia de la Corte Constitucional \u00fanicamente contempl\u00f3 dos categor\u00edas de la carencia actual de objeto: el hecho superado y el da\u00f1o consumado. De manera m\u00e1s reciente, desarroll\u00f3 una tercera categor\u00eda: la situaci\u00f3n sobreviniente.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                     <\/p>\n

                                                                                                      \n
                                                                                                    1. El\u00a0hecho superado<\/em>\u00a0ocurre cuando se satisface lo pretendido con la acci\u00f3n de tutela como producto del obrar de la entidad accionada. Es decir, aquello que se pretend\u00eda lograr mediante la orden del juez de tutela acaeci\u00f3 antes de que este diera orden alguna. En estos casos, al juez de tutela le corresponde constatar que (i) efectivamente se ha satisfecho por completo lo que se pretend\u00eda mediante la acci\u00f3n de tutela; y (ii) que la entidad demandada haya actuado, o cesado en su actuar, de manera voluntaria.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                       <\/p>\n

                                                                                                        \n
                                                                                                      1. Por su parte, el\u00a0da\u00f1o consumado<\/em>\u00a0sucede cuando se perfeccion\u00f3 la afectaci\u00f3n que con la acci\u00f3n de tutela se pretend\u00eda evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneraci\u00f3n o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de tutela dicte una orden para retrotraer la situaci\u00f3n. Si al interponer la acci\u00f3n de tutela ya es claro que el da\u00f1o se gener\u00f3, el juez debe declarar improcedente el mecanismo, pero si el da\u00f1o se consuma durante el tr\u00e1mite judicial, en cualquiera de sus instancias, el juez debe dictar \u00f3rdenes adicionales tendientes a proteger la dimensi\u00f3n objetiva del derecho, evitar repeticiones o identificar los responsables. Adem\u00e1s, el da\u00f1o causado debe ser irreversible, pues ante da\u00f1os que son susceptibles de ser interrumpidos, retrotra\u00eddos o mitigados por una orden judicial, no es posible decretar la carencia actual de objeto.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                         <\/p>\n

                                                                                                          \n
                                                                                                        1. En la sentencia T-585 de 2010, la Corte Constitucional propuso una tercera categor\u00eda: el\u00a0hecho sobreviniente<\/em>, dise\u00f1ado para cubrir escenarios que no encajan en las categor\u00edas originales. En esa oportunidad, la Sala Octava de Revisi\u00f3n explic\u00f3 que existen otras circunstancias en las que la orden del juez resultar\u00eda inocua dado que el accionante \u201cperdi\u00f3 el inter\u00e9s en la satisfacci\u00f3n de la pretensi\u00f3n solicitada o \u00e9sta fuera imposible de llevar a cabo\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                           <\/p>\n

                                                                                                            \n
                                                                                                          1. As\u00ed, el hecho sobreviniente remite a cualquier otra circunstancia, diferente al da\u00f1o consumado y el hecho superado, que determine que la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surta ning\u00fan efecto y, por lo tanto, caiga en el vac\u00edo. En consecuencia, no se trata de una categor\u00eda homog\u00e9nea y completamente delimitada. Entre otros, la jurisprudencia ha declarado un hecho sobreviniente en casos en los que (i) el actor es quien asume la carga que no le correspond\u00eda para superar la situaci\u00f3n vulneradora; (ii) un tercero logr\u00f3 que la pretensi\u00f3n de la tutela se satisfaga en lo fundamental; (iii) es imposible dictar una orden por razones que no son atribuibles a la entidad demandada; o (iv) el actor simplemente pierde el inter\u00e9s en el objeto original de la acci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                            \u00a0<\/em><\/p>\n

                                                                                                              \n
                                                                                                            1. Deberes del juez de tutela en los escenarios de carencia actual de objeto.\u00a0<\/em>Si bien la carencia actual de objeto implica que la acci\u00f3n de tutela pierda su raz\u00f3n de ser como mecanismo de protecci\u00f3n judicial en el caso concreto, ello no significa que cualquier pronunciamiento del juez autom\u00e1ticamente carezca de sentido, por lo que habr\u00e1 que revisar las especificidades del caso. Por ello, en la Sentencia SU-522 de 2019, la Sala Plena estableci\u00f3 dos subreglas al respecto:<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                              \u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                                                              (i) En los casos de da\u00f1o consumado: es perentorio un pronunciamiento de fondo del juez de tutela (incluida la Corte Constitucional) cuando el da\u00f1o ocurre durante el tr\u00e1mite de la tutela; precisando si se present\u00f3 o no la vulneraci\u00f3n que dio origen a la acci\u00f3n de amparo. Adem\u00e1s, el juez de tutela podr\u00e1, dadas las particularidades del expediente, considerar medidas adicionales tales como: a) hacer una advertencia a la autoridad o particular responsable para que en ning\u00fan caso vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron m\u00e9rito para conceder la tutela; b) informar al actor\/a o a sus familiares sobre las acciones jur\u00eddicas de toda \u00edndole a las que puede acudir para la reparaci\u00f3n del da\u00f1o; c) compulsar copias del expediente a las autoridades competentes; o d) proteger la dimensi\u00f3n objetiva de los derechos fundamentales trasgredidos y tomar medidas para que los hechos vulneradores no se repitan.<\/p>\n

                                                                                                              \u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                                                              (ii) En los casos de hecho superado o situaci\u00f3n sobreviniente: no es perentorio que el juez de tutela haga un pronunciamiento de fondo. Sin embargo, y especialmente trat\u00e1ndose de la Corte Constitucional actuando en sede de revisi\u00f3n, podr\u00e1 emitir un pronunciamiento de fondo cuando lo considere necesario para, entre otros: a) llamar la atenci\u00f3n sobre la falta de conformidad constitucional de la situaci\u00f3n que origin\u00f3 la tutela y tomar medidas para que los hechos vulneradores no se repitan; b) advertir la inconveniencia de su repetici\u00f3n, so pena de las sanciones pertinentes; c) corregir las decisiones judiciales de instancia; o d) avanzar en la comprensi\u00f3n de un derecho fundamental<\/a>[48].<\/p>\n

                                                                                                               <\/p>\n

                                                                                                              <\/a>3.2.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong><\/b>En el caso concreto se configur\u00f3 una carencia actual de objeto por hecho sobreviniente<\/strong><\/b><\/h2>\n

                                                                                                               <\/p>\n

                                                                                                                \n
                                                                                                              1. \u00a0La se\u00f1ora\u00a0Judith<\/em>\u00a0interpuso acci\u00f3n de tutela como mecanismo transitorio, en calidad de agente oficiosa de su hijo\u00a0Cristian<\/em>, contra\u00a0Pensiones Libertad\u00a0<\/em>y la\u00a0Aseguradora Verdad<\/em>, con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al m\u00ednimo vital y la vida digna. Su pretensi\u00f3n estaba encaminada a que se le reconociera como la persona de apoyo de su hijo, quien se encuentra en condici\u00f3n de discapacidad, ante las entidades a las que deba acudir, para realizar tr\u00e1mites de cualquier naturaleza.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                 <\/p>\n

                                                                                                                  \n
                                                                                                                1. En espec\u00edfico, la demandante se\u00f1al\u00f3 que requiere solicitar el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes ante\u00a0Pensiones Libertad<\/em>, con ocasi\u00f3n del fallecimiento del padre de\u00a0Cristian<\/em>, y la reclamaci\u00f3n derivada de la indemnizaci\u00f3n ocasionada por dicho deceso, ante la\u00a0Aseguradora Verdad<\/em>. Adem\u00e1s, presentar la demanda de responsabilidad civil extracontractual, con la cual busca el reconocimiento y pago de los perjuicios materiales e inmateriales por la mencionada muerte, ante los jueces civiles de Cartagena.\u00a0 En el escrito de tutela, tambi\u00e9n indic\u00f3 que el porcentaje de la indemnizaci\u00f3n correspondiente a\u00a0Cristian<\/em>\u00a0fue reservado a este por la\u00a0Aseguradora Verdad<\/em>, y pagado a los dem\u00e1s solicitantes.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                   <\/p>\n

                                                                                                                    \n
                                                                                                                  1. De conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 32 de la Ley 1996 de 2019, la adjudicaci\u00f3n de apoyos para la realizaci\u00f3n de actos jur\u00eddicos \u201c[e]s el proceso judicial por medio del cual se designan apoyos formales a una persona con discapacidad, mayor de edad, para el ejercicio de su capacidad legal frente a uno o varios actos jur\u00eddicos concretos\u201d. Dicho proceso se debe tramitar ante los jueces de familia por medio de un proceso verbal sumario cuando, como ocurre en el presente caso, sea promovido por persona distinta al titular del acto jur\u00eddico, conforme a los requisitos se\u00f1alados en el art\u00edculo 38 de la misma ley.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                     <\/p>\n

                                                                                                                      \n
                                                                                                                    1. El citado art\u00edculo 38 dispone que, en estos casos, el demandante debe probar que \u201ca) la persona titular del acto jur\u00eddico se encuentra absolutamente imposibilitada para manifestar su voluntad y preferencias por cualquier medio, modo y formato de comunicaci\u00f3n posible, y b) que la persona con discapacidad se encuentre imposibilitada de ejercer su capacidad legal y esto conlleve a la vulneraci\u00f3n o amenaza de sus derechos por parte de un tercero\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                       <\/p>\n

                                                                                                                        \n
                                                                                                                      1. Ahora bien, el 18 de diciembre de 2025, en cumplimiento de lo ordenado por esta Sala mediante el Auto del 10 de diciembre de 2025, la Defensor\u00eda del Pueblo remiti\u00f3 un informe de la entrevista realizada a la se\u00f1ora\u00a0Judith<\/em>\u00a0y a\u00a0Cristian<\/em>. En esa entrevista, la agente oficiosa mencion\u00f3 que su abogado hab\u00eda adelantado algunas diligencias, pero que desconoc\u00eda cu\u00e1l era el proceso.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                         <\/p>\n

                                                                                                                          \n
                                                                                                                        1. Adem\u00e1s, aport\u00f3 una copia de la Sentencia del 12 de diciembre de 2025 mediante la cual el Juzgado 007 de Familia del Circuito Oral de Cartagena resolvi\u00f3: (i) declarar que\u00a0Cristian<\/em>\u00a0requiere apoyos para el ejercicio de su capacidad jur\u00eddica y realizar sus actividades en pro de satisfacer sus necesidades y obligaciones; (ii) designar como persona de apoyo judicial a su madre, la se\u00f1ora\u00a0Judith<\/em>, por el t\u00e9rmino de cinco a\u00f1os; y (iii) imponer a la se\u00f1ora\u00a0Judith<\/em>\u00a0dos deberes, primero, brindar apoyo judicial a\u00a0Cristian<\/em>\u00a0para la realizaci\u00f3n de actos jur\u00eddicos relacionados con el patrimonio y el dinero, la salud incluyendo la salud mental y sexual, y su representaci\u00f3n jur\u00eddica; y, segundo, velar por el bienestar f\u00edsico y mental de\u00a0Cristian<\/em>\u00a0y presentar un informe anual ante el juzgado de su gesti\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                           <\/p>\n

                                                                                                                            \n
                                                                                                                          1. Esta decisi\u00f3n judicial fue el resultado de un proceso de adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos adelantado por la se\u00f1ora\u00a0Judith<\/em>\u00a0a trav\u00e9s de su apoderado, a favor de\u00a0Cristian<\/em>, mediante un proceso verbal sumario. Dicha demanda fue admitida el 30 de septiembre de 2025<\/a>[49]. En la misma providencia, el Juzgado 007 de Familia del Circuito Oral de Cartagena dispuso\u00a0designar a la se\u00f1ora\u00a0Judith<\/em>\u00a0como apoyo judicial provisional de su hijo\u00a0Cristian<\/em>. El 9 de octubre, la se\u00f1ora\u00a0Judith<\/em>\u00a0tom\u00f3 posesi\u00f3n como persona de apoyo provisional de\u00a0Cristian<\/em><\/a>[50].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                             <\/p>\n

                                                                                                                              \n
                                                                                                                            1. La Sala considera que el hecho de que la se\u00f1ora\u00a0Judith<\/em>\u00a0haya sido designada como persona de apoyo judicial de su hijo\u00a0Cristian<\/em>, a trav\u00e9s de sentencia judicial, da lugar a la configuraci\u00f3n a la carencia actual de objeto por hecho sobreviniente. Se trata de un hecho nuevo, conocido a partir de las pruebas decretadas en sede de revisi\u00f3n, que modifica las condiciones iniciales en las que se present\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y que satisface la pretensi\u00f3n de la accionante. Esta conclusi\u00f3n se fundamenta en las siguientes razones:<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                               <\/p>\n

                                                                                                                                \n
                                                                                                                              1. En primer lugar, la acci\u00f3n de tutela incoada y la demanda de adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos se sustentan en los mismos hechos y pruebas y en la misma pretensi\u00f3n. En ambos casos, la accionante aleg\u00f3: (i) la situaci\u00f3n de discapacidad en la que se encuentra\u00a0Cristian<\/em>\u00a0desde los cuatro a\u00f1os, la cual lo hace completamente dependiente de su madre; (ii) la valoraci\u00f3n de apoyos realizada por Felicidad Colombia el 11 de marzo de 2025 y (iii) la necesidad de que ella sea designada como apoyo judicial de su hijo, primero, de manera provisional y, luego, de forma definitiva. Esto \u00faltimo, para que, en su nombre y representaci\u00f3n, reclame el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes ante\u00a0Pensiones Libertad\u00a0<\/em>y\u00a0una indemnizaci\u00f3n ante la\u00a0Aseguradora Verdad<\/em>, y presente una demanda de responsabilidad civil extracontractual por la muerte del padre de\u00a0Cristian<\/em>.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                 <\/p>\n

                                                                                                                                  \n
                                                                                                                                1. Las tres circunstancias anotadas fueron valoradas por el\u00a0Juzgado 007 de Familia del Circuito Oral de Cartagena, quien, como ya se indic\u00f3, el 30 de septiembre de 2025<\/a>[51]\u00a0accedi\u00f3 a la medida cautelar solicitada y, el 12 de diciembre del mismo a\u00f1o dict\u00f3 sentencia en la que concedi\u00f3 todas las pretensiones de la demanda. En otras palabras, la pretensi\u00f3n de la accionante de ser reconocida como apoyo judicial de su hijo para realizar actuaciones judiciales, entre ellas, reclamos ante las accionadas, fue satisfecha en su totalidad con la decisi\u00f3n judicial mencionada. De manera que, el objeto central de la acci\u00f3n de tutela desapareci\u00f3 y, por lo tanto, las \u00f3rdenes que podr\u00edan dictarse en sede de revisi\u00f3n para acceder a esa pretensi\u00f3n ser\u00edan in\u00fatiles.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                   <\/p>\n

                                                                                                                                    \n
                                                                                                                                  1. Y, en segundo lugar, la situaci\u00f3n sobreviniente fue generada por la actuaci\u00f3n judicial de la misma accionante, quien acudi\u00f3, a trav\u00e9s de su apoderado, ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria para impulsar el proceso de adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos que dio lugar a la Sentencia del 12 de diciembre de 2025 emitida por el Juzgado 007 de Familia del Circuito Oral de Cartagena. Es decir, fue la accionante quien asumi\u00f3 la carga de superar la situaci\u00f3n que dio lugar a la acci\u00f3n de tutela, y la satisfacci\u00f3n de lo pretendido con la acci\u00f3n de tutela no fue el resultado del obrar voluntario de las accionadas. Sobre el particular, es preciso tener en cuenta que, la accionante present\u00f3 el escrito de impugnaci\u00f3n contra la sentencia de tutela de primera instancia el 13 de junio de 2025. Posteriormente, el 9 de julio de 2025, dicho asunto fue repartido al ad quem y que, al d\u00eda siguiente, radic\u00f3 la demanda de adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                     <\/p>\n

                                                                                                                                      \n
                                                                                                                                    1. Ahora bien, cuando se configura la carencia actual de objeto por hecho sobreviniente, el juez de tutela no est\u00e1 obligado a realizar un pronunciamiento del fondo del asunto, a menos que evidencie razones suficientes para ello. En este caso, la Sala no considera necesario realizar un an\u00e1lisis de fondo del asunto porque, en calidad de apoyo judicial de su hijo, la accionante ya solicit\u00f3 el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes del se\u00f1or\u00a0Pablo<\/em>\u00a0a favor de\u00a0Cristian<\/em>\u00a0ante\u00a0Pensiones Libertad<\/em>. En relaci\u00f3n con\u00a0la\u00a0Aseguradora Verdad<\/em>, en el expediente no existe prueba de que la se\u00f1ora\u00a0Judith<\/em>\u00a0haya pedido el pago de la reserva existente despu\u00e9s de su designaci\u00f3n como apoyo judicial de\u00a0Cristian<\/em>. Tampoco de que haya incoado una demanda de responsabilidad civil extracontractual por la muerte del se\u00f1or Pe\u00f1a Miranda. Desde esta perspectiva,\u00a0en principio, la Corte no evidencia que exista una situaci\u00f3n de desprotecci\u00f3n o de riesgo de vulneraci\u00f3n de los derechos de la accionante y su hijo, que deba ser objeto de pronunciamiento.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                       <\/p>\n

                                                                                                                                        \n
                                                                                                                                      1. No obstante, la Sala no pasa por alto tres circunstancias que requieren su intervenci\u00f3n. Primero, con ocasi\u00f3n de las pruebas obtenidas en sede de revisi\u00f3n, constat\u00f3 que la se\u00f1ora\u00a0Judith<\/em>\u00a0no tiene completo entendimiento de los procesos que su apoderado judicial adelant\u00f3 o est\u00e1 adelantando. Durante la entrevista que le realiz\u00f3 la Defensor\u00eda del Pueblo, cuando esta le pregunt\u00f3 si hab\u00eda surtido alguna actuaci\u00f3n relacionada con el proceso de adjudicaci\u00f3n de apoyos a favor de\u00a0Cristian<\/em>, se\u00f1al\u00f3 que asisti\u00f3 a un juzgado y firm\u00f3 un documento por instrucci\u00f3n del abogado, pero no ten\u00eda certeza del proceso que este adelant\u00f3<\/a>[52]. Sin embargo, al mismo tiempo, la se\u00f1ora\u00a0Judith<\/em>\u00a0le entreg\u00f3 a la Defensor\u00eda del Pueblo los documentos que dan cuenta de que ese proceso se surti\u00f3 y culmin\u00f3 con \u00e9xito. Esto demuestra la falta de compresi\u00f3n sobre el alcance de ese fallo judicial y la necesidad de que la Sala adopte una decisi\u00f3n en esta direcci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                         <\/p>\n

                                                                                                                                          \n
                                                                                                                                        1. Segundo, durante la entrevista, la se\u00f1ora\u00a0Judith<\/em>\u00a0mencion\u00f3 que no ha logrado obtener el certificado de discapacidad de\u00a0Cristian<\/em>, lo que le ha impedido solicitar alg\u00fan tipo de ayuda o subsidio al Estado. Este certificado se obtiene despu\u00e9s de una valoraci\u00f3n cl\u00ednica multidisciplinaria, que permite establecer la existencia y el tipo de discapacidad, as\u00ed como el porcentaje de dificultad para realizar las actividades cotidianas<\/a>[53]. Este documento es expedido por Instituciones Prestadoras de los Servicios de Salud (IPS) autorizadas por las secretar\u00edas de salud departamentales o distritales<\/a>[54]. El certificado de discapacidad le permite a su titular acceder de manera prioritaria a la oferta de servicios y beneficios disponibles en las entidades nacionales y territoriales<\/a>[55].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                           <\/p>\n

                                                                                                                                            \n
                                                                                                                                          1. Tercero,\u00a0Pensiones Libertad\u00a0<\/em>inform\u00f3 a la Sala que la se\u00f1ora\u00a0Judith<\/em>, en su calidad de apoyo judicial de\u00a0Cristian<\/em>, por intermedio del mismo abogado, present\u00f3 una solicitud\u00a0con el fin de obtener el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes a favor de su hijo.\u00a0Pensiones Libertad\u00a0<\/em>le inform\u00f3 que para adelantar este tr\u00e1mite es indispensable gestionar la Calificaci\u00f3n de P\u00e9rdida de Capacidad Laboral (PCL) del beneficiario. Para el 26 de enero de 2026,\u00a0Pensiones Libertad\u00a0<\/em>no hab\u00eda recibido ese documento.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                             <\/p>\n

                                                                                                                                              \n
                                                                                                                                            1. Adicionalmente, la Sala observa que\u00a0Cristian<\/em>\u00a0es un sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional porque se encuentra en situaci\u00f3n de discapacidad, por lo que es necesario tomar las medidas que sean adecuadas y oportunas para garantizar el goce efectivo de sus derechos fundamentales<\/a>[56]. Asimismo, advierte que la se\u00f1ora\u00a0Judith<\/em>\u00a0tiene determinados deberes como apoyo judicial de su hijo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1996 de 2019 y lo decidido por el Juzgado 007 de Familia del Circuito Oral de Cartagena, mediante sentencia dictada el 12 de diciembre de 2025.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                               <\/p>\n

                                                                                                                                                \n
                                                                                                                                              1. En consecuencia, ordenar\u00e1 a la Defensor\u00eda del Pueblo que, en cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales, sin perjuicio del acompa\u00f1amiento y asesor\u00eda que le preste su apoderado judicial: (i) le explique a la se\u00f1ora\u00a0Judith<\/em>, de manera clara y sencilla, cu\u00e1les son las implicaciones de lo ordenado por el Juzgado 007 de Familia del Circuito Oral de Cartagena en la Sentencia del 12 de diciembre de 2025, as\u00ed como lo resuelto en la presente providencia; (ii) realice el acompa\u00f1amiento necesario para que la se\u00f1ora\u00a0Judith<\/em>\u00a0pueda obtener el certificado de discapacidad e inicie el tr\u00e1mite de calificaci\u00f3n de p\u00e9rdida de capacidad laboral de su hijo, si a\u00fan no lo ha hecho; (iii) informe a la se\u00f1ora\u00a0Judith<\/em>\u00a0sobre la oferta institucional disponible en el Distrito de Cartagena a la que puede acceder\u00a0Cristian<\/em>\u00a0y la acompa\u00f1e a realizar los tr\u00e1mites que se requieran para ello; y (iv) le preste el acompa\u00f1amiento y asesor\u00eda que la se\u00f1ora\u00a0Judith<\/em>\u00a0pueda requerir en el marco de su actuaci\u00f3n como apoyo judicial de su hijo\u00a0Cristian<\/em>.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                 <\/p>\n

                                                                                                                                                  \n
                                                                                                                                                1. Por \u00faltimo, la Sala no pasa por alto que,\u00a0durante el tr\u00e1mite de revisi\u00f3n,\u00a0el apoderado de la accionante omiti\u00f3 informar\u00a0a esta Corporaci\u00f3n las resultas del proceso ordinario de adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos a favor de\u00a0Cristian<\/em>. La forma en que esta Corporaci\u00f3n tuvo conocimiento de dicha orden judicial fue a trav\u00e9s del material probatorio recaudado por la Defensor\u00eda del Pueblo en la entrevista realizada a la se\u00f1ora\u00a0Judith<\/em>. Lo anterior, a pesar de que\u00a0le asist\u00eda tal deber al apoderado, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 28, numeral 6, de la Ley 1123 de 2007<\/a>[57].\u00a0Tal deber surgi\u00f3 desde el momento en que el\u00a0Juzgado 007 de Familia del Circuito Oral de Cartagena\u00a0adopt\u00f3 como medida provisional las pretensiones de esta acci\u00f3n de tutela. Esto ocurri\u00f3 el 30 de septiembre de 2025, es decir, un mes antes de que el expediente de la referencia fuera\u00a0seleccionado para su revisi\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                   <\/p>\n

                                                                                                                                                  III.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong><\/b>DECISI\u00d3N<\/strong><\/b><\/h1>\n

                                                                                                                                                   <\/p>\n

                                                                                                                                                  En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisi\u00f3n de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n,<\/p>\n

                                                                                                                                                  \u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                                                                                                  RESUELVE<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                                                                                                  \u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                                                                                                  PRIMERO. REVOCAR<\/strong><\/b>\u00a0la sentencia dictada en primera instancia por el Juzgado 004\u00a0<\/em>Penal del Circuito Especializado de Cartagena, el 6 de junio de 2025, y en segunda instancia por la Sala de Decisi\u00f3n Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, el 12 de agosto de 2025 y, en su lugar,\u00a0DECLARAR<\/strong><\/b>\u00a0la carencia actual de objeto por hecho sobreviniente dentro de la acci\u00f3n de tutela presentada por la se\u00f1ora\u00a0Judith<\/em>, en calidad de agente oficiosa de su hijo\u00a0Cristian<\/em>, contra\u00a0Pensiones Libertad\u00a0<\/em>y la\u00a0Aseguradora Verdad<\/em>.<\/p>\n

                                                                                                                                                   <\/p>\n

                                                                                                                                                  SEGUNDO. ORDENAR\u00a0<\/strong><\/b>a la Defensor\u00eda del Pueblo que, en cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales,\u00a0(i) le explique a la se\u00f1ora\u00a0Judith<\/em>, de manera clara y sencilla, cu\u00e1les son las implicaciones de lo ordenado por el Juzgado 007 de Familia del Circuito Oral de Cartagena en la Sentencia del 12 de diciembre de 2025, as\u00ed como lo resuelto en la presente providencia; (ii) realice el acompa\u00f1amiento necesario para que la se\u00f1ora\u00a0Judith<\/em>\u00a0pueda obtener el certificado de discapacidad e inicie el tr\u00e1mite de calificaci\u00f3n de p\u00e9rdida de capacidad laboral de su hijo, si a\u00fan no lo ha hecho; (iii) informe a la se\u00f1ora\u00a0Judith<\/em>\u00a0sobre la oferta institucional disponible en el Distrito de Cartagena a la que puede acceder\u00a0Cristian<\/em>\u00a0y la acompa\u00f1e a realizar los tr\u00e1mites que se requieran para ello; y (iv) le preste el acompa\u00f1amiento y asesor\u00eda que la se\u00f1ora\u00a0Judith<\/em>\u00a0pueda requerir en el marco de su actuaci\u00f3n como apoyo judicial de su hijo\u00a0Cristian<\/em>.<\/p>\n

                                                                                                                                                   <\/p>\n

                                                                                                                                                  TERCERO.\u00a0<\/strong><\/b>De acuerdo con lo dispuesto en el art\u00edculo 36 del Decreto 2591 de 1991, la Secretar\u00eda General de la Corte Constitucional librar\u00e1 las comunicaciones correspondientes. El juez de tutela de primera instancia har\u00e1 las notificaciones a las partes y tomar\u00e1 las medidas necesarias para el cumplimiento de esta sentencia.<\/p>\n

                                                                                                                                                   <\/p>\n

                                                                                                                                                  LINA MARCELA ESCOBAR MART\u00cdNEZ<\/p>\n

                                                                                                                                                  Magistrada<\/p>\n

                                                                                                                                                  VLADIMIR FERN\u00c1NDEZ ANDRADE<\/p>\n

                                                                                                                                                  Magistrado<\/p>\n

                                                                                                                                                  JORGE ENRIQUE IB\u00c1\u00d1EZ NAJAR<\/p>\n

                                                                                                                                                  Magistrado<\/p>\n

                                                                                                                                                  ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ<\/p>\n

                                                                                                                                                  Secretaria General<\/p>\n

                                                                                                                                                   <\/p>\n

                                                                                                                                                   <\/p>\n

                                                                                                                                                   <\/p>\n

                                                                                                                                                   <\/p>\n

                                                                                                                                                   <\/p>\n

                                                                                                                                                   <\/p>\n

                                                                                                                                                   <\/p>\n

                                                                                                                                                   <\/p>\n

                                                                                                                                                   <\/p>\n

                                                                                                                                                  <\/a>[1]\u00a0El expediente fue seleccionado bajo el\u00a0criterio objetivo de necesidad de materializar un enfoque diferencial y el criterio subjetivo de urgencia de proteger un derecho fundamental. La Sala de Selecci\u00f3n de Tutelas n\u00famero Diez estuvo conformada\u00a0por el magistrado H\u00e9ctor Alfonso Carvajal Londo\u00f1o y el magistrado Juan Carlos Cort\u00e9s Gonz\u00e1lez.<\/p>\n

                                                                                                                                                  <\/a>[2]\u00a0Art\u00edculo 61 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional y Circular Interna n.\u00ba 10 de 2022, relativa a la \u201canonimizaci\u00f3n de nombres en las providencias disponibles al p\u00fablico en la p\u00e1gina web de la Corte Constitucional.<\/p>\n

                                                                                                                                                  <\/a>[3]\u00a0Documento digital \u201c01DEMANDA.pdf\u201d. p 4.<\/p>\n

                                                                                                                                                  <\/a>[4]\u00a0Se precisa que, si bien el despacho de familia fech\u00f3 por escrito la providencia el 30 de septiembre de 2025, la firma digital de la jueza fue impartida el 2 de octubre de la misma anualidad.<\/p>\n

                                                                                                                                                  <\/a>[5]\u00a0Ibidem<\/em>, p. 5.<\/p>\n

                                                                                                                                                  <\/a>[6]\u00a0Para mayor claridad, los hechos que se describen en esta secci\u00f3n provienen de la narraci\u00f3n realizada por la accionante en la acci\u00f3n de tutela, sus respuestas a la Corte en sede de revisi\u00f3n y el material probatorio allegado al proceso.<\/p>\n

                                                                                                                                                  <\/a>[7]\u00a0Documento\u00a0digital \u201c01DEMANDA.pdf\u201d. p. 14.<\/p>\n

                                                                                                                                                  <\/a>[8]\u00a0Ibidem<\/em>, p. 27.<\/p>\n

                                                                                                                                                  <\/a>[9]\u00a0Ibidem<\/em>,\u00a0p. 44.<\/p>\n

                                                                                                                                                  <\/a>[10]\u00a0Felicidad Colombia<\/em>\u00a0es\u00a0una entidad privada regulada por el art\u00edculo 11 de la ley 1996 de 2019 y Decreto 487 de 2022 de acuerdo con el art\u00edculo 2.8.2.4.1; que presta el servicio de valoraci\u00f3n de apoyos a trav\u00e9s de un profesional designado conforme lo expresa el art\u00edculo 2.8.2.5.1 del mencionado decreto, persona natural, capacitada en Ley 1996 de 2019, Derechos Fundamentales y Convenci\u00f3n sobre los Derechos de personas con Discapacidad y lineamientos y protocolos para la relaci\u00f3n de la valoraci\u00f3n de apoyos, la cual cumple con todos los requisitos exigidos por el art\u00edculo 2.8.2.5.3 del Decreto 487 de 2022; quien en aplicaci\u00f3n estricta de los Lineamientos y Protocolos establecidos por la Consejer\u00eda Presidencial para la Participaci\u00f3n de las personas con Discapacidad como ente rector del Sistema Nacional de Discapacidad, seg\u00fan lo estipulado en el art\u00edculo 12 de la ley 1996 de 2019 se permite emitir el acta final del Informe de Valoraci\u00f3n de Apoyos para los fines perseguidos por los art\u00edculos 1, 4, 10 y 33 de la Ley 1996 de 2019.<\/p>\n

                                                                                                                                                  <\/a>[11]\u00a0Ibidem<\/em>,\u00a0p. 28.<\/p>\n

                                                                                                                                                  <\/a>[12]\u00a0Ibidem.<\/em>\u00a0p. 27.<\/p>\n

                                                                                                                                                  <\/a>[13]\u00a0Como anexos a su escrito de tutela, la accionante remiti\u00f3 diversos documentos, entre los que se destacan: (i) registro civil de nacimiento de\u00a0Cristian<\/em>, (ii) registro civil de defunci\u00f3n del se\u00f1or Pablo, (iii) informe de valoraci\u00f3n de apoyo elaborado por la profesional en psicolog\u00eda (facilitadora de valoraci\u00f3n)\u00a0Teresa\u00a0<\/em>de fecha 11 de marzo de 2025, (iv) oficio remisorio del citado informe de valoraci\u00f3n suscrito por el Director General de la\u00a0Cl\u00ednica Felicidad<\/em>\u00a0Colombia, se\u00f1or\u00a0Manuel<\/em>, (v) respuesta de la\u00a0Aseguradora Verdad<\/em>\u00a0respecto del tr\u00e1mite de reclamaci\u00f3n efectuado por\u00a0Cristian<\/em>, (vi) historia laboral ante\u00a0Pensiones Libertad<\/em>\u00a0y (vii) el informe de necropsia del causante.<\/p>\n

                                                                                                                                                  <\/a>[14]\u00a0Documento digital \u201c01DEMANDA.pdf\u201d. p. 4.<\/p>\n

                                                                                                                                                  <\/a>[15]\u00a0Documento\u00a0digital \u201c03AUTOADMITE.pdf\u201d. p. 2.<\/p>\n

                                                                                                                                                  <\/a>[16]\u00a0Documento digital \u201c16SENTENCIA.pdf\u201d.<\/p>\n

                                                                                                                                                  <\/a>[17]\u00a0Ibidem<\/em>. p. 7.<\/p>\n

                                                                                                                                                  <\/a>[18]\u00a0Ibidem.<\/em>\u00a0p. 7.<\/p>\n

                                                                                                                                                  <\/a>[19]\u00a0Ibidem<\/em>. p. 2.<\/p>\n

                                                                                                                                                  <\/a>[20]\u00a0Documento digital \u201c02SENTENCIASEGUNDAINSTANCIA.pdf\u201d.<\/p>\n

                                                                                                                                                  <\/a>[21]\u00a0El auto fue\u00a0notificado v\u00eda correo electr\u00f3nico por la Secretar\u00eda General de la Corte Constitucional el 11 de diciembre de 2025.<\/p>\n

                                                                                                                                                  <\/a>[22]\u00a0Si bien la accionante dirigi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela tambi\u00e9n contra esta entidad, en primera instancia, el Juzgado 004\u00a0<\/em>Penal del Circuito Especializado de Cartagena resolvi\u00f3 desvincularla. Con el fin de garantizar el debido proceso, la Sala resolvi\u00f3 vincularla en sede de revisi\u00f3n.<\/p>\n

                                                                                                                                                  <\/a>[23]\u00a0Comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica recibida el 18 de diciembre de 2025.<\/p>\n

                                                                                                                                                  <\/a>[24]\u00a0La Defensor\u00eda del Pueblo adjunt\u00f3 10 documentos a su respuesta, entre los que se encuentran\u00a0el archivo contentivo de la evidencia fotogr\u00e1fica en la cual se incorporan tres 3 im\u00e1genes de\u00a0Cristian<\/em>, su madre y las condiciones de habitabilidad de la vivienda donde residen y el archivo en formato pdf referente a la cita de valoraci\u00f3n de neurolog\u00eda realizada a\u00a0Cristian<\/em>\u00a0el primero de agosto de 2025, donde se evidencia diagn\u00f3stico de autismo en la ni\u00f1ez y epilepsia tipo no especificado (documento\u00a0digital \u201cANEXO 5. Cita de control m\u00e9dico de\u00a0Cristian<\/em>\u00a0de fecha 20250108.pdf\u201d);<\/p>\n

                                                                                                                                                  <\/a>[25]\u00a0Documento digital \u201cANEXO 2. Entrevista a\u00a0Cristian<\/em>.mp4\u201d. La entidad inform\u00f3\u00a0que, en cumplimiento del auto comisorio de la Corte Constitucional del 10 de diciembre de 2025, la Defensor\u00eda del Pueblo conform\u00f3 un equipo interdisciplinario (psic\u00f3loga, polit\u00f3logo, trabajadora social y abogada) para entrevistar de manera presencial a\u00a0Cristian<\/em>\u00a0el 16 de diciembre de 2025.<\/p>\n

                                                                                                                                                  <\/a>[26]\u00a0Documento digital \u201cENTREVISTA EXPEDIENTE T- 11475634.docx\u201d.<\/p>\n

                                                                                                                                                  <\/a>[27]\u00a0Documento digital \u201cANEXO 3. Entrevista a\u00a0Judith<\/em>.mp4\u201d.<\/p>\n

                                                                                                                                                  <\/a>[28]\u00a0Radicado n.\u00b0\u00a000000-0000-00000-00000-0000<\/em>.\u00a0Documento digital \u201cANEXO 7. ACTA DE REPARTO 1.pdf\u201d<\/p>\n

                                                                                                                                                  <\/a>[29]\u00a0Documento digital \u201cANEXO 8. AUTO INADMITE DEMANDA 1.pdf\u201d<\/p>\n

                                                                                                                                                  <\/a>[30]\u00a0Documento digital \u201cANEXO 9. Subsanacio\u0301n de la demanda de adjudicacio\u0301n judicial de apoyo con sus anexos_.pdf\u201d<\/p>\n

                                                                                                                                                  <\/a>[31]\u00a0Documento digital \u201c14SENTENCIA.pdf\u201d<\/p>\n

                                                                                                                                                  <\/a>[32]\u00a0Archivos: Documento digital \u201c40663b58-7494-4f7c-bb35-b9870fcb1b77.pdf; Documento digital \u201c3a3c8ac4-0a1b-488e-813c-ec7c302b3e0e.pdf\u201d y Documento digital \u201c7ec8a2f7-b3d6-411a-b220-cb1795dee933.pdf\u201d.<\/p>\n

                                                                                                                                                  <\/a>[33]\u00a0Documento digital \u201c3a3c8ac4-0a1b-488e-813c-ec7c302b3e0e.pdf\u201d.<\/p>\n

                                                                                                                                                  <\/a>[34]\u00a0Documento digital \u201c7ec8a2f7-b3d6-411a-b220-cb1795dee933.pdf\u201d.<\/p>\n

                                                                                                                                                  <\/a>[35]\u00a0Documento digital \u201cUDAEO25-5333.pdf\u201d.<\/p>\n

                                                                                                                                                  <\/a>[36]\u00a0Documento digital \u201c120251100008681_00001.pdf\u201d.<\/p>\n

                                                                                                                                                  <\/a>[37]\u00a0Documento digital \u201cRta Auto de Pruebas T-11475634.pdf\u201d.\u00a0Oficio con radicaci\u00f3n 20251000021311 del 16 de diciembre de 2025.<\/p>\n

                                                                                                                                                  <\/a>[38]\u00a0Documento digital \u201cCONTESTACIO\u0301N MINISTERIO DE IGUALDAD Y EQUIDAD – T-11-475-634.pdf\u201d.\u00a0Comunicaci\u00f3n n\u00famero SE-2025-00021612 del 18 de diciembre de 2025.<\/p>\n

                                                                                                                                                  <\/a>[39]\u00a0Documento digital \u201cR Respuesta al oficio a-845-2025 con anexos+.pdf\u201d.<\/p>\n

                                                                                                                                                  <\/a>[40]\u00a0Documento digital \u201cRespuesta Coalicio\u0301n Colombiana CDPD – Exp T-11.475.634.pdf\u201d.<\/p>\n

                                                                                                                                                  <\/a>[41]\u00a0En particular los art\u00edculos 86 y 241.9 de la Constituci\u00f3n, en concordancia con los art\u00edculos 33 a 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.<\/p>\n

                                                                                                                                                  <\/a>[42]\u00a0Documento digital \u201c14SENTENCIA.pdf\u201d<\/p>\n

                                                                                                                                                  <\/a>[43]\u00a0La Corte Constitucional ha aplicado esta metodolog\u00eda, cuando en el recaudo probatorio en sede de revisi\u00f3n identifica indicios de la configuraci\u00f3n de una carencia actual de objeto, como una cuesti\u00f3n previa al an\u00e1lisis de procedencia y fondo de la acci\u00f3n de tutela. Ver, entre otras, las sentencias\u00a0T-203 y T-136 de 2025, SU-508, SU-453 y SU-333 de 2020, SU-543 y SU-399 de 2019, SU-096 de 2018, SU-108 de 2016 y SU-771 de 2014.<\/p>\n

                                                                                                                                                  <\/a>[44]\u00a0Estas consideraciones son tomadas de la Sentencia T-510 de 2025.<\/p>\n

                                                                                                                                                  <\/a>[45]\u00a0Corte Constitucional, Sentencia SU-552 de 2019.<\/p>\n

                                                                                                                                                  <\/a>[46]\u00a0Ibidem.<\/em><\/p>\n

                                                                                                                                                  <\/a>[47]\u00a0En este apartado, se retoman las consideraciones desarrolladas en la Sentencia SU- 522 de 2019.<\/p>\n

                                                                                                                                                  <\/a>[48]\u00a0Corte Constitucional, Sentencia SU-522 de 2019.<\/p>\n

                                                                                                                                                  <\/a>[49]\u00a0Se precisa que, si bien el despacho de familia fech\u00f3 por escrito la providencia el 30 de septiembre de 2025, la firma digital de la jueza fue impartida el 2 de octubre de la misma anualidad.<\/p>\n

                                                                                                                                                  <\/a>[50]\u00a0Documento digital \u201cc964ac51-5e1b-4038-817d-cd7462ea081a.pdf\u201d.<\/p>\n

                                                                                                                                                  <\/a>[51]\u00a0Ibidem.<\/em><\/p>\n

                                                                                                                                                  <\/a>[52]\u00a0Documento digital \u201cENTREVISTA EXPEDIENTE T- 11475634.docx\u201d.<\/p>\n

                                                                                                                                                  <\/a>[53]\u00a0Resoluci\u00f3n 1197 del 5 de julio de 2024, \u201cpor la cual se dictan disposiciones en relaci\u00f3n con el procedimiento de certificaci\u00f3n de discapacidad y el Registro de Localizaci\u00f3n y Caracterizaci\u00f3n de Personas con Discapacidad y se deroga la Resoluci\u00f3n 1239 de 2022\u201d, expedida por el Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social.<\/p>\n

                                                                                                                                                  <\/a>[54]\u00a0Ibidem<\/em>.<\/p>\n

                                                                                                                                                  <\/a>[55]\u00a0Ibidem<\/em>.<\/p>\n

                                                                                                                                                  <\/a>[56]\u00a0Corte Constitucional. Sentencias SU-367 de 2025, T-447 de 2024 y T-352 de 2019, entre otras.<\/p>\n

                                                                                                                                                  <\/a>[57]\u00a0Numeral 6 del art\u00edculo 28 de la Ley 1123 de 2007: \u201cDeberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado: || [\u2026] 6. Colaborar leal y legalmente en la recta y cumplida realizaci\u00f3n de la justicia y los fines del Estado\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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